De acuerdo con la misiva, suscrita por el representante legal de la firma, Zhao Xinjun ?a la que este Diario tuvo acceso? los comuneros cerraron las vías de acceso al sector de los hormigueros en el bloque 17, donde Petroriental opera varias plataformas de extracción de petróleo.
Los cinco canales tienen en su parrillas noticias locales para, según ellos, reflejar cercanía con la comunidad. Para esto, en todas (excepto RTS) se dividen las señales entre Sierra y Costa.
Ayer, el matutino dedicó media página de su portada impresa para desplegar una carta a Rafael Correa, bajo el título ?¡No callaremos, señor presidente!?.
Esta hipótesis apareció, porque según el canciller Ricardo Patiño existen ?informantes?, que pasan ?información cierta o falsa? a EE.UU., para tratar de afectar al país y al Gobierno.
Ayer, el asambleísta Galo Lara, autor de la denuncia, rindió su declaración en la Fiscalía General del Estado y su denuncia incorporó nueva información.
Según la Asamblea, esta denuncia se da en el marco de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que permite hacerlo si han existido cambios fundamentales en los convenios.
El objetivo: comprobar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas, luego de una denuncia reservada presentada por supuestos colaboradores, por inconformidad en la dotación de implementos de seguridad.
Las indagaciones empezaron luego de que el asambleísta Galo Lara presentará una denuncia ante la Fiscalía donde se acusa al secretario de la Corte, Arturo Larrea , de haber recibido un pago de USD 500 000 por parte de la Cervecería Nacional, para favorecer en un fallo a la compañía.
En la denuncia del legislador, presentada ante la Fiscalía el pasado viernes, se acusa de cohecho a los nueve jueces de la Corte Constitucional. Y, específicamente, se señala a Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la institución, Arturo Larrea, de haber recibido en su cuenta un cheque por USD 500 000 de parte de la Cervecería Nacional.
El hermano del Secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea Jijón, debía rendir declaración en la Fiscalía General del Estado, ubicada en las avs. Eloy Alfaro y Amazonas, en Quito. Una denuncia del asambleísta Galo Lara lo acusa de haber recibido USD 1,05 millones para mover sus influencias dentro de la Corte y lograr un fallo favorable a la Cervecería.
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