Legislación Laboral para la Emergencia Sanitaria
| Fecha | 01 Abril 2020 |
84 DIDÁCTICA
84 DIDÁCTICA
Como es de conocimiento público, el coronavirus ha causado una crisis sanitaria a nivel
mundial, afectando la salud de muchas personas y lamentablemente cobrando vidas; la Or-
ganización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia debido a su extensión
por un gran número de países de manera simultánea.
Ecuador no ha sido la excepción, actualmente es uno de los más afectados de América Latina,
obligando al gobierno ecuatoriano a emitir normativa en diversos campos con la finalidad
de tomar medidas preventivas para evitar el contagio masivo de la población dentro de sus
fronteras.
Para confrontar calamidades, como la que actualmente estamos atravesando, la Constitución
de la República del Ecuador contempla dentro su artículo 164: “La Presidenta o Presidente de
la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte
de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna,
calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá
las actividades de las funciones del Estado. El estado de excepción observará los principios
de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El de-
creto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su
motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán
aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que corres-
pondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales”.
Con fecha 16 de marzo de 2020 la Presidencia de la República emitió
el Decreto Ejecutivo No. 1017, por medio del cual se declara el estado
de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional con la
finalidad de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria. Dentro del
Decreto en mención, se limita la libertad de tránsito, asociación y reu-
nión; así también se suspende la jornada de trabajo presencial tanto en
el sector público como privado para lo cual las instituciones deben aco-
gerse a la modalidad de teletrabajo. La suspensión de la jornada laboral
se encuentra comprendida entre el 17 y 24 de marzo del presente año,
sin embargo, el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional podrá
prorrogar los días de suspensión.
El Decreto 1017, dispone claramente que a pesar de las disposiciones sobre
la jornada laboral se deberá garantizar la provisión de servicios públicos,
por lo tanto en este caso concreto se podrá mantener la jornada habitual.
En este sentido, la Corte Constitucional, en uso de sus atribucio-
nes, con fecha 19 de marzo emitió dictamen favorable al Decreto
Ejecutivo 1017, consignando al Estado la obligación de proteger a
las personas que se encuentran en situación de calle y personas en
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Emergencia Sanitaria
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