Ley Orgánica de la Defensoría Pública
Objeto.- La presente Ley tiene por objeto regular y normar los procesos de la Defensoría Pública y de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública compuesta por los Consultorios Jurídicos Gratuitos de las universidades y demás organizaciones, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales para la prestación gratuita y oportuna de los servicios de asesoría en todas las materias e instancias y asistencia legal y patrocinio en las líneas de atención prioritaria que se describen en esta Ley; a las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios privados de defensa legal para la protección de sus derechos.
Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de la presente Ley son de cumplimiento obligatorio para los funcionarios de la Defensoría Pública; para los consultorios jurídicos gratuitos que integran la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública; para los órganos de la Función Judicial; para las instituciones públicas en el ámbito de sus competencias; y, para aquellas personas, grupos o colectivos beneficiarios de los servicios de la Defensoría Pública.
Las autoridades de las representaciones diplomáticas ecuatorianas, en coordinación con la Defensoría Pública, aplican la presente Ley, en caso de las personas ecuatorianas en el exterior que requieran servicios en asesoría, asistencia legal y patrocinio gratuito en el territorio nacional y en estricto respeto a las normas del derecho internacional público.
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Establecer la organización y normas a la prestación gratuita, oportuna, integral, ininterrumpida, técnica y competente de los servicios de asesoría, asistencia legal y patrocinio que brinda la Defensoría Pública y la Red Complementaria de consultorios jurídicos gratuitos, con el propósito de garantizar la permanente coordinación y articulación interinstitucional.
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Determinar las herramientas institucionales para la especialización, formación continua y capacitación de los defensores y las defensoras públicas, así como su personal administrativo.
Para el cumplimiento de sus funciones y misión institucional, en una lógica sistémica, la Defensoría Pública coordina, de manera permanente, con los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y de otras organizaciones que forman parte de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, para cuyo efecto emite lineamientos, políticas y resoluciones que establezcan parámetros para la coordinación interinstitucional.
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Garantista: La Defensoría Pública y la red complementaria de defensa jurídica garantizan, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia de sus usuarios. Los servicios se orientan a una defensa efectiva y oportuna.
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Gratuidad.- Los servicios de asesoría, asistencia legal y patrocinio o mediación que se regulen en esta Ley son gratuitos. Las personas usuarias no pagan ningún rubro o costo por concepto de honorarios profesionales.
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Interculturalidad.- Se garantizará el reconocimiento, respeto, y la valoración de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo, así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos.
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Transparencia.- Los servicios, actuaciones y diligencias de la Defensoría Pública y de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, son públicos y sujetos al estricto escrutinio de la sociedad civil y el Estado, salvo los procesos que por su naturaleza o temática tengan prohibición de publicidad de conformidad con la Ley.
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Justicia especializada.- La asesoría, asistencia legal y patrocinio de la Defensoría Pública y los servicios de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública será especializada, en casos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y en procesos que involucren a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.
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No revictimización ni menoscabo de los derechos de las víctimas.- En la asesoría, asistencia legal y patrocinio se garantizará la no revictimización ni menoscabo de los derechos de las personas usuarias del servicio, con especial atención a las víctimas de violencia de género; y, a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
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Confidencialidad.- No se podrá utilizar públicamente la información, antecedentes personales o el pasado judicial de las personas beneficiarias del servicio de asesoría, asistencia legal y patrocinio gratuito. Se prohíbe toda forma de estigmatización, prejuicio y consideraciones de tipo subjetivo. Las y los defensores públicos y de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, guardarán confidencialidad sobre los asuntos que se someten a su conocimiento. Este principio no impedirá la generación de estadísticas e información desagregada.
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Oportunidad y celeridad.- Todas las acciones, procedimientos y medidas contemplados en la presente Ley deben ser inmediatos, ágiles y oportunos, lo que implicará la eliminación de trámites administrativos innecesarios que imposibiliten la prestación oportuna de los servicios de asesoría, asistencia legal y patrocinio a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.
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Estado de indefensión en el que se encuentren las personas, grupos o colectivos, que no puedan contratar los servicios de una defensa privada, para la asesoría, asistencia legal y patrocinio.
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Se encuentren en estado de vulnerabilidad; todas aquellas personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria determinados en el capítulo III del Título II de la Constitución de la República del Ecuador.
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Condición económica sujeta a vulnerabilidad.- Se entenderá que una persona se encuentra en condición económica sujeta a vulnerabilidad cuando se encuentre desempleada, o, perciba ingresos iguales o inferiores al valor de dos salarios básicos unificados, excepto en materias penales cuyo patrocinio es derecho de toda persona.
Sistema de Información de Patrocinio y Defensa Jurídica Gratuita.- El Sistema de Información de Patrocinio y Defensa Jurídica Gratuita será implementado y administrado por la Defensoría Pública e integrará y consolidará la información estadística respecto a la asesoría, asistencia legal y patrocinio gratuito por parte de la Defensoría Pública y los Consultorios Jurídicos gratuitos de las universidades u otras organizaciones que integran la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública.
La información de este Sistema tendrá fines estadísticos para la definición de políticas públicas que permitan mejorar la calidad en el servicio.
La ética en el patrocinio y asesoría jurídica gratuita.- Los servidores de la Defensoría Pública y los trabajadores o personas que prestan sus servicios en la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública mantendrán una conducta honesta, técnica, oportuna y diligente en el manejo de las causas, respetando las garantías del debido proceso de las personas usuarias y aplicando los principios de buena fe y lealtad procesal.
En caso de conflicto de intereses las defensoras y defensores públicos comunicarán sin dilación a su jefe inmediato dicha situación para la reasignación de las causas, mismo derecho que tendrán los usuarios en caso de conflicto de intereses con el Defensor Público asignado.
De la misma manera, el personal que desempeñe sus funciones en los Consultorios Jurídicos Gratuitos de las Universidades u otras organizaciones que integran la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, se excusará de tramitar las causas hasta que el coordinador del consultorio las reasigne.
Se presenta un caso de conflicto de intereses cuando:
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La defensora o el defensor presenta un grado de parentesco en cualquier grado, con la parte contraria en el proceso que debe patrocinar;
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Mantiene o ha mantenido, cualquier tipo de relación profesional con alguna de las partes del proceso que patrocine; que pueda perjudicar o sesgar de alguna manera la representación;
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Enemistad manifiesta con el usuario que debe atender en razón de su función.
Sujetos del servicio de asesoría, asistencia legal y patrocinio gratuito por parte de la Defensoría Pública.- Son sujetos del servicio de asesoría, asistencia legal y patrocinio gratuito que brinda la Defensoría Pública y la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, las personas que por su estado de indefensión, o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios privados de defensa legal para la protección de sus derechos, de conformidad con lo establecido en esta Ley.
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Ser atendido con respeto y eficiencia;
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Conocer en todo momento y con oportunidad, a través de los medios establecidos para el efecto, el estado de las causas o casos sujetos a patrocinio o asesoría jurídica, según corresponda;
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Recibir una defensa técnica, idónea, oportuna, ininterrumpida durante todo el proceso hasta su culminación y archivo;
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Procurarle reserva y confidencialidad sobre el caso motivo del patrocinio o asesoría jurídica gratuita, excepto cuando la información entregada por la defensora o defensor público tenga fines estadísticos;
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Orientación e información eficaz sobre el servicio de patrocinio y asesoría;
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A solicitar, de manera fundamentada, el cambio de defensora pública o defensor público asignado para su patrocinio o asistencia legal; y,
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Los demás establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la ley y la reglamentación interna de la Defensoría Pública.
Son deberes de las personas beneficiarias del servicio asesoría, asistencia legal y patrocinio que brinda la Defensoría Pública y la Red Complementaria, los siguientes:
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Informar con oportunidad a la defensora o defensor público asignado para el patrocinio o asesoría jurídica, que ha contratado los servicios de defensa legal privada o que contará con el patrocinio o asesoría de un profesional de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública.
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Asistir con puntualidad a las diligencias en las que tenga que participar de manera directa y le hayan sido comunicadas por la defensora o defensor público asignado, o comunicar con prontitud las razones que le impedirán asistir.
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Entregar la información o documentación que le sea requerida para la defensa técnica en los casos de patrocinio.
De manera excepcional y por razones justificadas, operará la sustitución y alternabilidad del defensor público asignado en el patrocinio de las causas, en caso que se requiera la comparecencia de uno u otro defensor o defensora en la sustanciación de las diferentes etapas del proceso.
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En representación de la presunta persona infractora, cuando se encuentra en estado de indefensión, estado de vulnerabilidad para el acceso a la justicia de conformidad con las definiciones establecidas en esta Ley; y, en los casos relativos al uso legítimo de la. fuerza por parte de las servidoras o servidores de las entidades autorizadas para su empleo en la ley de la materia. En estos casos, la representación en el patrocinio se realizará en todas las etapas del proceso y en situación de flagrancia;
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En representación de la o el adolescente en conflicto con la Ley, sea en situación de flagrancia, juzgamiento de contravenciones y durante todas las etapas e instancias del proceso penal, la ejecución de la medida socioeducativa hasta el archivo de la causa y destrucción de los expedientes;
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En la solicitud y trámite de los beneficios penitenciarios de las personas sentenciadas durante la ejecución de la pena, de conformidad con la ley;
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La defensa de las víctimas se realizará en infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y diversas formas de explotación, delitos de odio, genocidio, lesa humanidad, otros delitos tipificados como graves violaciones a los derechos humanos, uso indebido de la fuerza, asesinato, robo con muerte, femicidio, homicidio, desaparición de personas y en todos los casos de víctimas de infracciones contra la mujer o el núcleo familiar o violencia de género, desde la investigación previa o inicio de la acción penal hasta su conclusión;
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En materia de niñez y adolescencia, el servicio se brindará a la persona que tenga bajo su cuidado al niño, niña, adolescente o a las entidades de acogimiento en los procesos de declaratorias de adoptabilidad o esclarecimiento de la situación legal, social y familiar de las niñas, niños o adolescentes, así como en el caso de acciones derivadas de permisos de salida del país relacionados con los derechos de salud y educación, cuando se encuentre en estado de indefensión, estado de vulnerabilidad para el acceso a la justicia o en condición económica sujeta a vulnerabilidad de conformidad con las definiciones establecidas en esta Ley; se garantiza la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en movilidad humana, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas, afrodescendientes y montubias;
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En materia laboral, el patrocinio se otorgará en beneficio del trabajador, así como de sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización de las personas trabajadoras, cuando se encuentre en estado de indefensión, estado de vulnerabilidad para el acceso a la justicia o en condición económica sujeta a vulnerabilidad;
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En las causas de inquilinato, el patrocinio se dirige a los arrendatarios y arrendadores cuando el contrato verse sobre bienes inmuebles destinados a vivienda siempre que el canon de arrendamiento no supere el valor de un salario básico unificado;
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En materia de movilidad humana se otorga patrocinio en los procesos de regulación migratoria, de refugio, inadmisión, deportación y apatridia cuando se encuentre en estado de indefensión, estado de vulnerabilidad para el acceso a la justicia o en condición económica sujeta a vulnerabilidad, de conformidad con esta Ley; y,
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En garantías jurisdiccionales, se prestará el patrocinio en todas aquellas determinadas en la Constitución y la Ley.
Las materias que no puedan ser patrocinadas por la Defensoría Pública, serán derivadas a los consultorios jurídicos gratuitos que forman parte de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, de conformidad con esta Ley.
En ningún caso, la Defensoría Pública negará información sobre sus servicios a los ciudadanos que la requieran.
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La usuaria o usuario ha manifestado de forma clara, expresa y por escrito que no tiene interés en que se continúe prestando el servicio;
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La usuaria o usuario dejó de acudir ante los órganos responsables del servicio y ante los operadores de justicia cuando sea necesaria su participación para continuar sustanciando el proceso y esto conlleve al abandono de la causa declarada judicialmente;
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Exista o conste en el proceso judicial o administrativo respectivo, que la usuaria o usuario cambió el patrocinio gratuito para ser representado por un abogado particular o defensor de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública;
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El usuario realice actuaciones procesales, sin conocimiento de su defensora o defensor público y que las mismas comprometan la estrategia de defensa técnica;
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La defensora o defensor público a cargo, dejará constancia de la verificación de la causa que motiva la cesación del servicio de patrocinio o asesoría jurídica y notificará con anticipación a la persona beneficiaria a través del medio establecido por el mismo.
Especialización, formación continua y capacitación de las y los defensores públicos.- A fin de garantizar la especialización en las diferentes materias, dotar de herramientas técnicas jurídicas en lo concerniente a la defensa, la necesidad de formación continua y capacitación para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, la Defensoría Pública contará con la Escuela Defensorial como organismo de especialización, formación y capacitación que planificará e implementará cursos generales o especializados en las modalidades presencial, semipresencial, a distancia o virtual, de conformidad con la ley que regula la Punción Judicial.
Los procesos de especialización, formación y capacitación a. las defensoras y defensores públicos y demás servidores de la Defensoría Pública, se realizarán bajo criterios de pertinencia, igualdad de género y equidad.
Los planes, programas y proyectos de capacitación aprobados por las servidoras y servidores en la Escuela Defensorial serán considerados para el ingreso, evaluación, promoción y categorización que realice el Consejo de la Judicatura.
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Identificar las necesidades de formación y capacitación continua y especializada de los servidores de la Defensoría Pública;
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Proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para el desarrollo de los bancos de preguntas y casos que se llegaren a emplear en los concursos de mérito y oposición para el ingreso a la institución, evaluación de desempeño, promoción y categorización;
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Formular y ejecutar programas y planes de capacitación especializada en estrategias de litigación y argumentación jurídica, en ciencias jurídicas y afines para los servidores de la Defensoría Pública;
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Coordinar actividades o iniciativas de capacitación con los consultorios jurídicos de las universidades y de otras organizaciones que integran la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública;
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Promover la cooperación nacional e internacional con fines de especialización, formación continua y capacitación,
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Promover la integración de los estudiantes de las facultades de derecho, jurisprudencia o ciencias jurídicas en procesos de capacitación en los ámbitos de competencia de la Defensoría Pública.
El titular de la Escuela Defensorial será nombrado por la Defensora o Defensor Público; sus funciones y atribuciones estarán establecidas en el Estatuto Orgánico emitido por la Institución.
Podrá además, establecer cooperación con organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales no académicos cuya misión se alinee a la misión institucional.
La Red Complementaria a la Defesa (sic) Jurídica Pública coadyuva a que ningún usuario se quede en indefensión y reciba una defensa técnica eficiente, eficaz y de calidad. Para el cumplimiento de su misión constitucional y legal sigue las políticas, lineamientos y directrices de la Defensoría Pública.
Sujetos del servicio de la Red Complementaria.- Son sujetos de la Red Complementaria a la Defensoría Pública, las personas que por su estado de indefensión, o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios privados de defensa legal para la protección de sus derechos, de conformidad con lo establecido en esta Ley y también patrocinará los casos derivados por la Defensoría Pública.
Complementaria a la Defensa Jurídica Pública
Funcionamiento, evaluación y acreditación de los consultorios jurídicos gratuitos.- La Defensoría Pública evaluará y acreditará, de manera anual y bajo criterios de capacidad instalada, calidad y defensa técnica a los consultorios jurídicos gratuitos de las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias jurídicas de las universidades legalmente reconocidas, así como los consultorios jurídicos de organizaciones como fundaciones, corporaciones, asociaciones o las creadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados. De encontrarse graves anomalías en su funcionamiento se comunicará a la entidad responsable concediéndole un plazo razonable para que las subsane; en el caso de no hacerlo, se prohibirá su funcionamiento.
Monitoreo de los consultorios jurídicos gratuitos de la Red Complementaria.- La Defensoría Pública será responsable de monitorear el servicio de patrocinio y asesoría jurídica de los consultorios jurídicos de las universidades y de otras organizaciones que integran la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, de conformidad con los parámetros de ejecución establecidos en esta Ley y la normativa interna de la Defensoría Pública.
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Incumplimiento de las obligaciones establecidas en normas reglamentarias, resoluciones o instructivos emitidos por la Defensoría Pública, para los consultorios jurídicos gratuitos.
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La no asistencia de las abogadas y abogados de los consultorios jurídicos gratuitos a las audiencias o diligencias procesales, por una ocasión durante un año, siempre que se haya verificado que dicha inasistencia sea por responsabilidad de la abogada o abogado asignado, quien debe pertenecer a un consultorio jurídico gratuito.
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Los consultorios jurídicos gratuitos que no reporten a la Defensoría Pública, los informes de gestión de patrocinio y asesoría, conforme los mecanismos y periodicidad que establezca para el efecto la Defensoría Pública.
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La derivación de usuarios a otros consultorios jurídicos gratuitos, por razones de materia y asesoría en general, salvo que el consultorio jurídico gratuito que deriva, lo realice por cuanto el patrocinio requerido corresponde a materias no acreditadas por el consultorio jurídico gratuito remitente; y,
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No acudir a los procesos de capacitación convocados por la Defensoría Pública.
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Los responsables de ejercer los patrocinios y asistencia legal de los consultorios jurídicos gratuitos que acepten o exijan dádivas o dinero a las usuarias o usuarios de los mismos;
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Direccionar, remitir o derivar causas a cualquier título a estudios jurídicos privados con fines de lucro, propios o de terceras personas;
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Negarse a prestar el servicio de asistencia legal gratuita o suspender el patrocinio de causas que se encuentren a su cargo, conforme las materias acreditadas y de acuerdo a la normativa de la Defensoría Pública;
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Incumplir injustificadamente, en el periodo de un año, las actividades, proyectos o acciones programadas en el plan de fortalecimiento de cada consultorio jurídico gratuito.
En caso de reincidencia de infracciones graves dentro del periodo de acreditación anual, se revocará la autorización de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos, de conformidad con la resolución que expida para el efecto el órgano competente.
Garantía de continuidad en la atención y responsabilidad de los consultorios jurídicos.- En cualquier caso, durante los periodos de suspensión de la red complementaria de defensa jurídica, las abogadas o los abogados de los consultorios, deberán seguir atendiendo las causas en curso o en trámite, y serán responsables por ellas de conformidad con la ley, pero no recibirán nuevas causas ni atenderán a nuevos usuarios durante el periodo de suspensión.
De producirse la revocatoria de autorización de funcionamiento del consultorio jurídico gratuito, los casos en trámite deberán ser entregados a la Defensoría Pública, quien los derivará a otros consultorios de conformidad con el procedimiento que para el efecto emita la institución mediante resolución.
PRIMERA.- Traductores e intérpretes en favor de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.- A fin de garantizar la atención de las líneas de servicio a favor de las personas pertenecientes a las nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes, la Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquellos pertenezcan.
Para estos efectos, la institución celebrará convenios de colaboración con instituciones de educación superior o instituciones públicas o privadas que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación de personal misional bilingüe indígena.
SEGUNDA.- Promoción de la participación de las y los estudiantes de las instituciones de educación superior.- La Defensoría Pública promoverá la participación continua de estudiantes de las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de los centros de educación superior, en los servicios de patrocinio y asesoría jurídica gratuita que brinda.
DISPOSICIONES REFORMATORIAS Y DEROGATORIAS
PRIMERA.- Reforma al Código Orgánico Integral Penal.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal, por el siguiente:
"En los casos de ausencia de la o el defensor particular de confianza, se contará con una o un defensor público acorde a los servicios de patrocinio jurídico gratuito contemplados en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, para lo cual, con la finalidad de contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, se fijará una nueva audiencia, previa notificación a la Defensoría Pública. La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado, se comunicará al Consejo de la Judicatura y se pondrá en conocimiento del Defensor Público General en los casos de las defensoras y defensores públicos.
SEGUNDA.- Reforma al Código Orgánico General de Procesos.- Sustitúyase el artículo 36 del Código Orgánico General de Procesos por el siguiente texto:
"Art. 36.- Comparecencia al proceso mediante defensor. Las partes que comparezcan a los procesos deberán hacerlo con el patrocinio de una o un defensor, salvo las excepciones contempladas en este Código.
De conformidad con la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, las personas que, por su estado de indefensión o condición de vulnerabilidad, no puedan contratar los servicios de una defensa legal privada para la protección de sus derechos, recurrirán a la Defensoría Pública.
Los jueces de todas las materias no penales observarán las disposiciones y los parámetros establecidos para los servicios de patrocinio jurídico gratuito de la Defensoría Pública, contemplados en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y en la normativa que para el efecto emita el Defensor Público General.
Siempre que el o los defensores concurran a una diligencia sin autorización de la parte a la que dice representar, deberán ratificar su intervención en el término que la o el juzgador señale de acuerdo con las circunstancias de cada caso; si incumple la ratificación, sus actuaciones carecerán de validez.
Esta disposición no será aplicable a la comparecencia a audiencia preliminar o única en los procedimientos de una sola audiencia a la cual deberá concurrir la o el defensor con la parte.
TERCERA.- Reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana.-
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En el artículo 99, numeral 9 Sustitúyase la frase "a fin de que asuma la representación legal" por la siguiente: "a fin de que asuma el patrocinio en defensa de los derechos".
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En el artículo 113 numeral 5, reemplazase la frase "a fin de que asuma la representación legal" por la siguiente: "a fin de que asuma el patrocinio o asistencia legal pertinente.
CUARTA.- Reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia.-
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En el artículo 36 inciso tercero, Sustitúyase la frase Defensoría Pública de la jurisdicción correspondiente" por "El Ministerio rector de inclusión económica y social".
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Eliminase el numeral 3 del artículo 115 y reenumérese el numeral 4 y 5, como 3 y 4, en su orden.
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En el artículo 178 Sustitúyase la frase "en el caso del numeral 4 del artículo anterior, y por la Defensoría Pública." Por "en el caso del numeral 3 del artículo 115.
QUINTA: Reforma al Código Orgánico de la Función Judicial.
En el artículo 109 agregar el siguiente texto "Será sancionado el Defensor Público o Defensora Pública que recomiende un defensor privado al usuario del patrocinio bajo la responsabilidad de la Defensoría Pública.
PRIMERA.- Vacantes y banco de elegibles.- Hasta que el órgano competente realice el respectivo concurso de méritos y oposición de defensoras y defensores públicos, de existir vacantes, las mismas serán llenadas del banco de elegibles resultante del último concurso realizado.
SEGUNDA.- El plazo para la normativa interna de la Defensoría Pública.- El Defensor Público General dentro del término de 180 días deberá emitir la normativa necesaria para adecuar los procesos internos a la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigencia una vez publicada en el Registro Oficial.
Dado y suscrito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintiuno.
ING. CÉSAR LITARDO CAICEDO
Presidente
DR. JAVIER RUBIO DUQUE
Secretario General
PALACIO NACIONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
SANCIONASE Y PROMULGASE
Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
Quito, 12 de mayo de 2021.
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
