LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Esta Ley tiene como objeto establecer a la Defensoría del Pueblo como la Institución Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y la Naturaleza, desarrollar sus principios, enfoques y competencias, definir su estructura principal, y asegurar su independencia, autonomía y representación plural.

La Defensoría del Pueblo es un órgano de derecho público desconcentrado, con jurisdicción nacional, que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Esta entidad tiene personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.

La Defensoría del Pueblo es la encargada de velar por la promoción, protección y tutela de los derechos de todas las personas en el territorio nacional, de las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior y de los derechos de la naturaleza.

Su sede nacional está en la capital del Ecuador y cuenta con delegados en cada provincia y en el exterior, de conformidad a esta Ley.

Los fines de la Defensoría del Pueblo, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos, son:

1. Ejercer la magistratura ética en derechos humanos y de la naturaleza;

2. Prevenir las vulneraciones de los derechos humanos y de la naturaleza;

3. Promover la difusión pública, la educación, la asesoría, la incidencia y el monitoreo de los derechos humanos y de la naturaleza; y,

4. Proteger y tutelar los derechos humanos y de la naturaleza.

Para la aplicación de esta Ley y la conformación de la estructura organizacional de la Defensoría del Pueblo se aplicarán, además de los principios previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, los siguientes:

1. Independencia: es la separación respecto al resto de instituciones y funciones del Estado para cumplir con eficacia su rol de promoción y protección de los derechos humanos y la naturaleza;

2. Autonomía: es la capacidad de autogobernarse política y administrativamente con sus propios procesos normativos, administrativos, financieros y organizacionales;

3. Pluralismo: es el respeto y el reconocimiento de las diferentes posiciones o pensamientos de los diversos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos, reconociendo los diferentes mecanismos de participación a lo interno y externo de la institución;

4. Igualdad y no discriminación: es la promoción y protección del ejercicio y la garantía de las personas en igualdad de condiciones respetando sus diversidades y sin discriminarlas por cualquier distinción, personal o colectiva, temporal o permanente;

5. Plurinacionalidad: es el reconocimiento de la coexistencia de diversos pueblos y nacionalidades en el territorio;

6. Progresividad y no regresividad: es la obligación estatal para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos y de la naturaleza y evitar políticas o medidas regresivas que tengan por objeto o como efecto la disminución o el retroceso del estado actual del goce de los derechos previamente reconocidos;

7. Interdependencia: es la consideración de que todos los derechos están interrelacionados y tienen igual jerarquía;

8. Informalidad, gratuidad y celeridad: es la actuación oportuna, rápida, eficaz y gratuita en todas las fases con el fin de activar medios simplificados y expeditos que garanticen el cumplimiento de los derechos;

9. Desconcentración: es la distribución objetiva de las funciones delegadas en el territorio, con el fin de descongestionar y acercar la gestión a las personas y colectivos.

Para garantizar la igualdad material en la promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza, se observarán los siguientes enfoques, además de los que se determinen en el reglamento a esta ley:

1. Derechos humanos Asume a las personas y colectivos como sujetos de derechos con dignidad, identifica las relaciones de poder que condicionan y limitan el ejercicio de los derechos humanos; y considera que los principios, derechos y obligaciones contemplados en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos son un marco obligatorio para la acción estatal y la exigibilidad social.

2. Derechos de la Naturaleza Asume a la naturaleza como sujeto de derechos, promueve el respeto integral a su existencia, procura la prevención, mantenimiento y restauración de sus funciones, estructuras y procesos vitales; y considera la vinculación sistémica entre los derechos humanos y los de la naturaleza desde una visión ecoterritorial.

3. Intercultural Considera y comprende las actuaciones individuales, colectivas e institucionales para transformar las relaciones de poder asimétricas entre grupos diferentes en su dimensión cultural.

4. Intergeneracional Considera las capacidades y necesidades físicas, sociales y culturales en relación al ciclo de vida de las personas, con particularidad de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

5. Movilidad humana Asume las diferentes dinámicas de la movilidad humana, que incluye la salida, tránsito o permanencia en un lugar diferente al de origen o residencia habitual y retorno, como factores decisivos en el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas con independencia de su nacionalidad y calidad migratoria.

Para poder cumplir con sus fines la Defensoría del Pueblo tendrá las siguientes competencias:

1. Patrocinar, de oficio o a petición de parte, las garantías jurisdiccionales, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados, con especial énfasis en casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social;

2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, con especial énfasis en casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social, debiendo solicitar el juzgamiento y la sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos;

3. Diseñar e implementar sistemas de gestión del conocimiento e investigación especializados en derechos humanos y de la naturaleza;

4. Diseñar e implementar programas de sensibilización, formación y educación en derechos humanos y de la naturaleza;

5. Prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas;

6. Realizar investigaciones defensoriales para verificar posibles vulneraciones de los derechos humanos o de la naturaleza que podrán realizarse por medio de visitas in situ;

7. Emitir alertas, dictámenes, pronunciamientos, recomendaciones, informes, exhortos, propuestas o informes sobre acciones u omisiones de todas las instituciones del Estado en cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos y la naturaleza;

8. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso en el ámbito judicial o administrativo en casos donde existan posibles vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza cuando sean generalizadas y sistemáticas, de relevancia social, incluyendo los casos de personas desaparecidas;

9. Promover la adopción, firma o ratificación, según sea el caso, de las declaraciones, pactos y convenios internacionales de derechos humanos y de la naturaleza;

10. Presentar demandas de inconstitucionalidad a normas que afecten los derechos humanos y de la naturaleza;

11. Requerir a la Corte Constitucional la selección de sentencias, en cuyo caso la Corte deberá proceder a la revisión y pronunciarse sobre el caso;

12. Hacer el seguimiento de las sentencias o acuerdos reparatorios que se emitan en las garantías jurisdiccionales únicamente en los casos en que los jueces constitucionales expresamente lo deleguen, debiendo informar periódicamente su cumplimiento;

13. Activar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos cuando corresponda;

14. Solicitar medidas cautelares independientemente o conjuntamente con los procesos constitucionales de garantías jurisdiccionales; y,

15. Las demás atribuidas en otras leyes, de acuerdo a las competencias establecidas en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular los Principios de París, y en esta ley.

Para fines de esta ley, se entenderá por situaciones generalizadas los actos que se dirigen contra una multiplicidad de víctimas; por actos sistemáticos se entenderá aquellos cometidos como parte de un plan o política preconcebida; y por relevancia social, los hechos que por el contexto político, social, económico o cultural en el que ocurren, generen alta preocupación e impacto en los derechos humanos y de la naturaleza, en la sociedad o en un grupo específico, y que demanden una respuesta oportuna.

La Defensora o Defensor del Pueblo será la máxima autoridad de la entidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizará la designación luego de agotar el proceso de selección correspondiente, y la Asamblea Nacional del Ecuador procederá con la posesión.

La Defensora o Defensor permanecerá cinco años en sus funciones y podrá ser designado nuevamente por una sola vez, siempre y cuando no sea en el período siguiente al que ejerció.

Son atribuciones de la Defensora o Defensor del Pueblo, además de las que asignan la Constitución y los instrumentos internacionales, las siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de derechos humanos y otras que sean pertinentes;

2. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la entidad, así como en foros nacionales e internacionales relativos a sus competencias;

3. Rendir cuentas anualmente ante la Asamblea Nacional del Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ante la sociedad civil;

4. Organizar conjuntamente con la sociedad civil la conformación de los Consejos de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza;

5. Dirigir los procesos institucionales internos necesarios para cumplir de manera ágil, eficiente y eficaz el mandato de la institución:

1) Establecer la estructura organizacional;

2) Dictar la normativa interna;

3) Definir las políticas institucionales que orientan las acciones regulares de promoción y protección de los derechos humanos y la naturaleza e incluidas aquellas que requieran adoptarse ante situaciones emergentes;

4) Elaborar la planificación quinquenal y anual con la correspondiente proforma presupuestaria, en la cual se deberá especificar las asignaciones correspondientes por partidas, unidades institucionales y de forma desconcentrada;

5) Autorizar el gasto conforme a la proforma presupuestaria aprobada; y,

6) Otras acciones que permitan el adecuado funcionamiento de la institución.

La Defensora o Defensor del Pueblo tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozará de inmunidad durante el ejercicio de sus funciones; no será civil ni penalmente responsable por las opiniones que emita, ni por las decisiones o actos que realice en el ejercicio de sus funciones.

La Asamblea Nacional podrá enjuiciarlo políticamente de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

Los requisitos para ser designado Defensora o Defensor del Pueblo son:

1. Cumplir con los mismos requisitos exigidos para las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia; y,

2. Acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

A efectos de la designación de la Defensora o Defensor del Pueblo se observarán las disposiciones constitucionales y la normativa que para el efecto establezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La persona que incurra en las siguientes prohibiciones no podrá ser elegida ni desempeñar el cargo de titular de la Defensoría del Pueblo, en los casos de:

1. Inhabilidades establecidas por la Constitución y la Ley;

2. Haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por la comisión de cualquier delito o por sentencia que declare la violación a los derechos humanos o de la naturaleza;

3. Adeudar dos o más pensiones alimenticias;

4. Suspensión del ejercicio profesional establecido por el Consejo de la Judicatura; y,

5. Haber sido afiliado, adherente o dirigente de cualquier organización política durante los últimos cinco años.

Las funciones de la Defensora o Defensor del Pueblo son incompatibles con el ejercicio de otro cargo público o privado, así como cualquier actividad profesional o empleo, con excepción de la cátedra universitaria.

El titular de la Defensoría del Pueblo cesará en sus funciones por las siguientes causas:

1. Por el cumplimiento del plazo para el cual fue designado;

2. Por muerte;

3. Por renuncia aceptada por la Asamblea Nacional;

4. Por destitución mediante juicio político;

5. Por abandono del cargo; y,

6. Por incurrir en las causales e inhabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

En caso de ausencia definitiva de la Defensora o Defensor del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social procederá a encargar a una persona quien ejercerá las funciones establecidas en la presente ley por el periodo que dure el proceso establecido para la selección y designación. Únicamente en caso de renuncia aceptada por la Asamblea Nacional, asumirá el cargo la Vicedefensora o Vicedefensor por el tiempo que dure el proceso de selección y designación.

En caso de ausencia temporal de la Defensora o Defensor del Pueblo, lo reemplazará quien ejerza la Vicedefensoría. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Luego de vencido el plazo de tres meses, la ausencia se considerará definitiva.

La Defensora o Defensor del Pueblo nombrará a la persona que ocupará el cargo de Vicedefensora o Vicedefensor, respetando los criterios de paridad, equidad e inclusión.

Esta persona deberá cumplir con los mismos requisitos y criterios exigidos para la designación del cargo de Defensora o Defensor del Pueblo y le serán delegadas las competencias que considere pertinentes en virtud de la misión y visión de la institución.

La Defensoría del Pueblo, para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, contará con delegaciones en cada provincia del país. Las personas titulares de esta delegación deberán acreditar amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos o de la naturaleza por un tiempo mínimo de siete años.

La Defensoría del Pueblo, para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, contará con delegaciones en el exterior. Las personas titulares de esta delegación deberán acreditar amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos con énfasis en movilidad humana, por un tiempo mínimo de siete años.

Estas delegaciones se crearán en los países de destino o tránsito en los cuales se identifique situaciones que amenacen o vulneren gravemente los derechos humanos de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior. Las delegaciones en el exterior durarán el tiempo necesario que ameriten las situaciones que justificaron su creación.

Las delegaciones de la Defensoría del Pueblo del Ecuador velarán por el cumplimiento del derecho a la protección consular, coordinarán con las instituciones nacionales de derechos humanos del Estado correspondiente o con las organizaciones de sociedad civil que tengan como fin la protección de los derechos de las personas en movilidad humana. Las autoridades del servicio exterior brindarán la información y facilidades necesarias para que las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior cumplan con sus atribuciones.

Con la finalidad de proteger los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos fuera del territorio nacional, las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior:

1. Velarán por el respeto de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, en particular por el cumplimiento del derecho a la protección consular.

2. Coordinarán las acciones y estrategias de protección de derechos con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Estado correspondiente o con las organizaciones de sociedad civil afines a este propósito.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana brindará las facilidades necesarias para que las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior cumplan con sus atribuciones.

La Defensoría del Pueblo, para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, podrá crear comisiones especiales para enfrentar oportuna y eficazmente situaciones que amenacen o vulneren gravemente los derechos humanos y de la naturaleza.

La Defensoría del Pueblo creará las dependencias organizacionales de carácter administrativo o misional que considere necesarias y oportunas para el cumplimiento de sus competencias y atribuciones, sin perjuicio de las establecidas en esta ley.

La creación de las dependencias misionales responderá a las siguientes funciones:

1. Promoción de derechos humanos y de la naturaleza;

2. Protección de los derechos humanos y de la naturaleza; y,

3. Producción especializada de gestión del conocimiento e investigación.

Estas funciones serán ejercidas de manera desconcentrada a través de las delegaciones provinciales y en el exterior.

La Defensoría del Pueblo, con el fin de cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de la naturaleza, implementará de manera progresiva, los siguientes mecanismos de protección:

1. Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes;

2. Mecanismo Nacional de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes;

3. Mecanismo Nacional para el Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad;

4. Mecanismo Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres;

5. Mecanismo Nacional de Prevención, Precaución, Protección, Promoción y Restauración de los Derechos de la Naturaleza (PACHAMAMA), con énfasis en la biodiversidad de las regiones amazónica, insular y fronteriza;

6. Mecanismo Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montuvios;

7. Mecanismo Nacional para la Promoción y Protección de las Personas en situación de Movilidad Humana; y,

8. Otros para la promoción y protección de derechos humanos, según lo resuelva la Defensora o Defensor del Pueblo.

Cada uno de estos mecanismos contará con una autoridad responsable para su debida implementación.

Las defensoras o defensores de derechos humanos y de la naturaleza son personas o colectivos que ejercen el derecho de promover, proteger y procurar la realización de los derechos humanos y de la naturaleza. Esto incluye tanto a las actividades profesionales como a las luchas personales y colectivas, incluyendo actividades vinculadas de forma ocasional con la defensa de los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo velará porque el Estado cumpla con las siguientes obligaciones para proteger a las defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza:

1. Garantizar las condiciones para que las personas defensoras de derechos humanos realicen sus actividades libremente;

2. No impedir sus actividades y resolver los obstáculos existentes a su labor;

3. Evitar actos destinados a desincentivar o criminalizar su trabajo;

4. Protegerlas si están en riesgo; y,

5. Investigar, esclarecer, procesar y sancionar los delitos realizados en su contra, así como garantizar la reparación integral con absoluta independencia e imparcialidad.

El Consejo de Defensoras o Defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza se creará como mecanismo de participación activa y efectiva, a fin de reconocer a la sociedad civil en la observación y articulación de estrategias de promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza.

Se creará el Consejo Defensorial Nacional y Consejos Defensoriales Provinciales.

El Consejo de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza se integrará por personas con trayectoria en la prevención, promoción y defensa de los derechos humanos y la naturaleza. Estas personas deberán ser nombradas en un evento público, convocado por la Defensora o Defensor del Pueblo o su delegado a través de los medios de comunicación social, en función de las propuestas que realicen las organizaciones sociales y demás actores de la sociedad civil, que promuevan la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Se procurará la participación de mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montuvios, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana y grupos de atención prioritaria.

Las y los integrantes de este Consejo no serán servidores públicos, ni tendrán relación contractual alguna con la Defensoría del Pueblo.

El Consejo podrá solicitar la participación de la academia o comunidad científica cuando lo considere necesario.

Los Consejos de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza tienen como competencias principales las siguientes:

1. Formular propuestas que mejoren los procesos de promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza en la Defensoría del Pueblo;

2. Generar alertas fundamentadas sobre situaciones de vulneración de derechos humanos y de la naturaleza; y,

3. Contribuir a la identificación de las violaciones a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, patrones de vulneración y situación de defensoras y defensores.

La Defensoría del Pueblo normará las atribuciones del Consejo y sus integrantes, estableciendo directrices para el Consejo Defensorial Nacional y los Consejos Defensoriales Provinciales.

Estas atribuciones se construirán participativamente y tomarán en cuenta los principios internacionales en materia de derechos humanos y la naturaleza, la Constitución de la República del Ecuador y esta ley.

La Defensora o Defensor del Pueblo podrá contar con personas expertas nacionales o extranjeras, académicas o de saberes alternativos para la realización de investigaciones que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza.

Para estas asesorías se podrán considerar a quienes integren los Consejos Defensoriales a nivel nacional y provincial.

En este último caso, dejarán de pertenecer al consejo defensorial respectivo.

Todas las instituciones del Estado, sus concesionarios o delegatarios y particulares relacionados a cualquier procedimiento defensorial están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo.

Toda información que la Defensoría del Pueblo solicite deberá ser proporcionada por la entidad o persona requerida en el lapso de quince días hábiles una vez recibida la solicitud. Si esta información tiene el carácter de reservada o confidencial conforme a la ley, ello no podrá ser alegado como motivo para la negativa a la entrega de la información, debiendo la Defensoría mantener la misma reserva o confidencialidad.

En caso de violación a los derechos humanos o de la naturaleza ninguna entidad pública negará la información.

La negativa a colaborar en cualquier procedimiento defensorial se entenderá como incumplimiento de decisiones de autoridad legítima competente, cuando la decisión incumplida hubiere causado estado. Para este efecto, la Defensoría del Pueblo informará a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes para que se dé inicio al trámite respectivo.

La institución, en sus actuaciones defensoriales está obligada a proteger los datos o información confidencial de las personas particulares, así como de sus servidores públicos, que se encuentre en soportes físicos, electrónicos o digitales. Esta información podrá ser otorgada por peticiones judiciales o de los organismos internacionales de protección de derechos humanos.