El Derecho Penal de Autor en el Régimen de Nayib Bukele: ¿Seguridad o Criminalización de la Identidad?
| Autor | Juan José Ferrín Ruiz |
| Páginas | 200-218 |
EL DERECHO PENAL DE AUTOR EN EL RÉGIMEN DE NAYIB
BUKELE: ¿SEGURIDAD O CRIMINALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD?
Juan José Ferrín-Ruiz
Universidad Austral
ABSTRACT
One In the current Salvadoran context, the
government of Nayib Bukele has adopted a
security model based on hardline policies
that prioritize preventive criminalization
over the analysis of specific acts. These
policies, rooted in the concept of criminal
law of the author, focus on stigmatizing
vulnerable groups by detaining individuals
based on their physical appearance or place
of residence rather than their actions. While
these measures have drastically reduced
homicide rates and generated a sense of
security among the population, they have
also led to allegations of human rights
violations and the erosion of the rule of law.
This article examines the ethical, legal, and
social dilemmas of this approach, posing
two key questions: (1) To what extent can
security policies justify the suspension of
fundamental rights? and (2) What are the
long-term consequences of basing a justice
system on anticipatory criminalization?
PALABRASCLAVE:Derecho Penal De Autor, Seguridad Pública,
Derechos Humanos, Criminalización, Régimen De Excepción, Justicia Penal.
KEYWORDS: Criminal Law of The Author, Public Safety, Human Rights,
Criminalization, State of Emergency, Criminal Justice.
JELCODE:K14; K24
RESUMEN
En el contexto salvadoreño, el gobierno de Nayib
Bukele ha adoptado un modelo de seguridad
basado en políticas de mano dura que priorizan
la criminalización preventiva sobre el análisis de
actos concretos. Estas políticas, fundamentadas
en el derecho penal de autor, se enfocan en
estigmatizar a grupos vulnerables mediante la
detención de individuos por su apariencia física
o lugar de residencia, más que por sus acciones.
Aunque estas medidas han reducido
drásticamente los índices de homicidios y
generado una sensación de seguridad entre la
población, también han dado lugar a denuncias
de violaciones de derechos humanos y al
debilitamiento del Es
tado de derecho. Este
artículo examina los dilemas éticos, legales y
sociales de este enfoque, planteando dos
preguntas clave: (1) ¿hasta qué punto las
políticas de seguridad justifican la suspensión de
derechos fundamentales? y (2) ¿cuáles son las
consecuencias a largo plazo de basar un sistema
de justicia en la criminalización anticipada?
Revista Facultad de Jurisprudencia No.16
201
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, el nombre de Nayib Bukele ha ganado notoriedad a
nivel mundial, tanto por encabezar las listas de presidentes mejor valorados, contando con
una aprobación que oscila entre el 90 y 93%, como por la “política de mano dura” que ha
implementado en El Salvador. Esta estrategia ha dejado como resultado que el país
centroamericano figure como uno de los más seguros, a pesar de la existencia histórica
de grandes grupos criminales como Barrio 18 y los internacionalmente conocidos Maras
Salvatrucha. Estos grupos llegaron a desestabilizar la paz y convirtieron a El Salvador en
uno de los países más violentos del mundo durante el año 2015 (Farah, 2016).
Desde el año 2019 en adelante el presidente Bukele implementó fuertes políticas
en contra de los diversos grupos criminales existentes en territorio salvadoreño, donde se
evidenciaron cifras de cerca de 60,000 personas que se han visto detenidas sin ninguna
orden, con escasos o nulos indicios que demuestren su implicación en actos delictivos
(Human Rights Watch, 2022). Organismos internacionales de Derechos Humanos han
indicado que varias de estas detenciones se han llevado a cabo por criterios como la
apariencia física o lugar de residencia, lo que implica la criminalización de grupos
vulnerables y desprotegidos (Paradela López y Antón, 2024). Todo esto sumado a la falta
de transparencia en los procesos judiciales, lo que conlleva el debilitamiento de los
mecanismos de rendición de cuentas del país y la desprotección legal de grupos en los
que se han centrado estas detenciones.
La Organización Amnistía Internacional ha indicado la existencia de varios casos
de abusos dentro de los centros de detención salvadoreños: hacinamiento extremo
derivado de las miles de detenciones ilegales que se llevan a cabo diariamente, casos de
torturas y malos tratos a los reclusos, muerte de los reclusos, entre otras situaciones que
vulneran derechos fundamentales. Los observadores internacionales lo han tachado como
“la máxima expresión de crueldad” derivado de las políticas implementadas por Bukele
a lo largo de sus años de mandato (Amnistía Internacional, 2022).
A partir de todas las políticas de seguridad puestas en marcha por el gobierno de
Bukele, a la par de las detenciones arbitrarias realizadas contra un grupo especial de
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