Ley Orgánica de empresas publicas, loep

Las disposiciones de la presente Ley regulan la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República.

Esta Ley tiene los siguientes Objetivos:

1. Determinar los procedimientos para la constitución de empresas públicas que deban gestiónar los sectores estratégicos con alcance nacional e internacional;

2. Establecer los medios para garantizar el cumplimiento, a través de las empresas públicas, de las metas fijadas en las políticas del Estado ecuatoriano, de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;

3. Regular la autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión de las empresas públicas, con sujeción a los principios y normativa previstos en la Constitución de la República, en ésta y en las demás leyes, en lo que fueren aplicables;

4. Fomentar el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, a la utilización racional de los recursos naturales, a la reactivación y desarrollo del aparato productivo y a la prestación eficiente de servicios públicos con equidad social. Las empresas públicas considerarán en sus costos y procesos productivos variables socio-ambientales y de actualización tecnológica;

5. Actuar en cumplimiento de los parámetros de calidad definidos por el Directorio y las regulaciones aplicables, con sujeción a criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales;

6. Proteger el patrimonio, la propiedad estatal, pública y los derechos de las generaciones futuras sobre los recursos naturales renovables y no renovables, para coadyuvar con ello el buen vivir;

7. Crear el marco jurídico adecuado para que el Estado establezca apoyos, subsidios u otras ventajas de carácter temporal, en beneficio de sectores económicos y sociales determinados;

8. Prevenir y corregir conductas que distorsionen las condiciones para la provisión de bienes y servicios y en general cualquier otro acuerdo o práctica concertada, escrita o verbal, oficial u oficiosa, entre dos o más agentes económicos, tendientes a impedir, restringir, falsear o distorsionar las condiciones de acceso de los usuarios a dichos bienes y servicios; y,

9. Establecer mecanismos para que las empresas públicas, actúen o no en sectores regulados abiertos o no a la competencia con otros agentes u operadores económicos, mantengan índices de gestión con parámetros sectoriales e internacionales, sobre los cuales se medirá su eficacia operativa, administrativa y financiera.

Las empresas públicas se rigen por los siguientes principios:

1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la población ecuatoriana;

2. Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y desconcentrado del Estado, y de las actividades económicas asumidas por éste.

3. Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la exploración, explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables y en la comercialización de sus productos derivados, preservando el ambiente;

4. Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, precios equitativos y responsabilidad en la prestación de los servicios públicos;

5. Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos de producción; y,

6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública.

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado.

Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus instituciones tengan la mayoría accionaria.

Las empresas filiales son sucursales de la empresa pública matriz que estarán administradas por un gerente, creadas para desarrollar actividades o prestar servicios de manera descentralizada y desconcentrada.

Las Agencias y Unidades de Negocio son áreas administrativo - operativas de la empresa pública, dirigidas por un administrador con poder especial para el cumplimiento de las atribuciones que le sean conferidas por el representante legal de la referida empresa, que no gozan de personería jurídica propia y que se establecen para desarrollar actividades o prestar servicios de manera descentralizada y desconcentrada.

La creación de empresas públicas se hará:

1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función Ejecutiva;

2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados; y,

3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado, en su caso.

Las universidades públicas podrán constituir empresas públicas o mixtas que se someterán al régimen establecido en esta Ley para las empresas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados o al régimen societario, respectivamente. En la resolución de creación adoptada por el máximo organismo universitario competente se determinarán los aspectos relacionados con su administración y funcionamiento.

Se podrá constituir empresas públicas de coordinación, para articular y planificar las acciones de un grupo de empresas públicas creadas por un mismo nivel de gobierno, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión técnica, administrativa y financiera.

Las empresas públicas pueden ejercer sus actividades en el ámbito local, provincial, regional, nacional o internacional.

La denominación de las empresas deberá contener la indicación de "EMPRESA PUBLICA" o la sigla "EP", acompañada de una expresión peculiar.

El domicilio principal de la empresa estará en el lugar que se determine en su acto de creación y podrá establecerse agencias o unidades de negocio, dentro o fuera del país.

En el decreto ejecutivo, acto normativo de creación, escritura pública o resolución del máximo organismo universitario competente, se detallaran los bienes muebles o inmuebles que constituyen el patrimonio inicial de la empresa (sic), y en un anexo se listarán los muebles o inmuebles que forman parte de ese patrimonio.

Son órganos de dirección y administración de las empresas públicas:

1. El Directorio; y,

2. La Gerencia General.

Las empresas contarán con las unidades requeridas para su desarrollo y gestión.

La Administración del Talento Humano de las empresas públicas corresponde al Gerente General o a quien éste delegue expresamente.

La designación y contratación de personal de las empresas públicas se realizará a través de procesos de selección que atiendan los requerimientos empresariales de cada cargo y conforme a los principios y políticas establecidas en esta Ley, la Codificación del Código del Trabajo y las leyes que regulan la administración pública. Para los casos de directivos, asesores y demás personal de libre designación, se aplicarán las resoluciones del Directorio.

El Directorio, en aplicación de lo dispuesto por esta Ley, expedirá las normas internas de administración del talento humano, en las que se regularán los mecanismos de ingreso, ascenso, promoción, régimen disciplinario, vacaciones y remuneraciones para el talento humano de las empresas públicas.

Por lo menos un cuatro por ciento del talento humano de las empresas públicas deberá ser personal con capacidades especiales acreditado por el Consejo Nacional de Discapacidades.

La autoridad nominadora previo informe motivado podrá realizar los cambios administrativos del personal dentro de una misma jurisdicción cantonal, conservando su nivel, remuneración y estabilidad. De tratarse de cambios administrativos a jurisdicciones distintas de la cantonal, se requerirá consentimiento expreso del obrero o servidor.

En las empresas públicas se incorporará preferentemente a personal nacional para su desempeño en las áreas técnicas y administrativas.

El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de firmas externas especializadas realizará el control posterior (ex post) de la administración del recurso humano y remuneraciones conforme a las normas y principios previstos en esta Ley y las demás normas que regulan la administración pública. El informe de dicha firma será puesto en conocimiento del Directorio, para que éste disponga las medidas correctivas que sean necesarias, de ser el caso.

Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de las empresas públicas.

La prestación de servicios del talento humano de las empresas públicas se someterá de forma exclusiva a las normas contenidas en esta Ley, a las leves que regulan la administración pública y a la Codificación del Código del Trabajo, en aplicación de la siguiente clasificación:

1. Servidores públicos de Libre Designación y Remoción.- Aquellos que ejerzan funciones de dirección, representación, asesoría y en general funciones de confianza;

2. Servidores públicos de Carrera.- Personal que ejerce funciones administrativas, profesionales, de jefatura, técnicas en sus distintas especialidades y operativas, que no son de libre designación y remoción que integran los niveles estructurales de cada empresa pública: y,

3. Obreros.- Aquellos definidos como tales por la autoridad competente, aplicando parámetros objetivos y de clasificación técnica, que incluirá dentro de este personal a los cargos de trabajadoras y trabajadores que de manera directa formen parte de los procesos operativos, productivos y de especialización industrial de cada empresa pública.

Las normas relativas a la prestación de servicios contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren.

Las modalidades de vinculación de los servidores públicos y obreros de las empresas públicas son las siguientes:

1. Nombramiento para personal de libre designación y remoción, quienes no tendrán relación laboral. Su régimen observará las normas contenidas en el capítulo II del Título III de esta Ley:

2. Nombramiento para servidores públicos, expedido al amparo de esta Ley y de la normativa interna de la Empresa pública; y,

3. Contrato individual de trabajo, para los obreros, suscritos al amparo de las disposiciones y mecanismos establecidos en la Codificación del Código del Trabajo y en el contrato colectivo que se celebre.

Los sistemas de administración del talento humano que desarrollen las empresas públicas estarán basados en los siguientes principios:

1. Profesionalización y capacitación permanente del personal, mediante el manejo de un Plan de Capacitación y fomento de la investigación científica y tecnológica acorde a los requerimientos y consecución de objetivos de la empresa;

2. Definición de estructuras ocupacionales, que respondan a las características de especificidad por niveles de complejidad, riesgos ocupacionales, responsabilidad, especialización, etc.;

3. Equidad remunerativa, que permita el establecimiento de remuneraciones equitativas para el talento humano de la misma escala o tipo de trabajo, fijadas sobre la base de los siguientes parámetros: funciones, profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia:

4. Sistemas de remuneración variable, que se orientan a bonificar económicamente el cumplimiento individual, grupal y colectivo de índices de eficiencia y eficacia, establecidos en los reglamentos pertinentes, cuyos incentivos económicos se reconocerán proporcionalmente al cumplimiento de tales índices, mientras éstos se conserven o mejoren, mantendrán su variabilidad de acuerdo al cumplimiento de las metas empresariales. El componente variable de la remuneración no podrá considerarse como inequidad remunerativa ni constituirá derecho adquirido. El pago de la remuneración variable se hará siempre y cuando las empresas generen ingresos propios a partir de la producción y comercialización de bienes y servicios;

5. Evaluación periódica del desempeño de su personal, para garantizar que éste responda al cumplimiento de las metas de la empresa pública y las responsabilidades del evaluado en la misma y estructurar sistemas de capacitación y profesionalización del talento humano de las empresas públicas;

6. Confidencialidad en la información comercial, empresarial y en general, aquella información, considerada por el Directorio de la empresa pública como estratégica y sensible a los intereses de ésta, desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado, la misma que goza de la protección del régimen de propiedad intelectual e industrial de acuerdo a los instrumentos internacionales y la Ley de Propiedad Intelectual, con el fin de precautelar la posición de las empresas en el mercado; y,

7. Transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos de la empresa, para cuyo efecto se presentará la declaración juramentada de bienes, al inicio y finalización de la relación con la empresa pública, de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de esta Ley.

Cuando por disposición de la ley o por orden escrita de autoridad competente, un servidor deba subrogar a superiores jerárquicos o ejercer un encargo en los que perciban mayor remuneración mensual unificada, éste recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada, obtenida entre el valor que percibe al subrogante y el valor que perciba el subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo y a partir de la fecha en que se inicia tal encargo o subrogación, sin perjuicio del derecho del titular a recibir la remuneración que le corresponda.

Se prohibe el aporte de recursos de la empresa pública o sus subsidiarias, filiales, agencias unidades de negocio a fondos de cesantía o jubilación distintos a los que se entreguen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Los servidores u obreros de las empresas públicas que terminen la relación laboral por retiro voluntario, recibirán el pago de un monto de hasta siete salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, y hasta un máximo de 210 salarios mánimos básicos unificados del trabajador privado, a partir del año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015. El Reglamento General de esta Ley establecerá los requisitos para los programas de retiro voluntario.

Se reconoce el derecho a la huelga, con la restricción establecida en el numeral 15 del Art. 326 de la Constitución de la República.

Ninguna utilidad ni ningún excedente será objeto de reparto entre el talento humano que labore en las empresas públicas y mixtas.

En las empresas públicas o en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos están excluidos de la contratación colectiva el talento humano que no tenga la calidad de obreros en los términos señalados en esta Ley, es decir, los Servidores públicos de Libre Designación y Remoción, en general quienes ocupen cargos ejecutivos, de dirección, representación, gerencia, asesoría, de confianza, apoderados generales, consultores y los Servidores públicos de Carrera.

Las cláusulas de los contratos colectivos que fuesen contrarias a las disposiciones contenidas en esta Ley o en las limitaciones contenidas en el Mandato Constituyente No. 8 expedido el 30 de abril de 2008, serán declaradas nulas y no obligarán a la empresa.

Los representantes de las empresas públicas serán personal y pecuniariamente responsables por la aceptación, suscripción o ejecución de cláusulas de contratación colectiva pactadas al margen o en desacato de las disposiciones contenidas en la presente Ley. El Estado ejercerá las acciones de nulidad y repetición, de ser del caso, en contra de los representantes que dispusieron, autorizaron o suscribieron dichos contratos.

Para la celebración de los contratos colectivos se observará el trámite contenido en los Arts. 220 y siguientes de la Codificación del Código de Trabajo.

Las asociaciones de obreros se regirán por las normas contenidas en el Título V de la Codificación del Código de Trabajo.

Para efectos de la competencia y del procedimiento en las relaciones contractuales generadas entre las empresas públicas y servidores públicos de carrera y obreros, se estará a lo dispuesto en esta Ley y en el Art. 568 y siguientes de la Codificación del Código del Trabajo.

Para efectos del desistimiento, del abandono y de la prescripción, se estará a lo dispuesto en el Título VIII de la Codificación del Código de Trabajo.

En la relación de trabajo entre los servidores de carrera sujetos a esta Ley y los obreros, se observarán las siguientes normas:

1. Cualquier incremento salarial se efectuará exclusivamente previa evaluación del desempeño realizada por la administración de la empresa con el apoyo de firmas externas especializadas y en consideración de la capacidad económica de la empresa.

   Queda prohibido el otorgamiento o mantenimiento de bonos ayudas, sobresueldos o estámulos otorgados por la celebración de fechas conmemorativas, años de servicio o cualquier otro hecho que no sea exclusivamente el desempeño.

2. No forma parte de la remuneración: a) Los valores correspondientes al componente variable por cumplimiento de metas; b) Las Décima tercera y cuarta remuneraciones, viáticos, subsistencias y movilizaciones: y, c) Los valores por las subrogaciones y encargos.

3. No se podrá pactar que los servidores de carrera u obreros, sus cónyuges, personas en unión de hecho o parientes reciban gratuitamente o de manera subsidiada los servicios o bienes que produce la empresa pública empleadora. Igualmente no se admitirán cláusulas que reconozcan la homologación de derechos cuando las empresas tienen un distinto giro de negocios aunque todas ellas sean parte de la misma industria. De la misma manera se reputarán no escritas las estipulaciones que garanticen a los sucesores del servidor u obrero el derecho de ocupar el puesto de trabajo de aquellos.

4. Para el caso de separación de los servidores y obreros de las empresas públicas, por supresión de partida o despido intempestivo, se aplicará lo determinado en el Mandato Constituyente No. 4.

   El gerente general, administrador, gerente de la subsidiaria, filial, agencia o unidad de negocio que firme o autorice la suscripción de contratos individuales, colectivos o actas transaccionales sin sujetarse a las disposiciones previstas en este Artículo, responderá personal y pecuniariamente por los perjuicios ocasionados y valores pagados en exceso, según sea el caso, sin perjuicio de la inmediata y obligatoria remoción y de las demás acciones a que hubiere lugar.

Además de las prohibiciones previstas en la Codificación del Código de Trabajo, que se aplicarán a los servidores de carrera y obreros de la empresa pública, se establecen las siguientes:

1. Comprometerse en actividades que impliquen contraposición de intereses con los intereses de las empresas públicas, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia pueden beneficiarse directa o indirectamente de los actos administrativos, operativos, comerciales o financieros de las mismas;

2. Retardar o negar injustificadamente el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las labores de su cargo;

3. Paralizar a cualquier título la prestación de los servicios públicos o la explotación de recursos naturales a cargo de la empresa pública, excepto por fuerza mayor o caso fortuito;

4. Intervenir, emitir informes, gestiónar, tramitar o suscribir convenios y contratos con la empresa pública, por si o por interpuesta persona, u obtener cualquier beneficio que impliquen privilegios para el servidor u obrero, su cónyuge o personas que mantengan unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor de carrera u obrero, su cónyuge o persona en unión de hecho, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan intereses;

5. Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus labores, para sé, sus superiores o de manos de sus subalternos;

6. Incumplir con los principios establecidos en los números 6 y 7 del Artículo 20 de esta Ley; y,

7. Las demás establecidas por la Constitución de la República, esta Ley, su Reglamento General y la normativa de cada empresa pública.

Sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, quienes incurran en cualquiera de las prohibiciones señaladas, serán sancionados con la separación del cargo sin derecho a indemnización alguna y al pago de los perjuicios económicos ocasionados a la empresa pública, observando el derecho al debido proceso.

Las controversias que se originaren de las relaciones laborales entre las empresas públicas y sus servidores de carrera u obreros, serán resueltas por la autoridad del trabajo o los jueces de trabajo competentes, quienes para el efecto observarán las disposiciones especiales previstas en este Título.

En todo lo no previsto expresamente en este Título y siempre que no contraríe los principios rectores de la administración del talento humano de las empresas públicas, se estará a lo que dispone la Codificación del Código de Trabajo en lo relativo a la contratación individual.

Las empresas públicas deberén divulgar en sus sitios Web, entre otros aspectos: la información financiera y contable del ejercicio fiscal anterior; la información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la empresa; el informe de rendición de cuentas de los administradores; los estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales; sus reglamentos internos; y, de ser posible, el estado o secuencia de los trámites o petitorios que hagan los usuarios o consumidores; así como información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o por servicios. también publicarán la información sobre los procesos de contratación que realicen, de conformidad con las disposiciones que para el efecto contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública y demás normas especiales.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la información comercial, empresarial y en general aquella información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas, desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado, goza de la protección del régimen de propiedad intelectual e industrial, de acuerdo a los instrumentos internacionales y a la Ley de Propiedad Intelectual, con el fin de precautelar la posición de las empresas en el mercado. En consecuencia serán aplicables a las empresas públicas, en los ámbitos indicados en este artículo, las disposiciones legales o reglamentarias sobre transparencia y acceso a la información pública, en los términos señalados en esta Ley.

Las empresas públicas estarán sujetas a los siguientes controles:

1. A la Contraloría General del Estado de conformidad con el artículo 211 de la Constitución, y esta Ley;

2. A la Unidad de Auditoría Interna de la empresa pública, que ejecutará auditorías y exámenes especiales, de conformidad con lo establecido en esta Ley; y,

3. Al Consejo de Participación Ciudadana, en los términos en que su Ley Orgánica lo señale.

La Contraloría General del Estado dirigirá el sistema de Control Administrativo en las empresas públicas, que se compone de los Sistemas de Control Externo e Interno establecidos en esta Ley.

Las empresas públicas, sus filiales y subsidiarias y las de economía mixta, deberán contratar con sus propios recursos, auditorías financieras externas e independientes a través de compañías privadas especializadas de auditoría, debidamente acreditadas y registradas en la Contraloría General del Estado, aplicando los procedimientos que correspondan de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás normas secundarias de aplicación pertinentes, sin perjuicio de las auditorías externas que pueda efectuar la Contraloría General del Estado.

La Contraloría General del Estado, mantendrá un registro actualizado de compañías privadas de auditoría externa independientes, que podrán ser contratadas para realizar auditorías financieras externas, mismas que serán calificadas por su profesionalidad y debidamente facultadas para ejercer sus actividades en el país. Dicho registro será publicado en la página web institucional de la Contraloría General del Estado.

Para el efecto, las empresas públicas, sus filiales y subsidiarias y las de economía mixta, deberán prever obligatoriamente este tipo de contrataciones en la planificación institucional y en su presupuesto anual, de manera que estén en capacidad de emitir la respectiva certificación presupuestaria para iniciar los procesos de contratación de firmas privadas de auditoría que requieran.

El informe resultante de esta auditoría financiera externa será suscrito por el contador público de la empresa auditada y por el representante legal de la compañía privada de auditoría.

La empresa pública contará con una unidad de Auditoría interna de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, encargada de realizar el control previo y concurrente.

La Auditoría financiera externa o interna, no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias.

La fusión de las empresas públicas se produce:

1. Cuando dos o más empresas públicas se unen para formar una nueva que las sucede en sus derechos y obligaciones; y,

2. Cuando una o más empresas públicas son absorbidas por otra que continúa subsistiendo.

Para la fusión de cualquier empresa pública con otra en una nueva se acordará primero la disolución sin liquidación y luego se procederá al traspaso total de los respectivos patrimonios sociales a la nueva empresa.

Si la fusión resultare de la absorción de una o más empresas públicas por otra empresa existente, ésta adquirirá en la misma forma los patrimonios de la o de las empresas absorbidas. La empresa absorbente se hará cargo de pagar el pasivo de la absorbida y asumirá por este hecho las responsabilidades propias de un liquidador respecto a los acreedores de ésta.

La fusión será resuelta y aprobada por los directorios de las empresas públicas que se vayan a fusionar y requerirá de forma previa el informe favorable del organismo nacional de planificación o de la unidad de planificación del gobierno autónomo descentralizado, según corresponda.

La o las empresas fusionadas asumirán las obligaciones laborales frente al recurso humano de las empresas que se fusionan y que pasen a formar parte de su nómina.

Sobre la base de la recomendación motivada del Directorio de la empresa pública, la Presidenta o Presidente de la República, por decreto ejecutivo o el máximo órgano del gobierno autónomo descentralizado, según corresponda al tipo de empresa, podrá resolver la escisión de una empresa pública en más empresas públicas.

La resolución de Directorio que recomiende la escisión deberá contener los siguientes requisitos:

1. La división del patrimonio de la empresa pública entre ésta y las nuevas empresas públicas que se crearen y la adjudicación de los correspondientes activos, para cuyo efecto podrán adjudicarse los mismos a valor presente o de mercado, y cualquier exceso en activos sobre el valor del patrimonio adjudicado podrá compensarse con la asunción de pasivos de la empresa pública escindida; y,

2. La propuesta de estructura de las nuevas empresas públicas a formarse que deberén crearse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley.

Si por la escisión la empresa pública escindida debiera liquidarse, en el mismo decreto ejecutivo o en la resolución aprobatoria de la escisión del máximo órgano del gobierno autónomo descentralizado aprobatorio de la escisión, según corresponda, se dispondrá la liquidación de la empresa pública.

La escisión podrá también realizarse dentro del proceso de liquidación de una empresa pública.

Las empresas públicas resultantes de la escisión responderán solidariamente por las obligaciones contraídas hasta la fecha de la división, por la empresa pública escindida.

En lo que se refiere a las normas de procedimiento no contempladas en esta Ley, tanto para la fusión como para la escisión, se aplicarán las normas previstas en la Ley de compañías.

Cuando una empresa pública haya dejado de cumplir los fines u objetivos para los que fue creada o su funcionamiento ya no resulte conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público y siempre que no fuese posible su fusión, el ministerio o institución rectora del área de acción de la empresa pública o la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado propondrá al Directorio de la empresa su liquidación o extinción, aplicando para el efecto lo previsto en el artículo anterior.

Para la extinción de una empresa pública se deberén observar las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo el decreto ejecutivo, norma regional u ordenanza respectiva fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.

Durante la liquidación el o los administradores están prohibidos de hacer nuevas operaciones relativas al objeto de la empresa. Si lo hicieren serán personal y solidariamente responsables frente a la empresa y a terceros conjuntamente con quienes ordenaren u obtuvieren provecho de tales operaciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar.

Mientras no se nombre el liquidador continuarán encargados de la administración quienes hubieran venido desempeñando esa función, pero sus facultades quedan limitadas a:

1. Representar a la Empresa para el cumplimiento de los fines indicados;

2. Realizar las operaciones que se hallen pendientes;

3. Cobrar los créditos; y,

4. Extinguir las obligaciones anteriormente contraídas.

En los casos de extinción de la empresa pública su Directorio designará el liquidador.

No podrán ser liquidadores de una empresa pública quienes no tienen capacidad civil, ni sus acreedores o deudores, ni sus administradores cuando la liquidación de la empresa haya sido consecuencia de su negligencia o dolo.

Incumbe al liquidador de una empresa pública:

1. Representar a la empresa pública, legal, judicial y extrajudicialmente, para los fines de la liquidación;

2. Suscribir conjuntamente con el o los administradores el inventario y el balance inicial de liquidación de la empresa, al tiempo de comenzar sus labores;

3. Realizar las operaciones empresariales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la empresa;

4. Recibir, llevar y custodiar los libros y correspondencia de la empresa pública y velar por la integridad de su patrimonio;

5. Solicitar al Superintendente de Bancos la disposición de que los bancos y entidades financieras sujetos a su control no hagan operaciones o contrato alguno, ni los primeros paguen cheques girados contra las cuentas de la empresa en liquidación si no llevan la firma del liquidador, que para el efecto será registrada en dichas instituciones;

6. Exigir las cuentas de la administración al o a los representantes legales y a cualquier otra persona que haya manejado intereses de la empresa;

7. Cobrar y percibir el importe de los créditos de la empresa, otorgando los correspondientes recibos o finiquitos;

8. Concertar transacciones o celebrar convenios con los acreedores y someter a la empresa a procedimientos alternativos para la solución de conflictos, cuando así convenga a los intereses empresariales;

9. Pagar a los acreedores; y,

10. Rendir, al final de la liquidación, cuenta detallada de su administración al Directorio de la Empresa.

El liquidador es responsable de cualquier perjuicio que, por fraude o negligencia en el desempeño de sus labores o por abuso de los bienes o efectos de la empresa pública, resultare para el patrimonio de la empresa o para terceros.

En el caso de omisión, negligencia o dolo, el liquidador será sustituído y responderá personal y solidariamente por el pago de daños y perjuicios causados, con independencia de la respectiva acción penal a que hubiere lugar.

Las labores del liquidador terminan por:

1. Haber concluido la liquidación;

2. Renuncia;

3. Sustitución o cambio;

4. Inhabilidad o incapacidad sobreviniente; y,

5. Muerte.

El liquidador puede ser cambiado o sustituído por decisión motivada del Directorio de la Empresa en liquidación, sin que dicha situación de lugar al pago de indemnización alguna.

Liquidada la empresa pública y cubiertos todos los pasivos, el remanente de activos pasará a propiedad del ministerio o institución rectora del área de acción de la empresa pública o del gobierno autónomo descentralizado que la hubiere creado.

El gobierno nacional, a nombre del Estado ecuatoriano, podrá otorgar garantía a las entidades del sector público que forman parte del régimen seccional autónomo que contraten créditos externos provenientes exclusivamente de gobierno a gobierno o de organismos multilaterales de crédito, sólo para financiar obras de infraestructura básica y siempre que se compruebe la capacidad de pago de la entidad que solicite la garantía y se verifique el cumplimiento de los requisitos para el endeudamiento previstos en esta Ley. Además deberén establecerse e instrumentarse los mecanismos necesarios para la restitución de los valores que el gobierno central pudiera llegar a tener que pagar en los casos de incumplimiento.

El gobierno central ejecutará mediante convenio las inversiones necesarias, acordes con las prioridades establecidas en los gobiernos seccionales autónomos y/o entidades de desarrollo en sus circunscripciones, exclusivamente en los casos en que aquellos no sean sujetos de crédito por falta de capacidad de pago o de gestión, debidamente justificada, no atribuible a sobreendeudamiento o incumplimiento del plan de reducción de deuda.

De igual manera procederá el gobierno central cuando, a su criterio, sea conveniente ejecutar con el aporte económico conjunto de los gobiernos seccionales obras que requieran de la coparticipación financiera estatal en razón de la existencia de necesidades básicas insatisfechas de su población integrada, en gran medida, por una elevada migración interna.

Así mismo, el gobierno nacional, a nombre del Estado ecuatoriano, podrá otorgar garantía para financiar proyectos de inversión de las empresas públicas y/o de sus subsidiarias o filiales para lo cual se deberá contar con la aprobación de su Directorio y con el informe favorable del comité de deuda y financiamiento, de conformidad con la Ley.

En ningún caso se otorgarán garantías para la obtención de créditos a corto plazo.".

1.6.2. A continuación del artículo 9 de la Codificación a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, agréguese los siguientes artículos innumerados:

Artículo (...).

En ningún caso el gobierno central podrá otorgar garantías a las entidades públicas y empresas o personas jurídicas señaladas en el artículo anterior, que hayan incurrido en mora en el pago de obligaciones de crédito externo, cuenten o no éstas con la garantía del Estado ecuatoriano, o que se hallen en mora por falta de pago de deudas que mantengan con la República del Ecuador.

Artículo (....).

Las empresas públicas y/o sus subsidiarias o filiales, podrán adoptar los mecanismos de financiamiento que estimen pertinentes para cumplir sus fines y objetivos empresariales, tales como el uso eficiente de los recursos, la calidad de los servicios, los niveles de producción e inversión y otros emprendimientos. En consecuencia, tienen posibilidad de acceder a mercados financieros, a través de emisión de obligaciones, titularizaciones, contratación de créditos, beneficio de garantía soberana, posibilidad de inyección directa de recursos estatales, reinversión de recursos propios de la empresa para las subsidiarias y filiales, o en general para emprendimientos subsidiarios, capacidad de créditos nacionales o internacionales, entre otros. Para el efecto se requerirá la resolución favorable del Directorio de la respectiva empresa; y el cumplimiento de los requisitos previstos en esta y otras leyes, en función de la naturaleza del financiamiento al que se acceda.

1.6.3. Al final del artículo 13 de la Codificación de la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, sustitúyase el punto (.); por un punto y coma (;) e inclúyase a continuación el siguiente párrafo:

"salvo el caso de que dichas inversiones se realicen en empresas públicas y/o en sus subsidiarias, o filiales; en cuyo caso las inversiones pueden provenir de transferencias o de la asunción directa o indirecta de pasivos por parte del gobierno central o del gobierno seccional.".

1.7. LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

1.7.1. Sustitúyase el número 8 del Art. 2, por el siguiente:

"8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre sé, o aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sé.

También los contratos que celebren las entidades del sector público o empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público, o sus subsidiarias, con empresas en las que los Estados de la Comunidad Internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus subsidiarias.

El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del negocio; en cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto en esta Ley.

La determinación de giro específico y común le corresponderá al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación pública.

2. DEROGATORIAS.

   2.1. Deróganse todas las disposiciones legales y demás normas que se opongan a esta Ley; en particular:

   2.1.1. La Ley Especial de Petroecuador y sus empresas filiales, expedida como Ley 45 en el Registro Oficial No. 283 de 26 de septiembre de 1989 y sus reformas.

   2.1.2. La Ley de creación del Fondo de Solidaridad, publicada como Codificación 1 en el Registro Oficial No. 529 de 22 de febrero de 2005 y sus reformas.

   2.1.3. La Ley de creación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado creada mediante Decreto Legislativo 1, publicada en el Registro Oficial 973 de 26 de noviembre de 1951 y sus reformas.

   2.1.4. La Ley de creación de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos creada como Ley No. 10 y publicada en el Registro Oficial No. 105 de 16 de septiembre de 2005 y sus reformas.

   2.1.5. Deróganse los artículos 177, 178 y 179 de la Ley Orgánica de régimen Municipal.

   2.1.6. derógase la expresión "a través del Fondo de Solidaridad" constante en el apartado cuarto del artículo 62 de la Ley de régimen del Sector eléctrico.

   TERCERA.

   Las disposiciones de la presente Ley, por su carácter de orgánicas prevalecerán sobre las demás que se le opongan y entrarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

   Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil nueve.

   Fernando Cordero Cueva, Presidente de la comisión Legislativa y de Fiscalización.

   Dr. Francisco Vergara O., Secretario de la comisión Legislativa y de Fiscalización.

   PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

   Oficio No. T.3951-SGJ-09-1990

   Quito, agosto 26, 2009.

   Señor Arquitecto Don

   Fernando Cordero Cueva

   Presidente

   Asamblea Nacional

   En su despacho.

   De mi consideración:

   Me refiero a su oficio No. PCLF-FC-09-765 del 27 de julio de 2009, en virtud del cual pone en mi conocimiento que la comisión Legislativa y de Fiscalización discutió y aprobó el proyecto de "Ley Orgánica de Empresas públicas".

   Al respecto, y pese a existir, en general, conformidad con el proyecto de ley remitido por la comisión, se ha considerado necesario efectuar ciertas modificaciones de carácter técnico-jurídico, por lo que, de conformidad con la facultad prevista en los artículos 138 de la Constitución de la República, y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento a usted mi OBJECION PARCIAL al referido proyecto, la misma que fundamento en los siguientes términos:

1. - Con la finalidad de evitar eventuales interpretaciones erradas, se ha considerado pertinente aclarar en el número 3 del Art. 5 del proyecto de Ley que la creación de empresas públicas que se constituyeren entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados requieran, por una parte, el decreto ejecutivo, y por otra, la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado, ya que la expresión "normas legalmente expedidas" podráa generar ambigüedades.

   En tal sentido, la propuesta de texto alternativo del número 3 del Art. 5 es la siguiente:

   "ARTICULO 5.- CONSTITUCION Y JURISDICCION.- La creación de empresas públicas se hará:

   (...)

3. - Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado, en su caso. (...)".

2. - En el Art. 17 se ha considerado conveniente eliminar el último inciso, ya que el cuarto inciso es aplicable para todas las Empresas públicas, incluyendo a las de coordinación a las que se refiere el Art. 5 del proyecto de Ley. Además se insiste en la importancia del control posterior (ex post) que efectuaráa el Ministerio de Relaciones Laborales (que ha asumido en la actualidad las competencias de la secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector público, SENRES), a través de firmas externas especializadas, respecto de la administración del recurso humano y de las remuneraciones, tal como se propuso en el proyecto remitido originalmente a la entonces comisión Legislativa y de Fiscalización.

   En tal virtud, la propuesta de texto alternativo del Art. 17 es la siguiente:

   "Art. 17.- NOMBRAMIENTO, CONTRATACION Y OPTIMIZACION DEL TALENTO HUMANO.- La designación y contratación de personal de las empresas públicas se realizará a través de procesos de selección que atiendan los requerimientos empresariales de cada cargo y conforme a los principios y políticas establecidas en esta Ley, la Codificación del Código del Trabajo y las leyes que regulan la administración pública. Para los casos de directivos, asesores y demás personal de libre designación, se aplicarán las resoluciones del Directorio.

   El Directorio, en aplicación de lo dispuesto por esta Ley, expedirá las normas internas de administración del talento humano, en las que se regularán los mecanismos de ingreso, ascenso, promoción, régimen disciplinario, vacaciones y remuneraciones para el talento humano de las empresas públicas.

   Por lo menos un cuatro por ciento del talento humano de las empresas públicas deberá ser personal con capacidades especiales acreditado por el Consejo Nacional de Discapacidades.

   La autoridad nominadora previo informe motivado podrá realizar los cambios administrativos del personal dentro de una misma jurisdicción cantonal, conservando su nivel, remuneración y estabilidad. De tratarse de cambios administrativos a jurisdicciones distintas de la cantonal, se requerirá consentimiento expreso del obrero o servidor.

   En las empresas públicas se incorporará preferentemente a personal nacional para su desempeño en las áreas técnicas y administrativas.

   El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de firmas externas especializadas realizará el control posterior (ex post) de la administración del recurso humano y remuneraciones, conforme a las normas y principios previstos en esta Ley y las demás normas que regulan la administración pública. El informe de dicha firma será puesto en conocimiento del Directorio, para que éste disponga las medidas correctivas que sean necesarias, de ser el caso.".

3. - El Art. 18 del proyecto contiene la clasificación de los servidores de la empresa pública, en la que constan Servidores públicos de Libre Designación y Remoción, Servidores públicos de Carrera y Obreros. Sin embargo, es necesario incluir en el texto de dicho artículo que los servidores de las empresas públicas deben sujetarse también a las leyes que regulan la administración pública y, además, incluir dentro de los Servidores públicos de Carrera a los profesionales y a quienes ejercen funciones de (sic) jefatura.

   Por tanto, el texto alternativo que se propone es el siguiente:

   "Art. 18.- NATURALEZA JURIDICA DE LA RELACION CON EL TALENTO HUMANO.- serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de las empresas públicas.

   La prestación de servicios del talento humano de las empresas públicas se someterá de forma exclusiva a las normas contenidas en esta Ley, a las leyes que regulan la administración pública ya la Codificación del Código del Trabajo, en aplicación de la siguiente clasificación:

   1. Servidores públicos de Libre Designación y Remoción.- Aquellos que ejerzan funciones de dirección, representación, asesoría y en general funciones de confianza;

   2. Servidores públicos de Carrera.- Personal que ejerce funciones administrativas, profesionales, de jefatura, técnicas en sus distintas especialidades y operativas, que no son de libre designación y remoción que integran los niveles estructurales de cada empresa pública; y,

   3. Obreros.- Aquellos definidos como tales por la autoridad competente, aplicando parámetros objetivos y de clasificación técnica, que incluirá dentro de este personal a los cargos de trabajadoras y trabajadores que de manera directa formen parte de los procesos operativos, productivos y de especialización industrial de cada empresa pública.

   Las normas relativas a la prestación de servicios contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren.".

4. - En el Art. 23 del proyecto remitido por la comisión se ha establecido un pago por retiro voluntario de un monto de siete salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un máximo de doscientos diez salarios. Sin embargo, considero que el monto no debe ser establecido en forma fija para todas las Empresas públicas por igual, dada la variedad de Empresas y de servicios que prestan, sino que debe ser meramente un límite máximo hasta el cual se puede pagar la referida indemnización, conforme establece el Mandato Constituyente No. 2; por lo cual, se propone como texto alternativo del Art. 23, el siguiente:

   "Art. 23.- RETIRO VOLUNTARIO.- Los servidores u obreros de las empresas públicas que terminen la relación laboral por retiro voluntario, recibirán el pago de un monto de hasta siete salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, y hasta un máximo de 210 salarios mánimos básicos unificados del trabajador privado. El Reglamento General de esta Ley establecerá los requisitos para los programas de retiro voluntario.

5. - En el segundo inciso del Art. 36 del proyecto es necesario aclarar que las Empresas públicas pueden asociarse también con compañías en las que otros Estados sean accionistas mayoritarios indirectamente.

   Por otra parte, debido a que el Directorio de la empresa es quien tiene la atribución para autorizar las inversiones, inclusive en el exterior, deberéa eliminarse en el último inciso del Art. 36 la parte en la que se señala que será el Presidente de la República quien conceda tal autorización.

   También considero que la obtención de financiamiento internacional debe efectuarse por concurso público y no directamente.

   Por lo tanto el texto alternativo propuesto es el siguiente:

   "Art. 36.- INVERSIONES EN OTROS EMPRENDIMIENTOS.- Para ampliar sus actividades, acceder a tecnologías avanzadas y alcanzar las metas de productividad y eficiencia en todos los ámbitos de sus actividades, las empresas públicas gozarán de capacidad asociativa, entendida ésta como la facultad empresarial para asociarse en consorcios, alianzas estratégicas, conformar empresas de economía mixta en asocio con empresas privadas o públicas, nacionales o extranjeras, constituir subsidiarias, adquirir acciones y/o participaciones en empresas nacionales y extranjeras y en general optar por cualquier otra figura asociativa que se considere pertinente conforme a lo dispuesto en los artículos 315 y 316 de la Constitución de la República.

   Las empresas públicas ecuatorianas podrán asociarse con empresas estatales de otros países, con compañías en las que otros Estados sean directa o indirectamente accionistas mayoritarios. En todos estos casos se requerirá que el Estado ecuatoriano o sus instituciones hayan suscrito convenios de acuerdo o cooperación, memorandos o cartas de intención o entendimiento.

   En general los acuerdos asociativos e inversiones previstas en el inciso anterior deberén ser aprobados mediante resolución del Directorio en función de los justificativos técnicos, económicos y empresariales presentados mediante informe motivado y no requerirán de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio para perfeccionar la asociación o inversiones, respectivamente.

   Las inversiones financieras y en los emprendimientos en el exterior serán autorizadas por el respectivo Directorio de la Empresa pública.".

6. - Debido a la cantidad de información correspondiente a trámites y petitorios de los usuarios, no seráa funcional que cada empresa está obligada a la divulgación inmediata de la misma, y con el detalle que exige el Art. 45 del proyecto. Si bien es importante que el usuario o consumidor conozca dicha información, las Empresas públicas deberéan poder implementar progresivamente en sus sitios web las herramientas necesarias para ello.

   En tal sentido, la propuesta alternativa al Art. 45 del proyecto es la siguiente:

   "Art. 45.- SISTEMAS DE INFORMACION.- Las empresas públicas deberén divulgar en sus sitios Web, entre otros aspectos: la información financiera y contable del ejercicio fiscal anterior; la información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la empresa; el informe de rendición de cuentas de los administradores; los estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales; sus reglamentos internos; y, de ser posible, el estado o secuencia de los trámites o petitorios que hagan los usuarios o consumidores; así como información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o por servicios. también publicarán la información sobre los procesos de contratación que realicen, de conformidad con las disposiciones que para el efecto contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública y demás normas especiales.".

7. - En el Art. 47 del proyecto es importante establecer claramente que los controles a los que se someterán las Empresas públicas deben ser realizados de conformidad con la propia Ley de Empresas públicas, debido a la naturaleza de las mismas.

   La propia naturaleza de la empresa pública es incompatible con la auditoría de gestión, ya que estas empresas no tienen fin de lucro y, por lo tanto, la gestión no necesariamente va encomendada a la utilidad capitalista sino principalmente a la rentabilidad social.

   En ocasiones anteriores la contraloría, a base de la auditoría de gestión, ha cuestionado las propias políticas de las empresas del Estado (como puede ser atender zonas alejadas del centro urbano), lo cual es potestad de la autoridad nominadora y no del Organismo de Control.

   En tal sentido, se propone el siguiente texto alternativo al Art. 47 del Proyecto de ley:

   "Art. 47.- CONTROL Y AUDITORIA.- Las empresas públicas estarán sujetas a los siguientes controles:

1. - A la contraloría General del Estado de conformidad con el artículo 211 de la Constitución, y esta Ley;

2. - A la Unidad de auditoría Interna de la empresa pública, que ejecutará auditorías y exámenes especiales, de conformidad con lo establecido en esta Ley; y,

3. - Al Consejo de Participación Ciudadana, en los términos en que su Ley Orgánica lo señale.

   La contraloría General del Estado dirigirá el sistema de Control Administrativo en las empresas públicas, que se compone de los Sistemas de Control Externo e Interno establecidos en esta Ley.

   La contraloría General realizará el Control Externo mediante auditoría financiera a través de empresas especializadas en cada industria o sector, calificadas para el efecto. La contraloría determinará el proceso de selección de las firmas especializadas.

   La auditoría Financiera informará respecto a un Período determinado, sobre la racionabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de una empresa pública y el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables; concluirá con la elaboración de un informe profesional de auditoría, en el que se incluirán las opiniones correspondientes.

   La empresa pública contará con una unidad de auditoría interna de conformidad con la Ley Orgánica de la contraloría General del Estado, encargada de realizar el control previo y concurrente.

   La auditoría externa o interna, no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias.".

8. - En el país se han dado no pocos casos en que contratistas de empresas del Estado que son sujetos de glosas en firme impuestas por la contraloría General del Estado han continuado recibiendo pagos de dichas empresas del sector público por otros contratos, beneficióndose de ello y, sin embargo, manteniendo sus obligaciones pendientes para con el Estado.

   En tal sentido, y para evitar tal injusticia, y para garantizar el cumplimiento del pago al Estado de las obligaciones emanadas de las glosas en firme, y evitar todo perjuicio a las empresas públicas, considero adecuado que se incluya en la Disposición General Cuarta una disposición por la cual la empresa pública deba suspender los pagos a sus acreedores sujetos de glosas en firme impuestas por la contraloría General del Estado, hasta el valor de la glosa, sin perjuicio del ejercicio de la jurisdicción coactiva que le concede la referida Disposición General Cuarta.

   Por tanto, la propuesta de texto alternativo es la siguiente:

   "CUARTA: JURISDICCION COACTIVA.- Las empresas públicas, para la recaudación de los valores adeudados por sus clientes, usuarios o consumidores, gozan de jurisdicción coactiva, que se la ejercerá de conformidad con la reglamentación interna de la empresa pública y demás normativa conexa.

   Todas las empresas públicas suspenderán los pagos a quienes la contraloría General del Estado haya establecido glosas de responsabilidad civil culposa que se hayan confirmado en sede administrativa, por cualquier causa y respecto de cualquier empresa pública o entidad del Estado, sin perjuicio del posterior ejercicio de la jurisdicción coactiva señalada en esta Ley.

   La suspensión de pagos antes referida se efectuará hasta el monto de la glosa y servirá para garantizar su pago y no se cancelará por la presentación del juicio de excepción a la coactiva.".

9. - En el primer inciso de la Disposición Transitoria Primera, se ha incurrido en un error en la denominación de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE), a la que se ha llamado ENFE, y a la Empresa Estatal Petréleos del Ecuador se la ha denominado simplemente con su acránimo: Petroecuador.

   Por otro lado, la Disposición Transitoria Primera marca el inicio de las disposiciones del proyecto de Ley correspondientes a la conversión de las empresas del sector público existentes, en Empresas públicas.

   No obstante, entre tales disposiciones no se han considerado los siguientes antecedentes relacionados con un sector empresarial en el cual el Estado es actual participante, y que también se deberéa someter a la Ley, de expedirse la misma tal y como está planteada:

   1. En virtud de la resolución AGD-UIO-GG-2008-12 del 8 de julio de 2008, la Agencia de garantía de depósitos (AGD) dispuso la incautación y prohibición de enajenar de todos los bienes de propiedad de quienes fueron administradores y accionistas de Filanbanco S.A. hasta el 2 de diciembre de 1998;

   2. Dentro de los respectivos expedientes de incautación, y luego de los debidos procesos, a la AGD ha venido resolviendo sobre la propiedad de dichos bienes y sobre su traspaso a los recursos de la AGD, cuando ha sido el caso;

   3. Sin embargo, al ser la AGD una entidad de derecho público que pasí a ser única accionista de varias empresas privadas, surge la cuestión de si tales empresas deberéan regirse por la ley Orgánica de Empresas públicas una vez que sea promulgada; y,

   4. Puesto que considero que en virtud del tipo de empresas incautadas no seráa adecuado que se deban transformar en empresas públicas, proponemos excluirlas del régimen de Empresas públicas, para evitar tener posteriores inconvenientes respecto del destino que se les vaya a dar a tales sociedades.

   En consecuencia, la propuesta de texto alternativo para la Disposición Transitoria Primera es la siguiente:

   PRIMERA.

   EMPRESAS PUBLICAS O ESTATALES EXISTENTES:

   Las empresas públicas o estatales existentes, tales como Empresa Estatal Petréleos del Ecuador, PETROECUADOR; Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE); Correos del Ecuador; las empresas municipales, entre otras, para seguir operando adecuarán su organización y funcionamiento a las normas previstas en esta Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días contados a partir de su expedición, sin que en el proceso de transición se interrumpa o limite su capacidad administrativa y operativa; para cuyo efecto, una vez que la Presidenta o Presidente de la República o la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, según sea el caso, emita el decreto ejecutivo, la norma regional u ordenanza de creación de la o las nuevas empresas públicas, aquellas dejarán de existir y transferirán su patrimonio a la o las nuevas empresas públicas que se creen.

   Transcurrido el plazo señalado en el inciso primero de esta disposición transitoria, quedarán derogadas de forma expresa todas las normas que contengan disposiciones de creación o regulación de las empresas a las que se refiere esta Ley señaladas en el indicado inciso y de todas las demás empresas que tengan carácter o naturaleza pública o estatal, en cuanto al régimen aplicable a la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación de dichas empresas.

   El personal que actualmente trabaja en las empresas públicas o estatales existentes continuará prestando sus servicios en las empresas públicas creadas en su lugar, de conformidad con su objeto, bajo los parámetros y lineamientos establecidos en esta Ley, no se someterán a periodos de prueba. En consecuencia el régimen de transición previsto en estas disposiciones, incluidas las fusiones, escisiones y transformaciones no conllevan cambio de empleador ni constituyen despido intempestivo. En caso de jubilación, desahucio o despido intempestivo, se tomarán en cuenta los años de servicio que fueron prestados en la empresa extinguida y cuya transformación ha operado por efecto de esta ley, sumados al tiempo de servicio en la nueva empresa pública creada, con los límites previstos en esta Ley.

   Las sociedades o empresas incautadas por la Agencia de garantía de depósitos (AGD) y declaradas recursos de dicha Agencia no se someterán a las disposiciones de la presente Ley.".

10. - La Disposición Transitoria Tercera del proyecto de Ley tiene como objetivo principal definir aquellas empresas que por su vinculación con la defensa nacional deben permanecer bajo el control de las Fuerzas Armadas, por consideraciones de orden técnico-estratégico para la defensa nacional y seguridad del Estado.

    Es evidente entonces que para que ello ocurra, es necesario que el Directorio de estas empresas tenga una composición que garantice efectivamente el control referido y la participación de las Fuerzas Armadas en la industria de la defensa, según lo dispone el Art. 162 de la Constitución de la República.

    Por tanto, se propone como texto alternativo el siguiente:

    añádase en el cuarto inciso de la Disposición Transitoria Tercera del proyecto de Ley, luego de la frase: "solo podrán participar en actividades relacionadas con la defensa nacional", la siguiente frase:

    "; para viabilizar tal participación, los Directorios de las empresas que permanezcan bajo el control de las Fuerzas Armadas, se conformarán, a más de los miembros previstos en el Art. 7 de la Ley, por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y por el Comandante General de la Fuerza más antiguo correspondiente o sus delegados. Las decisiones de los Directorios sobre aspectos sustantivos inherentes a las citadas empresas, tales como su disolución o liquidación, se adoptarán por unanimidad.".

11. - En el acápite 1.1.2 de la Disposición Final Segunda del proyecto, que contiene las reformas a la Ley de régimen Tributario Interno, habráan quedado rezagos de referencias a empresas del sector público sujetas al pago de impuesto a la renta, por lo que, para evitar equívocos seráa conveniente eliminar dichas referencias a través de una redacción más precisa de los acápites 1.1.2.1, 1.1.2.2 y 1.1.2.3, que reforman al numeral 2 del Art. 9, al numeral 2 del Art. 41 y a la letra a) del numeral 2 del Art. 41 de la referida ley tributaria, respectivamente.

    Por otro lado, en el acápite 1.1.2.12, con el que se reforma el Art. 73 de la Ley de régimen Tributario, seráa pertinente señalar que la devolución del IVA a las entidades y empresas públicas se efectuará en el plazo y en la forma que determine el Servicio de Rentas Internas mediante Resolución.

    En tal sentido, la propuesta de texto alternativo para las disposiciones pertinentes contenidas en el acápite 1.1.2 de la Disposición Final Segunda es la siguiente:

    "1.1.2.1. sustitúyase el numeral 2 del Artículo 9 de la Ley de régimen Tributario Interno, por el siguiente:

    "2.- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas públicas".

    1.1.2.2. En el numeral 2 del Artículo 41 de la Ley de régimen Tributario Interno, elimínese la frase: "y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta".

    1.1.2.3. En el literal a) del numeral 2 del Artículo 41 de la Ley de régimen Tributario Interno, eliminar la frase: "y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta".

    1.1.2.12 A continuación del artículo 73 de la Ley de régimen Tributario Interno, agréguese el siguiente innumerado:

    "Art. (...).- Reintegro del IVA a entidades y empresas públicas.- El Impuesto al Valor Agregado pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectúen las entidades y organismos del sector público y empresas públicas, les será reintegrado en el plazo y forma determinados por el Servicio de Rentas Internas mediante Resolución. El Ministerio de Finanzas realizará la acreditación en la cuenta correspondiente, pudiendo proveer los fondos al Servicio de Rentas Internas para que realice tal acreditación.".

12. - En la Disposición Final Segunda, denominada "Reformas y Derogatorias", número 1, acápite 1.6.1, debe efectuarse una corrección de forma en el primer inciso, respecto de la denominación de la Ley que se reforma.

    Por otro lado, en el penúltimo inciso de la misma norma consideramos innecesario incluir al organismo nacional de planificación para que rinda informe favorable sobre el otorgamiento de garantías estatales para el financiamiento de proyectos de inversión de empresas públicas, ya que dentro del comité de deuda y financiamiento participa también el organismo de planificación.

    En tal sentido, la propuesta de texto alternativo correspondiente al acápite 1.6.1., del número 1, de la Disposición Final Segunda del proyecto de ley (sic) es la siguiente:

    "1.6.1. sustitúyase el Art. 9 de la Codificación a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, por el siguiente:

El gobierno nacional, a nombre del Estado ecuatoriano, podrá otorgar garantía a las entidades del sector público que forman parte del régimen seccional autónomo que contraten créditos externos provenientes exclusivamente de gobierno a gobierno o de organismos multilaterales de crédito, sólo para financiar obras de infraestructura básica y siempre que se compruebe la capacidad de pago de la entidad que solicite la garantía y se verifique el cumplimiento de los requisitos para el endeudamiento previstos en esta Ley. Además deberén establecerse e instrumentarse los mecanismos necesarios para la restitución de los valores que el gobierno central pudiera llegar a tener que pagar en los casos de incumplimiento.

El gobierno central ejecutará mediante convenio las inversiones necesarias, acordes con las prioridades establecidas en los gobiernos seccionales autónomos y/o entidades de desarrollo en sus circunscripciones, exclusivamente en los casos en que aquellos no sean sujetos de crédito por falta de capacidad de pago o de gestión, debidamente justificada, no atribuible a sobreendeudamiento o incumplimiento del plan de reducción de deuda.

De igual manera procederá el gobierno central cuando, a su criterio, sea conveniente ejecutar con el aporte económico conjunto de los gobiernos seccionales obras que requieran de la coparticipación financiera estatal en razón de la existencia de necesidades básicas insatisfechas de su población integrada, en gran medida, por una elevada migración interna.

Así mismo, el gobierno nacional, a nombre del Estado ecuatoriano, podrá otorgar garantía para financiar proyectos de inversión de las empresas públicas y/o de sus subsidiarias o filiales para lo cual se deberá contar con la aprobación de su Directorio y con el informe favorable del comité de deuda y financiamiento, de conformidad con la Ley.

En ningún caso se otorgarán garantías para la obtención de créditos a corto plazo.".

13. - En la Disposición Final Segunda, se ha considerado pertinente agregar una disposición reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública, con la finalidad de armonizar las disposiciones de esta Ley, con las del proyecto de Ley Orgánica de Empresas públicas, respecto de la contratación de las empresas públicas.

En tal sentido, y debido a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública no contiene en las disposiciones pertinentes regulaciones para las empresas públicas como tales, el texto alternativo que se propone para la reforma del Art. 2. número 8, de la referida Ley, que se incluiráa como acápite 1.7 en el proyecto de Ley Orgánica de Empresas públicas, es el siguiente:

"1.7 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

1.7.1 sustitúyase el número 8 del Art. 2, por el siguiente:

"8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre sé, o aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sé.

También los contratos que celebren las entidades del sector público o empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público, o sus subsidiarias, con empresas en las que los Estados de la Comunidad Internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus subsidiarias.

El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del negocio; en cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto en esta Ley.

La determinación de giro específico y común le corresponderá al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación pública.".

En virtud de la presente objeción parcial, devuelvo el auténtico del proyecto de Ley Orgánica de Empresas públicas, para el trámite pertinente.

Atentamente.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.