CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO, LIBRO III- LEY GENERAL SEGUROS

La superintendencia de compañías, valores y seguros determinará las cláusulas que obligatoriamente contendrán las pólizas, así como las cláusulas prohibidas, las cuales carecerán de efectos y se tendrán por no escritas en caso de existir.

Las tarifas de primas y notas técnicas requerirán autorización previa de la superintendencia. Copias de las pólizas, tarifas y notas serán remitidas a la superintendencia, por lo menos treinta días antes de su utilización, para fines de verificación, control y sanción.

Las pólizas deberán sujetarse mínimo a las siguientes condiciones:

1. Responder a normas de igualdad y equidad entre las partes contratantes;

2. Ceñir su contenido a la legislación sobre el contrato de seguro constante en el Código de Comercio, el Decreto Supremo No. 1147, publicado en el Registro Oficial No. 123 de 7 de diciembre de 1963 a la presente Ley y a las demás disposiciones que fueren aplicables;

3. Encontrarse redactada de manera clara, de modo que sea de fácil comprensión para el asegurado;

4. Los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles;

5. Figurar las coberturas básicas y las exclusiones con caracteres destacados en la póliza;

6. Incluir el listado de documentos básicos necesarios para la reclamación de un siniestro;

7. Incluir una cláusula en la que conste la opción de las partes de someter a decisión arbitral o mediación las diferencias que se originen en el contrato o póliza de seguros; y,

8. Señalar la moneda en la que se pagarán las primas y siniestros. La cotización al valor de venta de la moneda extranjera serán los vigentes a la fecha efectiva de pago de las primas y de las indemnizaciones.

9. Señalar que todo reembolso de seguros se realizará mediante transferencia electrónica de fondos o cualquier otro medio de pago electrónico.

Cuando las condiciones generales de las pólizas o de sus cláusulas especiales difieran de las normas establecidas en la legislación sobre el contrato de seguros, prevalecerán estas últimas sobre aquellas.

Las tarifas de primas se sujetarán a los siguientes principios:

1. Ser el resultado de la utilización de información estadística que cumpla exigencias de homogeneidad y representatividad; o,

2. Ser el resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y financiera.

En todo contrato de seguro se entienden incorporadas las normas de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Se tendrá por no escrita toda cláusula que se oponga a las leyes, en perjuicio del asegurado, o a las prohibiciones que determine la Superintendencia conforme al inciso primero de este artículo.

En toda póliza emitida y vigente se entenderán incorporados los requisitos señalados en el artículo 25 aun cuando éstos no consten en su texto en forma expresa.

Este incumplimiento será causal para que el superintendente de compañías, valores y seguros prohíba o suspenda la emisión de nuevas pólizas hasta cuando sea satisfecho el o los requisitos respectivos. Si tales faltas u omisiones resulten reiteradas, el superintendente de compañías, valores y seguros podrá retirar el certificado de autorización del ramo correspondiente sin perjuicio de las sanciones legales pertinentes.

Las empresas de seguros procederán en los casos de pólizas emitidas con anterioridad y que hayan sido sujetas a observaciones por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a notificar a los asegurados de tales enmiendas.

Las empresas de seguros deberán contratar los reaseguros con empresas reaseguradoras en forma directa o a través de intermediarias de reaseguros autorizadas a operar en el país o registradas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, según sea el caso.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expedirá las normas para el registro de las reaseguradoras e intermediarios de reaseguros no establecidos en el país.

ARTÍCULO ...

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitirá las regulaciones correspondientes para la contratación de reaseguro, debiendo definir las condiciones y porcentajes máximos de cesión de seguros y reaseguros por ramo, en función a las características de los riesgos cubiertos, el perfil de las carteras, la siniestralidad de la misma y otros factores técnicos necesarios. Además, podrá definir los casos en que no sea necesaria la contratación de reaseguros.

El superintendente de compañías, valores y seguros, personalmente o por medio de delegados expresamente acreditados, visitará y auditará con la frecuencia que estime necesaria, a las entidades del sistema de seguro privado autorizadas para operar en el ecuador.

Para el ejercicio de sus obligaciones de supervisión y control, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tendrá las más amplias facultades, sin que las personas controladas, sean estas naturales o jurídicas, puedan aducir reserva de naturaleza alguna en la entrega de información que les sea requerida.

Las entidades del sistema de seguro privado llevarán su contabilidad y conservarán sus archivos, sujetándose a las disposiciones que imparta la superintendencia de compañías, valores y seguros a quien presentarán por lo menos mensualmente los estados financieros y sus anexos en la forma que ésta establezca.

Las intermediarias de reaseguros, los peritos de seguros y los asesores productores de seguros, presentarán los estados financieros y sus anexos anualmente o en la forma que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros establezca.

Las entidades del sistema de seguro privado conservarán los comprobantes contables y los documentos de respaldo respectivos, por un período no menor a seis años, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio correspondiente.

Las empresas de seguros están obligadas a conservar los duplicados de las pólizas expedidas y sus anexos, por lo menos hasta tres años después de la fecha de su vencimiento, excepto las pólizas de seguro marítimo que se conservarán por lo menos seis años.

Al efecto podrán utilizar el sistema de microfotografía u otro medio de conservación electrónica, previa autorización del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros y con sujeción a las instrucciones que éste imparta, en cuyo caso podrán ser destruidos los originales.

La reproducción o impresión de tales documentos o comprobantes, debidamente certificados por el funcionario autorizado de la entidad controlada, tendrá el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos originales.

Las alteraciones que se realicen en las reproducciones o impresiones serán reprimidas con arreglo a las disposiciones del Código Penal.

Las copias de los documentos, certificados en la forma que determine el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, servirán como medio de prueba conforme al Código de Procedimiento Civil, y su falsificación o alteración acarreará responsabilidad penal.

Las empresas de seguros deberán publicar dentro de los dos meses posteriores al cierre del ejercicio económico anual, en por lo menos uno de los principales periódicos de mayor circulación nacional, los estados financieros auditados y los principales índices financieros y técnicos correspondientes al año inmediatamente anterior, de acuerdo a las normas que para el efecto dicte la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones legales y estatutarias, el representante legal de la entidad controlada estará obligado a poner de inmediato en conocimiento del directorio o del organismo que haga sus veces toda comunicación de la superintendencia de compañías, valores y seguros que contenga observaciones o recomendaciones respecto de la marcha de los negocios, dejando constancia de ello en el acta de la sesión que será firmada por todos los directores y administradores que hayan concurrido a la misma, en la que constará además la resolución adoptada por el directorio, copia de la cual se remitirá a la superintendencia de compañías, valores y seguros dentro de los ocho días siguientes.

La superintendencia de compañías, valores y seguros editará por lo menos en forma trimestral boletines que contengan la situación financiera de las empresas de seguros correspondiente al trimestre anterior, para distribuirlos al público.

Este boletín deberá contener, por lo menos, información sobre la estructura financiera, margen de solvencia e indicadores de rentabilidad y eficiencia.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mantendrá un centro de información cuyos datos serán ampliamente difundidos por los medios electrónicos u otros sistemas a disposición de los partícipes del mercado asegurador, y del público en general.

ARTÍCULO ...

Las compañías de seguros, reaseguros, asesoras productoras de seguros, inspectoras de riesgos, ajustadoras de siniestros e intermediarias de reaseguros tendrán control interno a cargo de un auditor calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El auditor interno presentará sus informes de control a la compañía y a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo con las normas de control que emita dicho organismo.

Las personas naturales que presten sus servicios como asesores productores de seguros, inspectoras de riesgo, ajustadoras de siniestros e intermediarias de seguros deberá ejercer su actividad bajo criterios de seriedad, veracidad, eficiencia y efectividad

Las compañías de seguros, reaseguros, están obligadas a contratar auditores externos así como firmas calificadoras de riesgo que deberán ser personas jurídicas las cuales se sujetarán a las normas de calificación y emisión de informes que expida la superintendencia de compañías, valores y seguros.

La auditoría externa para las demás personas naturales o jurídicas que integran el sistema de seguro privado deberán observar las normas que expida la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, respecto de las auditorías que se realicen, tendrá plenas facultades fiscalizadoras y exigirá requisitos mínimos que deban cumplir las señaladas auditorías.

Las personas naturales o jurídicas que no cumplan las disposiciones de esta ley o no formen parte del sistema de seguro privado, no podrán realizar las operaciones determinadas en esta ley, ni usar en anuncios, membretes de cartas, circulares o prospectos, un nombre, razón social o expresión que indique o sugiera que corresponda a una entidad del sistema de seguro privado ni utilizar en el lugar en que despachan sus negocios indicación o letrero del que puede inferirse que tal lugar es la oficina de una entidad del sistema de seguro privado.

La violación a las disposiciones de este artículo acarreará la suspensión inmediata de las operaciones, que será dispuesta por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; quien deberá denunciar este hecho en conocimiento del fiscal o la policía judicial y además si el infractor es una persona jurídica a la Superintendencia de Compañías para las sanciones de ley.

ARTÍCULO ...

Las compañías de seguros y reaseguros deberán contar con servicios actuariales, que podrán ser proporcionados por personas naturales o jurídicas, calificadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con el fin de generar las notas técnicas de los productos ofertados y opinar sobre la adecuación y suficiencia de los montos contenidos en los reportes financieros, o sobre la metodología, o sobre las hipótesis asumidas para estos.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, respecto de los estudios actuariales que se realicen tendrá plenas facultades verificadoras y exigirá los requisitos mínimos que los informes técnicos deban cumplir.

Las empresas de seguros no podrán ejercer otras actividades que no sean las relacionadas con su objeto social, salvo en los siguientes casos:

1) Cuando tengan que realizar mercaderías, productos, y otros bienes provenientes de recuperación de siniestros;

2) Cuando adquieran bienes que le sean traspasados, directamente o mediante remate, o en dación en pago por deudas que provengan del giro propio de sus negocios.

Ninguna entidad integrante del sistema de seguros privados, persona jurídica, acreditará, pagará dividendo alguno a sus accionistas o enviará remesas al exterior mientras existan pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores o cuando existan insuficiencia de reservas, inversiones o del margen de solvencia.

Se prohíbe a las entidades de seguros ofrecer al público, directamente o por medio de asesores productores de seguros, coberturas que no puedan incluirse en los respectivos contratos de seguros, conceder comisiones a los asegurados; y, en general, todo acto de competencia desleal.

La colocación de un seguro por parte de los asesores productores de seguros, bajo un plan distinto a lo ofrecido, con engaño para el asegurado; la cesión de corretajes a favor del asegurado, el ofrecimiento de beneficios que la póliza no garantiza o la exageración de éstos; el hacerse pasar por asesores productores de seguros o por intermediarios de reaseguros o como representante de una entidad de seguros sin serlo; el agenciamiento de pólizas de entidades de seguros no establecidas en el país; y, en general, todo acto de fraude, dará lugar para que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros cancele la respectiva credencial, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

Cuando el infractor sea extranjero, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros comunicará el particular a las autoridades competentes para efecto de la aplicación de las sanciones que sean del caso, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley.

Los asesores productores de seguros están prohibidos de suscribir cobertura de riesgos a nombre propio o en representación de una entidad de seguros. Las intermediarias de reaseguros también están sujetas a esta prohibición salvo que cuenten con poder expreso otorgado por el reasegurador.

Los directores, funcionarios o empleados de una entidad del sistema de seguro privado o la persona que actuare a nombre y en representación de ellos, no podrán para sí mismos adquirir, arrendar, ni vender por su propia cuenta o en representación de un tercero, directa o indirectamente, cualquier bien de propiedad de la entidad, o los que estuvieren hipotecados o prendados a ella.

Cuando en una entidad controlada, sus directores, administradores o funcionarios violaren las leyes o reglamentos que rijan su funcionamiento, o en los casos que infringieren disposiciones estatutarias o normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y en especial cuando incumplieren las disposiciones de esta Ley; cuando rehusaren recibir la visita de los auditores o funcionarios debidamente acreditados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o se negaren a suministrar los documentos o datos que sean necesarios para la práctica de la auditoría; cuando no presentaren oportunamente los balances, cuentas y demás documentos relacionados a sus negocios, o no presentaren los informes especiales que les sean solicitados; cuando acusaren deficiencias de reservas, inversiones y del margen de solvencia; si no pagaren la contribución para el sostenimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dentro del plazo que se hubiere fijado, cuando efectuaren inversiones sin sujetarse a las normas legales; la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dependiendo de la gravedad de la infracción, impondrá una de las siguientes sanciones:

1. A la entidad controlada:

   1) Amonestación.

   2) Multa.

   3) Suspensión de los certificados de autorización o retiro de credenciales, según el caso; y,

2. A los directores y administradores de la entidad del sistema de seguro privado:

   1) Amonestación.

   2) Multa.

   3) Remoción.

   En cualquier caso y sin perjuicio de lo establecido en este artículo, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros adoptará las medidas tendientes a restablecer el acatamiento de la norma violada. Las multas impuestas a los directores y administradores, serán pagadas con sus propios recursos.

   Si un director, administrador, funcionario o empleado o al igual que el auditor externo de una entidad controlada, fuere designado o ejerciere sus funciones, en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, será removido de sus funciones mediante resolución dictada por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, si antes no lo hubiere hecho el órgano nominador, o si no hubiere renunciado.

Cualquier director, administrador o funcionario de una entidad controlada o la persona que actúe en nombre y representación de aquellos, será personalmente responsable por las siguientes infracciones:

1. De la declaración falsa, hecha a sabiendas, respecto de las operaciones de la entidad;

2. De la aprobación y presentación de estados financieros falsos;

3. Del ocultamiento deliberado al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o sus representantes debidamente autorizados, de la verdadera situación de la entidad; y,

4. Del ocultamiento, alteración o supresión deliberada en cualquier informe de operación, de datos o de hechos respecto de los cuales el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros tenga derecho a estar informado.

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, cuando descubriere actos dolosos, los denunciará ante el fiscal o la policía judicial.

Estas infracciones serán sancionadas de conformidad con el artículo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas previstas en el Código Penal.

Si el superintendente de compañías, valores y seguros, al verificar la legalidad del aumento de capital de una entidad controlada y la procedencia de los fondos utilizados para el pago del mismo, estableciere que existieron infracciones a la ley, mediante resolución dejará insubsistente total o parcialmente dicho aumento y ordenará que la resolución que expida, se inscriba en el registro mercantil y se publique en el registro oficial.

Las multas que imponga la superintendencia de compañías, valores y seguros, en ningún caso, serán menores a treinta (30) salarios básicos unificados, ni superiores al 5% de las ventas que reporte la entidad infractora, con excepción de las que se impongan a los empleados o funcionarios, las que no podrán ser menores a tres salarios básicos unificados del trabajador en general.

Las sanciones se graduarán en atención a la gravedad de la falta, perjuicios causados a terceros, negligencia, intencionalidad, reincidencia o cualquier otra circunstancia agravante o atenuante.

La imposición de las sanciones dispuestas en ésta Ley, es independiente de cualquier otra sanción que se pudiera aplicar por actos violatorios de otras disposiciones y no limitan la aplicación de las sanciones civiles o penales que correspondan de conformidad con la ley.

En ningún caso una persona puede ser sancionada administrativamente dos (2) veces por el mismo ente, por la misma causa, sin perjuicio de las acciones penales que fueran pertinentes.

Las multas impuestas a la compañía, su representante legal, administradores, directores, empleados o funcionarios, se harán efectivas mediante títulos que podrán cobrarse a través de la jurisdicción coactiva o por cualquier otro medio.

El superintendente de compañías, valores y seguros impondrá igual sanción que a los administradores de las entidades controladas a los auditores y funcionarios de la superintendencia de compañías, valores y seguros que divulguen el contenido de sus informes o que intencionalmente presenten informes inexactos, oculten u omitan datos importantes; o que abusen en el ejercicio de sus funciones; sin perjuicio de otras sanciones administrativas a que hubiere lugar.

Las compañías de seguros y reaseguros tienen la obligación de pagar el seguro contratado o la parte correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, según sea el caso, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes de presentada la reclamación por parte del asegurado o beneficiario, acompañando los documentos determinados en la póliza.

Las compañías de seguros y reaseguros podrán objetar por escrito y motivadamente, dentro del plazo antes mencionado el pago total o parcial del siniestro, no obstante si el asegurado o el beneficiario se allanan a las objeciones de la compañía de seguros, ésta pagará inmediatamente la indemnización acordada.

Si el asegurado o beneficiario no se allana a las objeciones podrá presentar un reclamo ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que ésta requiera a la aseguradora que justifique su negativa al pago. Dentro del plazo de 30 días de presentado el reclamo, y completados los documentos que lo respalden, el organismo de control dirimirá administrativamente la controversia, aceptando total o parcialmente el reclamo y ordenando el pago del siniestro en el plazo de 10 días de notificada la resolución, o negándolo.

La resolución podrá ser impugnada en sede administrativa con arreglo al artículo 70 de la presente Ley.

El incumplimiento del pago ordenado será causal de liquidación forzosa de la compañía aseguradora. La interposición de acciones o recursos judiciales no suspenderá los efectos de la resolución que ordena el pago.

En sede judicial, el asegurado cuyo reclamo haya sido negado podrá demandar a la aseguradora ante la justicia ordinaria o recurrir a los procedimientos alternativos de solución de controversias estipulados en el contrato de seguro. La aseguradora, por su parte, podrá demandar la revocatoria o anulación de la resolución que le obligó al pago de la indemnización, en jurisdicción contencioso administrativa, solamente cuando haya honrado la obligación de pago. En caso de haberse revocado o anulado la resolución, para obtener la restitución de la indemnización pagada, la aseguradora deberá necesariamente también demandar al asegurado o beneficiario que la haya cobrado, quien intervendrá como parte en el juicio.

La presentación del reclamo que regula el presente artículo suspende la prescripción de la acción que tiene el asegurado o el beneficiario contra la aseguradora, hasta la notificación de la resolución a la aseguradora.

Todos los reclamos de asegurados contra aseguradoras se sujetarán a las normas precedentes. No les es aplicable, en consecuencia, el procedimiento regulado por la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.

Adicionalmente, tratándose de pólizas de seguros de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso del anticipo que se contrate en beneficio de las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las compañías de seguros deben emitirlas cumpliendo la exigencia de que sean incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, por lo que tienen la obligación de pagar el valor del seguro contratado, dentro del plazo de diez (10) días siguientes al pedido por escrito en que el asegurado o el beneficiario le requieran la ejecución.

Queda prohibido a las compañías aseguradoras en el caso de las mencionadas pólizas giradas en beneficio de las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, exigir al asegurado para el pago de la garantía, documentación adicional o el cumplimiento de trámite administrativo alguno, que no fuere el previsto en dicha ley y en su reglamento. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita.

El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar, asimismo, a la liquidación forzosa de la compañía de seguros.

La empresa de seguros, dentro de su actividad, está facultada, previa autorización del superintendente de compañías, valores y seguros, para otorgar mediante la emisión de pólizas, por cuenta de terceros, a favor de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, fianzas o garantías cuyo otorgamiento no esté prohibido por ley.

El afianzado está obligado a entregar a favor de la entidad de seguros, las contragarantías personales o reales que respalden el riesgo asumido.

El afianzado podrá ceder en favor de la empresa de seguros sus derechos para el cobro de valores por el anticipo a recibir, así como por las liquidaciones por planillas a emitirse por los trabajos realizados tanto del contrato garantizado como de otros a los que tuviere derecho.

La falta de pago de la prima no suspende ni termina los efectos de la garantía.

También podrá convenir que en caso de que los beneficiarios del sector público ordenen la renovación de las garantías, las primas correspondientes sean pagadas por éstos con cargo a los valores que tengan retenidos a sus contratistas.

La empresa de seguros podrá convenir que el pago de la prima por la emisión o renovación de la póliza, lo realice el solicitante, el afianzado o el asegurado.

El recibo o factura de prima, debidamente certificado por la empresa de seguros, constituye título ejecutivo.

El afianzado está obligado a mantener en vigencia la póliza, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales a las que accede, hasta el total cumplimiento de las obligaciones garantizadas.

La responsabilidad de la empresa de seguros no excederá de la suma máxima asegurada indicada en la póliza o sus anexos.

En ningún caso la empresa de seguros podrá obligarse a más de lo que deba el afianzado. De igual manera, el riesgo asegurado deberá constar en forma clara y determinada sin que pueda extenderse la cobertura a otras obligaciones que por ley o contrato tenga el afianzado.

En las fianzas por anticipos, la suma asegurada se reducirá a medida que se los vaya devengando.

Se entiende causado el siniestro en los casos establecidos en la ley o el contrato.

Para el cobro de la fianza, el asegurado deberá proceder de acuerdo con lo que la ley, la obligación principal y la póliza establezcan en lo pertinente a notificación y trámite. Se adjuntarán los documentos que acrediten el incumplimiento en lo que se refiera a la obligación afianzada, así como a la naturaleza y monto del reclamo.

Una vez expedida la resolución administrativa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o el fallo judicial que declare el incumplimiento de una compañía, se procederá dentro de los 15 días siguientes a la inscripción de la misma en el Registro de Incumplidos de la Contraloría General del Estado.

De igual forma, la empresa de seguros podrá también solicitar dicha inscripción, en el caso de mora de obligaciones por parte del contratista.

En caso que la ley, reglamentos o contratos lo permitan, podrá la empresa de seguros gozar de los beneficios de excusión u orden.

La responsabilidad de la empresa de seguros termina:

1. Por la suscripción del acta que declare extinguidas las obligaciones del afianzado o contratista; o por el vencimiento del plazo previsto en el contrato principal;

2. Por la devolución del original de la póliza y sus anexos;

3. Por el pago de la fianza;

4. Por la extinción de la obligación afianzada;

5. Por no haberse solicitado la renovación de la póliza o la ejecución de las fianzas, dentro de su vigencia; y,

6. Por las causas señaladas en la ley.

Si el asegurado al momento de ocurrir el siniestro fuere deudor del afianzado por cualquier concepto, se compensarán las obligaciones hasta el monto correspondiente.

La empresa de seguros podrá oponer como excepciones todas aquellas que por ley y los contratos pueda plantear el afianzado.

El asegurador tendrá acción contra el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él, con intereses y gastos, aún cuando dicho pago haya sido ignorado o rechazado por éste.

Para este efecto la póliza en la que conste haberse efectuado el pago o el recibo de indemnización, constituirá título ejecutivo.

Las contragarantías entregadas por el afianzado a la empresa de seguros podrán ser ejecutadas hasta por el monto demandado o adeudado, por los pagos parciales o cargos provenientes de las pólizas y de sus renovaciones realizadas por las empresas de seguros.

El asegurado antes de proceder al pago de los valores correspondientes a la liquidación final del contrato, exigirá al contratista la presentación de un certificado de no constar, como deudor moroso, en la Central de Deudores de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros están obligadas a informar a la superintendencia de compañías, valores y seguros las deficiencias del capital mínimo legal, o de inversiones con las cuales debe respaldar sus reservas técnicas y el margen de solvencia, establecido en el artículo 22 de esta ley, tan pronto ello sea detectado y comunicar dentro de los cinco días hábiles siguientes las medidas que hubiere adoptado o adoptará para su solución, las mismas que deberán encontrarse dentro del plan de regularización más adelante descrito.

En el evento que la empresa de seguros no cumpliere con la obligación de informar, señalare como fecha de ocurrencia del déficit una distinta a la efectiva o consignare datos no reales, y estas irregularidades fueren detectadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a más de las sanciones a que haya lugar, se aplicarán los procesos de regularización que se indican a continuación desde la fecha de la comunicación con la cual se hacen las observaciones por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros:

1. La reducción del capital a menos del mínimo legal, deberá ser cubierta en un plazo no superior a noventa días y cuyo aumento deberá ser pagado en dinero en efectivo; y,

2. En caso de producirse un déficit en las inversiones con los cuales la empresa de seguros debe respaldar sus reservas técnicas y margen de solvencia, deberá adoptar las medidas tendientes a solucionarlo, tales como la contratación de reaseguros, la cesión de cartera, la sustitución de las inversiones o el aumento de capital.

Si el déficit no sobrepasare el 5% de lo requerido, la empresa de seguros deberá adoptar las medidas tendientes a solucionarlo dentro de un plazo de hasta treinta días. Si el déficit correspondiente sobrepasare este porcentaje, el plazo para cubrirlo será de noventa días.

En los casos de déficit, tanto del capital como de inversiones que respaldan las reservas técnicas y el margen de solvencia, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros podrá mientras estos no se superen, disponer la suspensión de la emisión de nuevas pólizas, la cesión de toda o parte de la cartera de seguros o adoptar ambas medidas.

Si la empresa de seguros no se regularizare en los plazos señalados, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros dispondrá la liquidación forzosa, en los términos de esta Ley.

ARTÍCULO ...

El Superintendente podrá ordenar la intervención de las empresas sujetas a su control y vigilancia según esta Ley, con arreglo a las normas de la sección XI y conexas de la Ley de Compañías.

Se prohíbe celebrar en territorio ecuatoriano los siguientes contratos de seguros con empresas de seguros no establecidas legalmente en el país:

1. Seguro de personas, cuando el asegurado se encuentre en la República al celebrarse el contrato;

2. Seguro contra incendio y riesgos adicionales sobre bienes ubicados en el territorio nacional;

3. Seguro de casco de naves marítimas o aéreas, cuando éstos se hallen bajo matrícula ecuatoriana;

4. Seguros de transporte de mercancías o bienes que se importen al país; y,

5. Seguros de los demás ramos contra riesgos que puedan ocurrir en territorio ecuatoriano.

En el caso que ninguna empresa de seguros autorizada para operar en el país pueda asumir determinado riesgo, el interesado previa autorización del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, podrá contratar el seguro sobre ese riesgo en el exterior.

Los fondos para atender los gastos del órgano de control del área de seguros privados y los aportes al fondo de seguros privados se obtendrán de la contribución del 3,5% sobre el valor de las primas netas de seguros directos, las que podrán aumentarse hasta el 5%, por resolución de la junta de política y regulación monetaria y financiera y a petición del titular de éste órgano de control, conforme a las atribuciones constantes en la ley para la aprobación del presupuesto del organismo de control.

Las empresas de seguros actuarán como agentes de retención de esta contribución.

La empresa de seguros que hubiere pagado una indemnización por el valor total de los bienes asegurados, adquiere la propiedad de los mismos sobre los cuales versa el contrato de seguro.

En los casos de pérdida parcial, los bienes siniestrados pasarán a propiedad de la empresa de seguros, cuando éstos hayan sido reemplazados, a menos que renuncie a este derecho.

El acta de finiquito constituye título de propiedad, no obstante el asegurado o beneficiario, está obligado a realizar todos los actos tendientes a consolidar el dominio del asegurador sobre dichos bienes y a entregarle todos los documentos inherentes a ellos.

La superintendencia de compañías, valores y seguros, expedirá mediante resoluciones las normas necesarias para la aplicación de esta ley, las que se publicarán en el registro oficial.

Las atribuciones que la ley confiere a la Superintendencia o Superintendente de Compañías, serán, respecto de las entidades del sistema de seguro privado, ejercidas exclusivamente por la Superintendencia o el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

De las resoluciones expedidas por el órgano competente de la superintendencia de compañías, valores y seguros, en el ámbito regulado por la presente ley, podrá interponerse recurso de apelación ante el superintendente, en el plazo de diez (10) días contados desde la fecha de notificación de la resolución.

La decisión que el superintendente adopte causará estado, sin perjuicio de las acciones contencioso administrativas, y de lo preceptuado en el artículo 42 esta ley. No procede recurso alguno respecto de lo resuelto por el superintendente de compañías, valores y seguros, ni en caso de que su pronunciamiento haya sido expedido en primera instancia administrativa.

Extraordinariamente, mediante revisión, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros podrá revocar o reformar cualquier acto administrativo, sea de oficio o con motivo de la presentación del respectivo recurso, dentro del plazo de un año, que se contará a partir de la notificación de dicho acto.

La revisión solo tendrá lugar si el acto administrativo impugnado hubiere sido dictado con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el expediente o de disposiciones legales expresas; o, cuando, con posterioridad, aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate.

El superintendente de compañías, valores y seguros podrá solicitar al superintendente de compañías proporcione datos relacionados con cualquier entidad sujeta a la vigilancia y control de ésta.

Igualmente el superintendente de compañías, podrá solicitar al superintendente de compañías, valores y seguros, le proporcione datos e informes relacionados con cualquier entidad del sistema de seguro privado. Se especificará en la solicitud las causas que la motivan.

Estos datos e informes se considerarán reservados y las personas que los conozcan quedarán sujetas a las prohibiciones y sanciones mencionadas en la Ley de Compañías y en la presente Ley, según el caso.

La certificación del superintendente de compañías, valores y seguros, respecto a la existencia legal de quienes integran el sistema de seguro privado y de quienes ostentan la representación legal, constituirá prueba suficiente y plena de tales hechos ante cualesquiera autoridad judicial o administrativa.

El superintendente de compañías, valores y seguros podrá intervenir como parte personalmente o podrá delegar la representación en cualquier juicio que se promoviere por infracciones de la presente ley.

Para la contratación de seguros, todas las instituciones y entidades del sector público se sujetarán a concurso de ofertas entre empresas de seguros constituidas y establecidas legalmente en el país.

Las condiciones de las pólizas y las tarifas serán el resultado del régimen de libre competencia del mercado de seguros.

Deróganse las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley, y especialmente las siguientes:

1. Ley General de Compañías de Seguros, codificada por la Superintendencia de Bancos mediante Resolución No. 67-09-S, promulgada en el Registro Oficial No. 83 de 13 de marzo de 1967;

2. Ley No. 155 C.L.P., promulgada en el Registro Oficial No. 226 de 21 de julio de 1969 y su reforma constante en el artículo 3 de la Ley No. 80, promulgada en el Registro Oficial No. 479 de 13 de julio de 1990;

3. Decreto No. 763, promulgado en el Registro Oficial No. 181 de 28 de septiembre de 1976; y, Decreto No. 593 de 26 de julio de 1976, promulgado en el Registro Oficial No. 147 de 11 de agosto de 1976;

4. Artículo primero del Decreto 1554, promulgado en el Registro Oficial No. 373 de 6 de julio de 1977;

5. Artículo 31 de la Ley No. 121, promulgada en el Registro Oficial Suplemento No. 453 de 17 de marzo de 1983;

6. Numeral sexto del artículo 171 del Decreto Ley No. 02, promulgado en el Registro Oficial Suplemento No. 930 de 7 de mayo de 1992;

7. Artículo 68 de la Ley de Mercado de Valores publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 199 de 28 de mayo de 1993;

8. Artículo 116 de la Ley de Cooperativas, de 7 de septiembre de 1966, publicada en el Registro Oficial No. 123 de 20 de septiembre de 1966;

9. Artículo 32 de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 453 de 17 de marzo de 1983;

10. Resoluciones dictadas por la Superintendencia de Bancos Nos. 80-087-S, promulgada en el Registro Oficial No. 208 de 12 de junio de 1980 y su reforma constante de la Resolución No. 80-172-S, publicada en el Registro Oficial No. 262 de 28 de agosto de 1980; 83-216-S de 8 de septiembre de 1983; 91-187 publicada en el Registro Oficial No. 807 de 7 de noviembre de 1991; y, 92-204-S reformatoria de la anterior, de 9 de junio de 1992.