Acuerdos. MIDUVI-MIDUVI-2023-0023-A Expídese el Reglamento que regula el acceso a los subsidios e incentivos para vivienda

Texto Original

Citas 43

Citado por

Fecha de publicación	15 Septiembre 2023
Sección	Acuerdos
Emisor	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Tipo de documento	Acuerdos

Registro Ocial - SuplementoNº 397

Viernes 15 de septiembre de 2023

 



dZZ͘ͲhŶĂǀĞǌĐƵŵƉůŝĚŽĞůŽďũĞƚŽĚĞůĂĚĞůĞŐĂĐŝſŶ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĂůŶƵŵĞƌĂůϮĚĞů

ĂƌƚşĐƵůŽϳϯĚĞůſĚŝŐŽKƌŐĄŶŝĐŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞƐƚĂĚĞůĞŐĂĐŝſŶƐĞĞǆƚŝŶŐƵŝƌĄ͘



/^WK^//KE^&/E>^



WZ/DZ͘ͲĞůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽKĨŝĐŝĂůĞŶĐĄƌŐƵĞƐĞĂůĂŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂů

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘



^'hE͘ͲĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞŶĐĄƌŐƵĞƐĞĂ

ůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ^ŽĐŝĂů͘



dZZ͘ͲůƉƌĞƐĞŶƚĞĐƵĞƌĚŽĞŶƚƌĂƌĄĞŶǀŝŐĞŶĐŝĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐƵĞǆƉĞĚŝĐŝſŶ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽ

ĚĞƐƵƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽKĨŝĐŝĂů͘



ĂĚŽĞŶĞůŝƐƚƌŝƚŽDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽĚĞYƵŝƚŽ͕ĂůŽƐϯϬĚşĂƐĚĞůŵĞƐĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϯ͘



WƵďůşƋƵĞƐĞǇĐŽŵƵŶşƋƵĞƐĞ͘Ͳ



ďŐ͘:ŽƐĠŶƚŽŶŝŽĄǀĂůŽƐ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ

D/E/^dZK>D/Ed͕'hzdZE^//MEK>M'/





Firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO

DAVALOS HERNANDEZ

ACUERDO Nro. MIDUVI-MIDUVI-2023-0023-A

SRA. MGS. MARÍA GABRIELA AGUILERA JARAMILLO

MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece

como deber primordial del Estado, entre otros, “Garantizar sin discriminación alguna el

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social

y el agua para sus habitantes”;

Que el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las

personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y

digna, con independencia de su situación social y económica;

Que el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las

personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo

los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas

y equilibrio entre lo urbano y lo rural (...);

Que el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las personas

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los

ámbitos públicos y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las

personas en condición de doble vulnerabilidad”;

Que el numeral 6 del artículo 38 de la Constitución de la República del Ecuador prevé

que el Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. En particular, el Estado tomará

medidas de: “(...) 6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo

tipo de emergencias (...)”;

Que el artículo 43 numerales 1,2,3 y 4de la Constitución de la República del Ecuador

dice: “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los

derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y

laboral. 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 3. La protección prioritaria y

cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 4.

Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y

durante el periodo de lactancia”;

Que en los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución de la República del Ecuador se

reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vivienda y el derecho a la salud, y en

1/63

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Suplemento Nº 397 - Registro Ocial

Viernes 15 de septiembre de 2023

el caso de las niños y niños a salud integral y nutrición;

Que los numerales 4 y 5 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador

establecen como derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y

nacionalidades indígenas el derecho a conservar la propiedad imprescriptible de sus

tierras comunitarias, que se consideran como inalienables e indivisibles; a mantener la

posesión de las tierras y territorios ancestrales; y obtener su adjudicación gratuita;

Que el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador señala

que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a una vida digna, que asegure la

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental,

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y

otros servicios sociales necesarios;

Que el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la familia en

sus diversos tipos, y protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y

oportunidades de sus integrantes;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador

establece como una de las atribuciones de los ministros de Estado el ejercer la rectoría de

las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones

administrativas que requiera su gestión;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador instituye a la

administración pública como un servicio a la colectividad que se debe regir, entre otros,

por los principios de eficacia, eficiencia, coordinación, participación, planificación y

transparencia;

Que el inciso segundo del artículo 242 de la Constitución de la República del Ecuador

instituye a la provincia de Galápagos como régimen especial;

Que el numeral 6 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador señala

que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre, entre otras, las políticas de

vivienda;

Que el artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado

garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual, entre otras, elaborará,

implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a

vivienda, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler

en régimen especial; desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de

interés social, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres

jefas de hogar; ejerciendo, el Estado, la rectoría para la planificación, regulación, control,

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda;

Que el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Estado

protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos

de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la

2/63

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad

(...)”;

Que el artículo 392 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El Estado

velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la

política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos

niveles de gobierno. El Estado diseñará, ejecutará y evaluará políticas, planes

programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros

Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel

nacional e internacional”;

Que el primer inciso del artículo 147 del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización establece que el Estado en todos los niveles de gobierno

garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna,

con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social dispone que el ente

rector de hábitat y vivienda será el encargado de emitir las políticas de planificación,

regulación, gestión y control en hábitat y vivienda de interés social; y de ejercer las

facultades de planificación, regulación, gestión y control en hábitat y vivienda de interés

social, dentro del ámbito de sus competencias, en cumplimiento de lo que prescribe la

Constitución de la República y la Ley;

Que el artículo 27 de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, en relación a la

producción social del hábitat indica: “La producción social del hábitat es el proceso de

gestión y construcción de hábitat y vivienda, destinado a satisfacer la necesidad de

vivienda de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad y de las personas de

los grupos de atención prioritaria, liderado las organizaciones de la economía popular y

solidaria o grupos de población organizada sin fines de lucro, ya sea de manera

autónoma o con el apoyo del sector público o privado”;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social dispone: “la vivienda

de interés social es la vivienda adecuada y digna, subsidiada y preferentemente gratuita,

destinada a satisfacer la necesidad de vivienda de la población en situación de pobreza o

vulnerabilidad y de las personas de los grupos de atención prioritaria, en especial la que

pertenece a los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y montubios; teniendo como

población preeminente a las mujeres cabezas de hogar, las mujeres víctimas de violencia

de género, las personas migrantes en condición de repatriadas y/o retornadas, que

acrediten la condición de serlo, los ex combatientes de los conflictos bélicos de 1981 y

1995; y, toda las personas que integran la economía popular y solidaria, que presentan

la necesidad de vivienda propia, sin antecedentes de haber recibido anteriormente otro

beneficio similar”;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social dispone lo siguiente:

“1. Subsidio para la vivienda de interés social.- Se establece un subsidio, que consistirá

en un aporte estatal en dinero o en especie, total o parcial otorgado a la beneficiaria o

beneficiario, con el objeto de facilitarle la: Adquisición de una vivienda de interés social

nueva o usada o terreno con destino de autoconstrucción de vivienda interés social, 2.-

3/63

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Registro Ocial - Suplemento Nº 397