Sentencia nº 0168-2013-SL de Sala de Lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia (2012), 26 de Marzo de 2015

PonenteDr. Granizo Gavidia Alfonso Asdrubal ( Juez Ponente )
Fecha de Resolución26 de Marzo de 2015
EmisorSala de Lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia (2012)
Juicio Nº0433-2010

R168-2013-J433-2010 JUEZ PONENTE: DR. A.A.G.G. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.Quito, 26 de marzo de 2013, las 09h25 VISTOS: En el juicio oral de trabajo seguido por J.E.N., en contra de Ab. N.O.C.B., por sus propios derechos y por los que representa, en su calidad de Gerente de la compañía RELPUL S.A. e Ing. A.R.M.A., por sus propios derechos y en su calidad de Apoderado Especial de la compañía REYBANPAC, R.B. delP. C.A.; la parte demandada inconforme con la sentencia expedida el 8 de febrero del 2010 a las 9h43 por la Sala Especializada de lo Civil, M., L. y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, que confirmó la sentencia de primer grado, reformándola al ordenar el pago de otros rubros no considerados por el juez A quo como bonificación por despido intempestivo, bonificación por desahucio, décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones, en tiempo oportuno interpone recurso de casación por lo que encontrándose la causa en estado de resolución para hacerlo se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.JURISDICCCIÓN Y COMPETENCIA: Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso de casación en razón de que el pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No. 004-2012, de 25 de enero del 2012, designó como juezas y jueces a quienes en la actualidad conformamos la Corte Nacional de Justicia, cuya posesión se cumplió el 26 de enero del mismo año; y, dado que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión de 30 de enero del año en referencia conformó las Salas Especializadas del modo previsto en el Art. 183 del Código Orgánico de la Función Judicial; por lo que en nuestra calidad de Jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, avocamos conocimiento de la presente causa, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 184.1 de la Constitución de República; 184 y 191.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 1 de la Ley de Casación, Art. 613 del Código del Trabajo y el resorteo realizado cuya razón obra de autos. Calificado por la Ex Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de Justicia, ha sido admitido a trámite por cumplir con los requisitos formales previstos en el Art. 6 de la Ley de Casación.- SEGUNDO.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- Se sustenta el recurso en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. Afirma el casacionista que el fallo del Tribunal de alzada violenta los Arts. 69, 111, 113, 185, 188, 196, 201, 202, 593 y 596 del Código del Trabajo y los Art. 113, 115 y 121 del Código de 1 Procedimiento Civil, “…en lo relacionado, a que se manda a pagar el fondo de reserva con recargo e intereses…”, continua con que “…el despido intempestivo, que manda a pagar la Sala a favor del ex trabajador lo ha hecho cuando del proceso no aparece haberse probado el mismo…” e impugna el pago de los beneficios sociales al señalar que “…ya se encuentran pagados por mi representada oportunamente en forma prorrateada…”. Fundamenta la impugnación en las siguientes afirmaciones: a) Que los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y L. han hecho una aplicación indebida de preceptos jurídicos a la valoración de la prueba, pues según afirma en fs. 148 consta el certificado de la Agencia del IESS de Q., el cual muestra que el actor se encuentra afiliado a la Seguridad Social desde el año 1986, por lo cual debe reclamar los valores correspondientes a fondos de reserva a dicha institución, en consecuencia a su criterio se aplica indebidamente los artículos 196, 202 y 614 del Código del Trabajo y se ha inobservado el Art. 596 ibídem. b) Que el Art. 169 numeral 2 del Código del Trabajo prevé como una de las formas de terminar la relación laboral al Acta de Finiquito (fs. 1), por lo cual considera que la S. en forma contraria a lo establecido en el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil toma como prueba del despido intempestivo parte de la cláusula primera de la referida Acta ““…la relación laboral termina por decisión unilateral del empleador…””, cuando debió probar el actor en el proceso el despido intempestivo hecho por parte del empleador; por lo cual hay indebida aplicación de los Arts. 185 y 189 del Código del Trabajo. c) Que la Sala ha hecho una aplicación indebida de preceptos jurídicos al mandar a pagar Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Vacaciones, violando lo dispuesto en los artículos 69, 111, 113, y 596 del Código del Trabajo. d) Concluye la fundamentación alegando una indebida aplicación del Art. 593 del Código del Trabajo al considerar la Sala el juramento deferido del actor como prueba del tiempo y última remuneración, en lugar de pruebas documentales, como certificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que consta en fs. 148; violando según afirma los Art. 115 y 121 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN: Tomando en cuenta algunos criterios valiosos de la doctrina se advierte: Que M. de la Plaza, al tratar sobre el concepto y fines de la casación considera que: "... el Estado necesitaba de un órgano que en su calidad de Juez supremo, colocado en la cima de las organizaciones judiciales, mantuviese su cohesión, su disciplina y hasta su independencia; pero entonces, como ahora, precisaba también, como garantía positiva de certidumbre jurídica, que ante el evento, más que posible, de la multiplicidad de interpretaciones, un órgano singularmente capacitado para esa función, 2 imprimiese una dirección única a la interpretación de las normas jurídicas, cualesquiera que fuese su rango; cuidase de evitar que no se aplicasen o fuesen indebidamente aplicadas, y procurase, al par, que a pretexto de interpretarlas, no se desnaturalizase por error, su alcance y sentido, de tal modo, que, en el fondo, y por uno u otro concepto, quedasen infringidas..." (La Casación Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944, pp. 10 y 11). A su vez, R.V., al referirse a la naturaleza y fin de la casación, expresa: "Luego de una evolución histórica en la que se ha producido alguna alteración en sus finalidades iniciales (Supra Cap. I) hace ya un siglo que, la más relevante doctrina sobre el tema, asigna a nuestro Instituto, estas dos finalidades esenciales: la defensa del Derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia (La Casación Civil, Primera Edición, Montevideo, Ediciones IDEA, 1979, p. 25). Por su parte, el tratadista S.A.U., al abordar sobre la Casación y el Estado de Derecho, entre otros aspectos, manifiesta: "La función de la Casación es construir el vehículo a través del cual el Estado, por intermedio de su Corte Suprema de Justicia, realiza el control de la actividad de los jueces y tribunales de instancia en su labor jurisdiccional, velando porque los mismos se encuadren en el ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente pública...". (La Casación Civil en el Ecuador, A. y Asociados, Fondo Especial, Quito, 2005, p. 17). En este contexto, G.G.F., al determinar los propósitos del recurso de casación, reitera que ésta surge "... como un recurso que pretende defender el derecho objetivo contra cualquier tipo de abuso de poder desde el ejercicio de la potestad jurisdiccional; esa defensa del derecho objetivo ha sido llamada por algunos tratadistas como Nomofilaquía, que naturalmente se refiere a eso, a la defensa de la norma jurídica objetivamente considerada (...) otra de las finalidades que persigue el recurso de casación es la uniformidad jurisprudencial, y, naturalmente, hacia ese punto se dirigen los esfuerzos del mayor número de legislaciones que recogen este tipo de recurso..." (La Casación, estudio sobre la Ley No. 27 Serie Estudios Jurídicos 7, Quito, 1994, p. 45). Sin embargo de ello al expedirse la Constitución de 2008 y conceptualizar que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, cambió radicalmente el marco en el que se ha desenvuelto la administración de justicia en forma tradicional y exige que juezas y jueces debamos garantizar en todo acto jurisdiccional los principios de supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales de los justiciables; por tanto, es necesario tener en cuenta como señala la Corte Constitucional, en la sentencia No. 66-10-CEP-CC, caso No. 0944-09-EP, Registro Oficial Suplemento No. 364, de 17 de enero del 2011, p. 53 3 que, "El establecimiento de la casación en el país, además de suprimir el inoficioso trabajo de realizar la misma labor por tercera ocasión, en lo fundamental, releva al juez de esa tarea, a fin de que se dedique únicamente a revisar la constitucionalidad y legalidad de una resolución, es decir, visualizar si el juez que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales y /o legales, en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación...". CUARTO.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACION A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS: Luego del análisis realizado a la sentencia del Tribunal de alzada, el memorial de censura y los recaudos procesales confrontados con el ordenamiento jurídico, este Tribunal advierte: 4.1.- La causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación en la que el demandado fundamenta el recurso, procede cuando existe “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto”. Por tanto, sobre la prueba y su valoración, este Tribunal, partiendo de la consideración que tanto la ley como la doctrina y la jurisprudencia determinan que es facultad privativa de los jueces de instancia realizar la valoración de las pruebas que hayan sido legalmente pedidas, ordenadas y actuadas en el desenvolvimiento del proceso, sin embargo de lo cual, la ley le permite al Tribunal de Casación entrar a controlar la valoración que se haya efectuado respecto de ellas. Por lo tanto, no se trata de revalorarlas sino de examinar que en su valoración no se haya transgredido los principios que la regula. 4.2.- En la especie, el recurrente expresa que “…los señores Jueces de la Sala Especializada de los Civil y Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, han hecho una aplicación indebida de preceptos jurídicos a la valoración de la prueba, ya que al confirmar y reformar la sentencia dictada por el Juez inferior, no están valorando la prueba plena presentada por la parte demandada como es el certificado de la Agencia del IESS de Q., de fs. 148, documento del cual se obtiene que el accionante se encuentra afiliado en dicha institución desde el año 1986, por lo que resulta ilegal disponer dicho pago….” “…lo correcto señores Magistrados, es que este rubro por concepto de fondo de reserva el accionante debe cobrarlo en forma directa por encontrarse afiliado al IESS, por lo que aquí se ha hecho una aplicación indebida de las normas de derecho, como son los Arts. 196, 202 y 614 del Código del Trabajo; así como se ha inobservado lo que establece el Art. 596 ibídem”; se observa que, en Audiencia Definitiva, fs. 161 a 163 vta., se declaró confesos a los demandados R.M.A. y N.O.C.B., y en base al interrogatorio (fs. 156 y 157), que presentó el actor en ambos pliegos, observándose que la 4 pregunta primera dice, “1)¿Diga el confesante como es verdad que el preguntante laboro como trabajador agrícola desde el 2 de Enero de 1995, hasta el 2 de Febrero del 2006, en la Hacienda bananera “San Alejandro”, ubicada en jurisdicción del cantón Valencia, de propiedad de su representada?”, cuestionario que debe tenerse en cuenta al tenor de lo prescrito en el inciso tercero del Art. 581 del Código del Trabajo que expresa: “…En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes deberá entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron afirmativas en las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del juez, y se refieran al asunto o asuntos materia del litigio.”, y que por tanto del contenido de la posición antes referida, la parte actora prueba que la fecha de inicio de la relación laboral ha sido el 2 de enero de 1995 y no otra fecha como afirma la parte demandada; 4.3.- En relación al pago de los fondos de reserva, que el recurrente afirma se lo hace aplicando indebidamente preceptos jurídicos aplicables en la valoración de la prueba, Arts. 196 y 202 del Código del Trabajo, es necesario precisar que el certificado del IESS (fs. 148), que menciona el recurrente, muestra que el actor fue afiliado a seis compañías, desde junio del 2000 hasta marzo del 2007, las cuales son intermediarias o tercerizadoras, lo que evidencia una forma de simulación contractual entre Reybanpac y el ex trabajador, como se menciona en la demanda y que el período comprendido del 2 de enero de 1995 al 2 de febrero del 2006 se prueba con la confesión ficta de los demandados y no con el juramento deferido que menciona la parte accionada en el recurso; al tenor de lo establecido en el Art. 202 del Código del Trabajo que estipula “..Al trabajador que no se hallare afiliado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni en los casos previstos en el artículo 200, el empleador le entregará directamente al separarse del servicio el trabajador reclamante, por cualquier motivo que tal separación se produzca, el valor total de su fondo de reserva…”, por lo cual corresponde al demandado pagar los fondos de reserva que no ha recibido el trabajador, en virtud de lo anotado no se observa que el Tribunal de Alzada haya trasgredido norma alguna al ordenar el pago de los fondos de reserva reclamados por el actor; por lo tanto, los argumentos del recurrente en la causal invocada carecen de precisión y no demuestran la errónea valoración de las pruebas que se alega. 4.4.- En cuanto a la afirmación del recurrente que el Tribunal de última instancia no considera que “…el acta de finiquito es uno de los caminos legales para dar por terminada una relación laboral, de conformidad con el Art. 169 numeral dos del Código del Trabajo”, cuando en realidad establece “Art. 169. Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato individual de trabajo termina: 2. Por acuerdo de las partes…”, en virtud de lo cual resulta infundado el argumento del recurrente al invocar una indebida 5 aplicación de los Artículos 185 y 189 ibídem, por lo que carece de sustento y ante eso es necesario citar parte del considerando quinto de la sentencia recurrida “QUINTO. En su contestación a la demanda la parte accionada negó el hecho del despido intempestivo, siendo esta alegación improcedente por cuanto no justifica de manera alguna el hecho denunciado. Agregándose a esto, el acta de finiquito incorporada a los autos obrante a fs. 1, que en la cláusula primera SE ESTABLECE QUE LA RELACION LABORAL TERMINA POR DECISION UNILATERAL DEL EMPLEADOR…”; con lo que queda probado el despido intempestivo y en ningún caso puede alegarse acuerdo entre las partes. 4.5.En cuanto a que se han aplicado indebidamente preceptos jurídicos a la valoración de la prueba, al mandarse a pagar diferencias por Décimo Tercero, D.C. y vacaciones sueldo, sin determinar desde qué fecha proceden a liquidar dicho rubro; para establecer la supuesta diferencia a que hace relación la sentencia impugnada, así como la afirmación del recurrente de haber pagado en forma prorrateada tales beneficios, se advierte que obra del proceso (fs. 112 a 145) 34 copias de los jornales pagados en el año 2004; sin que se pruebe que tales obligaciones se hayan cumplido en todos los años que se ha establecido duró la relación laboral, esto es desde el 2 de enero de 1995 hasta el 2 de febrero de 2006, y en 25 hojas de roles no consta la firma del actor (fs. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137 y 140); hechos que, conforme a lo previsto en el Art. 42 numeral 1 correspondía probar a la parte demandada; por lo cual no tiene fundamento la alegación de indebida valoración de la prueba. 4.6.- En relación a la causal primera del Artículo 3 de la Ley de Casación por Aplicación indebida de las normas de derecho, es necesario recoger el criterio del catedrático S.A. “… se da en tres casos: 1) Cuando el juzgador deja de aplicar el caso controvertido normas sustanciales que ha debido de aplicar, ya que haberlo hecho, habrían determinado que la decisión en la sentencia sea distinta a la acogida. 2) Cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica en un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella. Incurre de esta manera en un error consistente en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido. 3) Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenéutica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene….”; en la sentencia recurrida el casacionista no acusa en forma precisa el error de subsunción en las normas citadas, su impugnación va directamente al criterio que utiliza el Tribunal de Alzada lo cual se analizó en los puntos anteriores, al analizar la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, esgrimida por el recurrente.- En virtud de lo expuesto este Tribunal, ADMINISTRANDO JUSTICIA 6 EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, rechaza el recurso de casación presentado y confirma en todas sus partes la sentencia dictada por el Tribunal de alzada.- Notifíquese y devuélvase.- Fdos. DR. A.A.G.G., DR. J.M.B.C. y DR. WILSON ANDINO REINOSO JUECES NACIONALES Certifico.- Fdo. DR.

O.A.B. - SECRETARIO RELATOR CERTIFICO: Que las copias que anteceden son iguales a su original. Quito, 30 de mayo de 2014.

Dra. X.Q.S. SECRETARIA RELATORA (E)

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