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• Editorial
• ¿Cómo puede contribuir la contratación pública ecológica a la sostenibilidad social?

  Ya se ha escrito mucho sobre las políticas secundarias, luego promovidas a horizontales y ahora casi a la par con el objetivo primario de la contratación pública: la competencia. Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia europea, seguida por las directivas de contratación pública, siempre ha limitado el uso de la contratación pública como vehículo para la promoción de políticas medioambientales, sociales y de desarrollo sostenible, lo que recientemente se ha acentuado con la transición de la economía lineal a la economía circular. Por razones vinculadas al carácter transversal de las políticas medioambientales y a la conexión económica nacional de las políticas sociales, las primeras se prestan más a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En consecuencia, la promoción del impacto social de la contratación pública suele limitarse a las materias en las que la Unión Europea realmente legisla: el ámbito laboral. O a las dimensiones más primarias de la constitucionalidad asociadas al principio de igualdad y a los derechos humanos. Por ello, la reflexión pretende ir un paso más allá de lo que la jurisprudencia y las directivas europeas consagran y reconocen, planteándonos si las políticas medioambientales no podrían contribuir también a la sostenibilidad social. Intentaremos lograrlo presentando ejemplos prácticos. Los casos presentados, como método, pretenden ser una “prueba de concepto”.

• Contratación pública sostenible: entre el derecho europeo y el nuevo código italiano

  Actualmente, la elección de ingresar al mercado del desarrollo sostenible es un proceso común que conecta a países con diferentes estilos de vida económicos, culturales y tradicionales de Oriente a Occidente, aunque con diferentes resultados. La Unión Europea (UE) ha incorporado los objetivos de sostenibilidad a sus políticas, estrategias y reglas en materia de contratación pública. En este contexto, el modelo italiano se caracteriza por el valor innovador de las soluciones adoptadas en materia de contratos verdes y socialmente sostenibles, soluciones hacia las que ahora también tiende el legislador de la UE. El principio de “no causar un perjuicio significativo” —también conocido como principio DNSH (del inglés Do No Signifcant Harm)— se encuentra entre los instrumentos más prometedores para el desarrollo de contratos públicos a favor de los objetivos de descarbonización y, más en general, de la transición verde. Todas las innovaciones descritas permiten captar una evolución del sistema europeo de contratos públicos, cuya connotación económica inicial adquiere un papel instrumental para la consecución de los objetivos del pilar social europeo y de la transición ecológica.

• El círculo virtuoso de la compra pública

  Tradicionalmente, la compra pública se concebía simplemente como un medio para que los Estados adquirieran bienes y servicios, con el precio como único criterio de efciencia. No se otorgaba relevancia a otros factores como la calidad o el impacto social. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esta visión ha cambiado debido a transformaciones sociales, económicas, climáticas y culturales. Actualmente, se promueven diversas políticas públicas que han dado lugar a nuevos enfoques en la contratación pública, tales como la compra pública estratégica, las compras verdes, las compras públicas sostenibles y el concepto de “valor por dinero”. Estas nuevas formas de contratación no solo buscan obtener bienes y servicios a precios justos, sino también generar un impacto positivo en el entorno social, ambiental y económico. En este artículo se estudia cómo el desarrollo de la compra pública con valor social incluye criterios como el fomento de pequeñas empresas, la equidad de género, la sustentabilidad y la inclusión social. Así, la contratación pública se convierte en una herramienta para impulsar objetivos más amplios, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la creación de un mercado más inclusivo y responsable. Esto marca una nueva era en la que la contratación pública busca cumplir con fines sociales y ambientales, más allá de lo meramente económico.

• Bases para la construcción de un sistema de compra pública participativa

  La Compra Pública Participativa (en adelante, CPP) es una estrategia regulatoria del Estado que busca promover la inclusión, la equidad y el diálogo social al acercar a ciertas comunidades o personas de bajos recursos que históricamente fueron excluidas de este mercado. Tiene como propósitos generar espacios de participación social, democratizar el ingreso, resaltar el rol de ciertos sujetos de especial protección constitucional, derribar desigualdades, generar sentido de responsabilidad en la ejecución de los recursos públicos y aportar en la construcción de país. Este artículo tiene como propósito estudiar la CPP como estrategia reguladora de la compra pública, que surge como uno de los diversos escenarios de la democracia participativa, por lo que no es una política reciente sino en constante construcción. En tal sentido, se realizará un análisis de los mecanismos de CPP con los que en Colombia se ha re?ejado la democracia participativa en este escenario. También se mostrarán los esfuerzos de otros países de la región para fomentar la inclusión en el mercado de compra pública, para mostrar que se trata de herramientas aisladas y poco sistematizadas con tenues efectos. En todo caso se deberán tener en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE para lograr un mejor diseño e implementación de instrumentos de CPP.

• Las mujeres y la compra pública: una mirada al procedimiento de feria inclusiva

  Las compras públicas con enfoque de género se han constituido como una herramienta para contribuir a la reducción de brechas laborales y al empoderamiento económico de las mujeres, generando impactos positivos. En 2022, el órgano rector de la contratación pública ecuatoriana publicó el primer estudio con enfoque de género, revelando que las mujeres participan solo del 18,29% de los recursos adjudicados en el mercado público. Por ello, resulta indispensable analizar el único procedimiento que explícitamente incluía un elemento relacionado con la igualdad de género: la Feria Inclusiva. A través de la doctrina y complementándose con un análisis estadístico del período 2018-2021, esta investigación analiza la participación de las mujeres en el procedimiento de Feria Inclusiva y sus principales características ligadas a la igualdad de género como criterio de evaluación. Los principales hallazgos sugieren que las brechas de género respecto a cargos directivos, montos y volumen de contratos públicos son menores que la tendencia global de la compra pública ecuatoriana; sin embargo, no se debería a la aplicación del parámetro de igualdad de género, sino sería un efecto colateral de la reserva de mercado aplicada a las empresas más pequeñas del tejido empresarial. También se evidencia la reducida incidencia del parámetro de igualdad en la adjudicación de contratos.

• La contratación pública y la economía social y solidaria en Ecuador

  El presente estudio analiza de qué manera la Economía Social y Solidaria (ESS) en Ecuador encuentra en la contratación pública un aliado estratégico para su desarrollo. Este artículo explora la relación entre la ESS y la contratación pública en Ecuador, analizando especialmente cómo la adquisición de bienes y servicios a organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) puede contribuir a fortalecer el tejido productivo local, promover la equidad y la justicia social. El presente estudio analiza la labor trascendental de la contratación pública en Ecuador para impulsar la ESS utilizando una metodología que incluye un análisis exhaustivo de políticas públicas, legislación vigente y estudios de caso. Se examinaron los avances normativos que reconocen a la ESS como un pilar fundamental del sistema económico ecuatoriano, así como los desafíos que enfrenta su implementación efectiva. Asimismo, se presentan casos prácticos que ilustran el potencial de la EPS en la contratación pública, y se proponen recomendaciones para fortalecer su integración en los procesos de adquisición del Estado. Este trabajo busca contribuir al debate sobre la importancia de la inclusión de las organizaciones de la EPS en el desarrollo económico y social del Ecuador, y a la identificación de estrategias para consolidar su papel en la construcción de un futuro más justo y sostenible.

• Políticas públicas en torno a la explotación del Yasuní ITT: ¿deseos o necesidades básicas?

  El objetivo principal de la investigación es analizar las políticas públicas en torno al proyecto Yasuní ITT en Ecuador, evaluando si responden a deseos económicos o a necesidades básicas de la población, especialmente de las comunidades indígenas amazónicas. La metodología empleada incluye una revisión crítica de literatura, análisis de decretos gubernamentales y estudios de caso específicos, como el impacto en la comunidad indígena Waorani. La investigación se basa en la distinción teórica entre deseos y necesidades, utilizando los enfoques de Wiggins, quien diferencia las necesidades por su independencia del estado mental del individuo y su fundamentación en la realidad y bienestar humano, y los deseos como intencionales y arbitrarios. Carlos S. Nino y Harry Frankfurt refuerzan la primacía de las necesidades básicas, como alimento, refugio y seguridad, sobre los deseos. El Yasuní ITT se presenta como un ejemplo de cómo las políticas públicas en Ecuador han favorecido los intereses económicos de la industria petrolera, a través de decretos como el 751 y 752, que permiten la explotación en áreas protegidas, generando deforestación y afectaciones a la biodiversidad y salud de las comunidades indígenas. La investigación concluye que estas políticas públicas priorizan deseos de las élites y transnacionales sobre las necesidades básicas de comunidades indígenas locales como las del pueblo Waorani, perpetuando un desarrollo insostenible y desigual.

• La contratación pública como sistema
• Tributación contemporánea

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