Sentencia nº 0087-2009 de Ex Sala de Lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia (2008), 30 de Marzo de 2009

Establecida constitucional y legalmente la competencia de la Corte Nacional de Justicia, en particular de esta Sala de lo Civil, M. y Familia, y en mérito de las constancias procesales, este Tribunal hace las siguientes reflexiones y precisiones sobre la institución del habeas corpus: 2.1.- El Art.

9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley con arreglo al procedimiento establecido en ésta (...) 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”. 2.2.-Roberto D. señala que el Habeas Corpus es una garantía constitucional, que se traduce procesalmente en una acción tutelar de la libertad personal, física, corporal o de locomoción a través de un procedimiento judicial sumario. El Hábeas Corpus, como medio de protección de la libertad individual, es sin duda el más tradicional de los remedios procesales contra la violación de los derechos y libertades públicas, tiene por finalidad asegurar que la libertad no sea solo una declaración abstracta”. (Derecho Administrativo. Cuarta Edición actualizada. Buenos Aires. 1995, pág. 715.). 2.3. En efecto, una de las garantías en el caso de privación de la libertad, consta en el Art. 77, numeral 10 de la Constitución vigente, que dispone: “Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará

inmediatamente su libertad, aún cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.”. Esta garantía básica no puede ser ejercitada por el recurrente E.M.T., por cuanto existe de por medió sentencia en firme, dictada por juez competente, según se desprende de la pieza procesal contendida a fs. 3 del expediente, resolución dictada por la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Quito, el 16 de septiembre de 2008, a las 11h00. Así

mismo, consta la sentencia condenatoria dictada por el Juez Séptimo de Tránsito de Pichincha, el 26 de diciembre de 2007, calificando al recurrente como autor y responsable del delito tipificado en el Art. 74 y sancionado en el Art. 79, literal b) de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, imponiéndole una pena de privación de la libertad de cuatro años y seis meses. A esta decisión, antecedió la disposición del Juez Séptimo de Tránsito de Pichincha, (E), de 1 de agosto de 2007, que ordena se expida la boleta constitucional de encarcelamiento por encontrarse reunidos los requisitos de ley, en la infracción penal que se juzga. Adicionalmente a lo expuesto, según informe del Presidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en oficio No. 543-SPSP-CNJ, de 9 de marzo de 2009, fs. 25 de los autos, se establece que el juicio principal de tránsito se encuentra en etapa de conocimiento del Ministerio Público.

2.4. Resulta entonces evidente, que no se ha vulnerado los derechos del recurrente establecidos en los Arts. 66, 76, numeral 2, 77, numeral 10, de la Constitución vigente.

Hay que agregar además, que la presente acción de hábeas corpus presentada por E.M.T., es la segunda que deduce para conocimiento de la administración de justicia; pues, de las copias certificadas que obran de los autos, se establece que el nombrado recurrente ha presentado acción de hábeas corpus, por la misma motivación, acción que ha sido conocida y resuelta por la Segunda Sala de lo Civil, M., I. y Materias Residuales de la Corte Provincial de Pichincha, fs. 27 de los autos. Esta segunda acción de hábeas corpus, la que se está juzgando, está

prohibida por mandato legal y constitucional, según lo previsto en el Art. 44, No. 2, literal g) de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición. En consecuencia, la acción de hábeas corpus se torna improcedente en mérito del análisis expuesto por este Tribunal y los argumentos que ha sustentado el Tribunal de instancia, ya que están ajustados a las disposiciones constitucionales y legales de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se desecha el recurso de apelación interpuesto por el recurrente y se confirma la resolución del Tribunal de Instancia Intervenga el Dr. C.R.G. en calidad de S.R. de la Sala .-Notifíquese.- F) Dr. C.R.R., Dr. M.S.Z., Dr. G.M.P., Jueces Nacionales.- F) Dr. C.R.G., S.R..

elator.

RATIO DECIDENCI"1. La garantía básica del hábeas corpus no procede, si existe de por medió sentencia condenatoria en firme, dictada por juez competente, por lo que resulta evidente, que en tal caso no se vulnera los derechos del recurrente establecidos en los Arts. 66, 76, numeral 2, y 77, numeral 10, de la Constitución. 2. La garantía básica del hábeas corpus no procede, si ha sido ejercida más de una ocasión por la misma motivación, segunda acción de hábeas corpus, que está prohibida por mandato del Art. 44, No. 2, literal g) de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición. 3. Conforme el Art. 86, numeral 3, inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador, se garantiza la existencia de dos instancias para las acciones previstas en este capítulo de la Constitución; por lo que, acorde con los Arts. 8, numeral 2, literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 11, numeral 5, 417, 425 y 426 de la Constitución vigente, cabe el recurso de apelación de una resolución dictada por la Corte Provincial de Justicia, en caso de que se niegue una acción de habeas corpus para ante la Corte Nacional de Justicia, en concordancia con lo establecido en los arts. 64 y 65 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencia de la Corte Constitucional, en virtud de que el principio del doble grado es una emanación constitucional del principio del derecho a la defensa y tiene por objetivo evitar decisiones arbitrarias."