Dictamen de la corte constiticional N.° 0003-013-DTI-CC, sobre el convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República Argentina para la promoción y protección recíproca de inversiones

ALERTA LEGAL
TEMA: DICTAMEN DE LA CORTE CONSTITICIONAL N.° 0003-013-DTI-CC, SOBRE EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA
DE INVERSIONES
FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2 013
CONTENIDO DEL DICTÁMEN
Mediante oficio N° T.4766-SNJ-10-21 del 6 de enero del 2010, el economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la
República del Ecuador, remitió a la Corte Constitucional, las copias certificadas de varios Acuerdos Bilaterales de Protección
Recíproca de Inversiones, suscritos por la República del Ecuador con distintos países, a fin de que la Corte Constitucional
emita dictamen favorable para su denuncia. Dentro de estos Acuerdos se encontraba el suscrito por el Ecuador con la
República de Argentina el 18 de febrero de 1994, el cual fue ratificado mediante Decreto Ejecutivo N.° 2996 del 21 de agosto
de 1995.
Dentro de los fundamentos de la solicitud de dictamen favorable para la denuncia del Convenio entre el Gobierno de la
República del Ecuador y el Gobierno de l a República Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de Inver siones,
encontramos que el mismo contiene cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como la de
someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución en caso de conflictos relativos a dichos convenios,
desconociendo la jurisdicción ecuatoriana. De igual manera se señala que los tribunales arbitrales a los que dichos tratados
obligan a someter jurisdiccionalmente al Ecuador , para resolver las controversias entre compañías extranjeras y el Estado
ecuatoriano, no suelen tomar en cuenta el derecho ecuatoriano sino que valoran peculiarmente el concepto de "inversión",
llegando a desconocer el derecho nacional cuando consideran que las medidas legislativas tomadas por el Ecuador han sido
"arbitrarias o discriminatorias". Como argumento final se plantea la idea de que la mayoría de los tratados han respetado la
soberanía tributaria de los países receptores de inversión, mientras que los tribunales arbitrales la han desconocido en
ocasiones, cuando han considerado que una medida tributaria es "confiscatoria".
La Corte Constitucional entra a realizar el solicitado análisis tomando en cuenta lo dispuesto e n los artículos 429 y 438
numeral 1 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para resolver, mediante dictamen vinculante, la
constitucionalidad de los instrumentos internacionales. Así también, la Corte Constitucional es plenamente competente para
ejercer el control abstracto de constitucionalidad de los tratados internacionales, en base al artículo 75 numeral 3 literal d)
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el artículo 71 numeral 3 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. También es considerado el artículo 108 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, el cual señala que la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá de la
aprobación de la Asamblea Nacional, previo a lo cual se debe contar con el dictamen vinculante de constitucionalidad
emitido por la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional considera que el Convenio responde a un contex to histórico y económico distinto al que vivimos
actualmente, ya que el cambio de la estructura política y jurídica de la sociedad ecuatoriana ha planteado nuevos escenarios
tanto internos como externos a partir de la expedición de la nueva Constitución. Es así que la Corte realizó un análisis de
cada uno de los artículos del mencionado Convenio, siendo el primero de definiciones, el segundo y tercero de promoción de
las inversiones nacionales y extranjeras, el artículo cuarto referente a las restricciones de los Estados suscriptores, los
artículos quinto y sexto que se refieren a las políticas monetaria, crediticia, cambiaria, etc., y en especial a los medios de
pago para que el sistema económico opere con eficiencia, el séptimo artículo sobre el impulso al desarrollo de las actividades
económicas mediante la sujeción al orden jurídico, el octavo artículo que menciona que en caso de existir controversias estas
se solucionaran por la vía diplomática y si fallase esta vía se resolverá ante un tribunal arbitral de carácter internacional y
siguiendo la misma línea el artículo noveno establece que el inversor podrá decidir elegir entre el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o en un tribunal de arbitraje "ad-hoc" bajo las reglas de arbitraje de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.), y finalmente, el artículo 10 del
Convenio hace referencia a la entrada en vigor, duración y terminación del Convenio.

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