Acuerdo 000117. Dispónese la apertura de la investigación previa a la demanda de repetición, con el objeto de determinar la identidad de la o las personas presuntamente responsables de la vulneración del derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica consagrados en la Constitución de la República, conforme lo declaró la Corte Constitucional en su sentencia No. 004-13-SAN-CC, de 13 de junio de 2013, recaída en el caso No. 0015.10-AN

Fecha de la disposición: 7 de Noviembre de 2016
Número de Boletín:897
Sección:Acuerdo
Emisor:Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
 
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EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

Considerando:

Que, el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República preceptúa: "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. (...).";

Que, el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone: "Objeto y ámbito.- La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos. Se considera como servidoras y servidores públicos a las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Este artículo también se aplica para las servidoras y servidores judiciales. La acción prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir de la realización del pago hecho por el Estado";

Que, el artículo 69 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional preceptúa: "Investigación previa a la demanda.- La máxima autoridad de la entidad deberá determinar, previa a la presentación de la demanda, la identidad de las personas presuntamente responsables de la violación o violaciones de derechos. La máxima autoridad de dicha institución estará obligada a identificar al presunto o presuntos responsables, aún en el caso de que ya no continúen trabajando para dicha institución. De no determinarse la identidad de los presuntos responsables, la Procuradora o Procurador presentarán la demanda en contra de la máxima autoridad de la entidad. En caso de existir causal de imposibilidad para la identificación...

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