CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO, LIBRO I

La Junta de Política y Regulación Monetaria podrá autorizar operaciones de liquidez con instituciones financieras, con la condición de que se realicen sin perjuicio de su objetivo principal especificado en el artículo 27 y se realizará teniendo en cuenta la regla de respaldo especificada en este Libro.

La Junta de Política y Regulación Monetaria definirá el techo para las operaciones de gestión de liquidez.

Serán instrumentos para gestionar la liquidez los siguientes:

1. Encaje;

2. Emisión de Valores a corto plazo del Banco Central del Ecuador a ser utilizados en operaciones de mercado abierto;

3. Operaciones de ventanilla de redescuento; y,

4. La tasa de interés a la que interviene en el mercado monetario.

La Junta de Política y Regulación Monetaria emitirá una resolución que especificará los términos y condiciones para las operaciones de liquidez. Los detalles incluirán, entre otros, la definición de: la solvencia de los destinatarios como un criterio de elegibilidad para dicha liquidez a corto plazo; la duración de las operaciones; los valores requeridos como garantía adecuada; y la definición de un límite en el monto máximo de liquidez a corto plazo que se puede proporcionar a un receptor en términos del tamaño del balance de la entidad financiera respectiva o la garantía requerida.

El Banco Central del Ecuador, deberá presentar al menos semestralmente a la Junta de Política y Regulación Monetaria un informe de la liquidez de la economía del país, que servirá de base para la adopción de las políticas que correspondan en la materia. El ente rector de las finanzas públicas entregará la información que requiera el Banco Central del Ecuador para la elaboración de estos informes.

Las entidades del sistema financiero nacional, para conservar un nivel de liquidez adecuado que promueva el crecimiento y el trabajo, están obligadas a mantener en el país la proporción de la liquidez total que determine la junta de política y regulación monetaria y financiera.

Las entidades del sistema financiero nacional, están obligadas a mantener reservas de liquidez en el Banco Central del Ecuador respecto de sus activos y/o pasivos, de acuerdo a las regulaciones que expida para el efecto la Junta de Política y Regulación Monetaria.

El Banco Central del Ecuador no reconocerá remuneración alguna sobre la porción de la reserva de liquidez depositada en las cuentas corrientes que las entidades del sistema financiera nacional mantengan en el Banco.

La Junta de Política y Regulación Monetaria podrá determinar la remuneración sobre el exceso de depósitos mantenidos por concepto de reservas por las entidades del sistema financiero nacional en las cuentas corrientes del Banco Central del Ecuador.

Si la proporción de liquidez doméstica de una entidad financiera acusara deficiencia, el Banco Central del Ecuador aplicará una multa equivalente a la tasa máxima legal de interés vigente a la fecha del incumplimiento, calculada sobre el monto de la deficiencia, sin perjuicio de la obligación que tiene la entidad financiera de superar la deficiencia en forma inmediata.

Si una entidad financiera incumple las reservas de liquidez, el Banco Central del Ecuador le aplicará una multa equivalente a la tasa máxima legal de interés vigente a la fecha del incumplimiento, calculada sobre el monto de la deficiencia, sin perjuicio de la obligación que tiene la entidad financiera de superar la deficiencia en forma inmediata.

La reincidencia en el incumplimiento de las disposiciones señaladas en los incisos precedentes, en un año calendario, se castigará como sanción grave de acuerdo con el artículo 264 numeral 2.

El Banco Central del Ecuador, dentro de la sostenibilidad de la balanza de pagos, podrá emitir valores, a corto plazo menores a 360 días, denominados Títulos del Banco Central (TBC). Los TBC se emitirán por tipos o series que podrán tener diferentes características. Estos valores se colocarán en el mercado primario a través de los sistemas centralizados de negociación utilizando los mecanismos idóneos determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria con entidades del sector financiero privado y de la economía popular y solidaria; no serán considerados deuda pública, independientemente de su plazo y se negociarán en el mercado privado.

Exclusivamente para propósitos de provisión de liquidez de corto plazo al mercado, el Banco Central del Ecuador podrá efectuar operaciones de mercado abierto con las entidades del sistema financiero nacional, únicamente a través de operaciones de reporto o compra definitiva de valores emitidos por el Banco Central del Ecuador.

El Banco Central del Ecuador determinará tasas, plazos, reportes de valoración y demás condiciones de los valores objeto de operaciones de mercado abierto, enmarcados dentro de los términos, condiciones, límites y techos autorizados conforme lo señalan el artículo 118 y a los referentes a los instrumentos de manejo de liquidez.

El Banco Central del Ecuador podrá efectuar operaciones de redescuento de activos financieros en el portafolio del sistema financiero privado, excluyendo aquellos que hubieren sido emitidos por el ente rector de las finanzas públicas o del resto del sector público, según las resoluciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria.

La Junta de Política y Regulación Monetaria determinará cupos, tasas, plazos, reportes de valoración y demás condiciones para la ventanilla de redescuento.

Los recursos que la entidad mantenga en el Fondo de Liquidez se constituirán en garantía de última instancia sobre las operaciones de redescuento.

En caso de que las entidades financieras receptoras de las operaciones de redescuento incumplan con los pagos establecidos, el Banco Central del Ecuador declarará de plazo vencido la totalidad de la operación redescontada y requerirá al Fondo de Liquidez que le transfiera de manera inmediata los valores adeudados pendientes, con cargo a los aportes de la entidad financiera que corresponda, sin que medie autorización adicional alguna. El incumplimiento de la entidad financiera en la restitución de los valores al Fondo de Liquidez será causal de liquidación forzosa.

En caso de que las entidades financieras receptoras de las operaciones de redescuento entren en proceso de liquidación, los valores de la Cartera o títulos redescontados tendrán prioridad de pago, sea a través de los aportes al Fondo de Liquidez de la entidad financiera que corresponda, con activos de conversión inmediata a efectivo de propiedad de la entidad o con pagos directos en dinero. El liquidador designado tendrá la obligación de cumplir con esta disposición de acuerdo con la prelación de pagos establecida en el artículo 315.

Las operaciones de redescuento se podrán realizar cuando se haya cumplido la regla de respaldo y únicamente con la liquidez en el cuarto sistema una vez cubiertos los tres primeros.

La Junta de Política y Regulación Financiera establecerá el sistema de tasas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas por la ley, las mismas que deberán observar lo dispuesto en el artículo 14.1 número 26 de este Código. Se prohíbe el anatocismo.

A requerimiento de las entidades financieras públicas, la Junta de Política y Regulación Financiera establecerá una tasa de interés máxima especial para créditos de interés social pertenecientes al segmento microcrédito.

Sin perjuicio del objetivo especificado en el artículo 27, el Banco Central del Ecuador podrá intervenir en la compra, venta o negociación de oro u otros metales preciosos y podrá hacer operaciones financieras con estos metales para la obtención de créditos de liquidez conforme el artículo 38 de este Código, en la forma y condiciones que autorice la Junta de Política y Regulación Monetaria.

Bajo ninguna circunstancia, podrá utilizarse este tipo de operaciones para financiar o respaldar directa o indirectamente al ente rector de las finanzas públicas o cualquier entidad pública.

Los bienes y recursos que integran los activos externos del banco central del ecuador son inembargables, gozan de inmunidad soberana, no pueden ser objeto de ningún tipo de apremio, medida preventiva o cautelar ni de ejecución, y solo pueden aplicarse a los fines previstos en el presente código.

Se entiende por reserva internacional al total de activos externos en divisas e instrumentos financieros que posee el Banco Central del Ecuador frente a no residentes, denominados en divisas que sean considerados convertibles, líquidos y de libre disponibilidad. La reserva internacional está conformada por los siguientes activos:

1. Oro monetario mantenido por el Banco Central del Ecuador;

2. Billetes y monedas denominados en divisas libremente convertibles en el Banco Central del Ecuador;

3. Los depósitos netos en instituciones financieras y organismos financieros internacionales, a corto plazo;

4. Valores de deuda negociables y líquidos denominados en divisas libremente convertibles y emitidos por, o respaldados por, gobiernos extranjeros, bancos centrales u organismos financieros internacionales;

5. Derechos de cobro a organismos financieros internacionales;

6. Derechos especiales de giro (DEG) mantenidos en la cuenta de la República del Ecuador en el Fondo Monetario Internacional;

7. La posición de reserva de la República del Ecuador en el Fondo Monetario Internacional; y,

8. Cualquier otro activo financiero fácilmente negociable en el extranjero, denominado en divisas libremente convertibles, según lo determine la Junta de Política y Regulación Monetaria.

El Banco Central del Ecuador llevará a cabo transacciones con los activos que forman parte de la reserva internacional y administrará dicha reserva de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y conforme al objetivo establecido en el artículo 27 de este Código. El Banco Central del Ecuador invertirá la reserva internacional en activos que prioricen en su orden la seguridad, la liquidez y la rentabilidad.

La Junta de Política y Regulación Monetaria expedirá las regulaciones para administrar una reserva internacional adecuada a las necesidades de los pagos internacionales, así como la metodología de cálculo de la reserva internacional.

En caso de que la reserva internacional disminuya o, pueda disminuir o alcanzar niveles que puedan poner en peligro las políticas de la Junta de Política y Regulación Monetaria, incluida la regla de respaldo establecida en este Libro, y el Banco Central del Ecuador no pueda remediar dicha disminución, la Junta de Política y Regulación Monetaria recomendará una política al ente rector de las finanzas públicas para remediar esta situación. La recomendación del Banco Central del Ecuador se basará en un informe que incluya las causas que llevan a la disminución de la reserva.

Los activos externos del Banco Central del Ecuador estarán conformados por la reserva internacional, activos netos en instituciones financieras del exterior que no sean de libre disponibilidad, unidades de cuenta emitidas por organismos monetarios internacionales, posiciones con organismos internacionales, posiciones del Banco Central del Ecuador en los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales; y, otros activos externos en divisas determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria.

Los rendimientos de las inversiones que realiza el Banco Central del Ecuador con los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social serán transferidos mensualmente a dicha institución y no formarán parte de los ingresos corrientes ni utilidades del Banco Central del Ecuador.

Para efectos de este Código son las operaciones y servicios que están vinculados con flujos o riesgos financieros; y que, se realiza de forma habitual, por las entidades que conforman el sistema financiero, de valores y de seguros, previa autorización de los organismos de control, utilizando, a cualquier título, recursos de terceros para operaciones de crédito; inversión en valores de renta fija o renta variable; servicios de seguros; servicios o instrumentos de manejo y protección de riesgo; servicios de compra venta, intermediación o suscripción de valores; así como para otras operaciones que defina la Junta de Política y Regulación Financiera en función del desarrollo o innovación del mercado de servicios financieros, de valores y seguros. Las actividades financieras son un servicio de orden público, reguladas y controladas por el Estado.

La superintendencia de bancos y la superintendencia de economía popular y solidaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizarán a las entidades del sistema financiero nacional el ejercicio de actividades financieras. En la autorización indicada, se determinará las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios financieros que podrán ejercer las entidades, por segmentos, de acuerdo con su objeto social, línea de negocio, especialidades, capacidades y demás requisitos y condiciones que para el efecto establezca la junta de política y regulación monetaria y financiera.

Las autorizaciones determinadas en este artículo constarán en acto administrativo motivado y serán emitidas previo el cumplimiento de los requisitos determinados en este Código y en las normas expedidas para el efecto. Las autorizaciones podrán ser revocadas por las causas señaladas en el presente Código.

Las entidades del sistema financiero nacional, además de esta autorización y antes del inicio de operaciones, deberán obtener del organismo de control el respectivo permiso de funcionamiento, de acuerdo con el trámite que se establezca para el efecto.

Solamente las personas jurídicas autorizadas por los respectivos organismos de control podrán utilizar las denominaciones: "banco", "corporación financiera", "almacén general de depósito", "casa de cambio", "servicios auxiliares del sistema financiero", "cooperativas de ahorro y crédito", "asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda" y "cajas centrales" y las demás específicas utilizadas en el presente Código y las normas que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

No podrán usarse expresiones que por una semejanza fonética o semántica, induzcan a confusión con las anteriores. La superintendencia correspondiente calificará la semejanza.

Los organismos de control podrán revocar la autorización para el ejercicio de actividades financieras por las siguientes causas:

1. No realizar el mínimo de operaciones determinadas por el organismo de control durante un período de por lo menos seis meses consecutivos;

2. Haber suministrado información falsa o fraudulenta u omitido información relevante para obtener la autorización; y,

3. En los demás casos previstos en este Código.

La revocatoria podrá ser resuelta, total o parcialmente, respecto de una o varias autorizaciones. La revocatoria de una o varias autorizaciones, que a criterio del organismo de control pongan en riesgo la viabilidad económico-financiera de la entidad, será causal de liquidación forzosa.

El organismo de control mediante norma establecerá el procedimiento de la revocatoria de la autorización, observando las garantías constitucionales del debido proceso. La resolución de revocatoria no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos o demandas ante los tribunales de justicia o arbitrales.

Es responsabilidad del Estado facilitar el acceso a las actividades financieras y fomentar su democratización, mediante la formulación de políticas y regulaciones. También velará por los derechos de los usuarios y/o clientes del sistema financiero nacional.

El estado y sus instituciones no podrán, de manera alguna, disponer cualquier forma de congelamiento o retención arbitraria y generalizada de los fondos o depósitos consignados en las entidades del sistema financiero nacional.

La inobservancia de esta prohibición acarreará responsabilidades penales, civiles y administrativas.

Créase el sistema de garantía crediticia como un mecanismo que tiene por objeto afianzar obligaciones crediticias u obligaciones y garantías destinadas a asegurar el cumplimiento de contratos amparados por la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública de las personas que no están en capacidad de concretar proyectos con el sistema financiero nacional o contratos como proveedores del Estado por falta de garantías, tales como primeros emprendedores, madres solteras, personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y otras personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

El sistema de garantía crediticia también podrá afianzar las inversiones en valores emitidos al amparo de la Ley de Mercado de Valores, de empresas que apuntalen el cambio de la matriz productiva.

La garantía crediticia podrá ser otorgada por personas jurídicas de derecho público y privado.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará el sistema de garantía crediticia y determinará la institución pública a cargo de su gestión.

El sistema de garantía crediticia estará bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

Las entidades del sistema financiero nacional estarán sujetas a la regulación que expida la junta de política y regulación monetaria y financiera.

La regulación deberá reconocer la naturaleza y características particulares de cada uno de los sectores del sistema financiero nacional.

La regulación podrá ser diferenciada por sector, por segmento, por actividad, entre otros.

Las personas naturales y jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. En el caso de servicios no financieros prestados por terceros, las entidades deberán proporcionar la información relacionada con el proceso de cobro o cargo.

Tienen derecho a elegir con plena libertad productos y servicios, financieros y no financieros, en función de los precios, tarifas, gastos, costos, así como los beneficios existentes, y a suscribir instrumentos, sin ser presionados, coaccionado o inducidos.

Es derecho de los usuarios financieros que la información y reportes crediticios que sobre ellos constan en las bases de datos de las entidades financieras sean exactos y actualizados con la periodicidad establecida en la norma.

Las entidades del sistema financiero nacional y las que conforman los regímenes de valores y seguros, están obligadas a revelar a sus clientes y usuarios la existencia de conflictos de intereses en las actividades, operaciones y servicios que oferten a los mismos. Para el efecto, la Junta establecerá la regulación correspondiente.

Los derechos de los usuarios y clientes del sistema financiero nacional, en relación con la protección de datos, recibir información veraz, derecho de petición y demás derechos conexos, sobre servicios financieros y no financieros, son irrenunciables; toda disposición o estipulación en contrario no producirá efecto alguno.

En los caso de duda respecto al alcance y aplicación de este Código y demás normativa conexa, las entidades sujetas a su ámbito de aplicación resolverán velando por los derechos de los usuarios y/o clientes.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará los estándares de calidad de los servicios financieros, de los sistemas de medición de satisfacción de los clientes y usuarios y de los sistemas de atención y reparación. Las entidades financieras prestarán servicios eficientes, oportunos y transparentes, para lo cual informaran a los usuarios y/o clientes, a través de los diferentes canales de comunicación que mantengan, sobre los servicios y cargos, de acuerdo con las normas y frecuencia establecidos para el efecto.

Es derecho de los usuarios que los cargos que se impongan por servicios financieros y no financieros se efectúen luego de que hayan sido expresa y previamente aceptados.

En los términos dispuestos por la constitución de la república, este código y la ley, los usuarios financieros tienen derecho a que su información personal sea protegida y se guarde confidencialidad.

Los usuarios y/o clientes del sistema financiero nacional tendrán derecho a requerir la adopción de medidas eficaces que garanticen tanto la seguridad de las operaciones financieras, como el recibir protección efectiva y sin dilaciones por parte del defensor del cliente, las superintendencias y demás instancias administrativas o judiciales competentes, especialmente los siguientes casos:

1. Existencia de cláusulas prohibidas o que atenten a sus derechos;

2. Vulneración del resguardo de sus datos personales que las entidades financieras obtengan por cualquier medio del usuario o cliente, en el marco de la ley de la materia;

3. Negativa al acceso a su información y datos personales crediticios por medios físicos o digitales, que consten en cualquier base de datos de las entidades del sistema financiero nacional. Tienen derecho a exigir la rectificación sin costo alguno cuando la información sea inexacta o errónea;

4. Empleo de métodos de cobranza judicial y extrajudicial, por parte de las instituciones financieras, que atenten contra su privacidad, dignidad personal, familiar, honra o buena reputación;

5. Modificaciones unilaterales de las condiciones y términos incluidos en los contratos;

6. Negativa a recibir la cobertura del fondo de garantía de depósitos, de acuerdo con la ley.

7. Negativa por parte de las entidades financieras a proporcionar información y documentación de todos los actos que respalden la negociación, contratación, ejecución y terminación del contrato, y/o de la prestación de productos y servicios, en los que sean las entidades financieras las prestadoras directas;

8. Negativa a obtener los documentos que han sido debidamente cancelados o endosados por haberse subrogado la obligación en calidad de obligado indirecto; y,

9. Los demás establecidos por los órganos de control.

Las entidades del sistema financiero nacional deberán publicar en su página web el texto de los modelos de los contratos estandarizados que estén empleando para los distintos productos y servicios que ofrecen, en la forma y condiciones que señale la superintendencia competente, para consulta de los usuarios o clientes."

El respeto de los derechos de los clientes y usuarios financieros será vigilado y protegido por los organismos de control referidos en este código.

Los usuarios financieros podrán interponer quejas o reclamos ante la propia entidad, organismo de control o al Defensor del Cliente o plantear cualquier acción administrativa, judicial o constitucional reconocida en la ley para exigir la restitución de sus derechos vulnerados y la debida compensación por los daños y perjuicios ocasionados. A estos efectos, los organismos de control, en el ámbito de sus competencias, podrán solicitar a las entidades financieras la información que consideren pertinente y estas deberán proporcionarla dentro del tiempo establecido por el órgano de control.

Las entidades del sistema financiero nacional deberán entregar semestralmente a la superintendencia competente, un reporte que contenga información de, al menos, el número de reclamos presentados, reclamos atendidos favorablemente, montos devueltos y concepto, conforme lo establezca la respectiva superintendencia.

Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá un defensor del cliente, que será independiente de la institución y designado de acuerdo con la regulación que expida la Junta.

El defensor del cliente no podrá tener ningún tipo de vinculación con los accionistas o con los administradores de la entidad financiera. Su función será proteger los derechos e intereses de los usuarios financieros y estarán reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Las entidades del sistema financiero nacional tendrán la obligación de entregar a sus usuarios y clientes los datos informativos y de contacto del respectivo defensor del cliente, a través de los canales habilitados para el efecto, así como de hacerla constar en los estados de cuenta.

El usuario y/o cliente del sistema financiero nacional tiene derecho a dirigir reclamos y peticiones individuales, ante cualquier agencia o sucursal de la respectiva entidad financiera, órgano de control o defensor del cliente; y, a recibir de estos respuestas motivadas y confirma de responsabilidad.

Las entidades del Sistema Financiero Nacional deberán proporcionar a los usuarios y/o clientes todas las facilidades físicas o tecnológicas para efectuar los reclamos, y de disponer de un servicio de atención especializado, personal con experiencia y conocimiento adecuado, conforme a las regulaciones que emitan los respectivos órganos de control.

Las entidades del sistema financiero nacional tienen la obligación de atender y responder, de manera favorable o no, las pretensiones del usuario y/o cliente en el término máximo de quince (15) días, tratándose de reclamos originados en el país, y en el término máximo de cuarenta (40) días cuando el reclamo se produzca por operaciones relacionadas con transacciones internacionales, contados desde la presentación de la queja o reclamo.

Las decisiones que se adopten al término de la tramitación de quejas y reclamaciones mencionarán expresamente el derecho que asiste al reclamante para, en caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento, acudir a la superintendencia respectiva, para lo cual el reclamante dispondrá de un término de sesenta (60) días contados a partir de dicha respuesta.

Las superintendencias, mantendrán a disposición del público un sistema en línea que automatice y sistematice la presentación de quejas o reclamos de los usuarios y/o clientes de las entidades del sistema financiero nacional, sin perjuicio de que puedan presentar su reclamo personalmente en cualquiera de las dependencias de los organismos de control.

En los casos de reclamos en los que no exista la autorización previa del cliente o usuario para los cargos o cobros, así como en los casos que no hubieran sido respondidos dentro de los términos establecidos para el efecto, la entidad financiera deberá devolver, sin más trámite, la totalidad del monto disputado, más los intereses calculados desde la fecha en la que ocurrieron los cargos y cobros objeto del reclamo hasta la fecha de devolución, a la tasa de interés legal publicada por el Banco Central del Ecuador y vigente a la fecha efectiva de pago. Estas devoluciones deberán realizarse en el término máximo de tres (3) días.

Si la entidad del sistema financiero nacional no realiza la devolución a la que hubiera lugar luego de una queja o reclamo, se podrá solicitar a la superintendencia que corresponda, disponga a la entidad del sistema financiero que en el término de diez (10) días realice la devolución.

Las entidades del sistema financiero nacional deberán probar, por cualquier forma reconocida por la Ley, que para la realización del cargo o cobro por concepto de prestación de servicios financieros y no financieros, contaban con la aceptación previa y expresa de sus clientes.

En caso de que los usuarios y/o clientes soliciten documentación física o digital a ser usada como descargo en cualquier proceso administrativo o judicial, el costo y el plazo estará a lo dispuesto por la ley relacionada a la protección de datos.

Las entidades del sistema financiero nacional deberán verificar la existencia de autorización expresa en todos los cargos o cobros realizados por servicios financieros y no financieros.

En aquellos casos en que se verifique la existencia de la autorización, deberán enviar a la dirección electrónica o física señalada por los usuarios y/o clientes los respaldos de la aceptación previa y expresa por la prestación de servicios financieros y no financieros.

En caso de no contar con los respaldos antes señalados, deberán restituir de oficio, y aunque no exista un reclamo, los cargos o cobros realizados más los intereses calculados desde la fecha en la que ocurrieron los cargos o cobros, hasta la fecha de devolución, a la tasa de interés legal publicada por el Banco Central del Ecuador y vigente a la fecha de pago, dentro del término máximo de treinta (30) días.

Las superintendencias deberán establecer la periodicidad para la restitución de oficio que deben realizar las entidades controladas, la cual deberá ser al menos una vez al año.

El prestador del servicio que no entregaré la autorización expresa a la entidad financiera estará obligado a devolverle los montos que ésta hubiera pagado al usuario y/o cliente.

Las entidades del sistema financiero nacional notificarán a sus usuarios y/o clientes, de acuerdo con los medios de contacto registrados por estos, los cargos o cobros por servicios financieros y no financieros efectuados a sus cuentas o tarjetas cada vez que se realicen. La información del cargo o cobro será clara y entendible, sin el uso de siglas, símbolos o palabras cortadas.

Adicionalmente, deberá constar en esta notificación un canal mediante el cual el cliente pueda suspender o reportar que no autorizó dicho cargo o cobro, en caso de ser necesario. El canal deberá ser de fácil acceso y no podrá retardar la suspensión o el reporte solicitado por el usuario y/ o cliente.

Los organismos de control de las entidades que conforman el sistema financiero nacional, ordenarán la suspensión del cobro o del cargo realizado por una entidad financiera por servicios o productos financieros y no financieros, a los usuarios y/ o clientes en los siguientes casos:

1. Cuando se determine que no corresponde a un servicio financiero efectivamente prestado;

2. Cuando la información y condiciones sobre el cargo o cobro no hayan sido previamente divulgadas y pactadas;

3. Cuando el producto o servicio financiero no haya sido previamente aceptado, conforme las disposiciones previstas en este Código y demás normativa aplicable;

4. Cuando las entidades financieras no cuenten con los respaldos que justifiquen el cargo o cobro del servicio financiero. En este caso la entidad financiera deberá presentar al órgano de control un informe detallado del proceso de verificación de las autorizaciones de sus usuarios y/o clientes para la prestación del servicio de conformidad con lo determinado en este Código; y,

5. Cuando las entidades de servicios no financieros no entreguen las autorizaciones que hayan otorgado sus clientes para el débito por los servicios no financieros que estas les hayan prestado.

No se podrá contratar servicios no financieros de ningún tipo, a través de cajeros automáticos de las entidades del sistema financiero nacional.

La superintendencia de bancos, la superintendencia de economía popular y solidaria y la superintendencia de compañías, valores y seguros organizarán y mantendrán un catastro público que contenga al menos los siguientes datos:

1. Nómina de entidades creadas o constituidas;

2. Nómina de entidades autorizadas para ejercer actividades financieras, de valores y de seguros;

3. Nómina de personas jurídicas no financieras que han recibido autorización para realizar operaciones de crédito;

4. Nómina de entidades liquidadas;

5. Nómina de accionistas. En caso de tener como accionistas a personas jurídicas que representen más del 2% del capital social, el registro incluirá el detalle de los accionistas hasta llegar a las personas naturales que representen, de manera directa o indirecta, más del 2% del capital social de tales personas jurídicas. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá reducir este porcentaje y establecer excepciones para las entidades que coticen en bolsa por debajo de este porcentaje. Para las entidades del sector financiero popular y solidario, el registro será la nómina de los representantes a la asamblea general, en los casos que aplique;

6. Nómina de administradores que incluye los miembros del directorio u organismo que haga sus veces y los representantes legales.

El catastro deberá estar permanentemente actualizado, será público y de fácil consulta. La información del catastro deberá estar disponible en la web.

Las entidades de los sectores financieros público y privado tendrán un capital autorizado y un capital suscrito y pagado.

El capital autorizado es el monto hasta el cual las entidades de los sectores financieros público y privado pueden aceptar suscripciones o emitir acciones, según el caso.

El capital suscrito y pagado será al menos el 50% del monto del capital autorizado.

El capital social de las entidades del sector financiero popular y solidario será variable y podrá acrecentarse de forma ilimitada.

Las entidades de los sectores financieros público y privado podrán aumentar su capital autorizado en cualquier tiempo, mediante reforma a sus documentos de creación o constitución.

Los aumentos del capital autorizado serán resueltos por el directorio en el caso de las entidades del sector financiero público, y por la junta general de accionistas en el caso de las entidades del sector financiero privado; luego de cumplidas las formalidades correspondientes, se inscribirán en el Registro Mercantil y serán notificados a la Superintendencia de Bancos.

El pago de los aumentos de capital suscrito y pagado se hará de la manera prevista en este Código.

Sin perjuicio de que la entidad del sector financiero privado contabilice el aumento de capital suscrito y pagado, el organismo de control podrá realizar las investigaciones que considere del caso para verificar la legalidad del pago de los aumentos de capital y la procedencia de los fondos.

Si de la verificación de la legalidad del aumento de capital de una entidad financiera y la procedencia de los fondos utilizados para su pago se estableciere que existieron infracciones a este Código, el organismo de control, previo el requerimiento de las pruebas de descargo y mediante acto motivado, dejará insubsistente total o parcialmente dicho aumento.

Las entidades de los sectores financieros público y privado anunciarán únicamente su capital suscrito y pagado. Igualmente, las sucursales de entidades financieras extranjeras anunciarán solamente la cuantía del capital y reservas asignados por la entidad financiera matriz.

Las entidades de los sectores financieros público y privado deben constituir un fondo de reserva legal que ascenderá al menos al 50% de su capital suscrito y pagado. Para formar esta reserva legal, las entidades financieras destinarán, por lo menos el 10% de sus utilidades anuales.

Asimismo, de acuerdo con sus estatutos y por decisión de los directorios o la junta general de accionistas, cuando corresponda, podrán constituir otras reservas que tendrán el carácter de especiales o facultativas, formadas por la transferencia de las utilidades al patrimonio.

Las entidades del sector financiero popular y solidario tendrán un Fondo Irrepartible de Reserva Legal, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.

Para las entidades del sistema financiero nacional, se consideran personas con propiedad patrimonial con influencia a las personas naturales o jurídicas que posean, directa o indirectamente, el 25% o más del capital suscrito y pagado o del capital social.

La fusión es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. La fusión se produce también cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo.

Las fusiones podrán ser ordinarias y extraordinarias.

La fusión ordinaria es la acordada y efectuada por entidades financieras que no estuvieren en situación de deficiencia de patrimonio técnico.

La fusión extraordinaria se produce entre una entidad que se encuentre en situación de deficiencia de patrimonio técnico con otra entidad que no se hallare en tal situación; en este caso, siempre será necesaria la aceptación expresa del representante legal de la entidad que no se encontrare en situación de deficiencia, quien para el efecto queda facultado para tomar esta decisión. Para este caso, la junta general de accionistas o el organismo que haga sus veces de la entidad que no se hallare en deficiencia de patrimonio técnico, se tendrá por convocada para resolver la fusión extraordinaria. Si la junta general de accionistas o el organismo que haga sus veces no atiende esta convocatoria, el organismo de control dispondrá la reunión obligatoria de estos cuerpos colegiados para que resuelvan lo que corresponda, con los miembros que estuvieren presentes.

El proceso de fusión ordinario será normado por los organismos de control.

El proceso de fusión extraordinario queda exceptuado de los procedimientos ordinarios de fusión y será regulado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esta fusión estará exenta del pago de tributos. Igual exención tendrán las cooperativas de ahorro y crédito cuando se fusionen con otras.

En caso de fusión, los traspasos de activos se sujetarán a las normas que emitan los organismos de control y a las normas contables aplicables. El proceso de transferencia de pasivos y garantías no requerirá de la aceptación expresa de los clientes, quienes serán notificados con posterioridad por la entidad absorbente.

En el caso de fusión por absorción, la entidad financiera absorbente se hará cargo del pasivo de la absorbida.

La conversión es la modificación o el cambio del objeto social o actividad de una entidad financiera para adoptar el objeto y la forma de otra entidad prevista en este código dentro del mismo sector; esta figura no altera la existencia como persona jurídica y solamente le otorga las facultades y le impone las exigencias y limitaciones legales propias de la especie adoptada.

La fusión y conversión serán aprobadas previamente por los respectivos organismos de control, de conformidad con la regulación vigente.

En caso de fusión ordinaria, se considerarán las políticas y regulaciones que en materia de control de poder del mercado, haya emitido la instancia reguladora competente y se requerirá un informe previo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado cuando supere los límites por sector y/o segmento financiero determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en coordinación con la Junta de Control de Poder de Mercado. En caso de fusión extraordinaria, no serán necesarios estos requisitos.

La asociación es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional que se encontraren en actual funcionamiento, para la ampliación o prestación de servicios específicos, sin que cada una de las entidades asociadas pierda su identidad y personería jurídica. La asociación se hará mediante convenio de asociación, previa autorización de los organismos de control.

El convenio de asociación deberá establecer el plazo de duración, dentro de los plazos máximos que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y

Financiera, las normas que la rijan y la responsabilidad de cada una de ellas frente a los riesgos que asuman.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras y las entidades financieras extranjeras podrán constituir entidades financieras o establecer sucursales u oficinas de representación en el ecuador que pasarán a formar parte de las entidades financieras en los términos reconocidos por la legislación vigente.

La entidad financiera extranjera responderá solidariamente por las obligaciones contraídas por la sucursal u oficina de representación establecida en el Ecuador.

Las entidades financieras extranjeras que se propongan establecer sucursales en el ecuador, para ejercer actividades financieras o constituir oficinas de representación, deberán obtener autorización previa de los organismos de control nacionales. Las sucursales deberán previamente domiciliarse en el ecuador.

Las sucursales de entidades financieras extranjeras y las oficinas de representación estarán sujetas a las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Los acreedores de una entidad financiera extranjera que haya establecido sucursal en el Ecuador no podrán ejercer derechos sobre los activos que la sucursal posea en el país.

Las oficinas de representación solo servirán para actuar como centros de información a sus clientes y para efectuar las operaciones señaladas en el artículo 194 numeral 1 literal a) numerales 1 y 3 de este Código.

Las entidades financieras extranjeras no podrán adoptar denominaciones que pertenezcan a entidades financieras ecuatorianas o que induzcan a pensar que son subsidiarias o afiliadas de dichas instituciones cuando en realidad no lo sean. Deberán indicar inequívocamente su calidad de entidad financiera extranjera.

Para establecer sucursales u oficinas de representación en el ecuador, la entidad financiera extranjera interesada deberá:

1. Demostrar que está legalmente establecida de acuerdo con las leyes del país en donde está constituida;

2. Demostrar que conforme a dichas leyes y a sus propios estatutos puede acordar y no tiene impedimento para crear sucursales u oficinas de representación en el Ecuador;

3. Demostrar que su domicilio principal no se encuentre establecido en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición a la del Ecuador, de acuerdo con las definiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas;

4. Cumplir con los requisitos determinados en este Código, los dispuestos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y los organismos de control, de acuerdo con la naturaleza de la entidad;

5. Cumplir con los requisitos que la legislación ecuatoriana señala y demostrar que la disposición de operar en el Ecuador ha sido debidamente autorizada por la autoridad gubernamental encargada del control de la institución en su país de origen, si fuere exigible según la ley de ese país;

6. Mantener permanentemente en el país un apoderado o representante, cuyo poder será previamente calificado por el respectivo organismo de control y deberá inscribirse en el Registro Mercantil. Este apoderado o representante deberá tener facultades amplias y suficientes para realizar todos los actos y contratos que hayan de celebrarse y surtir efecto en el Ecuador y, especialmente, para que pueda contestar demandas y cumplir obligaciones. El poder deberá otorgarse en forma clara y precisa, cumpliendo los requisitos exigidos tanto por la legislación ecuatoriana como por la legislación del país de origen de la entidad financiera extranjera;

7. Reconocer expresamente:

   1. El sometimiento a la jurisdicción, leyes, tribunales y autoridades del Ecuador, con relación a los actos que celebre y contratos que suscriba o que hayan de surtir efectos en el territorio ecuatoriano;

   2. Renunciar a la reclamación por la vía diplomática;

   3. Los derechos establecidos en cualquier tratado comercial o de protección de inversiones no limitan de ninguna manera el ejercicio de las facultades regulatorias del estado, la imposición de sanciones y el establecimiento de responsabilidades a las que hace referencia este Código, por lo que acepta en todo momento recibir un trato igual al nacional en circunstancias semejantes; y,

   4. La legislación del Ecuador y la jurisdicción y competencia de los tribunales ecuatorianos para conocer y resolver cualquier controversia sobre la interpretación, aplicación, ejecución de cualquier medida adoptada por los organismos de regulación y control, y/o sobre el cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de la aplicación de este Código;

8. Todos los requerimientos establecidos en los literales precedentes serán obligatorios. La no presentación de alguno anulará el proceso. La sucursal solo podrá ser autorizada si en el país en el que se encuentra establecida su casa matriz existe legislación que regule el riesgo de sus operaciones, a satisfacción de los organismos de control nacionales, y sea factible el intercambio recíproco de información sobre estas entidades financieras entre los organismos de control de ambos países.

   Una vez que el organismo de control extienda la autorización señalada en el artículo 185, la entidad financiera extranjera procederá según lo dispuesto en el título II capítulo 5.

Las entidades de los sectores financieros público y privado podrán constituir oficinas en el extranjero, previa autorización del organismo de control del ecuador, y mantener apoderados que representen los intereses de la entidad.

Las entidades de los sectores financieros público, privado y del sector financiero popular y solidario, previa autorización del respectivo organismo de control, podrán participar como accionistas en el capital de entidades financieras extranjeras de la misma naturaleza, constituidas o por constituirse, sujetándose a las condiciones que determine este código y a la regulación correspondiente que expida la junta. Las entidades financieras antes mencionadas y los accionistas de dichas entidades con propiedad patrimonial con influencia, no podrán participar como accionistas en entidades financieras constituidas o por constituirse en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición a la del ecuador, de acuerdo con las definiciones que establezca el servicio de rentas internas, y tampoco donde los estándares de supervisión sean inferiores a los nacionales.

La inversión en el capital en entidades financieras extranjeras que superen el 50% del capital suscrito y pagado, le convertirá a ésta en subsidiaria de la dueña de la inversión. La inversión entre el 20% y el 50% le convertirá en afiliada.

Para obtener la autorización para participar como accionista en entidades financieras extranjeras, constituidas o por constituirse, o establecer oficinas en el extranjero, la entidad financiera pública o privada nacional deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1. Presentar la anuencia de la autoridad de control del país donde participará;

2. Presentar la declaración juramentada de su representante legal en la que indique que la participación no se utilizará con el propósito de facilitar la evasión de impuestos o la fuga de capitales;

3. Presentar las normas vigentes del país donde participará como accionista relacionadas con requerimientos de capital, calificación de activos de riesgo, régimen de provisiones, concentración de crédito, consolidación de estados financieros, administración de riesgos, así como cualquier información que permita evaluar la capacidad de supervisión y control del país en donde participará; y,

4. Aceptar expresamente que la Superintendencia pueda realizar las inspecciones que juzgue convenientes y solicitar la información que considere necesaria, sin límite alguno.

En el caso de participación en el capital de entidades financieras extranjeras ya constituidas, el organismo de control, a más de los requisitos establecidos en los numerales anteriores, podrá exigir la información que permita evaluar los riesgos financieros de la entidad receptora.

En el caso de que para la participación como accionistas en el extranjero se requiera la autorización del organismo de control ecuatoriano, la Superintendencia podrá proporcionar una autorización provisional.

Cumplidas las condiciones señaladas en esta sección, el organismo de control podrá expedir la correspondiente resolución mediante la cual autoriza tanto la participación extranjera en el ecuador como la participación nacional en el extranjero.

La entidad financiera pública o privada deberá notificar de forma inmediata al organismo de control respecto de cualquier cambio relacionado con la participación autorizada.

La entidad financiera pública o privada autorizada deberá presentar al organismo de control copia certificada de la autorización otorgada por la autoridad de control extranjera para la participación como accionista.

Las subsidiarias directamente o a través de la cabeza de grupo, presentarán anualmente dentro de los noventa días de finalizado el ejercicio económico o cuando lo solicite la superintendencia, una copia certificada actualizada de la autorización para el funcionamiento y los balances auditados. En caso de no hacerlo o cuando el informe contenga comentarios que hagan presumir la existencia de un grave problema financiero, la Superintendencia podrá revocar la autorización otorgada.

La cabeza de grupo o su subsidiaria, a petición de la Superintendencia, deberá entregar información respecto de posibles depositantes de dinero que se encuentren encausados por actividades ilícitas, incluidos el lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo.

Para fines de control, la Superintendencia podrá solicitar en cualquier tiempo la información adicional que requiera para ejercer sus funciones.

La autorización otorgada para que una entidad financiera pública o privada participe en el capital de una institución financiera del extranjero, podrá ser revocada por el organismo de control, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:

1. Cuando la entidad autorizada, a criterio del organismo de control, haya modificado unilateralmente las condiciones bajo las cuales se extendió la autorización para invertir;

2. Cuando no presente los informes o la información señalados en el artículo precedente;

3. Cuando del proceso de supervisión consolidada y transfronteriza a cargo del organismo de control ecuatoriano o de la información remitida se determine la existencia de graves problemas financieros en la entidad financiera extranjera, o que las líneas de negocio de dicha entidad no estén acordes a las autorizadas por los organismos de control nacional o extranjero; y,

4. Por infracción muy grave, de conformidad con este Código.

Como consecuencia de la revocatoria, el organismo de control ordenará la desinversión correspondiente.

Las entidades del sistema financiero nacional deberán cumplir, en todo tiempo, los requerimientos financieros y de operación que fija este código y los que disponga la junta de política y regulación monetaria y financiera, de acuerdo con las actividades que efectúen.

Las entidades del sistema financiero nacional deberán mantener los niveles suficientes de activos líquidos de alta calidad libres de gravamen o restricción, que puedan ser transformados en efectivo en determinado periodo de tiempo sin pérdida significativa de su valor, en relación con sus obligaciones y contingentes, ponderados conforme lo determine la junta.

Los niveles y administración de liquidez serán determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y serán medidos utilizando, al menos, los siguientes parámetros prudenciales:

1. Liquidez inmediata;

2. Liquidez estructural;

3. Reservas de liquidez;

4. Liquidez doméstica; y,

5. Brechas de liquidez.

Las entidades del sistema financiero nacional grupos financieros y grupos popular y solidario deberán mantener un determinado nivel de suficiencia patrimonial, a fin de respaldar adecuadamente sus operaciones actuales y futuras; para absorber las pérdidas no cubiertas por las provisiones de los activos de riesgo; para sostener los riesgos de crédito, de liquidez, mercado, operacional; y, para cualquier otro que deviniera del desempeño macroeconómico.

Las entidades del sector financiero nacional, los grupos financieros y grupos popular y solidario, sobre la base de los estados financieros consolidados y/o combinados, están obligados a mantener en todo tiempo, una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes, no inferior al nueve por ciento (9%).

Cada superintendencia, tanto la de Bancos como la de Economía Popular y Solidaria, podrá establecer una exigencia adicional al patrimonio técnico primario por los siguientes conceptos, por institución o segmento según corresponda: un incremento entre 0,5 y 2,5 puntos porcentuales, por efecto contra-cíclico; y; un incremento entre el 1,0 a 3,5 puntos porcentuales, si la institución financiera o el grupo financiero es calificado en situación de causal de riesgo sistémico, mediante la metodología que para el efecto dicte la Junta de Política y Regulación Financiera, previo informe de la respectiva superintendencia.

La relación entre el patrimonio técnico y los activos totales y contingentes de las entidades de los sectores financieros público, privado y las de los segmentos 1 y 2 del sector financiero popular y solidario no podrá ser inferior al cuatro por ciento (4%). La Junta de Política y Regulación Financiera regulará los porcentajes aplicables al resto de segmentos del sector financiero popular y solidario.

El patrimonio técnico se subdivide en patrimonio técnico primario y patrimonio técnico secundario. El total del patrimonio técnico secundario estará limitado en su monto a un máximo del 100% del total del patrimonio técnico primario.

El patrimonio técnico primario estará integrado por aquellos aportes de los accionistas o socios que tengan la calidad de permanentes y sin restricción, tales como: Capital pagado; reserva legal y reservas facultativas autorizadas por la Junta General de accionistas, generadas en los excedentes del negocio; y aportes para futuras capitalizaciones de aumentos de capital aprobados por el organismo societario pertinente en trámite de formalización.

El patrimonio técnico secundario estará destinado a absorber las eventuales pérdidas que se puedan presentar en la gestión operativa de la entidad y estará formado por el resto de cuentas patrimoniales, incluidas las obligaciones convertibles en acciones o deuda subordinada, con las características definidas en las disposiciones generales.

El patrimonio técnico secundario de las entidades del sector financiero popular y solidario, estará conformado por las utilidades y excedentes del ejercicio corriente una vez cumplidas las obligaciones laborales y tributarias; utilidades acumuladas de ejercicios anteriores; obligaciones convertibles sin garantía específica; las deducciones de la deficiencia de provisiones, amortizaciones, y depreciaciones requeridas; y desmedros de otras partidas que la entidad no haya reconocido como pérdida.

La Junta de Política y Regulación Financiera, mediante normas, podrá modificar la clasificación de las cuentas que componen el patrimonio técnico primario y secundario y establecerá las condiciones para la inclusión, exclusión y deducción de una o varias partidas patrimoniales, delimitando el conjunto de relaciones que deben mantenerse entre ellas con el fin de salvaguardar la solvencia y sostenibilidad de las entidades y la protección de los recursos del público.

Las deficiencias de patrimonio técnico que presenten las entidades del sistema financiero nacional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, podrán ser solventadas dentro de los procesos de supervisión implementados por las superintendencias, con incrementos de capital suscrito y pagado y/o préstamos subordinados.

Las deficiencias de patrimonio técnico requerido tendrán que ser cubiertas en un plazo máximo de tres meses, en base de un cronograma de los incrementos que deberán efectuarse dentro del plazo indicado.

Establecida la deficiencia de patrimonio técnico requerido que dieren lugar los proceso de Supervisión, la Superintendencia de Bancos dispondrá que los accionistas mayoritarios de la entidad financiera constituyan una garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, por lo menos equivalente al 140% de la deficiencia detectada, con un plazo de seis meses, a favor de la Superintendencia de Bancos, la cual se hará efectiva a la sola presentación de la resolución de liquidación forzosa, por parte del liquidador designado.

El no constituir la garantía o no mantenerla vigente mientras exista la deficiencia patrimonial, dará lugar a que se considere inviable a la entidad controlada y sea sometida a fusión, o a exclusión de activos y pasivos y liquidación forzosa.

Si dentro de la ejecución de los procesos de supervisión, las superintendencias determinan un mayor deterioro de la situación patrimonial de la entidad bajo su control, podrán reducir los plazos inicialmente otorgados para cubrir tal deficiencia.

La solvencia de las entidades financieras extranjeras en las que exista participación accionarial de una entidad financiera ecuatoriana por más del 20% del capital será la determinada por los países en donde se encuentren, pero en ningún caso podrá ser inferior al 9% de la relación entre el patrimonio técnico y los activos ponderados por riesgo, calculada con la metodología de cómputo aplicada para los grupos financieros en el ecuador, o inferior al mínimo que determine la junta, el mayor de los dos.

Las entidades financieras podrán realizar las siguientes operaciones, de conformidad con la autorización que le otorgue el respectivo organismo de control:

1. Sector financiero público y privado:

   1. Operaciones activas:

1. Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, así como préstamos quirografarios y cualquier otra modalidad de préstamos que autorice la Junta;

2. Otorgar créditos en cuenta corriente, contratados o no;

3. Constituir depósitos en entidades financieras del país y del exterior;

4. Negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros documentos que representen obligación de pago creados por ventas a crédito, así como el anticipo de fondos con respaldo de los documentos referidos;

5. Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior;

6. Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre el exterior o hacer adelantos sobre ellas;

7. Adquirir, conservar y enajenar, por cuenta propia o de terceros, títulos emitidos por el ente rector de las finanzas públicas y por el Banco Central del Ecuador;

8. Adquirir, conservar o enajenar, por cuenta propia, valores de renta fija, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Mercado de Valores, y otros títulos de crédito establecidos en el Código de Comercio y otras leyes, así como valores representativos de derechos sobre estos;

9. Adquirir, conservar o enajenar contratos a término, opciones de compra o venta y futuros; podrán igualmente realizar otras operaciones propias del mercado de dinero, de conformidad con lo establecido en la normativa correspondiente;

10. Efectuar inversiones en el capital de una entidad de servicios financieros y/o una entidad de servicios auxiliares del sistema financiero para convertirlas en sus subsidiarias o afiliadas;

11. Efectuar inversiones en el capital de entidades financieras extranjeras, en los términos de este Código; y,

12. Comprar o vender minerales preciosos.

    Todas las operaciones activas se acreditarán a través del sistema nacional de pagos mediante transferencia electrónica de fondos u otros medios de pago electrónicos.

    2. Operaciones pasivas:

1. Recibir depósitos a la vista;

2. Recibir depósitos a plazo;

3. Recibir préstamos y aceptar créditos de entidades financieras del país y del exterior;

4. Actuar como originador de procesos de titularización con respaldo de la cartera de crédito hipotecaria, prendaria o quirografaria, propia o adquirida; y,

5. Emitir obligaciones de largo plazo y obligaciones convertibles en acciones garantizadas con sus activos y patrimonio; estas obligaciones se regirán por lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores.

   3. Operaciones contingentes:

1. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro documento; y,

2. Negociar derivados financieros por cuenta propia.

   4. Servicios:

1. Efectuar servicios de caja y tesorería;

2. Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, de débito o tarjetas de pago;

3. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias oficinas o las de entidades financieras nacionales o extranjeras;

4. Recibir y conservar objetos, muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; y,

5. Efectuar por cuenta propia o de terceros, operaciones con divisas, contratar reportos y emitir o negociar cheques de viajero.

2. Sector financiero popular y solidario:

   1. Las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios determinadas en el numeral 1 literal a numerales 4, 7 y 10; literal b numerales 1, 2, 3 y 4; literal c numeral 1; y, literal d numerales 1, 3 y 4 de este artículo;

   2. Otorgar préstamos a sus socios. Las mutualistas podrán otorgar préstamos a sus clientes;

   3. Constituir depósitos en entidades del sistema financiero nacional;

   4. Actuar como emisor u operador de tarjetas de débito o tarjetas de pago. Las entidades del segmento 1 del sector financiero popular y solidario podrán emitir u operar tarjetas de crédito;

   5. Emitir obligaciones de largo plazo con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito hipotecaria o prendaria, propia o adquirida, siempre que en este último caso se originen en operaciones activas de crédito de otras entidades financieras;

   6. Efectuar inversiones en el capital social de las cajas centrales; y,

   7. Efectuar operaciones con divisas.

   8. Las operaciones activas se acreditarán a través del sistema nacional de pagos mediante transferencia electrónica de fondos u otros medios de pagos electrónicos.

   Las entidades del sector financiero popular y solidario podrán realizar las operaciones detalladas en este artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, en los términos de su autorización.

   La definición y las acciones que comprenden las operaciones determinadas en este artículo serán reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

   Las entidades financieras, para todas las operaciones que efectúen, deberán contar con la tecnología crediticia y de servicios adecuada.

Las entidades del sistema financiero nacional podrán, de forma extraordinaria, recibir como pago de créditos o de obligaciones constituidas a su favor bienes muebles, inmuebles, acciones o participaciones, entre otros, en dación en pago o por adjudicación judicial.

Los bienes muebles, inmuebles y las acciones o participaciones podrán ser conservados hasta por un año al valor de recepción; vencido este plazo, deberán ser enajenados en pública subasta, de acuerdo con las normas que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Si no pudiesen ser enajenados, la entidad financiera deberá constituir provisiones a razón de un doceavo mensual del valor en libros, comenzando en el mes inmediato posterior al del vencimiento del plazo. En todo caso, no podrán mantener dichos bienes muebles, inmuebles y acciones o participaciones por un período que exceda de un año adicional al plazo de un año originalmente otorgado. Los bienes muebles e inmuebles no enajenados serán vendidos por la Superintendencia en subasta pública.

Los derechos sobre las acciones o participaciones no enajenadas en el plazo señalado quedarán en suspenso y la Superintendencia dispondrá su venta en subasta pública. Quien adquiera dichas acciones o participaciones tendrá derecho a percibir los beneficios que se hubiesen suspendido.

Las entidades del sistema financiero nacional podrán efectuar otras operaciones que sean necesarias para su funcionamiento, tales como comprar, edificar, conservar y enajenar bienes muebles e inmuebles necesarios para su funcionamiento, dentro de los cupos que establezca la junta. Las entidades del sistema financiero nacional no podrán efectuar actividades de seguros y valores más allá de las que este código autorice.

Las entidades del sistema financiero nacional podrán realizar operaciones en otros medios de pago, de acuerdo con las normas que dicte la junta de política y regulación monetaria y financiera.

Las personas jurídicas no financieras que, como parte del giro de su negocio, realicen ventas a plazo o realicen operaciones de crédito por sobre los límites que establezca la junta de política y regulación monetaria y financiera, serán controladas por la superintendencia de compañías, valores y seguros o por la superintendencia de la economía popular y solidaria según corresponda y se someterán a las normas que sobre esta materia dicte la junta de política y regulación monetaria y financiera. Para este efecto, las ventas a plazo se considerarán como operaciones de crédito.

Los organismos de control de las entidades del sistema financiero nacional podrán disponer la suspensión de las operaciones de las entidades bajo su control en los casos contemplados en la ley.

Las entidades del sistema financiero nacional podrán establecer oficinas para la atención al público observando el criterio de territorialidad, conforme las regulaciones de la junta. Estas oficinas, antes del inicio de operaciones, deberán obtener del organismo de control el respectivo permiso de funcionamiento, de acuerdo con el trámite que este establezca.

Las entidades exhibirán en lugar público y visible, tanto en su matriz como en cada una de sus oficinas, el permiso de funcionamiento otorgado por las superintendencias.

Las entidades del sistema financiero nacional atenderán al público a partir de la fecha del permiso de funcionamiento, dentro de los horarios establecidos por los organismos de control. No se podrá suspender o poner término a la atención al público sin previa notificación a la respectiva superintendencia y al público en general con al menos cinco días de anticipación.

Los organismos de control de las entidades del sistema financiero nacional podrán disponer o autorizar la suspensión temporal de las labores en una o varias de las oficinas de las entidades bajo su control, a pedido justificado de estas.

En el caso de declaratoria de huelga de una entidad financiera, antes de la suspensión de labores, la autoridad que esté conociendo el conflicto laboral cuidará que durante la huelga permanezcan abiertas todas las oficinas y continúen laborando en sus funciones los trabajadores en un número indispensable, a fin de no afectar los derechos de los usuarios financieros.

Las entidades del sistema financiero nacional están obligadas a cumplir las normas de composición en la estructura de activos financieros de sus balances y los requisitos para la adquisición de instrumentos financieros de inversión, de acuerdo con lo que establezca la junta.

Las entidades del sistema financiero nacional, a efecto de reflejar la verdadera calidad de los activos y contingentes, los calificarán permanentemente y constituirán las provisiones que establece este código y las regulaciones que emita la junta de política y regulación monetaria y financiera para cubrir los riesgos de incobrabilidad, la pérdida del valor de los activos y para apuntalar el adecuado desempeño macroeconómico.

Las entidades del sistema financiero nacional deben constituir una cuenta de valuación de activos y contingentes, incluyendo los derivados financieros, para cubrir eventuales pérdidas por cuentas incobrables o por desvalorización y para apuntalar el adecuado desempeño macroeconómico.

Las pérdidas esperadas de los activos de riesgo se cubrirán con provisiones, en tanto que las pérdidas inesperadas se cubrirán con capital.

Las entidades financieras públicas y privadas deberán constituir las siguientes provisiones:

1. Provisiones específicas por desvalorización de activos y contingentes;

2. Provisiones genéricas;

3. Provisiones por ciclo económico; y,

4. Cualquier otra provisión que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Las entidades financieras, para la determinación de las provisiones antes indicadas, se sujetarán a las normas que establezca la Junta.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá, por segmentos, las provisiones para las entidades del sector financiero popular y solidario, siendo obligatorias para el segmento 1 las contempladas en los numerales de este artículo.

Las entidades del sistema financiero nacional castigarán contablemente todo préstamo, descuento o cualquier otra obligación irrecuperable; este castigo no la libera de continuar con el cobro de las sumas comprometidas, ni tampoco releva al responsable del crédito de su condición de deudor moroso. El tiempo en mora que debe transcurrir para que una entidad financiera castigue estas obligaciones será determinado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con base en la evaluación del incumplimiento de pago de las operaciones con riesgo de crédito de contraparte, el cual no podrá superar los tres años.

Previo al castigo de las obligaciones, estas deberán estar provisionadas al 100% de su valor registrado en libros.

Las entidades que se encuentran en proceso de liquidación podrán castigar contablemente todo préstamo, descuento o cualquier otra obligación irrecuperable, cuyo monto no supere los cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 50). Este castigo libera a la entidad de continuar con el cobro de las sumas comprometidas, pero no releva al responsable del crédito de su condición de deudor moroso.

Mediante decreto ejecutivo se podrá disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos o activos de préstamos de hasta diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000) de capital, más sus intereses y otros costos y comisiones y que sean considerados irrecuperables. El respectivo decreto ejecutivo establecerá las demás condiciones para la respectiva condonación. De tal acción se deberá informar al Servicio de Rentas Internas o quien ejerza esas competencias.

La junta de política y regulación monetaria y financiera dictará las normas referentes a las relaciones que deberán guardar las entidades financieras en sus operaciones activas, pasivas y contingentes, considerando los riesgos derivados de las diferencias de plazos, tasas, monedas y otros.

La Junta además, dictará las normas referentes al desarrollo de políticas, tecnologías y procedimientos para la administración de riesgos.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá regular mediante normas la orientación y direccionamiento de las operaciones de crédito de las entidades del sistema financiero nacional y de las entidades no financieras que concedan créditos por sobre los límites establecidos por la Junta. Al efecto, considerará, entre otros, los segmentos, tasas de interés, garantías y límites de crédito. En ningún caso la Junta podrá intervenir en la definición de la persona natural o jurídica receptora de las operaciones de crédito.

Para este propósito, la Junta considerará el calce de plazos entre los activos y pasivos de las entidades reguladas, con excepción de los créditos de interés social pertenecientes al segmento microcrédito de las entidades financieras públicas.

La Junta podrá establecer incentivos para la implementación de esta disposición, para ello tendrá en consideración a las operaciones de crédito para proyectos en materia de eficiencia energética.

Las entidades financieras públicas, privadas y las del segmento 1 del sector financiero popular y solidario no podrán realizar operaciones activas y contingentes con una misma persona natural o jurídica por una suma que exceda, en conjunto, el 10% del patrimonio técnico de la entidad. Este límite se elevará al 20% si lo que excede del 10% corresponde a obligaciones caucionadas con garantía de bancos nacionales o extranjeros de reconocida solvencia o por garantías adecuadas, en los términos que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Los límites de créditos establecidos se determinarán a la fecha de aprobación original de las operaciones o de cada reforma efectuada. En ningún caso la garantía adecuada podrá tener un valor inferior al valor total del exceso.

El conjunto de las operaciones del inciso anterior, tampoco podrá exceder en ningún caso del doscientos por ciento (200%) del patrimonio del sujeto de crédito, salvo que existiesen garantías adecuadas que cubran, en lo que excediese por lo menos el ciento veinte por ciento (120%), de conformidad con las regulaciones que emita la Junta.

Los límites determinados en el inciso precedente no se aplicarán respecto de las operaciones activas y contingentes con títulos emitidos por el Estado ecuatoriano y el Banco Central del Ecuador.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá porcentajes menores a los determinados en este artículo para las entidades financieras que tengan un perfil de riesgo en exceso al nivel más seguro del sistema.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá los límites aplicables para el resto de segmentos del sector financiero popular y solidario.

Se exceptúan de los límites determinados en el artículo precedente de este código las siguientes operaciones:

1. Los créditos destinados al financiamiento de las exportaciones luego de realizado el embarque, que tuviesen la garantía de créditos irrevocables, abiertos por bancos calificados por el organismo de control como de reconocida solvencia del exterior;

2. Las cartas de crédito confirmadas de importación y las garantías que se emitan con respaldos de contra garantías suficientes, de conformidad con la regulación que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

3. Las garantías otorgadas por cuenta y riesgo de entidades financieras privadas del exterior, calificadas por el organismo de control como de reconocida solvencia, siempre que cuenten con el respaldo documentario suficiente, en seguridad y a satisfacción de la entidad, de conformidad con la regulación que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ; y,

4. Las operaciones activas y contingentes entre entidades financieras, con las restricciones que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Cuando se trate de un grupo financiero, los porcentajes previstos en el artículo 210, se computarán sobre el patrimonio técnico consolidado del grupo financiero.

Para efectos de los límites determinados en el artículo 210, se presumirá que constituyen un solo sujeto las personas naturales o jurídicas individuales cuando:

1. Sean accionistas directa o indirectamente en el 20% o más del capital de una misma persona jurídica;

2. Existan relaciones de negocios, de capitales o de administración que permitan a una o más de ellas ejercer una influencia significativa y permanente en las decisiones de las demás;

3. Existan datos o información fundada de que diversas personas mantienen relaciones de tal naturaleza que conforman de hecho una unidad de interés económico; y,

4. Las demás que defina el organismo de control mediante norma.

Todas las operaciones de crédito deberán estar garantizadas. La junta de política y regulación monetaria y financiera, en forma motivada, establecerá los casos en los cuales las operaciones de crédito deban contar con garantía mínima, en cuanto a su calidad y mínima cobertura.

Se prohíbe a las entidades financieras públicas y privadas y a sus subsidiarias o afiliadas efectuar operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios con personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con su administración. Se exceptúan de esta prohibición las operaciones determinadas en el artículo 194 numeral 1 literal a numeral 7; literal b numerales 1 y 2; y, literal d, numerales 1 y 4. Las entidades antes mencionadas podrán emitir tarjetas de débito y pago en favor de estas personas vinculadas.

Las entidades financieras privadas también están prohibidas de efectuar operaciones con personas naturales y jurídicas vinculadas directa o indirectamente con la propiedad de dichas entidades, con excepción de las operaciones excluidas en el inciso precedente. Igual prohibición aplicará para las entidades financieras populares y solidarias, considerando lo dispuesto en el artículo 450.

Sobre el capital de una entidad financiera no existe vinculación por propiedad en las entidades financieras públicas y populares y solidarias.

Las entidades financieras públicas y privadas podrán realizar operaciones de crédito en favor de sus empleados que no pertenezcan a la administración de la entidad, únicamente en condiciones de mercado y dentro de los límites que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que no podrán superar el equivalente a veinticinco fracciones básicas exentas del impuesto a la renta, por cada persona. Para las entidades financieras de la economía popular y solidaria se observarán los cupos de crédito establecidos en este Código.

Los administradores de las entidades financieras públicas y privadas y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podrán acceder a operaciones de crédito educativo en la misma entidad en la que laboran, en condiciones de mercado, de conformidad con los límites que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Se considerarán personas vinculadas a la propiedad o administración de la entidad financiera pública o privada, las siguientes:

1. Las personas naturales o jurídicas que posean, directa o indirectamente, el 1% del capital suscrito y pagado de la entidad financiera.

2. Las personas con propiedad patrimonial con influencia de una entidad subsidiaria o afiliada perteneciente a un grupo financiero;

3. Las personas jurídicas en las cuales los administradores o funcionarios que aprueban operaciones de crédito de una entidad financiera posean directa o indirectamente más del 3% del capital de dichas sociedades;

4. Los cónyuges, los convivientes o los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y los parientes hasta el primer grado de afinidad de los accionistas que sean personas con propiedad patrimonial con influencia y de los administradores de una entidad financiera;

5. Los parientes en tercer y cuarto grado de consanguinidad y los parientes del segundo grado de afinidad de los accionistas con más del 12% del paquete accionarial y de los administradores de una entidad financiera;

6. Los cónyuges, los convivientes o los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los funcionarios de una entidad financiera que aprueban operaciones de crédito; y,

7. Las personas jurídicas en las que los cónyuges, los convivientes, los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los administradores o de los funcionarios que aprueban operaciones de crédito de una entidad financiera, posean acciones por un 3% o más del capital de dichas sociedades.

Para las entidades del sector financiero popular y solidario, solo existirá vinculación en los numerales 3 y 7 del presente artículo, y en las operaciones que superen los cupos de crédito establecidos en este Código y en la normativa que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Son personas vinculadas por presunción, en las entidades del sistema financiero nacional, las siguientes:

1. Las que hayan recibido créditos en condiciones preferenciales por plazos, tasas de interés, falta de caución o desproporcionadas respecto del patrimonio del deudor o de su capacidad de pago, con excepción de operaciones catalogadas de interés social por parte de la Junta de Política y Regulación Financiera.

2. Las que hayan recibido créditos no garantizados adecuadamente, sin antecedentes o domiciliados en el extranjero y sin información disponible sobre ellos;

3. Las que hayan recibido créditos por reciprocidad con otra entidad financiera;

4. Las que tengan tratamientos preferenciales en operaciones pasivas; y,

5. Las que se declaren presuntivas, con arreglo a las normas de carácter general dictadas por los organismos de control.

Las entidades del sistema financiero nacional deberán someterse a las políticas y regulaciones que sobre contabilidad y estados financieros expida la junta de política y regulación monetaria y financiera, así como a las normas de control que sobre estas materias dicten, de forma supletoria y no contradictoria, los organismos de control respectivos.

Los estados financieros de las entidades del sistema financiero nacional, con corte al 31 de diciembre de cada año, deberán ser suscritos por el representante legal y el contador general de la entidad y contarán con la opinión de los auditores interno y externo calificados por las superintendencias, según el caso.

La Junta General de Accionistas o el organismo que haga sus veces, hasta el 31 de marzo de cada año aprobará los estados financieros auditados de las entidades financieras, con corte al 31 de diciembre del año anterior, los que serán presentados al correspondiente organismo de control.

Las entidades del sistema financiero nacional presentarán a los respectivos organismos de control los estados financieros, incluidos sus balances consolidados y combinados, suscritos por el representante legal y el contador general de la entidad, y la información adicional que sea requerida, en los formatos y con la periodicidad que determinen las superintendencias.

Las entidades del sistema financiero nacional estarán obligadas a dar acceso a los organismos de control y al Servicio de Rentas Internas a la contabilidad, libros, correspondencia, archivos o documentos justificativos de sus operaciones, de manera electrónica en tiempo real y física, sin limitación alguna.

Las entidades del sistema financiero nacional publicarán los estados de situación, pérdidas y ganancias, posición de patrimonio técnico e indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad, los que deberán contener adicionalmente la opinión del auditor externo calificado por la respectiva superintendencia y todas las notas explicativas que complementen la información comprendida en su dictamen, al menos una vez año al cierre de cada ejercicio al 31 de diciembre, o cuando los organismos de control así lo dispongan, de conformidad con las normas establecidas para el efecto.

Para el caso de los grupos financieros y grupos populares y solidarios, cada una de las entidades integrantes presentará a la superintendencia y publicará, conjuntamente con los informes de los auditores internos y del auditor externo calificados por la respectiva superintendencia, sus estados financieros individuales, así como los estados financieros consolidados y auditados del grupo.

La publicación se realizará en un diario de la circunscripción territorial en la que tenga cobertura la entidad y en la página web de cada entidad financiera.

Los organismos de control divulgarán y publicarán información financiera y estadística del sistema financiero nacional por sector financiero y de cada entidad en particular.

Si los estados financieros contienen información presuntamente falsa, las superintendencias deberán denunciar este particular a la fiscalía general del estado.

Los organismos de control informarán periódicamente al público en general respecto de la situación financiera de las entidades sometidas a su control. Se informará, por lo menos, sobre la estructura financiera, calidad de los activos, incluyendo los resultados generales de la última calificación de sus activos de riesgo, posición de patrimonio técnico e indicadores de solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad.

Las entidades del sistema financiero nacional mantendrán sus archivos contables físicos, incluyendo los respaldos respectivos, por el plazo de diez años contados a partir de la conclusión de la operación correspondiente y por quince años en el formato digital autorizado por las superintendencias.

La información proporcionada por las entidades financieras y las copias y reproducciones certificadas expedidas por un funcionario autorizado de la entidad financiera tendrán similar valor probatorio que los documentos originales.

Las superintendencias, de acuerdo con sus competencias, controlarán las actividades financieras del sistema financiero nacional.

Todas las entidades del sistema financiero nacional deberán contar con sistemas de control interno para asegurar la efectividad y eficiencia de sus actividades, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

Las entidades del sistema financiero nacional tendrán un auditor interno y un auditor externo, registrados y calificados en cuanto a su idoneidad y experiencia por las superintendencias correspondientes.

Los auditores internos y externos serán responsables administrativa, civil y penalmente por los informes y dictámenes que emitan.

El auditor interno es una persona natural designada por la junta general de accionistas o el organismo que haga sus veces, y podrá ser removido en cualquier tiempo por el organismo que lo designó, por las causas determinadas por las superintendencias. En caso de ausencia definitiva, la junta general de accionistas o el organismo que haga sus veces procederá a designar su reemplazo.

El auditor interno verificará que las actividades y procedimientos de la entidad estén de acuerdo con las disposiciones de este código, las regulaciones que expida la junta de política y regulación monetaria y financiera, los estatutos y los principios de contabilidad dictados por las superintendencias y los de general aceptación. Además, el auditor interno vigilará la operación de los sistemas de control interno y el cumplimiento de las resoluciones de los organismos de control, de la junta general de accionistas, del directorio o de los organismos que hagan sus veces y emitirá opinión sobre el adecuado funcionamiento del gobierno corporativo o cooperativo, entre otros.

El auditor interno presentará al directorio o al organismo que haga sus veces y a los organismos de control, cualquier información que se le solicite y aquellas que los auditores consideren necesaria.

El auditor externo de una entidad financiera podrá ser una persona natural o jurídica, será seleccionado por la junta general de accionistas o el organismo que haga sus veces y podrá ser contratado por las entidades financieras por periodos anuales consecutivos de hasta tres años, observando los criterios de alternabilidad y precios referenciales que los organismos de control establezcan para el efecto. Las superintendencias podrán, a su solo criterio y de forma motivada, disponer la terminación del contrato con el auditor externo; en este caso, la entidad financiera procederá de inmediato a sustituirlo. La entidad financiera no podrá terminar el contrato con el auditor externo sin contar con la autorización del organismo de control.

El auditor externo tendrá la responsabilidad de realizar auditorías externas en cada una de las entidades financieras. La auditoría externa comprende, entre otras, las siguientes acciones:

1. Emitir opinión independiente sobre la veracidad o exactitud de los estados financieros, los sistemas de contabilidad y sus comprobantes y soportes y opinar si los estados financieros examinados presentan razonablemente la situación patrimonial de la entidad al 31 de diciembre y los resultados de sus operaciones durante el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables establecidas y los principios de contabilidad generalmente aceptados, en lo que estos no se contrapongan a los anteriores, así como sobre su aplicación uniforme;

2. Dictaminar sobre la suficiencia y efectividad de los sistemas de control interno, la estructura y procedimientos administrativos, y evaluarlos;

3. Opinar si las actividades financieras y sus procedimientos se ajustan a la legislación aplicable, y a las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia;

4. Opinar sobre la información relacionada con las inversiones que la entidad financiera mantenga en subsidiarias o afiliadas, tanto en el país como en el exterior. En este caso se deberá comentar sobre la naturaleza y monto de las operaciones entre el inversionista y la receptora de la inversión, sus relaciones existentes y los efectos que ejerce la consolidación sobre el patrimonio de la entidad auditada;

5. Opinar sobre el cumplimiento de los controles para evitar actividades ilícitas, incluidos el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo y otros delitos;

6. Opinar sobre el cumplimiento de las medidas correctivas que hubiesen sido recomendadas en el informe anterior sobre los aspectos indicados en los numerales anteriores; y,

7. Informar sobre los demás requerimientos que el respectivo organismo de control disponga, asumiendo plena responsabilidad por los informes que emitan, de conformidad con las normas que expidan las superintendencias.

El auditor externo hará las veces de comisario de la entidad financiera, en los términos establecidos en la Ley de Compañías; tendrá las funciones que se determinan en este Código y en las leyes tributarias, así como en las disposiciones que dicte el organismo de control correspondiente.

El auditor externo solo podrá prestar los servicios de auditoría para los que fue contratado y no podrá prestar cualquier otro servicio o colaboración a la entidad auditada a través de personas naturales o jurídicas directa e indirectamente relacionadas. Asimismo, el auditor externo no podrá, dentro del año siguiente a la terminación de su contrato, prestar ningún otro servicio a la entidad auditada.

No puede ser auditor externo la persona natural o jurídica que hubiese prestado servicios, diferentes a los de auditoría externa, a la entidad financiera en el año inmediatamente anterior.

En el caso de los grupos financieros y de los grupos populares y solidarios, las entidades que los conforman tendrán obligatoriamente el mismo auditor externo o firmas corresponsales o asociadas con este.

Los organismos de control tendrán plenas facultades fiscalizadoras del proceso de auditoría aplicado y la calidad y consistencia de los resultados alcanzados por las auditorías internas y externas.

Los informes de auditoría son reservados al público por el plazo de diez años.

Los informes de auditoría no serán reservados ni gozarán de sigilo y reserva en los procesos de investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado o la Contraloría General del Estado. Tampoco serán reservados los informes de auditoría cuando sean solicitados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la que observará las normas de sigilo y reserva establecidas en este Código.

El control de las entidades financieras públicas y privadas se lo efectuará de conformidad con las disposiciones específicas para cada sector financiero constantes en este código.

La solvencia y la capacidad de las entidades del sistema financiero nacional para administrar los riesgos con terceros y cumplir sus obligaciones con el público será calificada sobre la base de parámetros mínimos que incluyan una escala uniforme de calificación de riesgo por sectores financieros, de acuerdo con las normas que al respecto emita la junta de política y regulación monetaria y financiera.

La calificación de riesgo podrá ser realizada por compañías calificadoras de riesgos nacionales o extranjeras, o asociadas entre ellas, con experiencia y de reconocido prestigio, calificadas como idóneas por los organismos de control. La contratación de estas firmas será efectuada mediante procedimientos de selección, garantizando la alternabilidad.

La calificación será efectuada al 31 de diciembre de cada año, y será revisada al menos trimestralmente para las entidades de los sectores financieros público, privado y popular y solidario segmento 1, y será publicada por los organismos de control en un periódico de circulación nacional. La periodicidad y pertinencia para el resto de entidades del sector financiero popular y solidario será determinada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las entidades del sistema financiero nacional estarán obligadas a exponer en lugar visible, en todas las dependencias de atención al público y en su página web, la última calificación de riesgo otorgada.

Solo pueden ser publicadas las calificaciones de riesgo efectuadas por las compañías autorizadas por los organismos de control.

Los miembros del comité de calificación de riesgo y el personal técnico que participa en los procesos de calificación, responderán solidariamente con la calificadora de riesgo por los daños que se deriven de su actuación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Los accionistas y socios de las entidades de los sectores financiero privado y popular y solidario responderán por la solvencia de la entidad hasta por el monto de sus acciones o participaciones.

En caso de liquidación forzosa de una entidad financiera privada, los accionistas que, directa o indirectamente, sean personas con propiedad patrimonial con influencia, responderán inclusive con su patrimonio personal en caso de que hayan incurrido en culpa grave o dolo y culpa leve. Tratándose de accionistas con o sin propiedad patrimonial con influencia, que ejerzan la administración de la entidad financiera privada, responderán solidariamente y por la totalidad del déficit patrimonial, aun por culpa levísima. Igual responsabilidad tendrán los fideicomisos creados para administrar acciones, sus constituyentes y los administradores de las entidades del sistema financiero nacional.

También responderán con su patrimonio los vinculados y los funcionarios incursos en los actos determinados en el artículo 305.

Las entidades del sistema financiero nacional deberán cumplir, en todo tiempo, con las normas referidas a los indicadores financieros, liquidez, capital y patrimonio determinadas en este código y la normativa que expida la junta de política y regulación monetaria y financiera de conformidad con el tipo de entidad, los sistemas de control interno y la administración de riesgos adecuados al tamaño y complejidad de la entidad financiera.

Las entidades de los sectores financieros público y privado, así como las del sector financiero popular y solidario, sin perjuicio de las demás reservas dispuestas por este Código, están obligadas a mantener encaje sobre los depósitos y captaciones que tuvieren a su cargo. El encaje se mantendrá en el Banco Central del Ecuador.

Al amparo de lo determinado en la Constitución, para las entidades del sector financiero popular y solidario, la Junta de Política y Regulación Monetaria establecerá las condiciones de encaje diferenciado por segmentos.

La falta de cumplimiento de la entidad financiera en cubrir oportunamente el encaje solicitado, constituye infracción muy grave, sancionada por el Banco Central del Ecuador conforme, a este Código.

La Junta de Política y Regulación Monetaria regulará de manera diferenciada los porcentajes de encaje, que podrán ser por estructura de captación, tipo de entidad, entre otros.

Las entidades del sistema financiero nacional están obligadas a entregar la información que les sea requerida por los organismos de control y el servicio de rentas internas, de manera directa, sin restricción, trámite o intermediación alguna, en las condiciones y forma que estas entidades lo dispongan, exclusivamente para fines de su gestión.

La información legal, financiera, contable y de cualquier otro tipo que sea requerida a las entidades sujetas a este Código por los respectivos organismos de control podrá ser desmaterializada y suscrita por medio de firma electrónica debidamente certificada por una de las entidades autorizadas, en los términos previstos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. Cada organismo de control establecerá, para su implementación, las disposiciones inherentes a cada tipo de información.

Las entidades del sistema financiero nacional, de acuerdo con las disposiciones de este Código, tienen la obligación de proporcionar a través de los organismos de control cualquier información requerida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en los tiempos que se establezcan para el efecto.

Los requerimientos de información que formulen el Banco Central del Ecuador, la Corporación del Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez, la autoridad competente en materia de drogas y la Unidad de Análisis Financiero UAF, serán procesados de acuerdo con las disposiciones de este Código y la ley.

Si por disposición legal expresa, otras instituciones del Estado tienen la necesidad de requerir información a las entidades financieras, este requerimiento deberá ser canalizado a través de los organismos de control, los que, previa determinación sobre su causa y fines, la recabarán y entregarán.

Las infracciones sobre lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, se sancionarán de conformidad con las disposiciones del código orgánico integral penal y la ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos.

Las entidades del sistema financiero nacional tienen la obligación de establecer sistemas de control interno para la prevención de delitos, incluidos el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo, en todas las operaciones financieras.

Las entidades del sistema financiero nacional deberán presentar a sus accionistas y socios, según corresponda, al menos la siguiente información:

1. Informe de la administración;

2. Balances de situación comparativos de los dos últimos años;

3. Estado de cambios en la situación financiera correspondiente al último año;

4. Estado de pérdidas y ganancias de los dos últimos años;

5. Informe de los auditores interno y externo calificados por la respectiva superintendencia;

6. Informe de la calificadora de riesgos, cuando corresponda;

7. Posición del patrimonio técnico;

8. Indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad;

9. Calificación de activos de riesgo del último ejercicio económico; y,

10. Remuneraciones, compensaciones y otros beneficios de sus administradores.

En el caso de grupos financieros, la información debe presentarse en forma consolidada y en forma individual para cada una de las entidades integrantes del grupo.

La información determinada en este artículo deberá estar a disposición del público en general por medio de su página web y en su memoria anual, en la forma que determinen los organismos de control.

Las entidades del sistema financiero nacional tienen la obligación de informar a los usuarios financieros, en los formatos que defina el organismo de control, al menos lo siguiente:

1. Sus principales indicadores financieros;

2. Las tasas de interés activas y pasivas efectivas anuales;

3. Los cargos por servicios financieros;

4. Las condiciones generales de las actividades financieras que prestan;

5. La calificación de riesgo, cuando corresponda;

6. El estado de las operaciones que un usuario mantenga con la entidad;

7. Los beneficios y limitaciones de los servicios que se están ofertando;

8. El procedimiento para la atención de los reclamos ante la institución financiera;

9. Un ejemplar del documento físico, cuando la Institución financiera requiera la firma del usuario; y,

10. En caso de acordar que ciertos servicios como estados de cuenta de los usuarios sean enviados de manera electrónica, la certificación bancaria física que se requiera no tendrá costo.

Para quienes no hayan señalado un correo electrónico, se deberá remitir un ejemplar del documento físico del contrato del producto o servicio que comprometan el cargo o cobro en la institución financiera nacional, a la dirección física señalada por el cliente, el cual requerirá la firma del usuario y/o cliente.

Las entidades del sistema financiero nacional podrán efectuar cargos por servicios financieros que hayan sido aceptadas de manera previa, voluntaria, inequívoca y expresa en soporte físico, digital, electrónico o telemático.

Las entidades del sistema financiero nacional no aplicarán o cobrarán cargos por servicios que no han sido prestados por la entidad, ni podrán establecer cargos por servicios financieros que no estén autorizados por la Junta de Política y Regulación Financiera. Cualquier cargo efectuado en contra de esta disposición deberá ser restituido al usuario y/o cliente juntamente con los intereses que correspondan, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar.

Las entidades del sistema financiero nacional podrán efectuar cargo o cobro por la prestación de servicios distintos de los financieros, a. nombre de terceros, si cumplen con la regulación que la Junta de Política y Regulación Financiera expida para el efecto, y únicamente si cuentan con la aceptación voluntaria, previa, expresa, clara e inequívoca, del usuario y/o cliente.

La aceptación podrá concederse por cualquier medio reconocido por la ley, inclusive telemático o telefónico; además, no dejará dudas respecto de su alcance y deberá referirse al menos a los elementos esenciales del servicio no financiero, la autorización del cargo o cobro, su monto y periodicidad.

Los organismos de control impondrán las sanciones a las que hubiere lugar por el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, en el ámbito de sus atribuciones y tienen la obligación de poner en conocimiento de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado cualquier indicio de prácticas abusivas, para que esta investigue los hechos que le sean comunicados conforme sus competencias.

En caso de pérdida, sustracción, robo o hurto de tarjetas de débito, crédito, de cajero automático, cheques o cualquier otro instrumento que tenga similar objetivo, las entidades del sistema financiero nacional suspenderán cualquier cargo o pago por cuenta de sus clientes, a partir de la hora en que se notifiquen dichos eventos, ya sea por escrito, por teléfono o por cualquier otro medio que constituya medio de prueba, de acuerdo con lo previsto en la ley.

Los cargos o pagos efectuados por la entidad financiera por cuenta de sus clientes, que no hayan tomado en cuenta la notificación de pérdida, sustracción, robo o hurto, serán asumidos por la entidad.

La entidad asumirá además las responsabilidades que se deriven de fraudes informáticos causados por la debilidad o defectos en sus sistemas.

Los cargos o pagos efectuados por las entidades financieras por cuenta de sus clientes imputables a éstos serán de su propia responsabilidad.

Previo al desembolso de las operaciones de crédito, las entidades del sistema financiero nacional deberán requerir la contratación de los seguros que determine la Junta de Política y Regulación Financiera.

Para el efecto, la entidad del sistema financiero nacional deberá informar al usuario y/o cliente su derecho a contratar el seguro obligatorio en cualquier compañía de seguros legalmente constituida en el país. La entidad del sistema financiero nacional podrá presentar a sus usuarios y/o clientes alternativas de proveedores de dichos seguros, conforme a las regulaciones que expedida la Junta de Política y Regulación Financiera. En el caso de que el usuario y/o cliente contrate la póliza por su cuenta las condiciones de cobertura deberán ser iguales o mayores a las alternativas ofrecidas, sin que por este motivo se pueda cargar costos adicionales para el cliente.

Las entidades del sistema financiero nacional no podrán exigir ni cobrar a sus usuarios y/o clientes por concepto de seguro de desgravamen ningún otro tipo de seguros complementarios.

Las entidades financieras públicas podrán, previa aprobación del directorio, asumir los costos relacionados a los seguros obligatorios para operaciones de crédito del segmento microcrédito, de hasta diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000) de capital.

Las entidades del Sistema Financiero Nacional contarán con sistemas de atención al cliente respecto de las operaciones y servicios que presten, que faciliten la solución de las controversias surgidas con sus usuarios financieros.

Los servicios de atención al cliente serán prestados de manera gratuita, estarán dotados de los medios humanos, materiales, técnicos, tecnológicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones, contarán con personal con conocimiento adecuado de la normativa sobre transparencia y protección de los usuarios y/o clientes del sistema financiero nacional. La atención al cliente podrá prestarse a través de medios electrónicos o humanos de acuerdo a la necesidad o tipo de requerimiento del usuario financiero.

Las controversias o reclamos no resueltos ante la entidad financiera podrán ser interpuestos ante el organismo de control correspondiente, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieren presentarse.

Los servicios financieros solo podrán ser prestados previa suscripción de un contrato de adhesión cuyas cláusulas obligatorias y prohibiciones deberán ser aprobadas por los organismos de control.

Los contratos no incluirán aquellas cláusulas prohibidas por la legislación. Toda estipulación en contrario o aquellas cláusulas que impliquen renuncia o disminución de un derecho del usuario financiero reconocido por la ley, serán nulas de pleno derecho. Cuando un servicio financiero tenga renovación automática, será notificada con quince (15) días de anticipación a los medios de contacto registrados por el usuario y/o cliente. No se podrá obligar al usuario y/o cliente a dar por terminado el contrato del servicio de manera presencial, o por un canal, proveedor o intermediario, modalidad y requisitos distintos a los utilizados al momento de contratarlo.

Las entidades del sistema financiero nacional responderán por sus actividades financieras y la deficiente prestación de sus servicios, cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorporen.

Se prohíbe a las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero nacional captar recursos de terceros o realizar, en forma habitual, las actividades financieras definidas en el artículo 143 reservadas para las entidades que integran dicho sistema.

Tampoco podrán hacer publicidad o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de las personas mencionadas es de naturaleza financiera.

Las violaciones a lo preceptuado en este artículo serán sancionadas de acuerdo a lo que dispone este Código.

Se prohíbe a las entidades del sistema financiero nacional:

1. Efectuar actividades financieras que no estén autorizadas por los organismos de control, o que no cuenten con la autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera referida en el artículo 14 numeral 37;

2. Realizar operaciones que impliquen piramidación de capital, especialmente conceder créditos directos, indirectos y contingentes con el objeto de que su producto sea destinado, directa o indirectamente, a la suscripción y pago de acciones o participaciones de la propia entidad o de cualquier otra compañía del grupo financiero o grupo popular y solidario;

3. Realizar operaciones de crédito directas, indirectas y contingentes, recibiendo en garantía sus propias acciones o participaciones, o de las compañías subsidiarias o afiliadas pertenecientes al mismo grupo financiero o grupo popular y solidario;

4. Congelar o retener arbitrariamente fondos o depósitos;

5. Efectuar operaciones activas y contingentes con personas vinculadas o por sobre los cupos establecidos en este Código según corresponda;

6. Adquirir títulos valores de renta fija emitidos, avalados o garantizados por la entidad o las compañías que integren su grupo financiero o grupo popular y solidario en condiciones distintas a las de mercado, de conformidad con las normas que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

7. Negociar dentro del mismo grupo financiero o grupo popular y solidario las acciones de propiedad de cualquiera de sus integrantes;

8. Adquirir deudas por montos superiores a los determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

9. Realizar operaciones de crédito por sobre los límites autorizados en la regulación;

10. Emitir obligaciones de corto plazo o papel comercial, con excepción de las entidades de servicios financieros y servicios auxiliares del sistema financiero;

11. Cobrar intereses por sobre los máximos establecidos;

12. Cobrar intereses de mora o multas sobre capital no vencido;

13. Violar el sigilo o la reserva;

14. Adulterar o distorsionar estados financieros;

15. Conceder garantías distintas a las determinadas por la Junta de Política Monetaria y Financiera, o solicitar garantías menores en calidad y cantidad que las establecidas por dicha Junta;

16. Realizar cualquier forma de publicidad engañosa, abusiva o que induzca a error en la elección de los servicios, que pueda afectar los intereses y derechos de los usuarios financieros;

17. Constituir gravámenes sin autorización sobre bienes de propiedad de la entidad;

18. Comercializar o ceder a título gratuito u oneroso las bases de datos de sus usuarios y/o clientes, salvo consentimiento expreso e informado del titular de los datos, conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales;

19. Enajenar o arrendar, a cualquier título, los bienes de propiedad de la entidad o los que estuvieren hipotecados o prendados a ella, en favor de los administradores, funcionarios o empleados, o a personas que actuasen a su nombre y en su representación;

20. Comprar bienes de propiedad de los administradores, funcionarios o empleados de la entidad, o a personas que actuasen a su nombre y en su representación;

21. Negar la apertura de cualquier tipo de cuenta, sin que medie justificación válida y;

22. Ejecutar acciones o incurrir en omisiones que menoscaben o afecten los derechos de los usuarios y/o clientes.

Las entidades no financieras que otorguen crédito por sobre los límites establecidos por la Junta están sujetas a las prohibiciones determinadas en los numerales 9, 11, 12, 14, 15, 16, y 18 de este artículo.

Las entidades financieras privadas y los accionistas de una entidad financiera privada que sean personas con propiedad patrimonial con influencia, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones o participaciones de empresas, compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad financiera. Esta prohibición también es aplicable a los accionistas de una entidad financiera que, aun cuando individualmente considerados no sean personas con propiedad patrimonial con influencia, a criterio del organismo de control mantengan nexos económicos, societarios de negocios y/o familiares y en conjunto superen los porcentaje o valores del artículo 169, o que conformen una unidad de interés económico, de conformidad con este Código. Tampoco podrán participar como accionistas en empresas ajenas a la actividad financiera los administradores de las entidades financieras.

Dicha prohibición no aplicará para accionistas que sean entidades del sector público.

Se entenderá que los accionistas son titulares directos cuando ejerzan su derecho de propiedad sobre el 6% o más de los títulos representativos del capital de sociedades mercantiles ajenas a la actividad financiera, y titulares indirectos cuando dicha propiedad sea ejercida a través de fideicomisos, nexos económicos y societarios, otros mecanismos o a través de estos por medio de sus cónyuges o convivientes.

Sin perjuicio de lo señalado, los organismos de control podrán establecer otros tipos de propiedad indirecta que pudieren derivarse de investigaciones realizadas.

El incumplimiento de la prohibición establecida en este artículo por parte de las entidades financieras, sus accionistas o administradores, será sancionado como infracción muy grave y con la suspensión de sus derechos como socios o accionistas de la respectiva entidad no financiera y con la remoción de sus cargos en el caso de los administradores.

El organismo de control, asimismo, dispondrá la incautación de las acciones o participaciones de la respectiva entidad no financiera y su posterior venta en pública subasta. Los valores que se obtengan por dicha venta, una vez descontados los gastos en los que hubiera incurrido el Estado y el monto de las sanciones correspondientes, serán entregados a cada uno de los accionistas o administradores de las entidades financieras privadas, sus cónyuges o convivientes, incursos en la prohibición.

Los accionistas, administradores y funcionarios de entidades financieras privadas y los administradores y funcionarios de las entidades financieras populares y solidarias, sobre los cuales se haya establecido responsabilidad respecto de una entidad declarada en liquidación forzosa, mediante sentencia condenatoria, no podrán ser nominados para cargos de elección popular, ni actuar como servidores públicos, ni formar parte de una entidad del sistema financiero nacional.

Esta prohibición regirá durante cinco años contados a partir de la fecha en que hubieren cumplido su sentencia condenatoria.

En caso de incurrir en esta prohibición, las nominaciones, designaciones o contratos de estas personas quedarán sin efecto.

Esta prohibición aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 113 numeral 2 de la Constitución de la República.

No podrán ser miembros del directorio o de los consejos de administración o consejos de vigilancia de una entidad del sistema financiero nacional:

1. Los gerentes, apoderados generales, auditores interno y externo, y las personas naturales y jurídicas que realicen trabajos de apoyo a la supervisión y más funcionarios y empleados de la entidad, cualquiera sea su denominación y de sus empresas subsidiarias o afiliadas;

2. Los directores, miembros de los consejos de administración y vigilancia, representantes legales, apoderados generales, auditores internos y externos de otras entidades de la misma especie. Esta prohibición no aplica entre las entidades del Sector Financiero Público;

3. Quienes estuviesen en mora de sus obligaciones por más de sesenta días con cualquiera de las entidades del Sistema Financiero Nacional sujetas a este Código;

4. Quienes en el transcurso de los últimos cinco años hubiesen sido removidos por el organismo de control;

5. Quienes en el transcurso de los últimos sesenta días tengan obligaciones en firme con el Servicio de Rentas Internas o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

6. Quienes en el transcurso de los últimos cinco años hubiesen incurrido en castigo de sus obligaciones por parte de cualquier entidad financiera;

7. Quienes estuviesen litigando en contra de la entidad;

8. Quienes hubiesen sido condenados por delito, mientras penda la pena y hasta cinco años después de cumplida;

9. El cónyuge o conviviente o el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de un director principal o suplente, vocal y administradores de la entidad del sector financiero privado o popular y solidario de que se trate; y

10. Quienes por cualquier causa estén legalmente incapacitados.

Las prohibiciones contenidas en los numerales 2 al 9 de este artículo son aplicables a los representantes legales, vicepresidentes, gerentes, subgerentes y auditores internos de las entidades del sistema financiero nacional, o quien hiciere sus veces, en los casos que corresponda.

No más del 40% de los directores o miembros del consejo de administración de una entidad que controle un grupo financiero o grupo popular y solidario podrán integrar también el directorio de sus subsidiarias.

Las prohibiciones e inhabilidades señaladas en este artículo serán aplicables a excepción del numeral 7 también en los casos en los que se trate de hechos supervenientes al ejercicio de las funciones.

La designación de los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces de una entidad del sistema financiero nacional, será comunicada al respectivo organismo de control para la calificación de la idoneidad de estas personas; en el proceso de calificación el organismo de control verificará, entre otros, que los designados no se encuentren incursos en las prohibiciones señaladas. El miembro del directorio o del organismo que haga sus veces, tomará posesión de su designación una vez que cuente con la calificación otorgada por los organismos de control. En caso de que el miembro del directorio o del consejo de administración no sea calificado, la entidad financiera deberá reemplazarlo.

Los servidores públicos de la junta de política y regulación monetaria y financiera, de los organismos de control, del banco central del ecuador y de la corporación del seguro de depósitos, fondo de liquidez y fondo de seguros privados estarán sometidos a las prohibiciones generales determinadas en la ley orgánica del servicio público.

Está prohibido para estos servidores el revelar cualquier información sujeta a sigilo y reserva que se encuentre bajo su conocimiento en el desempeño de su cargo.

Las infracciones se califican como muy graves, graves y leves.

Son infracciones muy graves las siguientes:

1. No observar las prohibiciones constantes en el artículo 255 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9;

2. No observar las normas de la Junta de Política y Regulación Financiera, de la Junta de Política y Regulación Monetaria, y la Gerencia General del Banco Central del Ecuador, las normas y disposiciones que emitan las superintendencias, y para el sector financiero popular y solidario; además, el no observar las disposiciones de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General;

3. Realizar operaciones que no estén dentro del objeto social de la entidad;

4. Simular incrementos de capital;

5. Mantener acciones en empresas ajenas a la actividad financiera por sobre los límites determinados en el artículo 256;

6. No observar las disposiciones de control interno sobre prevención de delitos, incluidos los de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, determinadas en el artículo 244;

7. No observar las disposiciones sobre capital, reservas y solvencia dispuestas en este Código;

8. No observar las disposiciones sobre activos, límites de crédito, provisiones y orientación de crédito;

9. Ejecutar operaciones de fusión, conversión o exclusión y transferencia de activos y pasivos, sin contar con la autorización de los organismos de control;

10. Participar como accionista de entidades financieras extranjeras constituidas o por constituirse, sin la autorización de la respectiva superintendencia;

11. Negar, impedir, obstaculizar o dificultar el control y vigilancia por parte de los organismos de control del Estado, en el ámbito de sus competencias;

12. Falsificar documentos e información u ocultar parcial o totalmente, mediante cualquier acto o medio, la situación real de la entidad financiera;

13. No observar las disposiciones relacionadas con la entrega de información requerida por las instituciones del Estado determinadas en este Código, en el ámbito de sus competencias;

14. Realizar actos de disposición de bienes y valores de una entidad sometida a suspensión de operaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 292, o en causal de liquidación forzosa, una vez dispuesta;

15. Conceder operaciones de crédito a entidades públicas sin observar el procedimiento establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas;

16. Incumplir las prohibiciones determinadas en los artículos 40 y 41;

17. Recaudar recursos públicos sin contar con la autorización del Banco Central del Ecuador;

18. No pagar la multa impuesta por infracción grave;

19. La comisión reiterada de la misma infracción grave en el plazo de un año.

20. Repartir sin autorización dividendos anticipados o utilidades cuando el organismo de control haya dispuesto lo contrario; y,

21. Incumplir lo dispuesto en el artículo 183 del presente Código, respecto a la participación como accionista de entidades financieras constituidas o por constituirse en paraísos fiscales, regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de menor imposición a la de Ecuador, y

22. Las demás dispuestas en este Código.

23. Falta de cumplimiento al nivel o composición de las reservas mínimas de liquidez o proporción de liquidez doméstica;

24. Falta de cumplimiento al nivel de encaje sobre depósitos o captaciones;

25. Falta de entrega de información solicitada por el Banco Central del Ecuador dentro del ámbito de sus funciones, por parte de las entidades del sistema financiero nacional, será sancionada por el Banco Central del Ecuador;

26. Las demás dispuestas en este Código.

Son infracciones graves las siguientes:

1. Infringir las prohibiciones determinadas en el artículo 255 numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21;

2. No observar las disposiciones relacionadas con los derechos de los usuarios financieros;

3. No observar las disposiciones respecto del régimen financiero y contable;

4. No observar las disposiciones sobre control interno;

5. No observar las disposiciones sobre cargos por servicios financieros y no financieros;

6. Efectuar convenios de asociación sin contar con la autorización de las superintendencias;

7. Modificar los estatutos sociales de la entidad financiera sin autorización del organismo de control;

8. No pagar las contribuciones y aportes dispuestos en el Código;

9. Utilizar contratos de adhesión sin respetar las condiciones mínimas y las prohibiciones determinadas por las superintendencias;

10. Abrir oficinas sin el respectivo permiso de funcionamiento;

11. No pagar la multa impuesta por infracción leve;

12. El cometimiento reiterado de la misma infracción leve en el plazo de un año; y,

13. Las demás dispuestas en este Código.

Son infracciones leves, las siguientes:

1. La modificación sin autorización de los horarios de atención al público;

2. No proporcionar a los accionistas o socios la información dispuesta en este Código;

3. La presentación con errores e inconsistencias de los informes a los que está obligada la entidad financiera; y,

4. Las demás dispuestas en este Código.

Las superintendencias y el Banco Central del Ecuador en el ámbito de sus competencias, sancionarán observando el siguiente procedimiento:

1. Identificación de la infracción;

2. Notificación de la infracción en el término de hasta diez (10) días desde su identificación, con lo cual se da inicio al procedimiento administrativo sancionador;

3. Una vez notificado, el presunto infractor en el término de diez (10) días, podrá presentar todas las pruebas legales de las que se crea asistido. Este término podrá prorrogarse por una sola vez y a pedido de parte, por el término de cinco (5) días adicionales;

4. Las pruebas presentadas serán procesadas por el organismo de control, quien las apreciará en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley para la existencia o validez de ciertos actos dentro del término de veinte (20) días, pudiendo requerir dentro de este término los informes técnicos y jurídicos que considere necesarios. Este término podrá ser ampliado por una sola vez, por el término quince (15) días adicionales;

5. Concluido el término indicado en el numeral precedente, el organismo de control, en forma motivada dictará la resolución que corresponda;

6. La resolución será notificada por el organismo de control en el término de tres (3) días desde la fecha de su expedición; y,

7. Durante la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador, las partes podrán acceder al expediente sin restricción alguna.

Se establecen las siguientes sanciones:

1. Por infracciones muy graves, una multa de hasta 0,01% de los activos de la entidad infractora y/o la remoción de los administradores y/o la revocatoria de la o las autorizaciones;

2. Por infracciones graves, multas de hasta 0,005% de los activos de la entidad infractora y/o la suspensión de los administradores hasta por noventa (90) días y/o amonestación; y,

3. Por infracciones leves, multas de hasta 0,001% de los activos de la entidad infractora y/o amonestación escrita.

En ningún caso una sanción pecuniaria para una entidad financiera infractora pública, privada o popular y solidaria perteneciente al segmento 1 podrá ser inferior a treinta salarios básicos unificados.

Respecto de los otros segmentos de las entidades del sector financiero popular y solidario, la sanción pecuniaria no podrá ser inferior a un salario básico unificado.

El importe de las multas será consignado en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de este Código.

La Superintendencia de Bancos ejercerá la potestad sancionadora respecto de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Social, de conformidad a las normas que constan en esta Sección. Son sujetos responsables las entidades de la seguridad social; sus directivos, representante legal, funcionarios y servidores; quienes hacen apoyo a la supervisión; y, las personas naturales y las personas jurídicas que incurran en las infracciones determinadas en la Ley. De manera especial, se considerarán infracciones muy graves y se sancionarán conforme lo previsto en este artículo, las inobservancias a las disposiciones y prohibiciones constantes en la Ley, en las regulaciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Financiera, normas y disposiciones de la Superintendencia de Bancos y normativa interna que rige su funcionamiento.

Las sanciones se graduarán en atención a la gravedad de la falta, perjuicios causados a terceros, negligencia, intencionalidad, reincidencia o cualquier otra circunstancia agravante o atenuante.

En el caso de las infracciones muy graves y graves, las superintendencias, dependiendo de los criterios señalados en el párrafo precedente, además de la sanción pecuniaria, podrán imponer las demás sanciones determinadas para cada tipo de infracción.

Si un mismo hecho fuere constitutivo de dos o más infracciones administrativas, se tomará en consideración la más grave. Si las dos infracciones son igualmente graves, se tomará en consideración la que conlleve una sanción de mayor valor pecuniario.

Las sanciones pecuniarias en firme causarán los intereses correspondientes.

La imposición de las sanciones dispuestas en este código es independiente de cualquier otra sanción que se pudiera aplicar por actos violatorios de otras disposiciones del código y no limitan la aplicación de las sanciones civiles o penales que correspondan, de conformidad con la ley.

En ningún caso una persona puede ser sancionada administrativamente dos veces por el mismo organismo, por la misma causa.

Las multas impuestas a las entidades financieras, una vez en firme, se harán efectivas mediante débitos de las cuentas que posean las entidades financieras en el banco central del ecuador.

En caso de no poder efectuar el débito señalado en el inciso precedente, el organismo de control emitirá el título de crédito correspondiente, que podrá ser cobrado administrativamente por vía coactiva o por vía judicial.

Las multas impuestas a los administradores, funcionarios o empleados de una entidad financiera se harán efectivas mediante títulos que podrán cobrarse a través de la jurisdicción coactiva o por cualquier otro medio.

Las multas impuestas se depositarán en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional.

Son sujetos responsables de las infracciones la entidad financiera, sus accionistas, administradores, funcionarios o empleados y demás personas referidas en el artículo 276 que, por acción u omisión, incurran en las infracciones tipificadas en este código.

Son responsables también las personas naturales y las personas jurídicas no financieras que incurran en las infracciones determinadas en este Código, cuando corresponda.

La imposición de las sanciones, en ningún caso, relevará al infractor del cumplimiento de la obligación cuyo incumplimiento motivó la sanción.

Las infracciones muy graves prescriben en ocho años, las infracciones graves en cinco años y las infracciones leves prescriben en tres años, contados desde la fecha de la infracción.

La prescripción se interrumpirá con el inicio del procedimiento sancionador.

Las sanciones impuestas podrán extinguirse en los siguientes casos:

1. Por el cumplimiento de la sanción;

2. Por la aceptación de reclamo o recurso administrativo; y,

3. Por sentencia judicial.

La inobservancia de la prohibición dispuesta en el artículo 259 será sancionada por las autoridades nominadoras correspondientes, de conformidad con las disposiciones de la ley orgánica del servicio público y código del trabajo, según el caso.

Las personas naturales o jurídicas que divulguen, en todo o en parte, información sometida a sigilo o reserva, serán sancionadas con una multa de treinta y cinco salarios básicos unificados, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

Sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que se refiere esta sección y de las disposiciones correctivas ordenadas por los organismos de control, las entidades financieras responderán civilmente por las acciones u omisiones que causen perjuicio a los usuarios financieros o a los organismos estatales, de acuerdo con la ley.

En cualquier momento, cuando los organismos de control del sistema financiero nacional, en el ejercicio de sus funciones de control, tengan conocimiento de la perpetración de un delito relacionado con las actividades financieras, incluido el lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, estarán obligados a denunciar de estos hechos a la fiscalía general del estado, y en este último caso se notificará además a la unidad de análisis financiero uaf, para los fines consiguientes.

El ejercicio de la acción penal será independiente de las sanciones civiles y administrativas.

La superintendencia de economía popular y solidaria, respecto de las entidades de la economía popular y solidaria que sean presuntos infractores de la prohibición general determinada en el artículo 254, tendrá las mismas facultades de inspección que este código le confiere respecto de las entidades del sector financiero popular y solidario.

La Superintendencia de Bancos tendrá, respecto de las personas que no formen parte de la economía popular y solidaria y sean presuntos infractores de la prohibición general determinada en el artículo 254, las mismas facultades de inspección que este Código le confiere respecto de las entidades financieras.

En estos casos, los organismos de control dispondrán la suspensión inmediata de las actividades, el cierre de oficinas, notificará a la Fiscalía General del Estado y dispondrá cualquier otra medida precautelatoria tendiente a proteger los intereses de las personas. Estas transgresiones serán sancionadas administrativamente con una multa entre quinientos y dos mil quinientos salarios básicos unificados, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal.

La competencia para sancionar las infracciones de las entidades financieras de los sectores público y privado, sus accionistas, administradores, funcionarios o empleados, auditores interno y externo, firmas calificadoras de riesgo, peritos valuadores y otros que efectúen servicios de apoyo a la supervisión, corresponde a la superintendencia de bancos.

La competencia para sancionar las infracciones de las entidades del sector financiero popular y solidario, sus administradores, funcionarios o empleados, auditores interno y externo, firmas calificadoras de riesgo, peritos valuadores y otros que efectúen servicios de apoyo a la supervisión, corresponde a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria.

La competencia para sancionar las infracciones de las entidades no financieras que otorgan crédito, sus administradores, funcionarios o empleados y otros que efectúen servicios de apoyo a la supervisión, corresponde a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según el caso.

Las superintendencias, en el ámbito de sus funciones, tendrán competencia para sancionar a cualquier persona natural o jurídica que, sin tener las calidades indicadas en los párrafos que anteceden, cometiesen infracciones a este Código, las regulaciones emitidas por la Junta o las normas expedidas por los organismos de control.

Las sanciones constarán en acto administrativo motivado.

Las superintendencias podrán adoptar las medidas precautelatorias que consideren necesarias con el fin de salvaguardar los intereses de las personas.

Las superintendencias tienen la obligación de iniciar los procedimientos de investigación que correspondan, dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción de cualquier denuncia puesta en su conocimiento por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. La inobservancia de esta obligación causará las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

Las superintendencias sancionarán observando el siguiente procedimiento:

1. Identificación de la infracción;

2. Notificación de la infracción en el término de hasta diez días desde su identificación, con lo cual se da inicio al procedimiento administrativo sancionador;

3. Una vez notificado, el presunto infractor en el término de diez días, podrá presentar todas las pruebas legales de las que se crea asistido. Este término podrá prorrogarse por una sola vez y a pedido de parte, por el término de cinco días adicionales;

4. Las pruebas presentadas serán procesadas por el organismo de control, quien las valorará según las reglas de la sana crítica dentro del término de veinte días, pudiendo requerir dentro de este término lo informes técnicos y jurídicos que considere necesarios. Este término podrá ser ampliado por una sola vez, por el término quince días adicionales;

5. Concluido el término indicado en el numeral precedente, el organismo de control, en forma motivada dictará la resolución que corresponda;

6. La resolución será notificada por el organismo de control en el término de tres días desde la fecha de su expedición; y,

7. Durante la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador, las partes podrán acceder al expediente sin restricción alguna.

El incumplimiento de los términos indicados en este artículo será causal de destitución del servidor público responsable.

Los actos sancionatorios podrán ser impugnados en sede administrativa o en sede judicial ante las salas de lo contencioso administrativo, sin perjuicio de las demás acciones determinadas en la ley.

La sola interposición de un reclamo, recurso o una acción judicial no suspende los efectos del acto sancionador.

Para la presentación de un reclamo o recurso por la imposición de sanciones pecuniarias, el recurrente deberá previamente consignar el valor de la multa impuesta.

La transgresión a las prohibiciones señaladas en el artículo 255 será sancionada por los respectivos órganos de control, en el ámbito de sus competencias.

Los organismos de control previstos en este Código, en el ámbito de sus competencias, están obligados a efectuar un proceso de supervisión permanente de acuerdo al perfil de riesgo de la entidad, in situ y/o extra situ, observando los más altos estándares internacionales de supervisión preventiva, prospectiva y efectiva, manteniendo los principios de: independencia, universalidad de las actuaciones, continuidad en el proceso de supervisión, integralidad, previsión y suficiencia a las entidades financieras, que permita determinar la situación económica y financiera de las entidades, el manejo de sus negocios, evaluar la calidad y control de la gestión de riesgo, el sistema de control interno, el adecuado marco del gobierno corporativo o cooperativo, verificar la veracidad de la información que generan y los demás aspectos que garanticen el adecuado funcionamiento de las entidades y del sistema, el interés general y la protección de los derechos de los usuarios y/o clientes.

El proceso de supervisión deberá abarcar: la planificación estratégica de la entidad; informes sobre el cumplimiento de regulaciones; sistemas de indicadores de alerta temprana, evaluación del modelo de negocio y perfil de riesgos de la entidad controlada; gestión integral de riesgos que les permita identificar, cuantificar, evaluar controlar o mitigarlos oportunamente; control interno y gobierno corporativo; aspectos macroprudenciales y, análisis de los informes de quienes hacen el apoyo a la supervisión, entre otros elementos.

La determinación de los tipos de supervisión señalados en esta sección y su implementación serán reservadas y de exclusiva potestad de los organismos de control; las superintendencias regularán lo que corresponda para el efecto; y, lo relacionado con estos tipos de supervisión no será sujeto de impugnación por parte de entidades controladas.

Consiste en la supervisión que se aplica a las entidades financieras determinadas por el organismo de control correspondiente como de muy bajo o bajo perfil de riesgo, entendiéndose como tales a aquellas entidades cuya condición económico - financiera, calidad de gobierno corporativo o cooperativo y de gestión de riesgos, entre otras condiciones que determine el organismo de control, se consideran suficientes para el tamaño y complejidad de sus operaciones o que presentan recomendaciones menores que no generan una preocupación significativa para el supervisor.

Consiste en la supervisión que se aplica a las entidades financieras determinadas por el organismo de control correspondiente como de perfil de riesgo medio, entendiéndose como tales a aquellas entidades cuya condición económico -financiera, calidad de gobierno corporativo o cooperativo, o de gestión de riesgos, entre otras condiciones que determine el organismo de control, evidencian debilidades de moderadas a significativas frente al tamaño y complejidad de sus operaciones y que ameritan un estricto seguimiento de las recomendaciones del supervisor.

Consiste en la supervisión que se aplica a las entidades financieras determinadas por el organismo de control correspondiente como de perfil de riesgo alto y crítico, entendiéndose como tales a aquellas entidades cuya condición económico -financiera, calidad de gobierno corporativo o cooperativo, o de gestión de riesgos, entre otras condiciones que determine el organismo de control, se consideran de inadecuadas a deficientes para el tamaño y complejidad de sus operaciones, que requieren mejoras significativas o que presentan perspectivas claras de incumplir los requerimientos mínimos de solvencia o los han incumplido.

La supervisión intensiva se realizará también a las entidades financieras que registren pérdidas en los dos últimos trimestres o cuando la proyección de sus negocios indique que dentro de los dos trimestres siguientes podrían caer por debajo del nivel mínimo de patrimonio técnico requerido.

La superintendencia de bancos o la superintendencia de economía popular y solidaria exigirán para su aprobación un programa de supervisión intensiva a las entidades con perfil de riesgo alto y crítico, el cual deberá incluir el conjunto de acciones dispuestas por el organismo de control orientadas a resolver los problemas en los que incurra una entidad del sistema financiero nacional. El programa de supervisión intensiva será impuesto a la entidad por los organismos de control en cualquier momento; el programa deberá ser preparado por la respectiva entidad financiera y presentado al correspondiente organismo de control para su aprobación, dentro del plazo que se fije para el efecto. Si la entidad financiera no hubiere presentado el programa dentro del plazo fijado, el organismo de control lo preparará e impondrá su implementación.

En el caso de una subsidiaria, el programa de supervisión intensiva deberá ser presentado por la entidad que hace cabeza del grupo financiero.

El programa de supervisión intensiva contendrá los compromisos, obligaciones y plazos para llevar a cabo las actividades en él previstas, en ningún caso podrá tener un plazo superior a dos años y deberá detallar en un cronograma las acciones y medidas que tomará la entidad para solventar su situación. El programa deberá ser viable, con supuestos sustentables y deberá estar aprobado por el Directorio o el organismo que haga sus veces.

El programa de supervisión intensiva por deficiencia patrimonial no podrá superar, bajo ninguna circunstancia, los trescientos sesenta días, de acuerdo con los plazos señalados en el artículo 192. Cumplido este plazo, y de persistir la deficiencia patrimonial, este hecho constituirá causal de liquidación forzosa de la entidad.

El cumplimiento de los programas de supervisión intensiva será verificado por los organismos de control de forma in situ y/o extra situ.

Durante la ejecución del programa de supervisión intensiva, las superintendencias podrán revisarlo y ajustarlo y disponer todas aquellas medidas de carácter preventivo y correctivo que sean necesarias e imponer las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

El programa de supervisión intensiva terminará por el cumplimiento de sus objetivos dentro del plazo determinado, en cuyo caso, la entidad financiera recobrará su normal funcionamiento.

El programa de supervisión intensiva podrá terminar de forma anticipada, por disposición del organismo de control, cuando la entidad financiera incumpla el programa.

El incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva será causal para instrumentar una fusión extraordinaria, disponer la exclusión de activos y pasivos o la liquidación forzosa de la entidad financiera.

Los programas de supervisión intensiva y toda la información de sustento serán reservados por el plazo de veinticinco años. Las superintendencias y las entidades financieras estarán obligadas a guardar la correspondiente reserva.

La información de los procesos de supervisión preventiva y correctiva estará sujeta a reserva por el plazo de quince años.

Mientras se aprueba el programa de supervisión intensiva y durante su ejecución, los organismos de control podrán disponer las siguientes medidas:

1. Que los incrementos de depósitos, captaciones o inversiones sean invertidos en valores domésticos de alta liquidez, solvencia y rentabilidad, en la forma que las superintendencias dispongan;

2. Prohibir que se otorguen nuevos préstamos y/o que se realicen nuevas inversiones, salvo las ordenadas en el numeral anterior;

3. Evitar la concentración de crédito;

4. Prohibir que se distribuyan las utilidades, dividendos y/o excedentes;

5. Negar la apertura de nuevas oficinas, en el país o en el exterior, o disponer el cierre de las existentes;

6. Prohibir que se invierta en el capital de instituciones constituidas o por constituirse en el país o en el exterior;

7. Prohibir cualquier tipo de inversión en el exterior;

8. Disponer la desinversión de activos en el exterior;

9. Disponer la liquidación de fideicomisos y la restitución inmediata de los activos aportados al patrimonio autónomo;

10. Disponer de inmediato que la entidad registre contablemente las pérdidas correspondientes al provisionamiento parcial o total de activos cuyo estado de cobrabilidad, realización o liquidez así lo requiera, a solo juicio de las superintendencias, y la reducción de su capital o afectación de reservas contra ellas;

11. Otorgar plazos, de conformidad con el artículo 192, para que la entidad resuelva el aumento de capital y reservas, el que deberá ser suscrito y pagado dentro de dichos plazos;

12. La remoción inmediata de los administradores y demás funcionarios o empleados que estime pertinente. En el sector financiero popular y solidario, la remoción se podrá aplicar, además, respecto de los socios que actúan en calidad de representantes en la asamblea general; y,

13. Todas aquellas otras medidas que considere convenientes y que no contravengan las normas emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Los organismos de control efectuarán supervisión consolidada y transfronteriza a todo el grupo financiero o grupo popular y solidario, a través de un adecuado seguimiento y la aplicación de normas prudenciales a todas las actividades que realizan los grupos a nivel local e internacional, la transparencia de sus operaciones, el tratamiento de los conflictos de interés, el servicio y la seguridad de los clientes y la identificación de riesgos en la posición de solvencia y liquidez, de manera individual y a nivel consolidado, así como para evitar arbitrajes regulatorios.

Los organismos de control locales efectuarán la supervisión consolidada de la entidad que hace de cabeza de grupo y de sus integrantes, y requerirán la información que fuera necesaria, sin límite alguno, directamente o a través de ella, a todos los integrantes del grupo financiero o grupo popular y solidario y determinarán el requerimiento de patrimonio técnico consolidado de dichos grupos.

La supervisión consolidada y transfronteriza podrá ser realizada en cooperación con organismos de control extranjeros, sobre la base de convenios que se suscriban para el efecto, los cuales, bajo criterios de reciprocidad, deberán facilitar el intercambio de información entre ellos.

Es la entidad del sistema financiero nacional que incurre en una o varias causales de liquidación forzosa.

A fin de proteger adecuadamente los depósitos del público y en forma previa a declarar la liquidación forzosa de una entidad financiera inviable, el organismo de control, mediante resolución, dispondrá la suspensión de operaciones, la exclusión y transferencia de activos y pasivos y designará un administrador temporal. Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición.

El organismo de control determinará las operaciones que deban exceptuarse de la suspensión y que resulten indispensables para la conservación de los activos de la entidad, la recuperación de los créditos y los pagos de las remuneraciones de los trabajadores.

A partir de la fecha de la resolución de suspensión de operaciones y la exclusión y transferencia de activos y pasivos de la entidad financiera inviable, se pierden los derechos de sus accionistas o socios y cesan automáticamente en sus funciones los administradores, sin lugar a reclamo e indemnización alguna, aun cuando tengan una relación de dependencia con la entidad; además, se prohíbe la enajenación de bienes de propiedad de los accionistas con propiedad patrimonial con influencia, terceros vinculados y administradores, para lo cual el organismo de control efectuará todas las acciones pertinentes.

El administrador temporal asumirá las funciones de los administradores y ejercerá la representación legal de la entidad financiera inviable, precautelando sus bienes.

Dentro del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, el administrador temporal, en coordinación con el organismo de control, ejecutará las siguientes medidas:

1. Organizar la información de la entidad;

2. La exclusión total o parcial de activos y/o pasivos de la entidad financiera inviable; y,

3. La transferencia de los activos excluidos a otra entidad financiera viable, junto con pasivos por igual valor. Si no fuere factible la transferencia de los activos excluidos, se podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 80 numeral 7.

El proceso de exclusión y transferencia, incluidas la transferencia de activos, pasivos garantías, no requerirá de la aceptación expresa de los clientes y podrá implementarse mediante la constitución de un fideicomiso.

El administrador temporal podrá castigar el precio de los activos con cargo al patrimonio de la entidad en liquidación. La aplicación de este criterio no causará responsabilidad civil al administrador temporal.

La Junta de Política y Regulación Financiera normará la aplicación del presente artículo relativo a los mecanismo de exclusión y transferencia de activos y pasivos considerando el principio de menor costo.

El organismo de control podrá otorgar a las entidades receptoras de los activos y pasivos excluidos, excepciones temporales a la aplicación de las normas de carácter general expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, previo su autorización. Las excepciones deberán mantener relación con el monto de los activos y pasivos asumidos y evitarán poner en riesgo la liquidez y/o solvencia de la entidad.

Las medidas dispuestas por el administrador temporal, en el proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, bajo cualquier modalidad, están exentas de impuestos.

El proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos será implementado por el administrador temporal dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha de la resolución de suspensión de operaciones. Si dentro del plazo indicado no se hubiere concretado los acuerdos del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, el organismo de control dispondrá la liquidación forzosa de la entidad financiera inviable y solicitará a la Corporación del Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez el pago de los depósitos asegurados.

En cualquier caso, el administrador temporal deberá reservar recursos suficientes para la cancelación de los créditos de ventanilla de redescuento y de inversión doméstica de los excedentes de liquidez.

No podrán iniciarse o proseguirse acciones administrativas o judiciales sobre los activos de la entidad financiera cuyas operaciones hayan sido suspendidas de acuerdo con el artículo 292, como tampoco podrán disponerse ni inscribirse medidas cautelares sobre aquellos. En caso de que se hubieren dispuesto medidas cautelares, el juez correspondiente ordenará su inmediato levantamiento.

Los actos dispuestos por el administrador temporal que impliquen la transferencia de activos y pasivos de la entidad financiera inviable no están sujetos a autorización judicial alguna ni pueden ser considerados ineficaces respecto de los acreedores de la entidad financiera que fuera la propietaria de los activos excluidos.

Los acreedores de la entidad financiera inviable no tendrán acción o derecho alguno contra los adquirentes de los activos enajenados.

En el caso de que el proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos de una institución financiera inviable haya culminado satisfactoriamente se procederá a la liquidación forzosa de la entidad financiera, así como de sus activos y pasivos no transferidos.

Asimismo, en el caso de que el proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos no haya culminado satisfactoriamente, se procederá a la liquidación forzosa de la entidad financiera, así como de la totalidad de sus activos y pasivos.

Las entidades del sistema financiero nacional se liquidan voluntariamente o de manera forzosa, de conformidad con las disposiciones de este código.

Cuando una entidad del sistema financiero nacional que se encuentre en liquidación forzosa o cuya junta general de accionistas u organismo que haga sus veces haya acordado su disolución voluntaria, enajenase la totalidad de sus activos o una parte sustancial de ellos a otra entidad financiera, dicha transferencia se efectuará mediante escritura pública en la cual se señalen, por su monto y partida, los bienes que se transfieren de acuerdo al balance respectivo.

En los casos contemplados en el párrafo que antecede, así como en cualquier otro caso de cesión, la tradición de los bienes y sus correspondientes garantías y derechos accesorios operará de pleno derecho, sin necesidad de endosos, notificaciones ni inscripciones, salvo en el caso de los bienes raíces. El sólo mérito del instrumento público de cesión permitirá inscribir las garantías, cuando corresponda, o ejercer en juicio los derechos de acreedor.

Los registradores de la propiedad y mercantil estarán obligados a efectuar de forma expedita los registros e inscripciones correspondientes.

Las entidades del sistema financiero nacional se liquidan de forma voluntaria, cuando no estén incursas en causales de liquidación forzosa, por las siguientes causales:

1. Por vencimiento del plazo de duración fijado en el estatuto social;

2. Por fusión;

3. Por conclusión de las actividades para las cuales se formaron; y

4. Por traslado del domicilio principal al extranjero.

Las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario también se liquidarán por acuerdo de los accionistas o socios, según el caso.

Las entidades del sector financiero público se liquidarán también por razones de interés público dispuestas por el Presidente de la República.

La decisión de liquidar una entidad del sistema financiero nacional de manera voluntaria, por cualquiera de las causas determinadas en este código, será puesta en conocimiento del organismo de control para su aprobación. El organismo de control, previa verificación de que la entidad financiera no se encuentre incursa en ninguna de las causales de liquidación forzosa, que disponga de los recursos necesarios para atender todas sus obligaciones financieras y no financieras y que su liquidación no genere efectos negativos en la funcionalidad del sistema financiero nacional o en la gestión macroeconómica del país, podrá aprobar o negar la liquidación voluntaria, mediante la expedición del correspondiente acto administrativo.

Si la entidad financiera se encuentra en causal de liquidación forzosa o no cuenta con los recursos suficientes para atender todas sus obligaciones financieras y no financieras, se negará la liquidación voluntaria y dispondrá las acciones administrativas correspondientes.

Las entidades del sistema financiero nacional se liquidan de manera forzosa, por las siguientes causas:

1. Por la revocatoria de una o varias de las autorizaciones de actividades financieras, cuando a criterio del organismo de control éstas afecten la viabilidad económico- financiera de la entidad;

2. Por incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva;

3. Por no cubrir las deficiencias de patrimonio técnico de conformidad con lo establecido en el artículo 192;

4. Por no elevar el capital social o el capital suscrito y pagado a los mínimos establecidos en este Código;

5. Por pérdidas del 50% o más del capital social o el capital suscrito y pagado, que no pudieran ser cubiertas con las reservas de la entidad;

6. Por no pagar cualquiera de sus obligaciones, especialmente con los depositantes, en la cámara de compensación o el incumplimiento en la restitución de las operaciones de inversión doméstica o ventanilla de redescuento, cuando el fondo de liquidez no alcance a cubrir dichas operaciones. En el caso de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, excepto las del segmento 1, que geográficamente se encuentre localizadas en zonas de difícil acceso, esta causal de liquidación forzosa se configura si dentro de setenta y dos horas de requerido el pago de obligaciones, estas no fueran satisfechas;

7. Cuando cualquiera de los indicadores de solvencia sea inferior al cincuenta por ciento (50%) del nivel mínimo requerido;

8. Por acumular dos meses de incumplimiento en el pago de aportes y contribuciones al Seguro de Depósitos y/o Fondo de Liquidez;

9. Por terminación del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos referido en el artículo 296; y,

10. Por cualquier otra causa determinada en este Código.

    Las entidades que conforman los sectores financieros privado y popular y solidario se liquidarán de manera forzosa, adicionalmente, por las siguientes causas:

11. Por imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social;

12. Cuando los administradores de la entidad abandonen sus cargos y no sea posible designar sus reemplazos en un plazo no mayor de treinta días;

13. Por la reducción del número mínimo legal de accionistas y por disminución del número de sus socios por debajo del mínimo legal establecido; y,

14. Por no modificar sus procedimientos, por la inoperancia del directorio o por la no adopción de los acuerdos determinados en el último inciso del artículo 412.

    La resolución de suspensión de operaciones dispuesta en el artículo 292 causará la pérdida de la propiedad de las acciones de todos los accionistas y de las participaciones de los socios.

    En el evento de que por la aplicación de este artículo se llegue a determinar por parte de las Superintendencias que pudiere existir riesgo sistémico, el respectivo organismo de control en el término de veinte (20) días elaborará un plan que permita una ejecución progresiva de los procesos de liquidación, de lo cual informará a la Junta.

Cuando el organismo de control llegase a determinar que la entidad financiera está incursa en una o varias causales de liquidación forzosa, y no fuera posible o factible implementar un proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, procederá a emitir la resolución de liquidación forzosa de la entidad.

Cuando una entidad financiera sea puesta en liquidación forzosa, se presumirá que es consecuencia de actos dolosos cometidos por los administradores, funcionarios o empleados que hubiesen participado en cualquiera de los actos señalados por el código orgánico integral penal.

En caso de que se resuelva la suspensión de operaciones o la liquidación forzosa de una entidad financiera, el organismo de control está obligado a presentar de inmediato la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de que se establezcan las responsabilidades penales a que hubiere lugar.

En la resolución de liquidación voluntaria o forzosa se dispondrá, al menos, lo siguiente:

1. La liquidación de la entidad financiera;

2. La revocatoria de las autorizaciones para realizar actividades financieras;

3. El retiro de los permisos de funcionamiento;

4. El plazo para la liquidación que será de hasta tres (3) años, pudiendo ser prorrogado por dos (2) años, previa solicitud debidamente sustentada por el liquidador y autorizada por el Superintendente;

5. Designación del liquidador; y,

6. La cesación de funciones del administrador temporal.

En el caso de liquidación forzosa, en la resolución se solicitará que la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados pague el seguro a los depositantes.

La resolución de liquidación de una entidad financiera será motivada, suscrita por el titular del correspondiente organismo de control, gozará de la presunción de legitimidad y debe cumplirse desde la fecha de su expedición.

La resolución de liquidación deberá inscribirse en los registros correspondientes.

El organismo de control supervisará la gestión integral del liquidador.

La resolución de liquidación regirá a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

La resolución de liquidación de una entidad financiera deberá ser publicada, por una sola vez, en un periódico de circulación del lugar de domicilio de la institución y en el registro oficial, sin perjuicio de su publicidad en otros medios.

El acto de liquidación de una entidad financiera podrá ser impugnado en sede administrativa o judicial. La impugnación en sede administrativa se hará de conformidad con las normas que dicte el organismo de control. La impugnación en sede judicial se la efectuará ante la respectiva sala de lo contencioso administrativo.

La interposición de un recurso o acción no suspenderá los efectos del acto de liquidación de una entidad financiera.

Si la impugnación es aceptada, ya sea en sede administrativa o judicial de última instancia, y se dejase sin efecto el acto de liquidación de una entidad financiera, se procederá de acuerdo con los términos de la resolución o sentencia, según el caso.

Todos los actos celebrados por el liquidador en el ejercicio de sus funciones serán válidos, excepto que se comprobase judicialmente dolo, en cuyo caso se aplicarán las normas correspondientes.

Cuando una entidad se encuentre en proceso de liquidación, deberán acopiarse todos los recursos sobre los cuales tenga derecho, con la finalidad de pagar las obligaciones de la entidad, excepto aquellas cuya disponibilidad esté restringida por una medida judicial dictada en forma previa a la suspensión de operaciones.

El liquidador deberá efectuar todas las actividades conducentes a realizar los activos de la entidad financiera en liquidación, con el fin de cancelar los pasivos existentes. Para el efecto, el liquidador ejercerá la jurisdicción coactiva.

Las principales funciones del liquidador son:

1. Representar a la entidad, judicial y extrajudicialmente;

2. Iniciar las acciones judiciales que correspondan en contra de cualquier persona que pudiese resultar responsable de la liquidación;

3. Tomar a su cargo la administración de los bienes que integran el patrimonio de la entidad;

4. Cumplir con lo establecido en el artículo 306;

5. Contratar créditos, para cuyo efecto podrá entregar en garantía los activos de la entidad en liquidación. Estos créditos gozarán de privilegio por sobre cualquier otra acreencia;

6. Enajenar los bienes sociales;

7. Cobrar y percibir el importe de los créditos de la entidad y los saldos adeudados por los accionistas, otorgando los correspondientes recibos o finiquitos;

8. Pagar a los acreedores;

9. Presentar estados de liquidación;

10. Informar a los organismos de control;

11. Presentar a los organismos de control los informes correspondientes a la recuperación de las deudas, con la periodicidad establecida para tales efectos;

12. Recibir, llevar y custodiar los libros y correspondencia de la entidad y velar por la integridad de su patrimonio, formular los balances mensual y anual, y una memoria sobre el desarrollo de la liquidación, rendir cuenta detallada de su administración y elaborar el balance final de liquidación o suscribir el acta de carencia de patrimonio;

13. Negociar o rebajar de las deudas malas o dudosas y transigir sobre reclamaciones contra la entidad; y,

14. Distribuir entre los accionistas el remanente del haber social, en caso de haberlo; caso contrario, deberá emitir las notas de crédito por las diferencias.

El organismo de control determinará las funciones adicionales que deba cumplir el liquidador, según el caso.

Los activos, pasivos, patrimonio y otras obligaciones que no pudieren ser liquidados de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, serán transferidos a un fideicomiso cuyo fiduciario será la Corporación Financiera Nacional B.P. o la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, el primero para la banca privada y pública; y, el segundo para la economía popular y solidaria, con el objeto de enajenar los remanentes y pagar a los acreedores de la entidad en liquidación de acuerdo al orden de prelación establecido en este Código.

El liquidador, en calidad de representante legal de la entidad financiera en liquidación, será el constituyente del fideicomiso mercantil de administración.

El fiduciario actuará, según corresponda, como sujeto procesal en los procesos judiciales y ejercerá la jurisdicción coactiva para la recuperación de las obligaciones pendientes de pago. Al efecto podrá actuar de forma directa o a través de cualquier entidad del sector financiero que pueda ejercer dicha jurisdicción. Respecto de los remanentes en caso de haberlos, se aplicará lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 315.

El fiduciario tendrá hasta dos (2) años, contados desde la respectiva transferencia al fideicomiso, para enajenar los activos y pagar los pasivos de acuerdo a las instrucciones del constituyente. Concluido este plazo, el fideicomiso se liquidará y cualquier reclamo que se produjere será conocido y resuelto por los jueces y bajo el procedimiento de la justicia ordinaria.

El plazo para la liquidación establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero se aplicará también a las entidades cuya liquidación se hubiere resuelto a partir de la vigencia de este cuerpo legal.

El liquidador no podrá realizar nuevas actividades financieras relativas al objeto social de la entidad, así como tampoco adquirir, directa o indirectamente, los bienes de la entidad financiera en liquidación. Esta prohibición se extiende al cónyuge, conviviente y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Resuelta la suspensión de operaciones dispuesta en el artículo 292 o la liquidación forzosa de la entidad financiera, no podrá iniciarse procesos judiciales ni administrativos contra dicha entidad, ni decretarse embargos o gravámenes, ni dictarse otras medidas sobre sus bienes, ni seguirse procedimientos de ejecución de sentencias en razón de fallos judiciales o administrativos, a causa de las obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha en que se resolvió la suspensión de operaciones a esa entidad financiera y mientras tal situación continúe en vigor, excepto las hipotecas constituidas por la institución financiera a favor de terceros, en garantía de operaciones hasta por el monto, por persona natural o jurídica, equivalente a doscientos salarios básicos unificados, las que se regirán por el artículo 2381 del código civil.

Las sumas que adeuden, por cualquier concepto, la o las empresas de propiedad de aquellos accionistas o administradores de las entidades financieras de que trata este artículo, inclusive aquellas que no fueren exigibles a la fecha de suspensión de operaciones, para estos efectos, se entenderán de plazo vencido, y por tanto constituirán, a favor de la entidad suspendida que las tome en administración, crédito privilegiado de primera clase aun con preferencia a los créditos hipotecarios, los estructurados en fideicomisos o cualquier otro de diversa naturaleza que no sean los haberes que se deban a los trabajadores o a las instituciones del Estado, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para el cobro de tales haberes, la entidad del Sistema Financiero Nacional suspendida iniciará las coactivas sobre la base de la determinación que se practique fundamentadamente, y dispondrá las medidas cautelares y apremios que quepan, incluso de carácter real sobre bienes que se encuentren sujetos a gravamen de cualquier tipo o aportados a fideicomisos, los cuales serán cancelados por el administrador temporal o el liquidador de la entidad, a fin de cobrar lo que se adeude, para que con su producto, respetando la prelación determinada en el presente inciso, se cubran las acreencias conforme al artículo 315.

Los organismos de control, a pedido justificado del liquidador, podrán ordenar la cancelación en el Registro de la Propiedad de la inscripción de compraventas, daciones en pago o cualquier otro título traslaticio o limitativo de dominio, incluidos los aportes a patrimonios autónomos, respecto de aquellos bienes de las empresas vinculadas a las personas con propiedad patrimonial con influencia o administradores, celebrados con posterioridad a la suspensión de operaciones de la entidad financiera, a fin de que esos bienes sirvan para cobrar lo que se adeude de acuerdo a lo preceptuado y al procedimiento determinado en el inciso que precede.

Los terceros de buena fe que puedan resultar afectados por la cancelación de la transferencia, tendrán acción de daños y perjuicios exclusivamente contra quienes hayan transferido la propiedad luego de ordenada la suspensión de operaciones de la entidad financiera.

Todos los depósitos, deudas y demás obligaciones de una entidad financiera en favor de terceros, a partir de la fecha de su liquidación forzosa, no devengarán intereses frente a la masa de acreedores, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Los créditos concedidos por una entidad financiera en proceso de liquidación forzosa mantendrán los plazos y condiciones pactados originalmente. Sin embargo, los créditos que tengan la calidad de vinculados se entenderán de plazo vencido.

Los pagos derivados de la liquidación forzosa de una entidad financiera se efectuarán en el siguiente orden:

1. Los depósitos hasta por el monto legalmente asegurado con cargo al seguro de depósito;

2. Los que se adeuden a los trabajadores por remuneraciones, indemnizaciones, utilidades, fondos de reserva y pensiones jubilares con cargo al empleador, hasta por el monto de liquidaciones que se practiquen en los términos de la legislación que les amparen, y las obligaciones para con el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social derivadas de las relaciones laborales;

3. Depósitos en exceso del valor asegurado de los grupos de atención prioritaria definidos en el artículo 35 de la Constitución de la República;

4. Proporcionalmente, los depósitos por los montos que excedan el valor asegurado y el monto total cubierto del Seguro de Depósitos. En caso de que el monto total cubierto por el Seguro de Depósitos supere el valor pagado por este mismo concepto, luego de transcurrido el plazo establecido en el artículo 33 de este Código, se deberá restituir la diferencia a la entidad financiera en liquidación forzosa;

5. Los créditos otorgados por ventanilla de redescuento e inversión doméstica de los excedentes de liquidez;

6. Los que se adeuden por impuestos, tasas y contribuciones;

7. Los valores adeudados por concepto de contribución al Seguro de Depósito, así como los costos de ejecución y comunicación del pago del seguro de depósitos;

8. El resto de los pasivos por fondos recibidos por la entidad financiera bajo modalidades legalmente aceptadas no cubiertas por los numerales anteriores, con excepción de los depósitos de quienes tengan créditos u otros activos vinculados a la entidad en liquidación;

9. Las costas judiciales que se causen en interés común de los acreedores;

10. Los proveedores de la entidad financiera, hasta por el monto equivalente al seguro de depósito; y,

11. Otros pasivos, de acuerdo al orden y forma determinados en el Código Civil, y los valores no reclamados de los numerales anteriores, dentro de los tres meses de notificado el llamado a cobro.

El liquidador podrá erogar recursos con el objeto de perfeccionar la transferencia de dominio de los bienes de la entidad financiera, sin que ello se considere incumplimiento o modificación del orden de prelación.

Los valores que no han sido reclamados dentro del plazo fijado en el proceso de liquidación de una entidad financiera, podrán ser utilizados para el pago de las acreencias en el orden fijado en el artículo anterior.

Los valores monetarios que no han sido reclamados concluida la liquidación, deberán ser depositados por el liquidador en la cuenta unica del tesoro nacional. El resto de activos se transferirán a la entidad que se encarga de la gestión inmobiliaria del estado, para su disposición.

Concluido el proceso de liquidación, el liquidador efectuará la conciliación de cuentas y cierre contable del balance de liquidación, así como el informe final de la liquidación, los cuales serán presentados al organismo de control y dados a conocer a los accionistas y/o socios pendientes de pago, de conformidad con las normas que expida el organismo de control.

Al cierre de la liquidación el organismo de control dispondrá la extinción de la entidad y excluirá a la entidad financiera del Catastro Público.

El seguro de depósitos de los sectores financieros privado y popular y solidario, será administrado por la corporación del seguro de depósitos, fondo de liquidez y fondo de seguros privados.

Las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario están obligadas a participar con las contribuciones y aportes al seguro de depósitos y fondo de liquidez y con los mecanismos de garantía.

Los recursos del seguro de depósitos se gestionarán a través de fideicomisos independientes administrados por el banco central del ecuador, cuyo constituyente será la corporación del seguro de depósitos, fondo de liquidez y fondo de seguros privados.

El seguro de depósitos protegerá de forma limitada los depósitos efectuados en las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario autorizadas por los respectivos organismos de control, bajo la forma de cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo fijo u otras modalidades legalmente aceptadas, de acuerdo con las condiciones que establece este código para el pago del seguro.

No estarán protegidos por el seguro de depósitos:

1. Los depósitos efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente a la entidad financiera, según lo establecido por este Código;

2. Los depósitos en la misma entidad de los accionistas, administradores y miembros del consejo de vigilancia de una entidad financiera popular o solidaria;

3. El exceso del monto protegido;

4. Los depósitos en oficinas en el exterior;

5. Las obligaciones emitidas por las entidades financieras al amparo de lo previsto en la Ley de Mercado de Valores; y,

6. Los depósitos que no cumplan las condiciones determinadas en este Código.

1. Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del Sector Financiero Privado; y,

2. Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.

El seguro de depósitos se nutrirá con los siguientes recursos, en lo que a cada sector financiero corresponda:

1. Las contribuciones que realizarán las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario, de conformidad con lo previsto en este Código;

2. El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del Seguro de Depósitos;

3. Las donaciones que reciban;

4. Los provenientes de préstamos o líneas contingentes obtenidos para el financiamiento de sus actividades;

5. Los provenientes de préstamos entre los fideicomisos del seguro de depósitos; y,

6. Los remanentes a los que hace referencia el artículo 315.

Los recursos del Seguro de Depósitos son de naturaleza pública, no forman parte del Presupuesto General del Estado, son inembargables y no podrán ser afectados por las obligaciones de los contribuyentes. La operación de sus fideicomisos estará exenta de toda clase de tributos. Los acreedores por préstamos o líneas contingentes no podrán hacer efectivos sus créditos contra los contribuyentes, cuya responsabilidad se limita a sus contribuciones.

Las contribuciones al seguro de depósitos y la periodicidad de su pago por parte de las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario, serán determinadas por la junta de política y regulación monetaria y financiera.

Las contribuciones podrán ser diferenciadas por cada sector financiero y entidad, y se compondrán de una prima fija y una prima variable, diferenciadas por el riesgo de la entidad.

Los recursos del seguro de depósitos deberán invertirse observando los principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad, con sujeción a las políticas de inversión aprobadas por la junta de política y regulación monetaria y financiera.

El monto protegido por el Seguro de Depósitos para cada persona natural o jurídica, será diferenciado por cada uno de los sectores financieros asegurados.

El monto asegurado de los depósitos en las entidades financieras privadas y populares y solidarias, segmento 1, será igual a dos veces la fracción básica exenta vigente del impuesto a la renta, pero en ningún caso inferior a USD 32.000,00 (treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América).

Los montos asegurados de los depósitos en el resto de segmentos del sector financiero popular y solidario serán definidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sobre la base de la propuesta que para el efecto remita la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados. Los montos definidos en ningún caso podrán ser superiores al monto asegurado de los depósitos en las entidades financieras privadas y las del segmento uno (1) del sector financiero popular y solidario.

El monto total a pagar por el Seguro de Depósitos en cada sector no podrá superar el total de patrimonio del respectivo fideicomiso.

El derecho al pago del seguro de depósitos se hará efectivo a partir de la fecha de notificación de la resolución con la declaratoria de liquidación forzosa de las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario, por parte del organismo de control a la corporación del seguro de depósitos, fondo de liquidez y fondo de seguros privados.

Los requisitos y el procedimiento de pago del seguro de depósitos serán determinados, en cada caso, por la corporación del seguro de depósitos, fondo de liquidez y fondo de seguros privados, de conformidad con la norma dictada para el efecto por la propia corporación.

Por el pago del seguro de depósito efectuado la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados adquiere, en lugar del acreedor, el derecho de cobro de la acreencia por el valor pagado.

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo Seguros Privados se subrogará en los derechos de cobro respecto de los valores cubiertos por el Seguro de Depósitos.

Cualquier mecanismo de transferencia efectuada al beneficiario por parte del Seguro de Depósitos constituirá mecanismo probatorio suficiente para el ejercicio de la subrogación de derechos de cobro.

El fideicomiso del seguro de depósitos del sector financiero privado estará sujeto al control de la superintendencia de bancos.

El fideicomiso del Seguro de Depósitos del sector financiero popular y solidario estará sujeto al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

La Contraloría General del Estado ejercerá el control del uso de los recursos públicos de los patrimonios de los respectivos fideicomisos.

Las deficiencias de liquidez de las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario podrán ser cubiertas por el fondo de liquidez, que actuará en calidad de prestamista de última instancia y otorgará préstamos de liquidez a las entidades financieras que cumplan con las siguientes condiciones:

1. Que mantengan su patrimonio técnico dentro de los niveles mínimos exigidos por el artículo 190; y,

2. Que hayan administrado su liquidez de conformidad con las regulaciones dictadas para el efecto.

Se constituirán los siguientes fideicomisos independientes:

1. Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las entidades del Sector Financiero Privado; y,

2. Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.

El fondo de liquidez se nutrirá con los siguientes recursos, en lo que a cada fideicomiso corresponda:

1. Los aportes que realizarán las entidades, de conformidad con lo previsto en este Código;

2. El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del Fondo de Liquidez;

3. Las donaciones que reciba;

4. Los provenientes de préstamos o líneas contingentes obtenidos para el financiamiento de sus actividades; y,

5. Los provenientes de préstamos entre los fideicomisos del fondo de liquidez.

Los recursos del Fondo de Liquidez son de naturaleza privada, son inembargables y no podrán ser afectados por las obligaciones de los aportantes, excepto para el pago de las operaciones de crédito a través de la ventanilla de redescuento y de la inversión doméstica de los excedentes de liquidez.

La operación de los fideicomisos estará exenta de toda clase de tributos. Los acreedores del Fondo de Liquidez por préstamos o líneas contingentes no podrán hacer efectivos sus créditos contra los aportantes, cuya responsabilidad se limita a sus aportes.

Los aportes al fondo de liquidez y la periodicidad de su pago por parte de las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario serán determinados por la junta de política y regulación monetaria y financiera.

Los aportes serán diferenciados por cada sector financiero.

Los recursos del fondo de liquidez deberán invertirse observando los principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad en el marco de los objetivos de la política económica y la preservación de los depósitos. Estos recursos no podrán invertirse en bonos emitidos por el ministerio de finanzas.

Los miembros del Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, serán responsables por la inobservancia de los parámetros descritos en el inciso anterior.

El fondo de liquidez podrá realizar las siguientes operaciones activas y pasivas:

1. Operaciones activas, consistentes en:

   1. Créditos ordinarios, cuyo plazo será de un día hábil renovable, que serán otorgados dentro de una línea de crédito para cubrir deficiencias en las cámaras de compensación del Sistema Central de Pagos administrado por el Banco Central del Ecuador;

   2. Créditos extraordinarios, que no podrán exceder del plazo de trescientos sesenta y cinco días a partir de su concesión; y,

   3. Las operaciones señaladas en el artículo 335 y las demás operaciones debidamente autorizadas por el organismo de regulación competente.

2. Operaciones pasivas: Podrán consistir en préstamos y titularizaciones; y,

3. Líneas contingentes con entidades financieras internacionales.

   El Fondo de Liquidez podrá ser usado, además, para cancelar las obligaciones emanadas de la ventanilla de redescuento y de la inversión doméstica de los excedentes de liquidez, de conformidad con este Código.

En las operaciones activas se observarán las siguientes condiciones:

1. Los créditos ordinarios podrán concederse hasta por el monto equivalente al aporte que cada una de las entidades financieras hubiere efectuado al Fondo de Liquidez, que garantizarán la operación respectiva. El acceso a estos créditos será automático y su tasa de interés será establecida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El Banco Central del Ecuador, en su calidad de administrador fiduciario, informará al organismo de control correspondiente de la ejecución de estas operaciones; y,

2. Los créditos extraordinarios podrán ser concedidos a las entidades financieras aportantes, siempre que mantengan el nivel mínimo de solvencia determinado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. La tasa de interés de estos créditos será establecida por la Junta.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera deberá expedir las normas de elegibilidad, en las que se establecerán las condiciones que deben cumplir las entidades financieras para acceder a este tipo de créditos.

Cada una de las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario deberá constituir un fideicomiso mercantil de garantía con un portafolio de inversiones y de cartera que tendrá como beneficiario acreedor al fideicomiso del fondo de liquidez que corresponda. El aporte inicial mínimo a este fideicomiso será de al menos cincuenta mil dólares de los estados unidos de américa usd 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los estados unidos de américa) para las entidades del sector financiero privado, y en cada ocasión que requiera un crédito extraordinario de liquidez, la entidad deberá aportar garantías adecuadas por un monto no inferior al 140% del monto del crédito extraordinario, de conformidad con las normas que expida la junta de política y regulación monetaria y financiera.

El aporte inicial mínimo a este fideicomiso para las entidades financieras populares y solidarias, será determinado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

La exposición total de los recursos aportados al fondo de liquidez por concepto de todas las operaciones activas concedidas a una entidad financiera que se mantengan vigentes no podrá exceder del 30% de sus activos, ni del equivalente al 100% del patrimonio técnico de esa entidad financiera.

Las cuentas del sector financiero privado del fondo de liquidez estarán sujetas a la verificación anual de una auditoría externa previamente calificada por la superintendencia de bancos, sin perjuicio de las potestades de dicha institución para controlarlas.

Las cuentas del sector financiero popular y solidario del Fondo de Liquidez estarán sujetas a la verificación anual de una auditoría externa previamente calificada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sin perjuicio de las potestades de dicha institución para controlarlas.

Los recursos aportados por las entidades financieras al fondo de liquidez serán restituidos en los siguientes casos:

1. Exclusión y transferencia de activos y pasivos;

2. Liquidación voluntaria o forzosa de la entidad; y,

3. El exceso del aporte en caso de fusiones.

Estarán protegidos por la cobertura que se determina en este cuerpo legal, los asegurados del sector público y privado que tengan pólizas vigentes, con la totalidad de la prima cancelada, en las empresas del sistema de seguro privado.

El Seguro de Depósitos Privados cubrirá dentro del monto establecido por la Junta el valor de los siniestros pendientes de pago a la fecha de la liquidación forzosa.

No estarán protegidos por la cobertura de la garantía de seguro privado:

1. Las personas que hayan sido sentenciadas por delitos de narcotráfico o lavado de activos; y,

2. Las personas que tengan pólizas con compañías de seguros que no estén legamente constituidas en el Ecuador.

Para determinar el monto protegido por la cobertura y su devolución al asegurado o beneficiario, se computará la totalidad de las pólizas que registre cada persona natural o jurídica, pública o privada, en la empresa del sistema de seguro privado, a la fecha del inicio de la liquidación forzosa dispuesta por el organismo de control.

El fondo de seguros privados se activará a partir de la notificación que haga el órgano de control a la corporación, con la declaratoria de liquidación forzosa de una empresa del sistema de seguro privado.

La recepción por parte de los asegurados o beneficiarios, de los valores pagados por la Corporación, producirá la subrogación de pleno derecho a favor de la misma, de los derechos de acreedor frente a la compañía de seguros sometida al proceso de liquidación forzosa.

Los recursos que se recuperen en virtud de esa subrogación, ingresarán al Fondo de Seguros Privados.

Para la instrumentación de la garantía de seguros la corporación constituirá un fondo a través de un fideicomiso mercantil que será controlado exclusivamente por el órgano de control, con el exclusivo propósito de cumplir los fines previstos en esta ley.

El patrimonio del fondo será inembargable y no podrá ser afectado por las obligaciones de los aportantes. La constitución y operación del fondo estará exenta de toda clase de impuestos. Los acreedores del fondo por préstamos o líneas contingentes no podrán hacer efectivos sus créditos contra los aportantes, cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones.

El Fondo de Seguros Privados se constituirá con los siguientes recursos que se considerarán públicos:

1. Una contribución básica de hasta el 0,7% sobre el valor de las primas netas de seguros directos que realizarán todas las empresas aseguradoras, en el porcentaje que fije anualmente la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y, una contribución variable de hasta el 0,8% del mismo valor en función de las calificaciones de riesgo, fijada asimismo por la Junta, cuyo máximo porcentaje no podrá sobrepasar, en ningún caso, el 120% de la contribución básica;

2. La proporción de la contribución determinada en el artículo 67 del Libro III de este Código;

3. El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del Fondo de Seguros Privados;

4. Las donaciones que reciba; y,

5. Las provenientes de préstamos o líneas contingentes obtenidos para el financiamiento de sus actividades.

Los recursos del Fondo deberán invertirse observando los principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad y enmarcarse en las políticas de inversión aprobadas por el Directorio.

Los recursos del Fondo no podrán ser destinados para cubrir gastos administrativos ni para pago de inversiones en activos fijos de la Corporación.

Los recursos del Fondo de Seguros Privados se acumularán hasta el monto que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sobre la base del informe técnico que será elaborado y presentado por la Corporación.

Las contribuciones y sus intereses serán inembargables y no podrán ser sujetos de ninguna medida cautelar que restrinja su disponibilidad. Las contribuciones que deben realizar las empresas de seguro privado podrán ser debitadas de las cuentas que mantengan en las entidades del sistema financiero, previo requerimiento del representante legal de la corporación.

El fondo de seguros privados estará sujeto a la verificación anual de una auditoría externa calificada por el órgano de control,

El órgano de control podrá en cualquier momento verificar los informes de auditoría que le sean presentados.

Los datos de carácter personal de los usuarios del sistema financiero nacional que reposan en las entidades de dicho sistema y su acceso están protegidos, y solo podrán ser entregados a su titular o a quien éste autorice o por disposición de este código.

Los depósitos y demás captaciones de cualquier naturaleza que reciban las entidades del sistema financiero nacional están sujetos a sigilo, por lo cual no se podrá proporcionar información alguna relativa a dichas operaciones, sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a quien lo represente legalmente.

Las demás operaciones quedan sujetas a reserva y las entidades del sistema financiero nacional solo podrán darlas a conocer a quien demuestre un interés legítimo y siempre que no sea previsible que el conocimiento de esta información pueda ocasionar perjuicio al cliente.

Las entidades del sistema financiero nacional, con el objeto de facilitar procesos de conciliación, darán acceso al conocimiento detallado de las operaciones anteriores y sus antecedentes a la firma de auditoría externa contratada por la entidad, que también quedará sometida al sigilo y reserva.

Las entidades del sistema financiero nacional podrán dar a conocer las operaciones anteriores en términos globales, no personalizados ni parcializados, solo para fines estadísticos o de información, cuando exista un interés público.

Podrán también proporcionar información general respecto del comportamiento de clientes en particular, previo su autorización, para fines de evaluación de crédito, a requerimiento de otra entidad financiera o de establecimientos comerciales autorizados por los clientes, sin que ello implique la facultad de revelar transacciones individualizadas.

No habrá reserva respecto de la extinción total o parcial de las operaciones activas, por lo que podrán hacerse públicas las daciones de pago y sus términos, las compensaciones, las condonaciones y las prescripciones.

No se aplicará el sigilo ni reserva a los recursos de las entidades del sector público.

No se aplican las disposiciones del artículo precedente para la entrega de la siguiente información que se solicite a los organismos de control o a las entidades del sistema financiero nacional:

1. Los antecedentes relativos a operaciones efectuadas por quienes sean parte o sean investigados en causas que se encuentren bajo el conocimiento de un juez o de la Fiscalía General del Estado;

2. Los datos del titular de cuentas corrientes cerradas por giro de cheques sin provisión de fondos, requeridos por el tenedor legítimo de los cheques;

3. Cualquier información requerida por los organismos de control y el Servicio de Rentas Internas, en el ámbito de su competencia;

4. La información que requiera la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la cual deberá ser canalizada a través del organismo de control;

5. La información que deben entregar los organismos de control para dar a conocer al público la situación patrimonial y financiera de las entidades financieras;

6. Los informes requeridos a los organismos de control, en el ámbito de su competencia, por gobiernos o por autoridades competentes de los países con los que el Ecuador mantenga convenios recíprocos y legítimamente celebrados para combatir la delincuencia, en los términos de dichos convenios;

7. Las informaciones financieras que constituyan intercambio con autoridades de control bancario, financiero y tributario de otros países, siempre que existan convenios recíprocos, vigentes y legítimamente celebrados; y,

8. Los demás que establezca la ley.

La información que se entregue solo será utilizada para los fines justificados por la institución requirente. La entrega de esta información se efectuará con igual protección de sigilo y reserva; por lo tanto, los requirentes de esta información asumen la responsabilidad inherente al sigilo y la reserva. El traslado de esta responsabilidad no aplica en el caso de los numerales 6 y 7. La violación del sigilo y la reserva será sancionada conforme lo dispone este Código, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

Ninguna persona natural o jurídica que llegase a tener conocimiento de información sometida a sigilo o reserva podrá divulgarla en todo o en parte. El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado por este código, sin perjuicio de la responsabilidad penal respectiva.

Cuando los organismos de control, los accionistas, administradores o funcionarios de las entidades del sistema financiero nacional tengan conocimiento de indicios de la perpetración de un delito relacionado con las actividades de las entidades financieras, estarán obligados, acto seguido, a denunciarlos a la fiscalía general del estado.

El servicio de referencias crediticias será prestado por la Superintendencia de Bancos y por las personas jurídicas autorizadas por la Superintendencia de Bancos, entidad que está facultada para supervisar y controlar el ejercicio de sus actividades.

El servicio de referencias crediticias es aquel que, mediante la recepción de información de riesgos crediticios, el mantenimiento, análisis y procesamiento de la misma, permite a los usuarios del servicio identificar adecuadamente a una persona y evaluar su riesgo crediticio, determinar sus niveles de endeudamiento, solvencia económica, así como su capacidad de endeudamiento y pago de obligaciones. El servicio podrá prestarse mediante la entrega de reportes de información crediticia, modelos de riesgos, scores de crédito o en general diversas metodologías, procesamiento de información o servicios de valor agregado. El servicio podrá incluir información complementaria en tanto sea relevante para los fines indicados.

El registro permitirá contar con información individualizada de las personas naturales y jurídicas respecto de las operaciones crediticias que se hayan contratado con las entidades del sistema financiero público y privado, incluyendo los casos en que éstas actúen en su nombre o por cuenta de una entidad bancaria o financiera del exterior, así como de aquellas realizadas con las entidades del sector financiero popular y solidario, del sector comercial, telecomunicaciones y de otras instituciones en las que se registren obligaciones de pago, las mismas que serán determinadas por resolución de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Los servicios podrán ser comercializados a las personas naturales o jurídicas que estén legalmente autorizadas a otorgar créditos o en general a las que requieran evaluar riesgo crediticio para la realización o seguimiento de negocios o transacciones económicas.

Las fuentes de información del sistema financiero reportarán información a través de la Superintendencia de Bancos, autoridad que proporcionará dicha información a las personas jurídicas autorizadas a prestar el servicio de referencias crediticias. Las fuentes de información correspondientes a otros sectores reportarán de manera directa la información de riesgo crediticio a las entidades autorizadas calificadas para prestar el servicio y a la Superintendencia de Bancos; sin perjuicio de que cumplan sus obligaciones legales con las Superintendencias de la Economía Popular y Solidaria, y de Compañías, según corresponda, en las condiciones y periodicidad que los organismos de control establezcan.

Las fuentes de información serán las únicas responsables de la legalidad, veracidad y vigencia de la información, siempre que ésta haya sido publicada sin modificaciones o alteraciones, y responderán civil y penalmente por sus acciones u omisiones dolosas en el reporte de información.

Las resoluciones que regulen el servicio establecerán los mecanismos administrativos para la protección de los derechos de los titulares de la información, sin perjuicio del derecho de los titulares de la información de acudir ante la justicia ordinaria o constitucional en defensa de sus derechos.

La información de riesgo crediticio no tendrá una antigüedad mayor a 6 años contados a partir de la última fecha de vigencia de la operación de crédito. Los reportes de información crediticia harán referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas de los tres (3) últimos años anteriores a la fecha de su expedición.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución regulará la actividad y establecerá los requisitos para la autorización de las prestadoras del servicio. Los términos del servicio, incluidas sus tarifas, será libremente pactado y acordado entre ellas y sus clientes.

Las personas que por diversas causas lleguen a tener acceso a reportes emitidos por la Superintendencia de Bancos respecto del Registro de Datos Crediticios deberán obligatoriamente guardar confidencialidad sobre la información contenida en ellos, siendo prohibido utilizarla para fines distintos del análisis crediticio.

Se prohíbe a toda persona natural o jurídica la comercialización, por cualquier medio, de la información de referencias crediticias. Quien contravenga lo dispuesto en esta disposición, empleare o divulgare indebidamente la información contenida en un reporte de crédito y/o alterare la información proporcionada por la fuente, estará sujeto a las sanciones establecidas en la legislación vigente, sin perjuicio de las acciones y responsabilidades administrativas, civiles y penales a las que hubiere lugar.

La información que consta en los reportes crediticios incluirá la identidad de todas las personas o entidades que obtuvieron un reporte o accedieron a una consulta del historial crediticio del titular, así como la fecha en que se emitieron tales reportes o consultas.

El acceso a la información del Registro de Datos Crediticios, no tendrá restricciones para el titular de la misma; sin embargo, en el caso de terceros debidamente autorizados únicamente podrá ser consultada la información de las operaciones de los tres (3) últimos años. Los servidores del Registro de Datos Crediticios que tengan acceso a la información deberán guardar la correspondiente reserva y sigilo.

El titular de la información crediticia tiene derecho a exigir la fuente de la información crediticia. La rectificación de la información ilegal, inexacta o errónea se comunicará al organismo de control pertinente, que a su vez comunicará a la Superintendencia de Bancos para la actualización del Registro de Datos Crediticios. Si se concluye que la información materia de impugnación del titular es ilegal, inexacta o errónea, el Registro de Datos Crediticios, por cuenta de la fuente de información crediticia, inmediatamente enviará comunicaciones rectificatorias a todos quienes hubieren recibido reportes conteniéndola.

Las fuentes de información crediticia serán legalmente responsables por los daños ocasionados al titular como consecuencia de la transmisión de información ilegal, inexacta o errónea que afecten su calificación o historial de crédito y, por tanto, no estarán exonerados alegando ausencia de dolo o de culpa.

Las entidades del sector financiero público se crearán mediante decreto ejecutivo, en el que, al menos, se expresará:

1. Denominación;

2. Objeto;

3. Capital autorizado, suscrito y pagado;

4. Patrimonio;

5. Administración;

6. Duración; y,

7. Domicilio.

La denominación de las entidades del sector financiero público será diferenciada del resto de entidades financieras, debiendo hacer visible su naturaleza pública.

Las entidades del sector financiero público se organizarán de conformidad con las definiciones y necesidades determinadas por la junta de política y regulación monetaria y financiera.

El presidente de la república mediante decreto ejecutivo, por razones de interés público, podrá disponer el cierre de las entidades del sector financiero público. Como consecuencia del cierre dispuesto se procederá a su liquidación voluntaria de acuerdo con las disposiciones de este código.

Las entidades del sector financiero público se constituirán como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. En el ejercicio de sus actividades y servicios financieros se regirán por las disposiciones de este código, las que emitan la junta, los organismos de control, sus respectivos directorios, las aplicables a las instituciones financieras y en lo demás, aplicarán la legislación que rige a las instituciones públicas.

El objeto de las entidades del sector financiero público estará determinado en el decreto ejecutivo de su creación, en el que se establecerá su condición de entidad financiera pública, el tipo de entidad y los segmentos y actividades financieras a las que se va a dedicar.

El patrimonio de las entidades del sector financiero público es autónomo y estará constituido por los bienes que se determinen en el decreto ejecutivo correspondiente.

Las entidades del sector financiero público tendrán la duración y el domicilio que se establezca en el respectivo estatuto social.

El estatuto social contendrá la estructura institucional general de la entidad y deberá ser conocido y aprobado internamente por su directorio y posteriormente por parte de la Superintendencia de Bancos.

El contenido del estatuto social estará normado por la Superintendencia de Bancos.

Las entidades financieras públicas ejercerán actividades financieras de manera sustentable eficiente y equitativa. El financiamiento que otorguen buscará cumplir entre otros, los siguientes objetivos:

1. El cambio del patrón de especialización de la economía nacional;

2. La innovación y el emprendimiento para incrementar la intensidad tecnológica y de conocimiento;

3. El incremento de la producción nacional y la soberanía alimentaria;

4. La sustitución selectiva de importaciones;

5. Las exportaciones con énfasis en aquellas de valor agregado;

6. Proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados;

7. La vivienda sobre todo de interés social;

8. La inclusión económica de primeros emprendedores, madres solteras, personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y otras personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

9. Fomento a las artes, la cultura y la innovación.

Las entidades del sector financiero público tendrán la facultad para actuar como administradores fiduciarios.

El gobierno de las entidades que conforman el sector financiero público estará integrado por:

1. Directorio; y

2. Gerencia General.

La estructura orgánica de la entidad constará en el respectivo acto normativo, que será aprobado de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público.

Los miembros del directorio y el gerente general serán considerados los administradores de la entidad.

Las políticas públicas que rigen el ejercicio de las actividades de las entidades del sector financiero público serán dictadas por la junta de política y regulación monetaria y financiera.

Cada una de las entidades financieras públicas tendrá un directorio constituido de la siguiente manera:

1. Un delegado permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

2. Los titulares de tres secretarías de Estado cuyo ámbito de acción esté directamente relacionado con las finalidades y objetivos de la respectiva entidad financiera, o sus delegados permanentes; y,

3. El titular de la secretaría de Estado a cargo de la política económica o su delegado permanente.

El Presidente de la República en cada decreto ejecutivo de creación establecerá qué ministros o secretarios de Estado participarán en cada directorio, de conformidad con este artículo.

La entidad financiera pública notificará a la respectiva superintendencia la designación de directores, representantes legales y auditores interno y externo, dentro del plazo de ocho días de su designación.

Los delegados permanentes serán designados mediante el acto administrativo correspondiente; previo a iniciar sus funciones, deberán contar con la calificación de idoneidad emitida por parte de la superintendencia de bancos, acreditando los siguientes requisitos:

1. Ciudadano ecuatoriano;

2. Profesional de tercer nivel en economía, finanzas, banca, derecho, administración, desarrollo o afines;

3. Experiencia profesional en áreas relacionadas de por lo menos cinco años;

4. No estar incurso en conflictos de interés; y,

5. Cumplir los requisitos exigidos para ser funcionario o servidor público.

Actuará como Secretario del directorio, la persona designada para el efecto.

El directorio de las entidades financieras públicas tendrá como funciones las siguientes:

1. Dictar las políticas de gestión de la entidad y controlar su ejecución;

2. Conocer y autorizar la contratación de empréstitos u operaciones en el mercado nacional o internacional, por sobre los límites autorizados al gerente general;

3. Conocer y resolver sobre el contenido y cumplimiento de las comunicaciones de la Superintendencia de Bancos referentes a disposiciones, observaciones, recomendaciones e iniciativas sobre la marcha de la entidad;

4. Establecer los niveles de aprobación de las operaciones activas y contingentes;

5. Aprobar las operaciones activas y contingentes que individualmente excedan el 2% del patrimonio técnico, y sus garantías, y conocer las operaciones pasivas que superen dicho porcentaje;

6. Analizar y aprobar la política de gestión integral de riesgos y dar seguimiento a su implementación;

7. Aprobar y emitir opinión, bajo su responsabilidad, sobre los estados financieros y los informes de los auditores interno y externo, calificados por la superintendencia. La opinión del directorio deberá ser enviada al organismo de control siguiendo las instrucciones que éste determine;

8. Conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos presentados en contra de los actos del propio directorio y del Gerente General;

9. Aprobar el estatuto social y sus reformas;

10. Aprobar el estatuto orgánico por procesos de la entidad;

11. Aprobar de forma interna el presupuesto, previo a su envío a la Junta;

12. Aprobar los reglamentos internos;

13. Designar al Gerente General de la entidad;

14. Designar a los auditores interno y externo, peritos valuadores y a la firma calificadora de riesgos sujetos a calificación previa por parte de la superintendencia;

15. Designar un secretario del directorio;

16. Presentar los informes que le sean requeridos por la Junta y los organismos de control;

17. Resolver sobre el reparto de utilidades;

18. Las demás que le asigne la ley.

En el caso de la entidad financiera pública a cargo del financiamiento a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las funciones de los numerales 14 y 17 serán resueltas por la Junta General de Accionistas.

El presidente del directorio tendrá las siguientes funciones:

1. Convocar y presidir las sesiones del directorio y suscribir con el Secretario las actas correspondientes;

2. Informar al directorio sobre la ejecución y aplicación de las decisiones adoptadas; y,

3. Ejercer las demás funciones que le corresponden, de conformidad con este Código y el estatuto de la entidad.

El gerente general de la entidad será designado por el directorio y será de libre nombramiento y remoción. Deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ciudadano ecuatoriano;

2. Título profesional de cuarto nivel en economía, finanzas, administración, derecho o áreas relacionadas;

3. Experiencia profesional en áreas relacionadas de por lo menos cinco años;

4. No estar incurso en conflictos de interés; y,

5. Cumplir los requisitos exigidos para ser funcionario o servidor público.

El Gerente General deberá cumplir la calificación de idoneidad exigidos para los delegados al directorio.

El gerente general ejercerá las siguientes funciones:

1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la entidad;

2. Acordar, ejecutar y celebrar cualquier acto, hecho, convenio, contrato o negocio jurídico que conduzca al cumplimiento de las finalidades y objetivos de la entidad;

3. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del directorio;

4. Dirigir la gestión operativa y administrativa de la entidad;

5. Preparar el presupuesto, los planes y reglamentos de la entidad y ponerlos a consideración del directorio;

6. Presentar los informes que requiera el directorio;

7. Ejercer la jurisdicción coactiva en representación de la entidad; y,

8. Las demás que le asigne la ley y el estatuto.

La gestión administrativa de las entidades del sector financiero público será desconcentrada.

Los funcionarios y servidores de las entidades del sector financiero público estarán sujetos a las disposiciones de la ley orgánica del servicio público y código del trabajo, según el caso.

El capital y reservas de las entidades que conforman el sector financiero público constarán en el estatuto social correspondiente, y no podrán ser menores que los determinados en las regulaciones que para el efecto dicte la junta.

El capital suscrito y pagado de las entidades financieras públicas podrá aumentarse por disposición del directorio o por norma de carácter general que expida la junta de política y regulación monetaria y financiera.

Cuando se comprometan recursos del Presupuesto General del Estado para los aumentos de capital suscrito y pagado, se requerirá dictamen previo del ente rector de las finanzas públicas.

Los incrementos de capital serán notificados a la Superintendencia de Bancos para efectos de verificación y control.

Las entidades financieras públicas podrán efectuar las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios determinadas en el artículo 194, previa autorización del organismo de control pertinente.

La identificación de las operaciones deberá constar en la autorización que expida el organismo de control, conforme lo dispuesto en el artículo 144.

Para realizar aquellas operaciones no determinadas en este Código deberán obtener la autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Las entidades financieras públicas, antes del inicio de operaciones, deberán obtener del organismo de control el respectivo permiso de funcionamiento, de acuerdo con el trámite que se establezca para el efecto.

Las entidades financieras públicas que a la fecha de vigencia de este código posean inversiones en el capital de entidades financieras de derecho privado, de seguros y valores por un porcentaje superior al 50% del capital, podrán mantener dichas inversiones de conformidad con las regulaciones que dicte la junta de política y regulación monetaria y financiera en cuyo caso deberán consolidar sus estados financieros.

Se prohíbe a las entidades financieras públicas:

1. Efectuar operaciones de crédito que no se enmarquen en la política pública dispuesta para la entidad o en las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

2. Solicitar garantías reales para las operaciones cuyo monto sea inferior al determinado para el efecto por la Junta;

3. Condonar deudas;

4. Donar recursos a las personas de derecho privado. Se exceptúa de esta prohibición el uso de recursos del Presupuesto General del Estado en el marco de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y,

5. Las demás que establezca este Código.

La inobservancia de las prohibiciones señaladas en los numerales 1, 2 y 3 serán sancionadas como infracciones muy graves y la inobservancia del numeral 4 será sancionada como infracción grave.

Las entidades financieras públicas y el banco central del ecuador, en lo que corresponda, gozarán de las siguientes exenciones:

1. Del pago en sus actos y contratos de toda clase de impuestos fiscales, municipales y especiales con excepción del impuesto al valor agregado por servicios;

2. Del pago de impuestos por la emisión de títulos y obligaciones de carácter financiero;

3. Del impuesto de alcabala, de registro y sus respectivos adicionales por las transferencias de dominio de bienes inmuebles en las que intervengan; y,

4. Las demás que la ley concede a las instituciones de derecho público.

Las entidades del sector financiero público gozarán de los beneficios y privilegios civiles, mercantiles, procesales y de cualquier otra naturaleza que correspondan a las entidades financieras que operan en el país.

La prescripción de las acciones para la recuperación de sus créditos, se operarán en el doble del tiempo establecido para la prescripción de las acciones en general.

La superintendencia de bancos tendrá a su cargo el control de las actividades financieras de las entidades del sector financiero público, con excepción de la entidad financiera pública a la que se refiere la ley de economía popular y solidaria, que estará a cargo del control de la superintendencia de la economía popular y solidaria.

La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, tendrá a su cargo el control de las actividades financieras de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.

En el caso de que el organismo de control presuma el cometimiento de un delito de acción penal pública, denunciará los antecedentes al Fiscal General del Estado, a los fiscales distritales o agentes fiscales, según corresponda.

Los ámbitos de control de las superintendencias y de la contraloría general del estado estarán expresamente diferenciados, conforme con lo dispuesto en este código, evitando conflictos de competencia.

Los actos de control, fiscalización, vigilancia y auditoría, así como las verificaciones, exámenes, evaluaciones, recomendaciones y resultados obtenidos fuera del ámbito y competencia de cada organismo de control, serán nulos de pleno derecho, careciendo de eficacia jurídica.

La Contraloría General del Estado ejercerá el control externo de conformidad con su ley exclusivamente en el uso de recursos públicos en la gestión administrativa de las entidades del sector financiero público. Este control no tiene alcance ni abarca las actividades financieras que ejecuta el sector financiero público. El control interno se efectuará por medio del auditor interno designado por la Contraloría General del Estado.

Los conflictos de competencia en materia de control de las entidades financieras públicas serán resueltos por la Corte Constitucional.

Las entidades del sector financiero privado se constituirán ante la superintendencia de bancos como sociedades anónimas, de conformidad con el presente código, con un mínimo de dos promotores.

Se podrá constituir una entidad financiera privada por iniciativa de los promotores interesados, fundadores o por promoción pública.

Para la constitución de una nueva entidad financiera privada, se requerirá contar previamente con la razón social, la que tendrá que ser reservada y autorizada por la superintendencia de bancos. La razón social seleccionada por los promotores deberá asegurar su naturaleza e individualidad, a efectos de evitar confusiones. En la razón social se hará constar la clase de entidad que se pretende constituir.

Sin perjuicio de la razón social autorizada, las entidades podrán utilizar denominaciones comerciales autorizadas por la Superintendencia de Bancos. Las denominaciones comerciales solo podrán ser empleadas por las entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos.

Los promotores que pretendan constituir una entidad financiera privada deberán presentar, en los formatos determinados por el organismo de control, lo siguiente:

1. Solicitud suscrita por los promotores, su apoderado o representante;

2. Documentos en copia certificada que acrediten la identidad, idoneidad, responsabilidad y solvencia de los promotores;

3. Documento que demuestre la reserva de la denominación o razón social;

4. El estudio técnico suscrito por un profesional en la materia que contenga al menos lo siguiente: factibilidad económica-financiera de la entidad privada por constituirse y análisis de mercado que demuestre la viabilidad de su constitución e inserción, acorde con la capacidad y especialización escogida y su impacto en las otras entidades del sistema;

5. El proyecto de contrato de constitución, que debe incluir el estatuto social de la entidad, cuyo objeto social deberá ser específico, de conformidad con los modelos de contrato de constitución y de estatuto social normados por la Superintendencia de Bancos; y,

6. Acreditar en la cuenta de integración del capital, mediante el comprobante de depósito en cualquier banco, de por lo menos el 50% del capital mínimo requerido para la constitución. Este depósito se hará bajo una modalidad que devengue intereses.

Las personas jurídicas que actúen como promotores, así como sus socios o accionistas personas naturales, serán calificados cuando su aporte a la entidad financiera por constituirse sea del 6% o más del capital.

El capital de la entidad financiera privada estará dividido en acciones nominativas. El capital suscrito y pagado mínimo para la constitución de una entidad del sector financiero privado, es:

1. Bancos: USD 11000.000.00 (once millones de dólares de los Estados Unidos de América); y,

2. El capital mínimo y su composición de las entidades de servicios financieros será determinado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Los aportes de capital de los bancos deberán pagarse totalmente en dinero, salvo que la Superintendencia de Bancos autorice que se capitalicen obligaciones por compensación de créditos.

La Junta actualizará anualmente los valores establecidos en los numerales 1 y 2 de este artículo, usando para el efecto la variación del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior.

Una vez presentados los requisitos determinados en el artículo 391, la superintendencia de bancos procederá a efectuar la verificación, análisis, validación, evaluación y calificación de los requisitos y trámite de oposición, por parte de terceros, dentro del plazo de ciento ochenta días, y requerirá la no objeción de la junta de política y regulación monetaria y financiera sobre el impacto de la nueva entidad en el sistema. La superintendencia podrá requerir aclaraciones, documentación adicional o cualquier otra información que complemente los requisitos exigidos para la constitución.

La superintendencia de bancos podrá negar la constitución de una entidad financiera privada por las siguientes causas, si no hubieran sido subsanadas:

1. Incumplir los requisitos del artículo 391 para la constitución;

2. Por moratoria declarada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 numeral 26;

3. La objeción de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera sobre la constitución de la nueva entidad; y,

4. Haberse presentado oposición por parte de un tercero, aceptada por la Superintendencia de Bancos.

Cumplido el trámite de constitución, el organismo de control aprobará la constitución de la nueva entidad financiera privada y dispondrá las marginaciones y registros correspondientes.

La nueva entidad financiera privada dispondrá del plazo de seis meses, contados desde la fecha de aprobación de la constitución, para implementar todas las acciones que sean necesarias para culminar el proceso de constitución e inicio de actividades. Para tales efectos deberá obtener la infraestructura física necesaria, conseguir la calificación de sus directores y de su representante legal, contar con la estructura organizacional mínima, que incluya los factores tecnológicos, procesos y recursos humanos necesarios para su funcionamiento, planes de operación, controles internos, de acuerdo a las actividades y mercados en los que proyecte participar y los riesgos que pretenda asumir, de conformidad con las normas que expida la Superintendencia de Bancos.

Si la entidad no implementa todas las acciones que sean necesarias para culminar el proceso de constitución e inicio de actividades en el plazo indicado, la aprobación de constitución quedará sin valor de pleno derecho, salvo que, por causas debidamente justificadas, la Superintendencia de Bancos, antes del vencimiento del plazo señalado, lo amplíe por una sola vez hasta por seis meses.

La entidad financiera privada comunicará a la superintendencia de bancos el cumplimiento de las acciones requeridas para su constitución e inicio de actividades y solicitará la autorización correspondiente. El organismo de control verificará la observancia de dichas acciones, el pago del 100% del capital suscrito y pagado, y sobre la base de su cumplimiento, extenderá la autorización de acuerdo con lo previsto en este código.

La autorización constará en acto administrativo motivado, en el que se determinará las actividades y operaciones financieras que podrán ser ejercidas por la entidad financiera privada, de acuerdo con su capacidad y especialización.

El plazo de vigencia de esta autorización será igual al de la duración de la entidad y podrá ser renovado en la medida que el plazo de duración de la entidad sea ampliado.

La autorización no podrá ser cedida bajo ningún título y podrá ser revocada por la Superintendencia de Bancos por las causas que establece este Código.

La autorización entrará en vigencia desde la fecha de su notificación a la entidad financiera privada. Para el efecto deberá, además, estar inscrita en el Catastro Público.

Notificada la autorización de actividades financieras, la entidad financiera privada informará a la superintendencia de bancos la fecha de inicio de operaciones, para que el organismo de control expida el permiso de funcionamiento.

El permiso de funcionamiento será expedido para cada una de las oficinas operativas que mantenga la entidad y deberá ser exhibido para conocimiento del público en cada una de ellas.

Las entidades del sector financiero privado se constituirán como personas jurídicas de derecho privado. En el ejercicio de sus operaciones y servicios financieros se regirán por las disposiciones propias y aplicables a las instituciones financieras.

Las entidades financieras privadas deberán contar en todo tiempo al menos con dos accionistas. No podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones de las entidades del sector financiero privado, las siguientes:

1. Las entidades del sector financiero privado, con excepción de la inversión en subsidiarias o afiliadas que conformen un grupo financiero;

2. Las personas jurídicas privadas cuyo objeto social sea la comunicación con cobertura nacional, así como sus directores y principales accionistas;

3. Las entidades del sector financiero popular y solidario, con excepción de lo dispuesto en el artículo 443;

4. Las personas naturales o jurídicas que sean personas con propiedad patrimonial con influencia de una entidad bancaria privada solo podrán ser accionistas de otra entidad bancaria privada mientras no se conviertan en personas con propiedad patrimonial con influencia en la otra entidad;

5. Las personas naturales que hayan sido condenadas en sentencia ejecutoriada por delitos de peculado, lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo;

6. Las personas naturales y jurídicas, directivos y personas con propiedad patrimonial con influencia de una entidad financiera privada declarada en liquidación forzosa; y,

7. Las demás que señale la ley.

Las personas naturales o jurídicas que mantengan acciones en empresas ajenas a la actividad financiera solo podrán ser accionistas directa o indirectamente de una entidad financiera hasta por debajo de los criterios definidos para ser personas con propiedad patrimonial con influencia.

El organismo de control calificará la idoneidad, responsabilidad y solvencia de las personas con propiedad patrimonial con influencia, así como a las personas jurídicas sus socios o accionistas personas naturales, cuando su participación en el capital de la entidad financiera sea del 6% o más.

El objeto social de las entidades del sector financiero privado estará determinado en su estatuto social, en el que se establecerá el tipo de entidad y las actividades a las que se va a dedicar.

El objeto social será específico al tipo de entidad reconocida en este Código y no podrá contener actividades distintas a la actividad financiera.

Las entidades del sector financiero privado tendrán la duración y el domicilio que se establezca en el estatuto social.

El estatuto social contendrá la estructura institucional general de la entidad y deberá ser conocido y aprobado internamente por la Junta General de Accionistas y, posteriormente, por parte de la Superintendencia de Bancos. En el estatuto se estipulará que el capital se divide en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada clase, sin que pueda excluirse a ningún accionista de la participación en las utilidades, asimismo se determinará el valor nominal de las acciones que podrá ser de cien o múltiplo de cien.

La reforma del estatuto social será aprobada por la Junta General de Accionistas y, posteriormente, por parte de la Superintendencia de Bancos.

Las entidades que conforman el sector financiero privado, tendrán como finalidad y objetivo el ejercicio de actividades financieras, las cuales podrán ejercerlas, previa autorización del estado, de acuerdo con este código, preservando los depósitos y atendiendo los requerimientos de intermediación financiera de la ciudadanía.

Las entidades financieras privadas podrán aumentar su capital autorizado, de acuerdo con lo establecido en este código.

El capital suscrito y pagado de las entidades financieras privadas se incrementará de acuerdo con las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Los recursos para el pago del capital suscrito y pagado solamente podrán provenir:

1. De aportes en dinero o por compensación de créditos;

2. Por capitalización de acreencias por vencer, previa valoración hecha por al menos dos compañías calificadoras de riesgo;

3. Del excedente de la reserva legal;

4. De utilidades no distribuidas; y,

5. De reservas especiales, siempre que estuvieran destinadas para este fin.

La capitalización hecha por compensación de créditos y las acreencias por vencer, sin perjuicio de la aprobación previa de la Junta General de Accionistas, requerirá la autorización de la Superintendencia de Bancos.

Los accionistas que aparezcan registrados como tales en el libro de acciones y accionistas de la entidad, a la fecha en la que se publique por la prensa el llamado al aumento de capital, podrán ejercer el derecho preferente para la suscripción de acciones, así como para recibir el certificado de preferencia.

Las entidades financieras privadas, deberán mantener el fondo de reserva legal en los términos del artículo 168.

Las utilidades generadas por las entidades financieras privadas podrán ser distribuidas de acuerdo con lo dispuesto por la junta general de accionistas, atendiendo lo dispuesto por la superintendencia de bancos, y de conformidad con las regulaciones de la junta de política y regulación monetaria y financiera, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Estén constituidas todas las provisiones, ajustes y reservas exigidas, incluyendo las correspondientes al pago de tributos y a las utilidades correspondientes a los trabajadores;

2. El cumplimiento de los límites establecidos en las disposiciones relativas a solvencia, liquidez, patrimonio técnico, vinculación, activos, contingentes y límites de crédito.

Tendrán derecho a utilidades los accionistas que consten como tales en el libro de acciones y accionistas, a la fecha de haber sido declaradas.

El directorio de una entidad financiera privada podrá resolver el pago de dividendos anticipados, que consisten en las utilidades generadas por la entidad antes del cierre del ejercicio económico.

Para el reparto de dividendos anticipados la entidad deberá cumplir previamente con las condiciones exigidas para el reparto de utilidades y contar con la autorización de la Superintendencia de Bancos. El monto de los dividendos anticipados a ser distribuidos no podrá exceder del 40% de las utilidades acumuladas del ejercicio en curso, ni ser superior al 80% del monto de la utilidad neta del ejercicio anterior. El máximo valor para el reparto será el menor valor de las dos opciones.

Los administradores de una entidad financiera privada que autoricen el pago de dividendos anticipados en contravención de lo previsto en este artículo, serán solidariamente responsables de tal pago y reembolsarán a la entidad, de su propio peculio, el monto de los dividendos repartidos. La Superintendencia de Bancos hará efectiva esta obligación a través del ejercicio de la jurisdicción coactiva.

El gobierno de las entidades financieras privadas estará integrado por:

1. Junta General de Accionistas;

2. Directorio; y

3. Representante legal

Los miembros del directorio y los representantes legales serán considerados los administradores de la entidad. No se considerarán administradores a los procuradores judiciales que actúen en nombre de la entidad.

La junta general, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de administración, con poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la entidad y sus depositantes y acreedores.

Entre sus funciones estarán:

1. Aprobar los informes del directorio sobre la marcha del negocio;

2. Aprobar los estados financieros y opinar sobre estos, bajo su responsabilidad;

3. Aprobar la distribución de utilidades;

4. Enviar al organismo de control los informes señalados en los numerales precedentes, de conformidad con las normas que emita;

5. Aprobar los aumentos del capital autorizado;

6. Nombrar a los auditores interno y externo;

7. Aprobar los informes anuales de los auditores interno y externo; y,

8. Las demás funciones que establezca este Código.

La junta general de accionistas se reunirá en la forma y para los efectos determinados en este artículo y en las regulaciones que se dicten para el efecto, dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio anual.

La junta asimismo, si es del caso, conocerá el informe del auditor externo sobre el grupo financiero. Toda elección que realice la junta general de accionistas se efectuará por voto escrito, de cuyo escrutinio se dejará constancia en el acta respectiva.

Cada una de las entidades financieras privadas tendrá un directorio, conformado por un número impar de miembros, con un mínimo de cinco y un máximo de quince directores principales, elegidos por un período de hasta dos años por la junta general de accionistas, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La junta designará además tantos directores suplentes cuantos principales tenga, por igual período.

Para la designación de los directores principales y suplentes del directorio de una entidad financiera privada, se garantizará el derecho de la minoría, de acuerdo con las normas que dicte la Superintendencia de Bancos.

La entidad financiera privada notificará al organismo de control la designación de directores, representantes legales y auditores interno y externo, dentro del plazo de ocho días de su designación.

El directorio de las entidades financieras privadas tendrá como funciones las siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el contenido y cumplimiento de las comunicaciones de la Superintendencia de Bancos referentes a disposiciones, observaciones, recomendaciones e iniciativas sobre la marcha de la entidad;

2. Analizar y aprobar las políticas de la entidad, controlar su ejecución, y los informes de riesgo;

3. Aprobar las operaciones activas y contingentes que individualmente excedan el 2% del patrimonio técnico, y sus garantías, y conocer las operaciones pasivas que superen dicho porcentaje;

4. Aprobar los aumentos de capital suscrito y pagado;

5. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Código, las regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, las normas de la Superintendencia de Bancos, las resoluciones de la junta general de accionistas y del directorio;

6. Aprobar los reglamentos internos;

7. Designar al representante legal;

8. Designar peritos valuadores y a la firma calificadora de riesgos sujetos a calificación previa por parte de la Superintendencia de Bancos;

9. Emitir opinión, bajo su responsabilidad, sobre los estados financieros y el informe de auditoría interna, que deberá incluir la opinión del auditor, referente al cumplimiento de los controles para evitar actividades ilícitas, incluyendo el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo. La opinión del directorio deberá ser enviada al organismo de control observando las instrucciones dispuestas para el efecto;

10. Presentar los informes que le sean requeridos por los organismos de control; y,

11. Las demás que le asigne el respectivo estatuto social.

Los miembros del directorio serán civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus respectivas funciones y deberes.

Se presumirá la inoperancia del directorio cuando no se hubiese completado el quórum requerido en dos convocatorias sucesivas a reuniones de directorio y siempre que se hubiese notificado en la forma estatutaria a todos los miembros. En este caso, se procederá a su renovación; para tal efecto, el representante legal, a requerimiento del organismo de control, convocará de inmediato a junta general de accionistas para elegir a todos los vocales, de acuerdo al respectivo estatuto.

Los miembros del directorio de una entidad financiera privada podrán ser removidos, en cualquier tiempo, por el organismo de control por cualquiera de las siguientes causas:

1. Estar incurso en los impedimentos determinados en el artículo 258;

2. Reticencia en cumplir las disposiciones impartidas por el organismo de control;

3. Adulterar o distorsionar los estados financieros;

4. Obstaculizar las acciones de control;

5. Realizar operaciones que fomenten o comporten actos ilícitos;

6. Ejecutar actos graves que hagan temer por la estabilidad de la entidad; y,

7. Por cualquier otra causa determinada en este Código.

La junta general de accionistas, en el plazo de tres días, convocará a sesión para la designación de los nuevos directores; en caso de no hacerlo, el organismo de control procederá a convocarla.

Si transcurrido el plazo de treinta días contados desde la fecha en que el organismo de control dispuso las referidas remociones, la entidad financiera no hubiese modificado sus procedimientos o si el órgano competente no se reuniese o no tomase los acuerdos correspondientes, se dispondrá sin más trámite la liquidación forzosa de la entidad.

La representación legal de la entidad será ejercida por la persona o personas que designe el órgano competente, de conformidad con lo establecido en el estatuto social. Le serán aplicables las disposiciones de los artículos 258 y 412, en lo que corresponda.

Sin perjuicio de las funciones que le asigne el estatuto social y del cumplimiento de otras obligaciones legales, el representante legal de una entidad financiera privada estará obligado a:

1. Informar al directorio, al menos mensualmente, de las operaciones de crédito, inversiones, operaciones pasivas, contingentes y sobre sus garantías realizadas con una misma persona o personas relacionadas entre sí, que sean superiores al 2% del patrimonio técnico de la entidad. Una copia de tal informe se archivará con el acta de la respectiva sesión del directorio;

2. Poner en conocimiento del directorio, en la próxima reunión que éste celebre, toda comunicación de la superintendencia que contenga observaciones y cuando así lo exija, dejando constancia de ello en el acta de la sesión, en la que constará, además, la resolución adoptada por el directorio. Copia certificada se remitirá a la Superintendencia de Bancos dentro del término de un día contado a partir de la fecha en la que concluyó la sesión.; y,

3. Poner en conocimiento del directorio, en la próxima reunión que éste celebre, toda comunicación proveniente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Corporación del Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez y Banco Central del Ecuador, relacionada con las actividades de la entidad.

Las entidades financieras privadas podrán efectuar las operaciones determinadas en el artículo 194 que fueren previamente autorizadas por la superintendencia de bancos.

Para realizar aquellas operaciones no definidas en este Código, deberán obtener la autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Las entidades financieras privadas en sus operaciones podrán requerir de servicios auxiliares prestados por otras sociedades no financieras, de acuerdo con las disposiciones de este código.

Se entenderá por grupo financiero al conformado por más de una entidad que preste un servicio financiero o realice actividades financieras o sea auxiliar del sistema financiero. Un grupo financiero deberá estar integrado al menos por un banco.

Las entidades financieras del exterior, las subsidiarias o afiliadas a un banco nacional o sucursales de empresas de seguros o de valores extranjeras establecidas en el país, también formarán parte de los grupos financieros establecidos en el presente artículo.

La Junta expedirá la normativa necesaria sobre grupos financieros y su supervisión, observando las mejores prácticas internacionales.

Las compañías subsidiarias y afiliadas de las entidades del sistema financiero privado no podrán adquirir ni ser propietarias de acciones del banco que haga cabeza de grupo financiero o de cualquier otra entidad del grupo financiero; tampoco podrán ser accionistas o participar en el capital de las personas jurídicas que sean accionistas de ellas, ni podrán invertir en el capital de las personas jurídicas mercantiles que operen en un ámbito distinto al financiero.

Para fines de supervisión, se presumirá la existencia de un grupo financiero cuando la Superintendencia de Bancos determine que entre un banco y las sociedades de servicios financieros o de servicios auxiliares, o con entidades financieras del exterior, existan relaciones de negocio, dependencia de por lo menos el 20% de las operaciones, de gestión o de propiedad indirecta, u otras, con la entidad del sector financiero privado nacional o con sus mayores accionistas o administradores. La configuración de estas presunciones convertirá de pleno derecho a dichas sociedades o entidades del exterior, en integrantes del grupo financiero del banco nacional.

Las entidades de servicios auxiliares, empresas de finanzas tecnológicas que realicen sus operaciones a través del banco privado inversor, se someterán a las normas que dicte la Superintendencia de Bancos para la consolidación o combinación de estados financieros, cuando sea del caso. Los bancos privados están facultados para invertir hasta el 1% de su patrimonio en entidades de finanzas tecnológicas, las cuales podrán realizar operaciones a través de la entidad financiera inversionista.

La Superintendencia de Bancos basará sus actuaciones y procedimientos en los principios de independencia, universalidad de las actuaciones, continuidad en el proceso de supervisión, integralidad, previsión y suficiencia.

Para ejercer la supervisión consolidada al grupo financiero, la Superintendencia de Bancos comprobará el nivel mínimo de patrimonio técnico requerido para cada una de las integrantes del grupo y del consolidado; verificará el cumplimiento de las disposiciones sobre concentración de riesgos de sus entidades integrantes y de los límites que se fijen para las operaciones entre las entidades del grupo que cuenten con apropiados procedimientos de gestión de riesgo; mecanismos de control interno suficientes; y, con un adecuado gobierno corporativo.

Las entidades que formen parte de un grupo financiero podrán:

1. Actuar de manera conjunta frente al público; y,

2. Usar denominaciones iguales o semejantes que las identifiquen frente al público como integrantes de un mismo grupo o bien conservar la denominación que tenían antes de formar parte de dicho grupo, en todo caso, deberán añadir las palabras: "Grupo Financiero" y su denominación.

Las entidades integrantes del grupo financiero no podrán efectuar operaciones comerciales, financieras o de prestación de servicios entre sí, en condiciones de plazo, precios, tasas, montos, garantías y comisiones diferentes a las que utilicen en operaciones similares con terceros.

La entidad financiera que haga cabeza de grupo responderá por las pérdidas patrimoniales de las integrantes del grupo financiero hasta por el valor porcentual de su participación, para lo cual suscribirá un convenio de responsabilidad con cada una de ellas, conforme al cual se obliga a:

1. Efectuar los aumentos de capital que sean necesarios en las entidades inversionistas suscriban y paguen dichos aumentos de capital; y,

2. Enajenar, a solicitud de la superintendencia, acciones de las demás entidades integrantes o acordar la venta o enajenación de activos de sus subsidiarias, con el objeto de efectuar los aportes de capital en la entidad que lo requiera.

Las referidas responsabilidades estarán previstas expresamente o se entenderán incorporadas en los estatutos de la entidad matriz de la inversión.

Las entidades que integren un grupo financiero, conforme lo previsto en esta sección, en forma individual y consolidada, estarán sujetas a todas las normas de solvencia, prudencia financiera y de control determinadas en este código y al control de la superintendencia de bancos.

Para la determinación de la solvencia de los grupos financieros, se deducirá del patrimonio técnico total de la cabeza de grupo el capital invertido en sus subsidiarias y afiliadas.

La Junta establecerá las disposiciones que se deben aplicar para la consolidación y/o combinación de los estados financieros de grupos financieros, por efectos de la participación directa de la casa matriz o por su influencia significativa en las entidades integrantes, así como establecerá las demás deducciones del patrimonio técnico total de la matriz, provenientes de partidas contables relacionadas con sus subsidiarias o afiliadas o de los riesgos identificados y no cubiertos por ellas.

Se prohíbe a las entidades financieras privadas:

1. Ser socio de una entidad del sector financiero popular y solidario;

2. Otorgar operaciones de crédito a favor de sus funcionarios o empleados, o sus respectivos cónyuges, salvo lo dispuesto en el artículo 215;

3. Lo determinado en el artículo 255;

4. Constituir gravámenes sobre sus bienes inmuebles, incluido los recibidos en dación en pago, salvo que cuenten con la autorización previa de la superintendencia; y,

5. Las demás que establezca la ley.

Las prohibiciones señaladas en los numerales 1, 2 y 3 serán sancionadas como infracciones muy graves y la determinada en el numeral 4 será sancionada como infracción grave, sin perjuicio de las sanciones y correctivos que se disponga y la nulidad de los actos prohibidos por este Código.

La superintendencia de Bancos, tendrá a su cargo el control de las entidades financieras privadas.

Las entidades financieras privadas contarán con un auditor interno y externo, de acuerdo con lo dispuesto en el título ii, capítulo 3, sección 8.

Las entidades de servicios financieros son los almacenes generales de depósito, las casas de cambio y las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas.

Las entidades de servicios financieros deberán constituirse en forma de sociedades anónimas, sujetándose al trámite señalado en este código para la constitución de una entidad financiera privada, y en su vida jurídica se sujetarán a las disposiciones que rigen a dichas entidades. El objeto social de estas sociedades anónimas será específico al tipo de entidad.

No son aplicables a estas entidades las disposiciones de este Título relativas a exclusión y transferencia de activos y pasivos, seguro de depósitos y fondo de liquidez, no obstante le serán aplicables las disposiciones para las entidades del sistema financiero nacional de conformidad con las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Las entidades de servicios financieros realizarán exclusivamente aquellas operaciones específicas autorizadas por la superintendencia de bancos, de acuerdo con su objeto social.

La definición y las acciones que comprenden las operaciones a cargo de las entidades de servicios financieros determinadas en este artículo, serán reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Los almacenes generales de depósito podrán expedir títulos valores bajo la denominación de certificados de depósito, por un monto de hasta cincuenta veces su patrimonio.

Los almacenes generales de depósito expedirán en forma desmaterializada o en formato físico y por duplicado y con numeración sucesiva, los certificados de depósito. En caso de certificados en físico, el original del título se entregará al depositante y la copia, no negociable, la conservará el almacén para su anotación, registro y contabilización.

Los almacenes generales de depósito no podrán expedir certificados de depósito en su propio favor o en el de sus administradores, funcionarios o empleados. Ningún certificado de depósito podrá ser transferido a favor del almacén que lo expidió ni de sus administradores, funcionarios o empleados.

El contenido y demás características del certificado de depósito serán definidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Las cosas que se hallen depositadas en los Almacenes Generales de Depósito, así como el producto de su venta o el valor de la indemnización, en caso de siniestro, no podrán ser objeto de embargo, secuestro, retención o prohibición de enajenar. Pero el certificado de depósito podrá ser objeto de tales providencias judiciales.

Las acciones derivadas del certificado de depósito para el retiro de las mercancías prescriben en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de expedición del certificado.

Los almacenes generales de depósito serán responsables por la conservación, custodia y oportuna restitución de las mercancías que les hayan sido depositadas. No serán responsables de las pérdidas, mermas o averías provenientes de fuerza mayor o caso fortuito.

Los costos y riesgos de movilización interna de mercaderías y productos son de cargo de los Almacenes Generales de Depósito. Las mercaderías y productos objeto del depósito estarán asegurados contra los riesgos que determine la Junta.

Si las mercancías o productos se hubieren descompuesto, los Almacenes Generales de Depósito, con intervención de las autoridades sanitarias, podrán proceder a la venta directa o a la destrucción de aquellos.

Previo aviso escrito al depositante o al último endosatario en propiedad, en su caso, con quince días de anticipación, por lo menos, el Almacén General de Depósito puede pedir al juez competente, la venta al martillo de las mercaderías cuando haya transcurrido un año desde la fecha del depósito, y no se haya satisfecho el costo de almacenamiento, o cuando las mercancías estén amenazadas de perecer o destruirse por cualquier motivo.

Los bienes o mercancías depositadas, el producto de su venta, el valor de la indemnización en caso de siniestro, los fondos que tenga el Almacén General de Depósito a disposición del tenedor del certificado, solo podrán ser retenidos por orden judicial.

Las entidades de servicios financieros no podrán captar recursos monetarios del público, excepto cuando emitan obligaciones, en los términos de la ley de mercado de valores. La inobservancia de esta prohibición será sancionada como infracción muy grave.

Son servicios auxiliares de las actividades financieras, los siguientes:

1. De software bancario;

2. Transaccionales;

3. De transporte de especies monetarias y de valores;

4. De pagos;

5. De cobranza;

6. De redes y cajeros automáticos;

7. Contables;

8. De computación;

9. De tenencia de edificios destinados exclusivamente al uso de oficinas por parte de una entidad financiera; y,

10. Otros que fueren determinados por la Superintendencia de Bancos, en la órbita de su competencia.

Los servicios auxiliares serán prestados por personas jurídicas no financieras constituidas como sociedades anónimas o compañías limitadas, cuya vida jurídica se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías. El objeto social de estas compañías será claramente determinado.

Por excepción y a petición motivada del interesado, la Superintendencia de Bancos autorizará que las empresas de servicios auxiliares que tengan capital de propiedad de entidades del sector financiero presten sus servicios de manera excepcional a otra clase de personas naturales o jurídicas ajenas al sistema financiero nacional.

Las compañías de servicios auxiliares que no tienen acciones o participaciones de propiedad de una entidad financiera privada, no requerirán autorización por parte de la Superintendencia de Bancos para prestar servicios a terceros y podrán hacerlo sin ninguna limitación.

Las entidades del sector financiero privado podrán invertir en compañías de responsabilidad limitada únicamente de servicios auxiliares.

Las entidades financieras privadas podrán participar en el capital de estas compañías, de acuerdo con lo dispuesto en este código, convirtiéndolas por esta participación en subsidiarias o afiliadas.

Las compañías, para prestar los servicios auxiliares a las entidades del sistema financiero nacional, deberán calificarse previamente ante el organismo de control correspondiente, la que como parte de la calificación podrá disponer la reforma del estatuto social y el incremento del capital, con el propósito de asegurar su solvencia.

El capital de estas compañías deberá guardar directa proporción con el volumen o monto de sus operaciones.

La definición y las acciones que comprenden las operaciones a cargo de las entidades de servicios auxiliares del sistema financiero, serán reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Las compañías de servicios auxiliares del sistema financiero, cuyos accionistas sean entidades financieras privadas, no podrán invertir en el capital de otra persona jurídica, pertenezca o no al sistema financiero nacional. La inobservancia de esta prohibición será sancionada por la superintendencia de compañías, valores y seguros como infracción muy grave, sin perjuicio de su desinversión.

El control societario de estas compañías está a cargo de la superintendencia de compañías, valores y seguros. Los servicios auxiliares relacionados con actividades financieras que presten estas compañías serán controlados por la superintendencia de bancos, de acuerdo con las normas que expida para el efecto.

Son entidades de servicios financieros tecnológicos las empresas que desarrollan actividades financieras centradas en la tecnología, entre las que se encuentran las siguientes:

Concesión digital de créditos: Son empresas que ofrecen productos de crédito a través de plataformas electrónicas, sin que esto implique captación de recursos del público con finalidad de intermediación.

Neobancos: Son aquellas entidades financieras dedicadas a ofrecer servicios de intermediación bancaria de forma digital conforme a los nuevos avances tecnológicos. Deberán cumplir con todas las regulaciones y disposiciones correspondientes a la actividad bancaria tradicional.

Finanzas personales y asesoría financiera: Administración de finanzas personales, comparadores y distribuidores de productos financieros, asesores automatizados y planeación financiera, siempre que su operación esté apoyada en la tecnología.

Otros que sean determinados por la Junta de Política y Regulación Financiera.

Los servicios financieros tecnológicos serán prestados por personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas cuya vida jurídica se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías. Su objeto social será específico y exclusivo para la realización de Actividades Fintech y no podrá contener actividades distintas.

Participación en el capital.

Las entidades financieras privadas no podrán participar en el capital de estas compañías.

Calificación.

Las compañías, para prestar los servicios financieros tecnológicos, deberán calificarse ante la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o el Banco Central, según corresponda. Dichos organismos de control establecerán los requerimientos para su calificación, supervisión y control. En los mismos deberán observar criterios diferenciados según los riesgos financieros y tecnológicos que cada empresa genere.

Los criterios diferenciados según los riesgos serán elaborados por expertos en economía y seguridad de la información determinados por el órgano regulador competente.

Operaciones.

La definición y las acciones que comprenden las operaciones a cargo de las entidades de servicios financieros tecnológicos serán reguladas por la Junta de Política y Regulación Financiera y la Junta de Política y Regulación Monetaria, conforme sus competencias.

Control.

El control societario de estas compañías está a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La supervisión y control de aquellas compañías que desarrollen actividades financieras de alto riesgo le corresponderá a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o al Banco Central del Ecuador, según sus competencias. La determinación de qué actividades financieras basadas en tecnología representan un alto riesgo le corresponderá a la Junta de Política y Regulación Financiera.

Ambiente de pruebas regulatorio (Sandbox).

La Superintendencia de Bancos o el Banco Central del Ecuador, dentro del ámbito de sus competencias, implementarán un programa para la generación de entornos de pruebas regulatorias para nuevos modelos de negocio relacionados con los servicios financieros tecnológicos y los servicios de pagos basados en la tecnología, según corresponda. Mientras se encuentre en el entorno de pruebas regulatorias, la respectiva empresa podrá desarrollar sus servicios en constante supervisión y control de los respectivos organismos de control.

Para efectos de la aplicación de este código, los miembros del consejo de administración de las cooperativas de ahorro y crédito y de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, los miembros del consejo de administración de las cajas centrales, y sus representantes legales serán considerados administradores.

Los consejos de vigilancia serán corresponsables del desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito, de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y de las cajas centrales y estarán sujetos a las responsabilidades y sanciones que este código establece para los consejos de administración.

No podrán ser representantes legales de las entidades que conforman el sector financiero popular y solidario quienes fueren cónyuges o convivientes en unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de miembros de los Consejos de Administración o Vigilancia.

Los miembros de los consejos de administración y vigilancia podrán ser removidos, en cualquier tiempo, por el organismo de control por cualquiera de las siguientes causas:

1. Estar incurso en las prohibiciones determinadas en el artículo 412;

2. Reticencia en cumplir las disposiciones impartidas por el organismo de control;

3. Adulterar o distorsionar los estados financieros;

4. Obstaculizar las acciones de control;

5. Realizar o fomentar operaciones ilícitas;

6. Ejecutar actos graves que hagan temer por la estabilidad de la entidad; y,

7. Por cualquier otra causa determinada en este Código.

El o la presidenta de la entidad o quien estatutariamente haga sus veces, en el plazo de tres días contados a partir de la remoción, convocará a asamblea general que se realizará en un plazo máximo de treinta días para informar y de ser el caso designar a los nuevos miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia. En caso de no realizarse la convocatoria a la asamblea general, el organismo de control procederá a convocarla.

Si transcurrido el plazo de noventa días contados desde la fecha en que el organismo de control dispuso las referidas remociones, la entidad financiera no hubiese modificado sus procedimientos o si el órgano competente no se reuniese o no tomase los acuerdos correspondientes, se dispondrá sin más trámite la liquidación forzosa de la entidad.

Las entidades del sector financiero popular y solidario, en todo lo no previsto específicamente para este sector en este código, se regirán por lo dispuesto en la ley orgánica de la economía popular y solidaria.

Las entidades financieras populares y solidarias podrán participar en calidad de accionistas o socios de las entidades de servicios financieros, con excepción de las casas de cambio, y en entidades de servicios auxiliares del sistema financiero. En este caso, todas las entidades deberán combinar y/o consolidar sus balances para presentarlos al organismo de control bajo la figura de grupo popular y solidario.

Las entidades financieras populares y solidarias están sometidas a la regulación de la junta de política y regulación monetaria y financiera y al control de la superintendencia de economía popular y solidaria, quienes en las políticas que emitan tendrán presente la naturaleza y características propias del sector financiero solidario.

Las cooperativas de ahorro y crédito son sociedades de personas con identidad cooperativa, organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los principios establecidos en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Financiera.

Las cooperativas de ahorro y crédito se distinguen entre abiertas o cerradas, entendiéndose que son cerradas aquellas cuyos socios tienen un vínculo común que los une como profesión, relación laboral, gremial o familiar. Esta determinación deberá constar en el estatuto de la entidad financiera. Las cooperativas de ahorro y crédito cerradas no podrán realizar ningún tipo de actividad de intermediación financiera con clientes o terceros.

La Junta de Política y Regulación Financiera regulará lo concerniente a las cooperativas de ahorro y crédito abiertas o cerradas.

Con la finalidad de proteger las características y gestión propia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito cerradas, cuando una de ellas mantenga actividades de intermediación financiera con clientes o terceros distintos de sus socios, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá disponer su conversión en Cooperativa de Ahorro y Crédito abierta conforme la definición establecida en este Código.

La constitución, gobierno y administración de una cooperativa de ahorro y crédito se regirá por las disposiciones de la ley orgánica de la economía popular y solidaria.

Una cooperativa de ahorro y crédito, con excepción de las que pertenezcan al segmento 1, podrá tener múltiples actividades no financieras siempre y cuando estén vinculadas al desarrollo territorial, mantengan contabilidades separadas para cada actividad no financiera y que se ejecuten con fondos distintos de los depósitos de los socios

La liquidación de una cooperativa de ahorro y crédito se regirá por las disposiciones de este Código y, supletoriamente, por las de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.

El capital social de las cooperativas de ahorro y crédito será determinado mediante regulación por la junta de política y regulación monetaria y financiera. Las cooperativas se ubicarán en los segmentos que la junta determine. El segmento con mayores activos del sector financiero popular y solidario se define como segmento 1 e incluirá a las entidades con un nivel de activos superior a usd 80000.000,00(ochenta millones de dólares de los estados unidos de américa.) dicho monto será actualizado anualmente por la junta aplicando la variación del índice de precios al consumidor.

La capitalización se perfeccionará con el aporte de un nuevo socio o con la resolución de la asamblea general que disponga la capitalización de los aportes para futuras capitalizaciones. Sin embargo, si la capitalización involucra la transferencia de ahorros o depósitos, requerirá de la autorización escrita del socio.

Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, considerando las particularidades de los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito.

Las regulaciones deberán establecer normas, al menos, en los siguientes aspectos:

1. Solvencia patrimonial;

2. Prudencia Financiera;

3. Mínimos de Liquidez;

4. Balance Social; y,

5. Transparencia.

Las cooperativas de ahorro y crédito establecerán un cupo de crédito y garantías de grupo, al cual podrán acceder los miembros de los consejos, gerencia, los empleados que tienen decisión o participación en operaciones de crédito e inversiones, sus cónyuges o convivientes y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El cupo de crédito para las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en el caso de grupos no podrá ser superior al 10% del patrimonio técnico; en el caso individual no podrá ser superior al 1% calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior al de la aprobación de los créditos. Los cupos para el resto de segmentos serán determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las cajas centrales, no aplicarán los criterios de vinculación por administración, en los cupos de crédito.

El cupo de crédito para las cooperativas de ahorro y crédito para los demás segmentos, serán regulados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

La Junta de Regulación Monetaria y Financiera regulará los porcentajes y cupos de los créditos otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito destinados a actividades económicas relacionadas con el sector de la Economía Popular y Solidaria.

Las solicitudes de crédito de las personas señaladas en este artículo serán resueltas por el consejo de administración y reportadas al consejo de vigilancia.

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán emitir órdenes de pago en favor de sus socios, contra sus depósitos, que podrán hacerse efectivas en otras cooperativas de igual naturaleza, de acuerdo con las normas que dicte la junta de política y regulación monetaria y financiera y los convenios que se suscriban para el efecto.

Las cooperativas de ahorro y crédito deberán invertir preferentemente, en este orden:

1. En el mismo sector financiero; y,

2. En el mercado secundario de valores o en las entidades financieras privadas.

Ninguna cooperativa de ahorro y crédito del segmento 1 podrá redimir el capital social, en caso de retiro de socios, por sumas que excedan en su totalidad el 5% del capital social de la cooperativa, calculado al cierre del ejercicio económico anterior.

En caso de fallecimiento del socio, la redención del capital será total y no se computará dentro del 5% establecido en el inciso anterior; la devolución se realizará conforme a las disposiciones del Código Civil.

La compensación de certificados de aportación con deudas a la cooperativa será permitida solo en caso de retiro del socio, siempre dentro del límite del 5%.

No se podrá redimir capital social si de ello resultare infracción a la normativa referente al patrimonio técnico y relación de solvencia o si la cooperativa se encontrare sujeta a programas de supervisión intensiva, en los términos establecidos por la superintendencia.

Los porcentajes de redención del capital social de las cooperativas de ahorro y crédito del resto de segmentos serán normados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

El control de las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito se efectuará de acuerdo con los segmentos en las que se encuentren ubicadas.

Las cooperativas de ahorro y crédito contarán con auditores interno y externo cuando sus activos superen usd 5000.000,00 (cinco millones de dólares de los estados unidos de américa). Este valor se ajustará anualmente conforme al índice de precios al consumidor.

Las cooperativas de ahorro y crédito cuyos activos sean inferiores al monto señalado en el inciso precedente, contarán con las auditorias que determine el consejo de administración, de conformidad con las normas que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Los organismos de integración y otras entidades especializadas podrán colaborar con la superintendencia en la realización de una o varias actividades específicas de supervisión, cumpliendo las condiciones y disposiciones que dicte la superintendencia para el efecto. Los supervisores auxiliares serán responsables administrativa, civil y penalmente por la supervisión que efectúen.

Las cooperativas de ahorro y crédito, además de las prohibiciones, dispuestas en este código que les fueran aplicables, tienen prohibido lo siguiente:

1. Adquirir acciones de entidades del sector financiero privado, salvo lo dispuesto en el artículo 443;

2. Conceder, bajo ninguna forma, preferencias o privilegios a los socios, administradores, funcionarios o empleados;

3. Exigir a los nuevos integrantes de la organización que suscriban un mayor número de aportes, cuotas o aportaciones de los que hayan adquirido los fundadores desde que ingresaron a la organización, o que contraigan con la entidad cualquier obligación económica extraordinaria, que no la hayan contraído dichos integrantes;

4. Los directivos de las organizaciones quedan prohibidos de utilizar su condición y los recursos de la entidad para establecer relaciones contractuales, profesionales, laborales o de servicios personales, directa o indirectamente, con otras personas u organizaciones;

5. Establecer acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o jurídicas ajenas a la organización, que les permita participar directa o indirectamente de los beneficios derivados de las medidas de fomento, promoción e incentivos que concede la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria;

6. Lucrar o favorecerse fraudulentamente de las operaciones y actividades de la organización y de los beneficios que otorga la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Igual disposición aplicará a los administradores de las entidades financieras de este capítulo.

7. Ocultar, alterar fraudulentamente o suprimir en cualquier informe de operación, datos o hechos respecto de los cuales la superintendencia y el público tengan derecho a estar informados; y,

8. Las demás establecidas en este Código, en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento.

Las prohibiciones señaladas en los numerales 1, 5, 6 y 7 serán sancionadas como infracciones muy graves y las determinadas en los numerales 2, 3 y 4 serán sancionadas como infracciones graves, sin perjuicio de las sanciones y correctivos que se disponga y la nulidad de los actos prohibidos por este artículo.

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios dentro del límite y en la forma determinada por la Junta de Política y Regulación Financiera, tendrán su propia estructura de gobierno, administración, representación, auto control, rendición de cuentas y se inscribirán en el registro correspondiente.

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se forman con aportes económicos de sus socios en calidad de ahorros, sin que puedan captar fondos de terceros.

Podrán otorgar créditos únicamente a sus socios según lo dispuesto por las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Financiera y podrán recibir financiamiento, reembolsable o no reembolsable para su desarrollo y fortalecimiento concedido por entidades del sistema nacional financiero, entidades de apoyo, cooperación nacional e internacional. Las Cooperativas y Mutualistas podrán otorgar estos créditos mediante líneas de crédito que la CONAFIPS podrá crear para este fin.

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son entidades que forman parte del sector financiero popular y solidario, cuyos objetivos son la captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus clientes y socios, y se rigen por las disposiciones de este código.

Las actividades, operaciones, liquidación y todos los demás aspectos inherentes a su vida jurídica, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda se regirán por las disposiciones de este Código referidas a dichas entidades, y en lo no regulado específicamente para las mismas, las aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito prescritas en esta Ley, las regulaciones que expida la Junta y en su estatuto.

El gobierno de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda estará conformado con una junta general de socios, un consejo de administración, un consejo de vigilancia, representante legal, auditores interno y externo. Su organización interna constará en el estatuto social, que será aprobado por la superintendencia de economía popular y solidaria.

Son socias de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda las personas que mantengan certificados de aportación.

Los certificados de aportación representan la participación del capital de los socios en la entidad, les confieren derecho a voz y a un voto, independientemente del número de certificados de aportación que cada uno pague. Ninguna persona natural o jurídica podrá poseer en certificados de aportación, directa o indirectamente, más del 6% del capital de la entidad.

En ningún caso se restringirá el ingreso de nuevos socios a las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda; una vez alcanzado el monto mínimo de capital de constitución, debido a su característica de variable e ilimitado, los nuevos socios deberán pagar a su ingreso el valor del certificado de aportación establecido en el estatuto de cada entidad.

El capital social mínimo de una asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda será variable e ilimitado y estará representado por certificados de aportación no redimibles pagados por sus socios. El capital social mínimo será regulado por la junta de política y regulación monetaria y financiera. Las mutualistas se ubicarán en los segmentos que la junta determine.

El valor de los certificados de aportación será establecido a la constitución de una asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda y deberá constar en su estatuto.

Los certificados de aportación tendrán la calidad de título valor.

El patrimonio de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda estará integrado por el capital social, la reserva legal irrepartible y otras reservas estatutarias y no podrá ser inferior a USD 1800.000,00 un millón ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América. Los socios de las mutualistas serán responsables por el patrimonio de la entidad hasta por el porcentaje de sus aportaciones.

Para formar su reserva legal irrepartible, las mutualistas destinarán, por lo menos, el 10% de sus utilidades anuales, hasta alcanzar un monto igual al 100% del capital social.

Los excedentes y utilidades anuales que hubieren en las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda actualmente existentes, luego de las deducciones legales, se distribuirán proporcionalmente entre los socios y la reserva legal irrepartible acumulada, a prorrata de su participación en el patrimonio. Para los efectos de lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, se tendrá como reinversión el incremento de esta reserva legal con los excedentes y utilidades.

Las mutualistas existentes incrementarán la reserva legal irrepartible con el 10% de las utilidades anuales, en la parte correspondiente a sus socios, solo cuando la misma sea inferior al 100% de su capital social, y hasta alcanzar ese nivel.

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, en el ámbito de sus objetivos, podrán realizar las operaciones determinadas en el artículo 194, previa la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Estas entidades podrán invertir directamente en proyectos específicos orientados al desarrollo de la vivienda y construcción, y en entidades de servicios auxiliares del sistema financiero de giro inmobiliario o en otras entidades de servicios auxiliares calificadas por la superintendencia, cuyo objeto exclusivo se relacione con las actividades propias del giro del negocio.

Las inversiones propias en proyectos específicos orientados al desarrollo de la vivienda y construcción no podrán exceder del 100% de su patrimonio técnico. En ningún caso un solo proyecto de inversión podrá tener el 100% del cupo asignado. El total del cupo deberá estar distribuido en varias inversiones.

La entidad financiera pública a cargo de programas de vivienda de interés social, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de vivienda están exoneradas de los tributos fiscales y municipales por los actos y contratos que celebraren en relación con proyectos de vivienda de interés social en el país.

De igual exoneración gozarán los prestatarios de las entidades señaladas en el inciso anterior, en todos los actos y contratos mediante los cuales apliquen los préstamos recibidos para los fines de compra de terrenos o vivienda, construcción, mejora, ampliación, rehabilitación o terminación de vivienda de interés social. Esta exoneración se hace extensiva a las personas naturales o jurídicas que contrataren con la entidad financiera pública a cargo de programas de vivienda de interés social, las Asociaciones Mutualistas y Cooperativas antes mencionadas o con los prestatarios de esas entidades, en los fines antes puntualizados; y cubre los contratos de préstamo y el valor del ahorro del prestatario que se destina al pago de la cuota de entrada para la compra de terrenos o vivienda, construcción, mejora, ampliación, rehabilitación o terminación de vivienda de interés social.

Los bienes inmuebles que se adquieran para fines habitacionales y las viviendas que se construyan, amplíen o terminen con préstamos otorgados por la entidad financiera pública a cargo de programas de vivienda de interés social, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, y las cooperativas de vivienda, constituyen Patrimonio Familiar, por ministerio de la Ley y estarán sujetos a las normas generales que sobre Patrimonio Familiar establece el Título XI del Libro 2 del Código Civil, y a las especiales que constan en el presente artículo, las que prevalecerán sobre aquellas.

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda deberán mantener los índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que dicte la junta de política y regulación monetaria y financiera, considerando los aspectos determinados en el artículo 449.

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda accederán al seguro de depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados conforme a las disposiciones del Título II, Capítulo 3, Sección 15.

Las cajas centrales son entidades que integran el sector financiero popular y solidario, que se constituyen con, por lo menos, veinte cooperativas de ahorro y crédito o mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.

Las cajas centrales debidamente autorizadas por la superintendencia podrán realizar operaciones financieras de segundo piso, con cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas de ahorro y crédito.

Las cajas centrales, en lo relacionado con su constitución y estructura interna se regirán por las disposiciones establecidas en la ley orgánica de la economía popular y solidaria y su reglamento.

Las cajas centrales previa autorización de la superintendencia de economía popular y solidaria podrán efectuar con las cooperativas de ahorro y crédito y con las mutualistas de ahorro y crédito, las actividades descritas en el artículo 194 y, adicionalmente, las siguientes:

1. Desarrollar redes de servicios financieros entre sus afiliadas, tales como ventanillas compartidas, transferencias de fondos, remesas, pagos de servicios, entre otros;

2. Funcionar como cámara de compensación entre sus afiliadas, previa autorización del Banco Central del Ecuador, de acuerdo a lo establecido en este Código;

3. Canalizar e intermediar recursos destinados al desarrollo del Sector Financiero Popular y Solidario;

4. Administración del portafolio de inversiones, cuando se trate de títulos valores emitidos por el ente rector de las finanzas públicas y el Banco Central del Ecuador; y,

5. Estructuración de productos de gestión de riesgo financiero.

Las entidades socias de las cajas centrales deberán mantener en todo tiempo un monto de certificados de aportación acorde con la regulación que para el efecto emita la junta.

Las cajas centrales aportarán al fondo de liquidez de conformidad con las normas específicas que al efecto dicte la junta. No le son aplicables a estas entidades los cupos de crédito establecidos en el artículo 450, ni los criterios de vinculación.

Las entidades del sector financiero popular y solidario podrán invertir en entidades de servicios auxiliares del sistema financiero nacional. Estas entidades se regirán por las disposiciones contenidas en el titulo 2, capítulo 5, sección 11.

Asimismo, las entidades del sector financiero popular y solidario podrán constituir organizaciones de la economía popular y solidaria cuyo objeto sea la prestación de servicios auxiliares que se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.

Las entidades de servicios auxiliares constituidas de acuerdo con el artículo precedente, para poder operar, deberán calificarse previamente ante la superintendencia de economía popular y solidaria, la que como parte de la calificación podrá disponer la reforma del estatuto social y el incremento del capital, con el propósito de asegurar su solvencia.

El capital de estas compañías deberá guardar directa proporción con el volumen o monto de sus operaciones.

Las compañías de servicios auxiliares del sistema financiero, cuyos accionistas sean entidades financieras populares y solidarias, y las organizaciones de la economía popular y solidaria cuyo objeto sea la prestación de servicios auxiliares, no podrán invertir en el capital de otra persona jurídica, pertenezca o no al sistema financiero nacional. La inobservancia de esta prohibición será sancionada por los respectivos organismos de control como infracción muy grave, sin perjuicio de su desinversión.

El control societario de las entidades de servicios auxiliares del sistema financiero a las que se refiere esta sección estará a cargo de la superintendencia de compañías, valores y seguros y de la superintendencia de economía popular y solidaria, según el caso. Los servicios auxiliares a las actividades financieras del sector financiero popular y solidario serán controlados por la superintendencia de economía popular y solidaria, de acuerdo con las normas que expida para el efecto.

Es un medio de pago escrito mediante el cual una persona llamada girador, con cargo a los depósitos que mantenga en una cuenta de la que es titular en una entidad financiera, ordena a dicha entidad, denominada girado, que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona llamada beneficiario.

El cheque librado, de acuerdo con lo dispuesto en este Código, tiene valor probatorio.

El cheque deberá contener:

1. La denominación de cheque, inserta en el texto del documento y expresada en el idioma empleado para su redacción;

2. El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero;

3. El nombre de quien debe pagar o girado;

4. La indicación de la fecha de pago;

5. La indicación del lugar de la emisión del cheque; y,

6. La firma de quien expide el cheque o girador.

El cheque en el que falte alguno de los requisitos indicados no tendrá validez como cheque.

El importe del cheque no genera intereses, por tanto toda estipulación sobre intereses se reputa inexistente.

Cuando un cheque lleve firmas de personas incapaces, firmas falsas, de personas imaginarias o firmas que por cualquier otra razón no pueden obligar a las personas por quienes se haya firmado el cheque, o con cuyo nombre aparezca firmado, las obligaciones de cualesquiera otros firmantes no dejarán, por eso, de ser válidas.

Quien firme un cheque como representante de una persona de la que no tenga poder para actuar, se obliga por sí mismo en virtud del cheque, y, si ha pagado, tiene iguales derechos que tendría el supuesto representado. La misma regla se aplica al representante que se ha excedido en sus poderes.

El girador responde por el pago. Toda cláusula por la cual el girador se exima de esta responsabilidad no tiene valor.

Prohíbase emitir cheques por duplicado.

El cheque es transmisible por medio de endoso.

Endoso es la transmisión de un cheque a la orden mediante una fórmula escrita en el reverso del documento.

El endoso deberá ser puro y simple. Se considerará no escrita toda condición a la que se subordine la transmisión del cheque.

El endoso parcial es nulo.

Se podrán endosar cheques hasta por tres ocasiones y por los montos establecidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

La firma que estampe el beneficiario en el cheque para efectos de presentación y cobro, al girado, no se considerará como un endoso propiamente dicho, por lo que no estará comprendido dentro de la limitación a la circulación dispuesta en el inciso anterior.

El endoso debe escribirse en el cheque y debe estar firmado por el endosante.

El endoso transmite todos los derechos resultantes del cheque. Prohíbase los endosos en blanco o al portador.

El endosante, salvo cláusulas en contrario, garantiza el pago.

La Junta regulará los mecanismos de endoso.

El beneficiario de un cheque, endosable o no de acuerdo a lo indicado en el artículo 485, es considerado como tenedor legítimo.

Las personas demandadas en virtud del cheque no pueden oponer al portador o tenedor las excepciones fundadas en sus relaciones con el girador o con los tenedores anteriores, a menos que el portador o tenedor, al adquirir el cheque, haya obrado a sabiendas en perjuicio del deudor.

El endoso posterior al protesto o efectuado después de la terminación del plazo de presentación, no produce otros efectos que los de una cesión ordinaria.

El endoso sin fecha se presume hecho, salvo, prueba en contrario, antes del protesto o antes de la terminación del plazo a que se refiere el inciso anterior.

El cheque es pagadero a la vista.

A la presentación del cheque, el girado está obligado a pagarlo o a protestarlo. En caso contrario, responderá por los daños y perjuicios que ocasione al portador o tenedor, independientemente de las demás sanciones a que hubiere lugar.

Prohíbase a las entidades financieras poner en lugar del protesto cualquier leyenda, con o sin fecha, que establezca que el cheque fue presentado para el pago y no pagado. La entidad que infringiere esta prohibición será sancionada por los organismos de control con una multa por el valor del correspondiente cheque.

Se exceptúan de esta disposición los cheques rechazados por defectos de forma y los presentados después del plazo máximo para pago del cheque señalado en el artículo 517, así como las imágenes digitalizadas de los cheques ingresados a cámara de compensación.

Los cheques girados y pagaderos en el ecuador deberán presentarse para el pago dentro del plazo de veinte días, contados desde la fecha de su emisión.

Los cheques girados en el exterior y pagaderos en el Ecuador deberán presentarse para el pago dentro del plazo de noventa días, contados desde la fecha de su emisión.

Los cheques girados en el Ecuador y pagaderos en el exterior se sujetarán, para la presentación al pago, a los términos o plazos que determine la ley del Estado donde tenga su domicilio el banco girado.

La presentación del cheque a una cámara de compensación por parte de la entidad financiera, equivale a la presentación para el pago.

El girador podrá revocar un cheque comunicando por escrito al girado que se abstenga de pagarlo, con indicación del motivo de tal revocatoria, sin que por esto desaparezca la responsabilidad del girador.

A petición del portador o tenedor que hubiere perdido el cheque, el girador está obligado, como medida de protección transitoria, a suspender, por escrito, la orden de pago.

No surtirá efecto la revocatoria del cheque cuando no exista suficiente provisión de fondos y, en este caso, el banco estará obligado a protestar el cheque.

El girado deberá retener el importe del cheque revocado hasta que un juez resuelva lo conveniente, o hasta que el girador deje sin efecto la revocatoria, o hasta el vencimiento del plazo de prescripción de seis meses, contados desde la expiración del plazo de presentación, o hasta cuando se declare sin efecto el cheque por sustracción, deterioro, pérdida o destrucción, de conformidad con las normas de carácter general dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Ni la muerte ni la incapacidad superviniente del girador afectan la validez del cheque.

El girado que tuviere conocimiento de la quiebra del girador, debe negar el pago.

El girado, al pagar el cheque, exigirá al portador o tenedor su cancelación.

El portador o tenedor puede admitir o rehusar, a voluntad, un pago parcial, pero el girado está obligado a pagar el importe del cheque hasta el total de los fondos que tenga a disposición del girador.

En caso de pago parcial, el girado puede exigir que se mencione dicho pago en el cheque y se le confiera recibo, y estará obligado por su parte, a otorgar al portador o tenedor un comprobante en el que consten todas las especificaciones del cheque y el saldo no pagado. Este comprobante surtirá los mismos efectos que el cheque protestado en cuanto al saldo no cubierto.

El girado que paga un cheque está obligado a comprobar la regularidad del endoso y la identidad de la persona a quien lo paga, pero no la firma del endosante.

Se establece la multa del 10% sobre el valor de cada cheque protestado por insuficiencia de fondos, que debe ser pagado por el girador, multa que será debitada por la entidad financiera, de las cuentas del girador, hasta el monto que se mantenga en depósito y transferida mensualmente a la cuenta unica del tesoro nacional.

El girador o el portador o tenedor de un cheque puede cruzarlo, de conformidad con las normas que expida la junta.

El cheque que contenga la expresión "no a la orden" u otra equivalente como "no endosable", "no negociable", "no transferible", no es transferible sino en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria.

El banco girado que reciba un cheque con cualquiera de las expresiones antes indicadas, únicamente podrá acreditar su valor en una cuenta perteneciente al beneficiario, o pagarlo en moneda al propio beneficiario o al cesionario.

El girado que no observe las disposiciones de esta sección, responderá de los perjuicios hasta por una suma igual al importe del cheque.

El cheque que contenga la palabra "certificado", escrita, fechada y firmada por el girado, obliga a este a pagar el cheque a su presentación y libera al girador de la responsabilidad del pago.

El portador o tenedor podrá ejercitar sus acciones contra el girador, el endosante y los demás obligados, cuando, presentando el cheque en tiempo hábil, no fuere pagado, siempre que la falta de pago se acredite por protesto, en cualquiera de las formas siguientes:

1. Por declaración del girado, fechada y escrita en el cheque;

2. Cuando el girado se negare a extender la declaración mencionada en el numeral anterior, un notario público del domicilio de la entidad financiera, a petición verbal o escrita del portador o tenedor, requerirá a la entidad el pago del cheque, y, en caso de negativa, extenderá el protesto haciendo constar el requerimiento, la negativa al pago y la razón de ésta; y,

3. Por declaración fechada de una cámara de compensación, en que conste que el cheque ha sido enviado en tiempo hábil y no ha sido pagado.

El portador o tenedor que no presentare el cheque para el pago dentro del plazo legal, perderá su acción contra el endosante, y contra el girador, cuando, habiendo tenido fondos, se llegaren a perder, después de expirado el plazo, por haberse declarado en liquidación a la entidad financiera.

Todas las personas obligadas en virtud del cheque, lo están solidariamente respecto al portador o tenedor.

El portador o tenedor tiene derecho a proceder contra todas estas personas, individual o colectivamente, sin que pueda ser compelido a observar el orden en que aquellas se hubieren obligado.

Igual derecho corresponde a todo firmante de un cheque que haya pagado.

La acción intentada contra uno de los obligados, no impide que se proceda contra los demás, incluso los posteriores a aquel contra el cual se procedió en principio.

El portador o tenedor puede reclamar de aquel contra quien ejercita su acción:

1. El importe del cheque no pagado;

2. Sus intereses, a la tasa máxima, a partir de la fecha del protesto; y,

3. Los gastos del protesto, los de las notificaciones y las costas procesales.

El que haya pagado el cheque puede reclamar de los solidariamente obligados:

1. La suma íntegra pagada por él;

2. Los intereses de dicha suma, calculados a la tasa máxima, a partir del día del pago; y,

3. Las costas procesales.

Cualquier obligado contra el que se ejercite una acción o que esté expuesto a ella, puede exigir contra el pago la entrega del cheque protestado y un recibo.

Cuando la presentación del cheque o el levantamiento del protesto no puedan efectuarse en los plazos prescritos, por fuerza mayor o caso fortuito, estos plazos se prorrogarán hasta cuando hayan cesado dichos acontecimientos.

No se considerarán como casos de fuerza mayor los hechos puramente personales del portador o tenedor o de aquél a quien se haya encargado la presentación del cheque o del levantamiento del protesto.

En caso de alteración del texto de un cheque, los firmantes posteriores a la alteración quedarán obligados con arreglo a los términos del texto; pero los firmantes anteriores lo estarán solamente con arreglo al texto original.

Las acciones que corresponden al portador o tenedor contra el girador, los endosantes y demás obligados, prescriben a los seis meses, contados desde la expiración del plazo de presentación.

Las acciones que correspondan entre sí a los diversos obligados al pago de un cheque, prescriben a los seis meses, a contar desde el día en que un obligado ha pagado el cheque o desde el día en que se ha ejercitado una acción contra él.

La prescripción se interrumpe de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley.

En lo relativo a conflicto de leyes, la ley del estado en que el cheque debe pagarse, determina:

1. El término de presentación;

2. Si puede ser aceptado, cruzado, certificado o confirmado, y los efectos de esas operaciones;

3. Los derechos del tenedor sobre la provisión de fondos y su naturaleza;

4. Los derechos del girador para revocar el cheque u oponerse al pago;

5. La necesidad del protesto u otro acto equivalente para conservar los derechos contra los endosantes, el girador u otros obligados; y,

6. Las demás situaciones referentes a las modalidades del cheque.

La presentación y el protesto de un cheque deben realizarse dentro de los plazos previstos en el artículo 493 y en un día hábil para la diligencia respectiva.

Cuando el último día del plazo no sea día laborable, quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. Los días feriados intermedios se incluirán en el cómputo del plazo.

El cheque no pagado por falta o insuficiencia de fondos y protestado dentro del plazo de presentación, constituye título ejecutivo. Igualmente constituye título ejecutivo el comprobante a que se refiere el inciso tercero del artículo 497.

En los demás casos, salvo disposición legal en contrario, el pago de un cheque podrá reclamarse en juicio verbal sumario.

La acción civil intentada para el pago de un cheque, no perjudica la acción penal correspondiente.

La pérdida causada por el pago de un cheque falsificado no comprendido en la numeración del girador, corresponde al girado.

La pérdida causada por el pago de cheques falsificados, comprendidos en la numeración del girador, corresponde a este o al girado, según tenga uno u otro culpa en la pérdida. Si ninguno de los dos tuviere culpa, la pérdida corresponderá al girado.

Si el girador no reclamare dentro de los seis meses de presentado por el girado el estado de la cuenta corriente, en el que conste el pago de cheques falsificados, la pérdida causada por el pago de tales cheques corresponderá al girador.

Prohíbase toda estipulación contraria a lo dispuesto en este artículo.

La junta de política y regulación monetaria y financiera, dictará las normas de carácter general necesarias a efectos de la aplicación de las disposiciones relativas a los cheques contempladas en este código.

El Banco Central del Ecuador regulará el procesamiento de los cheques digitalizados en la cámara de compensación de cheques.

Las imágenes digitalizadas de los cheques procesadas en la cámara de compensación de cheques, tendrán igual valor probatorio que el original.

Las entidades financieras están facultadas para destruir los cheques físicos recibidos en depósito, una vez vencido el plazo determinado para mantenerlos en forma física.

Los organismos de control tienen potestad para sancionar los incumplimientos de este capítulo, mediante la imposición de multas que estarán comprendidas entre uno y treinta salarios básicos unificados.