Código de Comercio de 1960

Toda persona que, según las disposiciones del código civil, tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio.

"Las personas que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 4 y 6 de la ley de cámaras de comercio deban afiliarse a las cámaras de comercio, probarán su condición de comerciantes con la presentación de la matrícula de comercio y la cédula de afiliación a la cámara y si no hubieren cumplido con estos requisitos no podrán ejercer el comercio, considerándose como ilícita cualquier actividad mercantil".

Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no pueden comerciar:

1. Las corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los clérigos;

2. Los funcionarios públicos a quienes está prohibido ejercer el comercio por el Art. 242 del Código Penal, salvo las excepciones establecidas en el mismo artículo; y,

3. Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.

Las personas que por las leyes comunes no tienen capacidad para contratar, tampoco la tienen para ejecutar actos de comercio, salvo las modificaciones que establecen los artículos siguientes.

El menor emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el comercio, y ejecutar eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere autorizado por su curador, bien interviniendo personalmente en el acto, o por escritura pública, que se registrará previamente en la oficina de inscripciones del domicilio del menor y se publicará por la imprenta. Se presume que el menor tiene esta autorización cuando ejerce públicamente el comercio, aunque no se hubiere otorgado escritura, mientras no haya reclamación o protesta de su curador, puesta de antemano en conocimiento del público o del que contratare con el menor.

Los menores autorizados para comerciar se reputan mayores en el uso que hagan de esta autorización, y pueden comparecer en juicio por si e hipotecar sus bienes inmuebles por los negocios de su comercio.

Pueden también venderlos en los casos y con las solemnidades que prescriben los Arts. 436 y 437 del Código Civil.

Cuando los hijos de familia y los menores que administran su peculio profesional, en virtud de la autorización que les confieren los arts. 305 y 478 del código civil, ejecutaren algún acto de comercio, quedarán obligados hasta concurrencia de su peculio, y sometidos a las leyes de comercio.

La mujer casada puede ejercer el comercio, o ejecutar eventualmente actos de comercio, con autorización de su marido, otorgada en escritura pública.

Se presume que la mujer tiene autorización de su marido cuando, no estando en el caso de separación conyugal judicialmente autorizada, ni en el de separación total de bienes, ni el de exclusión de bienes, respecto de los bienes excluidos, ejerciere públicamente el comercio, aunque no se haya otorgado escritura pública, mientras no intervenga reclamación o protesta de su marido, notificada de antemano al público o especialmente al que contrate con la mujer.

En el caso de la intervención conjunta de marido y mujer en una letra de cambio o pagaré a la orden, por mayoría de catorce votos contra tres, que en tal caso la mujer casada compromete no solo los bienes de su marido y de la sociedad conyugal, sino también sus bienes propios, sin necesidad de que se justifique que la obligación contraída ha cedido en beneficio personal de ella.

En el caso de intervención conjunta de marido y mujer en una letra de cambio o pagaré a la orden, la mujer casada compromete no solo los bienes de su marido y de la sociedad conyugal, sino también sus bienes propios, sin necesidad de que se justifique que la obligación contraída ha cedido en beneficio personal de ella.

La mujer casada no será considerada como comerciante si no hace un comercio separado del de su marido.

Si el marido es de menor edad, o tiene prohibida la administración de sus bienes, o está ausente, la mujer, para comerciar, necesita la autorización del juez de lo civil de su domicilio, el que la concederá en la forma y con los efectos establecidos en el código civil.

La mujer casada que ejerce el comercio o ejecuta actos de comercio, con autorización expresa o tácita de su marido, obliga a la responsabilidad de sus actos los bienes de su marido, los de la sociedad conyugal y los suyos propios, de cualquiera naturaleza que sean.

El marido podrá limitar la responsabilidad, excluyendo de ella sus bienes y los de la sociedad, en todo o en parte; pero deberá hacerlo por escritura pública que hará registrar y publicar por la imprenta, sin lo cual no produce efecto la limitación.

También puede la mujer casada, autorizada, comparecer en juicio o dar poder con el mismo fin, por asuntos de su comercio, sin necesidad de autorización especial.

Cuanto a la enajenación o hipoteca de los inmuebles que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie a la mujer comerciante, se observará lo prescrito por el art. 1806 del código civil.

La mujer casada, comerciante, podrá también hipotecar los bienes inmuebles, propios del marido, y los de la sociedad conyugal, si en la escritura de autorización se le diere expresamente esta facultad.

La mujer separada de bienes; la que haya obtenido separación conyugal judicialmente autorizada, y, respecto de la administración de los comprendidos en la exclusión de bienes, la que ha conseguido ésta, pueden comerciar sin ninguna autorización si son mayores de edad.

La sentencia ejecutoriada de separación conyugal, la de separación de bienes y toda escritura pública de exclusión de bienes se registrarán, y se publicarán por la imprenta.

Si la mujer casada fuere menor de edad, deberá ser autorizada por el juez en la forma prescrita por el art. 14.

La autorización dada a la mujer casada y al menor para comerciar, puede revocarse con aprobación del juez de lo civil de su domicilio, con audiencia de la mujer o del menor. La revocación se hará por escritura pública que el marido o el curador hará registrar y publicar por la imprenta.

La revocación no perjudica los derechos adquiridos por terceros antes de la publicación.

La matrícula de comercio se llevará en la oficina del registrador mercantil del cantón, en un libro forrado, foliado y cuyas hojas se rubricarán por el jefe político del cantón. Los asientos serán numerados según la fecha en que ocurran, y suscritos por el registrador mercantil.

Toda persona que quiera ejercer el comercio con un capital mayor de mil sucres, se hará inscribir en la matrícula del cantón. Al efecto, se dirigirá por escrito a uno de los jueces de lo civil, haciéndole conocer el giro que va a emprender, el lugar donde va a establecerse, el nombre o razón con la que ha de girar, el modelo de la firma que usará, y si intenta ejercer por mayor o menor la profesión mercantil, el capital que destina a ese comercio.

Si fuere una sociedad la que va a establecerse, se expresará en la matrícula el nombre de todos los socios solidarios; y si varios de ellos tuvieren derecho a usar de la firma social, se acompañará el modelo de la firma de cada uno de ellos. Si fuere un sólo individuo, la firma que usará en sus actos de comercio.

Si el establecimiento estuviere administrado por un factor, deberá expresarse el nombre de éste, y acompañarse el modelo de su firma.

También deben inscribirse en la matrícula de comercio del cantón en cuya circunscripción vayan a ejercer su oficio, los corredores y martilladores, previa solicitud suscrita por éstos.

También deben inscribirse en la matrícula de comercio los capitanes de buque, y la inscripción se hará en la oficina de inscripciones del cantón donde tenga su sede el despacho de la capitanía de puerto que ha tramitado la patente de navegación.

En el escrito en que se solicite la inscripción se expresarán el nombre y clase del buque, el del dueño o dueños que tenga y el del capitán, y se pondrá la firma autógrafa de éste.

Las circulares de comercio en que se anuncien el establecimiento, la continuación, las alteraciones que sufra una casa de comercio, o su extinción, los nombres de los interesados, la razón comercial y el modelo de las firmas, deben dirigirse también al juez de lo civil respectivo, quien las enviará al registrador mercantil, para que las conserve en su archivo, en legajos cosidos, correspondientes a cada año, así como los escritos en que se pida la inscripción en la matrícula.

Los comerciantes, corredores, martilladores, capitanes de buque y, en general, las personas obligadas a inscribirse en la matrícula de comercio, que no lo hicieren en el término de quince días, a contarse desde la fecha del establecimiento comercial, o de la constitución de la sociedad, o del nombramiento y posesión, en su caso, serán penados con multa de veinte a mil sucres en relación con la importancia y cuantía del negocio. En igual sanción incurrirán quienes, obligados a inscribirse nuevamente, por cambio o renovación del contrato social, no lo hicieren dentro del término indicado.

Los gerentes, y los factores o dependientes que tuvieren poder para administrar, serán responsables por la inscripción de la sociedad o del respectivo negocio comercial o industrial, e incurrirán en las sanciones establecidas si no hubieren efectuado la mencionada inscripción en el término que se indica en el inciso anterior.

La multa será impuesta por el Director del Departamento correspondiente del Ministerio de Finanzas. El Ministro de Finanzas, por medio de los empleados del ramo, inspeccionará el cumplimiento del referido deber y comunicará su violación a aquel Director para la aplicación de la sanción correspondiente.

La sanción que se impusiere no excluye la obligación de inscribirse en la matrícula correspondiente, sin cuyo requisito quienes están obligados a llenarlo, no podrán ejercer lícitamente el comercio ni desempeñar los cargos que tal inscripción requiere.

Verificada la inscripción en la matrícula, el Registrador Mercantil dará copia de ella al interesado.

Las cámaras de comercio podrán demandar ante el juez de lo civil de su respectiva jurisdicción, que ordene la obtención de la matrícula de comercio y la afiliación, a la persona que, hallándose legalmente obligada a llenar estos dos requisitos, no los hubiere cumplido, de acuerdo con el art. 12 de la ley de cámaras de comercio.

Los fiscalizadores de impuestos, en las visitas que efectúen a los establecimientos comerciales o industriales, podrán exigir la exhibición de los respectivos contratos sociales y de la correspondiente matrícula de comercio, sea ésta referente a negocios colectivos o individuales.

Los jueces que autoricen registro de las matrículas de comercio, al hacerlo impondrán la multa de que trata el art. 26, si se hubiere infringido el precepto relativo a plazo que el establece.

Una vez impuesta la multa, lo comunicará a la Dirección correspondiente del Ministerio de Finanzas, para que emita el respectivo título de crédito.

PARÁGRAFO 2o. Del Registro Mercantil

El registro mercantil se llevará en la oficina del registrador mercantil del cantón.

El registro se llevará en un sólo libro foliado, en el que se inscribirán:

1. Las matrículas de los comerciantes y de las compañías anónimas, comerciales, industriales y agrícolas;

2. La autorización del curador que habilite a los menores para comerciar;

3. La autorización para comerciar, dada a la mujer casada por el marido, o por el Juez según el caso, y la escritura en que el marido límite la responsabilidad de los bienes que la mujer pueda afectar con su comercio;

4. La revocación de la autorización para comerciar dada a la mujer casada o al menor;

5. Las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, testamentos, particiones, sentencias ejecutoriadas, o actos de adjudicación; y las escrituras públicas que impongan al cónyuge comerciante responsabilidad en favor del otro cónyuge;

6. Las demandas de separación conyugal o de separación de bienes, las sentencias ejecutoriadas que declaren una u otra, las escrituras públicas de exclusión de bienes y las liquidaciones practicadas para determinar lo que el cónyuge comerciante deba entregar al otro cónyuge.

   Las demandas de separación conyugal o de separación de bienes deben registrarse y fijarse en la Oficina del Registrador Mercantil del cantón, con un mes por lo menos de anticipación a la sentencia de primera instancia, y, en caso contrario, los acreedores mercantiles tendrán derecho a impugnar, por lo que mira a sus intereses, los términos de la separación y las liquidaciones pendientes o practicadas para llevarla a cabo;

7. Los documentos justificativos de los haberes del que está bajo la patria potestad, o del menor o del incapaz que está bajo la tutela o curatela de un comerciante;

8. Las escrituras en que se forme, prorrogue o disuelva una sociedad; las que en una sociedad introduzcan alteración que interese a terceros, y aquellas en que se nombren liquidadores;

9. Los poderes que los comerciantes otorgan a sus factores y dependientes para administrar negocios;

10. La autorización que el Juez de lo Civil concede a los corredores y martilladores para el ejercicio de sus cargos;

11. El permiso concedido a las sociedades extranjeras que quieran establecer sucursales o agencias en el país;

12. Las patentes de navegación de buques; y, 13. Los autos de quiebra y rehabilitación.

El registro de los documentos expresados en el artículo anterior deberá hacerlo efectuar todo comerciante dentro de quince días contados, según el caso, desde la fecha del documento o ejecutoria de la sentencia, sujeto a registro, o desde la fecha en que el cónyuge, el padre, el tutor o el curador principien a ejercer el comercio, si en la fecha aquellos no eran comerciantes.

Los documentos se registrarán por cualquiera de los interesados, dentro de los quince días siguientes a su otorgamiento.

El funcionario público ante quien se otorgaren los documentos que, según los artículos anteriores, deben registrarse, lo comunicará al juzgado de lo civil y al registrador mercantil respectivos, a costa del comerciante interesado en la comunicación, bajo la pena de veinte sucres de multa; y si se le probare fraude, indemnizará daños y perjuicios.

Igual obligación tendrá el Juez que dictare autos o sentencias que, según los artículos anteriores, deban registrarse, con respecto al Registro Mercantil.

La información que reposa en el registro mercantil es de carácter pública, y el registrador mercantil facilitará a los que pidan, información respecto de cualquier inscripción, y expedirá certificados de inscripción a los que lo soliciten por escrito.

El cónyuge, el hijo, el menor, el incapaz, o cualquier pariente de ellos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, puede requerir el registro y fijación de los documentos sujetos a estas formalidades.

Los documentos expresados en los números 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 8.-, 9. y 10. del art. 30, no producen efecto sino después de registrados y fijados.

Sin embargo, la falta de oportuno registro y fijación no podrán oponerla a terceros de buena fe, los interesados en los documentos a que se refieren estos números.

Los comerciantes que omitieren hacer el registro de los documentos a que se refiere este parágrafo, sufrirán una multa de cien sucres por cada caso de omisión, e indemnizarán, además, los daños y perjuicios que con ella causaren.

PARÁGRAFO 3o. De la contabilidad mercantil

Todo comerciante está obligado a llevar contabilidad en los términos que establece la ley de régimen tributario interno.

Se entenderá que las casas comerciales o industriales extranjeras, o sus sucursales, cuya contabilidad se lleve en el exterior de acuerdo con sus estatutos, han cumplido la obligación que establece el art. 37, si los cuadros o estados de contabilidad básicos son autorizados por contador público inscrito en el registro de contadores del ecuador y la contabilidad básica se lleva en castellano.

La contabilidad del comerciante por mayor debe llevarse en no menos de cuatro libros encuadernados, forrados y foliados, que son: diario, mayor, de inventarios y de caja.

Estos libros se llevarán en idioma castellano.

En el diario se asentarán, día por día y por el orden en que vayan ocurriendo, todas las operaciones que haga el comerciante, designando el carácter y las circunstancias de cada operación y el resultado que produce a su cargo o descargo, de modo que cada partida manifieste quien es el acreedor y quien el deudor en la negociación a que se refiere.

Los gastos generales del establecimiento y los domésticos del comerciante, bastará que se expresen en resumen al fin de cada mes, pero en cuentas distintas.

Se llevarán también libros especiales de facturas, que podrán ser copiadores de prensa.

En el libro mayor se abrirán las cuentas con cada persona u objeto, por debe y haber, trasladándose las partidas que le correspondan con referencia al diario, y por el mismo orden de fechas que tengan en éste.

Todo comerciante, al empezar su giro, y al fin de cada año, hará en el libro de inventarios una descripción estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos activos y pasivos.

Estos inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento de comercio que se hallen presentes a su formación.

En el Libro de Caja se asentarán todas las partidas de entrada y salida de dinero, pudiendo recopilarse al fin de cada mes todas las de cada cuenta distinta al pie del último día del mes.

Los comerciantes por menor pueden llevar las operaciones de su giro en un sólo libro, encuadernado, forrado y foliado, en el que asentarán diariamente, y en resumen, las compras y ventas que hicieren al contado, y detalladamente, las que hicieren al fiado; y los pagos y cobros que hicieren sobre éstas.

Al principiar sus negocios y al fin de cada año, harán y suscribirán en el mismo libro, el inventario de todos sus bienes, muebles e inmuebles, créditos y débitos.

Se considerarán comerciantes por menor los que habitualmente solo venden al detalle, directamente al consumidor.

Se prohíbe a los comerciantes:

1. Alterar en los asientos el orden y la fecha de las operaciones descritas; 2. Dejar blancos en el cuerpo de los asientos, o a continuación de ellos;

3. Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas; 4. Borrar los asientos o parte de ellos; y,

5. Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los libros.

Los errores y omisiones que se cometieren al formar un asiento, se salvarán en otro distinto, en la fecha en que se notare la falta.

Los libros llevados con arreglo a los artículos anteriores serán admitidos como medios de prueba en las contiendas judiciales entre comerciantes, por hechos de comercio.

Respecto a otra persona que no fuere comerciante, los asientos de los libros solo harán fe contra su dueño, pero la otra parte no podrá aceptar lo favorable sin admitir también lo adverso que ellos contengan.

El comerciante que contraviniere la orden de exhibir alguno de sus libros, será juzgado por los asientos de los libros de su colitigante, que estuvieren arreglados a las disposiciones de este código.

Los libros que adolecieren de alguno de los vicios enunciados en el art. 45, no tendrán valor en juicio a favor del comerciante a quien pertenezcan, y las diferencias que le ocurran con otro comerciante, por hechos mercantiles, serán decididas por los libros de éste, si estuvieren arreglados a las disposiciones de este código.

Si los libros de ambas partes estuvieren en desacuerdo, los tribunales decidirán las cuestiones que ocurran, según el mérito que suministren las demás pruebas que se hayan rendido.

Los libros hacen fe contra el comerciante que los lleva, y no se le admitirá prueba que tienda a destruir lo que resultare de sus asientos.

Los comerciantes podrán llevar, además de los libros que se prefijan como necesarios, todos los auxiliares que estimen conducentes para el mayor orden y claridad de sus operaciones; pero para que puedan aprovecharles en juicio, han de reunir todos los requisitos que se prescriben con respecto a los libros necesarios.

Salvo los casos expresamente establecidos en la ley, no se podrá hacer pesquisa de oficio, por juez ni autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes llevan libros o no, o si están o no arreglados a las prescripciones de este código.

Salvo los casos expresamente determinados en la ley, tampoco podrán ordenarse de oficio, ni a instancia de parte, la manifestación y examen general de los libros de comercio, sino en los casos de sucesión universal, comunidad de bienes, liquidación de sociedades, legales o convencionales, quiebra y en el de denuncia o demanda por indicios de abuso de la personalidad jurídica de compañías o de empresas unipersonales de responsabilidad limitada, en perjuicio de terceros, en los términos del art. 17 de la ley de compañías y del art. 66 de la ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada.

En el curso de una causa podrá el juez ordenar, aún de oficio, la presentación de los libros de comercio solo para el examen y compulsa de lo que tenga relación con el asunto que se ventila; lo cual deberá designarse previa y determinadamente.

No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil, pero puede cometerse (sic) el examen o compulsa a un juez del lugar donde se llevaren los libros.

El examen y compulsa se harán a presencia del dueño o de la persona que el comisione.

Si uno de los litigantes ofrece estar y pasar por lo que constare de los libros de su contendor, y éste se niega a exhibirlos sin causa suficiente a juicio del juzgado, éste podrá deferir al juramento de la otra parte, o decidir la controversia por lo que resulte de los libros de éste, si fuere comerciante, en los términos prescritos por el art. 48.

El comerciante y sus herederos deben conservar los libros de su contabilidad y sus comprobantes, por todo el tiempo que dure su giro, hasta que termine de todo punto la liquidación de sus negocios, y diez años después.

PARÁGRAFO 4o. De la correspondencia

Todo comerciante debe llevar un libro copiador de cartas, en que copiará íntegra y literalmente, todas las cartas y telegramas que escribiere sobre sus operaciones, unas en pos de otras, sin dejar blancos, y guardando el orden de sus fechas; o llevar un copiador de prensa en que se copien todas sus cartas, telegramas, etc., foliado y con su índice correspondiente.

Al pie de la copia de cada carta se salvarán las palabras enmendadas, interlineadas o testadas que contenga la copia, dejando entre uno y otro de los renglones en que se subsanen dichas faltas, la misma distancia que hay entre los de la copia que las contenga, si se trata de copiador a la mano.

El libro copiador de cartas debe ser encuadernado, forrado y foliado, y respecto de el rigen los arts. 46 y 47, en cuanto puedan aplicarse.

El copiador de cartas por máquina no aprovechará si se hubiesen dejado hojas intermedias en blanco, o si se hubiere mutilado el libro, o parte de el, o de las hojas.

Los comerciantes están obligados a conservar en legajos, y en buen orden, todos los telegramas y cartas que reciban con relación a sus negociaciones y giro, anotando, en su dorso, la fecha en que los contestaron, o si no dieron contestación.

Las disposiciones de los arts. 52, 54, 55, 56 y 57 se aplicarán a los libros copiadores de cartas, y a los legajos de cartas y telegramas recibidos.

Bolsa de comercio es la lonja o sitio público en que se reúnen los comerciantes o personas que se dedican al tráfico y giro mercantil, y los agentes de comercio, para tratar y negociar con sujeción a lo que prescriban la ley y los reglamentos, y bajo la inspección de la autoridad pública.

Los comerciantes, capitanes de buques, corredores y martilladores no podrán ser miembros de la bolsa si no estuviesen matriculados.

Todo ecuatoriano o extranjero tiene derecho a entrar en la bolsa, si no le obsta alguna incapacidad legal, a saber:

1. Hallarse privado o suspenso del ejercicio de los derechos políticos o civiles; 2. Haber sido declarado en quiebra y no haber obtenido rehabilitación;

3. Hallarse privado o suspenso en el oficio de corredor; 4. Haber sido declarado intruso en el mismo oficio;

5. Haber dejado de cumplir alguna operación concertada en la Bolsa;

6. Ser mujer o menor de edad que no estuvieren legalmente autorizados para contratar y administrar sus bienes; y,

7. Ser eclesiástico.

Son objetos de la contratación de la bolsa: 1.

La negociación de los efectos públicos, o sea:

1. Los que representen créditos contra el Estado y se hallen reconocidos legalmente como negociables;

2. Los emitidos con garantía prestada por el Gobierno y con obligación subsidiaria del Estado; y,

3. Los emitidos por un gobierno extranjero, si su negociación se halla autorizada;

2. Las letras de cambio, pagarés a la orden, libranzas, acciones de minas, de sociedades anónimas legalmente autorizadas, y cualquiera especie de valores de comercio, procedente de personas particulares;

3. La venta de metales preciosos, amonedados o en pasta; 4. La de mercaderías de toda clase;

5. Los seguros de efectos comerciales contra todos los riesgos terrestres o marítimos, de incendio, de vida o de otra clase;

6. El fletamento de buques para cualquier punto; 7. Los transportes en el interior y el exterior; y, 8. Los frutos y productos nacionales.

El resultado de las operaciones y negociaciones que se hacen en la bolsa, determinan el curso del cambio y del precio de las mercaderías y demás objetos enumerados en el artículo anterior.

Las negociaciones en efectos públicos deben consumarse en el día de su celebración o, a más tardar, en el tiempo que medie hasta la hora designada para la apertura de la bolsa del día inmediato. El vendedor entregará sin dilación, excusa ni pretexto, los efectos o valores que hubiese vendido, y el comprador estará obligado a recibirlos mediante el pago de su precio, que debe verificar en el acto.

En el caso de retardo en el cumplimiento de una negociación de efectos públicos, la parte perjudicada en la demora tiene derecho de optar, en la bolsa siguiente al día en que celebró el contrato, entre rescindir aquella y dejarla sin efecto, avisándole al directorio, o exigir que el contrato se consuma con intervención del mismo directorio.

Diariamente, al cerrarse los trabajos de la bolsa, se extenderá un acta suscrita por la dirección, en que se hagan constar las cotizaciones de las operaciones hechas en el día, en los diferentes artículos de la lista de bolsa.

El Libro de Actas será encuadernado, forrado y foliado, y sus hojas serán rubricadas por el Jefe Político del lugar en que se establezca la Bolsa.

Al fin de cada año se remitirá el Libro, para su archivo, a la Oficina de la jurisdicción.

Los reglamentos de bolsa serán dictados por ella misma, y sometidos a la aprobación del presidente de la república.

Tanto el presidente de la república como la corporación financiera nacional podrán establecer bolsas de comercio en los lugares donde las consideren útiles para satisfacer las necesidades del comercio.

Dicha Corporación regulará y supervigilará el funcionamiento de ellas, y ordenará su extinción cuando dejaren de cumplir sus finalidades.

Los corredores son agentes reconocidos por la ley para dispensar su mediación a los comerciantes y facilitarles la conclusión de sus contratos.

En las plazas de comercio que designe el presidente de la república, habrá el número de corredores que el determine, el cual será proporcionado a la población y a la extensión de su tráfico.

Los corredores serán nombrados por oposición ante un juez de lo civil y su título, expedido por el presidente de la república.

Al presentarse a la oposición, abonarán su buena conducta con, por lo menos, cinco firmas respetables de la plaza en la cual intenten ejercer el cargo, a juicio del juez.

Antes de entrar en el ejercicio de sus funciones, los corredores prestarán ante el respectivo juez de lo civil, juramento de desempeñar fiel y legalmente el cargo, y rendirán una fianza o hipoteca para responder de las condenaciones que se pronunciaren contra ellos, por hechos relativos al desempeño de su profesión.

La fianza o hipoteca será de mil a cinco mil sucres. El presidente de la república designará el monto de la fianza o hipoteca, según la importancia de las plazas de comercio donde los corredores deben desempeñar sus funciones.

Si la fianza o hipoteca constituida se extinguiere o disminuyere, el juez ordenará su reposición o complemento; y si no se hiciere en el término de treinta días, retirará al corredor su autorización.

No podrán ser corredores:

1. Los que no tienen capacidad para comerciar; 2. Las mujeres;

3. Los menores, aunque estén autorizados para el comercio;

4. Los que hayan sido destituidos de este cargo o del de martilladores; 5. Los individuos de la Fuerza Pública en servicio activo; y,

6. Los que hubieren sido privados judicialmente de los derechos políticos o civiles.

Los corredores están obligados:

1. A ejecutar por si mismos las operaciones que se les encomendaren, a proponerlas con sinceridad, sin inducir a error a los contratantes, y a guardar secreto en cuanto éstos lo exijan;

2. A llevar un cuaderno manual en el cual sentarán, en el acto de ejecutarse las negociaciones, los nombres y apellidos, o la razón comercial, de los contratantes, la materia del contrato, y todas las cláusulas y condiciones con que se hubiere celebrado.

   Cuando se negociaren letras de cambio, deberán asentar sus fechas, términos y vencimientos, las plazas sobre que están giradas, los nombres del librador, endosantes y pagador, los del último cedente y tomador, el valor de la letra y el cambio convenido.

   Este precepto se extiende a los pagarés a la orden en lo que fuere aplicable;

3. A llevar un registro, encuadernado, forrado y foliado, en el que se asentarán, día por día, en el orden que ocurran, y por numeración progresiva, sin raspaduras, interlineaciones, notas marginales, cifras numéricas, ni abreviaturas, todas las operaciones ejecutadas por su mediación.

   Si no pudieren hacer por si mismos los asientos, podrán hacerlos, bajo su responsabilidad, por medio de un dependiente, a condición de rubricarlos ellos al margen;

4. A entregar a cada uno de los interesados, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del negocio, un extracto firmado por ellos y por los interesados, del asiento que hubieren estampado en su registro.

   El corredor que tuviere carácter público autenticará las firmas de los interesados; 5. A presentar su manual y sus registros, para las comprobaciones de esos extractos, cuando fueren requeridos judicialmente;

6. A declarar, cuando se les exija judicialmente, los precios corrientes, y sobre las negociaciones en que intervinieren, con referencia precisamente a lo que sobre ellas constare en su registro;

7. A asistir a la entrega de las mercaderías y efectos vendidos por su mediación, cuando lo pidiere alguna de las partes; y,

8. A llevar un libro Copiador de Cartas, con las formalidades legales.

Se prohíbe a los corredores:

1. Ejecutar operaciones de comercio por su cuenta, a tomar interés en ellas bajo nombre propio o ajeno, directa o indirectamente;

2. Desempeñar en el comercio el oficio de cajero, de tenedor de libros o de dependiente, cualquiera que sea la denominación que llevaren;

3. Exigir o recibir salarios superiores a los designados en los aranceles respectivos;

4. Dar certificaciones que no consten en los asientos de sus registros.

   Podrán, sin embargo, declarar, en virtud de orden del juzgado ante el cual penda algún litigio, y no de otro modo, lo que hubieren visto u oído en cualquier negocio;

5. Constituirse garantes o fiadores de la ejecución de los negocios en que intervinieren;

6. Negociar letras de cambio, pagarés a la orden u otros efectos de comercio, y vender mercaderías pertenecientes a alguno cuya quiebra estuviere publicada;

7. Reunirse en sociedad para ejercer la correduría;

8. Adquirir para si las cosas cuya venta les haya sido encargada a ellos o a otros corredores;

9. Cobrar o pagar por cuenta de los interesados, en las negociaciones en que intervinieren; y,

10. Salir al encuentro de los buques, carreteros o trajineros, para que les encarguen la venta de sus géneros; pero pueden ir a sus posadas.

    Podrá asociarse un corredor que tenga carácter público con otra u otras personas, y la sociedad se considerará con ese carácter mientras exista. La responsabilidad legal recaerá sobre todos y cada uno de los socios, en caso de cualquiera infracción de la Ley.

    La sociedad constituida con el objeto de ejercer el cargo de corredor no podrá comprender sino a uno de los nombrados por el Presidente de la República, y será considerada como una sola persona jurídica, no obstante la responsabilidad que será solidaria para todos los socios.

    Serán igualmente responsables ante la Ley por los actos de sus apoderados, cuyo cargo puede ejercerse con poder especial. Sin este poder, el procurador, sea de un corredor, sea de una sociedad constituida con el objeto de ejercer ese cargo, no podrá intervenir, ni menos autorizar operación alguna sujeta a la acción del corredor.

La infracción de las prescripciones contenidas en los artículos anteriores, además de la responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionare, será penada con multa de veinte a doscientos sucres, o con la suspensión o con la prohibición absoluta del ejercicio de la correduría.

La multa y la prohibición temporal o absoluta de ejercer el oficio de corredor podrán acumularse.

Los corredores responden:

1. De la identidad y capacidad de las personas que contrataren por su intermedio.

   Interviniendo en contratos celebrados por personas incapaces responderán, de los perjuicios que resultaren directamente de la incapacidad; y,

2. De la realidad de los endosos en que intervengan, en las negociaciones que procuren de letras de cambio y otros efectos endosables.

La quiebra de un corredor se presume fraudulenta.

Los extractos del registro dados por los corredores que tengan carácter público, cuando están firmados por las partes, y las firmas de éstas autenticadas por el corredor que intervino en el contrato, hacen plena prueba en juicio.

Cuando las partes están de acuerdo en la existencia del contrato, los libros de los corredores que tengan carácter público, pueden hacer prueba sobre las circunstancias y condiciones del mismo contrato.

Los libros de los corredores que cesaren en su oficio serán recogidos por el respectivo registrador mercantil y depositados en su archivo.

Los corredores encargados de comprar o vender efectos públicos quedan personalmente obligados a pagar el precio de la compra, o hacer la entrega de los efectos vendidos, y en ningún caso se les admitirá la excepción de falta de provisión.

El que ha empleado un corredor para comprar o vender efectos públicos, solo tiene acción contra el corredor que ha empleado.

El corredor no puede compensar las sumas que recibiere para comprar efectos públicos, ni el precio que se le entregare de los vendidos por el, con las cantidades que le deba el comprador o vendedor.

El corredor es responsable de la autenticidad de la última firma de los documentos que negociare.

Cesa esta responsabilidad cuando los interesados han tratado directamente entre si y el corredor ha intervenido en la negociación como simple intermediario.

El corredor es también responsable de la legitimidad de los efectos públicos al portador, negociados por su mediación, salvo el caso de que los documentos no tuvieren signos externos y visibles por los que pueda establecerse su identidad.

El corredor no garantiza la cantidad de las mercaderías vendidas ni su calidad, aún cuando éstas no resulten conformes con las muestras que hubiere exhibido al comprador, salvo el caso de mala fe.

El corredor no puede demandar a su nombre el precio de las mercaderías vendidas por su intermedio, ni reclamar su devolución por falta de pago.

Sin embargo, si el corredor obrare como comisionista, quedará sujeto a todas las obligaciones, y podrá ejercer todos los derechos que nazcan del contrato.

El carácter de intermediario no inhabilita al corredor para desempeñar las funciones de mandatario del vendedor, ni para recibir como tal el precio de las mercaderías vendidas por su mediación.

El corredor a quien se entregare un documento de comercio, endosado con la cláusula "valor recibido al contado", se entenderá constituido mandatario para el efecto de recibir el precio y liberar válidamente al que lo hubiere entregado.

En materia de seguros, las funciones de los corredores son intervenir en la realización de los contratos, redactar las pólizas a prevención con los notarios, autorizar las ejecutadas entre las partes, y certificar previamente la tasa de las primas.

En los asientos que hicieren en conformidad al número 3o. Del Art. 81, expresarán los nombres de los contratantes, la cosa asegurada, el valor que se hubiere fijado, el lugar de la carga y descarga, la prima estipulada, el nombre de la nave, su matrícula, pabellón y porte, y el nombre del capitán que lo mandare.

En las operaciones de correduría marítima, los corredores deberán asentar, en el registro de que habla el número 3o. Del art. 81, los contratos de fletamento en que intervinieren, expresando los nombres del capitán y del fletador, nombre, pabellón, matrícula y porte del buque, el puerto de carga y descarga, el flete, los efectos del cargamento, las estadías convenidas y el plazo fijado para principiar y concluir la carga.

Deberán, asimismo, conservar un ejemplar de las cartas de fletamentos ajustados por su intermedio.

Solo los corredores titulados tendrán el carácter de oficiales públicos.

Sin embargo, podrá ejercer la correduría cualquier persona que no se hallare incluida en alguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 80.

Solamente los corredores con carácter público pueden ejecutar los actos que la ley o una sentencia somete a la ejecución de corredores.

Estos actos serán nulos, si fueren ejecutados por otra persona en una plaza donde hubiere corredores con carácter público.

Las acciones por operaciones de correduría, entre el corredor y el que lo emplea, prescriben en dos años, contados desde la fecha en que se concluyó la operación.

Los derechos de corretaje se fijarán en el reglamento especial de correduría, que expedirá el presidente de la república.

Los martilladores son oficiales públicos encargados de vender públicamente, al mejor postor, productos naturales, muebles y mercaderías sanas o averiadas, u otros objetos de lícito comercio, por causa de quiebra, remate voluntario, u otra que designe la ley.

La Corte Superior de cada Distrito nombrará uno o más Martilladores para cada Cantón, aplicando las disposiciones relativas al nombramiento de Notarios, debiendo fijar el monto de la caución personal o hipotecaria que deba rendir, previamente al desempeño de dicho cargo.

No podrán ser martilladores:

1. Los que no tienen capacidad para comerciar;

2. Los menores de edad, aunque estén autorizados para ejercer el comercio;

3. Los que hayan sido destituidos del cargo;

4. Los Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo; y,

5. Los que hubieren sido privados o suspendidos de los derechos civiles o políticos.

Son obligaciones del martillador:

1. Ejecutar las ventas por si mismo en la forma que determina la Ley y los Reglamentos del caso;

2. Organizar un almacén para la exhibición de las especies que deban venderse durante los días anteriores a la fecha de la venta, y por lo menos durante ocho horas diarias, en todos los días hábiles; y,

3. Publicar un Boletín diario o bisemanal, según el Reglamento que expida la Corte Superior de Cada Cantón, en el que se hará conocer al público las especies que van a venderse, con determinación de su valor, la fecha y hora del remate.

Los martilladores llevarán cuatro libros, que son los siguientes: 1.

Para las actas de remate; 2. Diario de entradas; 3. Diario de Salidas; 4. Cuentas corrientes.

En el diario de entradas se asentarán por orden riguroso las fechas de la recepción de mercaderías y objetos, con la expresión de su cantidad, peso o medida, los bultos de que consten, sus marcas y señales, el nombre y apellido de la persona que los ha entregado, y el precio respectivo.

En el diario de salidas se anotarán individualmente los objetos vendidos, por orden y cuenta de quien los ha enajenado, el nombre y apellido del comprador y el precio.

El cuarto libro llevará la cuenta corriente, con referencia a los libros de entrada y salida.

Son aplicables a los libros de los martilladores las disposiciones de los Arts. 42 al 58 inclusive.

Se prohíbe a los martilladores:

1. Pregonar puja alguna sin que el postor la haya expresado en voz clara e inteligible;

2. Tomar parte en la licitación o remate, personalmente o por medio de terceros; y,

3. Adquirir posteriormente objetos en cuya venta hubiere intervenido negociándolos a la persona que los adquirió en el remate.

La violación de estas prohibiciones será sancionada con una multa de cincuenta a quinientos sucres, con la suspensión o destitución del cargo a juicio de la Corte Superior correspondiente, pudiendo además en cualquiera de los dos últimos casos imponerle la multa, y dejando a salvo el derecho de las personas que hubieren sido perjudicadas para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados.

La venta al martillo no podrá suspenderse ni diferirse, salvo el caso de falta de posturas que cubran la base, debiendo entonces señalarse nuevos día y hora para la venta previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para el primer señalamiento.

Si en el segundo señalamiento tampoco se presentaren postores interesados, el acreedor podrá pedir que se le adjudique la prenda por el valor de la base establecida para el remate, o que se vuelva a señalar otro día y hora para la venta comenzando el remate con cualquier postura que se presente aunque no cubra la base señalada.

Toda venta al martillo es al contado y no se aceptarán posturas a plazos.

Dentro de los tres días posteriores al remate, el martillador presentará a su comitente la cuenta firmada y le entregará el saldo que resultare a su favor; en caso de mora en dicha entrega y rendición de la cuenta perderá su comisión y responderá al interesado por los perjuicios que le hubiere ocasionado.

En todo lo que no se hubiere previsto en esta Sección se aplicarán las reglas del mandato mercantil y especialmente las que regulan la comisión para la venta.

En los casos especiales en que por causa de quiebra o imposibilidad física demostrada no se pueda trasladar a la oficina del martillador los objetos que deben rematarse, podrá efectuarse la subasta en el lugar donde éstos se encuentren, para lo cual se anunciará al público por medio del boletín el lugar del remate, así como el detalle de los mismos y demás características y su valor.

Los Boletines fijará el Martillador en el almacén que organice para la exhibición de las especies y además en las puertas de los Juzgados o Notarías del lugar y otros sitios públicos, pudiendo además anunciarse por la prensa, siendo obligatoria la exhibición de las cosas hasta el momento del remate.

En el acta del remate firmará el martillador y dos personas que hayan concurrido a dicho acto, como postores, o simplemente como testigos.

El Martillador cuidará de que durante el remate se guarde el silencio necesario, de modo que puedan oírse las posturas que se formulen y los respectivos pregones.

Si alguien alterare el orden, el Martillador le prevendrá que guarde compostura, y si fuere necesario le exigirá que abandone el local, inclusive acudiendo a la fuerza pública, sin perjuicio de que se le juzgue como contraventor de cuarta clase.

Terminado el remate la venta quedará perfeccionada aún cuando no se haya extendido ni firmado el acta respectiva, si en el acto de la adjudicación el postor adjudicado no paga el precio se declarará la quiebra y se adjudicará la venta al siguiente postor, siendo el primero responsable de la quiebra.

El martillador no podrá intervenir en el remate de bienes inmuebles, ni aún a petición expresa de los interesados, cuya venta se hará de acuerdo con lo que dispone al efecto el código de procedimiento civil, ante el juez competente.

Toda reclamación contra el Martillador por su actuación en el remate, no suspenderá esta diligencia ni los efectos de la misma, dando derecho al perjudicado a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios que podrá proponerla ante el Juez competente en razón de la cuantía, que se establecerá por el avalúo que sirvió de base para el remate. El Martillador que fuere condenado a la indemnización de perjuicios podrá ser sancionado por la Corte Superior en la forma prevista en el Art. 108, de acuerdo con la gravedad de la falta.

La función ejecutiva reglamentará las operaciones comerciales en martillo, haciendo constar el arancel que les corresponde por su trabajo.

El Contralor General dictará las normas especiales sobre remate de bienes del sector público.

La quiebra del martillador se presume fraudulenta y las acciones por operaciones de martillo entre aquel y los comitentes prescriben en dos años contados desde la fecha en que concluyó la operación.

Factor es el gerente de una empresa o establecimiento mercantil o fabril, o de un ramo de ellos, que administra por cuenta del dueño.

El dueño toma el nombre de principal, con relación a los factores y dependientes.

Puede ser factor toda persona que tenga la libre administración de sus bienes.

Sin embargo, pueden serlo el hijo de familia y el menor emancipado que hubiere cumplido catorce años, y la mujer casada no comprendida en el inciso anterior, si están autorizados expresamente.

Los factores deben estar investidos de un poder especial otorgado por el dueño del establecimiento cuya administración se les encomiende.

El poder será registrado y publicado en la forma prescrita en la Sección I del Título I del Libro Primero.

Los factores se entienden autorizados para todos los actos que abrace la administración del establecimiento que se les confiere, y podrán usar de todas las facultades necesarias al buen desempeño de su encargo, a menos que el principal se las restrinja expresamente en el poder que les diere.

Los factores observarán, respecto del establecimiento que administren, todas las reglas de contabilidad prescritas a los comerciante en general.

PARÁGRAFO 2o. De los dependientes de comercio

Dependientes son los empleados subalternos que el comerciante tiene a su lado para que le auxilien en sus operaciones, obrando bajo su dirección.

Pueden ser dependientes todos los que pueden ser factores conforme al art. 119.

Los dependientes no pueden obligar a sus principales, a menos que éstos les confieran expresamente la facultad de ejecutar, a su nombre, ciertas y determinadas operaciones concernientes a su giro.

Los contratos que celebre el dependiente con las personas a quienes su principal le haya dado a conocer como autorizado para ejecutar algunas operaciones de su tráfico, obligan al principal.

Pero la autorización para firmar la correspondencia, girar, aceptar o endosar letras de cambio y libramientos, suscribir obligaciones, y la que se de al dependiente viajero, deben otorgarse por escritura pública que se anotará, fijará y publicará en la forma legal.

Los dependientes encargados de vender por menor, se reputan autorizados para cobrar el producto de las ventas que hicieren; pero deberán expedir, a nombre de sus principales, los recibos que otorgaren.

Tendrán igual facultad los dependientes que venden por mayor, siempre que las ventas se hagan al contado y que el pago se verifique en el mismo almacén en que sirvan.

Si las ventas se hicieren al fiado o si debieren verificarse los pagos fuera del almacén, los recibos serán firmados necesariamente por el principal o por persona autorizada para cobrar.

Los asientos que los dependientes encargados de la contabilidad hagan en los libros de sus principales, tendrán el mismo valor que si fueren hechos por éstos.

PARÁGRAFO 3o. Disposiciones comunes a factores y dependientes

En las operaciones que ejecutaren, expresarán, los factores y dependientes, que contratan a nombre de sus principales; y en los documentos que suscribieren, pondrán antes de la firma, que obran por poder.

Obrando en la forma que indica el artículo precedente, los factores y dependientes obligan a sus principales al cumplimiento de los contratos que celebren, sin quedar ellos personalmente obligados; sin perjuicio de lo dispuesto en el código del trabajo.

La violación de las instrucciones, la aprobación del resultado de una negociación, o el abuso de confianza de parte de los factores o dependientes, no exoneran a sus principales de la obligación de llevar a ejecución los contratos que aquellos hagan a nombre de éstos.

Si los factores o dependientes omitieren la expresión de que obran por poder, quedan personalmente obligados a cumplir los contratos que celebren; pero se entenderá que lo han hecho por cuenta de sus principales en los casos siguientes:

1. Cuando el contrato corresponde al giro ordinario del establecimiento que administran;

2. Si hubieren contratado por orden del principal, aunque la operación no esté comprendida en el giro ordinario del establecimiento;

3. Si el principal hubiere ratificado expresa o tácitamente el contrato, aunque se haya celebrado sin su orden; y,

4. Si el resultado de la negociación se hubiere de convertir en provecho del principal.

En cualquiera de los casos enumerados en el artículo anterior, los terceros que contrataren con un factor o dependiente, podrán, a su elección, dirigir sus acciones contra estos o contra sus principales, pero no contra ambos.

En ningún caso podrán los factores o dependientes delegar las funciones de su cargo, sin noticia o consentimiento de su principal.

Se prohíbe a los factores y dependientes traficar por su cuenta y tomar interés, en nombre propio o ajeno, en negociaciones del mismo género que las del establecimiento en que sirven, a menos que fueren expresamente autorizados para ello. En caso de contravención se aplicarán al principal las utilidades que produzcan las negociaciones, quedando las pérdidas por cuenta de aquellos.

Las relaciones entre los factores y dependientes y sus principales se reglan por el código del trabajo.

Sin embargo de lo dispuesto en el inciso anterior, los factores y dependientes tienen derecho a la indemnización de las pérdidas y gastos extraordinarios que hicieren por consecuencia inmediata del servicio que prestaren.

El principal no puede oponer a los terceros de buena fe la revocación de los poderes del factor o dependiente, por operaciones ejecutadas después de la revocación, a menos que se hubiere hecho ésta en la misma forma en que se otorgó la autorización y se la hubiere publicado en algún periódico, si la autorización se hubiere dado por escritura pública o por circulares.

Además de los modos que establece el código civil, el mandato que se hubiere conferido a los factores y dependientes se extingue:

1. Por su absoluta inhabilitación para el servicio estipulado; y,

2. Por la enajenación del establecimiento en que sirvieren.

Las multas en que incurra el factor o dependiente, por infracción de las leyes o reglamentos de administración pública en las gestiones de su empleo, se harán efectivas sobre los bienes que administre, sin perjuicio del derecho del principal contra el factor o dependiente por su culpabilidad en los hechos que dieren lugar a la pena pecuniaria.

La venta mercantil de cosa ajena es válida, y obliga al vendedor a adquirirla y entregarla al comprador, so pena de resarcimiento de daños y perjuicios.

En la venta de una cosa que se tiene a la vista y es designada al tiempo del contrato solo por su especie, no se entiende que el comprador se reserva la facultad de examinarla.

Cuando el comprador de una cosa a la vista se reserva expresamente el examen, sin fijar plazo para hacerlo, la compra se reputa verificada bajo condición suspensiva potestativa; el plazo es de tres días, y se contará desde aquel en que el vendedor requiera al comprador para que verifique el examen; y si el comprador no lo hiciere dentro de el, se tendrá por desistido del contrato.

Cuando las cosas vendidas a la vista sean de las que se acostumbra comprar gustándolas, se entiende que el comprador se reserva el derecho de examinarlas, debiendo hacerlo dentro del plazo fijado en el artículo anterior. En este caso, la reserva encierra la condición suspensiva de si la cosa fuere sana y de regular calidad.

Si el contrato determina simultáneamente la especie y la calidad de la cosa que se vende a la vista, se entiende que la compra ha sido hecha bajo la condición suspensiva de que la cosa sea de la especie y calidad convenidas.

Si al tiempo de entregarse la cosa que ha sido materia del contrato, el comprador pretendiere que la especie y calidad no son conformes con las estipuladas, la cosa será reconocida por peritos.

La compra por orden, de una cosa designada solo por su especie, y que el vendedor debe remitir al comprador, lleva de parte de éste la facultad de resolver el contrato, si la cosa no fuere sana y de regular calidad.

Siendo la cosa designada, a la vez, por su especie y calidad, el comprador tendrá también la facultad de resolver el contrato si la cosa no fuere de la calidad estipulada.

Habiendo desacuerdo entre las partes en los dos casos propuestos, se ordenará que la cosa sea reconocida por peritos.

Cuando la compra fuere pactada sobre muestras, lleva implícita la condición de resolverse el contrato, si las mercaderías no resultaren conformes con las muestras.

Si las mercaderías vendidas están designadas en el contrato solo por su especie, cantidad y calidad, sin otra indicación suficiente para determinar un cuerpo cierto, el vendedor está obligado a entregar la especie en la cantidad y de la calidad prometidas, en el tiempo y lugar convenidos, aunque las mercaderías que tenía a su disposición al tiempo del contrato, o que hubiere adquirido después para cumplirlo, hayan perecido, o por cualquiera causa no le hayan sido expedidas o no le hayan llegado.

La venta de mercaderías que se encuentran en viaje, hecha con designación de la nave que las transporta o debe transportarlas, queda subordinada a la condición de que llegue la nave designada.

Si el vendedor se reserva designar después la nave que transporta o debe transportar las mercaderías vendidas, el contrato no queda perfecto mientras no se haga la designación.

Si se ha fijado plazo para hacerla y ha transcurrido sin haberla hecho, el contrato queda sin efecto.

En ninguno de los casos previstos en este artículo, tiene derecho el comprador a indemnización, si no se ha convenido expresamente.

Si en la venta de mercaderías que están en viaje, se ha fijado un plazo para la llegada de la nave designada en el contrato, y el plazo vence sin que la nave haya llegado, el comprador tiene derecho de resolver el contrato o de prorrogar el plazo una o más veces.

Si no se ha establecido plazo para la llegada de la nave, se entiende convenido el necesario para el viaje.

En caso de retardo, la autoridad judicial puede establecer un plazo según las circunstancias, pasado el cual sin que la nave haya llegado, el contrato se tendrá por resuelto.

En ningún caso puede señalar la autoridad judicial más de un año de plazo, a contar desde el día de la salida de la nave del lugar en que recibió a bordo las mercaderías vendidas.

Si en el curso del viaje, y por causa de fuerza mayor, fueren trasbordadas las mercaderías vendidas, de la nave designada a otra, no se anula el contrato, y la nave a la que se ha hecho el trasbordo se entiende sustituida a la designada para todos los efectos del contrato.

Las averías sufridas durante el viaje resuelven el contrato, si las mercaderías están de tal modo deterioradas que no sirven para el uso a que son destinadas.

En cualquier otro caso de deterioro, el comprador debe recibir las mercaderías en el estado en que se encuentren a su llegada, mediante una justa disminución del precio.

La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no surte efecto alguno.

Pero si tal compra fuere hecha tomando en cuenta los riesgos que corre el objeto vendido, el contrato se reputará puro, si al celebrarlo ignoraba el vendedor la pérdida de este objeto.

La venta de la totalidad de las mercaderías o efectos de un comerciante se hará por escritura pública, bajo pena de nulidad.

A esta venta se aplicarán las disposiciones de los Arts. 344, 345, 346, 347, 348 y 349.

No hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo; pero si la cosa vendida fuere entregada, se presume que las partes han aceptado el precio corriente que tenga en el día y lugar en que se hubiere celebrado el contrato.

Habiendo diversidad de precios en los mismos día y lugar, el comprador deberá pagar el precio medio.

Esta regla es también aplicable al caso en que las partes se refieran al precio que tenga la cosa en tiempo y lugar diversos del tiempo y lugar del contrato.

Si el tercero a quien se ha confiado el señalamiento del precio, no lo señalare, sea cual fuere el motivo, y el objeto vendido hubiere sido entregado, el contrato se llevará a ejecución por el que tuviere la cosa el día de su celebración, y en caso de variedad de precios, por el precio medio.

Si la venta se hubiere contratado por el precio que otro ofreciere, el comprador, en el acto de ser requerido por el vendedor, podrá, o llevarla a efecto, o desistir de la compra; pero si pasaren tres días desde el contrato sin que el vendedor haga el requerimiento, el contrato quedará sin efecto, a menos que el comprador hubiere recibido los efectos vendidos; pues en tal caso deberá pagar el precio que tuvieren el día en que los recibió.

La pérdida, deterioro o mejora de la cosa, después de perfeccionado el contrato, es de cuenta del comprador, salvo el caso de estipulación en contrario, o de que la pérdida o deterioro haya ocurrido por fraude o culpa del vendedor o por vicio interno de la cosa vendida.

Aunque la pérdida o deterioro, superveniente a la perfección del contrato, provenga de caso fortuito, será de cargo del vendedor:

1. Cuando el objeto vendido no sea un cuerpo cierto y determinado con marcas, números o cualesquiera otras señales que establezcan su identidad y la diferencia de otro de la misma especie;

2. Si, teniendo el comprador, por la convención, el uso o la Ley, la facultad de examinar y probar la cosa, pereciere ésta, o se deteriorare antes que el comprador manifieste quedar contento con ella;

3. Cuando las mercaderías, debiendo ser entregadas por peso, número o medida, perecieren o se deterioraren antes de pesarse, contarse o medirse, a no ser que fueren compradas a la vista y por un precio determinado, o que el comprador hubiere incurrido en mora dejando de concurrir al peso, numeración o medida.

   Esta regla se aplicará también a la venta alternativa de dos o más cosas fungibles que deben ser entregadas por número, peso o medida;

4. Siempre que la venta se hubiere verificado a condición de no entregarse la cosa hasta vencido el plazo determinado, o hasta que se encuentre en estado de ser entregada con arreglo a la estipulación del contrato;

5. Si estando dispuesto el comprador a recibir la cosa, el vendedor incurriere en mora de entregarla, a no ser que hubiere debido perecer igualmente en poder del comprador, si éste la hubiere recibido;

6. Si en las obligaciones alternativas pereciere fortuitamente una de las cosas vendidas.

   Pereciendo todas, y una de ellas por hecho del vendedor, éste deberá el precio corriente de la última que pereció, siempre que le corresponda la elección.

   Si la elección no perteneciere al vendedor, y una de las cosas hubiere perecido por caso fortuito, el comprador deberá contentarse con la que exista; más, si hubiere perecido por culpa del vendedor, podrá exigir la entrega de la existente o el precio de la pérdida.

Perfeccionado el contrato, el vendedor debe entregar las cosas vendidas en el plazo y lugar convenidos.

No estando señalado el plazo, el vendedor deberá tener las mercaderías vendidas a disposición del comprador, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la celebración del contrato.

A falta de designación del lugar para la entrega, ésta se hará en el lugar donde existan las mercaderías al tiempo de perfeccionarse la compraventa.

Si las mercaderías vendidas no hubiesen sido individualizadas, el vendedor cumplirá su obligación entregándolas sanas y de regular calidad.

El vendedor esta obligado a sanear las mercaderías vendidas y a responder de los vicios ocultos que contengan, conforme a la reglas establecidas por el código civil, en el título "de la compraventa".

La acción redhibitoria prescribe en seis meses, contados desde el día de la entrega real. Para las mercaderías despachadas al extranjero, prescribe en un año.

La existencia de los vicios ocultos se prueba por los medios admitidos en el lugar a que han sido destinadas las mercaderías vendidas.

Entregadas las mercaderías vendidas al comprador, éste no será oído en las reclamaciones sobre defecto de calidad o falta de cantidad, siempre que las hubiere examinado al tiempo de la entrega y recibido sin reserva.

Cuando las mercaderías fueren entregadas en fardos o bajo cubierta que impidan su reconocimiento, y el comprador hiciere formal y expresa reserva de reclamación, podrá reclamar en los ocho días inmediatos al de la entrega las faltas de cantidad o defectos de calidad, acreditando, en el primer caso, que los cabos de las piezas se encuentran intactos, y en el segundo, que las averías o defectos son de tal especie que no han podido ocurrir en sus almacenes por caso fortuito, ni ser causados dolosamente sin que aparecieren vestigios del fraude.

El vendedor puede exigir en el acto de la entrega que se haga el reconocimiento íntegro en calidad y cantidad y en este caso no habrá lugar a reclamación después de entregadas las mercaderías.

Si en el tiempo que medie entre la fecha del contrato y el momento de la entrega, hubieren disminuido las facultades del comprador, el vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida, aún cuando haya dado plazo para el pago del precio, si no se rindiere fianza que le de una seguridad satisfactoria.

La entrega de la cosa vendida se hará por alguno de los medios prescritos en el código civil, y además:

1. Por el envío que de ella haga el vendedor al comprador, a su domicilio o a otro lugar convenido en el contrato; a menos que la remita a un agente suyo con orden de no entregarla hasta que el comprador pague el precio;

2. Por la trasmisión del conocimiento, carta de porte o factura, en los casos de venta de mercaderías que están en tránsito;

3. Por el hecho de poner su marca el comprador, con el consentimiento del vendedor, a las cosas compradas; y,

4. Por la transmisión del certificado de depósito de mercancías depositadas en Almacenes Generales de Depósito.

Mientras el comprador no traslade las mercaderías, el vendedor es responsable de culpa lata o dolo en la custodia y conservación de aquellas.

Estando las mercaderías, aunque sea por vía de depósito, en poder del vendedor, éste podrá retenerlas hasta el entero pago del precio y los intereses correspondientes. Si la venta fuere a plazo, y el comprador prefiere la devolución de la parte de dinero que hubiere dado, le será devuelta sin más reclamo.

Si, después de perfeccionada la venta, el vendedor consume, altera, o enajena y entrega a otro las mercaderías vendidas, deberá entregar al comprador otras equivalentes en especie, calidad y cantidad, o, en su defecto, abonarle su valor a juicio de peritos, con indemnización de perjuicios.

Rehusando el comprador, sin justa causa, la recepción de las mercaderías compradas, el vendedor podrá solicitar la resolución de la venta con indemnización de perjuicios, o el pago del precio con los intereses legales, poniendo las mercaderías a disposición del juzgado correspondiente para que ordene su depósito y venta en subasta, por cuenta del comprador.

El vendedor podrá igualmente solicitar el depósito siempre que el comprador retarde la recepción de las mercaderías, y, en este caso, serán de cargo del último los gastos de traslación de las mercaderías al depósito y de su conservación en él.

No entregando el vendedor, dentro del plazo estipulado, las mercaderías vendidas, el comprador podrá solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y en uno u otro caso la reparación de los perjuicios que hubiere sufrido.

El comprador que contratare en conjunto una determinada cantidad de mercaderías, no está obligado a recibir una porción de ellas bajo promesa de que se le entregará posteriormente lo restante.

Pero si el comprador aceptare las entregas parciales, la venta se tendrá por consumada en cuanto a las porciones recibidas, aún cuando el vendedor no le entregue las restantes.

En este caso, el comprador podrá compeler al vendedor a que cumpla íntegramente el contrato, o a que le indemnice los perjuicios que le cause el cumplimiento imperfecto.

El comprador tiene derecho a exigir del vendedor que le entregue una factura de las mercaderías vendidas, y que ponga al pie de ella el recibo del precio total o de la parte que se le hubiere entregado.

No reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

Las facturas comerciales que contengan una orden incondicional de pago, cuya aceptación sea suscrita por el comprador de bienes o su delegado, con la declaración expresa de que los ha recibido a su entera satisfacción, se denominarán "facturas comerciales negociables" y tendrán la naturaleza y el carácter de títulos valor, en concordancia con lo establecido en los artículos 2 y 233 de la Ley de Mercado de Valores. Les serán aplicables las disposiciones relativas al pagaré a la orden, en cuanto no sean incompatibles con su naturaleza.

Las facturas podrán emitirse en forma desmaterializada o en títulos físicos. Las facturas comerciales negociables emitidas en títulos físicos se extenderán en tres ejemplares de los cuales, el original es para el adquirente de los bienes. La primera y la segunda copia serán para el vendedor, siendo la única transferible la primera copia. Tanto el original como la segunda copia llevarán impresa la frase de "no negociable". En este caso, para su presentación al cobro y pago, deberá presentarse obligatoriamente la primera copia.

Estas facturas negociables serán transferidas por endoso, en los términos de esta Ley, sin necesidad de notificación al deudor o aceptación de este.

El endosatario no asumirá las obligaciones de saneamiento que correspondan al vendedor de los bienes.

Solo la primera copia podrá ser utilizada para el cobro mediante la vía ejecutiva.

La factura negociable que haya sido aceptada y que contenga todos los requisitos establecidos en las normas tributarias y esta Ley, constituirá título ejecutivo y prueba plena de la obligación y de los derechos en ella contenidos.

La factura negociable que constituye título ejecutivo deberá contener, a más de los requisitos establecidos por la normativa tributaria, los siguientes:

1. La denominación "factura negociable" inserta en su texto;

2. El número de orden del título librado, el que corresponderá al número de serie y secuencia consignado en la factura;

3. La fecha de pago y el lugar donde debe efectuárselo. Si se estableciere el pago por cuotas, se indicará el número de cuotas, el vencimiento de las mismas y la cantidad a pagar por cada una de ellas, así como el saldo insoluto;

4. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero;

5. La especificación clara, en números y letras del monto a pagar y la moneda en que se lo hará; y,

6. La firma del girador o librador y del aceptante u obligado o sus respectivos delegados.

El vencimiento en este tipo de facturas no podrá ser otro que los vencimientos permitidos para la letra de cambio, siendo nulas las facturas que contengan vencimientos distintos.

Adicionalmente, se incorporará en el reverso del documento información sobre los endosos con los requisitos de identificación de los endosantes y endosatarios con sus números de cédula o RUC y su razón social.

El deudor deberá pagar la obligación a la sola presentación de la primera copia de la factura a la que hace referencia esta Ley, en la forma y según los vencimientos establecidos en la misma, siempre que reúnan los requisitos establecidos en esta Ley y haya sido aceptada por el adquirente de los bienes.

Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los endosatarios de las mismas.

Se prohíbe todo acuerdo, convenio, estipulación o actuación de cualquier naturaleza que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de un crédito que conste en una factura con las características antes señaladas.

Facúltase al Consejo Nacional de Valores para determinar regulaciones en esta materia.

Las compañías de comercio podrán dedicarse de manera exclusiva a la realización profesional y habitual de operaciones de factoring y sus operaciones conexas, de conformidad con las regulaciones que para el efecto emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

La demora en el pago del precio de la cosa comprada desde que deba verificarse, según los términos del contrato, constituye al comprador en obligación de pagar el rédito mercantil de la cantidad que adeuda al vendedor.

El transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico, o mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas.

Llamase porteador el que contrae la obligación de conducir. El que hace la conducción por agua, toma el nombre de patrón o barquero.

Denomínase cargador, remitente o consignante el que, por cuenta propia o ajena, encarga la conducción.

Se llama consignatario la persona a quien se envían las mercaderías. Una misma persona puede ser, a la vez, cargador y consignatario.

La cantidad que el cargador se obliga a pagar por la conducción, se llama porte.

El que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías, por sus dependientes asalariados y en vehículos propios, o que se hallen a su servicio, se llama empresario de transporte, aunque algunas veces ejecute el transporte por sí mismo.

Aunque el transporte imponga la obligación de hacer, el que se obliga a conducir personas o mercaderías puede, bajo su responsabilidad, encargar la conducción a un tercero.

En este caso, el que primitivamente ha tomado sobre si la obligación de conducir, conserva su carácter de porteador respecto del cargador con quien ha tratado, y toma el carácter de cargador respecto del que efectivamente haga la conducción de las personas o mercaderías.

El transporte es resoluble a voluntad del cargador, antes o después de comenzado el viaje: en el primer caso, el cargador pagará al porteador la mitad, y en el segundo la totalidad del porte estipulado.

Es también resoluble, de parte de ambos contratantes, por la superveniencia de un suceso que impida emprender el viaje, como pérdida de los efectos, declaración de guerra, prohibición de comerciar, interceptación de caminos por tropas enemigas, u otros acontecimientos análogos.

En cualquiera de estos casos, la resolución se verifica sin indemnización, y cada una de las partes sufre las pérdidas de sus aprestos y los perjuicios que le cause la resolución.

Las disposiciones del presente título son obligatorias a toda clase de porteadores, cualquiera que sea la denominación que vulgarmente se les aplique, inclusive las personas que se obliguen ocasionalmente a conducir pasajeros o mercaderías.

Hay empresarios particulares y empresarios públicos de transporte.

Son empresarios particulares los que, ejerciendo la industria de conductor, no han ofrecido al público sus servicios, y se encargan libremente de la conducción de personas o mercaderías a precios convenidos.

Son empresarios públicos los que tienen anunciado y abierto al público un establecimiento de conducciones, y las ejecutan en los períodos, por el precio y las condiciones que prefijan sus anuncios.

Llamase carta de porte el documento que las partes otorgan para acreditar la existencia y las condiciones del contrato y la entrega de las mercaderías al porteador.

Los remitentes de mercaderías, los comisionistas de transporte y los porteadores pueden exigir mutuamente, como comprobante de su convenio, una carta de porte, fechada y firmada, que se extenderá por duplicado y que expresará:

1. El nombre, apellido y domicilio del cargador, del porteador y del consignatario;

2. La naturaleza, cantidad y marca de los objetos que se remiten; 3. El lugar en que debe hacerse la entrega;

4. El plazo en que ella ha de efectuarse; 5. El precio de la conducción; y,

6. La indemnización a cargo del porteador por algún retardo, si se pactare, y cualesquier otros pactos y condiciones que acordaren los contratantes.

La carta de porte puede ser nominativa, a la orden, o al portador.

La omisión de alguna de las precedentes enunciaciones puede suplirse con cualquiera especie de prueba.

Pero en ningún caso podrá el cargador hacer responsable al porteador, de pérdidas o averías de efectos que no se han expresado en la carta de porte, ni pretender que los efectos expresados en ella, tenían una calidad superior a la enunciada.

El cesionario, endosatario o portador de la carta de porte se subroga en todas las obligaciones y derechos del cargador.

La omisión de alguna de las enunciaciones que prescribe el art. 212, no destruye el mérito probatorio de la carta de porte, y las designaciones omitidas podrán ser suplidas por cualquiera especie de prueba legal.

No se admitirán contra el tenor de la carta de porte otras excepciones que las de falsedad, omisión y error involuntario.

A falta de carta de porte, la entrega de la carga hecha por el cargador al porteador, podrá justificarse por cualquier medio probatorio.

El cargador está obligado a entregar las mercaderías al porteador bien acondicionadas y en el tiempo y lugar convenidos, y a suministrarle los documentos necesarios para el libre tránsito o pasaje de la carga.

No habiendo carta de porte, o no enunciándose en ella el estado de las mercaderías, se presume que han sido entregadas al porteador sanas y en buena condición.

No verificándose la entrega de los efectos en el tiempo y paraje convenidos, podrá el porteador solicitar la resolución del contrato y el pago de la mitad del porte estipulado; pero si prefiriese llevar a cabo la conducción, el cargador deberá pagarle el aumento de costos que le ocasionare el retardo de la entrega.

Los comisos, multas y, en general, todos los daños y perjuicios que sufriere el porteador por estar desprovisto de los documentos indispensables para el expedito pasaje de las mercaderías, serán de la exclusiva responsabilidad del cargador.

Las mercaderías se transportan a riesgo y ventura de la persona que invistiere el cargo de propietario de ellas; y, por consiguiente, serán de su cuenta las pérdidas y averías que sufran durante la conducción, por caso fortuito, fuerza mayor o vicio propio de las mismas mercaderías.

Son casos de fuerza mayor los accidentes adversos que no pueden preveerse ni impedirse por la prudencia y los medios propios de los hombres de la profesión respectiva.

Pero es responsable el porteador:

1. Si un hecho o culpa suya hubiere contribuido al advenimiento del caso fortuito;

2. Si no hubiere empleado toda la diligencia y pericia necesarias para hacer cesar o atenuar los efectos del accidente o avería; y,

3. Si en la carga, conducción o guarda de las mercaderías no hubiere puesto la diligencia y el cuidado que acostumbran los porteadores inteligentes y precavidos.

Aún cuando el cargador no sea propietario de las mercaderías, sufrirá las pérdidas y averías de ellas, siempre que en la redacción de la carta de porte les hubiere atribuido una distinta calidad genérica de la que realmente tuvieren.

En ningún caso podrá el cargador hacer responsable al porteador de las pérdidas o averías que sufrieren los efectos que no se han expresado en la carta de porte; ni pretender que los efectos expresados en la carta tenían una calidad superior a la enunciada en ella.

Sin embargo de lo dispuesto en el precedente artículo, las pérdidas, faltas o averías serán de cuenta del porteador, si hubieren ocurrido por infidelidad o dolo de su parte, sin perjuicio de la aplicación de las penas correspondientes al delito.

El cargador puede variar el destino y consignación de las mercaderías mientras estuvieren en camino; y el porteador deberá cumplir la orden que para este efecto recibiere, con tal que al impartírsela se le devuelva el duplicado de la carta de porte.

Cumpliendo la orden sin este requisito, el porteador será responsable de los daños y perjuicios que acredite la persona damnificada por el cambio de destino o consignación.

Si la variación de destino exigiere el cambio de ruta o un viaje más largo y dispendioso, el cargador y el porteador acordarán la alteración que haya de hacerse en el porte estipulado; y en defecto de acuerdo, el porteador cumplirá su obligación entregando las mercaderías en el lugar que designe el contrato.

Si el valor de las mercaderías fuere insuficiente para cubrir el porte y los gastos de conservación, y por este motivo no quisiere recibirlas el consignatario, el cargador deberá pagarlos.

Salvo lo dispuesto en el art. 35, numeral 7), de la constitución política, el cargador tiene preferencia sobre todos los acreedores del porteador, para ser pagado del importe de la indemnización a que tenga derecho por causa de retardo, pérdidas, faltas o averías, con el valor de las bestias, carruajes, barcas, aparejos y demás instrumentos principales o accesorios del transporte.

El porteador está obligado a recibir las mercaderías en el tiempo y lugar convenidos, a cargarlas según el uso de personas inteligentes, y a emprender y concluir el viaje en el plazo y por la ruta que señale el contrato.

La violación de cualquiera de estos deberes impone al porteador la responsabilidad de todos los daños y perjuicios causados al cargador.

No habiendo plazo prefijado para cargar las mercaderías, el porteador deberá recibirlas y conducirlas en el primer viaje que emprenda al lugar a que fueron destinadas.

Si la ruta no estuviere designada, el porteador podrá elegir, habiendo dos o más, la que mejor le acomode, con tal que la elegida se dirija vía recta al punto en que deba entregar las mercaderías.

La variación voluntaria de la ruta convenida hace responsable al porteador, tanto de las pérdidas, faltas o averías, sea cual fuere la causa de que provengan, como de la multa que se hubiere estipulado.

Si después de comenzado el viaje, sobreviniere un accidente de fuerza mayor que impida continuarlo, el porteador podrá resolver el contrato, o continuar el viaje tan pronto como se haya removido el obstáculo, por otra ruta o por la designada.

Elegida la resolución, podrá depositar la carga en el lugar más inmediato al de su destino o retornarla al de su procedencia, cobrando el porte en proporción al recorrido, tanto de ida como de vuelta; no pudiendo exceder, en ningún caso, del porte íntegro.

Si la ruta que tomare fuere más larga y dispendiosa que la primitiva, el porteador tendrá derecho a aumento de porte; pero si después de allanado el obstáculo continuare el viaje por la ruta primitiva, no podrá exigir indemnización alguna por el retardo sufrido.

El porteador es responsable de todas las infracciones de las leyes, ordenanzas y reglamentos que cometiere, tanto en el curso del viaje, como en la entrada al lugar del destino de las mercaderías.

Si la infracción hubiere sido formalmente ordenada por el cargador o el consignatario, el porteador tendrá recurso contra éstos, por la responsabilidad civil a que hubiere sido condenado.

Contratado un vehículo para que vaya de vacío con el exclusivo objeto de cargar mercaderías de un lugar determinado a otro, el porteador tendrá derecho al porte estipulado, aunque no verifique la conducción, si justificare que el cargador o su comisionista no le han entregado las mercaderías ofrecidas, y que a pesar de sus diligencias no ha conseguido otra carga para el lugar de su destino.

Pero si condujere carga en el viaje de regreso, solo podrá cobrar al cargador primitivo la cantidad que falte para cubrir el porte estipulado con el.

El porteador está obligado a la custodia y conservación de las mercaderías, en la misma forma que el depositario remunerado.

La responsabilidad del porteador principia desde el momento en que las mercaderías quedan a su disposición o a la de sus dependientes, y concluye con la entrega hecha a satisfacción del consignatario.

El porteador no tiene derecho para investigar el título con el que el consignatario reciba las mercaderías que transporte, y debe entregarlas sin demora, ni entorpecimiento alguno, por el sólo hecho de estar designado en la carta de porte para recibirlas. De no hacerlo, se constituye responsable de todos los perjuicios que por la demora se causen al propietario.

Si la carta de porte hubiere sido cedida o negociada, la entrega de las mercaderías se hará al cesionario, al endosatario o al portador, en su caso.

Si las indicaciones de la carta de porte fueren insuficientes para descubrir al consignatario, o si el porteador no encontrare a la persona a quien van destinados los objetos, ni a sus representantes o dependientes, o si en el acto de recibirlos se suscitaren cuestiones por diferencias o averías; el porteador solicitará del juez respectivo que ordene el reconocimiento pericial y, en su caso, el depósito y la venta de la parte de ellos que baste a cubrir el precio del transporte.

Recibiendo mercaderías encajonadas, enfardadas, embarricadas o embaladas, el porteador cumple con entregar los cajones, fardos, barricas o balas sin lesión alguna exterior.

En estos casos, el porteador podrá exigir al consignatario la apertura y reconocimiento de los bultos en el acto de la recepción; y si éste rehusare u omitiere la diligencia requerida, el porteador quedará exento, por este sólo hecho, de toda responsabilidad que no provenga de fraude o infidelidad.

No está obligado el porteador a entregar las mercaderías al peso, por cuenta o medida, salvo que en la carta de porte se exprese que las ha recibido en alguna de estas formas.

Cesa, no obstante, en este caso, la obligación del porteador, si el remitente hubiere puesto un sobrecargo o guarda de vista que vigile la conservación de las mercaderías.

Estipulada una multa por el retardo, el consignatario podrá hacerla efectiva por el mero hecho de la demora, y sin necesidad de acreditar perjuicios, deduciendo su importe del precio convenido.

El pago de la multa no exonera al porteador de la obligación de indemnizar los perjuicios que el interesado en el arribo de las mercaderías hubiere sufrido, por efecto directo o inmediato del retardo.

El porteador responde de la culpa leve en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el transporte.

Se presume que la pérdida, avería o retardo ocurre por culpa del porteador.

La indemnización de las pérdidas y averías, a cargo del porteador, se regula por el valor de los objetos en el lugar a que van destinados, y en la fecha en que debe hacerse la entrega.

Si al recibo de las mercaderías, éstas resultaren tan averiadas que queden inútiles para el destino que tuvieren, el consignatario podrá dejarlas por cuenta del porteador y exigir su valor en los términos del artículo precedente.

Si la avería solo hubiere causado disminución en el valor de las mercaderías, el consignatario deberá recibirlas, cobrando al porteador el importe del menoscabo.

Si en las mercaderías averiadas se hallaren alguna piezas enteramente ilesas, el consignatario deberá recibirlas, salvo que fueren de las que componen un juego.

Pasadas veinticuatro horas de la entrega de las mercaderías, el porteador puede cobrar el porte convenido y las expensas que hubiere hecho para la conservación de ellas.

No obteniendo el pago, podrá solicitar el depósito y venta, en subasta, de las que considere suficientes para cubrir su crédito.

Salvo lo dispuesto en el art. 35, numeral 7), de la constitución política, tienen privilegio sobre todos los demás acreedores los porteadores y comisionistas de transporte sobre los objetos transportados, por el precio de su transporte y por los gastos legítimos hechos en las mercaderías o por causa de ellas.

Este privilegio cesa:

1. Si las mercaderías hubiesen pasado a tercer poseedor, por título legítimo, después de transcurridos tres días desde la entrega; y,

2. Si dentro de los treinta días siguientes a la entrega, el porteador no hiciere uso de su derecho, aunque las mercaderías no hayan pasado a tercer poseedor.

En ambos casos, sólo queda a los porteadores el derecho de simples acreedores personales.

La responsabilidad del porteador, por pérdidas, desfalco o averías, se extingue:

1. Por la recepción de las mercaderías y el pago del porte y gastos, salvo que cualquiera de estos actos fuere ejecutado bajo la competente reserva.

   El canje del original de las cartas de porte prueba la recepción de las mercaderías y el pago de porte y gastos;

2. Si el consignatario recibiere los bultos que presenten señales exteriores de faltas o averías, y no protestare en el acto, usando de su derecho;

3. Si, notándose sustracción o daño al tiempo de abrir los bultos, el consignatario no hiciere reclamación alguna dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción; y,

4. Por la prescripción de seis meses en las expediciones realizadas dentro de la República, y de un año en las dirigidas a territorio extranjero.

   En caso de pérdida, la prescripción principiará a correr desde el día en que debieron ser entregadas las mercaderías y, en el de avería, desde la fecha de entrega.

Las disposiciones del artículo precedente se refieren exclusivamente a las responsabilidades provenientes del mero hecho o culpa del porteador.

Las que nazcan de infracción que constituya delito, solo se extinguen por el vencimiento de los plazos que establece el Código Penal.

El consignatario debe:

1. Otorgar al porteador recibo de las mercaderías que éste le entregare, siempre que por no existir carta de porte no pudieren canjearse el original y el duplicado; y,

2. Pagar el porte y gastos dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercaderías.

Son empresarios públicos de transporte los que tienen anunciado y abierto al público un establecimiento de conducción de mercaderías o pasajeros, para ejecutarla en los períodos, por el precio y con las condiciones que prefijan sus anuncios.

Las disposiciones de la sección precedente son aplicables a los empresarios públicos de transporte, en cuanto no se opongan a las especiales contenidas en esta sección y a los reglamentos que dicte la autoridad competente para regularizar el ejercicio de su industria.

El transporte de pasajeros o mercaderías se entiende ajustado bajo las condiciones que contengan los reglamentos públicos y los anuncios de la empresa, sin perjuicio del derecho de las partes para agregar otras.

Los conductores de carruajes o caballerías, los jefes de estación y los patrones de barco pueden recibir pasajeros y efectos durante el viaje, y recibiéndolos imponen al empresario todas las obligaciones concernientes al porteador.

Pero si en el tránsito hubiere oficinas encargadas de la recepción e inscripción, solo ellas podrán admitir pasajeros y recibir carga.

Los empresarios públicos están obligados:

1. A llevar un registro en que asienten, por orden progresivo de números, el dinero, efectos, cofres, valijas y paquetes que conduzcan;

2. A dar a los pasajeros billetes de asiento, o a otorgar recibos o conocimientos de los objetos que se les entreguen para transportar; y,

3. A emprender y concluir sus viajes en los días y horas que fijaren sus anuncios, aún cuando no estén tomados todos los asientos, ni tengan los efectos necesarios para completar la carga.

Los empresarios deben hacer los asientos en sus registros aún cuando el viajero o cargador se oponga a ello.

El pasajero o cargador estará obligado a declarar, a requerimiento del empresario, de sus agentes o factores, el contenido de los paquetes, cofres o bultos, cualquiera que sea.

Los pasajeros no están obligados a hacer registrar los sacos de noche, valijas o maletas que, según costumbre, no pagan porte; pero si los entregan a los conductores en los momentos de la partida, los empresarios quedan obligados a la restitución.

En caso de pérdida de los objetos entregados a los empresarios, a sus agentes o factores, el pasajero o cargador deberá acreditar su entrega e importe.

Si la prueba fuere imposible o insuficiente para fijar el valor de los objetos perdidos, se diferirá al juramento del pasajero o cargador acerca de este sólo punto.

Después de prestado el juramento, el juez determinará prudencialmente la cantidad que deban pagar los empresarios, por vía de indemnización, atendidas la condición y moralidad del reclamante, su posibilidad pecuniaria y las circunstancias especiales del caso.

Los empresarios no serán responsables del dinero, alhajas, documentos o efectos de gran valor que contengan los cofres, paquetes o cajones transportados, si al tiempo de la entrega no se hubiere declarado su contenido.

Los billetes impresos que entreguen los empresarios con cláusulas limitativas de su responsabilidad a una determinada cantidad, no los eximen de indemnizar, con arreglo a los artículos precedentes, las pérdidas sufridas por los pasajeros y cargadores.

Pueden ser excluidos de la compañía:

1. El socio administrador que se sirve de la firma o de los capitales sociales en provecho propio; o que comete fraude en la administración o en la contabilidad; o se ausenta y, requerido, no vuelve ni justifica la causa de su ausencia;

2. El socio que se ingiere en la administración sin estar autorizado por el contrato de compañía;

3. El socio que, constituido en mora, no hace el pago de su cuota social;

4. El socio que quiebra; y,

5. En general, los socios que faltan gravemente al cumplimiento de sus obligaciones sociales.

El socio excluido no queda libre del resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiere causado.

Por la exclusión de un socio no se acaba la sociedad.

El socio excluido queda sujeto a las pérdidas hasta el día de la exclusión. La compañía puede retener sus utilidades hasta la formación del balance.

También queda obligado a terceros por las obligaciones que la compañía contraiga hasta el día en que el acto o la sentencia de exclusión sea registrada y fijada en la Oficina de Inscripciones del cantón.

La letra de cambio contendrá:

1. La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del documento y expresada en el idioma empleado para la redacción del mismo. Las letras de cambio que no llevaren la referida denominación, serán, sin embargo, válidas, si contuvieren la indicación expresa de ser a la orden;

2. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada; 3. El nombre de la persona que debe pagar (librado o girado); 4. La indicación del vencimiento;

5. La del lugar donde debe efectuarse el pago;

6. El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago; 7. La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra; y,

8. La firma de la persona que la emita (librador o girador).

El documento en el cual faltaren algunas de las especificaciones indicadas en el artículo que antecede, no es válido como letra de cambio, salvo en los casos determinados en los párrafos que siguen:

La letra de cambio en la que no se indique el vencimiento será considerada como pagadera a la vista.

A falta de indicación especial, la localidad designada junto al nombre del girado se considerará como el lugar en que habrá de efectuarse el pago y, al mismo tiempo, como el domicilio del girado.

La letra de cambio en que no se indique el lugar de su emisión, se considerará como suscrita en el lugar expresado junto al nombre del girador.

La letra de cambio puede girarse a la orden del propio librador. Puede girarse contra el librador mismo.

Puede girarse por cuenta de un tercero.

Una letra de cambio puede ser pagadera en el domicilio de una tercera persona, sea que ésta se halle en el mismo lugar del domicilio del girado, o en otro lugar cualquiera (letra de cambio domiciliada).

En una letra de cambio pagadera a la vista o a cierto plazo de vista, el librador podrá estipular que la suma devengará intereses. En cualquiera otra letra de cambio, esa estipulación será considerada como no escrita.

La tasa del interés deberá estar indicada en la letra; si faltare esa indicación, será de cinco por ciento.

Los intereses correrán desde la fecha de la emisión de la letra de cambio, a no ser que en la misma esté indicada otra fecha.

La letra de cambio cuyo monto esté escrito a la vez en letras y en cifras valdrá, en caso de diferencia, por la suma escrita en letras.

La letra de cambio cuyo monto esté escrito varias veces ya sea en letras o en cifras no valdrá, en caso de diferencia, sino por la suma menor.

Si una letra de cambio llevare la firma de personas incapaces de obligarse, ésto no afectará la validez de las obligaciones contraídas por los demás signatarios.

Quienquiera que ponga su firma en una letra de cambio, en representación de una persona de quien no tenga poder, quedará obligado personalmente según los términos de la letra. Este artículo es aplicable al representante que se haya extralimitado en el uso de sus poderes.

El girador garantiza la aceptación y el pago.

Puede exonerarse de la garantía de la aceptación, pero toda cláusula por la cual se exonere de la garantía del pago se estimará no escrita.

Toda letra de cambio, aún cuando no haya sido girada expresamente a la orden, es transmisible por la vía de endoso.

Cuando el girador haya insertado en la letra de cambio las palabras "no a la orden", o una expresión equivalente, el documento solo será transmisible en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria.

El endoso podrá hacerse aún en provecho del girado aceptante o no, del girador o de cualquiera otra persona obligada por la misma letra. Esas personas podrán, a su vez, endosar la letra.

El endoso deberá ser incondicional. Toda condición a la cual esté subordinado se reputará como no escrita.

El endoso parcial será nulo.

Será igualmente nulo el endoso "al portador".

El endoso deberá ir escrito en la letra de cambio o en una hoja adherida a la misma (añadido). Deberá ser firmado por el endosante.

El endoso será válido aún cuando en el no se designe la persona a cuyo favor se haga, o cuando el endosante se hubiera limitado a poner su firma en el dorso de la letra o en una hoja adherida a la misma (endoso en blanco).

El endoso trasmite todos los derechos que resultan de la letra de cambio.

Si el endoso estuviere en blanco el portador podrá:

1. Llenar el blanco, sea con su nombre o con el de otra persona; 2. Endosar a su vez la letra en blanco a otra persona; y,

3. Entregar la letra a un tercero sin llenar el blanco y sin endosarla.

El endosante será, salvo cláusula contraria, garante de la aceptación y el pago.

Podrá prohibir un nuevo endoso. En tal caso, no estará obligado a la garantía para con las personas a quienes se endosare ulteriormente la letra.

Cualquier poseedor de una letra de cambio se considerará como portador legítimo de la misma si justifica su derecho por una serie no interrumpida de endosos, aún cuando el último de ellos sea en blanco. Cuando un endoso en blanco vaya seguido de otro endoso, se considerará que el firmante de éste ha adquirido la letra por el endoso en blanco.

Los endosos testados se considerarán nulos.

Si una persona hubiere sido desposeída de una letra de cambio por un acontecimiento cualquiera, el portador que justifique su derecho en la forma indicada en los incisos anteriores, no estará obligado a entregarla sino en caso de haberla adquirido de mala fe o si, al adquirirla, hubiere incurrido en culpa grave.

Las personas demandadas en virtud de una letra de cambio no podrán oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el girador o con los portadores anteriores, a no ser que la transmisión de la letra hubiere sido el resultado de un acuerdo fraudulento.

Cuando el endoso contenga la expresión "valor en cobro", "para cobrar", "por procuración", o cualquiera otra fórmula que implique un simple mandato, el portador podrá ejercer todos los derechos que se deriven de la letra de cambio, pero solo podrá endosarla a título de procuración.

En este caso los obligados solo podrán invocar contra el portador las excepciones que podrían oponerse al endosante.

Cuando un endoso contenga la expresión "valor en garantía", "valor en prenda", o cualquiera otra fórmula que implique fianza, el portador podrá ejercer todos los derechos que se deriven de la letra de cambio, pero el endoso hecho por el, solo será válido en calidad de procuración.

Los obligados no podrán invocar contra el portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el endosante, a no ser que el endoso fuere el resultado de un acuerdo fraudulento.

El endoso posterior al vencimiento producirá los mismos efectos que un endoso anterior. Sin embargo, el endoso posterior al protesto por falta de pago o hecho después de la expiración del plazo fijado para levantarlo, solo producirá los efectos de una cesión ordinaria.

La letra de cambio podrá ser, hasta el vencimiento, presentada para su aceptación al girado, en el lugar de su domicilio por el portador o aún por un simple poseedor.

El girador podrá estipular en toda letra de cambio que ésta deberá ser presentada para su aceptación, y podrá, además, fijar o no plazo para la presentación.

Podrá prohibir en la letra la presentación a la aceptación, a no ser que se trate de una letra de cambio domiciliada o girada a cierto plazo de vista.

Podrá también estipular que la presentación a la aceptación no deba efectuarse antes de una fecha determinada.

Todo endosante podrá estipular que la letra deberá ser presentada para su aceptación, fijando o no plazo para ello, a menos que el librador haya declarado que dicha letra no está sujeta a aceptación.

Toda letra de cambio girada a cierto plazo de vista deberá ser presentada para su aceptación dentro de seis meses de su fecha.

El girador podrá abreviar este último plazo o estipular uno más largo. Los endosantes podrán abreviar estos plazos.

El portador no tendrá obligación de dejar en manos del girado la letra presentada a la aceptación.

El girado podrá pedir que se le haga una segunda presentación al día siguiente de la primera. Los interesados no podrán alegar que no se accedió a su petición, sino en el caso de que ésta se halle mencionada en el protesto.

La aceptación se escribirá en la letra de cambio. Se expresará por la palabra "aceptada" u otra equivalente, y deberá estar firmada por el girado. La simple firma del girado puesta en la cara anterior de la letra equivaldrá a la aceptación.

Cuando la letra sea pagadera a cierto plazo de vista, o cuando deba ser presentada a la aceptación dentro de un plazo determinado en virtud de una estipulación especial, la aceptación deberá llevar la fecha en que se haya efectuado, a no ser que el portador exija que lleve la fecha del día de la presentación. A falta de fecha, el portador, para conservar sus derechos de recurso contra los endosantes y contra el girador, hará constar esta omisión por medio de un protesto levantado a tiempo.

La aceptación será incondicional, pero podrá limitarse a una parte del importe de la letra.

Cualquiera otra modificación que la aceptación haga a los términos de la letra de cambio, equivaldrá a rehusar la aceptación. Sin embargo, el aceptante queda obligado en los términos de su aceptación.

Cuando el girador haya indicado en la letra de cambio un lugar de pago que no sea el del domicilio del girado, sin designar la persona que deba pagarla, la aceptación indicará la persona que habrá de efectuar el pago. A falta de esta indicación, el aceptante se reputará obligado a pagar el mismo en el lugar del pago.

Si la letra es pagadera en el domicilio del girado, éste podrá, al aceptar, indicar una dirección del mismo lugar donde deba efectuarse el pago.

Por la aceptación, el girado se obliga a pagar la letra de cambio a su vencimiento.

A falta de pago, el portador, aún cuando el mismo sea el girador, tiene contra el aceptante una acción directa que resulta de la letra de cambio para todo lo que puede ser exigido en virtud de los Arts. 456 y 457.

Si el girado que ha puesto su aceptación en la letra de cambio, la tachare antes de entregar el documento, la aceptación se considerará rehusada. Sin embargo, el girado se obligará en los términos de su aceptación, si la hubiere testado después de comunicar por escrito, al portador o a cualquiera de los signatarios, que ha aceptado la letra.

El pago de una letra de cambio puede garantizarse por un aval.

Esta garantía puede ser presentada por un tercero o por un signatario cualquiera de la letra.

El aval se otorgará en la letra de cambio, en una hoja adherida a la misma, o por medio de documento separado que indique el lugar en que se otorgó.

Se expresará por las palabras "por aval", o cualquiera otra fórmula equivalente, y llevará la firma del que lo otorga.

Se considerará como resultante de la sola firma del dador del aval puesta en la cara anterior de la letra, salvo cuando se trate de la firma del girado o del girador.

El aval deberá indicar por cuenta de quien se da. A falta de esa indicación se reputará dado por cuenta del girador.

El dador del aval quedará obligado en la misma forma que la persona de quien se constituya garante.

Su obligación será válida, aún cuando la obligación que haya garantizado, fuere nula por cualquier causa que no sea vicio de forma.

Si pagare la letra de cambio, tendrá derecho para recurrir contra el garantizado y contra los garantes de éste.

Una letra de cambio podrá ser girada: a día fijo;

A cierto plazo de fecha; A la vista;

A cierto plazo de la vista.

Las letras de cambio podrán prever vencimientos sucesivos. Aquellas letras que contengan vencimientos diferentes serán nulas.

El plazo de las letras de cambio con vencimientos sucesivos, concluirá al cumplimiento del que en cada uno de ellos se señale, salvo que exista convención en contrario sobre la anticipación de los vencimientos. De no existir tal convención y de producirse la mora de uno o más de los vencimientos, se ejecutará exclusivamente aquellas que estuvieren en mora.

La letra de cambio a la vista será pagadera a su presentación.

Deberá presentarse al pago dentro de los plazos legales o convencionales fijados para presentar a la aceptación las letras pagaderas a cierto plazo de vista.

El vencimiento de una letra de cambio a cierto plazo de vista se determinará, sea por la fecha de la aceptación, o por la del protesto.

A falta de protesto, una aceptación sin fecha se considerará, por lo que toca al aceptante, como efectuada el último día del plazo legal o convencional fijado para la presentación.

El vencimiento de una letra de cambio girada a uno o varios meses a contar de su fecha o de la vista, tendrá lugar en la fecha correspondiente del mes en que debe efectuarse el pago. A falta de fecha correspondiente, el vencimiento caerá el último día de ese mes.

Cuando una letra de cambio se gire a uno o varios meses y medio de fecha o de vista, se contarán primero los meses enteros.

Si el vencimiento se fijare para principios o mediados (mediados de enero, mediados de febrero, etc.) o fines de mes, se entenderá por estos términos el primero, el quince o el último día del mes.

Las expresiones "ocho días" y "quince días" se interpretarán no como una o dos semanas, sino como plazos de ocho y quince días efectivos, respectivamente. La expresión "medio mes" significará un plazo de quince días.

Cuando una letra de cambio sea pagadera a día fijo en un lugar en que el calendario es diferente del que rige en el lugar de la emisión, la fecha del vencimiento se considerará fijada con arreglo al calendario del lugar del pago.

Cuando una letra de cambio girada entre dos plazas que tienen calendarios diferentes, sea pagadera a cierto plazo a contar de su fecha, el día de la emisión se referirá al día correspondiente del calendario del lugar del pago y el vencimiento se fijará en consecuencia. Los plazos de presentación de las letras de cambio se calcularán conforme a las reglas del párrafo que precede.

Estas reglas no serán aplicables si una cláusula de la letra de cambio, o aún los simples términos del documento, indicaren que la intención ha sido adoptar reglas diferentes.

El portador deberá presentar la letra de cambio, al pago, el día en que es pagadera o uno de los dos días hábiles que siguen.

La presentación a una cámara de compensación equivaldrá a una presentación al pago.

El girado podrá exigir, al pagar la letra de cambio, que ésta le sea entregada cancelada por el portador.

El portador podrá admitir o rehusar, a su voluntad, un pago parcial. En caso de pago parcial, el girado podrá exigir que se anote este pago en la letra y que se le de el recibo correspondiente.

El portador de una letra de cambio no podrá ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento.

El girado que pagare antes del vencimiento, lo hará de su cuenta y riesgo.

El que pagare al vencimiento, quedará legítimamente exonerado, a menos que haya habido de su parte fraude o culpa grave. Estará obligado a verificar la regularidad de la serie de endosos, pero no la firma de los endosantes.

Cuando en una letra de cambio se hubiere estipulado su pago en moneda extranjera, su importe debe satisfacerse en la moneda pactada. Sin embargo, por acuerdo entre las partes la obligación podrá ser pagada en moneda de curso legal, de acuerdo a la cotización vigente al momento del pago de la misma.

Si no se presentare la letra de cambio al pago en el plazo fijado por el art. 446, todo deudor tendrá la facultad de entregar en depósito el importe de ella al juzgado competente, de cuenta y riesgo del portador.

El portador podrá ejercer sus acciones contra los endosantes, el girador y demás obligados:

En la fecha del vencimiento si el pago no se hubiere efectuado. Aun antes del vencimiento:

1. Si se hubiere rehusado la aceptación;

2. En los casos de quiebra del girado, haya aceptado o no; de suspensión de pagos del mismo, aún cuando no hubiere sido establecida por una sentencia; o de embargo infructuoso de sus bienes; y,

3. En los casos de quiebra del girador de una letra no sujeta al requisito de aceptación.

La negativa de aceptación o de pago deberá ser establecida por medio de un acto auténtico (protesto por falta de aceptación o por falta de pago).

El protesto por falta de pago deberá hacerse el día en que sea pagadera la letra de cambio, o en uno de los dos días hábiles que siguen.

El protesto por falta de aceptación deberá efectuarse en los plazos fijados para presentar la letra a la aceptación. Si en el caso previsto en el Art. 432, inciso segundo, la primera presentación hubiere sido hecha el último día del término, el protesto podrá efectuarse al día siguiente.

El protesto por falta de aceptación dispensa de la presentación al pago y del protesto por falta de pago.

En los casos previstos por el Art. 451, ordinal 2o., el portador no podrá ejercer sus recursos sino después de haber presentado la letra al girado para su pago y después de hecho el protesto.

En los casos previstos por el Art. 451, ordinal 3o., la presentación de la sentencia en que se declare la quiebra del girador, bastará para permitir al portador el ejercicio de sus recursos.

Con el consentimiento del portador el protesto podrá ser reemplazado por una declaración fechada y escrita sobre la misma letra de cambio, firmada por el librado y transcrita en un registro público dentro del término fijado para los protestos.

El protesto de una letra de cambio o pagare a la orden por falta de aceptación o de pago, se levantará ante notario, conforme a lo dispuesto en la ley notarial.

El portador deberá dar aviso de la falta de aceptación o de pago a su endosante y al girador, dentro de los cuatro días hábiles que siguen al del protesto o al de la presentación en caso de cláusula de devolución sin gastos. Este aviso podrá ser dado por el funcionario público encargado de levantar el protesto.

Cada uno de los endosantes deberá, en el término de dos días, notificar a su endosante el aviso que haya recibido, indicando el nombre y dirección de los que han dado los avisos precedentes, y así sucesivamente, hasta llegar al girador. El plazo arriba mencionado correrá desde el recibo del aviso precedente.

Si algún endosante no hubiere indicado su dirección o lo hubiere hecho de modo ilegible, bastará que el aviso sea dado al endosante que le precede.

El que tuviere que dar un aviso podrá hacerlo en cualquier forma, aún por medio de la simple devolución de la letra de cambio. Deberá probar que lo ha hecho en el plazo señalado.

Ese plazo se considerará observado si se hubiere depositado en el correo en el término dicho una carta portadora del aviso.

El que no diere aviso en el plazo antes indicado, no incurrirá en la prescripción de sus derechos; pero será responsable, si ha lugar, de los daños y perjuicios causados por su negligencia, sin que la responsabilidad pueda ascender a más del importe de la letra de cambio.

El girador o un endosante, por medio de la cláusula "retorno sin gastos", "sin protesto", o cualquiera otra equivalente, podrá dispensar al portador de hacer levantar, para ejercer sus derechos, un protesto por falta de aceptación o por falta de pago.

Esa cláusula no eximirá al portador de presentar la letra de cambio en los plazos señalados ni de dar los avisos a un endosante anterior y al girador. La prueba de la inobservancia de los plazos incumbe al que invoca esa circunstancia contra el portador.

La cláusula que emana del girador surte sus efectos para todos los firmantes. Si, a pesar de esa cláusula, el portador hiciere levantar el protesto, los gastos correrán de su cuenta. Cuando la cláusula emane de un endosante, los gastos del protesto, si éste se efectuare, podrán ser cobrados a todos los signatarios.

Todos los que hubieren girado, aceptado, endosado o asegurado por medio de un aval una letra de cambio, se considerarán como garantes solidarios para con el portador.

El portador tendrá derecho de proceder contra todas esas personas individual o colectivamente, sin estar obligado a observar el orden en el que se hayan comprometido.

El mismo derecho corresponderá a cualquier signatario de una letra de cambio que la hubiere pagado.

La acción intentada contra uno de los obligados no impedirá proceder contra los demás aún cuando fueren posteriores al demandado en primer lugar.

El portador podrá reclamar de aquel contra quien ejerce sus recursos:

1. El importe de la letra de cambio no aceptada o no pagada, más los intereses si se hubieren estipulado;

2. Los intereses de mora a partir del vencimiento. Cualquiera que sea la tasa de interés pagadero desde que empiece la acción judicial, el demandado no podrá reclamar el reembolso de los intereses pagados por el sino a la tasa del interés de mora;

3. Los gastos del protesto, los de los avisos dados por el portador al endosante precedente y al girador, así como los demás gastos;

4. Una comisión, la cual, a falta de convenio, será un sexto por ciento del principal de la letra de cambio y no podrá en ningún caso pasar de esa cuota.

Si el recurso se ejerciere antes del vencimiento, se deducirá un descuento sobre el importe de la letra. Ese descuento se calculará a elección del portador, conforme a la tasa del descuento oficial, tasa de la banca, o conforme a la tasa de la plaza, tal como exista en la fecha del recurso en el lugar del domicilio del portador.

El que hubiere reembolsado una letra de cambio, podrá reclamar a sus garantes:

1. La suma íntegra pagada por el;

2. Los intereses de esa suma calculados al tipo del interés legal o moratorio, en su caso, a partir de la fecha del desembolso;

3. Los gastos que hubiere hecho; y,

4. Un derecho de comisión sobre el principal de la letra de cambio fijado conforme al Art. 456, ordinal 4o.

Todo obligado contra quien se ejerza una acción o que esté expuesto a una acción, podrá exigir, mediante reembolso, que la letra de cambio le sea entregada con el protesto y una cuenta cancelada.

Todo endosante que hubiere reembolsado una letra de cambio, podrá testar su endoso y los subsiguientes.

En caso de ejercicio de un recurso después de una aceptación parcial, el que reembolsare la suma por la cual la letra no hubiere sido aceptada, podrá exigir que se anote ese reembolso en la letra y que se le de recibo del mismo. El portador deberá, además, entregarle copia certificada conforme de la letra y el protesto para permitir el ejercicio de los recursos ulteriores.

Toda persona que tuviere derecho a ejercer un recurso, podrá, salvo estipulación contraria, reembolsarse por medio de una nueva letra (resaca), no domiciliada y girada a la vista contra uno de sus garantes.

La resaca incluirá, además de las sumas indicadas en los Arts. 456 y 457, el derecho de corretaje y el derecho de timbre correspondiente a la resaca.

Si la resaca fuere girada por el portador, su importe se fijará de acuerdo con el precio corriente de una letra de cambio a la vista girada del lugar donde era pagadera la letra primitiva sobre el lugar de domicilio del garante. Si la resaca fuere girada por un endosante, su importe se fijará de acuerdo con el precio corriente de una letra a la vista girada desde el lugar de domicilio del girador de la resaca sobre el lugar de domicilio del garante.

Impugnada en juicio una letra de cambio o un pagare a la orden, por vía de falsedad, corresponderá la prueba de la misma a quien la hubiere alegado.

El aceptante de una letra de cambio no puede oponer a un endosatario de la misma la excepción de compensación que tuvo contra el librador en virtud de estipulaciones contractuales constantes en un instrumento distinto de la letra de cambio.

Pasados los plazos establecidos para la presentación de una letra a la vista o a cierto plazo de vista, para el levantamiento del protesto por falta de aceptación o por falta de pago o para la presentación al pago en caso de cláusula de devolución sin costas, el portador perderá sus derechos contra los endosantes, contra el girador y contra los demás obligados, con excepción del aceptante.

Si no se presentare la letra a la aceptación en el plazo estipulado por el girador, el portador perderá su acción, tanto por la falta de pago como por la falta de aceptación, a menos que de los términos de la estipulación se desprenda que el girador no ha pretendido exonerarse sino de la garantía de la aceptación.

Sin embargo, en caso de caducidad o prescripción subsistirá la acción cambiaria contra el girador que no haya hecho provisión o contra un girador o un endosante que se haya enriquecido injustamente; así como, en caso de prescripción, contra el aceptante que hubiere recibido provisión o se hubiere enriquecido injustamente, lo que se resolverá en el mismo proceso iniciado para el pago de la letra de cambio.

Si la estipulación de un plazo para la presentación estuviere contenida en un endoso, solo el endosante podrá prevalerse de ella.

Cuando un obstáculo insuperable impidiere la presentación de la letra de cambio o el levantamiento del protesto en los plazos señalados (caso de fuerza mayor), estos plazos se prorrogarán.

El portador deberá dar, sin tardanza, aviso del caso de fuerza mayor a su endosante y anotar este aviso, fechado y firmado por el, en la letra de cambio o en una hoja adherida a la misma. En cuanto a lo demás, son aplicables las disposiciones del Art. 453.

Al cesar la fuerza mayor el portador deberá, sin tardanza, presentar la letra a la aceptación o al pago y, si hubiere lugar, mandará levantar el protesto.

Si la fuerza mayor persistiere por más de treinta días a partir del vencimiento, los recursos podrán ejercerse, sin necesidad de presentación ni de levantar el protesto.

Para las letras de cambio a la vista o a cierto plazo de vista, el plazo de treinta días correrá desde la fecha en que el portador hubiere dado aviso de la fuerza mayor a su endosante, aún cuando esa fecha fuere anterior al vencimiento de los plazos de presentación.

No se considerarán como constituyentes de fuerza mayor los hechos puramente personales que atañen al portador o al que éste hubiere encargado de la presentación de la letra o del levantamiento del protesto.

El dueño de una letra de cambio pérdida o destruida, antes o después de la aceptación, y que contenga uno o más endosos, puede exigir el pago del importe como si la hubiere presentado al obligado siempre que llene los siguientes requisitos:

El obligado tiene el derecho a exigir al que reclama el pago, como condición para pagar voluntariamente la letra, una garantía satisfactoria en la forma, en el monto y en la calidad, la cual garantía aprovechará a todas las personas que voluntariamente paguen el importe total o parcial de la letra contra toda reclamación ulterior o responsabilidad derivada de la letra.

Si el dueño de una letra de cambio pérdida o destruida no pudiere por cualquier causa obtener el pago voluntario en la forma indicada, tendrá derecho a entablar acción para exigir el pago a los obligados por la letra de cambio, siempre que ofrezca la misma garantía y con los mismos fines que en el caso de pago voluntario. El juez decidirá en este caso de la suficiencia de dicha garantía.

El girador o un endosante podrá indicar una persona que en caso necesario acepte o pague por el.

Bajo las condiciones que más adelante se especifican, una persona que intervenga por cuenta u honor de cualquiera de los firmantes, podrá aceptar o pagar la letra de cambio.

El interventor podrá ser un tercero, aunque sea el mismo girado, o una persona ya obligada en virtud de la letra de cambio, salvo el aceptante.

El interventor deberá, sin tardanza, dar aviso de su intervención a la persona por la cual hubiere intervenido.

PARÁGRAFO 1o. De la aceptación por intervención

La aceptación por intervención podrá verificarse en todos los casos en que el portador de una letra de cambio sujeta a aceptación pueda ejercer algún recurso antes del vencimiento de la misma.

El portador podrá rehusar la aceptación por intervención aún cuando la ofrezca una persona designada para aceptar o pagar en caso necesario.

Si admitiere la intervención, perderá contra sus garantes los recursos que le pertenecieren antes del vencimiento.

La aceptación por intervención se anotará en la letra de cambio, y la firmará el interventor. En ella se indicará por cuenta de quien se hace. A falta de esta indicación, la aceptación se considerará otorgada por cuenta del girador.

El aceptante por intervención se obligará para con el portador y para con los endosantes posteriores a aquel por cuya cuenta hubiere intervenido, en la misma forma que este último.

A pesar de la aceptación por intervención, aquel por cuya cuenta hubiere sido otorgada y sus garantes, podrán exigir al portador, mediante el reembolso de la suma indicada en el Art. 456, la entrega de la letra de cambio y del protesto, si lo hubiere.

PARÁGRAFO 2o. Del pago por intervención

El pago por intervención podrá hacerse en todos los casos en que el portador tuviere acciones que ejercer, ya sea al vencimiento o antes de éste.

Deberá efectuarse, a más tardar, el día siguiente al último admitido para el protesto por falta de pago.

Si la letra hubiere sido aceptada por intervención o si hubiere personas designadas para pagar en caso necesario, el portador deberá presentar la letra, en el lugar del pago, a todas esas personas; y, si hubiere lugar, mandará levantar el protesto por falta de pago a más tardar el día siguiente al último admitido para el levantamiento del protesto.

Si no se levantare el protesto en ese plazo, cesará la obligación de aquel que hubiere designado la necesidad o por cuya cuenta se hubiere aceptado la letra, así como la de los endosantes posteriores.

El pago por intervención deberá comprender toda la suma que tendría que pagar la persona por cuya cuenta se efectuare, exceptuando la comisión prevista por el art. 456, ordinal 4o.

El portador que rehusare dicho pago, perderá sus derecho contra los que el mismo pago hubiere exonerado.

El pago por intervención deberá comprobarse por medio de un recibo dado en la letra de cambio con la indicación de la persona por cuya cuenta se hace. A falta de esta indicación, el pago se considerará hecho por cuenta del girador.

La letra de cambio y el protesto, si lo hubiere, deberán entregarse al pagador por intervención.

El pagador por intervención quedará subrogado en los derechos del portador contra la persona por quien hubiere pagado y contra los garantes de ésta. Sin embargo, no podrá endosar nuevamente la letra de cambio.

Los endosantes posteriores al signatario por cuya cuenta se hubiere hecho el pago, quedarán exonerados.

En caso de que varias personas pretendieren efectuar el pago por intervención, será preferida aquella cuyo pago verifique el mayor número de liberaciones. Si no se observare esta regla, el interventor que tuviere conocimiento de ello perderá sus derechos contra los que en caso de observarla hubieran sido exonerados.

La letra de cambio podrá girarse en varios ejemplares idénticos. Estos ejemplares deberán estar numerados en el texto mismo del documento. De lo contrario, cada uno de ellos se considerará como una letra de cambio distinta.

Todo portador de una letra en la cual no se indique que se giro en un ejemplar único, podrá exigir a su costa la entrega de varios ejemplares. Para ello deberá dirigirse a su endosante inmediato, quien deberá prestarle su ayuda para obrar contra su propio endosante, y así sucesivamente hasta llegar al girador. Los endosantes deberán reproducir sus endosos en los nuevos ejemplares.

El pago hecho sobre uno de los ejemplares eximirá del pago de los otros, aún cuando no se hubiera estipulado que ese pago anularía los efectos de los demás ejemplares. No obstante, el girado quedará obligado en razón de cada ejemplar aceptado cuya restitución no hubiere obtenido.

El endosante que hubiere transferido los ejemplares a diferentes personas, así como los endosantes subsiguientes, quedarán obligados en razón de todos los ejemplares que lleven su firma y que no hayan sido restituidos.

El que enviare uno de los ejemplares a la aceptación, deberá anotar en los demás ejemplares el nombre de la persona en cuyas manos se encuentre el citado ejemplar. Esta tendrá la obligación de entregarlo al portador legítimo de otro ejemplar.

Si se negare a hacerlo, el portador no podrá ejercer sus acciones sino después de haber hecho constar por medio de un protesto:

1. Que ha pedido el ejemplar enviado para la aceptación, y no le ha sido entregado; y,

2. Que la aceptación o el pago no ha podido obtenerse por medio de otro ejemplar.

PARÁGRAFO 2o. De las copias

Todo portador de una letra de cambio tendrá derecho a hacer copias de la misma.

La copia deberá reproducir exactamente el original con los endosos y todas las demás anotaciones que en el figuren. Deberá indicar donde termina la copia.

Podrá ser endosada y garantizada por medio de un aval del mismo modo y con los mismos efectos que el original.

La copia deberá indicar quien tiene el documento original. El que lo tuviere, deberá entregar dicho documento original al portador legítimo de la copia.

Si se negare a hacerlo, el portador no podrá ejercer sus acciones contra las personas que hubieren endosado la copia sino después de haber hecho constar, por medio de un protesto, que ha pedido el original y no le ha sido entregado.

La falsificación de una firma, aún cuando sea la del girador o del aceptante, no afecta en nada la validez de las demás firmas.

En caso de alteración del texto de una letra de cambio, los signatarios posteriores a dicha alteración se obligan según los términos del texto alterado, y los firmantes anteriores, según los términos del texto original.

Todas las acciones que de la letra de cambio resultan contra el aceptante, prescriben en tres años contados desde la fecha del vencimiento.

Las acciones del portador contra los endosantes y contra el girador, prescriben en un año, a partir de la fecha del protesto levantado en tiempo útil o de la fecha del vencimiento en caso de cláusula de devolución sin costas.

Las acciones de los endosantes unos contra otros y contra el girador prescriben en seis meses contados del día en que el endosante ha reembolsado la letra o del día en que el mismo ha sido demandado.

La interrupción de la prescripción solo tiene efecto contra la persona con respecto a quien se ha efectuado la interrupción.

El pago de una letra de cambio cuyo vencimiento cayere en día feriado, no podrá exigirse sino el primer día hábil siguiente. Asimismo, todos los demás actos relacionados con la letra de cambio, principalmente la presentación a la aceptación y el protesto, solo podrán efectuarse en días hábiles.

Cuando uno de estos actos deba efectuarse dentro de cierto término cuyo último día sea feriado, se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil siguiente a la expiración del término. Los días feriados intermedios quedarán comprendidos en el computo del término.

Los plazos legales o convencionales no comprenden el día que les sirve de punto de partida.

No se admite ningún día de gracia, legal ni judicial.

La capacidad de una persona para obligarse por medio de una letra de cambio se determinará por su ley nacional. Si esta ley nacional declarare competente la ley de otro estado, se aplicará esta última.

Toda persona incapaz, de acuerdo con la ley indicada en el inciso precedente, quedará, sin embargo, válidamente obligada si se hubiere comprometido en el territorio de un Estado conforme a cuya legislación sería capaz.

La forma de una obligación contraída en materia de letra de cambio se determinará por las leyes del estado en cuyo territorio se suscribiere esa obligación.

La forma y los plazos del protesto, así como la forma de los demás actos necesarios para el ejercicio o la conservación de los derechos en materia de letra de cambio, se determinarán por las leyes del estado en cuyo territorio deba ser levantado el protesto o realizado el acto.

El contrato de prenda debe celebrarse por escrito, bien sea dada la prenda por un comerciante, bien por uno que no lo sea, si es por acto de comercio.

La certeza de la fecha del documento puede justificarse por todos los medios de prueba admitidos por las leyes mercantiles.

Si falta el acto escrito, la prenda no surte efecto respecto de tercero.

Si se trata de efectos a la orden, la prenda puede constituirse mediante un endoso regular con las palabras valor en garantía u otras equivalentes.

Respecto de acciones, obligaciones u otros títulos nominativos, de compañías industriales, comerciales o civiles, la prenda puede constituirse por traspaso hecho en los registros de la compañía, por causa de garantía.

Respecto de acciones, cédulas u obligaciones al portador, la prenda se constituye por la simple entrega del título.

Salvo lo dispuesto en el art. 35, numeral 7), de la constitución política de la república, la prenda confiere al acreedor el derecho de pagarse con privilegio sobre el valor de la cosa dada en prenda.

Este privilegio no subsiste sino en tanto que la cosa dada en prenda ha sido entregada al acreedor y permanece en su poder, o en el de un tercero elegido por las partes.

Se reputa que el acreedor está en posesión de la prenda si ésta se halla en sus almacenes o en sus naves, en los de su comisionista, en la aduana u otro depósito público o privado, a su disposición; y en caso de que sean mercaderías que aún estén en tránsito, si el acreedor está en posesión de la carta de porte o conocimiento, expedido o endosado a su favor.

El acreedor debe ejecutar todos los actos necesarios para la conservación de la cosa dada en prenda.

Si ésta fuere letra de cambio, pagaré u otro efecto de comercio, el acreedor tendrá los deberes y derechos del portador.

Sobre toda especie de crédito dado en prenda, el acreedor tiene derecho a cobrar las sumas que se hicieren exigibles.

El acreedor se reembolsará con preferencia de los gastos que la prenda le causare, y luego que esté satisfecho de su crédito y de los gastos hechos, debe rendir cuenta.

El contrato de prenda se extenderá en dos ejemplares, debiendo el acreedor conservar el original y entregar al deudor el duplicado.

En el original constarán las condiciones del préstamo, la cantidad prestada, el interés, el plazo y la designación de la especie dada en prenda. El duplicado constará de los mismos detalles y se denominará "Resguardo".

Ambos títulos serán negociables antes de su vencimiento, sin más formalidad que el endoso respectivo, y los endosatarios se sustituirán de hecho en los derechos y obligaciones de los endosantes, quedando siempre dichos endosantes responsables del cumplimiento de las obligaciones directamente.

La cancelación y los abonos en un documento de prenda pretoria deberán hacerse en ambos ejemplares, de suerte que no valdrá la anotación del uno sin la correspondiente anotación en el otro.

En caso de pérdida, extravío o destrucción de cualquiera de los dos documentos, se extenderán duplicados, llenando las mismas formalidades que para el otorgamiento de cualquier otro título de crédito.

Ambos documentos se extenderán en el papel sellado correspondiente, como si fueran pagarés, pudiéndose habilitar el papel común con el empleo de timbres móviles.

Vencido el plazo de la prenda, el acreedor, sin necesidad de notificación alguna al deudor, pedirá al juez la venta en subasta pública del objeto materia de la prenda, y el la decretará, haciendo que un corredor, o en su defecto un agente de negocios, practique el avalúo; y mandará publicar en un periódico de la localidad o, en su caso, por carteles fijados en la puerta del juzgado, un aviso de la subasta, por tres días.

El aviso contendrá la designación de la prenda y su avalúo. Pasados los tres días, el juez venderá la prenda al mejor postor y entregará el valor debido al acreedor, con más los gastos de estas diligencias y los intereses de los tres días; y el saldo, si lo hubiere, lo depositará a la orden del deudor prendario.

Si el producto de la subasta no alcanzare a cubrir los gastos, los intereses de los tres días y el valor de la deuda, el acreedor podrá repetir contra el deudor, por el saldo.

Vendida la prenda, se declarará cancelado el resguardo que existiere en manos del deudor o de algún cesionario, y el juez lo hará publicar y dará de ello una constancia al acreedor.

La falsificación o alteración de un contrato de prenda será sancionada con las mismas penas impuestas a los falsificadores de moneda.

No se admitirá oposición alguna para la venta de la prenda cuyo plazo haya vencido.

En cualquier estado de este procedimiento, se podrá suspenderlo, si se consigna ante el juez el valor de la deuda, sus gastos e intereses. El juez entregará estos valores al acreedor, y recabará de el la prenda y el documento cancelado.

Las prendas sobre naves se reglan por las disposiciones especiales establecidas en el libro iii.

Es nula toda cláusula que autorice al acreedor para apropiarse la prenda, o para disponer de ella en otra forma que la prescrita en las precedentes disposiciones.

La prenda especial de comercio solo podrá establecerse a favor de un comerciante matriculado y sobre los artículos que vende para ser pagados mediante concesión de crédito al comprador. El contrato prendario se hará constar por escrito en dos ejemplares, que corresponden el uno para el vendedor y acreedor y el otro al comprador y deudor.

Para que tenga valor legal el contrato de prenda especial de comercio se lo registrará en el libro que al efecto llevará el registrador mercantil del cantón, exceptuando en los cantones de quito y guayaquil que lo llevará el registrador de prenda especial de comercio. El contrato respecto de terceros tendrá como fecha de su otorgamiento la de la respectiva anotación o registro.

En el contrato de prenda especial se hará constar los nombres de los contratantes; el lugar y fecha de la celebración del contrato; el número de la matrícula de comercio del acreedor; la cantidad adeudada; el interés estipulado; el plazo de la obligación; la enumeración y descripción de la prenda y las señales y especificaciones que puedan servir para identificarla; la cabecera cantonal o parroquia rural donde el deudor debe conservar la prenda; la obligación irrestricta de permitir que el acreedor la examine cuando tenga a bien o de exhibirla cuando éste lo solicite; y, el domicilio en que el acreedor y el deudor deban ser citados con motivo del contrato; el domicilio del deudor será aquel donde debe conservarse la prenda.

El acreedor tendrá derecho a dar por terminado el plazo, si la prenda no fuere exhibida en el término de cuarenta y ocho horas, y en este caso o cuando se hubiere vencido el plazo estipulado, tendrá derecho a pedir que la prenda se la venda al martillo.

El acreedor demandará el remate ante el juez del lugar que se haya determinado en el contrato y a falta de indicación, en el domicilio del deudor. La demanda, acompañada del ejemplar del contrato de prenda y certificado del registrador que acredite que no ha sido cancelada, se presentará ante el juez de lo civil, según la cuantía, quien dentro de las veinticuatro horas de que reciba dicha petición, dispondrá que se cite al deudor prendario, para que dentro del término de dos días, ponga a órdenes del juzgado la prenda. En caso de que la citación se hiciera por boleta, éstas se dejarán en el domicilio del deudor señalado en el contrato, o en el nuevo lugar indicado según el art. 549-a del código penal. Si el deudor no depositare la prenda en el término indicado, a menos que comprobare que no la puede depositar debido a caso fortuito o fuerza mayor, el juez de la causa remitirá lo actuado al juez de lo penal, para los efectos previstos en el art. 549-a del código penal.

Puesta la prenda a disposición del juez, éste ordenará que la reciba el martillador, quien la hará avaluar por el perito que al efecto designare el juez. El perito presentará su informe en el término máximo de tres días y recibido que fuere, el martillador señalará día y hora para que tenga lugar el remate. El remate deberá tener lugar después de los ocho días y antes de los quince días de la fecha de señalamiento. Este señalamiento y el avalúo los publicará el martillador en el boletín de su oficina, mediante carteles que los fijará en lugares públicos durante los ocho días anteriores a la fecha del remate y cuando menos, por una vez en un periódico de la localidad. El martillador hará conocer con ocho días de anticipación al acreedor y deudor en los domicilios señalados por ellos para el efecto, el avalúo de la prenda y la fecha en que se efectuará el remate.

En el día y hora señalados se procederá a la subasta aceptándose las posturas que cubran de contado por lo menos las dos terceras partes del avalúo.

El interesado consignará al hacer su primera postura, en efectivo o en cheque certificado, el diez por ciento del valor del avalúo para responder por la quiebra del remate. El acreedor puede hacer posturas con la misma libertad que cualquier otra persona, y si no hubiere tercerías coadyuvantes, que aleguen ser preferentes a la prenda, podrá imputarla al valor de su crédito y no hará la consignación del diez por ciento.

Si no se presentaren posturas, el martillador señalará nuevo día y hora para el remate recibiendo posturas que cubran de contado por lo menos la mitad del avalúo y si tampoco se presentaren propuestas se volverá a sacar a remate por tercera vez y la especie se adjudicará definitivamente al mejor postor cualquiera que sea el monto del precio ofrecido.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará para toda venta que se verifique al martillo.

Las posturas se las presentará verbalmente y serán pregonadas, y la adjudicación se hará en el mismo momento, al mejor postor, después de tres apercibimientos efectuados con un minuto de intervalo, si durante ese tiempo no se mejorare la última postura.

Hecha la adjudicación en el mismo momento se entregará a los demás postores las cantidades depositadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Si dentro de las cuarenta y ocho horas de verificado el remate, el adjudicatario no pagaré el precio de la especie, la adjudicación quedará sin efecto por este sólo hecho y se abrirá de nuevo la subasta.

La baja del precio y los gastos que se causaren en el nuevo remate serán de cuenta del anterior adjudicatario, respondiendo para ello el diez por ciento consignado en su propuesta.

En el día y hora señalados para el remate se efectuará la venta, sin atender ni tramitar reclamo ni oposición alguna, salvo el caso que el deudor depositare el capital e intereses adeudados y los gastos hechos en la subasta, antes de adjudicarse la prenda al postor.

Si se hiciere dicho depósito en pago de la obligación, manifestando que se propondrá la acción judicial correspondiente, el martillador depositará dicho valor, deduciendo sus derechos y los gastos de la subasta en la forma que determina el

Si durante el plazo establecido para el pago, el acreedor o deudor cambiaren de domicilio, o quisieren señalar otro lugar para las citaciones, comunicarán este particular al juzgado para que notifique dicho cambio a la otra parte contratante y al registrador respectivo, quien anotará el indicado cambio al margen de la inscripción correspondiente.

El hecho de no exhibir, o entregar para su venta el objeto dado en prenda, y cambiar de lugar de conservación señalado en el contrato, ocasionando perjuicios a la otra parte, el destruirlo o dañarlo dolosamente, el enajenarlo, donarlo o darlo en prenda a otra persona sin la intervención del acreedor, constituyen infracciones que serán sancionadas de conformidad con el art. 574 del código penal.

El ejemplar del contrato entregado al acreedor prendario es título negociable, sin más formalidades que el endoso y la respectiva anotación al margen de la inscripción del contrato ante el registrador.

Los abonos a una obligación prendaria deberán constar anotados en el ejemplar del acreedor, sin perjuicio del recibo que por el abono respectivo está obligado a otorgar al deudor.

La cancelación se hará constar por el acreedor en el ejemplar que conserva en su poder, quien lo entregará al deudor para que con el obtenga la cancelación de la inscripción de la prenda donde el respectivo Registrador.

Si por cualquier motivo no se pudiere hacer la cancelación en el ejemplar del acreedor, se la hará en la copia conferida por el Registrador, en la forma indicada por el artículo siguiente y con ella se obtendrá la cancelación en el correspondiente libro, a cargo de dicho Registrador.

En caso de pérdida o destrucción de cualquiera de los ejemplares del contrato, el registrador conferirá una copia de la inscripción del mismo, que reemplazará al ejemplar destruido o perdido, copia que conferirá a petición de cualquiera de los contratantes, por orden del juez competente, previa notificación contraria.

Si el producto de la subasta no alcanzare a cubrir el capital, intereses y costas, el acreedor podrá repetir, ante el mismo juez, en la vía verbal sumaria, por el saldo del valor de su crédito en otros bienes del deudor.

La falsificación, alteración o mutilación de un contrato de prenda, con el propósito de perjudicar a la otra parte o a terceras personas, será sancionado en la forma establecida en el art. 337 del código penal, por el respectivo juez de lo penal.

El acreedor prendario podrá hacer efectiva la obligación desde su vencimiento; si no ejerciere dicha acción dentro de los tres años posteriores, caducará el contrato sin que pueda alegarse convenio entre las partes contratantes para prorrogarlo, ni hacer subsistir la prenda caducada, que quedará extinguida por la prescripción.

El deudor puede cumplir con su obligación en cualquier tiempo, aún antes del vencimiento del plazo estipulado pagando íntegramente el capital y los intereses debidos hasta el día de la cancelación. Si el acreedor rehusare aceptar el pago, el deudor podrá pagar por consignación.

Cancelado totalmente el crédito, el deudor presentará el contrato de prenda cancelado por el acreedor, o la copia de la sentencia ejecutoriada o resolución definitiva que hubiere declarado extinguida la obligación, al registrador para que cancela la inscripción en el libro respectivo.

Los comerciantes matriculados que establecieren el sistema de ventas a plazos o por cuotas sobre la mercadería vendida, quedan facultados para hacer constar sus contratos en formularios impresos que reúnan además de las condiciones generales, los siguientes requisitos: el nombre del comerciante o de la casa o establecimiento comercial que efectúa la venta; ambos ejemplares llevarán en la parte superior una misma numeración y constará indicada la forma como se pagarán las cuotas o dividendos y si se estableciere el sistema de cupones o documentos se indicará su número.

El vendedor podrá agregar en el ejemplar que queda en su poder un número de cupones igual a las cuotas o dividendos que debe pagar el deudor, cupón en el que constará, cuando menos, la referencia al contrato, el valor de la cuota o dividendos, su número y la fecha de vencimiento.

También podrá estipularse que el comprador suscriba obligaciones por los valores de cada cuota o dividendo de pago, con su fecha de vencimiento de acuerdo con el contrato.

Al pagar cada dividendo el vendedor entregará el cupón o documento, según el caso debidamente cancelado, sin que sea necesario en esta modalidad, la anotación del abono en el ejemplar del vendedor.

Si el acreedor se negare a cancelar el contrato de prenda el deudor ocurrirá al Juez competente, con el ejemplar de su contrato y los cupones o documentos debidamente cancelados, para que, con notificación del acreedor, obtenga la orden para la cancelación ante el Registrador.

El acreedor podrá solicitar al Juez el remate de la prenda, en el caso de que el deudor estuviere en mora en el pago de cupones o documentos por más de dos meses. Con la solicitud acompañará obligatoriamente el contrato de prenda con la totalidad de los cupones o documentos impagos, inclusive los que estuvieren por vender.

Si el deudor antes del remate cubriere el valor de las cuotas o dividendos en mora más los gastos, no se realizará la subasta y se entregará la cosa al deudor, continuando vigente el contrato.

La corte superior de justicia con sede en quito y guayaquil designará para dichos cantones un registrador de prenda especial de comercio, que durará tres años en su cargo y podrá ser indefinidamente reelegido. Dicho registrador tendrá a su cargo el registro de los contratos de prenda especial de comercio.

Para ser Registrador de Prenda Especial de Comercio se requerirá las mismas normas legales que existen para este último.

Los derechos que el Registrador de Prenda Especial de Comercio perciba, serán los mismos que fija el arancel de derechos judiciales para el Registrador Mercantil.

En los demás cantones de la República el Libro de Registro de Prenda Especial de Comercio estará a cargo de los Registradores Mercantiles del respectivo cantón.

El Registrador llevará debidamente foliado y empastado el Libro de Registro de Prenda Especial de Comercio, en el cual se inscribirán por fecha de presentación los contratos de prenda especial de comercio, debiendo a cada contrato conferirse el número que cronológicamente le corresponde, dejando constancia el Registrador en los dos ejemplares el número del orden de registro y la fecha de su inscripción.

Los contratos de prenda especial de comercio pagarán como único impuesto el de timbres, que serán por el monto que determina la ley de timbres, de acuerdo con su cuantía, pero cuando se hayan suscrito obligaciones para el pago de cada cuota o dividendo, el contrato pagará timbres como cuantía indeterminada y los documentos con relación a la cuantía de cada uno de ellos. Los documentos deberán además inscribirse en la respectiva jefatura provincial de recaudaciones, de acuerdo con las normas que existen al respecto para los pagarés y letras de cambio.

Si sobre la cosa dada en prenda recayere orden de retención, secuestro o embargo, el vendedor demandará el remate de la prenda, pidiendo además que se cancelen las medidas asegurativas o preventivas.

Para el efecto acompañará el ejemplar del contrato y certificado del Registrador de que no ha sido cancelado. El Juez dentro del mismo juicio y sin más trámite dispondrá que la cosa sea entregada al martillador para su remate, quien cumplirá para ello con las disposiciones de Ley.

Si del valor de la subasta, una vez pagado el crédito y los gastos del remate quedare un saldo lo pondrá a disposición del Juez que dispuso la retención, secuestro o embargo. Igualmente, queda obligado el martillador, a poner a disposición de dicho Juez la prenda, caso de que no se rematará por haber pagado el deudor su crédito prendario o por cualquier otro acuerdo entre el vendedor y comprador, a menos que el Juez que ordenó la medida, ordenare que la entregue al propietario.

Tanto la prenda agrícola como la prenda industrial, son un derecho de prenda constituido sobre los bienes especificados en esta sección, los que no dejan de permanecer en poder del deudor.

Cuando en esta sección se usa la palabra "muebles", se comprenden todos o algunos de los bienes enumerados en los arts. 578 y 579.

La prenda agrícola puede constituirse únicamente sobre los siguientes bienes:

1. Animales y sus aumentos;

2. Frutos de toda clase, pendientes o cosechados;

3. Productos forestales y de industrias agrícolas; y,

4. Maquinarias y aperos de agricultura.

La prenda industrial puede constituirse únicamente sobre los siguientes bienes:

1. Maquinarias industriales;

2. Instalaciones de explotación industrial;

3. Herramientas y utensilios industriales;

4. Elementos de trabajo industrial de cualquier clase;

5. Animales destinados al servicio de cualquiera industria; y,

6. Productos que hayan sido transformados industrialmente.

Para que pueda constituirse prenda agrícola sobre frutos aún no cosechados, y prenda agrícola o industrial sobre otros productos no obtenidos todavía, y sobre objetos muebles que según el art. 611 del código civil, se consideran inmuebles por su destino, debe obtenerse permiso del acreedor hipotecario, si se halla hipotecada la finca.

Todo contrato de prenda agrícola o de prenda industrial debe constar por escrito. Puede otorgarse por escritura pública, o por documento privado judicialmente reconocido. Se inscribirá en los registros especiales correspondientes que se llevarán por el registrador mercantil en cada cantón, y que se denominarán registro de prenda agrícola, y registro de prenda industrial. El registrador certificará el registro del contrato inscribiendo la respectiva nota en el propio documento. Se hará constar en el registro una lista de los muebles empeñados.

Si éstos estuvieren en diferentes cantones, se registrará el contrato en todos ellos.

Los contratos de prenda agrícola o de prenda industrial no surtirán efecto entre las partes, ni respecto de terceros, sino desde la fecha del registro.

El que quisiere empeñar ganado, registrará una marca o señal en el registro de prenda agrícola, y aplicará dicha marca o señal a todo el ganado comprendido en la prenda. En el contrato se hará constar la clase, edad, sexo, marca o señal, calidad y número del ganado.

El traspaso del derecho de prenda agrícola o industrial se efectuará con la entrega del título, en el que se hará constar la transferencia, su fecha y el nombre del cesionario, con la firma del acreedor cedente.

Pero no surtirá efecto respecto del deudor, ni de terceros, sino en virtud de la notificación al deudor, que se hará en la forma prescrita por el Art. 98 del Código de Procedimiento Civil. Si el crédito fuere de menor cuantía, la notificación se hará por el juez respectivo.

Cada transferencia se registrará en el Registro de Prenda Agrícola o de Prenda Industrial del cantón correspondiente, según el caso, y el Registrador escribirá en el mismo documento del contrato, frente a la cesión, la nota de haber sido ésta registrada.

El deudor puede extinguir su obligación en cualquier tiempo antes de que venza, pagando íntegramente el capital y los intereses debidos, más el interés de un mes adicional. Si el acreedor rehusa aceptar el pago, el deudor puede pagar por consignación.

Pagado el crédito totalmente, o extinguida la deuda de cualquier otro modo, el deudor presentará al registrador mercantil el contrato de préstamo cancelado o la copia de la sentencia en que se hubiere declarado extinguida la obligación, con el certificado de la ejecutoria, para que cancele la inscripción en el registro, y le de un certificado de la cancelación. El registrador hará constar en el registro la fecha en que se canceló el contrato y la manera como se extinguió la deuda.

Los derechos del acreedor prendario prescriben en dos años contados desde el vencimiento del plazo.

El deudor está obligado a cuidar de los objetos empeñados y responderá de ellos. Si los frutos no se han cosechado, o los aumentos no se han producido, el cuidado del deudor se extenderá por todo el tiempo necesario hasta que se haga la cosecha o se realice el aumento, y se cancele el contrato.

El acreedor prendario tendrá derecho en todo tiempo a exigir al deudor que le mejore la prenda si las cosas que la constituyen se perdieren o deterioraren en términos de no ser suficientes para la seguridad de la deuda, a no ser que consienta en que se le de otra seguridad equivalente.

Si el acreedor exigiere que se aseguren los objetos empeñados, se hará extender la póliza a favor de el, a fin de que pueda cobrar el seguro en caso de daño, y reembolsarse en cuanto sea posible el monto del préstamo y gastos.

El deudor puede vender los frutos de los objetos empeñados, y los objetos mismos; pero no podrá entregarlos sin el consentimiento escrito del acreedor, o sin haber pagado totalmente la deuda y cancelado el contrato.

El deudor que vendiere los frutos de los objetos empeñados o los objetos mismos, sin dar aviso al comprador de la existencia del contrato de prenda, incurrirá en las penas determinadas en el Art. 592.

Los objetos empeñados no podrán removerse del lugar en que se efectúa la explotación agrícola o industrial, sin el consentimiento del acreedor. Exceptúanse los animales, carros, vagones, automóviles u otros objetos semejantes, que pueden removerse temporalmente con propósitos de suyo relacionados con las labores de la finca o establecimiento industrial. La policía impedirá la remoción no autorizada de tales objetos, si lo requiere el acreedor. El deudor quedará sujeto a las penas establecidas en el siguiente artículo, por remoción indebida de los objetos empeñados.

El deudor que indebidamente remueva o permita que otro remueva del lugar en que se efectúan la explotación agrícola o industrial, o que por su negligencia causare la desaparición o deterioro de los mismos, los cambiare, abandonare o diere en garantía como suyos bienes agrícolas o industriales que no le pertenezcan, será reprimido en la forma que determina el art. 574 del código penal.

El acreedor, personalmente o por medio de sus representantes, tiene el derecho de inspeccionar los objetos empeñados, cuando quiera hacerlo. Si el deudor rehusa permitir la inspección, el acreedor podrá pedir el auxilio de la policía. Los gastos de la inspección serán de cuenta del acreedor.

Si el deudor intentare enajenar la finca o el inmueble en el cual están los objetos dados en prenda, o arrendarlos, o celebrar respecto de ellos cualquier otro contrato que implique el traspaso de la tenencia de la finca o inmueble, no se inscribirá la respectiva escritura ni se verificará la entrega de la finca o inmueble, sin el consentimiento escrito y registrado del acreedor prendario.

Si en los casos mencionados en este artículo el deudor intentare, por cualquier medio, eludir sus obligaciones, el acreedor podrá pedir el secuestro de la finca o inmueble, o que el juez lo entregue en anticresis judicial o prenda pretoria, para administrarlo y pagarse con sus frutos. La concesión del secuestro y de la prenda pretoria se regirá por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil sobre secuestro.

Caducará el secuestro si el acreedor no pide el remate de la prenda dentro de quince días contados desde la fecha del vencimiento del plazo.

Los objetos empeñados no pueden ser embargados por otros acreedores, a menos que los haya empeñado o comprendido en hipoteca por contrato anterior.

Si no se paga el crédito a su vencimiento, el acreedor puede pedir al juez el remate de los objetos empeñados. Acompañará a su solicitud el respectivo contrato y un certificado del registrador mercantil que acredite que aún no ha sido cancelado.

Cumplidos estos requisitos, el juez ordenará el embargo de la prenda y su venta en pública subasta conforme al Art. 573. Si los frutos empeñados no se han cosechado todavía, ni se han realizado los aumentos dados en prenda, se embargarán las sementeras, los animales, las máquinas, los árboles y demás objetos cuyos productos son materia de la prenda.

Se notificará al deudor la orden de embargo. El procedimiento no podrá suspenderse, si el deudor no consigna en pago el valor de la deuda, intereses y costas.

Del producto de la venta de la prenda, se pagarán el capital, los intereses y las costas, con la preferencia que a la prenda corresponde.

Si el producto de la venta no bastare para el pago del capital, los intereses y las costas, el acreedor podrá pedir, en el mismo juicio, el remate de otros bienes suficientes del deudor; pero en el precio de la venta de éstos, no gozará de la antedicha preferencia.

Si la prenda asegurare varios créditos, el pago se hará según el orden de inscripción.

Todo reclamo de tercero, o toda tercería fundada en el dominio de las cosas dadas en prenda, deberá ir acompañado del respectivo título que compruebe plenamente el dominio en que se funde, sin lo cual será rechazado de plano, la demanda o el reclamo.

Si el acreedor recibiere la finca o el establecimiento industrial en prenda pretoria, percibirá por la administración el honorario que el juez señalare.

En lo que no estuviere determinado en este título, y en cuanto no sea contrario a sus disposiciones, se aplicarán las del código civil relativas al contrato de prenda.

El contrato de fletamento debe celebrarse por escrito; y si fuere por documento privado, se harán de el tantos ejemplares cuantas sean las partes interesadas.

Debe expresar:

La clase, nombre y toneladas de la nave; Su bandera y el lugar de su matrícula;

El nombre del capitán y de los contratantes, y su respectivo domicilio;

Si se fleta toda la nave o parte de esa, la cabida, el número de toneladas o la cantidad, peso o medida que se obligan respectivamente a cargar y recibir;

Los lugares y tiempo convenidos para la carga y descarga; El precio convenido y el tiempo de su pago;

La indemnización que se pacte para los casos de demora; y, Cualquiera otra estipulación en que convengan los contratantes.

Si el tiempo de la carga y de la descarga no está fijado en el contrato, se arregla según el uso de la plaza respectiva.

Si el tiempo y modo de pago no están fijados en el contrato, el flete es exigible hecha que sea la descarga.

Las naves pueden ser fletadas por viaje, por mes o de cualquier otra manera en que convengan los contratantes.

El viaje se considera principiado desde la salida de la nave del lugar donde principio a recibir su carga, o del lugar donde tomó el lastre, si debió salir en lastre.

Cuando la nave es fletada por mes, no habiendo pacto en contrario, se entiende que el plazo principia desde que se hace a la mar.

Si el fletador no ha puesto a bordo carga alguna en el tiempo fijado por el contrato, o por el uso, en su caso, el fletante puede a su elección:

1. Exigir la indemnización que haya fijado el contrato para casos de demora, o la que fijen peritos a falta de convenio;

2. Dar por terminado el contrato y exigir del fletador la mitad del flete estipulado; y

3. Emprender el viaje en lastre, setenta y dos horas después de haber hecho notificar al fletador; y exigir de éste, rendido el viaje, íntegros el flete y las estadías a que hubiere lugar.

Cuando el fletador no ha cargado sino parte de la carga en el tiempo fijado en el contrato, el fletante tiene derecho a elegir entre reclamar las indemnizaciones expresadas en el artículo anterior, y emprender viaje con la parte del cargamento recibido, en los términos expresados en el número 3o. Del mismo artículo.

Si la nave hubiere salido del puerto con parte de la carga, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, y le sobreviniere un caso de avería gruesa, el fletante podrá exigir del fletador, por contribución, las dos terceras partes de lo que le correspondería por lo que no cargo.

Cuando el fletante tenga el derecho de hacer salir la nave con parte de la carga, podrá cargarla sin el consentimiento del fletador para asegurar el flete y la contribución en el caso de avería gruesa; pero el beneficio del flete corresponderá al fletador, y será en su descargo la contribución que en la avería corresponde a estas mercaderías.

Si el fletador, sin haber cargado nada, quiere dar por terminado el contrato, antes de vencer el plazo estipulado para cargar, podrá hacerlo pagando al fletante la mitad del flete convenido. Si hubiere cargado algo, pagará además los gastos de descarga y los perjuicios que cause esta operación.

Las reglas precedentes son aplicables al desistimiento del fletamento por viaje redondo; y si éste fuere por meses, se calculará por peritos la duración probable del viaje.

Si el fletador cargare más de lo convenido en el contrato, pagará el flete del exceso, según el precio estipulado en el mismo contrato.

El capitán puede poner en tierra, en el lugar de la carga, los efectos que encuentre en la nave embarcados sin su consentimiento, o cobrar por ellos el flete más alto que se acostumbre en la misma plaza.

El fletante que declare tener la nave mayor capacidad que la que tiene, es responsable de los perjuicios que ocasione al fletador; salvo que el error no exceda de la cuadragésima parte, o que la declaración esté conforme con la certificación de arqueo.

Si, fletada una nave para ida y vuelta, retorna sin carga, o con carga incompleta por causa del fletador, satisfará éste el flete íntegro.

El fletador está en la obligación de entregar al fletante o al capitán, en el plazo de cuarenta y ocho horas después de terminada la carga, los papeles y documentos prescritos por la ley para el transporte de las mercaderías a menos que haya convenido en contrario.

Si el fletador no cumpliere esta obligación, será responsable de los daños y perjuicios, y el fletante o el capitán podrá ser autorizado por el juez, según las circunstancias, para descargar las mercaderías.

Siempre que la nave sufriere retardo en su salida o en su navegación, o en el lugar de su descarga, por hechos del fletador, sufrirá éste los gastos de la demora.

El fletante es responsable de los daños y perjuicios que sufra el fletador, si la nave no pudiere recibir la carga en el tiempo fijado en el contrato o si hubiere retardo en la salida, o en la navegación, o en el lugar de su descarga, por culpa del capitán o del mismo fletante.

Cuando una nave ofrece tomar a flete la carga que se presente, el fletante o el capitán podrá fijar el tiempo durante el cual la recibirá. Después de este tiempo, la nave deberá salir con el primer viento o con la primera marea favorable, si no se pactare otra cosa entre el capitán y los cargadores.

Si una nave ofrece tomar a flete la carga que se presente, y no han fijado tiempo para la salida, cada uno de los cargadores podrá sacar su carga sin pagar flete, devolviendo los conocimientos que se hubieren firmado y pagando los gastos de carga y descarga.

Sin embargo, si la nave está ya cargada en más de las tres cuartas partes de su cabida, el capitán está en la obligación de salir en la primera ocasión favorable, si lo exige la mayoría de los cargadores, ocho días después de la intimación al efecto, sin que ninguno de los cargadores pueda retirar su carga.

Si una nave fuere detenida a su salida, durante el viaje o en el lugar de la descarga, por hecho o negligencia del fletador o de algún cargador, el fletador o cargador será responsable para con el fletante, el capitán y los otros cargadores, de los daños y perjuicios, a los que quedan afectas las mercaderías cargadas.

Si la nave fuere detenida en el acto de la salida, durante el viaje o en el puerto de su descarga, por culpa del capitán, éste será responsable para con el fletador y los cargadores de los daños y perjuicios que sufran.

En los casos de los dos artículos precedentes, los daños y perjuicios serán fijados por peritos.

Si el fletador o cargador, sin consentimiento ni conocimiento del capitán, pusiere a bordo efectos de salida o de entrada prohibida, o si causare por algún otro hecho ilícito perjuicios a la nave, al capitán o a otros interesados, deberán indemnizarles; y aún en caso de que sus efectos fueren confiscados, deberá pagar el flete íntegro y la avería gruesa.

Si el capitán tuviere que hacer reparar la nave durante el viaje, el fletador y el cargador deberán esperar que la nave esté reparada, o sacar sus efectos pagando el flete, los gastos de descarga y de estiba y la avería gruesa, y restituir los conocimientos. Si alguno de éstos hubiere sido despachado ya, el desembarco de los efectos solo podrá realizarse por disposición de juez competente, y bajo fianza de que el fletador o cargador por las consecuencias que tengan los conocimientos despachados.

Si la nave fuere fletada por mes, no deberá pagar flete durante la reparación; ni aumento de flete, si la nave fuere fletada por viaje.

Si la nave no pudiere ser reparada, el capitán deberá fletar, por su cuenta, una o varias naves para transportar las mercaderías al lugar de su destino sin poder exigir aumento de flete.

Si el capitán no pudiere conseguir naves para el transporte, deberá tomar todas las medidas necesarias para que no sufran deterioro las mercaderías, y dar aviso a los fletadores o cargadores, para que ellos dispongan la traslación de las mercaderías a su destino primitivo, u otra cosa que tengan por conveniente.

En el primer caso, los fletadores o cargadores pagarán el flete íntegro, y los gastos de transporte serán de cuenta del capitán; en el segundo caso, pagarán el flete proporcional hasta el punto donde fue interrumpido el viaje, y los gastos de ahí en adelante serán de su cuenta.

El capitán será responsable de daños y perjuicios, y perderá el flete, si le probare que la nave antes de salir del puerto no se hallaba en estado de navegar. La prueba es admisible no obstante las certificaciones y visita de salida.

Se deberá el flete de las mercaderías de que el capitán se haya visto precisado a disponer para necesidades urgentes de la nave, en los casos que le permite este código, si la nave llegare a buen puerto; y en proporción al camino hecho, si naufragare.

Se debe el flete de las mercaderías arrojadas al mar para salvar la nave, a reserva de la contribución por avería gruesa.

Si estuviere bloqueado el puerto a que la nave va destinada, el capitán, si no tiene órdenes contrarias, debe conducir el cargamento a uno de los puertos vecinos de la misma nación a que le fuere posible y permitido abordar, y se debe pagar el flete.

No se debe el flete de las mercaderías pérdidas por naufragio o zaborda, o apresadas por enemigos o piratas; y si ha sido pagado anticipadamente, debe restituirse, a menos que haya convención en contrario.

Si las naves y las mercaderías fueren rescatadas, o si las mercaderías fueren salvadas del naufragio, el flete deberá pagarse hasta el lugar del apresamiento o del naufragio; y si el capitán llevare las mercaderías a su destino, recibirá íntegro el flete.

No se debe flete por las mercaderías que fueren salvadas en el mar o en la costa sin cooperación del capitán, y que después se entregaren a los interesados.

Vencido el tiempo de descarga fijado en el contrato o por disposición legal, el capitán tendrá el derecho de exigir del fletador o del consignatario la descarga de la nave y el pago del flete y de la avería.

Si han transcurrido los días de estadía y hay cuestión sobre la descarga, el capitán podrá, con autorización del juez, descargar las mercaderías y ponerlas en depósito, sin perjuicio del derecho del fletante sobre las mismas mercaderías.

El capitán no puede retener las mercaderías a bordo de la nave por falta de pago del flete, de la avería gruesa o de los gastos.

Puede exigir el depósito de las mercaderías hasta el pago de lo que corresponda, y si son efectos sujetos a deterioro, puede obtener la autorización judicial para su venta.

Si la avería gruesa no pudiere ser ajustada inmediatamente, podrá pedir la consignación judicial de una suma que fijará el juez.

El capitán tiene preferencia sobre todos los demás acreedores, en las mercaderías transportadas, por el flete, avería y gastos, hasta veinte días después de su entrega, si no han pasado a manos de terceros.

El capitán que entregare las mercaderías sin hacerse pagar el flete, las averías y otros gastos, o sin tomar las precauciones que le conceden las leyes vigentes en el lugar de la descarga, pierde su derecho contra el fletador o el cargador, si éste probare haber tenido la suma correspondiente en poder de aquel que recibiere las mercaderías, o que no puede obtener el reembolso por la quiebra de éste.

Si el consignatario se negare a recibir las mercaderías, el capitán puede, con autorización del juez, hacer vender una parte, y, en caso necesario, el todo, para el pago del flete, de las averías y los gastos; debiendo depositar judicialmente el exceso, y sin perjuicio de sus derechos contra el fletador o cargador por el déficit.

Si la negativa del consignatario se fundare en averías u otra causa de que hubiere de responder el capitán, podrá éste ser obligado a dar fianza suficiente, antes de pagársele el flete.

Cuando el flete fuese ajustado por número, medida o peso, el capitán tendrá el derecho de exigir que las mercaderías sean contadas, medidas o pesadas en el acto de la descarga.

Si en el caso del artículo que precede, el capitán descargare las mercaderías sin contarlas, medirlas o pesarlas, el consignatario tendrá el derecho de hacer constar su identidad, el número, la medida o el peso, aún con el testimonio de las personas que hubieren estado empleadas en la descarga.

Si hubiere presunción de que las mercaderías están averiadas o disminuidas, el capitán, el consignatario o cualquiera otra persona interesada puede exigir que las mercaderías sean examinadas judicialmente, a bordo de la nave, antes de la descarga.

Esta solicitud, por parte del capitán, en nada perjudica su defensa.

Si las mercaderías fueren entregadas mediante un recibo suelto o dado en el conocimiento, en que se exprese que están averiadas o disminuidas, los consignatarios conservarán el derecho de hacerlas examinar judicialmente, siempre que la solicitud se haga en las cuarenta y ocho horas siguientes a la entrega.

Si la avería o la disminución fuere visible exteriormente, la inspección judicial puede hacerse válidamente, después de haber pasado las mercaderías a manos del consignatario, siempre que se solicite en las setenta y dos horas siguientes a la entrega, y que la identidad de las mercaderías se compruebe según lo dispuesto en el art. 803, o por otro medio legal.

El cargador no puede abandonar por el flete las mercaderías que han disminuido de valor, o que se han deteriorado por vicio propio o caso fortuito. Más si son vasijas que contengan vino, aceite, miel u otro líquido, y éstos se han reducido a menos de la mitad, en alguno de ellos, puede el cargador abandonar éstos por el flete, excepto cuando el capitán pruebe que la disminución provino de vicio propio de las vasijas, o que estuvieron tapadas defectuosamente.

El contrato de fletamento queda resuelto de derecho, sin que ninguna de las partes pueda exigir flete ni indemnización, si ocurriere alguna de las circunstancias siguientes, antes de la salida de la nave:

1. Fuerza mayor o caso fortuito que impidiere la salida de la nave;

2. Prohibición de exportar del lugar de su salida todos o parte de los efectos comprendidos en un mismo contrato de fletamento, o de importarlos en el de su destino; y,

3. Interdicción de comercio con el país a que estuviere destinada la nave, o bloqueo del puerto de destino.

En estos casos, los gastos de carga y de descarga son de cuenta del fletador; y del fletante, los salarios y gastos de la tripulación.

El contrato de fletamento podrá resolverse a solicitud de una de las partes, si antes de principiarse el viaje sobreviene una guerra por la cual la nave y el cargamento, o cualquiera de ellos, dejen de ser considerados como propiedad neutral.

Si no estuviere libre la nave ni el cargamento, ninguna de las partes puede exigir a la otra indemnización alguna, y los gastos de la carga y de la descarga serán de cuenta del fletador.

Si sólo el cargamento no estuviere libre, el fletador pagará al fletante todos los gastos necesarios para el equipo de la nave, y para los sueldos y la manutención de la tripulación, hasta el día en que se exija la resolución; o si las mercaderías ya estuvieren a bordo, hasta el día de la descarga.

Si sólo la nave no estuviere libre, el capitán pagará todos los gastos de la carga y de la descarga.

En los casos mencionados en los dos artículos anteriores, el capitán conservará los derechos que hubiere adquirido al pago de estadías, y por avería gruesa, por daños sobrevenidos antes de la resolución del contrato.

Si una nave fletada para varios destinos, después de haber terminado un viaje, se hallare en el puerto en que debería comenzar otro viaje, se observarán las disposiciones siguientes, caso de sobrevenir una guerra antes de principiar el viaje nuevo:

1a. Si no estuviere libre ni la nave ni la carga, la nave deberá permanecer en el puerto hasta la paz, o hasta que pueda salir con un convoy o de otra manera segura, o hasta que el capitán reciba órdenes del propietario y de los cargadores.

Si la nave estuviere cargada, el capitán podrá depositar las mercaderías en almacenes u otros lugares seguros, hasta que se pueda continuar el viaje o hasta que se tomen otras medidas. Los sueldos y la manutención de la tripulación, los alquileres de almacenes y demás gastos causados por el retardo se pagarán como avería gruesa.

Si la nave no estuviere cargada aún, las dos terceras partes de los gastos serán de cuenta del fletador;

2a. Si solo la nave no estuviere libre, el contrato se dará por terminado por lo que resta del viaje, si lo exige el fletador.

Si la nave estuviere cargada, el fletante pagará los gastos de carga y de descarga. En este caso, solo podrá exigir el flete por el viaje hecho, las estadías y la avería gruesa; y,

3a. Si, al contrario, la nave estuviere libre, y no lo estuviere el cargamento, y el fletador no quisiere cargar, la nave podrá salir sin carga y completar su viaje con derecho a exigir la totalidad del flete, terminado que sea el viaje.

Por lo que respecta a avería y gastos de carga del nuevo cargamento y del flete que resulte de éste, se observará lo dispuesto en los Arts. 771 y 772.

Cuando una nave es fletada en lastre para otra plaza en donde debe recibir carga para un viaje, queda resuelto el contrato si, habiendo llegado la nave al lugar de la carga, sobreviene una guerra que le impida seguir el viaje; sin que haya lugar a indemnización por ninguna de las partes, si el impedimento proviene solo de la nave, o de ella y del cargamento; y si proviene solo del cargamento, el fletador deberá pagar la mitad del flete convenido.

Si, por sobrevenir una interdicción de comercio con el país a que se dirija la nave, o por riesgos de enemigos o piratas, se viere el capitán precisado a regresar con la carga, se le deberá únicamente el flete de ida, aunque el contrato haya sido por ida y vuelta.

Subsiste el fletamento, cuando solo ocurran accidentes de fuerza mayor o caso fortuito que impidan por poco tiempo la salida de la nave, o cuando acontezcan durante el viaje sin culpa del capitán, pero sin lugar a indemnización ni aumento de flete. Si la nave estuviere fletada por mes, no se contará el tiempo de la detención. Durante la detención de la nave, puede el fletador descargar las mercaderías a su costa, a condición de volver a cargarlas oportunamente.

Las disposiciones contenidas en esta sección son aplicables a los fletamentos parciales.

El cargador y el capitán que recibe la carga, se darán mutuamente un conocimiento escrito en idioma castellano, que expresará:

La fecha;

El nombre y domicilio del capitán;

La clase, la nacionalidad, el nombre y las toneladas de la nave; El nombre del cargador y el del consignatario;

El lugar de la carga y de su destino;

La naturaleza y cantidad de los objetos que se han de transportar, y sus marcas y números; y

El flete convenido.

El conocimiento puede ser a la orden, al portador, o a favor de persona determinada.

Del conocimiento se harán los ejemplares que exija el cargador, y deben ser cuatro por lo menos. Cada ejemplar será firmado por el capitán y por el cargador, y debe expresar el número total de ejemplares que se firmen. Uno de los ejemplares tomará el capitán.

Dentro de veinticuatro horas después de terminada la carga, deben firmarse los conocimientos, y devolverse al capitán sus recibos provisionales.

Si el capitán no recibiere los efectos contados, pesados o medidos, podrá indicar en el conocimiento que ignora su especie, número, peso o medida.

Si el capitán probare que su nave no podría contener la cantidad de efectos mencionados en el conocimiento, esta prueba hará fe contra el cargador; pero el capitán deberá indemnizar a aquellos que, sobre la fe de los conocimientos, hubieren pagado al cargador o al portador del conocimiento más de lo que contenía el buque, sin perjuicio del derecho del capitán contra el cargador.

Los conocimientos hechos según las disposiciones anteriores, hacen fe entre las partes interesadas en el cargamento, y entre ellas y los aseguradores.

Los cargadores no podrán desembarcar sus mercaderías ni variar la consignación sin restituir al capitán todos los conocimientos que les hubiere entregado.

Si el capitán consintiere el desembarque o el cambio de consignación sin haber retirado los conocimientos, será responsable de la carga al portador legítimo de ellos.

Siempre que los cargadores no puedan devolver los conocimientos, deberán otorgar fianza a satisfacción del capitán por el íntegro valor de la carga; y no otorgándola, no podrá éste ser compelido a entregar las mercaderías ni a firmar nuevos conocimientos para distinta consignación.

Falleciendo el capitán o cesando en su oficio antes de hacerse a la mar, los cargadores exigirán al sucesor la revalidación de los conocimientos; no exigiéndola, el sucesor responderá solamente de la carga existente a bordo cuando entró a ejercer su empleo.

El capitán que revalide los conocimientos de su antecesor, sin previo examen de conformidad con la carga, responderá de las faltas que últimamente se notaren.

Si, para la revalidación, el capitán exigiere el reconocimiento de la carga, los costos de esta diligencia serán de cuenta del propietario de la nave, sin perjuicio de su derecho para cobrarlos del capitán cesante, si éste dejó de serlo por haber dado motivo para su remoción.

Antes de principiarse la descarga, el portador de un conocimiento deberá presentarlo al capitán para que se le entreguen directamente las mercaderías; y omitiendo hacerlo, serán de su cuenta los gastos del almacenaje y la comisión de depósito, si el capitán lo hubiere solicitado.

Se prohíbe al capitán hacer entrega de la carga si concurren a exigirla varios portadores de conocimientos relativos a unas mismas mercaderías.

Llegado el caso previsto en el artículo anterior, el capitán pondrá la carga a disposición del juzgado para que ordene su depósito con notificación de los interesados, oiga a éstos y resuelva acerca de la propiedad y entrega de las mercaderías. Los interesados y el depositario deberán solicitar la venta de las mercaderías que por su naturaleza o por su estado se hallen expuestas a sufrir algún deterioro.

El producto de la venta, deducidos los costos y comisiones del depósito, será judicialmente consignado.

Hallándose disconformes los conocimientos de un mismo cargamento, se estará al contenido del presentado por el capitán, si estuviere escrito en su totalidad o llenado de mano del mismo cargador o del dependiente encargado de la expedición de su tráfico, o al contexto del exhibido por el cargador, siendo escrito o llenado por el capitán.

Si los conocimientos presentados tuvieren respectivamente la enunciada calidad prelativa, se estará al resultado de las demás pruebas que rindan las partes.

No se admitirá al capitán la excepción de que firmó los conocimientos en confianza y bajo la promesa de que se le entregaría la carga designada en ellos.

El consignatario devolverá al capitán los conocimientos al tiempo de recibir la carga, y en uno de los ejemplares pondrá el recibo correspondiente.

Siendo moroso en la entrega del conocimiento con recibo, el consignatario responderá al capitán de los daños y perjuicios que le ocasione la dilación.

No incurre en mora el consignatario que retarda la entrega del recibo hasta el resultado del reconocimiento de sus mercaderías.

Las demandas entre el capitán y el cargador que se refieran a la carga, serán necesariamente apoyadas en el conocimiento, y sin la exhibición de éste no se les dará curso.

Son averías: todo gasto extraordinario hecho para la conservación de la nave, o de las mercaderías, o de ambas, y todo daño que sufran la nave desde su salida hasta su arribo, o las mercaderías desde su embarque hasta su descarga en el puerto de la consignación.

No habiendo convención en contrario, se observarán en los casos de avería las disposiciones siguientes.

Las averías son de dos clases: gruesas o comunes, y simples o particulares.

Son averías gruesas o comunes todos los daños que, en virtud de deliberaciones motivadas, se causen antes o después de emprender el viaje, a la nave y su carga, conjunta o separadamente, pero en beneficio común, para salvarlas de un riesgo de mar; los daños supervenientes por consecuencia del sacrificio, y los gastos originados por causas imprevistas, hechos en beneficio común, en las épocas y forma expresadas, como:

1. Los valores que se entreguen por vía de composición para rescatar la nave y el cargamento;

2. Las cosas que se arrojan al mar para aligerar la nave, ya pertenezcan al cargamento, ya a la nave, ya a la tripulación;

3. Los cables, mástiles, áncoras y demás cosas que se corten, arrojen al mar o abandonen para salvar la nave;

4. El daño que sufra la nave o el cargamento por causa de las operaciones efectuadas para salvar la nave o el cargamento;

5. Los gastos de alijo para hacer entrar la nave en algún puerto o río por tempestad o por persecución de enemigos, y la pérdida o los daños que sufran las mercaderías por causa del alijo;

6. Los gastos efectuados para poner a flote la nave que se hubiese hecho encallar para evitar su apresamiento o su pérdida total;

7. La curación y manutención de la gente de mar y de los pasajeros que fueren heridos defendiendo la nave, los salarios de los primeros hasta su restablecimiento, y la indemnización por mutilación cuando se acuerde;

8. Los salarios, manutención e indemnización para el rescate de los individuos de la tripulación que, estando desempeñando servicios de la nave y el cargamento, fueren presos y detenidos por el enemigo o por piratas;

9. Los salarios y manutención de la tripulación durante el tiempo en que la nave, después de principiado el viaje, fuere detenida por una potencia extranjera o por causa de una guerra que sobrevenga mientras la nave y el cargamento no quedan libres de sus obligaciones recíprocas;

10. Los mismos salarios y alimentos durante el tiempo que la nave está obligada a permanecer en un punto de arribada para reparar los daños que deliberadamente hubiere sufrido en provecho común de todos los interesados;

11. El menoscabo que resultare en el valor de las mercaderías que, en una arribada forzosa, haya sido necesario vender a precios bajos, para reparar el buque del daño recibido por cualquier accidente que pertenezca a la clase de avería gruesa;

12. Los derechos de prácticos y otros gastos de entrada y de salida, pagados en un puerto de arribada forzosa, por causa que deba considerarse como avería gruesa;

13. Los alquileres de los almacenes y depósitos en que se depositen las mercaderías que no pueden quedar a bordo durante la reparación de daños considerados como avería gruesa; y,

14. Los gastos de una cuarentena extraordinaria, no prevista al hacerse el fletamento, mientras la nave y el cargamento están sometidos a ella, comprendidos los salarios y alimentos de la tripulación.

Averías simples o particulares son todos los daños y menoscabos que no se hicieren deliberadamente en bien común de la nave y del cargamento, y todos los gastos hechos en beneficio de la nave o del cargamento separadamente, como:

1. El daño que sufran las mercaderías por vicio propio, por tempestad, apresamiento, naufragio o encalladura;

2. Los gastos hechos para salvarlas;

3. La pérdida de cables, áncoras, velas, mástiles o cordajes, causada por tempestad u otro accidente de mar; y,

4. Los gastos de las arribadas ocasionadas por la pérdida fortuita de estos objetos, y por la necesidad de vituallas, o para la reparación de alguna vía de aguas.

Si, por bajos o bancos de arena conocidos, la nave no pudiera darse a la mar con el cargamento entero, ni llegar al lugar de su destino sin descargar una parte en lanchas para alijar el buque, los gastos causados por esta operación no se considerarán averías, y serán de cuenta de la nave, si el contrato de fletamento o los conocimientos no estipulan lo contrario.

Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes para la calificación de las averías, son igualmente aplicables a las lanchas y a los objetos cargados en ellas.

Si durante el trayecto sufrieren estas lanchas o las mercaderías a su bordo daños o pérdidas reputadas avería gruesa, las embarcaciones sufrirán una tercera parte de ellas, y las mercaderías las dos terceras partes restantes, y éstas serán repartidas como avería gruesa sobre la nave principal, sobre el flete y sobre el cargamento entero.

Recíprocamente, y hasta que las mercaderías cargadas en las lanchas estén descargadas en el lugar de su destino, continúan en comunidad con la nave principal y el resto del cargamento, y contribuyen a las averías gruesas que sufren éstas.

No se considerarán averías comunes, aunque sean hechas voluntariamente y después de deliberación motivada en bien de la nave, los daños sufridos o gastos causados por los vicios interiores de la nave, por su innavegabilidad o por falta o negligencia del capitán o de la tripulación.

Los gastos de prácticos, remolque y puerto no son averías, sino simples gastos a cargo de la nave.

Ninguna demanda es admisible por avería, si ésta no excede de una centésima parte del valor reunido de la nave y del cargamento, en la gruesa, y de la cosa dañada, en la simple.

Si el capitán, para salvar la nave, en caso de tempestad o persecución de enemigos, se creyere precisado a arrojar algunos efectos del cargamento, o romper parte de la nave para facilitar la echazón, o cortar los mástiles o abandonar las áncoras, deliberará previamente, tomando el parecer de los principales individuos de la tripulación y de los interesados en la carga, que estén presentes.

Si hubiere necesidad de dictámenes, se seguirá el del capitán y de los principales de la tripulación.

Si la inminencia del peligro no permitiere al capitán tomar el parecer de que habla el inciso primero, podrá resolver por si sólo, y bajo su responsabilidad, quedando a salvo a los perjudicados la respectiva acción judicial, si el capitán hubiere procedido con dolo, ignorancia o descuido.

Bajo la misma responsabilidad, podrá también separarse del parecer de los principales individuos de la tripulación, siempre que lo considere opuesto al interés común.

A juicio del capitán, aconsejado por los principales de la tripulación, se procurará que las cosas menos necesarias, más pesadas y de menos precio, sean arrojadas primero, y en seguida las que se encuentren en el primer puente.

Tan pronto como sea posible, el capitán asentará en el registro de la nave la diligencia de la deliberación.

Dicha diligencia contendrá:

Los motivos de la deliberación;

La relación de las cosas arrojadas y dañadas, con las especificaciones posibles; y Las firmas de los deliberantes, o los motivos de su negativa a firmar.

En el primer puerto a que llegue el capitán, deberá, dentro de veinticuatro horas, presentar al juez una copia de dicha diligencia, bajo juramento de ser verdaderos los hechos que expresa. Si la llegada fuere a puerto extranjero, se hará el juramento y la presentación de la copia ante el cónsul ecuatoriano, y no habiéndolo, ante la autoridad local que conozca de los negocios mercantiles, y, en su falta, ante cualquier juez común.

Contribuirán en común a la avería gruesa, sueldo a libra, las mercaderías salvadas y las pérdidas por echazón u otras medidas de salvamento y la nave y su flete.

La contribución se arreglará al valor que dichas cosas tuvieren en el lugar de la descarga, deducidos antes los gastos de salvamento.

Los salarios de la gente de mar no están sujetos a contribución.

Es obligación del capitán solicitar, en el lugar de la descarga y ante la autoridad indicada en el art. 846, el reconocimiento y justiprecio, por peritos que se nombrarán de oficio, de los daños y pérdidas que constituyen la avería gruesa.

Las mercaderías arrojadas se estimarán por el precio corriente en el lugar de la descarga y según la calidad que se probare por los conocimientos y facturas, si los hay.

Si las mercaderías resultaren de un valor inferior al que expresa el conocimiento, contribuirán según su estimación, si se han salvado; y si se han perdido o averiado, se pagarán según la calidad designada en el conocimiento.

Si las mercaderías resultaren de calidad inferior a la que indica el conocimiento, contribuirán según la calidad indicada en el conocimiento, si se han salvado; y si se han perdido o averiado, según su estimación.

La repartición proporcional que harán los peritos, de las pérdidas y los daños comunes, se llevará a efecto, después de aprobada por el juez o el cónsul, en sus respectivos casos.

No contribuirán a la avería gruesa las municiones de guerra y de boca de la nave, ni el equipaje del capitán ni de los demás individuos de la tripulación; pero el valor de estas mismas cosas, si se perdieren por la echazón, será pagado por contribución.

Los efectos que no constaren del conocimiento o de la declaración del capitán, no serán pagados si fueren echados, y contribuirán si se salvaren.

Los efectos cargados sobre la cubierta de la nave, no serán pagados si se arrojan o dañan, y contribuirán si se salvan. Esta disposición no es aplicable al comercio de cabotaje.

Las mercaderías que no estén aún embarcadas en la nave principal ni en los botes o canoas que los deben llevar a bordo, no contribuyen a las pérdidas que sufra la nave destinada a transportarlas.

Si la nave se perdiere a pesar de la echazón de una parte del cargamento, o de otros hechos ejecutados para salvarla, cesa la obligación de contribuir a la avería gruesa, y los daños y pérdidas ocurridos se estimarán como avería simple a cargo de los interesados en los efectos que los hubieren sufrido.

Cuando después de haberse salvado la nave del riesgo que dió lugar a la avería gruesa, pereciere por otro accidente en el progreso de su viaje, contribuirán a la avería gruesa los efectos salvados del primer riesgo que se hubieren conservado después de pérdida la nave, según el valor que tengan, atendido su estado, y con deducción de los gastos hechos para salvarlos.

Los efectos arrojados no contribuyen al pago de los daños acaecidos, después de su echazón, a las mercaderías salvadas.

En todos los casos sobredichos, el capitán y la tripulación tienen privilegio sobre las mercaderías, o su precio, por lo que les toque en la contribución.

En caso de abordaje, si fuere fortuito o causado por hecho de los capitanes de las tripulaciones, cada nave soportará el daño que hubiere sufrido; si fuere causado por culpa de uno de los capitanes, éste pagará todos los daños; si no constare que ha sido fortuito ni cual de los capitanes ha sido el culpable, cada una de las naves pagará la mitad de las reparaciones que fueren necesarias a juicio de peritos.

El abordaje se presume fortuito; pero se reputará ocasionado por culpa del capitán de la nave que se encuentre en alguno de los casos siguientes:

1. Si la nave estuviere mal fondeada por inobservancia de los reglamentos y usos del puerto; o si tuviere sus anclas sin las boyas necesarias, a menos que pruebe que las perdió sin culpa suya y que no ha podido reemplazarlas;

2. Si la nave zarpare de noche sin haberse puesto previamente en franquía, o navegare a toda marcha a inmediación de otra que estuviere fondeada o a la capa;

3. Si, a la entrada de un puerto, la nave tratare de tomar la delantera a otra que la precede, o si a la salida no cediere el paso a la nave que entrare al puerto;

4. Si, navegando con viento en popa, en una dirección tal que pueda encontrarse con otra en un punto de intersección, no tomare las precauciones necesarias para evitar el abordaje; y,

5. Si la nave, cualquiera que sea el punto donde se encuentre, no tuviere farol con luz siendo de noche.

Si la nave pereciere después del abordaje en el viaje que deba hacer para llegar a un puerto de arribada para su reparación, se presume que la pérdida fue causada por el abordaje.

Si una nave en marcha causare daño sin culpa del capitán o de la tripulación a otra nave anclada en lugar conveniente, aquella pagará la mitad del daño de ésta, sin comprender el suyo propio.

Estos daños se repartirán como avería gruesa sobre la nave y la carga.

No habrá lugar al pago de daños, si el capitán de la nave anclada hubiera podido evitar el abordaje, o disminuir sus consecuencias, soltando sus cables, o cortando sus amarras, siempre que hubiere podido hacerlo sin peligro; o si no lo hizo a pesar de haber sido oportunamente requerido por la otra nave.

Si una nave garreando fuere sobre los cables de otra anclada cerca de ella, y los cortase, de modo que ésta perdiese sus anclas y por este suceso sufriere daño o naufragare, la primera deberá indemnizar todo el daño que sufrieren la otra y su cargamento.

Si una nave anclada o amarrada en un punto, sin soltarse, y por la impetuosidad de las olas, o por una tempestad u otra fuerza mayor, causare daños a otras naves que se encuentren cerca de ella, éstos serán sufridos por las naves perjudicadas como avería particular.

Si una nave se hallare sobre un bajo y no pudiere retirarse, su capitán, en caso de peligro, tiene el derecho de exigir que otra nave que le quede cerca, leve sus anclas o corte sus amarras para dar paso a aquella, siempre que la otra pueda hacerlo sin riesgo. La nave en peligro debe pagar los perjuicios que sufra la otra.

El capitán de la nave vecina que rehusare satisfacer a la exigencia, o no lo hiciere por negligencia, será responsable de los daños que resultaren de ello.

Llamase arribada forzosa la entrada necesaria de la nave a un puerto o lugar distinto del prefijado para el viaje convenido.

La arribada forzosa es legítima o ilegítima.

Es legítima la que procede de caso fortuito, e ilegítima, la que trae su origen del dolo, la negligencia o la impericia del capitán.

Son justas causas de arribada:

1a. La falta de víveres;

2a. El temor fundado de enemigos o piratas; y,

3a. Cualquier accidente en la tripulación o la nave que la inhabilite para continuar el viaje.

La justicia de la causa no legítima la arribada en los casos siguientes:

1. Si la falta de víveres proviene de su corrupción o pérdida por la mala colocación o el descuido en su custodia y conservación, o de no haberse hecho el aprovisionamiento necesario según el uso y las circunstancias de la navegación;

2. Si el riesgo de enemigos o piratas no fuese manifiesto y fundado en hechos positivos y justificables;

3. Si la peste u otras enfermedades de la tripulación procedieren de la mala calidad de los víveres que formen el aprovisionamiento de la nave; y,

4. Si la inhabilitación de la nave proviene de no haberla reparado, pertrechado y equipado convenientemente para el viaje; de alguna disposición desacertada del capitán, o de no haber tomado la que convenía para evitar el descalabro.

La resolución de la arribada forzosa corresponde a la junta de oficiales de la nave, y se llevará a efecto lo que acuerde la mayoría de los vocales, en los términos de los arts. 843 y 844.

Los cargadores presentes o sobrecargos serán citados a la junta para los efectos que indican los artículos precitados.

El acta será redactada, firmada y presentada en la forma que prescribe el Art. 845, y las protestas serán literalmente insertadas en ella.

El propietario y el capitán no son responsables para los cargadores de los daños y perjuicios que les ocasione la arribada legítima.

Pero si la arribada fuere ilegítima, ambos estarán solidariamente obligados a indemnizar a los cargadores.

El capitán no podrá descargar las mercaderías en el puerto de arribada forzosa, sino en los siguientes casos:

1. Si los cargadores lo exigieren para prevenir el daño de las mercaderías; 2. Si la descarga fuere indispensable para hacer la reparación de la nave; y, 3. Si se reconociere que el cargamento ha sufrido avería.

En los dos últimos casos, el capitán solicitará la autorización del juzgado; y si el puerto de arribada fuere extranjero, del cónsul ecuatoriano, o, en su defecto, de la autoridad local.

Los gastos de la descarga serán de cuenta de los cargadores.

Notándose que la carga ha sufrido avería, el capitán cumplirá con lo prevenido en el art. 846, y con las órdenes que el cargador presente o su consignatario le comunique acerca de las mercaderías averiadas.

No encontrándose presente el propietario de las mercaderías averiadas, ni persona que le represente, el capitán pedirá al juzgado, al agente consular o a la autoridad local, en sus respectivos casos, el nombramiento de perito para que, previo reconocimiento de las mercaderías averiadas, informe acerca de la naturaleza y extensión de la avería, de los medios de repararla o evitar su propagación, y si será o no conveniente el embarque y conducción de las mercaderías al puerto de la consignación.

En vista del informe del perito, la autoridad que conozca del caso, proveerá la reparación y reembarque de las mercaderías, o que se mantengan en depósito, según viere convenir a los intereses del propietario; y el capitán llevará a efecto, bajo su responsabilidad, lo que se decretare.

Ordenándose la reparación y reembarque, el capitán empleará sucesivamente, para cubrir los gastos que tales operaciones demanden, los arbitrios que se expresan a continuación:

1. Tomar de la caja de la nave la cantidad necesaria, con calidad de reintegro y abono del interés corriente;

2. Contratar un préstamo a la gruesa sobre las mismas mercaderías; y,

3. Solicitar de la autoridad competente la venta en martillo de las mercaderías averiadas, hasta la cantidad indispensable para cubrir los gastos.

El capitán, o el dador, en su caso, tiene privilegio sobre todos los acreedores para ser reintegrado, del capital y los intereses del préstamo, con el producto de las mercaderías averiadas.

Decretándose el depósito, el capitán dará cuenta al cargador o a su consignatario para que resuelva lo que mejor le convenga.

Pero si el mal estado de las mercaderías ofreciere un inminente peligro de pérdida o aumento de deterioro, el capitán pedirá se proceda inmediatamente a su venta en martillo; pagará con su producto los gastos causados y los fletes que hubiere devengado la nave en proporción del camino andado, y depositará el resto a la orden del interesado, dándole, desde luego, el correspondiente aviso.

El capitán está obligado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, a continuar el viaje tan luego como cese la causa de la arribada forzosa.

Pero si ésta fuere motivada por temor de enemigos o piratas, el capitán no podrá hacerse de nuevo a la mar sin el previo acuerdo de la junta de oficiales.

Perdiendo la esperanza de salvar la nave, y permitiéndole la urgencia del caso, el capitán reunirá la junta de oficiales y someterá a su deliberación, si, atendidas las circunstancias, debe o no abandonar la nave.

Resolviéndose el abandono, el capitán extraerá el dinero, los libros y la parte más preciosa del cargamento; y si llegare a consumarse el naufragio, recogerá los fragmentos de la nave y los restos del cargamento.

Naufragando la nave que va en convoy o en conserva, se distribuirá entre los demás que la acompañan, en proporción al espacio que cada una tenga desembarcado, la parte de la carga y los pertrechos que se hubieren salvado.

Si alguno de los capitanes rehusare, sin justa causa, recibir la parte de la carga que le corresponda, el capitán náufrago protestará contra el, ante dos oficiales de mar, por los daños y perjuicios que cause su negativa, y ratificará la protesta en el primer puerto de arribada, dentro del término legal. Una copia de la protesta será agregada al proceso informativo de que trata el Art. 760.

El capitán que reciba mercaderías náufragas, no está obligado a variar el rumbo para transportarlas al punto de la consignación; pero deberá conducirlas al del destino de su nave y entregarlas a sus propietarios o consignatarios.

Por falta de unos y otros, pondrá las mercaderías a disposición del juzgado, para que ordene su depósito, por cuenta de los interesados.

Caso que, sin variar de rumbo y continuando el mismo viaje, sea posible descargar las mercaderías náufragas en el puerto a que fueren destinadas, el capitán podrá arribar con este objeto, siempre que lo consientan los cargadores o sobrecargos y los pasajeros y oficiales de la nave, a quienes se les consultará; que el puerto no sea de peligroso acceso, y que no haya temor fundado de enemigos o piratas.

Los daños y perjuicios que cause la arribada ejecutada sin el consentimiento de todas las personas enunciadas, serán de la responsabilidad del capitán.

En los casos previstos en los dos artículos anteriores, las mercaderías porteadas responden privilegiadamente del pago del flete y de los gastos de arribada, descarga y cualquier otro que se haga por causa y en beneficio de ellas.

El capitán de la nave que verifica el transporte de las mercaderías náufragas, gozará del privilegio que establece el Art. 877 por las cantidades que anticipe y el interés mercantil.

El flete, si no hubiere comercio, será regulado por peritos en el puerto de la descarga, habida consideración a la distancia andada, la dilación que sufra la nave, las dificultades vencidas y los riesgos corridos para recoger y poner a bordo las mercaderías.

El capitán que, sin hallarse presente en los momentos de naufragio, encontrare mercaderías náufragas, estará obligado a recogerlas, transportarlas y entregarlas al propietario o a la persona que le represente, cobrando los gastos y fletes que correspondan.

Siempre que el capitán náufrago o algún corresponsal de los cargadores o consignatarios rehuse anticipar las cantidades necesarias para pagar los fletes y gastos, el juzgado mandará vender en martillo la parte de los objetos salvados que considere suficiente para cubrir su monto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 350 del código de policía marítima, ninguna persona particular podrá entrar a la nave, so pretexto de socorrerla o salvarla del naufragio o varada, emprender el salvamento de la que se encuentre encallada o quebrantada, ni recoger objetos náufragos que floten en el mar o salgan a la costa, sin el expreso consentimiento del capitán presente o del oficial que lo reemplace.

Las personas que tengan conocimiento de un naufragio o varada en costas de la república, o de la salida a ellas de los fragmentos de una nave o de los restos de un cargamento, cumplirán las obligaciones que impone el art. 670 del código civil, quedando sujetas a la acción y pena que el establece, siempre que se apropien objetos náufragos.

En el caso de pillaje, la conducta de los individuos que no denuncien el naufragio o varada, será examinada por la autoridad competente para investigar su responsabilidad en aquel delito.

El funcionario público a quien se denuncie una varada o un naufragio ocurrido en el distrito de su cargo, se trasladará inmediatamente al lugar del suceso, y dictará todas las providencias conducentes al salvamento de los hombres de mar, de la nave, sus papeles, libros y cargamento, y a la conservación de los objetos que se puedan salvar.

Evacuadas estas diligencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 352 del Código de Policía Marítima, dicho funcionario dará cuenta al juzgado más inmediato para que proceda al cumplimiento de las disposiciones que contienen los Arts. 671, 672, 673 y 674 del Código Civil.

Fuera del caso determinado en el art. 886, los objetos salvados serán vendidos en martillo, previo decreto, si no fuere posible conservarlos por estar averiados o hallarse expuestos a perderse o deteriorarse por vicio propio.

El producto de la venta será judicialmente depositado por cuenta de quien corresponda.

El propietario o los cargadores podrán reclamar del capitán o del piloto la competente indemnización con arreglo al art. 743, siempre que el naufragio o varada provenga de dolo, culpa o impericia de alguno de ellos.

Si el naufragio o varada procediere de que la nave no fue convenientemente reparada y pertrechada para el viaje, el propietario responderá exclusivamente para los cargadores de los perjuicios causados a la carga.

Los efectos salvados del naufragio o varada o el producto líquido de su venta, responden privilegiadamente de los gastos hechos y de los salarios debidos por los servicios prestados para salvarlos; y los propietarios deberán pagar el importe de unos y otros, antes de la entrega, a no ser que rindan fianza a satisfacción de los interesados.

Son casos de salvamento aquellos en que:

1. La nave o su carga fuere repuesta en alta mar o conducida a un puerto, y fueren extraídos del fondo de la mar algunos objetos pertenecientes a la nave o al cargamento;

2. La nave o las mercaderías encontradas sin dirección en alta mar o en la costa fueren salvadas;

3. Se salvare la carga de la nave varada en la costa o arrojada contra los rompientes, encontrándose en un peligro tal que no ofrezca seguridad a la tripulación y a las mercaderías;

4. Se extrajere la carga de una nave destrozada; y,

5. La nave abandonada por la tripulación fuere ocupada por personas resueltas a salvarla, y conducida a puerto seguro con toda la carga o parte de ella.

En la estimación del salario de salvamento se tendrán en consideración la prontitud del servicio, el tiempo empleado en el, el número de personas necesarias para dispensar una asistencia eficaz, la naturaleza del servicio, el peligro corrido para prestarlo y el que corrían los efectos salvados, la fidelidad con que éstos hayan sido entregados y su valor determinado por peritos.

Los salarios serán fijados por la autoridad que presida el salvamento, y en caso de controversia, por el juzgado respectivo.

El primer denunciante del naufragio o de la varada tiene derecho a una prima de aviso que será regulada por el funcionario que asista al salvamento, atendidas las circunstancias del caso.

Reuniéndose en una misma persona la doble calidad de inventor y salvador, la gratificación de salvamento que otorgan los Arts. 666 y 673 del Código Civil, podrá extenderse hasta el tercio del valor de los objetos salvados, previa deducción del importe del salario de asistencia y salvamento.

Los individuos que ocupen la nave con el designio de salvarla, la pondrán a disposición del capitán o de los oficiales al primer requerimiento que se les dirija, so pena de perder su salario y de responder de los daños y perjuicios.

La entrega de la nave dejará a salvo los derechos ya adquiridos por el salvamento.