Derecho internacional humanitario y perspectiva de género. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Entrevista a Isabel Jaramillo Sierra
| Páginas | 108-113 |
| Fecha | 01 Diciembre 2021 |
| Fecha de publicación | 01 Diciembre 2021 |
| Autor | Michelle Flores Martínez |
| Materia | Ciencias sociales |
Facultad de Derecho
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
El acuerdo nal para la terminación del conicto y la construcción
de una paz estable y duradera en Colombia
Entrevista a Isabel Jaramillo Sierra*
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND GENDER PERSPECTIVE
The Final Settlement to End the Conict and Build a Stable
and Lasting Peace in Colombia
Interview with Isabel Jaramillo Sierra
DEREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO E PERSPECTIVA DE GÊNERO
O acordo nal para o término do conicto e a construção da paz estável
e duradoura na Colômbia
Entrevista com Isabel Jaramillo Sierra
Michelle Flores Martínez**
Entrevista realizada en diciembre de 2021, de forma virtual
Quito, Ecuador
* Isabel Jaramillo Sierra es abogada por la Universidad de los Andes (Cum Laude) y Doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Harvard. Su
trabajo académico se ha centrado en la reforma legal feminista: cómo se imagina y cómo se persigue. Sus libros sobre la reforma de la ley del aborto
(con Tatiana Alfonso, Mujeres, Cortes y Medios, 2008) y la inuencia del derecho de familia en la producción de familias, pobreza y exclusión (Derecho y
Familia en Colombia. Historias de Raza, Sexo y Propiedad, 1580-1990, 2013) son reconocidos como contribuciones críticas al campo en América Latina.
Ha sido consultora del gobierno colombiano en temas de derechos sexuales y reproductivos, y reforma institucional para la transición. En 2015 y 2017 se
desempeñó como Magistrada Ad hoc ante la Corte Constitucional de Colombia y el Consejo de Estado. Fue nominada en 2017 a la Corte Constitucional
de Colombia por el presidente Juan Manuel Santos. Correo electrónico: ijaramil@uniandes.edu.co
** Michelle Flores Martínez es abogada graduada de la Universidad de las Américas (2020). Fue seminalista en el Concurso de Derecho Internacional
Humanitario (2019) y su investigación de tesis se centró en la incorporación de la perspectiva de género en la normativa de DIH frente a los conictos
armados no internacionales, en el caso de Colombia. Correo electrónico: andream0896@gmail.com
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MICHELLE FLORES MARTÍNEZ (MFM): Em-
pecemos aclarando el concepto de género. ¿Po-
dría explicarnos este concepto y su importancia
en la construcción de las sociedades y de los roles
sociales?
ISABEL JARAMILLO (IJ): El género es una catego-
ría que se construye dentro de las Ciencias Sociales
y en particular en la academia de los Estados Unidos
con el propósito de describir una característica de las
relaciones sociales en las sociedades contemporáneas.
Las cientícas sociales intentaban describir la razón
por la que hombres y mujeres resultaban teniendo
distintas oportunidades, privilegios y/o cargas en las
sociedades contemporáneas. Para esa descripción
acuden a la idea del género y la utilizan para referirse
a esta dimensión de las diferencias de oportunidades,
privilegios y cargas que se distribuyen en la sociedad
de acuerdo con el sexo.
Ahora, el concepto de género ha sido importante por
dos razones: primero, porque ha focalizado la investi-
gación en las relaciones sociales y no tanto en los as-
pectos biológicos que puedan estar unidos a algunas
de las consecuencias ya mencionadas; y, segundo, por-
que visibilizó que en las relaciones sociales se afectan
las relaciones tanto de hombres como de mujeres. Es
decir, los hombres también tienen dimensiones cultu-
rales y en ese sentido tienen unas cargas, responsabili-
dades y privilegios dentro del sistema.
Revelar el género de los hombres nos sirve para mos-
trar que su propia actitud es construida y que su privi-
legio es el resultado de las interacciones sociales.
MFM: Pensando en su libro, La crítica feminista al
Derecho, donde usa el género como categoría de
análisis, ¿podría explicarnos cómo esta concepción
ha afectado la producción de normas jurídicas y,
por ende, el diseño de la realidad jurídico-social?
IJ: Uno podría decir que algunos creen que el Derecho
está bien redactado, pero los que lo tienen que aplicar,
lo aplican mal. Una segunda postura es que la norma
jurídica ha sido creada por los hombres y reeja el
punto de vista, las necesidades e intereses masculinos;
y dado que es así, el Derecho es parte de lo que con-
tribuye a que los hombres continúen teniendo pri-
vilegios. Esas son dos maneras de pensar la realidad
jurídico social.
Yo considero que hay veces que el problema es el di-
seño de la norma y otras en las que el problema es de
aplicación de la misma.
Con eso podría decirte que las feministas tenemos
distintas miradas hacia el Derecho: unas más escép-
ticas y otras menos escépticas. Pero, ciertamente, es-
tamos convencidas de que el derecho aún no es una
herramienta para la emancipación de las mujeres.
MFM: ¿De qué manera una perspectiva jurídica
puede complementar los planteamientos feministas
en pro de una sociedad más justa? O, ¿cómo pueden
contribuir el Derecho y el Derecho Internacional
Humanitario (DIH) especícamente a la lucha de
los movimientos feministas?
IJ: Pienso que hay dos preguntas que se han planteado
las mujeres. Dado que lo que es femenino en las so-
ciedades nos ha excluido del enfrentamiento armado
de dos formas: primero nos ha invisibilizado, es decir,
las mujeres que sí participan, nadie las toma en cuen-
ta, como si no fueran mujeres. Pero nos han excluido
también porque lo que es visible sobre cómo funciona
la guerra y cómo se produce el daño es sobre la ex-
periencia masculina. Entonces las preguntas frente a
esto son: ¿dónde están las mujeres en esta descripción
de los eventos de la guerra? Incluso si no estamos físi-
camente presentes, esa ausencia hay que explicarla. Y,
la segunda es: ¿cuáles son las ideas sociales que hacen
que estemos por fuera?
Hay algunas feministas que creen que lo primero que
debería pasar es que las mujeres estemos físicamente
presentes en todos esos espacios que son de la guerra
y del uso de la fuerza, es decir, que los ejércitos de-
berían incluir el 50% a las mujeres, el 50% de la po-
licía deberían ser mujeres. Eso tendría que llevarnos
a imaginarnos el conicto y los enfrentamientos de
otra forma; si uno cree eso, su agenda de reforma le-
gal sería diferente: una modernización de las Fuerzas
Armadas, cambio del servicio militar obligatorio, etc.
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La perspectiva de otras feministas es que lo que va a
aportar el feminismo es el n de la guerra, porque las
mujeres no hacemos la guerra, no creemos en la gue-
rra y no nos gusta la guerra. Eso llevaría a otra refor-
ma legal, una reforma que hace cada vez más costosa
la guerra.
En este sentido, se puede decir que la visión feminista
ha aportado a la perspectiva jurídica y no al revés.
MFM: Colombia es el país con el conicto armado
más largo de la región. Esto ha hecho que sea ne-
cesario incorporar el Derecho Internacional Huma-
nitario en el ordenamiento jurídico interno. ¿Qué
herramientas se ha utilizado para hacerlo?
IJ: Aquí lo primero que es importante señalar es la
medida en que el Derecho Internacional Humanita-
rio se relaciona a conictos entre Estados nacionales.
Ya con la adopción de los protocolos más recientes,
empieza a ser importante para los conictos internos.
Por mucho tiempo Colombia fue muy reacia a pensar
en el Derecho Internacional Humanitario como apli-
cable internamente, porque eso hubiese querido decir
que se reconocía como beligerantes a las guerrillas que
estaban “retando” el poder del Estado. Por ende, re-
conocerlas como beligerantes sería reconocerlas como
partes legítimas en un conicto armado.
Sin embargo, eso cambia con la Constitución de 1991,
y también cuando se suscribe el Protocolo Adicional
II de los Convenios de Ginebra. Entonces, al raticar-
se a inicios de los años noventa el protocolo, se incor-
poró al derecho interno y sobre él hay una sentencia
de la Corte Constitucional.
En el caso de los tratados de derechos humanos, como
lo ha dicho la Corte y la propia Constitución, hacen
parte del bloque de constitucionalidad y en ese sen-
tido el tratado se convierte en una norma superior a
la legislación que produce el Congreso y por lo tanto
produce obligaciones internas de manera inmediata.
En el caso del Protocolo Adicional, en 1995 la Corte
en la sentencia C-225-95 realizó la revisión automáti-
ca y señaló dos cosas importantes. No solamente dijo
que este protocolo pasaba a formar parte del bloque de
constitucionalidad, sino que señaló que, dado que este
tratado recogía normas del ius cogens, se debía consi-
derar de uso obligatorio incluso antes de 1995. En el
contexto colombiano, esto es muy importante porque
todo el tiempo, hasta los años noventa, el Derecho In-
ternacional Humanitario no aplicaba en Colombia ya
que “no teníamos un conicto entre una fuerza beli-
gerante y el Estado”; entonces, cuando la Corte men-
ciona al ius cogens, se establece que a todo eso anterior
también es aplicable el DIH. Ese es un elemento cla-
ve para lo que sucedía en el Derecho colombiano, así
como esta aprobación de la Corte Constitucional co-
lombiana de los protocolos adicionales a las conven-
ciones de Ginebra y su armación de que se incorpore
al Derecho interno de Colombia como norma del ius
cogens.
Lo tercero que ha pasado en Colombia es que la le-
gislación penal interna tiene como delitos a aquellas
infracciones graves del Derecho Internacional Hu-
manitario. Es decir, las infracciones que están en los
tratados como infracciones graves del DIH se han
convertido en delitos en el régimen interno.
Diría entonces que esas son las herramientas: pri-
mero, darle el estatus constitucional; segundo, seña-
lar que esa legislación no solo es aplicable a partir de
1995 sino desde antes y, por último, volverlo parte de
la normativa interna.
MFM: En esta incorporación del Derecho Interna-
cional Humanitario al ordenamiento jurídico co-
lombiano, ¿se ha tomado en cuenta un enfoque de
género? ¿De qué manera?
IJ: Hay dos elementos de género en lo que ha pasa-
do en la normativa internacional. Por un lado, está
en el Estatuto de Roma en el que se incluyó la violen-
cia sexual y una serie de agravios contra las mujeres
y se les dio una entidad especial. Y está la resolución
1325 del 2000 emitida por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas que visibiliza las formas en que
las mujeres se ven particularmente agraviadas por el
conicto.
Esas miradas han sido adoptadas por la legislación
interna colombiana, considerando también incluir la
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violencia sexual como un crimen de guerra y no ser
susceptible de ser indultado o amnistiado. La resolu-
ción 1325 del 2000 tiene una mesa propia de actividad
dentro del país y en eso el Ministerio de Defensa y el
Ministerio del Interior están involucrados; yo diría
que es mucho más simbólico que ecaz.
En el caso del conicto armado, la transición que se
hizo para los grupos paramilitares en la que hubo
un acuerdo de paz, hubo una legislación de transi-
ción, hubo reducción de penas, hubo todo un siste-
ma. Hubo una primera transición en el 2005 que se
inauguró con la Ley 975 que supuso rebajar las penas
de los excombatientes. Esto responde a todo un siste-
ma en el que se ha venido dando una aplicación a los
crímenes incorporados en la legislación penal por los
Tribunales de Justicia y Paz.
En el caso colombiano, dentro del proceso de justicia
y paz y toda la transición que implicó en el tema de
reparación para las víctimas, como en el tema de no
repetición, como en los temas de memoria histórica,
hubo un aporte signicativo del desarrollo institu-
cional que inuyó para que el Acuerdo de Paz de la
Habana tuviera esta riqueza en aproximación al tema
de género. Sin ese proceso anterior de diez años de
aprendizaje en los procesos de justicia y paz en los que
tuvimos que reexionar qué quería decir una aproxi-
mación de género al conicto armado, creo que no
hubiera sido posible que el acuerdo con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tuvie-
ra esta mirada transversal.
MFM: En 2016 se rmó el Acuerdo Final para la
Terminación del Conicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera entre las FARC y el gobierno
colombiano. ¿Podría comentarnos un poco los an-
tecedentes de dicho acuerdo?
IJ: Las FARC habían negociado varias veces con el
gobierno colombiano. Algunos la mencionan como
la guerrilla más antigua del continente que sobrevive.
Entonces, las FARC aparecen como una autodefensa
campesina reclamando títulos sobre la tierra, utili-
zando la norma jurídica que les concedía territorios.
Después, asumen ideologías más marxistas que con el
tiempo desarrollan a profundidad. Entonces las FARC
se convierten en una guerrilla rural luchando de ma-
nera ilegal por el problema de desigualdad entre el
campo y la ciudad.
Las FARC habían negociado en los años ochenta con
el Presidente Belisario Betancur; esa negociación se
vio frustrada entre otras, porque miembros del par-
tido político que ellos conformaron, Unión Patrióti-
ca, fueron perseguidos y asesinados. Más de tres mil
doscientos simpatizantes de ese partido político mu-
rieron, además de sus líderes. Eso llevó a cerrar las
negociaciones.
Luego, en los años noventa, se retomaron las nego-
ciaciones con el Presidente Andrés Pastrana, negocia-
ciones que fueron fallidas. En este caso, el gobierno
señaló que las FARC habían incumplido con el cese al
fuego al que se habían comprometido.
Ya había dos intentos fallidos de negociación. Lo que
sigue con el Presidente Álvaro Uribe Vélez en una es-
trategia armamentista militar de habilitamiento de la
estructura de guerra y nanzas de las FARC que fue
liderada entre otras por Juan Manuel Santos, que en
ese entonces era Ministro de Defensa, y quien se vuel-
ve Presidente después de Álvaro Uribe. Con esa con-
ciencia de que hay un debilitamiento importante de
las FARC, el Presidente Santos plantea una estrategia
de negociación con las FARC para “terminar” con el
conicto, porque la idea era que, al terminar con la
constitución de las FARC, se daban por terminado to-
dos los frentes del conicto.
Esa negociación empieza con una reforma constitu-
cional que le da poderes al Presidente de la República
para negociar. Esta reforma se llama Marco Jurídico
para la Paz, es el Acto Legislativo No. 1 del 2012 que le
da facultades al Presidente.
Este acuerdo se rma en el 2016 con una serie de ga-
rantías. Inicialmente el acuerdo se intenta revestir del
estatus jurídico de haber sido un acuerdo suscrito
bajo los convenios de Ginebra. Sin embargo, la Corte
Constitucional niega este estatus y por ende el acuer-
do no tiene fuerza normativa por sí mismo, por lo que,
si se desea que se produzcan efectos jurídicos, debe
ser incorporado a la legislación interna a través de
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legislación, es decir, que el Congreso lo apruebe; o por
medio de normas administrativas.
Es entonces un acuerdo que se inserta en una larga his-
toria de negociaciones con esta guerrilla, que se revis-
te de muchas garantías, pero que al nal pierde mucha
de su fuerza jurídica, porque la Corte Constitucional
le niega el estatus de acuerdo bajo los convenios de Gi-
nebra; y pierde de igual forma fuerza política porque
el Presidente Santos, en una idea de contexto demo-
crático, somete a plebiscito el acuerdo y lo pierde. Por
ende, la fuerza jurídica se la quita la Corte Constitu-
cional y la fuerza política la ciudadanía, dejándonos
como consecuencia un acuerdo frágil.
MFM: En las negociaciones de paz, ¿se tuvo en cuen-
ta un enfoque diferenciado por género?
IJ: El enfoque de género es transversal en el Acuerdo
de Paz. Desde los primeros artículos se menciona que
uno de los enfoques que debe darse al leer, interpretar
y aplicar el acuerdo es el enfoque de género. El otro
enfoque que se privilegia es el enfoque territorial; es
decir que se debe tomar en cuenta a las personas en
su cotidianeidad en la región. Y el tercer enfoque es
el diferencial, que se espera que se aplique en relación
con las diferencias étnicas, raciales y por orientación
de identidad sexual.
En el caso del género, hay cláusulas especícas den-
tro de cada una de las cinco partes del acuerdo que se
relacionan con las mujeres. En la primera parte, que
tiene que ver con la redistribución de tierras, hay una
serie de artículos que señalan que debe existir priori-
zación en la distribución de tierras a las mujeres, en
la asignación de crédito para el trabajo agrario, y que
debe haber priorización en becas, en educación a las
niñas campesinas en temas no tradicionalmente feme-
ninos. En la parte de participación política se habla de
la visibilización y apoyo a la participación política de
las mujeres, y que en todos los órganos que se formen
a raíz del acuerdo debe procurarse una equidad en la
participación de las mujeres. En la parte relacionada
con el desmonte de las drogas, también se incluye la
obligación de entender el impacto diferenciado que
ese desmonte puede tener para las mujeres. Y, en la
parte sobre las víctimas, se exige que en la Jurisdicción
Especial de Paz haya una comisión de género, al igual
que en la comisión de búsqueda de personas y en la
comisión de la verdad; y se hace explícito que los de-
litos por violencia sexual no podrán ser indultados
ni amnistiados. Entonces, no se incluye al inicio sólo
como un principio o como un enfoque que debe in-
cluirse en la interpretación, sino que está incluido a lo
largo de todo el acuerdo.
MFM: El acuerdo general de paz incluye un acuer-
do sobre las víctimas del conicto: Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
¿Qué medidas de reparación se contemplan en el
acuerdo?
IJ: Lo que se logró aprobar en el Congreso, fue mucho
menos de lo que se logró en las negociaciones. Hay
que recordar que el acuerdo perdió su fuerza norma-
tiva por la decisión de la Corte Constitucional. Con-
secuentemente, lo único que pasó por el Congreso fue
aquello relacionado con la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP). Lo que se aprobó sobre la JEP fue la asig-
nación de recursos, la estructura misma de la JEP y
el procedimiento que iba a llevar. Y quedó dentro del
procedimiento de la JEP una serie de oportunidades
para que las víctimas lleven una serie de información
que tenían a su disposición.
En principio, la Jurisdicción Especial de Paz está pen-
sada desde la mirada penal en la que la Fiscalía Gene-
ral de la Nación lleve la investigación y la evidencia
ante los jueces. Para la JEP, esto sigue siendo así y la
Fiscalía sigue siendo quien lleva toda la información
recogida durante cuarenta años; lo que no hay es vo-
luntad política ni capacidad de sancionar. Entonces lo
que la JEP ha hecho es abrir oportunidades adiciona-
les para que las víctimas lleven sus casos.
MFM: ¿Considera que las medidas tomadas en el
acuerdo responden a las particularidades y necesi-
dades de grupos tradicionalmente excluidos, como
las mujeres y las niñas?
IJ: No, de todo lo que mencioné antes se debe decir
que la JEP no tiene la capacidad operativa; tampoco
el mandato de investigar ni sancionar todos los casos.
Únicamente tiene el mandato de sancionar los casos
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que se prioricen, y los casos se deben priorizar según
su magnitud, si son sistemáticos y su importancia.
Por ahora no hay priorización por grupos poblaciona-
les. La priorización se ha dado por patrones crimina-
les. Lo principal que hacían las FARC era secuestrar y
tener cultivos de droga; esos son los dos principales
casos. Ahora se lleva un caso que en Colombia se de-
nomina “falsos positivos”, que fueron los homicidios
de civiles en los que incurrió la fuerza pública y que se
encubrían como bajas guerrilleras. Pero no hay casos
sobre daños especícos a las mujeres o niñas.
MFM: Desde que se rmó el acuerdo de paz en el
2016 se ha evidenciado una reducción de violencia;
sin embargo, los asesinatos contra los defensores de
derechos humanos se han incrementado. ¿Qué ac-
ciones podrían pensarse desde el Derecho para ayu-
dar a remediar esta situación?
IJ: Considero que hay un tema jurídico, y el tema
jurídico es que las Fuerzas Armadas no están lo su-
cientemente reguladas. No están lo sucientemente
reguladas porque las normas todavía son un poco va-
gas y ambiguas, pero sobre todo porque la responsa-
bilidad del Estado, así como la individual, se tardan
mucho en llegar.
Por ejemplo, los casos de responsabilidad del Estado
son sentencias que han llegado veinte años después.
Entonces, la capacidad que tienen esas sentencias para
inuir es mínima; La relación de responsabilidad no
se siente porque llega muy tarde, no se percibe el peso
de la ley. Después está la falla política: el partido que
1 El Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz es parte de la Escuela de Asuntos Globales Keough, de la Universidad de Notre Dame, en Estados
Unidos.
está en el poder es un partido convencido de que las
FARC son terroristas y de que los líderes sociales son
auxiliadores de “terroristas”. Por lo que, bajo esa men-
talidad, no importa cuál sea el contexto de la persona
que se encontraba dentro de las FARC, porque para el
gobierno siempre será un criminal.
Con esa percepción política, con ese despliegue de la
fuerza militar y con la respuesta tan demorada de los
tribunales, no se logra esa transición que tanto anhe-
lamos. Pienso que hay muchos frentes en los que aún
tenemos que trabajar, como por ejemplo la desestig-
matización de los miembros de las FARC. Todo for-
ma parte de un cambio cultural, un cambio social, un
cambio político; y el Derecho contribuye y podríamos
reformarlo, pero es difícil reformarlo mientras no lo-
gremos cambios en esas otras dimensiones.
MFM: En cuanto a la situación de las mujeres des-
pués del acuerdo de paz, ¿qué acciones considera
usted que siguen pendientes?
IJ: Lo que había de las mujeres en el acuerdo es lo que
menos se ha cumplido. Por mandato del Acuerdo de
Paz, el Instituto Kroc1 realiza un seguimiento del acuer-
do, en el que se evidencia que la implementación del
acuerdo es mínima. Ahora, hay que tomar en cuenta
que el acuerdo no tiene fuerza normativa, lo que con-
vierte al acuerdo en una aspiración política. No ha pa-
sado casi nada con los temas relacionados a las tierras,
a los cultivos ilícitos; y ahora, con el nuevo Presidente
de la República, es como si este acuerdo no existiera.
Entonces, de manera general no hay implementación
del acuerdo, y en el tema de las mujeres menos.
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