Sentencia nº 0402-2010 de Ex Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia (2008), 25 de Noviembre de 2010

Si la razón para revocar el nombramiento de la actora ha sido la omisión del concurso de merecimiento y oposición como lo exige el Art. 71 (72) y de la LOSCCA y el Art. 9 de la “Ordenanza de que regula la Servicio Civil Carrera Administrativa Municipal, Administración de Personal, de la Entidad” (Municipio de Atacames), la responsabilidad de tal omisión no puede atribuirse al servidor, sino a la propia administración de dicho Municipio, único responsable de la inobservancia de las normas de la LOSCCA para designar o nombrar a un servidor municipal. Mas, en este caso, aceptan como legal y procedente la revocatoria como una forma de separar a un servidor municipal del cargo para el que ha sido designado por la propia Municipalidad. Al haber resuelto en tal sentido y no haber aceptado la pretensión de la actora en la sentencia impugnada, obviamente se ha dejado de aplicar la norma de derecho señalada y consecuentemente también se han como las contenidas en los numerales dejado de aplicar otras normas 26 y 27 del Art. 23 de la Constitución Política (1998) que garantizan “la seguridad jurídica” y el “derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones” ya que para la separación de la actora del cargo de servidora municipal se ha hecho como de las determinadas en los abstracción de tales garantías, así

numerales 10 y 12 del Art. 24 de la Carta Magna, al no permitirle a la actora por parte del Concejo Municipal de Atacames el derecho a la defensa, ni se le ha informado de las acciones tomadas en su contra, garantías que podía ejercerlas, únicamente en el sumario administrativo que la Municipalidad debió levantar en contra del servidora pública, si es que ésta hubiese incurrido en una de las causales señaladas en el Art. 49 de la LSOCCA. Es más la resolución de marras por la que se revoca el nombramiento de la señora motivación M.B.B.M. adolece de como lo exige el numeral 13 de la Disposición citada, Art. 24 3 de la Constitución Política.

Por simple ilustración, creemos oportuno referirnos a los actos administrativos no revocables, entre los que están aquellos que han generado efectos jurídicos de terceros, que sólo pueden ser objeto de revocatoria con el consentimiento expreso del beneficiario del acto o a través de decisión judicial. Si bien, la autoridad no tiene la facultad de revocar un acto de los denominados y considerandos no revocables, entre los que están, como hemos visto, los nombramientos, cuando estos actos afectan el interés público, el derecho administrativo ha instituido una solución jurídica al problema en aras de precautelar el interés de la sociedad y el imperio de la juridicidad. Esta institución jurídica se denomina “acción de lesividad administrativa”, reconocida y preceptuada por el Art. 23, literal d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; por tanto corresponde al órgano judicial, tribunales de lo contencioso administrativo, luego de haberse seguido el trámite respectivo declarar en sentencia, la anulación y revocatoria del acto administrativo dictado por una autoridad. Con oficio No. 1024-SG-SLL-2010, de 19 de octubre de 2010, por licencia concedida al Juez titular, actúe por encargo el Dr. C.S.M., C. de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Por estas consideraciones. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se casa la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo y de conformidad con el Art. 16, primer inciso de la Ley de Casación se acepta la demanda y se declara la nulidad del acto administrativo contenido en la acción de personal No 004 de 15 de febrero de 2005 por el que se revoca el nombramiento de Oficinista 2 Secretaria del Departamento de Desarrollo Comunitario reintegrada de la Municipalidad de Atacames, disponiéndose que sea la actora al cargo en el término de cinco días y, de acuerdo con lo preceptuado por el literal h) del Art. 25 e inciso tercero del Art. 46 de la LOSCCA, proceda la Municipalidad de Atacames a liquidar y pagar las remuneraciones con los respectivos intereses, que dejo de percibir en en el plazo el tiempo de duración del proceso legal, pago que se efectuará

4 no mayor de treinta días a partir de la fecha de reincorporación. N., publíquese y devuélvase. F) Dres: M.Y.A., J.M.O., F.O.B., jueces nacionales.- Certifico.f)

Dra. M. delC.J., Secretaria Relatora.Lo que comunico a usted para los fines de ley.

Dra. M. delC.J. SECRETARIA RELATORA 5 s de ley.

Dra. M. delC.J. SECRETARIA RELATORA

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RATIO DECIDENCI"1. 1. La figura de revocatoria de nombramiento no aparece como modo o forma de destituir a un servidor público, pues no está contemplada entre las causales de destitución previstas en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa ni se encuentra contemplada en norma jurídica alguna. 2. La responsabilidad por la omisión del concurso de merecimientos y oposición para proceder al nombramiento de un servidor público no puede atribuirse al administrado sino a la autoridad nominadora. 3. La seguridad jurídica y el derecho al debido proceso son garantías que pueden ejercerse únicamente en el sumario administrativo instaurado en contra del servidor público, en caso de que éste hubiese incurrido en una de las causales señaladas en el artículo 49 de la LOSCCA. 4. Los actos administrativos no revocables, entre los que están aquellos que han generado efectos jurídicos de terceros, sólo pueden ser objeto de revocatoria con el consentimiento expreso del beneficiario del acto o a través de decisión judicial, mediante la acción de lesividad, a fin de precautelar el interés de la sociedad y el imperio de la juridicidad."