Crímenes en expansión: homicidios intencionales y los desafíos para los derechos humanos y la seguridad en Ecuador
| Páginas | 103-122 |
| Fecha | 01 Enero 2025 |
| Fecha de publicación | 01 Enero 2025 |
| Autor | Pablo Alexander Molina Panchi,Diego Fabián Molina Panchi |
TSAFIQUI| Revista Científica en Ciencias Sociales
Nº 24, 2025| ISSN 1390-5341 - eISSN 2602-8069 | Universidad UTE
https://revistas.ute.edu.ec/index.php/tsafiqui/index
Recibido: 14/09/2024 - Aceptado: 23/12/2024 - Publicado: 01/07/2025 | Páginas: 103-120
Crímenes en expansión: homicidios
intencionales y los desafíos para los
derechos humanos y la seguridad
en Ecuador
Expanding crimes: intentional homicides
and the challenges for human rights and security in Ecuador
https://doi.org/10.29019/tsafiqui.v15i1.1463
Pablo Alexander Molina Panchi. Libre ejercicio, Ecuador
Diego Fabián Molina Panchi. Libre ejercicio, Ecuador
RESUMEN
En la última década, se ha registrado un alarmante incremento en las muertes violentas, lo que representa un desafío signica-
tivo para la seguridad pública. En este contexto, el objetivo de la investigación es analizar de manera exhaustiva las caracterís-
ticas, la distribución geográca y temporal, así como los factores asociados a las muertes violentas en Ecuador. Asimismo, este
estudio adopta un enfoque cuantitativo, que se distingue por la aplicación de pruebas estadísticas como: Kolmogórov-Smirnov
y el Suavizamiento Exponencial Simple, enmarcado en un diseño longitudinal. Los principales resultados del estudio son los
siguientes: (i) se registraron un total de 23 429 muertes violentas, con un aumento signicativo en los últimos años, alcanzando
8202 casos en 2023; (ii) el asesinato constituye la categoría más frecuente; (iii) la provincia de Guayas concentra el mayor nú-
mero de casos, representando el 41 % del total; (iv) el 76.42 % de las muertes ocurren en áreas urbanas; (v) las armas de fuego
son el medio más utilizado para cometer estos delitos, representando el 73.04 %; (vi) la mayoría de las víctimas son hombres
jóvenes, solteros y de etnia mestiza; y, (vii) la delincuencia común es la principal motivación, abarcando el 70.65 %. En conclu-
sión, las muertes violentas reejan vulnerabilidades estructurales como: desigualdad económica, la fragilidad institucional y la
falta de oportunidades. Por tanto, garantizar la seguridad como un derecho humano esencial requiere, necesariamente, abordar
estas causas mediante acciones conjuntas que fortalezcan la cohesión social y promuevan una cultura de paz.
ABSTRACT
In the last decade, there has been an alarming increase in violent deaths, representing a signicant challenge to public security. In light
of this, the aim of the research is to thoroughly examine the characteristics, geographic and temporal distribution, and the factors
associated with violent deaths in Ecuador. Furthermore, this study adopts a quantitative approach, distinguished by the application
of statistical tests such as Kolmogorov-Smirnov and Simple Exponential Smoothing, framed within a longitudinal design. e main
ndings of the study are as follows: (i) A total of 23,429 violent deaths were recorded, with a signicant increase in recent years,
reaching 8,202 cases in 2023; (ii) Homicide is the most frequent category; (iii) e province of Guayas concentrates the highest
number of cases, representing 41 % of the total; (iv) 76.42 % of the deaths occur in urban areas; (v) Firearms are the most commonly
used method to commit these crimes, accounting for 73.04 %; (vi) Most victims are young men, single, and of mestizo ethnicity; and
(vii) Common crime is the primary motivation, encompassing 70.65 %. In conclusion, violent deaths reect structural vulnerabilities
such as economic inequality, institutional fragility, and lack of opportunities. erefore, ensuring security as an essential human right
requires, by necessity, addressing these causes through joint actions that strengthen social cohesion and promote a culture of peace.
PALABRAS CLAVE | KEYWORDS103-120
Homicidios intencionales, violencia, seguridad, análisis longitudinal, criminalidad, derechos humanos.
Intentional homicides, violence, security, longitudinal analysis, crime, human rights.
104
Páginas: 103-120 .https://doi.org/10.29019/tsafiqui.v15i1.1463.Nº 24, 2025
INTRODUCCIÓN
La violencia, en sus diversas formas, constituye uno de los retos más urgentes para las sociedades actuales, con
profundas implicaciones para la salud pública, el desarrollo socioeconómico y los derechos humanos. En efecto,
en América Latina, una región marcada por altos índices de desigualdad y tensiones sociales, la violencia ha al-
canzado niveles alarmantes en las últimas décadas, convirtiéndose en un obstáculo signicativo para el progreso
y el bienestar de sus habitantes. En este contexto, Ecuador ha experimentado un preocupante aumento en los
índices de violencia, especialmente en lo que respecta a las muertes violentas, lo que ha llamado la atención de
investigadores, responsables de políticas y la sociedad en general (Zapata, 2024).
Consecuentemente, desde una perspectiva crítica, la criminología ha resaltado cómo el sistema penal con-
temporáneo funciona como un mecanismo que perpetúa la violencia estructural, vulnerando los derechos hu-
manos tanto de las personas en conicto con la ley como de aquellas que no lo están. Por tanto, este enfoque
analítico permite identicar cómo las llamadas teorías “re” (rehabilitación, reinserción y reeducación) no solo
maniestan contradicciones inherentes, sino que también revelan las limitaciones de los mecanismos de control
y sanción para enfrentar de manera efectiva las complejidades de los procesos de criminalización (Echeverría &
Alvaracín, 2022). De acuerdo con Baño (2022), los modelos tradicionales de reinserción social se enfocan prin-
cipalmente en rehabilitar a las personas que han cometido delitos, con el propósito de facilitar su reintegración
en la sociedad. Sin embargo, estos enfoques suelen estar diseñados desde una perspectiva que prioriza el control
y la disciplina, lo que a menudo deja de lado las circunstancias sociales y estructurales que llevaron a estas per-
sonas a cometer delitos. De hecho, se centran predominantemente en modicar el comportamiento individual,
sin cuestionar ni intervenir en las desigualdades sociales, económicas y culturales que, de manera signicativa,
pudieron inuir en su conducta.
Echeverría y Alvaracín (2022), por otro lado, presentan un análisis crítico al destacar que las prácticas pu-
nitivas contemporáneas no se limitan al connamiento carcelario, sino que generan una violencia sistémica de
amplio alcance. Esta violencia trasciende las barreras físicas de los centros de privación de libertad, produciendo
efectos de estigmatización y exclusión social que dicultan seriamente cualquier posibilidad real de reintegra-
ción. En este sentido, las estrategias de control penal operan como dispositivos que, lejos de abordar ecazmente
los problemas de criminalidad, profundizan las condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Verdugo (2023) su-
braya que las políticas de reinserción social suelen fundamentarse en narrativas de corrección moral que desa-
tienden las condiciones estructurales de desigualdad subyacentes a los procesos de criminalización. Al mismo
tiempo, estas narrativas simplican la complejidad de los factores que conducen a la delincuencia y perpetúan
formas de violencia institucional que refuerzan las desigualdades existentes, contribuyendo al ciclo de criminali-
zación y exclusión. Guevara y Subía (2023) también sostienen que las teorías “re” funcionan como tecnologías de
gobierno diseñadas para disciplinar y normalizar a las personas criminalizadas, ignorando sus trayectorias de vida
y las condiciones que moldearon su situación. Este enfoque, además de vulnerar su dignidad y autonomía, repro-
duce lógicas de control que refuerzan la dependencia al sistema penal, limitando sus posibilidades de autonomía
real y efectiva. Cabrera (2022) destaca que el sistema penal no solo castiga a las personas criminalizadas, sino que
también las excluye de forma permanente de la vida social y económica. Como resultado, pierden su condición
de ciudadanía, quedando marcadas por el estigma y relegadas a situaciones de precariedad. Este proceso implica
la negación de derechos básicos, como el acceso al trabajo o a la educación, y refuerza la percepción de que no
pueden ser reintegradas a la sociedad, perpetuando su exclusión.
El análisis crítico de las teorías “re” y las prácticas del sistema penal contemporáneo revela que estas, lejos de
cumplir con sus objetivos declarados, perpetúan formas de violencia estructural e institucional. Los hallazgos de
Cabrera (2022), Guevara y Subía (2023), y Verdugo (2022) enfatizan la necesidad de reformular profundamente
las políticas de reinserción social, adoptando enfoques que aborden las raíces estructurales de la criminalidad y
promuevan la dignidad y autonomía de las personas criminalizadas. Para avanzar hacia este objetivo, es esencial
implementar estrategias integrales que incluyan perspectivas interdisciplinarias y enfoques basados en derechos
humanos, permitiendo superar las limitaciones actuales del sistema penal y fomentar una sociedad más inclusiva
y equitativa.
En este contexto, los derechos humanos resultan fundamentales para comprender cómo las políticas de se-
guridad afectan a las personas en los escenarios contemporáneos. Por otra parte, investigaciones recientes han
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