Auto nº 0074-2009 de Ex Sala de Lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia (2008), 19 de Marzo de 2009
| Número de resolución | 0074-2009 |
| Número de expediente | 0080-2009 |
| Fecha | 19 Marzo 2009 |
Res. No. 74-2009 JUICIO No. 080-2009 SDP CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA.- Quito, a 19 de Marzo de 2009.- Las 09HOO.VISTOS (080-2009): Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, M. y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 544, de 9 de marzo de 2009; en el numeral 4, literales a) y b), del apartado IV, DECISIÓN, de la Sentencia Interpretativa 001-08-SI-CC, dictada por la Corte Constitucional, el 28 de noviembre de 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del mismo año, debidamente posesionados, el día 17 de diciembre del año que precede, ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el Art. 5 de la Resolución Sustitutiva aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión de 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y, los Arts. 184, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo principal, radicada la competencia en esta Sala, por ser la única de la materia, viene a su conocimiento, el recurso de hecho interpuesto por M.E.M.G., en su calidad de postora, (fajas 16 del cuaderno de segunda instancia), vista la negativa de conceder el recurso de casación (fajas 15 del cuaderno de segunda instancia), impugnando el auto dictado por la Segunda Sala de lo Civil y M., I. y Asuntos Residuales de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (fajas 2 y 3 del segundo cuaderno), que revoca el dictado por el Juez Noveno de lo Civil de Guayas, en el juicio ejecutivo que, por cobro de pagaré a la orden, (y que se encuentra en fase de ejecución, calificándose el orden de posturas), que sigue la AB. M.E.F.S.L., en su calidad de Procuradora Judicial y representante legal del BANCO DEL PICHINCHA C. A. contra M.P.V.V., N.E.M.E., por sus propios derechos y por los que representan de la sociedad conyugal como deudores; E.M.M.V., F.A.M.V. y M.D.C.M.V., por sus propios derechos, en calidad de fiadores hipotecarios.- Corresponde decidir acerca de la admisibilidad del recurso planteado, que fuera concedido por el Tribunal inferior el 04 de julio de 2008, a las 16h12. El inciso tercero del Art. 9 de la Codificación de la Ley de Casación, publicada en el Registro Oficial No. 299 de 24 de marzo de 2004, dispone: "La Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia, en la primera providencia y dentro del término de quince días, declarará si admite o rechaza el recurso de hecho; y, si lo admite, procederá
conforme lo expuesto en el artículo 13"; por lo que, corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, al efecto, se considera: PRIMERO.- El Art. 2 de la Ley de Casación, reformado, prescribe: "Art. 2.- Procedencia.- El recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo. Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriad ... ", La disposición transcrita se refiere a los "procesos de conocimiento", que no han sido definidos por el legislador, ni tampoco lo ha hecho con claridad la jurisprudencia nacional; sin embargo, el Presidente de la República, actuando como colegislador, en el veto con que objetó la Ley Reformatoria a la Ley de Casación, veto al que se allanó el Congreso Nacional pasando con ello a constituirse en la vigente Ley Reformatoria a la Ley de Casación, promulgada en el Registro Oficial No. 39, de 8 de abril de 1997, expresó, que procesos de conocimiento son el ordinario y el verbal sumario, y no lo es el ejecutivo; y con ello zanjó toda duda y discusión al respecto.- Señala la fase del proceso en que el juez formula una decisión de la que se derivan consecuencias jurídicas a favor o en contra de las partes. Se utiliza esta palabra para distinguirla de la ejecución en que se da efectividad a lo resuelto en la fase cognoscitiva. Los procesos de conocimiento son aquellos en que se tramita sobre hechos dudosos y derechos contrapuestos, que debe resolver el juez declarando a quien compete el derecho cuestionado o la cosa litigiosa.
El fin de los procesos de conocimiento es determinar la pretensión de alguna de las partes, ya que en los procesos de naturaleza contenciosa siempre hay dos partes. Los procesos de conocimiento son aquellos que resuelven una controversia sometida voluntariamente por las partes al órgano jurisdiccional. Si no hay controversia no hay procesos de conocimiento. SEGUNDO: Sin embargo, y además de lo dicho, es preciso señalar que el significado y alcance de tales expresiones se establece necesaria o inevitablemente por medio de la ciencia jurídica, por tratarse de un tecnicismo procesal.- La doctrina distingue con claridad los procesos de conocimiento de los procesos de ejecución, tratándolos como dos especies distintas.- Dice, _por ejemplo, F.C., en su obra "Instituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano", tratando sobre el proceso de ejecución, que "Cuando el proceso tiende a procurar, en vez de la constitución o declaración de una situación jurídica, su actuación, esto es, la conformidad de la situación de hecho con la situación jurídica, se habla en vez de jurisdicción, de ejecución procesal. La palabra ejecución significa la adecuación de lo que es a lo que debe ser... " (Traducción y notas de J.G., Bosch Casa Editorial, Barcelona, España, págs. 57 y 58). El procesalista argentino L.E.P., por su parte, afirma que "Desde el punto de vista de la finalidad perseguida mediante la pretensión que los motiva, corresponde distinguir tres tipos de proceso: de declaración, de ejecución y cautelares. El proceso de declaración, llamado también de conocimiento o de cognición, es aquél que tiene como objeto una pretensión tendiente a lograr que el órgano judicial (o arbitral) dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos alegados y (eventualmente) discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes. El efecto invariable y primario de los pronunciamientos que recaen en esta clase de procesos se halla representado, pues, por una declaración de certeza acerca de la existencia o inexistencia del derecho pretendido por el actor. (...) El proceso de ejecución, sin embargo, puede agotar autónomamente el cometido de la función judicial en el supuesto de los llamados títulos ejecutivos extra judiciales, a los cuales la ley, en virtud de la peculiar fehaciencia que exhiben con respecto a la legitimidad de las obligaciones documentadas en ellos, asigna efectos equivalentes a los de una sentencia de condena, regulando, para hacerlos efectivos, un proceso substancialmente similar al de ejecución de sentencias.
De lo hasta aquí dicho se desprende que mientras los procesos de conocimiento versan sobre un derecho discutido, en la base de todo proceso de ejecución, por el contrario, se encuentran un derecho cierto o presumiblemente cierto, cuya satisfacción se tiende a asegurar mediante el empleo de la coacción" (Palacio Lino, Derecho Procesal Civil, Tomo I, N.G., Abeledo-Perrot Editorial, Buenos Aires, Argentina, págs.
304 y 306).- TERCERO: También la jurisprudencia ecuatoriana se ha manifestado poniendo de relieve las diferencias existentes entre los procesos de conocimiento y los procesos ejecutivos, y así, tenemos la siguiente: "El Art. 458 (actual Art. 448) del Código de Procedimiento Civil demuestra también la fundamental diferencia que existe entre los dos juicios, el ordinario (y, en general, todos los juicios declarativos) y el ejecutivo: aquél produce efectos irrevocables; éste permite que se pase al juicio ordinario para que se estudien las excepciones que no han sido materia de la sentencia en aquel" (Gaceta Judicial, Serie X, No. 8, Pág. 2835).- CUARTO: Las leyes de casación, siendo procedimentales, son de derecho público estricto y de interpretación y aplicación exacta y restrictiva. En tal virtud, el Art. 2, reformado, de la Ley de Casación, delimita la procedencia de este recurso a las sentencias dictadas en los "procedimientos de conocimiento", no encontrándose facultados los tribunales a extenderla para comprender a las pronunciadas en los procesos de ejecución, dándoles un alcance que es legalmente prohibido.- QUINTO: Además, en el presente caso se esta recurriendo de un auto de calificación de posturas, que de acuerdo con lo que establece el Art. 469 del Código de Procedimiento Civil, solo podrá apelar el ejecutante y los terceristas coadyuvantes, en la que concedida la apelación la Corte Provincial fallará sin ninguna tramitación y por mérito del proceso y de su fallo no se admitirá recurso alguno, por lo que no se puede conceder el recurso de casación de un auto que resuelve el orden de preferencia de la posturas presentadas en la fase de ejecución del juicio principal, por no ser un proceso de conocimiento, que al resolver los puntos esenciales no controvertidos en el juicio, decididos en el auto, no contradicen los ejecutoriado, ni admite otro recurso que no sea el de apelación. Por lo expuesto, en aplicación del inciso final del Art. 9, reformado, de la Ley de Casación, esta Sala de lo Civil, M. y Familia, rechaza el recurso de hecho interpuesto, ordenando devolver el proceso al inferior para los fines de Ley.- Intervenga el Dr.
C.R.G. en calidad de Secretario Relator.de la Sala Notifíquese.- f) Dr.
C.R.R., Dr. M.S.Z., Dr. G.M.P., JUECES NACIONALES y Dr. C.R.G., SECRETARIO RELATOR, que certifica.
fica.
RATIO DECIDENCI"1. No se puede conceder el recurso de casación de un auto que resuelve el orden de preferencia de la posturas presentadas en la fase de ejecución de un juicio ejecutivo, por no ser un proceso de conocimiento, que al resolver los puntos esenciales no controvertidos en el juicio, decididos en el auto, no contradicen lo ejecutoriado, ni admite otro recurso que no sea el de apelación."
