Lenguaje claro en la administración pública ecuatoriana ¿Un discurso ausente?

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Fecha	01 Julio 2024
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RESUMEN

El uso de un lenguaje claro aporta transparencia a los procesos administrativos y mejora la interac-

ción Estado-sociedad. La incorporación de un lenguaje claro en los rieles comunicacionales entre

la administración y los administrados, es un desafío institucional que ha sido abordado por dife-

rentes países en la región latinoamericana; y al que Ecuador, no se ha sumado. El presente artículo

revisa la permeabilidad del discurso sobre lenguaje claro, en los ámbitos normativo, institucional,

académico y social, mediante la búsqueda avanzada de palabras clave relacionadas a la categoría

lenguaje claro en leyes, páginas web, repositorios académicos y noticias, respectivamente.

Palabras clave: lenguaje claro, administración pública, discurso, Ecuador

ABSTRACT

The use of clear language provides transparency to administrative processes and improves

State-society interaction. The incorporation of clear language in the communication channels

between the administration and the administered is an institutional challenge that has been ad-

dressed by di erent countries in the Latin American region; and to which Ecuador has not joi-

ned. This article reviews the permeability of the discourse on clear language, in the regulatory,

institutional, academic and social spheres, through the advanced search of keywords related to

the clear language category in laws, web pages, academic repositories and news, respectively.

Keywords: Clear Language, Public Administration, Speech, Ecuador.

Paula Ximena Gordillo Iñiguez.

Ministerio de Educación del Ecuador

paula.gordillo@educacion.gob.ec

https://orcid.org/0009-0001-0935-1195

Sandra Katherine Gordillo Iñiguez.

Universidad Técnica Particular de Loja

skgordillo@utpl.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-6626-6069

DOI: https://doi.org/10.54753/suracademia.v11i22.2286

Lenguaje claro en la administración

pública ecuatoriana ¿Un discurso ausente?

Clear language in the Ecuadorian public

administration. An absent speech?

Recibido: 2024-06-12

Revisado: 2024-06-28

Aceptado: 2024- 07- 24

Publicado: 2024- 07- 30

SurAcademia | N° 22, Vol 11 - julio 2024 | ISSN: 1390-9045 | e-ISSN: 2602-8190

Julio - Diciembre 2024 | https://revistas.unl.edu.ec/index.php/suracademia/index

https://doi.org/10.54753/suracademia.v11i22.2286

Gordillo, P. y Gordillo, S. Lenguaje claro en la administración pública ecuatoriana ¿Un discurso ausente?. (2024) 11 (22) 39 - 64

1. INTRODUCCIÓN

Para White las comunidades son textuales (Roggero 2016), p. 34), para Freire “existir, hu-

manamente, es “pronunciar” el mundo” (1980, p.100) para Chomsky y Otero (comp.) “el

lenguaje humano es una propiedad de la especie” (2005, p. 92) y para Pedraza la lengua es

“la construcción cultural más importante de un pueblo” (2019, p. 299). El lenguaje es sin

duda, una herramienta humana sosticada que permite la interacción social; en todo caso,

un presupuesto fundamental para esta interacción, es que ambos interlocutores estén en las

mismas condiciones de decodicar los sonidos/signos, entender el mensaje y responder en

conformidad.

Vilches y Sarmiento ubican al lenguaje administrativo como un lenguaje sectorial; mientras

que, para Carles Duarte, éste, es un tecnolecto; y para Ramón Sarmiento es de forma prin-

cipal, un lenguaje especíco, técnico jurídico; y, de forma secundaria, un lenguaje común.

Además existe discrepancia respecto de si existe un solo lenguaje administrativo o varios, en

línea con la multiplicidad de ámbitos que abarca la administración pública: sanitario, edu-

cativo, laboral, scal, militar, diplomático, etc. En lo que sí, hay mayor consenso es que, no

todos los lenguajes de especialidad tienen el mismo tráco social; hay ciertas especialidades

que por su naturaleza y contenido entran en contacto con un mayor número de ciudadanos;

por ejemplo, el lenguaje médico, jurídico o económico, etc. (Pedraza Pedraza 2019, p. 114-

115, 237,241, 276).

En la relación administración-administrado, hay una asimetría de poder a favor de la admi-

nistración pública, armada sobre su trama jerárquica, peso institucional, potestades exorbi-

tantes y poder coercitivo, entre otras prerrogativas. Por otra parte, una comunicación vertical,

meramente instruccional, atribulada de tecnicismos, contribuirá a profundizar esa asimetría.

Ante ello, se precisa, repensar las transacciones comunicacionales desde el receptor y no úni-

camente desde el emisor, desde las necesidades ciudadanas y no sólo desde las necesidades

institucionales.

El lenguaje claro se reere a la “intención de hacer que el contenido de un documento escrito

o de un intercambio oral, bien sea por teléfono o en una ocina institucional, sea comprensi-

ble para el usuario.”(Pedraza Pedraza 2019, p. 108)

Los documentos administrativos suelen hacer un uso excesivo de eufemismos. La Real Acade-

mia de la Lengua (n.d.), dene al eufemismo como “manifestación suave o decorosa de ideas

cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. La Administración usa “circunloquios,

modicaciones y expresiones sustitutorias”(Raluca 1972, p.1). Mayor claridad no es sinónimo

de vulgaridad, los documentos administrativos deben guardar las formas, sin que ello implique

descuidar lo sustantivo, es decir, la comunicación. El uso de un discurso claro, puede conllevar

una labor pedagógica respecto de términos técnicos, trámites, efectos legales, etc. (Pedraza

Pedraza 2019, p.240).

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Las coordenadas espacio-temporales no siempre coinciden en el acto comunicativo entre Ad-

ministración-administrado, por ende, es importante que los documentos estén redactados en un

lenguaje claro. Los textos administrativos pueden ser expositivos, argumentativos prescriptivos,

normativos, reguladores e instruccionales.(Pedraza Pedraza 2019, p.24, 252,269 ) Pero para

que éstos sean claros, existen manuales que señalan tres momentos básicos en su redacción:

planear, escribir y revisar; otros manuales adicionan un momento más: validar. La validación

es un paso importante, no siempre posible; ni siempre deseable; dependerá de la importancia

del documento y su grado de penetración social. (Departamento Nacional de Planeación de

Colombia 2019; SFP 2007).

El lenguaje claro es importante por dos cuestiones principales, la primera se reere a los dere-

chos; pues, el lenguaje claro mejora el acceso a la información, la participación, transparencia;

permite la democratización del conocimiento, facilita la rendición de cuentas y el control social

a la gestión institucional. La segunda cuestión es económica; un lenguaje sencillo reduce la ne-

cesidad de aclaraciones y de intermediarios, lo que, a su vez, disminuye los costos administrati-

vos para ciudadanos y entidades; y conduce a una gestión más eciente. (Pedraza Pedraza 2019,

p. 136), por ejemplo, en 1991, en EE.UU se estimó un ahorro de entre 250 y 350 millones de

dólares al año, si el personal administrativo, leía informes en estilo claro y no en estilo burocrá-

tico. En 1999, ese mismo país ahorró 4.430.000 de dólares, por la traducción de un formulario

de la Veteran Benets Administration, a un lenguaje claro.(Amorós Cabrera n.d.)

Los ciudadanos, sin importar su nivel de formación, tienen en mayor o menor medida, limi-

taciones conceptuales frente al lenguaje administrativo, lo que hace necesaria, una tarea de

alfabetización que permita una comunicación bidireccional entre Administración-administrado.

(Pedraza Pedraza 2019, p. 113).

El presente trabajo tiene como objeto revisar si el tema de lenguaje claro ha permeado el discur-

so, especícamente a nivel de las normativas, páginas web institucionales, repositorios digitales

y noticias ecuatorianas, revisando para ello, la frecuencia de uso de una combinación de pa-

labras tales como lenguaje claro, lenguaje ciudadano, lenguaje llano, plain language, lenguaje

administrativo, en los formatos indicados.

En este trabajo, la categoría de administración pública se entiende como estructura que realiza

gestión y no en su acepción de disciplina cientíca ni como función del Estado.

2. ANTECEDENTES

En los años 70, en Estados Unidos, nace Plain English Movement como un movimiento por el

lenguaje claro, impulsado desde las asociaciones de consumidores, en demanda de una redac-

ción comprensible de los documentos públicos, que posteriormente se convertiría en una po-

lítica de gobierno, apoyada en la Ley de Redacción Comprensible (Plain Writing Act) emitida

en 2010; (Cuesta, Reyes, and Roseth 2019, p. 4) cuyo mayor desafío es sin duda la inmigración

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y su inherente diversidad lingüística. Actualmente, existen varias asociaciones internacionales

que impulsan el lenguaje claro, tales como PLAIN (Plain Language Association International),

Plain Language Group, Plain Language Health, Kleimann, entre otras. (Home - Plain Language

Association International (PLAIN) n.d.; Home | kleimann n.d.; Plain Language Health n.d.; The

Plain Language Group n.d.).

México, fue el primer país de Latinoamérica en impulsar el lenguaje claro mediante la ini-

ciativa Lenguaje Ciudadano impulsada por la Secretaría de la Función Pública y la Ocina

de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, en 2004. Al siguiente año, se creó la

Red de Lenguaje Claro, integrada por ciudadanos y académicos; en 2006, se reescribieron

documentos relevantes de 94 instituciones (SFP 2007, p.7). De hecho, instituciones como

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP 2019), incluyen entre los requisitos para

reclutar personal, conocimientos sobre herramientas de cómputo, ética, igualdad de género,

lenguaje ciudadano y otros. Por otra parte, para evaluar el programa Gobierno Cercano y

Moderno 2013-2018, el país cuenta con un índice de trasnparencia focalizada que se integra

por 4 indicadores, uno de ellos es el indicador información comprensiva, que tiene una pon-

deración del 36%; junto a otros indicadores como operatividad (10%) pertinencia (24%) y

calidad (30%). Ello da cuenta que se valora en buena medida, “la publicación de información

completa y actualizada en el lenguaje claro comprensible y sencillo para el ciudadano” (Go-

bierno de México n.d.)

En Colombia, el lenguaje claro es una política de estado, impulsada desde el Departamento Na-

cional de Planeación, el país cuenta con la Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de

Colombia, laboratorios de simplicidad para traducir documentos públicos de alto impacto a un

lenguaje sencillo; y un curso virtual de lenguaje claro para servidores públicos. (Departamento

Nacional de Planeación de Colombia 2019). En Bogotá se llevó a cabo un experimento que

buscaba conocer si la traducción al lenguaje claro, de un documento administrativo mejoraba

su comprensión y reducía el número de apelaciones. (Cuesta, Reyes, and Roseth 2019, p.1) Los

resultados conrmaron que “un lenguaje sencillo y claro disminuyen la carga administrativa.”(-

Cuesta, Reyes, and Roseth 2019, p.18)

En Argentina, mediante el programa Justo vos, se ha acercado el lenguaje jurídico a los admi-

nistrados, el programa está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante la

línea de acción Justicia en Lenguaje Claro, que contiene el componente de Derecho Fácil que, a

la vez, agrupa los servicios de Ley Simple, Justicia Cerca y Wiki Ius. Ley Simple busca la expli-

cación de la normativa en términos sencillos, Justicia Cerca trata de relacionar el entendimiento

de la ley con su aplicación; y Wiki Ius es un recurso virtual cooperativo para la generación de

un glosario jurídico cercano al ciudadano (MJDH Argentina n.d., n.d., n.d., n.d.) En noviembre

de 2018, se creó la Red de Lenguaje Claro en Argentina, mediante un convenio rmado entre

Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos y el Honorable Senado de la Nación. La red fue incorporada al Plan Nacional Antico-

rrupción 2019-2023, por su incidencia en la transparencia, gobierno abierto, rendición de cuen-

tas y el control ciudadano. Entre los retos planteados por la red, para 2020 está la incorporación

de los poderes ejecutivo y legislativo. (Red de Lenguaje Claro Argentina 2019)

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En España, bajo los lineamientos de la Unión Europea, algunos gobiernos autonómicos han de-

sarrollado instrumentos para incentivar la aplicación de un lenguaje claro: en Murcia el manual de

Lenguaje y Estilo Administrativo. Redacción de documentos; en Madrid: Manual del Lenguaje ad-

ministrativo o la Guía Breve, Comprender y hacernos entender; sellos de lectura fácil creados por

el Instituto Lectura Fácil, seminarios, y otras iniciativas. (Instituto de Lectura Fácil n.d.; Pedraza

Pedraza 2019; SFP 2004). El lenguaje claro se ha convertido en una preocupación multidisciplinar:

desde el ámbito comunicacional, académico y jurídico; incluso se habla del derecho a comprender

el Derecho, y el derecho a comprender en general. (Fuenzalida González and Poblete 2018)

3. SITUACIÓN EN ECUADOR

En Ecuador no existe una política especíca que abandere el lenguaje claro, y tampoco existe

un ente rector encargado para hacerlo. Dentro de la Subsecretaría de la Administración Pública,

dependiente de la Subsecretaría General de Gestión Gubernamental, dependiente a su vez de

la Secretaría General de la Presidencia de la República; constan las direcciones de Gobierno

Abierto; y de Simplicación de Trámites y Mejora Regulatoria, entre otras(Presidencia del

Ecuador 2019); no obstante, no se observa dentro de las políticas desarrolladas desde estas di-

recciones, una que aborde la necesidad de un lenguaje administrativo claro.

El lenguaje claro es un prerrequisito de transparencia pública, máxime en una sociedad en la

que la desconanza en las instituciones gubernamentales crece y se alimenta con escándalos de

corrupción, desafortunadamente, cada vez, más comunes. En 2018, apenas un 25% de ecuato-

rianos señalaba conar en el Gobierno, ligeramente por encima del promedio latinoamericano

que es de 22%, convirtiendo a la región, en la más desconada del planeta (Corporación Lati-

nobarómetro 2018, p.46). Ante este escenario, una mayor transparencia de los actores públicos

y de sus actuaciones, es fundamental; la incorporación de un lenguaje claro en las actuaciones

administrativas podría contribuir en este cometido.

En 2017, 40% de ecuatorianos realizaron trámites en alguna ocina del estado en los últimos

doce meses, de éstos, el 13,2% solicitaron un documento de identidad o lo renovaron, 1,1%

accedieron a un programa social, 8,7% accedieron a un servicio de educación o salud, 1% re-

gistraron compraron o vendieron una propiedad inmueble, 0,3% abrieron o cerraron una empre-

sa, 5,8% pagaron impuestos, seguros médicos o contribuciones al sistema de pensiones; 0,2%

denunciaron un crimen; 2,8% solicitaron un permiso de conducir u otro trámite de transporte;

7% realizaron otros trámites. El restante 58, 8% no realizó ningún trámite, y el 1% no sabe o no

responde. Entre los usuarios, el 13,5% están muy satisfechos con dichos trámites y un 5% nada

satisfecho. (Corporación Latinobarómetro 2017)

El principal canal de atención utilizado por los usuarios, es la vía presencial, con un 35, 1%, le

sigue el medio telefónico con un 1,7%, en línea o computador con un 1,6%; y el resto se reparte

entre correo físico, en línea y presencial, correo físico y en línea, teléfono y presencial. El 23,3%

tuvo que comunicarse una única vez para conseguir el propósito de su visita a la Administración

Pública, el 15, 5% tuvo que asistir más de dos veces. En relación al tiempo invertido por los ciuda-

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danos en realizar trámites administrativos, tenemos que el 24,2% invirtieron hasta 10 minutos, un

1,3% invirtió de 11 a 20 minutos, un 0,6% ocupó de 21 a 30 minutos; un 1,6% gastó 31 minutos a

1 hora; y un 0,1% utilizó entre 1 y 2 horas. (Corporación Latinobarómetro 2017)

Ecuador es un país intercultural y multilingüe, por lo que cualquier política que asuma el reto

de incorporar un lenguaje claro, deberá también respetar la diversidad de lenguas minoritarias.

Así mismo, en línea con la política de inclusión y género, sería importante, la incorporación

de un lenguaje inclusivo hacia mujeres, personas con discapacidad y colectivos de atención

prioritaria.

3.1. Algunas experiencias

Las experiencias ecuatorianas en el uso del lenguaje claro en la administración pública no res-

ponden a un ente rector ni directriz institucional, son dispersas, desestructuradas, y han surgido

como iniciativa endógena de algunas entidades administrativas, mencionamos:

• Sentencias en Lenguaje Claro

Ecuador es miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organización que integra los po-

deres judiciales de veintitrés países, una de las estructuras permanentes de esta cumbre es el

Grupo de Lenguaje Claro y Accesible, este grupo se creó, al comprobarse la “oscuridad y estilo

barroco de la mayoría de las resoluciones judiciales”(DC del Poder Judicial; DAI y DH de la

Corte Suprema de Chile 2017, p. 9) Justamente esa oscuridad en torno al lenguaje jurídico, se

ha intentado aplacar con el Diccionario Jurídico Panhispánico, que es un instrumento de con-

sulta iberoamericana para juristas y no juristas.

A pesar de la adhesión del país a esta cumbre, y su consecuente relación con el mentado Grupo

de Lenguaje Claro y Accesible, el discurso del lenguaje claro parece no haber permeado el es-

pacio judicial ecuatoriano, al menos a juzgar por los resultados de la evaluación a jueces.

Dentro del proceso de evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justi-

cia en funciones, se aplicó una metodología de evaluación integral, validada por un Comité de

Expertos, socializada con veedores ciudadanos y aprobada por el Pleno del Consejo. Esta me-

todología incorporaba criterios cuantitativos, cualitativos, de transparencia y legitimidad. Uno

de los parámetros de valoración dentro del apartado cualitativo, fue justamente la aplicación de

un lenguaje claro. Más del 50% de magistrados no consiguieron superar la evaluación. Entre

los resultados del proceso se detectaron sentencias prefabricadas, injusticadamente largas,

poco entendibles, con un uso incorrecto del lenguaje. (CNJ 2019a, 2019b; Comercio 2019; El

Comercio 2019b, 2019a)

Si bien es cierto, el uso del lenguaje claro, ha sido, solo uno de los parámetros a valorar, dentro

de una matriz mucho más amplia; es de gran importancia, que se atienda el tema, al menos, en

el campo judicial, para su paulatina incorporación al discurso.

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Manual de Estilo y Redacción (SENPLADES)

En 2014, la Secretaría Nacional de Planicación y Desarrollo (hoy Secretaría Técnica Planica

Ecuador) desarrolló un Manual de Redacción y Estilo, enfocada a la comunicación escrita, en

su simplicación, mayor comprensión y uniformidad. Se sugiere la traducción de documentos

relevantes a los idiomas indígenas, lengua de señas y braille. El documento señala que la insti-

tución “utilizará un estilo claro y conciso en sus comunicaciones escritas. La claridad implica

fácil comprensión y la concisión, economía en la expresión”(SENPLADES 2014, p.9).

Para alcanzar mayor claridad, el documento insta a preferir vocablos de Hispanoamérica y

construir oraciones en el orden sujeto/verbo/objeto. La adopción de las indicaciones contenidas

en el manual es obligatoria para la comunicación interna y externa de esta institución. Pese a

que el manual, no hace una referencia directa a lenguaje claro, si incorpora lineamientos rela-

cionados a la claridad en el estilo de la redacción de documentos. (SENPLADES 2014).

4. METODOLOGÍA

Para revisar el grado de penetración del tema lenguaje claro en el discurso, particularmente en

normativas, páginas web institucionales, repositorios digitales y noticia se ha utilizado una téc-

nica de estadística textual, mediante la combinación de palabras claves (lenguaje claro, lengua-

je ciudadano, lenguaje llano, plain language, lenguaje administrativo/ y similares) como ltro

de búsqueda avanzada; para rastrear la frecuencia de uso de estas palabras.

El periodo de revisión, en el caso de normativa, dependiendo de su vigencia; seis años en el

caso de información institucional (para abarcar los tres años del periodo de la administración

actual y tres de la anterior), diez años, en el caso de información académica (por su factor de

permanencia), y un año en el caso de noticias (por su factor de volatilidad).

5. RESULTADOS

5. 1. Revisión normativa

La ley es un instrumento de política pública, por ende, nos interesa conocer si las normas naciona-

les vigentes contienen referencias al lenguaje claro; para hacerlo, se revisaron 8 cuerpos norma-

tivos: Constitución de la República, Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánica de Defensa

del Consumidor, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Ley de la Función

de Transparencia y Control Social, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley para la Optimización

y Eciencia de Trámites Administrativos, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública. Se identicaron 39 artículos con una relación más estrecha al tema analizado, en

los cuales no existía ninguna referencia idéntica a lenguaje claro, aunque se encontraron 12 refe-

rencias próximas o idénticas a claridad y variantes como clara, claros, claras, sin confusiones y

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fácil entendimiento. Además, se encontraron 3 alusiones a lenguaje sencillo, trámites sencillos y

1 alusión a lenguaje asequible. Por cuerpo normativo, es la Ley de Defensa al Consumidor, quien

tiene una mayor frecuencia de uso respecto de términos relacionados a la claridad (5), seguido de

la Ley para la Optimización y Eciencia de Trámites Administrativos (4), Constitución (3), Ley

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2) y las Ley Orgánica de Participa-

ción Ciudadana y Control Social y Ley de la Función de Transparencia y Control Social (1); ésta

última emplea más, términos como transparencia, control y relacionados.

Cuadro 1. Revisión Normativa

Normativa Articulado

LC-

Lenguaje

Claro

LS-

Lenguaje

Sencillo

LA-

Lenguaje

Asequible

Referencias

a la

Claridad

Total

Constitución de la

República

Art. 47, num. 11

Art. 77, num. 3 1 1

Art. 77, num. 7, lit. a) 1

Art. 16, num.1

Art. 16, num. 4

Art. 340, inc.3

Código Orgánico Administrativo

Art.12

Art. 91, inc.2

Art. 92

Art. 93

Art. 100

Art.31

Art. 32

Art.34, inc.1

Art.35

Ley Orgánica de Defensa

del Consumidor

Art. 3

Art. 41 1

Art.57, inc.2 1

Art.4, num.4 1

Art.13

Art.17 1

Art.47 1

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Ley Orgánica de

Participación Ciudadana y

Control Social

Art.8, inc. 3 1

Art.3, num.1

Art. 4

Art.45

Art.87

Art.91

Art.96

Art.100

Ley de la Función

de Transparencia y

Control Social

Art.3, num.5 1 1

Ley

Orgánica

de Servicio

Público

Art.22, lit.f) 0

Ley para la

Optimización y

Eciencia de Trámites

Administrativos

Art.3, num.1,2, 11 1 2

Art. 5, num.1

Art.12, inc.1

Art.8 1

Ley Orgánica de

Transparencia

y Acceso a la

Información Pública

Art. 13 1

Art.7 inc.3 1

Art.12

Frecuencia de Uso 0 3 1 12

Frecuencia de Uso Total 16

Elaboración propia (Ver Anexo 1)

Fuente: (Asamblea Nacional 2000, 2004, 2010, 2013, 2017, 2018a, 2018b; Asamblea Nacional Constituyente

2008)

Dentro del análisis normativo, es importante resaltar que la Ley Orgánica de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en su Art. 13, establece de forma explícita que, ante la falta de

claridad en la información, el ciudadano podrá exigir la debida corrección, y que, si no se hiciese,

Gordillo, P. y Gordillo, S. Lenguaje claro en la administración pública ecuatoriana ¿Un discurso ausente?. (2024) 11 (22) 39 - 64

se podrá solicitar la intervención del Defensor del Pueblo, inclusive se establece la posibilidad de

destitución previo sumario administrativo, si las autoridades incumplen con esta obligación.

5.2. Revisión de páginas Web institucionales

Se revisaron las páginas web de 4 instituciones: Presidencia de la República, por ser la respon-

sable de la Administración Pública Central y por haber absorbido las funciones de la Secretaría

Nacional de la Administración Pública-SNAP; Secretaría Técnica Planica Ecuador, adscrita a

la Presidencia, por su rol de coordinar la planicación nacional; Defensoría del Pueblo; por ser

el ente interventor en caso de oscuridad en la información pública; y nalmente el Ministerio del

Interior, pues, en la coyuntura política, tiene una posición privilegiada frente a la Presidencia.

Se utilizó el motor de búsqueda ubicado en la parte superior derecha de las páginas institucio-

nales, aplicando como ltros de búsqueda, combinaciones de palabras relacionadas al tópico

investigado. Los resultados no fueron positivos para las combinaciones: lenguaje claro, len-

guaje simple, lenguaje asequible. La palabra que aportó mayores resultados en la búsqueda

fue claridad; aunque revisando los textos generados, se creyó conveniente incluirlos en otras

categorías semánticas más anes al contenido encontrado; entre estas categorías se incluyen:

lenguaje inclusivo, lenguaje jurídico, lenguaje técnico, redacción y estilo, entre otras.

Se identicaron 11 noticias, comprendidas entre 2014 y 2019; que, aunque no abordan directa-

mente el tema de lenguaje claro, revelan algún grado de preocupación gubernamental por el mis-

mo; especialmente, la noticia generada el 14 de octubre de 2014 por la actual Secretaría Técnica

Planica Ecuador (anterior SENPLADES), que trata sobre el desarrollo de un taller de Redac-

ción y Estilo “para contar con productos escritos de calidad”. Es importante indicar, que, sólo 4

de las 11 noticias revisadas corresponden a la gestión del actual mandatario; ello podría deberse,

en parte, a la absorción de la SNAP; y, por ende, a un debilitamiento del discurso relacionado a

lenguaje claro, porque un discurso especíco de lenguaje claro no ha existido como tal.

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Cuadro 2. Revisión de Páginas Web Institucionales

Instituciones

Páginas web

Fecha Noticia Categoría

Presidencia de la República

https://www.presidencia.gob.

ec/

27/04/2017 Presidente Correa responde en braille a carta enviada

por privado de libertad con discapacidad visual.

Lenguaje

inclusivo

21/06/2014 Gobierno lanza campaña ciudadana para denunciar

trámites absurdos.

Simplicación de

Trámites

1/07/2014 MRL emitirá desde el 01 de julio certicados en línea

y eliminará especies físicas Trámites en línea

12/09/ 2018

Ecuador presente en la reunión de la red de la OCDR

sobre gobierno abierto e innovador en América

Latina y el Caribe

Gobierno Abierto

Defensoría del

Pueblo

https://www.dpe.

gob.ec/

12/09/ 2017 Sitio Web amigable con las personas de atención

prioritaria

Lenguaje

inclusivo

2019 Defensoría del Pueblo recibirá aportes de la

ciudadanía al anteproyecto de la LOTAIP Transparencia

18/12/2019

Defensor del Pueblo presentó informe anual de

cumplimiento sobre el derecho de acceso a la

información pública

Transparencia

Planica Ecuador

https://www.

planicacion.gob.

ec/

14/10/2014 Funcionarios de la Senplades Zona 7 se capacitaron

en redacción y estilo

Redacción y

estilo

Ministerio del Interior

https://www.

ministeriodegobierno.

gob.ec/

29/05/2014 Policías se capacitan en lenguaje sordomudo. Lenguaje

inclusivo

4/06/2015 Denunciar la usura determinó la victoria de una

guerrera Lenguaje jurídico

23/02/2015 Jornada de capacitación fortalece lazos entre

comunicadores y Policía Nacional Lenguaje técnico

Elaboración propia (Ver Anexo 2)

Fuente: Páginas Web (DP n.d.; Ministerio de Gobierno n.d.; Planica Ecuador n.d.; Presidencia del Ecuador n.d.)

5.3. Revisión de repositorios académicos digitales

En relación al discurso académico ecuatoriano, se revisaron los repositorios digitales de tres

universidades de posgrado del país: Universidad Andina Simón Bolívar, Facultad Latinoameri-

cana de Ciencias Sociales-Ecuador y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, bajo los siguien-

tes criterios de búsqueda:

Gordillo, P. y Gordillo, S. Lenguaje claro en la administración pública ecuatoriana ¿Un discurso ausente?. (2024) 11 (22) 39 - 64

Criterios de Selección

País Materia/Asunto Rango fecha Palabras Clave

Ecuador Administración Pública 2010-2020 Lenguaje Claro

Respecto de los ltros aplicados, vale indicar que primero se aplicaron los referidos a materia/

asunto, fecha y palabras clave; una vez obtenidos los resultados, se discriminó por país, pues

las distintas interfaces digitales no permitían esta opción de inicio. Los criterios de búsqueda

generaron 41 documentos, de los cuales, se identicaron 5, con mayor probabilidad de relación

al tema de lenguaje claro. En los documentos escogidos, se revisó la frecuencia de uso de pa-

labras anes al tema investigado, determinando que, aunque existen 38 palabras relacionas a

claridad y 6 a información clara; la combinación lenguaje claro solo generó 1 acierto, así como

la combinación lenguaje sencillo y lenguaje oscuro, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Cuadro 3. Revisión de repositorios académicos

Universidades

Documentos Frecuencia de Uso de Palabras

Resultados

Generados

Resultados

Relacionados

Claridad o

anes

Lenguaje claro

Lenguaje

sencillo

Información

clara

Lenguaje

oscuro

UASB 8 3 13 1 1

FLACSO 20 0 -

IAEN 13 2 25 6 1

Total 41 5 38 1 1 61

Total de Frecuencia de Uso 47

Elaboración propia (Ver Anexo 3)

Fuente: Repositorios digitales (FLACSO-Ecuador n.d.; IAEN n.d.; UASB n.d.)

Si bien, no se ha hecho una revisión en los repositorios digitales de todas las universidades del

Ecuador, la dicultad de encontrar bibliografía nacional respecto del tema, nos hace presumir,

que los hallazgos de esta pequeña muestra de universidades, podrían indicar la tónica general;

lo que signicaría que el problema de la opacidad del lenguaje administrativo y la saturación

de tecnicismos en el mismo, no sólo, estaría ausente en el discurso institucional sino también

en el académica.

5.4. Revisión de noticias digitales

Los medios de comunicación constituyen un poderoso dispositivo de generación de opinión

pública; los discursos se construyen, se aanzan o se diluyen apoyados por dichos medios.

N° 22, Vol. 11 - julio 2024

ISSN: 1390-9045

e-ISSN: 2602-8190

Debido a la gran uidez de los temas que se abordan mediante los medios de comunicación,

se ha escogido incluir los siguientes ltros de búsqueda: noticias digitales, de hasta 1 año de

antigüedad, que contengan las frases: “Lenguaje claro” y “Ecuador”, y que estén contenidos en

la sección noticias de Google.

El buscador, generó 20 resultados relevantes; de los cuales, se consideró que solo 1 tenía rela-

ción estrecha con el tema abordado, se trata de una noticia del 29 de octubre de 2019, titulada

Comité halló fallas recurrentes en condenas, publicada en Diario El Comercio, donde se señala:

[…] se midió, por ejemplo, que haya coherencia en los argumentos jurídicos usados o

que se haya aplicado un lenguaje claro1. Durante el trabajo, el Comité Evaluador detectó

que los fallos se emitían con “términos técnicos y poco entendibles”, que se detallaban

conceptos legales “de forma errónea” o que no había “coherencia entre los argumentos

iniciales y la conclusión de una condena (El Comercio 2019a)

Si bien es cierto, una lectura ligera de los resultados obtenidos en esta sección, podría indicarnos

que el lenguaje claro no es una preocupación ciudadana, al menos, no una, que esté recogida en

los medios escritos digitales del último año; la realidad, es que, aunque el lenguaje claro como

discurso, denitivamente no ha permeado los relatos sociales, en el país; ello no signica, que

un lenguaje administrativo oscuro y atiborrado de tecnicismos no sea un problema. De acuerdo

al Informe anual de cumplimiento del derecho de acceso a la información “durante el 2018 se

ha incrementado en un 40% la demanda de información por parte de la ciudadanía” (Defensoría

del Pueblo 2019, p. 6) registrándose 140.646 solicitudes; por otro lado “el 85,9% de requeri-

mientos, es decir, 120.910 solicitudes, fueron solicitadas a entidades de la Función Ejecutiva”

(Defensoría del Pueblo 2019, p. 8) y el 95,5% de solicitudes fueron respondidas (Defensoría

del Pueblo 2019). Nada dice el informe, sobre los términos en los que se formularon dichas

respuestas, si usando un lenguaje claro o no.

6. CONCLUSIONES

– A nivel regional, países como México, Colombia, Chile y Argentina, han incorporado el len-

guaje claro dentro del debate administrativo; situación que no ha ocurrido en el caso ecuato-

riano, donde el lenguaje claro es un tema ausente en el discurso, aunque existe una precaria

incorporación del tema a nivel jurídico, impulsada principalmente por la pertenencia del país

a la Cumbre Judicial Iberoamericana.

– A nivel normativo, la Constitución hace referencia al uso de un lenguaje sencillo como

garantía básica, en un proceso penal. Otros cuerpos normativos tales como el Código Or-

gánico Administrativo, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y Ley para la Optimización y Eciencia de Trámi-

tes Administrativos tampoco hacen referencia directa al tema, aunque abordan importantes

cuestiones relacionadas con derechos conexos a un lenguaje claro.

– Aunque existen experiencias relacionadas a la aplicación del lenguaje claro como las sen-

Gordillo, P. y Gordillo, S. Lenguaje claro en la administración pública ecuatoriana ¿Un discurso ausente?. (2024) 11 (22) 39 - 64

tencias claras; todavía no hay una política directriz que aúne los esfuerzos de las entidades

que conforman la Administración Pública Central y Seccional. Las iniciativas son dispersas,

desestructuradas, y muchas veces dependientes de las direcciones de comunicación de las

instituciones; pues todavía se considera el tema como un asunto meramente comunicacional

y no como un asunto administrativo y de derechos.

– La interculturalidad, multilingüismo y la inclusión de grupos de atención prioritaria y mu-

jeres; son retos que debe asumir una política pública de lenguaje claro, que capture la rica

diversidad dialéctica, cultural, etaria y social de los ecuatorianos.

– El lenguaje claro es un tema ausente en el discurso académico ecuatoriano. La literatura

relacionada al problema de la oscuridad del lenguaje administrativo en Ecuador, es prácti-

camente nula.

– La presencia de un discurso sobre lenguaje claro en los medios de comunicación digitales

revisados, es débil; aunque la revisión de otras categorías como trámites engorrosos, o trá-

mites interminables, podrían arrojar resultados diversos.

– La adopción del lenguaje claro como discurso es importante porque su visibilidad discursiva

le puede permitir colarse en la agenda política y posteriormente en la agenda pública para

nalmente convertirse en política pública.

– Entre las tareas pendientes de los decisores públicos constan: reconocer al lenguaje

claro como un derecho de la ciudadanía e incluir su uso como política de estado que

privilegie una sintaxis sencilla en la redacción de documentos públicos y reduzca la

opacidad léxica.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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N° 22, Vol. 11 - julio 2024

ISSN: 1390-9045

e-ISSN: 2602-8190

8. ANEXOS

Anexo 1. Revisión Normativa

Norma Descripción Articulado Lenguaje

Claro

LS-Lengua-

je Sencillo

LA-Lengua-

je Asequible

Referencias a

la Claridad

Constitución de la República

El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el len-

guaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. Art. 47, num. 11

Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en

un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad

que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo

interrogatorio.

Art. 77, num. 3 1 1

El derecho de toda persona a la defensa incluye: a) Ser informada, de forma previa y detalla-

da, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados

en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.

Art. 77, num. 7,

lit. a) 1

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus

propios símbolos.(derechos)

Art. 16, num.1

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que

permitan la inclusión de personas con discapacidad. (derechos) Art. 16, num. 4

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información,

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.

(Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social)

Art. 340, inc.3

Gordillo, P. y Gordillo, S. Lenguaje claro en la administración pública ecuatoriana ¿Un discurso ausente?. (2024) 11 (22) 39 - 64

Código Orgánico Administrativo

Principio de transparencia. Las personas accederán a la información pública y de interés

general, a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la forma prevista en este

Código y la ley.

Art.12

La publicación en la sede electrónica de información, servicios y transacciones respetará los

principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas previstas al respecto,

estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudada-

nos. Dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras.

Art. 91, inc.2

Información electrónica. Las administraciones públicas proporcionarán, a través de medios

electrónicos, la siguiente información:

1. Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para

su ejercicio.

2. Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a

prestadores de servicios.

Art. 92

Servicios electrónicos. Las administraciones habilitarán canales o medios para la prestación

de servicios electrónicos. Garantizarán su acceso, con independencia de sus circunstancias

personales, medios o conocimiento.

Los servicios electrónicos contarán, al menos, con los siguientes medios:

1. Ocinas de atención presencial.

2. Puntos de acceso electrónico.

3. Servicios de atención telefónica.

Art. 93

Motivación del acto administrativo. En la motivación del acto administrativo se observará:

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación

de su alcance.

2. La calicación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la

evidencia que conste en el expediente administrativo.

3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos

determinados.(...)

Art. 100

Derecho fundamental a la buena administración pública. Las personas son titulares del dere-

cho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los

instrumentos internacionales, la ley y este Código.

Art.31

Derecho de petición. Las personas tienen derecho a formular peticiones, individual o co-

lectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma

oportuna.

Art. 32

Acceso a los servicios públicos. Las personas tienen derecho a acceder a los servicios pú-

blicos, conocer en detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre esta

materia.

Art.34, inc.1

Remoción de los obstáculos en el ejercicio de los derechos. Los servidores públicos responsa-

bles de la atención a las personas, del impulso de los procedimientos o de la resolución de los

asuntos, adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, diculten

o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las personas.

Art.35

N° 22, Vol. 11 - julio 2024

ISSN: 1390-9045

e-ISSN: 2602-8190

Código Orgánico Administrativo

Principio de transparencia. Las personas accederán a la información pública y de interés

general, a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la forma prevista en este

Código y la ley.

Art.12

La publicación en la sede electrónica de información, servicios y transacciones respetará los

principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas previstas al respecto,

estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudada-

nos. Dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras.

Art. 91, inc.2

Información electrónica. Las administraciones públicas proporcionarán, a través de medios

electrónicos, la siguiente información:

1. Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para

su ejercicio.

2. Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a

prestadores de servicios.

Art. 92

Servicios electrónicos. Las administraciones habilitarán canales o medios para la prestación

de servicios electrónicos. Garantizarán su acceso, con independencia de sus circunstancias

personales, medios o conocimiento.

Los servicios electrónicos contarán, al menos, con los siguientes medios:

1. Ocinas de atención presencial.

2. Puntos de acceso electrónico.

3. Servicios de atención telefónica.

Art. 93

Motivación del acto administrativo. En la motivación del acto administrativo se observará:

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación

de su alcance.

2. La calicación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la

evidencia que conste en el expediente administrativo.

3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos

determinados.(...)

Art. 100

Derecho fundamental a la buena administración pública. Las personas son titulares del dere-

cho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los

instrumentos internacionales, la ley y este Código.

Art.31

Derecho de petición. Las personas tienen derecho a formular peticiones, individual o co-

lectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma

oportuna.

Art. 32

Acceso a los servicios públicos. Las personas tienen derecho a acceder a los servicios pú-

blicos, conocer en detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre esta

materia.

Art.34, inc.1

Remoción de los obstáculos en el ejercicio de los derechos. Los servidores públicos responsa-

bles de la atención a las personas, del impulso de los procedimientos o de la resolución de los

asuntos, adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, diculten

o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las personas.

Art.35

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de carácter comer-

cial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adqui-

sición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes

o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del

producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor.

Art. 3

El Contrato de Adhesión.- El contrato de adhesión deberá estar redactado con caracteres

legibles, no menores a un tamaño de fuente de diez puntos, de acuerdo a las normas informá-

ticas internacionales, en términos claros y comprensibles y no podrá contener remisiones a

textos o documentos que, no siendo de conocimiento público, no se faciliten al consumidor

previamente a la celebración del contrato.

Cuando en un contrato de adhesión escrito con determinado tamaño de caracteres existiese

además, textos escritos con letras o números signicativamente más pequeños, éstos se

entenderán como no escritos. Las partes tienen derecho de que se les entregue copias debida-

mente suscritas y sumilladas de los contratos y todos sus anexos. Si no fuere posible hacerlo

en el acto por carecer de alguna rma, el proveedor entregará de inmediato una copia con la

constancia de ser el al original suscrito por éste; la copia así entregada se tendrá por el texto

dedigno de lo pactado para todos los efectos legales.

Art. 41 1

En cuanto al expendio de bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros derivados del tabaco y

productos nocivos para la salud, deberá expresarse clara, visible y notablemente la indicación

de que su consumo es peligroso para la salud, de acuerdo a lo que al respecto regule el Regla-

mento a la presente Ley. Dicha advertencia deberá constar, además, en toda la publicidad del

bien considerado como nocivo.

Art.57, inc.2 1

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y ser-

vicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren

presentar;

Art.4, num.4 1

Producción y Transgénica.- Si los productos de consumo humano o pecuario a comerciali-

zarse han sido obtenidos o mejorados mediante transplante de genes o, en general, manipu-

lación genética, se advertirá de tal hecho en la etiqueta del producto, en letras debidamente

resaltadas.

Art.13

Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al consumidor infor-

mación veraz, suciente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de

tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable.

Art.17 1

Sistemas de Crédito.- Cuando el consumidor adquiera determinados bienes o servicios me-

diante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a informarle en forma previa, clara y

precisa: (..)

Art.47 1

Gordillo, P. y Gordillo, S. Lenguaje claro en la administración pública ecuatoriana ¿Un discurso ausente?. (2024) 11 (22) 39 - 64

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social

Toda propuesta normativa debe regular una sola materia de forma clara y especíca. Art.8, inc. 3 1

1. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus di-

ferentes niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades de participación de las ciudadanas

y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,

pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, en los diversos

espacios e instancias creados para la interlocución entre la sociedad y el Estado; el acceso de

la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad

de los derechos y deberes, el control social y la rendición de cuentas en la gestión de lo públi-

co y lo privado cuando se manejen fondos públicos

Art.3, num.1

Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información

pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la

Constitución y la ley, sin censura previa

Art. 4

Participación ciudadana en las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de

Transparencia y Control Social.- Las distintas funciones del Estado establecerán mecanis-

mos para garantizar la transparencia de sus acciones, así como los planes y programas

que faciliten la participación activa de la ciudadanía en su gestión.

Estas funciones del Estado establecerán una agenda pública de consulta a la ciudadanía,

grupos y organizaciones sociales en todos los temas.

Art.45

Facilidades a las veedurías.- Es obligación de las instituciones públicas, privadas y sociales

cuyas actividades afecten los intereses de la sociedad, garantizar el acceso a la información

que los procesos de veeduría requieran para cumplir sus objetivos. El Consejo de Participa-

ción Ciudadana y Control Social brindará las condiciones básicas de funcionamiento dentro

de sus competencias legales y límites presupuestarios.

Art.87

Objetivos.- La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos:

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y permanente,

con respecto a la gestión pública;

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones de

las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen fondos

públicos;

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y,

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.

Art.91

Libre acceso a la información pública.- El Estado garantiza el derecho que tienen las

ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la información pública, de conformidad con

la Constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento fundamental para ejercer la

participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social.

Art.96

Promoción del derecho de acceso a la información.- Todas las entidades que conforman el

sector público o las entidades privadas que manejen fondos del Estado, realicen funciones pú-

blicas o manejen asuntos de interés público están obligadas a promover y facilitar el ejercicio

del derecho de acceso a la información pública.

Art.100