El Estado y el Juicio de Arbitraje Según la Legislación Ecuatoriana
| Jurisdicción | Ecuador |
| Fecha | 01 Octubre 2007 |
| Autor | Edgar Neira Orellana |
1
62
EL
ESTADO
Y
EL
Juicio
DE
ARBITRAJE
SEGÚN
LA
LEGISLACIÓN
ECUATORIANA
Edgar Neira Orellana
El
Estado
y
el
Juicio
de
Arbitraje
Según
la
Legislación
Ecuatoriana
Es
de
la
esencia
del
juicio
arbitral
con
entes
de
derecho
público
como
par
tes
procesales,
que
la
controversia
sea
de
naturaleza
contractual, que
sea
resuelta
en
derecho
y
no
en
equidad;
que
el
convenio
arbitral
haya
estable
cido
la
forma
de
selección de
los
árbitros
y
que
haya
sido
anterior
a
la
con
troversia.
Si
fuere
posterior
a
ésta
será
necesario
el
dictamen
del
Procura
dor
General
del
Estado.
Transcurrida una década
desde
la
expedición
de
la
Ley
de
Arbitraje
y
Mediación
en
la
República
del
Ecua
dor,
la
experiencia
que
ha
aportado
el
paso
de ese
tiempo
permite identificar determinados problemas
que
han
deri
vado
de
la
aplicación
de
sus
normas
y
que
han sido
recu
rrentes
en
el
desenvolvimiento
de
las
instituciones
que
in
tegran
el
sistema
arbitral
ecuatoriano.
En
este
artículo destaco
algunos
elementos resultantes
de
un
análisis
descriptivo
de
los
inconvenientes
genera
dos
por
dicha
ley,
con
especial
referencia
a
los
casos
en
que
una entidad
de
derecho público
ha
estado
sometida
a
la
jurisdicción
convencional ejercida por
árbitros.
Tales
elementos analíticos
son
el
fruto
de
mis
reflexiones
como
abogado
en
ejercicio
en
el
ámbito
del
derecho público
y
como árbitro
del
Centro
de
Arbitraje
y
Mediación
de
la
Cámara
de
Comercio
de
Quito.
En
la
primera
parte
presento
una
breve
cronología
le
gislativa
sobre
el
sistema
arbitral
en
el
Ecuador
y
un
enunciado
teórico
sobre
el
régimen
de
contratación
del
Estado ecuatoriano,
en
atención
a
que
solo
las
controver
sias
de
naturaleza
contractual
lo
pueden
vincular
válida
mente
como
parte
de un
juicio
arbitral.
A
continuación
describo
la
normativa
legal
relacionada
con
el
tema
y
planteo
determinados
aspectos
que
influyen
negativa
mente
en
el
desenvolvimiento
de
la
práctica
arbitral.
Por
razones
de
espacio,
los
contenidos
de
este
artícu
lo
se
circunscriben
a
la
normativa
ecuatoriana.
Por
tanto,
quedan excluidos importantes temas
relacionados
con
Tratados
Internacionales
sobre
arbitraje
que
ha suscrito
el
Ecuador
y
que
por
mandato
del
Art.
163
de
la
Constitu
ción
Política
forman
parte
de
nuestro ordenamiento
jurí
dico
interno
con
prevalencia
sobre
las
leyes.
Para
los
efectos
de
este
análisis,
destaco
que
la
ley
ecuatoriana emplea
la
designación
de
“convenio
arbitral”
como
una
expresión
genérica
comprensiva
de
los
“conve
nios
arbitrales”
propiamente
tales
y
de
las
cláusulas
com
promisorias.
De
ahí que
en
este análisis
sobre
el
arbitraje
en
Ecuador
utilice
indistintamente “cláusula
compromi
soria”
o
“convenio
arbitral” como
expresiones
sinónimas.
1.
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
El
Estado
como parte
procesal
en
un
juicio
arbitral
no
es
un
tema nuevo
en
el
Ecuador.
La
codificación
del
Có
digo
de
Procedimiento
Civil
de
febrero
de
1953
incorpo
ró
una sección
específica
bajo
el
epígrafe
“juicio
por
ar
bitraje”
y
previó
que
los
representantes
de
las
personas
jurídicas
de
derecho público
estaban autorizados para
comprometer
la
controversia
en
árbitros,
así
como
para
nombrarlos.
Sin
embargo
de
que
esta
normativa
se
mantuvo
en
las
codificaciones
de 1960
y
de
1978,
la
repercusión
que
al
canzó
en
la
práctica
fue
mínima.
El
prestigio
e
indepen
dencia
de
que
gozaba
la
justicia
ordinaria
determinaba
que
todas
las
controversias
que
involucraban
a
entidades
de
derecho público
sean
resueltas
por
los
órganos
de
ad
ministración
de
la
justicia
común
y
que
no
haya
habido
necesidad
de
métodos
alternos
para
asegurar
esa
indepen
dencia
y
acierto,
al
menos
no
en
lo
tocante
a
conflictos
de
inversionistas nacionales
con
el
Estado
ecuatoriano.
Adicionalmente,
las
normas
del
Código
de
Procedi
miento
Civil
que
regulaban
el
“juicio
por
arbitraje”
eran
excesivamente reglamentarias
y
desalentaban
la
opción
que
ofrecía
el
arbitraje:
se
exigía
que
el
compromiso
ar
bitral
contenga
el
texto
completo
de
la
demanda
y
la
con
testación,
es
decir
que
la
controversia
haya surgido
pre
viamente;
se
establecía
el
derecho
a
apelar
de
la
senten
cia
arbitral
ante
los
jueces
ordinarios
con
lo
cual
la
efica
cia
de un
juicio
ágil
como
pretende
ser
el
arbitral,
queda
ba
enervada por
la
posible iniciación
de
un
nuevo
proce
so
ante los
jueces
de
lo
civil.
La
expedición
de
la
Ley
de
Arbitraje Comercial
en
octubre
de
1963
corrigió
la
rigidez
del
Código
de
Proce
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