Editorial:
Universidad de Cuenca
Fecha publicación:
2017-08-01
ISBN:
1390-0846

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  • Acuerdos colusorios en la contratación pública en Ecuador: ¿un tipo sancionador imposible?

    El presente artículo tiene por objeto realizar un análisis de la tipificación de las prácticas colusorias en procedimientos de compras públicas como conductas restrictivas de la competencia en el Ecuador, y su incompatibilidad con la legislación de compras públicas vigente. Dado que la normativa de compras públicas impide en cierto tipo de procesos el asegurar definitivamente un resultado mediante un acuerdo entre oferentes, existen casos en que el tipo sancionador previsto en la norma de competencia se vuelve imposible de conjugar

  • Trabajo infantil y políticas públicas en el centro del Ecuador: evidencias de las provincias de Cotopaxi y Chimborazo

    El trabajo infantil es toda actividad que priva a los niños, niñas y adolescentes de su proceso de crecimiento e impide el despliegue de su intelecto, capacidades, potencialidades y aspiraciones, afectándose así aspectos fundamentales para su desarrollo integral. No obstante haber sido el Ecuador el primer país en ratificar la Convención Internacional para los Derechos del Niño 1989, el trabajo infantil continúa siendo una asignatura pendiente. A pesar de haber logrado disminuir la tasa de trabajo infantil a un 6,27% hacia el año 2012, recientemente se ha venido registrando un retroceso significativo dado que para el año 2017, el cálculo oficial arrojaba un 8,41%. A este aumento comparativo de 2,14 puntos, se le suma que un 56% de los trabajos son considerados como peligrosos para el desarrollo efectivo de su salud, tanto física como mental. En el plano nacional, las provincias de Chimborazo y de Cotopaxi son dos de las más afectadas por el trabajo infantil, con un 31% y un 10% del total de casos a nivel nacional respectivamente. Debido a ello es que el presente trabajo se cuestiona la eficacia de las políticas públicas implementadas para la erradicación del Trabajo Infantil en el Ecuador, y en particular en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo. A partir de una labor metodológica mixta se analizan datos tanto a nivel nacional como local a la vez de haberse efectuado entrevistas con los principales actores locales en la materia. De esta forma, el trabajo evidencia, por un lado, una tendencia al aumento del trabajo infantil en términos generales a nivel nacional y de las dos provincias estudiadas, registrándose por otro lado, una reducción considerable de la mendicidad como una tipología de trabajo infantil en particular

  • Sentimiento de inseguridad en la sociedad contemporánea, modelo preventivo, criminalidad y respuesta del estado

    En el Ecuador, la coyuntura económica, social y política del país, refleja un incremento en el índice delincuencial en todos los estratos de la sociedad. Como resultado surge el fenómeno de la inseguridad, mismo que capta el interés y ocupa un lugar notable entre las preocupaciones del común de los habitantes en los grandes conglomerados urbanos; a esto se suma el reclamo por el derecho a la seguridad ciudadana que constituye una demanda colectiva y la principal preocupación de las diferentes instancias gubernamentales, dejando entrever que lo que se pretende es extralimitar el ejercicio de la venganza estatal o el ejercicio del poder punitivo a muchos espacios del conglomerado social. Del mismo modo, la urgencia de generar respuestas a la demanda de seguridad, deviene en fagrantes transgresiones de derechos y garantías fundamentales de los más débiles. En tal virtud, constituye una verdad innegable, que la percepción de inseguridad se genera desde diferentes perspectivas sociales, y salen a la luz de diversas formas. Quizá la influencia más determinante se origina desde los medios de comunicación, que en forma mediática inciden en la consciencia social que como resultado forjan una sensación de inseguridad en el colectivo social y a su vez se traduce en reformas penales que implicanla ampliación de la esfera penal, la intensificación de la venganza estatal y porende la reducción de las garantías del derecho penal mínimo

  • La ética empresarial, subordinada al poder económico que genera el lavado de activos y el financiamiento de delitos

    En un mundo globalizado donde la evolución de los medios tecnológicos para facilitar la circulación del flujo de capitales de un lugar a otro en busca de oportunidades de inversión, ha provocado cambios en los modelos de negocio, así como en las actividades de control de las entidades financieras, además estos cambios obligan literalmente a la evolución de la “Administración de Gestión de Riesgos” para dar respuesta a este vertiginoso avance de la tecnología y redes de negocio. Sin embargo, este avance en la sofisticación de la banca virtual y medios de pago para la movilización de capitales, ha dado lugar también a que las organizaciones delictivas aprovechen estos mecanismos para introducir en los bancos fondos de origen ilícito o de procedencia ilegal para consumar el lavado de activos y otros delitos. Con este antecedente, la ética empresarial está enfocada en el rescate y realce de los valores, normas y principios éticos de buena convivencia de los actores sociales arraigados en su cultura organizacional –incluye los stakeholders– y que deben estar presentes y llevarlos a la práctica en la gestión integral de dirección de las empresas y sus diversas formas de asociatividad de negocios. Todo esto acompañado de leyes y un marco regulatorio para la prevención y control de la materialización de estos delitos. De la solidez de la cultura empresarial respecto al cumplimiento de valores éticos de la organización depende que ésta se encuentre fortalecida para enfrentar la amenaza del avance de estos graves delitos de lesa humanidad y precautelar su interés empresarial como una empresa en marcha

  • La pena natural como criterio de oportunidad: un freno al expansionismo penal

    Las legislaciones latinoamericanas son reconocidas por propender hacia la inflación o expansión del derecho penal. Conforme señala (Maier, J. Córdoba,G. 2009) si esa expansión penal carece de límites, correlativamente a la de la expansión de la pena estatal; lo único que se logrará es un Estado policial o gendarme. Afortunamente frente a esta política expansionista, existen instituciones que propugnan un derecho penal más humanitario, una de ellas es la pena natural. Por lo tanto, este artículo dilucidará que la herramienta jurídica que posee el ministerio fiscal para racionalizar el poder punitivo del Estado se encuentra en la institución de la pena natural como criterio de oportunidad reglado; haciendo efectivos los postulados del intervencionismo penal mínimo y proscripción de penas crueles, al prescindir de la acción penal o desistir de la iniciada cuando se presente un hipotético de su aplicación

  • La huelga en el sector público ecuatoriano

    Con este artículo pretendemos mostrar desde el punto de vista legal, constitucional y de Derechos Humanos el alcance de la prohibición al derecho a la huelga de los trabajadores del sector público ecuatoriano, problema jurídico que surgió a raíz de las reformas y enmiendas constitucionales y legales, mediante las cuales el Estado lo restringió en el sector público, ocasionando su limitación y prácticamente anulación. Por un lado, se ven inmersos los derechos colectivos de los trabajadores del sector público como el derecho de asociación, negociación colectiva, libertad sindical y el derecho a la huelga como parte sustancial de los mismos, los cuales se encuentran reconocidos en Tratados y Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en los convenios de la OIT y, por otro, nos encontramos frente a los principios y derechos fundamentales de todo ser humano a no ser privado por ningún motivo al acceso a los servicios esenciales

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