Consulta Previa en Sarayaku (Ecuador): Implicaciones Penales y Justicia Restaurativa en la Reparación Integral
| Páginas | 106-125 |
| Fecha | 01 Junio 2026 |
| Fecha de publicación | 01 Junio 2026 |
| Autor | Ximena Elizabeth Maldonado Erazo,Leslie Fernanda Santillán Montenegro |
| Materia | Derecho Penal |
Recibido: | 2026/01/29 | Aceptado: | 2026/04/20 | | Publicado: | 2026/06/04
DOI: 10.31207/ih.v15i1.458 | Páginas: 106-125
Ius Humani. Revista de Derecho, n.1, v. 15, 2026
ISSN: 1390-440X e-ISSN: 1390-7794
Consulta previa en Sarayaku (Ecuador):
implicaciones penales y justicia restaurativa en la
reparación integral
Prior Consultation in Sarayaku (Ecuador): Criminal Implications and
Restorative Justice in Integral Reparation
Ximena Elizabeth Maldonado Erazo*, Universidad de Otavalo, Ecuador,
xmaldonado@uotavalo.edu.ec
Leslie Fernanda Santillán Montenegro, Universidad de Otavalo, Ecuador,
lsantillan@uotavalo.edu.ec
* Autor de correspondencia
Resumen
Esta inv estigación analizó el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo kichwa de Sarayaku, a partir de la
sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku vs. Ecuador. El objetivo fue examinar
el alcance del estándar interamericano de consulta previa y su aplicación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, mediante un
análisis comparativo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la Constitución de 1978, codificada
en 1993 y reformada en 1996, así como en las Constituciones de 1998 y 2008. La investigación tuvo un enfoque cualitativo,
sustentado en la revisión documental del marco normativo nacional e int ernacional y de la jurisprudencia interamericana sobre
derechos de participación, derechos colectivos indígenas y derechos de la naturaleza frente a la explotación de recursos naturales
no renovables. Los resultados evidenciaron que, pese al reconocimiento jurídico de la consulta previa en Ecuador, persisten
dificultades para su implementación efectiva en territorios indígenas afectados por actividades extractivas. Además, el análisis
incorporó una perspectiva p enal sobre los daños ocasionados al territorio indígena y al ambiente como b ienes jurídicos
colectivos, así como la reparación integral ordenada por la Corte Interamericana desde los principios de la justicia restaurativ a.
Se concluyó que la eficacia de la consulta previa continúa limitada en su aplicación práctica y en la materialización de medidas
de reparación integral para las comunidades afectadas.
Palabras Clave: Consulta Previa Libre e Informada; Saray aku; Justicia Restaurativa; Derechos Culturales; Derechos
Humanos Colectivos.
Abstract
This research analyzed the right to prior, free, and informed consultation of the Kichwa people of Sarayaku, based on the
judgment issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case Saray aku v. Ecuador. The objective was to examine
the scope of the Inter-American standard on prior consultation and its application within the Ecuadorian legal system, through a
comparative analysis of the rights of Indigenous peoples and communities recognized in the 1978 Constitution, codified in 1993
and reformed in 1996, as well as in the 1998 and 2008 Constitutions. The study adopted a qualitative approach, grounded in a
documentary review of the national an d international legal framework and Inter-American jurisprudence concerning
participation rights, Indigenous collective rights, and the rights of nature in the context of the exploitation of non-ren ewable
natural resources. The findings revealed that, despite the formal recognition of prior consultation with in the Ecuadorian
constitutional system, significant challenges persist in its effective implementation in Indigenous territories affected by extractive
activities. Additionally, the analysis incorporated a criminal law perspective to assess the legal implications of damage to
Indigenous territory and the environment as collective legal interests, as well as the comprehensive reparation measures ordered
by the Inter-American Court from a restorative justice perspective. It was concluded that the effectiveness of prior consultation
remains limited in practice and in the materialization of comprehensive reparation measures for affected communities.
Keywords: Free, Prior and Informed Consent (FPIC); Sarayaku; Restorative Justice; Cultural Rights; Collective Human
Rights.
Ius Humani. Revista de Derecho, 2026, n.1 107
© ISSN: 1390-440X• e-ISSN: 1390-7794 • Páginas 106-125
Introducción
En este contexto, surge la necesidad de examinar la eficacia de la consulta previa, libre e informada
como mecanismo de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente a
actividades extractivas que afectan sus territorios. En particular, el caso del pueblo indígena kichwa
de Sarayaku constituye un precedente relevante dentro del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, al establecer estándares sobre la obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas
antes de autorizar proyectos que puedan afectar sus territorios y su modo de vida.
A pesar de la relevancia jurídica de este precedente, persisten debates en torno a la eficacia real de la
consulta previa dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y a las dificultades para garantizar su
cumplimiento efectivo en contextos de explotación de recursos naturales. En este sentido, el caso
Sarayaku plantea interrogantes no solo sobre la aplicación del estándar interamericano de consulta
previa, sino también sobre las implicaciones jurídicas derivadas de los daños ocasionados al territorio
indígena y al ambiente, así como sobre el alcance de las medidas de reparación integral ordenadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De este modo, la presente investigación se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la
eficacia jurídica de la consulta previa, libre e informada en el caso Sarayaku frente al estándar
interamericano y cuáles son sus implicaciones en materia de responsabilidad estatal, protección penal
del territorio indígena y reparación integral desde una perspectiva de justicia restaurativa?
En concordancia con esta interrogante, el objetivo de la presente investigación es analizar el alcance
y la eficacia del derecho a la consulta previa, libre e informada en el caso Sarayaku frente al estándar
desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, examinando su aplicación en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano y sus implicaciones en materia de protección de los derechos
colectivos, responsabilidad estatal, dimensión penal de los daños al territorio indígena y mecanismos
de reparación integral desde una perspectiva de justicia restaurativa.
Así también, se analiza la consulta previa libre e informada considerada como uno de los derechos
colectivos establecidos por primera vez en el Ecuador en la Constitución de la República del 2008.
Como antecedente relevante, la comunidad indígena kichwa de Sarayaku interpuso una acción ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano. En su petición sostuvieron que se habían
transgredido sus derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada, así como también a
la participación y al acceso libre a la información, además de sus derechos a gozar de un ambiente
sano, a la protección integral de la naturaleza y a la libre movilidad dentro de su territorio.
El caso Sarayaku marcó un precedente normativo constitucional sobre la consulta previa, este caso
tiene su origen en la autorización otorgada por el Estado ecuatoriano para la exploración de
hidrocarburos y la explotación de petróleo crudo mediante acuerdos entre la empresa estatal Petróleos
del Ecuador (PETROECUADOR) y el consorcio conformado por la Compañía General de
Combustibles y la empresa Petrolera Ecuador San Jorge S.A., durante los años 2002 y 2003 en el
territorio de este pueblo, con la intervención de la Fuerza Pública del Estado (Navas, 2015, p. 46).
Una vez contextualizada la problemática, resulta necesario analizar las actuaciones de los organismos
internacionales frente a la falta de respuesta de los administradores de justicia en el ámbito nacional.
En el marco de sus competencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas
orientadas a la protección de la comunidad y posteriormente remitió el caso a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos para su conocimiento y resolución. En este proceso solicitó al Estado
ecuatoriano proceder de manera urgente al retiro de todo material explosivo emplazado en el subsuelo,
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