Acuerdos. 118 Expídese la “Norma Técnica para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara”
| Número de Boletín | 23 |
| Sección | Acuerdos |
| Emisor | Ministerio de Inclusión Económica y Social |
Jueves 22 de agosto de 2019 – 11Registro Ofi cial Nº 23
No. 118
Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
Considerando:
Que, el artículo 11, numeral 2, de la Constitución de la
República, establece que: “Todas las personas son iguales y
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar
de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad
cultural, estado civil, idioma, ideología, fi liación política,
pasado judicial, condición socio – religión económica,
condición migratoria, orientación sexual, estado de
salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.
La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado
adoptará medidas de acción afi rmativa que promuevan la
igualdad real a favor de los titulares de derechos que se
encuentren en situación de desigualdad”;
Que, el artículo 35, de la norma ibídem, manifi esta
que: Las (…) personas con discapacidad, (…) y quienes
adolezcan de enfermedades catastrófi cas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada
en los ámbitos público y privado (…) El estado prestará
especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad”;
Que, el artículo 47, de la Norma Suprema, señala que:
“El Estado garantizará políticas de prevención de las
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la
familia, procurará la equiparación de oportunidades para
las personas con discapacidad y su integración social”;
Que, el artículo 48, numeral 1, de la Carta Magna, establece
que: “El Estado adoptará a favor de las personas con
discapacidad medidas que aseguren: 1. La inclusión
social, mediante planes y programas estatales y privados
coordinados, que fomenten su participación política,
social, cultural, educativa y económica”;
Que, el artículo 50 de la norma ibídem, indica que:
“El Estado garantizará a toda persona que sufra de
enfermedades catastrófi cas o de alta complejidad el
derecho a la atención especializada y gratuita en todos los
niveles, de manera oportuna y preferente.”;
Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la
República, determina que: “A las ministras y ministros
de Estado, además de las atribuciones establecidas en la
ley, les corresponde: Ejercer la rectoría de las políticas
públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y
resoluciones administrativas que requiera su gestión”;
Que, el artículo 227 de la Norma Suprema, manifi esta
que: “La administración pública constituye un servicio a
la colectividad que se rige por los principios de efi cacia,
efi ciencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación,
planifi cación, transparencia y evaluación”;
Que, el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad establece en las
Obligaciones Generales que: “1. Los Estados Partes se
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
de las personas con discapacidad sin discriminación
alguna por motivos de discapacidad. A tal fi n, los Estados
Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas
legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la presente Convención; y, (…) c) Tener en cuenta, en
todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con
discapacidad”;
Que, el artículo 5 de la norma ibídem, manifi esta
que: “(…) Igualdad y no discriminación: “4. No se
considerarán discriminatorias, en virtud de la presente
Convención, las medidas específi cas que sean necesarias
para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas
con discapacidad”;
Que, el artículo 28 de la Convención señalada cita: “Nivel
de vida adecuado y protección social; numeral 2.- Los
Estados Partes reconocen el derecho de las personas
con discapacidad a la protección social y a gozar de ese
derecho sin discriminación por motivos de discapacidad,
y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y
promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas; literal
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad
y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a
asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados
con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento
asistencia fi nanciera y servicios de cuidadora temporales
adecuados”;
Que, el artículo 86 de la Ley Orgánica de Discapacidades,
establece que: “Las personas con discapacidad tienen
derecho a la protección y promoción social del Estado
dirigidos al máximo desarrollo de su personalidad, fomento
de autonomía y la disminución de la dependencia”;
Que, el artículo 87 de la Ley Orgánica de Discapacidades
señala las políticas de promoción y protección social.-“La
autoridad nacional encargada de la inclusión económica
y social y/o los gobiernos autónomos descentralizados
articularán con las entidades públicas y privadas, el
desarrollo y ejecución de políticas destinadas a: (…) 9.
Implementar prestaciones económicas estatales para
personas con discapacidad en situación de extrema pobreza
o abandono;
Que, la Disposición Transitoria Séptima de la Ley
Orgánica de Discapacidades establece que.- “La prestación
económica de la “Misión Joaquín Gallegos Lara”, en
el plazo de un (1) año, será transferida a la autoridad
nacional encargada de la inclusión económica y social
para su manejo y rectoría, quien coordinará su ejecución
con las distintas entidades del sector público en el ámbito
de sus competencias”;
Que, mediante Decreto Supremo número 3815, de 7 de
agosto 1979, publicado en el Registro Ofi cia número 208,
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12 – Jueves 22 de agosto de 2019 Registro Ofi cial Nº 23
del 12 de junio de 1980, se creó el Ministerio de Bienestar
Social y mediante Decreto Ejecutivo número 580, de
23 de agosto de 2007, publicado en el Registro Ofi cial
Suplemento número 158, de 29 de agosto de 2007, se
cambia la razón social del Ministerio de Bienestar Social,
por el de Ministerio de Inclusión Económica y Social con las
funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades
que le correspondían al Ministerio de Bienestar Social;
Que, mediante Decreto Ejecutivo número 422 de 15
de julio de 2010, publicado en el Registro Ofi cial
Suplemento número 252 de 8 de agosto de 2010, se crea
el Bono “Joaquín Gallegos Lara”; a favor de personas con
discapacidad severa y profunda en situación crítica que no
pueden gobernarse por sí mismos;
Que, mediante Decreto Ejecutivo número 487, de 24
de septiembre de 2010, publicada en el Registro Ofi cial
Suplemento número. 290, de 30 de septiembre de 2010,
se sustituye el inciso tercero del artículo 1, del Decreto
Ejecutivo número 422, del 15 de julio de 2010, publicado en
el Registro Ofi cial Suplemento número 252, del 8 de agosto
del 2010, que en su parte pertinente, determina que: “Para
el efecto se entenderá como familiar cuidador al cónyuge
o los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o
segundo de afi nidad. En ausencia de estos y con la debida
acreditación de la Vicepresidencia de la República podrán
actuar como cuidadores personas allegadas”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo número 1138, de 19 de
abril de 2012, se expide la reforma al Decreto Ejecutivo
número 422, publicado en el Primer Suplemento del Registro
Ofi cial número 252 de 6 de agosto de 2010, en el cual se
incluye como benefi ciarios del Bono Joaquín Gallegos
Lara a las personas con enfermedades catastrófi cas, raras
o huérfanas determinadas por el Ministerio de Salud, de
conformidad con la Ley Orgánica de Salud;
Que, mediante Decreto Ejecutivo número 1284, de 30 de
agosto de 2012, se expide la reforma al Decreto Ejecutivo
número 1138, publicado en el Registro Ofi cial número
702 de 14 de mayo de 2012 en el artículo 1 se efectúa los
siguientes cambios: 1. “En el primer inciso, luego de la
frase “Ley Orgánica de Salud” agréguese en situación de
criticidad socioeconómica. Serán benefi ciarios del bono
“Joaquín Gallegos Lara” todos los menores de catorce
años viviendo -con VIH – SIDA”; y, 2. En el último inciso
se elimina lo siguiente “las personas que estén siendo
atendidas por el Sistema Nacional de Salud, y las personas
que estén cubiertas por la Red de Protección Solidaria del
Programa de Protección Social”;
Que, mediante Decreto número 242 de 13 de diciembre
de 2017, se designa a la señora Lourdes Berenice Cordero
Molina como Ministra de Inclusión Económica y Social;
Que, mediante Decreto Ejecutivo número 803 de fecha 20 de
junio de 2019, se crea el Programa de Inclusión Económica
que operará a través de los siguientes componentes:
Crédito de Desarrollo Humano; Promoción del trabajo y
empleabilidad; Impulso para el emprendimiento;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 804 de fecha 20
de junio de 2019, se crea el programa de transferencias
monetarias del sistema de protección social integral en el
que se incluye al Bono Joaquín Gallegos Lara;
Que, el artículo 17, del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: “Los
Ministros de Estado son competentes para el despacho de
todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad
de autorización alguna del Presidente de la República, salvo
los casos expresamente señalados en leyes especiales”;
Que, mediante Acuerdo Ministerial número 01829,
expedido por el Ministerio de Salud Pública, el 6 de
septiembre de 2012, publicado en el Registro Ofi cial
número 798, de 27 de septiembre de 2012, se emitió los
Criterios de Inclusión de Enfermedades consideradas
Catastrófi cas, Raras y Huérfanas para Benefi ciarios del
Bono Joaquín Gallegos Lara;
Que, mediante Acuerdo Ministerial número 000080,
promulgado en el Registro ofi cial Nro. 329 del 19 de junio
del 2015, se expidió el Estatuto Orgánico de la Gestión
organizacional por procesos del Ministerio de Inclusión
Económica y Social, que en su artículo 5 manifi esta que
la misión de la Institución es: “Defi nir y ejecutar políticas,
estrategias, planes, programas, proyectos y servicios
de calidad y con calidez, para la inclusión económica y
social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria
y la población que se encuentra en situación de pobreza
y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado
durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y
fortaleciendo a la economía popular y solidaria”;
Que, el numeral 2.1.1.3 de la norma ibídem, señala la
misión de la Subsecretaria de Discapacidades: “Planifi car,
coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas,
planes, programas, estrategias, proyectos y servicios
para la inclusión social de las personas con discapacidad
a través de la prestación de servicios, seguimiento de la
corresponsabilidad del Bono Joaquín Gallegos Lara, y
la promoción de relaciones positivas del entorno familiar
de las personas con discapacidad, con énfasis en aquella
población que se encuentra en situación de pobreza y
vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria”;
Que, mediante Acuerdo Ministerial número 0043 de fecha
23 de mayo 2017 y su reforma, el Acuerdo Ministerial
número 003 de fecha 8 de junio 2017 se expide el
Instructivo técnico Normativo para la Gestión del Bono
Joaquín Gallegos Lara y su respectiva reforma;
Qué, mediante ofi cio número MSP-SNGSP-2014-0219,
de 3 de abril de 2014, emitido por el Ministerio de Salud
Pública, se incluyó 3 nuevos diagnósticos dentro del listado
de enfermedades Catastrófi cas, Raras o Huérfanas para
Benefi ciarios del Bono Joaquín Gallegos Lara;
Que, mediante ofi cio número MSP-SNPSS-2019-0505-O
del 10 de julio de 2019, el Ministerio de Salud Pública indica
que “las gravedad (grado) de discapacidad dependen del
porcentaje asignado a la discapacidad correspondiente,
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