Ley Orgánica de la función legislativa

Son órganos de la Asamblea Nacional:

1. El Pleno;

2. La Presidencia de la Asamblea Nacional;

3. El Consejo de Administración Legislativa (CAL);

4. Las Comisiones Especializadas;

5. La Secretaría General de la Asamblea Nacional; y,

6. Los demás que establezca el Pleno.

Para el cumplimiento de su misión los órganos contarán con la asesoría de las unidades de Técnica Legislativa; de Evaluación y Seguimiento de la Ley; y, de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado.

Los órganos y las unidades técnicas de asesoría serán apoyados por los respectivos procesos sustantivos, adjetivos y asesores del ámbito administrativo, jurídico, comunicacional, de relaciones internacionales, participación ciudadana; y, otros que determine el Consejo de Administración Legislativa.

El Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Estará integrado por la totalidad de las y los asambleístas.

Para la instalación y funcionamiento del Pleno se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional.

Durante el desarrollo de las sesiones, por disposición de la Presidenta o Presidente de la Asamblea o a petición de una o más legisladoras o legisladores, se procederá a la constatación del cuórum. De no existir la mayoría absoluta de legisladores, la sesión quedará suspendida de hecho. Para tratar los temas pendientes, se convocará a la continuación de la sesión, de acuerdo con esta Ley.

La inasistencia, ausencia o retraso a las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional será sancionada de conformidad con esta Ley y el reglamento respectivo expedido por el Consejo de Administración Legislativa.

La verificación del resultado de las votaciones en los casos que requieren determinadas mayorías, respetará las siguientes reglas:

1. Se entenderá por mayoría simple, el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes en la sesión del Pleno;

2. Será mayoría absoluta, el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas que integran la Asamblea Nacional; y,

3. Será mayoría calificada, el voto favorable de las dos terceras partes de las y los asambleístas que integran la Asamblea Nacional.

Si en el cálculo del número de votos requerido para cada mayoría, el resultado no es un número entero, se entenderá que el número requerido es el número entero inmediato superior.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple y en un solo debate, sus acuerdos o resoluciones.

La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes, así como el ejercicio de las otras facultades previstas en la Constitución de la República, se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y la presente Ley.

La introducción de semillas y cultivos genéticamente modificados y la declaratoria de interés nacional de áreas protegidas y en zonas declaradas intangibles, incluida la explotación forestal, serán aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional mediante resolución especial, en dos debates y con el voto favorable de la mayoría calificada, previo el informe favorable de las comisiones respectivas.

La Asamblea Nacional cumplirá las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley y las siguientes:

1. Posesionar a la Presidenta o al Presidente y a la Vicepresidenta o al Vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión tendrá lugar el veinticuatro de mayo, del año de su elección;

2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones, con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes y de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República y esta Ley;

3. Elegir, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, a la Vicepresidenta o al Vicepresidente, en caso de su falta definitiva, de una terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República;

4. Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o el Presidente de la República, de la Función Electoral y de Transparencia y Control Social y pronunciarse al respecto;

5. Participar en el proceso de reforma constitucional;

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes y de conformidad con esta Ley;

7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados;

8. Aprobar o improbar, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, los tratados internacionales en los casos que corresponda;

9. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social y los otros órganos del poder público;

10. Requerir a las servidoras y a los servidores públicos, la información necesaria para los procesos de fiscalización y control político, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. La información clasificada como confidencial, reservada, secreta y secretísima será proporcionada bajo prevención de guardar la reserva que la ley dispone. Si del proceso de fiscalización y control político se derivan indicios de presuntos actos de corrupción, la información será puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado;

11. Autorizar, con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la Presidenta o el Presidente, o de la Vicepresidenta o el Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite, fundamentadamente;

12. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, a las y los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a las y los jueces de la Corte Constitucional;

13. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público; vigilar y evaluar que su ejecución se cumpla bajo los parámetros y condiciones en los que fue aprobado;

14. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, de conformidad con esta Ley y con el voto favorable de la mayoría calificada. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio, por razones políticas o de conciencia;

15. Elegir, entre sus miembros y de uno en uno, bajo criterio de paridad, alternancia de género e interculturalidad, a las autoridades de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes;

16. Elegir, de fuera de su seno, en binomio y con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, una Secretaria o un Secretario y una Prosecretaria o una Prosecretaria o un Prosecretario de la Asamblea Nacional, quienes tendrán los títulos de abogadas o abogados;

17. Elegir, de uno en uno, con el voto favorable de la mayoría absoluta y bajo criterios de paridad de género e interculturalidad, a cinco asambleístas pertenecientes a distintas bancadas, que integrarán el Comité de Ética;

18. Crear comisiones especializadas ocasionales, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes y de conformidad con esta Ley;

19. Aprobar, con el voto favorable de la mayoría absoluta, la integración de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales descritas en esta Ley;

20. Conocer y resolver sobre todos los temas que se ponga a su consideración, a través de resoluciones o acuerdos, de conformidad con esta Ley;

21. Disponer, con fines informativos y con el voto favorable de la mayoría absoluta, la comparecencia ante el Pleno de ministros, secretarios o funcionarios con rango de ministro que ejerzan funciones de rectoría de la política pública, a petición de una bancada legislativa o de un legislador con el apoyo de al menos el 10 % de los miembros de la Asamblea Nacional. La comparecencia de los demás funcionarios, con fines informativos, será dispuesta por mayoría simple a petición de una bancada legislativa o un legislador, con el apoyo de al menos el 5 % de los integrantes de la Asamblea Nacional;

22. Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las leyes y resoluciones aprobadas por el Pleno, de conformidad con esta Ley y el reglamento respectivo; y,

23. Destituir con el voto favorable de la mayoría calificada a las y los asambleístas, de conformidad con las causales y el procedimiento establecido en esta Ley.

24. Designar con mayoría absoluta, posesionar y remover por las causas legales establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, a los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y de la Junta de Política y Regulación Financiera.

La Asamblea Nacional se instalará en Quito, sin necesidad de convocatoria, el catorce de mayo del año de su elección, a las diez horas. En la sesión de instalación la Asamblea Nacional designará a sus autoridades. Dicha sesión estará dirigida por los asambleístas nacionales que encabezaron las tres listas con mayor votación a nivel nacional que se encuentren presentes en la reunión, quienes, respectivamente y, en atención al número de votos obtenidos por la lista, ejercerán en su orden, la dirección, la subdirección y la secretaría de la sesión. Sus funciones culminarán con la posesión de las autoridades.

En caso de inasistencia a la sesión de instalación, de las y los asambleístas nacionales que encabezaron las listas, asumirá en su lugar, la o el asambleísta siguiente de la respectiva lista.

Las y los funcionarios de la Secretaría General de la Asamblea Nacional brindarán todo el apoyo necesario para la realización de la sesión de instalación.

Para la elección de las autoridades, las y los asambleístas presentarán candidaturas para cada una de las siguientes dignidades:

1. Presidenta o Presidente;

2. Primera Vicepresidenta o Vicepresidente;

3. Segunda Vicepresidenta o Vicepresidente;

4. Primer Vocal;

5. Segundo Vocal;

6. Tercer Vocal; y,

7. Cuarto Vocal.

Las y los cuatro vocales serán elegidos de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas legislativas.

En caso de existir más de cuatro bancadas legislativas, todas ellas podrán proponer candidatos de entre sus miembros; los cuatro vocales serán elegidos por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, debiendo ser de diferentes bancadas. En caso de no existir las bancadas legislativas suficientes para la designación de los cuatro Vocales antes referidos, éstas podrán nominar a cualquier integrante de la Asamblea Nacional, que no forme parte de una bancada legislativa ya representada en el Consejo de Administración Legislativa, para completar dicho Consejo.

Las y los asambleístas que resulten electos por la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional serán posesionados inmediatamente, una vez proclamados los resultados.

La Secretaria o Secretario General y la Prosecretaria o Prosecretario General serán elegidos por la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional, y serán posesionados de manera inmediata a su elección.

Las autoridades de la Asamblea Nacional durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidas.

La dirección provisional de la Asamblea Nacional designará, atendiendo a criterios de pluralidad, previa comprobación de sus credenciales e identidad, a una comisión especial formada por cinco asambleéstas, cuya función será verificar las credenciales y constatar la identidad de las y los asambleéstas electos presentes.

Son funciones y atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional:

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Asamblea Nacional en todos los actos;

2. Asumir la Presidencia de la República en caso de falta simultánea y definitiva de la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, tal como lo dispone el inciso final del artículo 146 de la Constitución de la República;

3. Convocar, instalar, presidir, dirigir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y del CAL;

4. Abrir, dirigir, suspender y clausurar los debates de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y del CAL;

5. Proponer el orden del día para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y del CAL;

6. Precisar los asuntos que se discuten, ordenar la votación una vez cerrado el debate y disponer que se proclamen los resultados;

7. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Pleno y del CAL;

8. Suscribir, con la Secretaria o Secretario General de la Asamblea Nacional, las actas de las sesiones del Pleno y del CAL;

9. Requerir de las y los asambleístas y del público asistente a las sesiones del Pleno el debido respeto, y en caso de alteración o perturbación grave provocada o ejecutada por las o los asambleístas, podrá suspender la sesión, y remitirá copias de las actas y videos al CAL para que proceda con la sanción correspondiente;

10. Posesionar a las autoridades y funcionarios designados por la Asamblea Nacional;

11. Principalizar a las o los asambleístas suplentes y alternos de las y los asambleístas;

12. Delegar las funciones que considere pertinentes a otros miembros del CAL, otros asambleístas y otros funcionarios administrativos;

13. Nombrar y remover al Administrador General, directores y titulares de las Direcciones y Unidades Administrativas de similar jerarquía que son de libre nombramiento y remoción;

14. Nombrar y remover al personal de la Función Legislativa;

15. Nombrar y contratar a las y los secretarios relatores y prosecretarios relatores de las comisiones especializadas a pedido de la Presidenta o Presidente de la respectiva comisión, quienes no serán asambleístas;

16. Designar al personal de apoyo y asesoría de la Presidencia, de acuerdo a sus necesidades;

17. Ordenar la proclamación de resultados de las votaciones sobre los asuntos sometidos a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional y del CAL;

18. Asumir la representación de la Asamblea Nacional ante los organismos internacionales de los que forma parte y designar, con criterios de pluralidad, paridad y alternancia de género, a las o los asambleístas que deban representarla en dichos organismos;

19. Otorgar poderes especiales de procuración judicial;

20. Conceder la palabra a las y los asambleístas en el orden en que soliciten, sin perjuicio de alternar las intervenciones de quienes sostengan la tesis en discusión con las de aquellos que la impugnen;

21. Llamar la atención al asambleísta que se aparte del tema en discusión o usare términos descomedidos e impropios, pudiendo suspender la intervención del mismo cuando no acatare tal disposición;

22. Someter al trámite correspondiente los proyectos de ley, acuerdos, resoluciones y más actos legislativos, así como los informes y mociones que se presentaren;

23. Dar curso a los asuntos administrativos para que los resuelva el órgano competente;

24. Requerir la asistencia de las y los asambleístas a las sesiones de la Asamblea Nacional;

25. Conceder licencias a las y los asambleístas hasta por treinta días consecutivos. Las licencias por un tiempo mayor las concederá el Consejo de Administración Legislativa, de conformidad con esta Ley;

26. Propiciar mecanismos de corresponsabilidad y diálogo permanente con el Ejecutivo y otros poderes del Estado;

27. Ejercer absoluto mando sobre la Escolta Legislativa de la Policía Nacional;

28. Elaborar la Agenda Parlamentaria Anual con la participación de las y los miembros del Consejo de Administración Legislativa, presidentes de las comisiones especializadas y representantes de las diversas bancadas legislativas. Esta agenda será presentada en el plazo máximo de sesenta días desde la posesión de la Presidenta o el Presidente de la Asamblea y será evaluada de manera semestral;

29. Designar, por un plazo máximo de ocho días a una Prosecretaria o un Prosecretario General Temporal de entre el personal de la Secretaría General que cumpla los requisitos establecidos en la Ley, en caso de ausencia definitiva del titular;

30. Contestar las solicitudes y requerimientos formulados por las y los asambleístas en un plazo máximo de setenta y dos horas; y,

31. Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la presente Ley y reglamentos de la Función Legislativa.

El Consejo de Administración Legislativa, CAL, es el máximo órgano de administración legislativa y estará integrado por la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, quien lo presidirá, dos vicepresidentas o vicepresidentes y cuatro vocales. actuará como Secretaria o Secretario del Consejo, la Secretaria o Secretario General o la Prosecretaria o Prosecretario General de la Asamblea Nacional.

El Consejo de Administración Legislativa ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Planificar las actividades legislativas;

2. Resolver sobre la calificación o no de los proyectos de ley presentados y establecer, de manera motivada, la prioridad para su tratamiento. Si el proyecto no reúne los requisitos, se notificará con la debida motivación, enunciando las normas y principios jurídicos en los que se fundamenta;

3. Sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional, la creación de comisiones especializadas ocasionales;

4. Elaborar y aprobar anualmente el presupuesto de la Asamblea Nacional;

5. Elaborar y aprobar el reglamento orgánico funcional y todos los demás reglamentos necesarios para el funcionamiento de la Asamblea Nacional;

6. Adoptar las decisiones administrativas que correspondan a fin de garantizar el idóneo, transparente y eficiente funcionamiento de la Asamblea Nacional;

7. Aprobar o modificar, con el voto favorable de cuatro miembros, el orden del día propuesto por la Presidenta o el Presidente para las sesiones del Consejo de Administración Legislativa;

8. Imponer a las y los asambleístas las sanciones establecidas en esta Ley, con excepción de las reservadas al Pleno, con la garantía del debido proceso;

9. Verificar el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de indulto humanitario y amnistía;

10. Resolver las fechas de los períodos de receso del Pleno de la Asamblea Nacional;

11. Coordinar la gestión legislativa con las comisiones especializadas permanentes y ocasionales;

12. Establecer la prioridad en el tratamiento de los proyectos de evaluación de las leyes aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad con esta Ley;

13. Verificar los requisitos y admitir a trámite la solicitud de enjuiciamiento político de la Presidenta o el Presidente, o de la Vicepresidenta o el Vicepresidente de la República y de las y los servidores públicos determinados en la Constitución de la República;

14. Definir, previa motivación, si las sesiones del Consejo de Administración Legislativa tendrán el carácter de públicas o reservadas;

15. Autorizar, con el voto favorable de al menos cuatro de sus miembros, la entrega de información relativa a algún punto específico tratado durante las sesiones reservadas;

16. Establecer directrices para que, en el tratamiento de todos los proyectos de ley, se apliquen mecanismos y verificadores de participación para la presentación e incorporación de observaciones ciudadanas, en todo el territorio nacional y por parte de los ecuatorianos en el exterior. Estos mecanismos de participación podrán ser físicos o telemáticos;

17. Disponer la aplicación de la modalidad de teletrabajo emergente, en caso de existir circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o que lo justifiquen;

18. Principalizar, de manera provisional, al asambleísta suplente o alterno según corresponda, sin necesidad de excusa del principal, en casos de ausencia temporal de un o una asambleísta principal por causa judicial debidamente documentada. Mientras dure esta ausencia temporal, el asambleísta principal no percibirá remuneración;

19. Devolver, con motivación, las iniciativas de Ley, solicitudes de indulto o amnistía, solicitudes de juicio político y demás requerimientos, cuando los mismos no cumplan con los requisitos constitucionales y legales; y,

20. Las demás previstas en esta Ley que se requieran para el cumplimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional.

El Consejo de Administración Legislativa se reunirá por convocatoria de la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional o a solicitud de por lo menos cuatro de sus integrantes.

Las convocatorias a las sesiones del Consejo de Administración Legislativa se realizarán de manera ordinaria con al menos veinticuatro horas de anticipación a su celebración y, de manera extraordinaria, con por lo menos tres horas de anticipación. El orden del día será publicado en la página web de la Asamblea Nacional

Las solicitudes de cambio del orden del día de las sesiones del Consejo de Administración legislativa serán dirigidas a la o el Presidente de la Asamblea Nacional e ingresadas a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, hasta con dos horas de anticipación a la hora prevista en la convocatoria para su celebración.

El cuórum de instalación del Consejo de Administración Legislativa es de cuatro de sus miembros. Sus decisiones se adoptarán con igual número de votos. En caso de empate, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional tendrá voto dirimente.

Las sesiones del Consejo de Administración Legislativa serán públicas, a excepción de aquellas que, por la temática que se tratará, requieran ser declaradas como reservadas, previa motivación, lo que será aprobado con el voto de al menos cuatro de sus integrantes.

Las y los integrantes del Consejo de Administración Legislativa que representen a las circunscripciones especiales del exterior podrán participar en las sesiones, de manera telemática, cuando se encuentren en su jurisdicción, de conformidad con esta Ley y el reglamento respectivo.

De manera excepcional y conformidad con el reglamento, podrán participar por medios telemáticos, los demás integrantes del Consejo de Administración Legislativa cuando se encuentren en sus jurisdicciones.

Las vicepresidentas o los vicepresidentes asumirán las funciones que la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración Legislativa, les deleguen.

En ausencia temporal o definitiva o de renuncia del cargo de la Presidenta o el Presidente, lo reemplazarán, en su orden, la primera y la segunda Vicepresidenta o el Vicepresidente.

La Asamblea Nacional llenará las vacantes cuando sea el caso, y por el tiempo que falte para completar el período de dos años previsto en la Ley.

Las y los vocales participarán en las sesiones del Consejo de Administración Legislativa y tendrán a su cargo aquellas responsabilidades que les fueren encargadas o delegadas por la Presidenta o Presidente, el CAL o el Pleno de la Asamblea Nacional.

La cesación de funciones constituye la terminación definitiva de las actividades inherentes al cargo de Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y Vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Estas autoridades cesarán en sus funciones por los siguientes motivos:

1. Cumplimiento del período para el cual fueron elegidas;

2. Renuncia a su calidad de asambleístas;

3. Renuncia a su dignidad como miembros del CAL;

4. Destitución;

5. Cesación de funciones como asambleísta por cualquiera de las causas establecidas en la Constitución y la Ley; y,

6. Muerte.

La destitución de autoridades de la Asamblea Nacional prevista en el número 4 de este artículo, requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional y procederá en caso de incumplimiento de funciones luego de un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista ad hoc de cinco miembros designada por el Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta. Los plazos y el trámite de destitución de autoridades de la Asamblea Nacional será el mismo establecido en esta Ley para la destitución de asambleístas. La destitución del cargo de las autoridades, no implica destitución del cargo de asambleísta.

En caso de que la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional cese en sus funciones como autoridad, previo a finalizar su período como asambleísta, el Pleno de la Asamblea Nacional le asignará una comisión especializada permanente a la cual pertenecerá, a partir del momento en el que deje su cargo de Presidente de la Asamblea Nacional. Esta asignación de comisión se realizará en la siguiente sesión del Pleno convocada y con el voto de la mayoría simple de los integrantes de la Asamblea Nacional.

En los casos de cesación de funciones de los vocales del Consejo de Administración Legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacional elegirá su reemplazo hasta que culmine el período de elección.

La Secretaria o Secretario General y la Prosecretaria o Prosecretario General de la Asamblea Nacional, serán elegidos, en binomio, el mismo día de la instalación de la Legislatura y conforme con la Constitución de la República y esta Ley. Durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Estarán impedidos de desempeñar otro cargo público a excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita.

La Secretaria o Secretario General y la Prosecretaria o Prosecretario General podrán ser removidos de su cargo por decisión del Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

Son funciones de la Secretaria o del Secretario General de la Asamblea Nacional, o de la Prosecretaria o del Prosecretario cuando haga sus veces:

1. Asistir a las sesiones del Pleno y del Consejo de Administración Legislativa y levantar las actas de estas;

2. Constatar el cuórum por disposición de la Presidenta o del Presidente de la Asamblea Nacional;

3. Llevar un registro de los retrasos, ausencias y faltas de las y los asambleístas a las sesiones del Pleno y de las comisiones; el mismo deberá publicarse en la página web de la Asamblea Nacional;

4. Constatar la votación y proclamar los resultados por orden de la Presidenta o del Presidente de la Asamblea Nacional;

5. Certificar y notificar las decisiones de la Asamblea Nacional y del Consejo de Administración Legislativa;

6. Responsabilizarse del manejo y archivo de los documentos de la Asamblea Nacional y del Consejo de Administración Legislativa y de su publicación en el Registro Oficial, cuando corresponda;

7. Responsabilizarse de las unidades de Gestión Documental, Archivo- Biblioteca, y Actas;

8. Recibir las mociones que las y los asambleístas presenten por escrito, a través del Sistema de Gestión Documental;

9. Poner en conocimiento de las y los asambleístas, a través del portal web oficial de la Función Legislativa y de los correos electrónicos institucionales, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación y previa aprobación de la o el Presidente de la Asamblea Nacional, el orden del día y los documentos de respaldo de las sesiones del Pleno;

10. Poner en conocimiento de las y los asambleístas, a través del portal web oficial de la Función Legislativa y de los correos electrónicos institucionales, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, las convocatorias para las sesiones ordinarias y tres horas de antelación para las sesiones extraordinarias, el orden del día y los documentos de respaldo de las sesiones del Consejo de Administración Legislativa, previa aprobación de la o el Presidente de la Asamblea Nacional;

11. Verificar el cumplimento de los requisitos de procedibilidad de las solicitudes de cambio del orden del día, de acuerdo con las competencias establecidas en la Constitución de la República y la Ley;

12. Guardar reserva de los asuntos así calificados por el Pleno;

13. Coordinar y dar seguimiento al trabajo de las secretarías de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales;

14. Distribuir el trabajo a las comisiones especializadas, de conformidad con las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración Legislativa;

15. Remitir los informes técnico-jurídicos no vinculantes elaborados por la Unidad de Técnica Legislativa para conocimiento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales;

16. Responsabilizarse de los servicios de documentación y archivo, así como de la transcripción de las actas;

17. Realizar las correcciones de estilo o de forma en las resoluciones y leyes aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, siempre que no alteren el sentido de los textos y se realice, previa validación de la o el asambleísta ponente;

18. Llevar la correspondencia de la Asamblea Nacional;

19. Coordinar con la Administración General la movilización y traslado de las y los asambleístas para las sesiones del Pleno, cuando corresponda;

20. Dar lectura a las resoluciones y documentos sometidos a conocimiento del Pleno o del Consejo de Administración Legislativa, que la o el Presidente de la Asamblea Nacional disponga; y a los informes para primer y segundo debate de los proyectos de ley, de conformidad con esta Ley; y,

21. Cumplir las demás tareas que, en el ámbito de sus competencias, le asignen la Presidenta o el Presidente, el Consejo de Administración Legislativa o resuelva el Pleno de la Asamblea Nacional.

Corresponde a la Prosecretaria o al Prosecretario General apoyar a la Secretaria o al Secretario General en las funciones asignadas y cumplir con las demás que le sean delegadas.

ARTÍCULO. 20.1. Ausencia de la Secretaria o Secretario General o la Prosecretaria o Prosecretario de la Asamblea Nacional.

En caso de ausencia temporal de la Secretaria o del Secretario General, esta o este será reemplazado por la Prosecretaria o Prosecretario General, hasta por un máximo de noventa días.

En caso de ausencia temporal de la Prosecretaria o del Prosecretario General, será reemplazado por cualquiera de los abogados de la Secretaría General, por el plazo máximo establecido en el inciso anterior.

La ausencia de la Secretaria o del Secretario General, o de la Prosecretaria o del Prosecretario General, que supere los noventa días, será considerada ausencia definitiva.

En caso de ausencia definitiva de la Secretaria o del Secretario General, la Prosecretaria o el Prosecretario General asumirá la secretaría hasta que el Pleno elija el nuevo secretario titular, cuya designación deberá realizarse en el plazo máximo de noventa días posteriores a quedar vacante el cargo de Secretaria o Secretario General. Para ello, la o el Presidente de la Asamblea Nacional pondrá a consideración del Pleno una terna de profesionales con experiencia comprobada en procedimientos parlamentarios.

En caso de ausencia definitiva de la Prosecretaria o del Prosecretario General, la o el Presidente podrá designar su reemplazo hasta por ocho días, de entre el personal de la Secretaría General luego de lo cual el Pleno deberá designar al titular.

En caso de ausencia definitiva concurrente tanto de la o del Secretario General como de la o del Prosecretario General, asumirá un funcionario de Secretaría General designado por la o el Presidente de la Asamblea Nacional, hasta la elección del binomio que asuma la Secretaría General y Prosecretaría General, que se realizará en un plazo máximo de treinta días.

Son comisiones especializadas permanentes las siguientes:

1. De Justicia y Estructura del Estado.- Que conocerá asuntos e iniciativas legislativas en el ámbito jurisdiccional en todas las materias y aquellas leyes e iniciativas sobre asuntos propios de las distintas funciones y entidades del Estado;

2. Del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social.- Responsable de conocer asuntos e iniciativas legislativas del ámbito laboral público y privado así como de la seguridad social;

3. De Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.-

   Encargada de los asuntos e iniciativas legislativas de la política macroeconómica en sus aspectos fiscales, presupuestarios, tributarios, aduaneros, monetarios, financieros, de seguros y bursátiles;

4. De Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.- Será la responsable de conocer asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con el sector real de la economía y la regulación de los distintos tipos de mercados, servicios, el fomento productivo, la innovación y el emprendimiento;

5. De Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.- Responsable del trámite de instrumentos internacionales, asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la política internacional en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, cooperación, comercio exterior, así como asuntos relativos a la movilidad humana y del servicio exterior;

6. De Biodiversidad y Recursos Naturales.- Conocerá asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con las políticas ambientales, de recursos naturales y prevención y mitigación del cambio climático;

7. De Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.- Responsable de asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la política y promoción de la soberanía alimentaria, el sector agropecuario y acuícola;

8. De Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.- Encargada de los asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Régimen Especial de Galápagos, así como aquellas relativas a la modificación de la división político-administrativa del país;

9. De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.- Se responsabilizará de los asuntos e iniciativas legislativas en materia de educación, cultura, docencia, investigación, y desarrollo de la ciencia y la tecnología en todos los niveles;

10. Del Derecho a la Salud y Deporte.- Conocerá asuntos e iniciativas legislativas en materia de salud y deporte;

11. De Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.- Se responsabilizará de asuntos e iniciativas legislativas en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como de promoción de la participación ciudadana en el control social de los asuntos públicos;

12. De Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.- Conocerá asuntos e iniciativas legislativas en materia de garantías constitucionales, personas desaparecidas, derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio y comunas, temas de derechos humanos de los grupos de atención prioritaria excepto niñas, niños y adolescentes y solicitudes de amnistía e indulto por razones humanitarias;

13. De Soberanía, Integración y Seguridad Integral.- Conocerá instrumentos internacionales, asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la política en materia de defensa, integración regional y seguridad integral del Estado;

14. De Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.- Conocerá, bajo criterio de especialidad y prioridad absoluta, asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la protección integral de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos y niveles; y,

15. De Fiscalización y Control Político.- Se responsabilizará de las solicitudes de enjuiciamiento político a las autoridades estatales; los casos de negativa de entrega de información solicitada por las y los asambleístas; los pedidos de fiscalización impulsados por la ciudadanía o por las y los asambleístas que la integran, cuando no competan al ámbito específico de otra comisión; y, los procesos de fiscalización que el Pleno de la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa, le asignen.

    Las iniciativas legislativas o de reforma serán asignadas de acuerdo con las temáticas y naturaleza de las comisiones.

    Los asuntos, iniciativas legislativas o proyectos de reforma legal que no se circunscriban, de manera estricta a una de las temáticas establecidas en la Ley, serán asignadas a la comisión que tenga mayor afinidad con el tema por tratarse.

Las y los asambleístas de la Comisión de Fiscalización y Control Político no podrán integrar otras comisiones especializadas permanentes u ocasionales, el Consejo de Administración Legislativa o el Comité de Ética. Asumirán sus funciones durante dos años y no podrán ser parte de esta Comisión, en un nuevo periodo consecutivo.

Las y los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización y Control Político no podrán ser interpelantes dentro de los procesos de juicio político.

En la sesión siguiente a la de instalación de la Asamblea Nacional, el Pleno aprobará la integración de las comisiones especializadas permanentes. Las y los asambleístas integrarán tales comisiones por un período de dos años y podrán ser designados para integrar la misma comisión en el subsiguiente período de dos años hasta completar el total del período legislativo, excepto en el caso de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Todas las comisiones especializadas permanentes estarán integradas por un mismo número de asambleístas. El número de asambleístas que integrarán cada comisión especializada permanente se obtendrá del resultado de la división del número total de asambleístas para el número total de comisiones especializadas permanentes. Cuando del resultado de la operación no se obtenga un número entero, el número de asambleístas restantes integrarán las comisiones especializadas permanentes de conformidad con el orden establecido en el artículo 21.

En el plazo máximo de cuatro días siguientes a su integración, las comisiones se instalarán previa convocatoria y coordinación provisional del primer asambleísta designado para esa comisión y procederán a la elección, por separado, de una presidenta o un presidente y una vicepresidenta o un vicepresidente.

Si transcurrido el plazo establecido en el inciso anterior, el primer designado no realiza la convocatoria, la o el segundo asambleísta designado asumirá la coordinación, y, en el plazo máximo de veinticuatro horas, realizará la convocatoria. De no hacerlo, la comisión por iniciativa de la mayoría absoluta de sus integrantes, podrá autoconvocarse, se instalará y escogerá un coordinador ad hoc a efectos de elegir sus autoridades. La sesión de elección de autoridades no podrá ser suspendida.

La no elección de las autoridades de las comisiones especializadas permanentes en el plazo máximo de ocho días desde su integración, habilita al Pleno de la Asamblea Nacional a designar a las referidas autoridades, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

Todas las y los asambleístas pertenecerán a una comisión especializada permanente, a excepción de la Presidenta o del Presidente de la Asamblea Nacional.

Las y los asambleístas podrán participar con voz pero sin voto, en todas las comisiones, previa comunicación a la Presidenta o al Presidente de la comisión especializada.

Las o los Vicepresidentes de la Asamblea Nacional y las o los cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa están autorizados para ausentarse de las reuniones de las comisiones cuando así lo requiera el Consejo de Administración Legislativa.

El Consejo de Administración Legislativa o las y los asambleístas, podrán proponer la creación de comisiones especializadas ocasionales, siempre y cuando motiven la necesidad y hagan explícitas las razones por las cuales el asunto no puede ser tratado en otra de las comisiones existentes.

Las comisiones especializadas ocasionales serán excepcionales y estarán conformadas por un número impar no mayor a siete integrantes, serán aprobadas e integradas por el Pleno de la Asamblea Nacional y terminarán sus funciones cuando se cumplan los fines de su creación o cuando fenezca el plazo de funcionamiento establecido en la Resolución de su integración, que podrá ser prorrogado por el Consejo de Administración Legislativa por una sola vez. En ningún caso las comisiones especializadas ocasionales funcionarán por más de doce meses, incluyendo los tiempos de la prórroga.

Si vencido el plazo adicional, la comisión especializada ocasional no cumplió con los fines de su creación, el Consejo de Administración Legislativa, con resolución, remitirá el trámite, a ella responsabilizado, a la comisión especializada más idónea, en virtud de la temática.

Las y los asambleístas no podrán pertenecer, de manera simultánea, a más de una comisión especializada ocasional.

Las comisiones especializadas se rigen por la Constitución, la presente Ley, el reglamento correspondiente y demás normativa interna aplicable. Lo que no se encuentre establecido de manera expresa, seguirá las mismas reglas que se aplican en las sesiones del Pleno.

Son funciones de las comisiones especializadas permanentes, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, las siguientes:

1. Designar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente, de entre sus miembros, bajo criterios de paridad y alternancia de género, quienes durarán dos años en sus funciones;

2. Discutir, elaborar y aprobar con el voto favorable de la mayoría absoluta, los informes de los proyectos de ley, previo a ser sometidos a conocimiento y aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional; podrán, además, reformarlos, ampliarlos, simplificarlos o cambiar la categoría de las leyes, conforme el análisis realizado;

3. Recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de fiscalización y control político a las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y a los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos su comparecencia y/o la información que consideren necesaria, bajo criterios de especialidad y prevalencia legislativa. Cuando una comisión legislativa prevenga el conocimiento de un proceso de fiscalización y control político ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asunto;

4. Realizar el seguimiento y evaluación de las leyes, por iniciativa del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa, de la Presidencia de la Asamblea Nacional o por iniciativa de la comisión. La decisión de realizar el seguimiento y evaluación de las leyes será notificada al Consejo de Administración Legislativa;

5. Propiciar la participación ciudadana y deliberación democrática, con garantía del adecuado acceso y flujo de información a través de mecanismos presenciales y virtuales que permitan enviar, recibir, procesar e incorporar las observaciones y propuestas ciudadanas en todo el territorio nacional y aquellas de las y los ecuatorianos en el exterior, en el trámite de los proyectos de ley y demás procesos parlamentarios;

6. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en el ámbito de sus temáticas respectivas; y,

7. Otras que les asignen el Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa.

Estas funciones serán atribuibles a las comisiones especializadas ocasionales, en lo que corresponda.

Las comisiones adoptarán sus decisiones con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. En caso de empate, la Presidenta o el Presidente de la comisión especializada tendrá voto dirimente.

En ningún caso las comisiones podrán interferir en temas relacionados con las exclusivas competencias de otras comisiones, ni se podrán crear comisiones ocasionales para tratar temas coyunturales que se puedan abordar en las comisiones especializadas permanentes, salvo expresa disposición del Pleno de la Asamblea Nacional y conforme lo determina esta Ley.

Las comisiones especializadas permanentes y ocasionales podrán remover a la Presidenta o al Presidente y a la Vicepresidenta o al Vicepresidente de la Comisión, por incumplimiento de funciones, con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes, remoción que será ratificada por el Pleno de la Asamblea Nacional con el voto de la mayoría absoluta y previo informe elaborado por una comisión ad hoc imparcial de cinco asambleístas de distintas bancadas nombrada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Se garantiza el derecho a la defensa de la autoridad en proceso de remoción quien será escuchada por el Pleno de la Asamblea Nacional, previo a la resolución.

La inasistencia, ausencia o retraso a las sesiones de las comisiones será sancionada de conformidad con esta Ley y el reglamento respectivo expedido por el Consejo de Administración Legislativa.

Son atribuciones y deberes de las presidentas o presidentes de las comisiones especializadas:

1. Convocar, instalar, suspender y clausurar las sesiones;

2. Elaborar el orden del día, disponer la votación y proclamar sus resultados;

3. Abrir, dirigir, suspender y cerrar los debates;

4. Elaborar, para aprobación de la comisión, un plan general de trabajo para el trámite de los proyectos de ley, de seguimiento y evaluación a la Ley y otros remitidos por el Consejo de Administración Legislativa e informar, de manera semestral, de su cumplimiento;

5. Disponer a la Secretaria o Secretario Relator de la comisión, que mantenga un registro firmado por los asambleístas presentes en cada una de las sesiones de la comisión; este registro será remitido a la Secretaría General para su publicación mensual en el sitio web de la Asamblea Nacional;

6. Disponer la publicación periódica en la página web de la Asamblea Nacional, de las convocatorias a las sesiones de la comisión y de la agenda territorial, de acuerdo con los principios de transparencia y parlamento abierto;

7. Requerir de las y los asambleístas y del público asistente a las sesiones de la Comisión, el debido respeto;

8. Suscribir las actas y demás documentos generados por la comisión conjuntamente con la Secretaria o el Secretario Relator; y,

9. Disponer a la Secretaria o Secretario Relator se informe a todas las legisladoras y legisladores de la Asamblea Nacional, el inicio del trámite de un proyecto de ley. De la misma manera y con especificación de la fecha y hora, se informará respecto a las convocatorias para la aprobación de un informe para primer o segundo debate.

En caso de ausencia temporal de la Presidenta o el Presidente, será reemplazado por la Vicepresidenta o el Vicepresidente.

En caso de ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente, la comisión elegirá su reemplazo en el plazo máximo de ocho días por el tiempo que reste para la culminación del período de elección y con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. De igual forma se procederá en ausencia definitiva de la Vicepresidenta o del Vicepresidente de la comisión.

Las secretarias y secretarios relatores de las comisiones tendrán las siguientes funciones:

1. Asistir y levantar las actas de las sesiones;

2. Llevar el archivo físico y digital de la comisión especializada que incluirá la sistematización de los insumos, observaciones y criterios emitidos por parte de la ciudadanía, autoridades y de las y los asambleístas en la discusión de los proyectos de ley; así como los insumos relativos a los informes de seguimiento a la implementación de la ley y los procesos de fiscalización para cuyo efecto, requerirá el apoyo de las y los asesores de la comisión;

3. Remitir a las y los asambleístas para su conocimiento y revisión, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión, la convocatoria con el orden del día y la documentación correspondiente sobre los asuntos por tratarse;

4. Llevar bajo su responsabilidad, el registro de retrasos, ausencias, faltas y asistencias de las y los asambleístas a las sesiones de la comisión, el mismo que será remitido, de manera mensual, a la Secretaría General;

5. Remitir para conocimiento de las y los asambleístas miembros de la comisión, los informes técnico-jurídicos no vinculantes elaborados por la Unidad de Técnica Legislativa y demás comunicaciones dirigidas a la comisión;

6. Certificar los actos expedidos por la Comisión Especializada;

7. Coordinar el trabajo legislativo con la Secretaría General de la Asamblea Nacional y remitir la información que le sea requerida; y,

8. Las demás que señale la Ley, el reglamento respectivo, la comisión especializada, la Presidenta o el Presidente de la comisión, la o el Presidente de la Asamblea Nacional y la Secretaria o el Secretario General.

Las secretarias y los secretarios de las comisiones al finalizar sus funciones entregarán los archivos físicos y digitales a quienes los reemplacen en el cargo, de conformidad con las disposiciones institucionales.

Las comisiones contarán con asesores con formación académica y experiencia en los ámbitos de sus temáticas especializadas.

A las sesiones de las comisiones especializadas podrán asistir, con fines de consulta o informativos, la o el asesor, o la o el funcionario que la o el asambleísta considere necesario.

La Unidad de Técnica Legislativa tiene como objeto asesorar en el área de técnica legislativa y parlamentaria y acompañar el proceso de creación de las normas, cuando así lo requieran el Consejo de Administración Legislativa, las comisiones especializadas y el Pleno de la Asamblea Nacional. Elaborará informes técnico-jurídicos, sobre los siguientes temas:

1. En relación con los proyectos de ley presentados, el informe se referirá al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 136 de la Constitución en concordancia con los artículos 135 y 301; y, 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y analizará:

   1. Si cumplen o no con los requisitos y criterios señalados en el artículo 56 de esta Ley y si existen alertas sobre posible afectación a los derechos y garantías constitucionales;

   2. Concordancia de los proyectos de Ley con la Constitución de la República, normas interpretativas y de legislación internacional vinculante, observaciones de los mecanismos del Sistema Universal de los Derechos Humanos, y sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

   3. Normas legales vigentes que serían incompatibles, que se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta;

   4. Carácter orgánico u ordinario del proyecto de Ley;

   5. Lenguaje utilizado en la norma y revisión de lenguaje no discriminatorio;

   6. Posible impacto de la norma propuesta en las garantías, derechos y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y su concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos y observaciones generales;

   7. Impacto de género de las normas sugeridas;

   8. Afectación a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades;

   9. Posible impacto de la norma en los derechos y garantías constitucionales y en favor de otros grupos de atención prioritaria para cuyo efecto se priorizará el análisis con enfoque intersectorial;

   10. Estimación del costo o identificación de los ámbitos de impacto económico que podría tener la implementación de la norma; y,

   11. Vinculación de la norma propuesta con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

2. En caso de solicitudes de juicio político, respecto al cumplimiento de requisitos establecidos en la Constitución de la República y la Ley.

3. Otros que el Consejo de Administración Legislativa disponga.

   Los informes técnico-jurídicos elaborados por la Unidad de Técnica Legislativa no serán vinculantes y se basarán en criterios de neutralidad política, viabilidad, pertinencia y factibilidad económica y jurídica de la iniciativa propuesta, cuando corresponda. Serán remitidos en el plazo máximo de cinco días desde la fecha de solicitud de su elaboración, excepto en el caso de solicitudes de juicio político que se realizará de conformidad con el procedimiento específico determinado en esta Ley.

   Esta Unidad estará integrada por profesionales con cuarto nivel en los ámbitos económico, jurídico, politológico y similares, de conformidad con los perfiles definidos en el reglamento respectivo.

La Unidad de Técnica Legislativa, además, de las responsabilidades establecidas en el Artículo 30, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

1. Realizar, a solicitud de las comisiones especializadas, la revisión de técnica legislativa de resoluciones o de los proyectos de ley contenidos en los informes para primer o segundo debate;

2. Elaborar y proponer instrumentos técnicos y académicos para la mejora de la acción legislativa y parlamentaria;

3. Apoyar, por medio de asesorías técnicas y objetivas, a la calidad de los proyectos de ley y debates legislativos;

4. Fortalecer las iniciativas legislativas presentadas con la participación oportuna de la sociedad y en coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana;

5. Elaborar por iniciativa propia, a solicitud del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones, proyectos de codificación de las leyes aprobadas;

6. Desarrollar procesos de capacitación sobre técnica legislativa y parlamentaria dirigidos al personal de la Asamblea Nacional, a través de la Escuela Legislativa y en coordinación con las demás dependencias administrativas; y,

7. Otras que establezcan los reglamentos de la Asamblea Nacional.

Las comisiones especializadas podrán solicitar, con la respectiva motivación y a través de su Presidente o Presidenta, el apoyo de la Unidad de Técnica Legislativa para el análisis de un proyecto de ley en trámite.

Por decisión y disposición expresa del Pleno de la Asamblea Nacional o por iniciativa propia, la Unidad de Técnica Legislativa, preparará proyectos de codificación de diversas leyes, que serán puestos en conocimiento de la o del Presidente de la Asamblea Nacional.

El proyecto de codificación elaborado por la Unidad será remitido a la respectiva comisión especializada permanente para que, en un plazo máximo de sesenta días, realice el informe correspondiente.

La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional, ordenará la distribución del informe de la comisión especializada a las y los asambleístas, a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional.

El Pleno de la Asamblea Nacional, en un solo debate, que se realizará al menos treinta días después de distribuido el informe, y con votación de la mayoría absoluta de sus miembros aprobará o negará el proyecto de codificación. Si se aprueba, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional ordenará su inmediata publicación en el Registro Oficial.

La Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado tiene como objetivo analizar la ejecución del Presupuesto General del Estado, la programación anual y cuatrianual en concordancia con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como de estimar el costo de implementar las leyes propuestas en la Asamblea Nacional.

La Unidad tiene las siguientes atribuciones y deberes:

1. Apoyar en el análisis previo a la aprobación de la proforma anual y de la programación cuatrianual del Presupuesto General del Estado;

2. Elaborar, en el término de cinco días, un informe no vinculante de la proforma anual del Presupuesto General del Estado, para conocimiento de la comisión especializada correspondiente;

3. Brindar el apoyo técnico en el seguimiento que deben realizar las comisiones especializadas, en el ámbito de sus competencias, sobre la ejecución del Presupuesto Anual aprobado por la Asamblea Nacional;

4. Preparar informes semestrales del cumplimiento del Presupuesto General del Estado anualmente aprobado por la Asamblea Nacional en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

5. Preparar un reporte anual de la Programación cuatrianual acorde al Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para conocimiento de las y los asambleístas. Todo esto para que la Asamblea Nacional ejerza la vigilancia correspondiente;

6. Presentar un informe no vinculante, a la o al Presidente de la Asamblea Nacional y a las y los asambleístas, sobre el contenido del informe semestral que debe presentar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional;

7. Proporcionar información de la ejecución presupuestaria a nivel desagregado, conforme a los requerimientos de las y los presidentes de las comisiones especializadas;

8. Elaborar, en el término de cinco días, un informe no vinculante respecto del costo de implementación de los proyectos de ley calificados por el Consejo de Administración Legislativa, a solicitud de la comisión especializada permanente encargada del trámite del proyecto de Ley;

9. Analizar la proforma y ejecución presupuestaria anual y la programación cuatrianual bajo el principio de prioridad absoluta de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El principio de prioridad absoluta implica hacer efectivos todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante la movilización, asignación e inversión de los recursos públicos para el cumplimiento de las obligaciones estatales dispuestas en la Convención de los Derechos del Niño, sus protocolos y observaciones;

10. Realizar el seguimiento a la obligatoria aplicación de los clasificadores presupuestarios en los enfoques de género, generacional, intercultural, de discapacidad y de movilidad humana para reducir las brechas de desigualdad y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los presupuestos del Estado;

11. Difundir, a través del portal web de la Asamblea Nacional, información en formatos abiertos acerca de la proforma, su aprobación y el seguimiento al Presupuesto General del Estado;

12. Presentar informes o reportes ante el requerimiento del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa o de la o del Presidente de la Asamblea Nacional; y,

13. Las demás que establezcan los reglamentos internos de la Asamblea Nacional.

Esta Unidad estará integrada por profesionales con cuarto nivel en los ámbitos económico, financiero, presupuestario y afines, de conformidad con los perfiles definidos en el Reglamento respectivo.

Se crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley con el propósito de promover la eficacia de las leyes y fortalecer la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las leyes.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley estará integrado por tres subsistemas:

1. Subsistema de Seguimiento de la Ley;

2. Subsistema de Evaluación de la Ley; y,

3. Subsistema de Participación Ciudadana;

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley será complementario al proceso de formación de las leyes, contará con una herramienta tecnológica que permita el registro, archivo y consulta de la información generada en los procesos de seguimiento y evaluación realizados. Esta herramienta estará integrada al Sistema de Información Legislativa previsto en esta Ley, de conformidad con la reglamentación expedida para el efecto.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley, tendrá como responsable de sus actividades, a la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Ley, cuyas funciones y responsabilidades son las siguientes:

1. Brindar asesoría, elaborar estudios e informes no vinculantes y apoyar metodológicamente a las comisiones especializadas y a los grupos parlamentarios en los procesos de seguimiento y evaluación de las leyes;

2. Coordinar con la Dirección de Participación Ciudadana, las comisiones especializadas y los grupos parlamentarios, la implementación de mecanismos para la participación ciudadana en el proceso de seguimiento y evaluación de las leyes, estableciendo metodologías de levantamiento, registro, sistematización y análisis de aportes ciudadanos;

3. Mantener actualizada la herramienta tecnológica del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley que se integrará al Sistema de Información Legislativa facilitando, cuando corresponda, el acceso ciudadano a los archivos y grabaciones de audio y video. La información del Sistema será de acceso público;

4. Proporcionar información relacionada con los procesos de seguimiento y evaluación de las leyes al Pleno de la Asamblea Nacional, al Consejo de Administración Legislativa, a las comisiones especializadas y a los grupos parlamentarios;

5. Presentar conclusiones y recomendaciones como resultado de los procesos de evaluación de la ley, identificando, entre otros aspectos, la oportunidad y pertinencia de reforma a la ley;

6. Presentar un informe anual de labores al Consejo de Administración Legislativa que podrá resolver su exposición ante el Pleno de la Asamblea Nacional en relación con el monitoreo de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y los procesos de seguimiento y evaluación realizados;

7. Promover ante las unidades respectivas de la Asamblea Nacional, la suscripción de convenios con la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y la academia para el desarrollo de las metodologías, el proceso de evaluación y la difusión de sus resultados;

8. Realizar el seguimiento a las resoluciones aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando así lo disponga el Pleno de Asamblea Nacional;

9. Coordinar con la Escuela Legislativa y demás unidades de la Asamblea Nacional, procesos de capacitación a las y los asambleístas y servidoras y servidores legislativos para el seguimiento y evaluación de la Ley; y,

10. Las demás que establezca el reglamento.

Las y los asambleístas podrán solicitar a las comisiones o al Consejo de Administración Legislativa, la evaluación de una ley específica conforme el procedimiento que determine el reglamento expedido para el efecto.

Esta Unidad estará integrada por profesionales altamente calificados, con cuarto nivel en el ámbito jurídico, económico, financiero, presupuestario, politológico o de planificación y experiencia metodológica en evaluación de políticas públicas, de conformidad con los perfiles definidos en el reglamento respectivo.

Los procesos de seguimiento y evaluación de las leyes, se realizarán de conformidad con las siguientes directrices:

1. El seguimiento a las leyes se realizará a través de las comisiones especializadas con el apoyo de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Ley. Una vez publicada una ley en el Registro Oficial, la referida Unidad gestionará alertas de cumplimiento, verificará los plazos establecidos en las leyes y emitirá reportes permanentes para el seguimiento de la Ley.

2. La evaluación de las leyes se realizará en atención a los siguientes criterios:

1. El Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, las comisiones especializadas, los grupos parlamentarios, la o el Presidente de la Asamblea Nacional, las y los legisladores tienen iniciativa para la evaluación de una ley.

   Cuando la iniciativa provenga del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa o de la o del Presidente de la Asamblea Nacional o las legisladoras y los legisladores, el proceso de evaluación se realizará a través de las comisiones especializadas o los grupos parlamentarios o la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Ley.

   Cuando la iniciativa provenga de las comisiones especializadas o los grupos parlamentarios, previo a la ejecución del proceso de evaluación y seguimiento que realicen, comunicarán el plan de evaluación al Consejo de Administración Legislativa. Cuando corresponda, cada comisión especializada conformará, entre sus miembros, una o varias subcomisiones de seguimiento y evaluación de la ley.

2. La evaluación comprenderá la fase preliminar, la fase de ejecución y la fase final.

3. En todos los casos se elaborará un Plan de evaluación de la ley que incorporará, entre otros aspectos, los indicadores de cumplimiento de la ley, el diseño metodológico específico; el o los ámbitos y períodos de evaluación; y, el protocolo de levantamiento de información y de participación ciudadana. La Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Ley brindará el apoyo necesario.

4. Las comisiones especializadas y los grupos parlamentarios, entre otras iniciativas, podrán realizar solicitudes de información, requerir la comparecencia de servidores públicos, realizar talleres y mesas técnicas;

5. Las comisiones especializadas y los grupos parlamentarios aprobarán los informes de evaluación de la ley.

6. Los informes de seguimiento y evaluación de la ley, sus anexos y respaldos documentales, podrán servir de información para sustanciar los procesos de fiscalización a los funcionarios públicos, en lo referente al incumplimiento de sus funciones.

   El reglamento respectivo establecerá los aspectos específicos del proceso de evaluación y seguimiento de la ley.

Proclamados los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional se reunirá en sesión ordinaria el 24 de mayo del año de elección, para posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República.

Tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 147 de la Constitución de la República, la Presidenta o Presidente de la República, al momento de su posesión presentará en la Asamblea Nacional los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio.

En el caso de elecciones anticipadas provocadas por la aplicación de los artículos 130 o 148 de la Constitución de la República, las autoridades se posesionarán quince días después de proclamados los resultados.

En la sesión ordinaria de 24 de mayo del año de elección, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional o quien haga sus veces, tomará juramento a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República. El juramento versará sobre el fiel cumplimiento de la Constitución y del mandato conferido por el pueblo ecuatoriano.

La Presidenta o Presidente de la República podrá presentar su renuncia voluntaria a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, para que sea puesta a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional, en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus integrantes aceptará la renuncia voluntaria de la Presidenta o Presidente de la República y por tanto el cese de sus funciones.

En caso de renuncia de la Presidenta o Presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia por el tiempo que reste para completar el correspondiente Período presidencial.

La mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional podrá solicitar la declaratoria de incapacidad física o mental permanente e inhabilitante de la Presidenta o del Presidente de la República, a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional.

Recibida la petición, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea, en un plazo máximo de tres días, la remitirá al Consejo de Administración legislativa, para que sea calificada, en el plazo máximo de diez días.

Una vez calificada la petición, en el plazo máximo de tres días, el Consejo de Administración Legislativa, solicitará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Ministerio de Salud Pública y a la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas y de la Salud del Ecuador, ternas de profesionales para que integren el comité de médicos especializados, quienes tendrán un plazo de cinco días para remitir las mismas.

El Pleno de la Asamblea Nacional será convocado en un plazo máximo de tres días luego de receptadas las ternas y designará con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, a tres profesionales médicos, quienes, en el máximo de diez días hábiles posteriores a su designación, presentarán un informe detallado de la salud física y mental permanente de la Presidenta o del Presidente de la República.

No podrá integrar el comité quien haya participado como candidato a asambleísta, Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la República en las dos anteriores elecciones o quien haya sido adherente o afiliado a un partido o movimiento político, en los últimos diez años.

El informe presentado por el comité de médicos especializados será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión convocada por su Presidenta o Presidente, máximo en tres días después de ser recibido. En un solo debate y con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes podrá declarar la incapacidad física o mental permanente e inhabilitante de la Presidenta o del Presidente de la República y por lo tanto, el cese de sus funciones.

La Presidenta o el Presidente de la República podrá solicitar ser escuchado ante el Pleno de la Asamblea Nacional, previo a la votación que decida la procedencia o no de esta declaratoria.

En caso de declaratoria de incapacidad física o mental permanente e inhabilitante de la Presidenta o del Presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia por el tiempo que reste para completar el correspondiente período presidencial.

La solicitud para declarar el abandono del cargo de la Presidenta o Presidente de la República podrá ser presentada por la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional ante la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional.

La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional remitirá esta solicitud a la Corte Constitucional, para que se pronuncie de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 145 de la Constitución de la República.

Una vez que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la solicitud de abandono, la Presidenta o Presidente convocará al Pleno de la Asamblea Nacional para que conozca su pronunciamiento. La declaratoria de abandono del cargo requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional.

En caso de abandono del cargo de la Presidenta o Presidente de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia por el tiempo que reste para completar el correspondiente período presidencial.

Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida a la Presidenta o Presidente de la República ejercer su función durante un Período máximo de tres meses. En este caso, la Presidenta o Presidente de la República notificará a la Asamblea Nacional dicha ausencia.

En caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia.

La Presidenta o el Presidente de la República podrá solicitar a la Asamblea Nacional licencia para ausentarse temporalmente de la Presidencia, por un período máximo de un mes. La Asamblea Nacional evaluará la solicitud y podrá aceptarla o negarla con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

La Presidenta o el Presidente de la República, durante su mandato y hasta un año después de concluidas sus funciones, comunicará a la Asamblea Nacional con antelación a su salida, el período y las razones de su ausencia del país.

En caso de ausencia definitiva de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República o si éste asume de forma definitiva la Presidencia de la República por cualquiera de las causales previstas en la Constitución de la República y esta Ley, en un plazo de quince días luego de verificada dicha cesación, la Presidenta o Presidente de la República presentará una terna a la Asamblea Nacional.

En el plazo de treinta días desde la presentación de la terna correspondiente, el Pleno de la Asamblea Nacional designará a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

En caso de que el Pleno de la Asamblea Nacional no designare a la Vicepresidenta o Vicepresidente en el plazo señalado, se declarará, por ministerio de la Ley, elegido al primer candidato integrante de la terna, quien se posesionará y entrará en ejercicio de sus funciones en forma inmediata.

La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el período.

La Presidenta o Presidente de la República presentará su informe anual de labores, cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el siguiente año, ante el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión solemne.

El Pleno de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de diez días desde la presentación del informe anual de labores, designará una comisión especializada para que lo analice. La comisión especializada en el plazo máximo de treinta días elaborará un informe motivado para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

Una vez que conozca el informe de la comisión, en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe anual de labores presentado por la Presidenta o Presidente de la República.

La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración del estado de excepción a la Asamblea Nacional, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma del decreto correspondiente.

La Asamblea Nacional, si las circunstancias lo justifican, podrá revocar el decreto ejecutivo que declara el estado de excepción, en cualquier tiempo y sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional.

La mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, podrá solicitar a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, la revocatoria del decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción. Esta autoridad, dentro del plazo máximo de tres días de recibida la petición, la remitirá y convocará al Pleno de la Asamblea Nacional, para que, en un solo debate y con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, niegue la petición o revoque el decreto ejecutivo.

En cualquier caso, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional ordenará la publicación de lo resuelto en el Registro Oficial.

La o el Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, la o el Presidente del Consejo de la Judicatura, la o el Defensor Público, la o el Fiscal General del Estado, la o el Contralor General del Estado, la o el Procurador General del Estado, la o el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, la o el Presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la Ley, presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, durante la tercera semana de enero de cada año. Además, concurrirán a las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional cuando dichos órganos así lo requieran, con la finalidad de aclarar y ampliar el contenido del informe presentado.

El Pleno de la Asamblea Nacional designará una o varias comisiones especializadas para que dentro del plazo de treinta días analicen los informes presentados.

Una vez que conozca el informe de la comisión, en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe presentado por la funcionaria o funcionario.

Las autoridades a las que se refiere este artículo serán convocadas con al menos ocho días de anticipación a su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea y de las comisiones especializadas, según corresponda.

El Pleno de la Asamblea Nacional, en dos debates y mediante resolución especial, aprobará o rechazará, con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes, la petición de la Presidenta o del Presidente de la República, en relación con la introducción de semillas y cultivos genéticamente modificados.

Para estos debates el Pleno contará obligatoriamente con los informes de las comisiones respectivas designadas por el Consejo de Administración Legislativa.

El trámite se ajustará a los plazos establecidos para la aprobación de leyes ordinarias y orgánicas.

La Asamblea Nacional a través de una de sus comisiones especializadas, dará seguimiento a la implementación de las resoluciones sobre la introducción de semillas y cultivos genéticamente modificados, para lo cual la comisión realizará los pedidos de información que correspondan. Los entes rectores de la política involucrados, a solicitud de la comisión respectiva, brindarán apoyo técnico y logístico para la verificación de la información en territorio, luego de lo cual la comisión remitirá el informe de evaluación y seguimiento semestral para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, a través de la o el Presidente.

En el caso de que el citado informe, contenga indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal, el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, lo remitirá a la Contraloría General del Estado o a la Fiscalía, según corresponda, sin perjuicio del control político al que haya lugar.

El incumplimiento en la entrega oportuna de estos informes por parte de comisión responsable será sancionado de conformidad con esta Ley y reglamentos de la Asamblea Nacional.

El Pleno de la Asamblea Nacional, en dos debates, mediante resolución especial y con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes, podrá declarar de interés nacional la petición de la Presidenta o del Presidente de la República en relación con la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.

Para estos debates, el Pleno de la Asamblea Nacional contará obligatoriamente con informes de las comisiones respectivas designadas por el Consejo de Administración Legislativa.

El trámite se ajustará a los plazos establecidos para la aprobación de leyes orgánicas y ordinarias.

La Asamblea Nacional podrá ordenar al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta popular para la decisión de este tema.

La Asamblea Nacional a través de una de sus comisiones especializadas, dará seguimiento a la implementación de las resoluciones de declaratoria de interés nacional, para lo cual la comisión realizará los pedidos de información que correspondan. Los entes rectores de la política involucrados, a solicitud de la comisión respectiva, brindarán apoyo técnico y logístico para la verificación de la información en territorio, luego de lo cual la comisión remitirá el informe de evaluación y seguimiento semestral para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional a través de la o del Presidente.

Si el citado informe contiene indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal, el Pleno por decisión de la mayoría simple y sin perjuicio del control político pertinente, lo remitirá a la Contraloría General del Estado o a la Fiscalía, según corresponda.

El incumplimiento en la entrega oportuna de estos informes por parte de la comisión responsable, será sancionado de conformidad con esta Ley y el reglamento respectivo.

La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o, por grave crisis política y conmoción interna.

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.

Esta disolución terminará de pleno derecho los períodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas. Adicionalmente dicha disolución provocará la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional. Esta disolución no otorga a las y los asambleístas ni al personal legislativo ocasional, derecho a reparación o indemnización alguna.

En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos. Las elecciones se realizarán en un plazo máximo de noventa días posteriores a la convocatoria.

Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.

Durante el período que dure la disolución de la Asamblea, y hasta que se posesionen sus nuevos integrantes, la representación judicial y extrajudicial la ejercerá la o el Administrador General de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o al Presidente de la República en los siguientes casos:

1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, en cuyo caso se observará el procedimiento previsto en los artículos 89 a 95 de esta Ley; y,

2. Por grave crisis política y conmoción interna.

Para proceder a la destitución de la Presidenta o del Presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional convocará, por si o a petición de al menos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, en la forma prevista en esta Ley, a sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional, con al menos veinticuatro horas de anticipación, para conocer en un solo debate y de manera exclusiva la destitución de la Presidenta o del Presidente de la República. Simultáneamente, con las mismas veinticuatro horas de anticipación y a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, se notificará a la Presidenta o al Presidente de la República.

La Presidenta o el Presidente de la República, en la fecha y hora señaladas en el orden del día, ejercerá su derecho a la defensa, alegando ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la grave crisis política y la conmoción interna. En caso de no comparecencia de la Presidenta o del Presidente de la República, se seguirá este proceso de destitución en rebeldía.

Finalizada la intervención de la Presidenta o del Presidente de la República, esta o este se retirará del Pleno y la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional, declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todas las y los asambleístas y exponer sus razonamientos por un tiempo máximo de diez minutos cada uno, sin derecho a réplica.

Para las dos causales de destitución previstas en este artículo, en concordancia con el artículo 130 de la Constitución de la República, en un plazo de setenta y dos horas de agotados los procedimientos que correspondan, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o el Presidente de la República.

Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la Vicepresidenta o el Vicepresidente, asumirá la Presidencia de la República.

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el período legislativo, en los tres primeros años de este.

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos. Las elecciones se realizarán en un plazo máximo de noventa días posteriores a la convocatoria. La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión de la Presidenta o del Presidente de la República electo tendrán lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en la fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral.

La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos:

1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales;

2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes;

3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución de la República confiere a los gobiernos autónomos descentralizados;

4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados;

5. Modificar la división polético-administrativa del país, excepto en lo relativo a las parroquias; y,

6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales.

Las leyes serán orgánicas y ordinarias.

Serán leyes orgánicas:

1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución de la República;

2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales;

3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y,

4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.

La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional.

Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica. Las leyes ordinarias se aprobarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional.

Los proyectos de ley serán presentados a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional, quien ordenará a la Secretaria General de la Asamblea Nacional: distribuya el proyecto a todas y todos los y las asambleístas; difunda públicamente su contenido en el portal web oficial de la Asamblea Nacional; envíe a la Unidad de Técnica Legislativa para la elaboración del informe no vinculante; y, remita dicho informe al Consejo de Administración Legislativa.

Toda iniciativa legislativa contará con una ficha de verificación en la que la o el proponente justificará la alineación de la normativa propuesta con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Reglamento respectivo establecerá el formato de la ficha de verificación, así como su proceso de presentación.

La Unidad de Técnica Legislativa, después de haber recibido la comunicación de Secretaria General, elaborará el informe técnico-jurídico no vinculante por proyecto de ley, en el término máximo de cinco días.

Los proyectos de ley serán presentados a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional, quien ordenará a la Secretaria General de la Asamblea Nacional: distribuya el proyecto a todas y todos los y las asambleístas; difunda públicamente su contenido en el portal web oficial de la Asamblea Nacional; envíe a la Unidad de Técnica Legislativa para la elaboración del informe no vinculante; y, remita dicho informe al Consejo de Administración Legislativa.

Toda iniciativa legislativa contará con una ficha de verificación en la que la o el proponente justificará la alineación de la normativa propuesta con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Reglamento respectivo establecerá el formato de la ficha de verificación, así como su proceso de presentación.

La Unidad de Técnica Legislativa, después de haber recibido la comunicación de Secretaria General, elaborará el informe técnico-jurídico no vinculante por proyecto de ley, en el término máximo de cinco días.

El Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de sesenta días, desde su presentación, calificará los proyectos de ley remitidos por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional siempre que cumplan, con los siguientes requisitos:

1. Que todas las disposiciones del proyecto se refieran a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte;

2. Que contenga suficiente exposición de motivos, considerandos y articulado;

3. Que contenga el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían; y,

4. Que cumpla con los requisitos que la Constitución de la República y esta Ley establecen sobre la iniciativa legislativa.

La exposición de motivos explicitará la necesidad y pertinencia de la Ley evidenciando su constitucionalidad y la no afectación a los derechos y garantías constitucionales, en particular, de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.

La exposición de motivos tendrá enfoque de género cuando corresponda; especificará los mecanismos para la obtención de los recursos económicos en el caso de que la iniciativa legislativa requiera; y, enunciará los principales indicadores, medios de verificación y responsables del cumplimiento de la ley.

El Consejo de Administración Legislativa constatará que el lenguaje utilizado en el Proyecto no sea discriminatorio en ningún sentido y que cuente con la ficha de alineación al Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los proyectos de ley calificados por la Presidenta o el Presidente de la República como urgentes en materia económica se referirán a aspectos sustantivos de la política económica, cuyo trámite expedito es necesario para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica adversa. El Consejo de Administración Legislativa no calificará proyectos de ley que reformen diversas leyes que no se refieran a una sola materia.

Si el proyecto de ley no cumple con los requisitos, contiene vicios de inconstitucionalidad e inobserva los criterios antes detallados no será calificado y será devuelto, sin perjuicio de que pueda ser presentado nuevamente, subsanadas las razones que motivaron su no calificación. La resolución de no calificación incluirá la debida motivación, enunciando las normas o principios jurídicos en que se fundamenta y será notificada a la o el proponente o proponentes en el plazo máximo de cinco días.

Si el proyecto de ley es calificado, el Consejo de Administración Legislativa establecerá la prioridad para el tratamiento de este y la comisión especializada que lo tramitará. El Secretario General del Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de tres días, remitirá al proponente o proponentes y a la Presidenta o el Presidente de la comisión especializada, el proyecto de ley, el informe técnico-jurídico no vinculante con sus anexos elaborado por la Unidad de Técnica Legislativa y la resolución en la que conste la fecha de inicio de tratamiento del mismo.

La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional ordenará que, en el mismo plazo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, distribuya a todas las y los asambleístas el contenido de la resolución que califica o no el proyecto de ley, junto con el informe técnico-jurídico no vinculante elaborado por la Unidad de Técnica Legislativa y que difunda su contenido en el portal web oficial de la Asamblea Nacional.

Recibido el proyecto de ley calificado por el Consejo de Administración Legislativa, la Presidenta o el Presidente de la comisión especializada dispondrá a la Secretaria o al Secretario Relator, informe su recepción a las y los integrantes de la comisión y convoque para su conocimiento e inicio de su tratamiento.

Avocado conocimiento del proyecto de ley, la Presidenta o el Presidente de la comisión dispondrá se informe del inicio del tratamiento y apertura de la fase de socialización a las y los demás legisladores de la Asamblea Nacional y a la ciudadanía, a través del portal web y demás canales comunicacionales que disponga la Asamblea Nacional y la comisión.

Las comisiones especializadas, dentro del plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentarán a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional su informe con las observaciones que juzguen necesarias introducir. Dentro del referido plazo, se considerará un tiempo no menor a los quince primeros días, para que las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, acudan ante la comisión especializada y expongan sus argumentos. En ningún caso, la comisión especializada emitirá su informe en un plazo menor a veinte días.

La comisión especializada atendiendo a la naturaleza y complejidad del proyecto de ley podrá solicitar justificadamente a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional, una prórroga de entre veinte y máximo noventa días para presentar el informe detallado en este artículo.

Si el proyecto de ley requiere una consulta prelegislativa, el trámite no se sujetará a los plazos previstos en el presente artículo.

En todos los casos, una, uno o varios asambleístas podrán presentar informes de minoría, los mismos que serán remitidos por la Presidenta o el Presidente de la comisión a la o el Presidente de la Asamblea Nacional conjuntamente y de manera obligatoria con el informe aprobado por la comisión. Los informes aprobados y los informes de minoría serán distribuidos a las y los asambleístas por la Secretaría General.

Las o los presidentes de las comisiones especializadas, hasta antes de la aprobación del informe para segundo debate, podrán solicitar al Consejo de Administración Legislativa la autorización para unificar todos aquellos proyectos que versen sobre la misma materia y que se encuentren tramitando en la comisión o que se encuentren en otras comisiones.

El Pleno de la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, podrá disponer la acumulación de uno o varios proyectos de ley que cuenten con informe para segundo debate, cuando se trate de la misma materia. El proyecto de ley acumulado será remitido para conocimiento de las y los asambleístas.

Un proyecto de ley podrá ser retirado por la o el proponente, por escrito y de manera motivada, siempre que no se haya aprobado el informe para primer debate.

Para el caso de los proyectos de ley, calificados por la Presidenta o Presidente de la República de urgencia en materia económica, las comisiones especializadas dentro del plazo de diez días, contado a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentarán a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, sus informes con las observaciones que juzguen necesarias introducir. Dentro del referido plazo, se deberá considerar un plazo no menor a los cinco primeros días, para que las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, puedan acudir ante la comisión especializada y exponer sus argumentos. En ningún caso, la comisión especializada podrá emitir su informe en un plazo menor a cinco días.

El primer debate se desarrollará, previa convocatoria del Presidente o de la Presidenta de la Asamblea Nacional, en una sola sesión en un plazo máximo de sesenta días de remitido el informe por la comisión. Las y los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta treinta días después de concluida la sesión.

El Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de ley.

La comisión especializada analizará y de ser el caso, recogerá las observaciones efectuadas al proyecto de Ley, en el primer debate.

Dentro del plazo máximo de noventa días, contado a partir del cierre de la sesión del Pleno, la comisión especializada presentará a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate.

La comisión especializada, atendiendo a la naturaleza y complejidad del proyecto de ley, podrá pedir justificadamente a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional, por una sola vez, la prórroga que considere necesaria para presentar el informe correspondiente. La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional determinará si concede o no la prórroga, así como el plazo de la misma.

La Presidenta o el Presidente, recibido el informe para segundo debate, ordenará por Secretaría General de la Asamblea Nacional, la distribución del informe a las y los asambleístas.

El segundo debate se desarrollará, previa convocatoria de la Presidenta o del Presidente de la Asamblea Nacional, en una sola sesión, en un plazo máximo de seis meses desde la recepción del informe.

En el caso de negarse el informe de mayoría, el Pleno de la Asamblea, por decisión de la mayoría simple de sus integrantes, podrá decidir la votación del o los informes de minoría.

Durante el segundo debate el o la ponente recogerá las observaciones realizadas por el Pleno.

En caso de que el proyecto amerite cambios, la o el ponente solicitará a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional, la suspensión del punto del orden del día, a fin de que la comisión analice la incorporación de los cambios sugeridos. Para este efecto, la Presidenta o el Presidente de la comisión respectiva, convocará a la comisión para que en una sola sesión, analice y apruebe el texto final de votación sugerido, el mismo que será entregado al Pleno de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de ocho días desde el pedido de suspensión del punto del orden del día.

Cuando existan cambios en el texto final para votación, el ponente tendrá la obligación de indicar los mismos, previo a la votación.

En el caso de que la comisión no tenga mayoría para aprobar o improbar los cambios en el plazo determinado de ocho días, la o el ponente tendrá la potestad de presentar el texto de votación al Pleno de la Asamblea Nacional.

Si el texto aprobado por la comisión y que incorpora las observaciones del segundo debate no cuenta con los votos necesarios para su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional, la o el ponente podrá realizar los ajustes pertinentes y mocionar ante el Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de Ley con el nuevo texto, indicando las modificaciones realizadas.

Agotado el segundo debate, la votación del texto final del proyecto de ley no podrá exceder el plazo de sesenta días. Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, por secciones o artículos.

Con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea Nacional, podrá archivar el proyecto de ley.

La comisión especializada analizará y recogerá las observaciones efectuadas por los asambleístas en el primer debate del Pleno, al proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica por el Presidente de la República.

Transcurrido el plazo de cuatro días, contado a partir del cierre de la sesión del Pleno, la comisión especializada presentará a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate, al que deberá adjuntarse la sistematización de todas las observaciones presentadas.

La Presidenta o el Presidente, recibido el informe para segundo debate, ordenará por Secretaría General de la Asamblea Nacional, la distribución del informe a las y los asambleístas.

Concluido el plazo de cuarenta y ocho horas, contado desde la distribución de los informes, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional, lo incluirá en el orden del día del Pleno para segundo debate, en el que se aprobará, modificará o negará el proyecto de ley.

El segundo debate se desarrollará, previa convocatoria de la Presidenta o del Presidente de la Asamblea Nacional, en una sola sesión.

En el caso de negarse el informe de mayoría, el Pleno de la Asamblea, por decisión de la mayoría simple de sus integrantes, podrá decidir la votación del o los informes de minoría.

Durante el segundo debate el o la ponente recogerá las observaciones realizadas por el Pleno.

En caso de que el proyecto amerite cambios, la o el ponente solicitará a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional, la suspensión del punto del orden del día, a fin de que la comisión analice y apruebe la incorporación de los cambios sugeridos. Para este efecto, la Presidenta o el Presidente de la comisión respectiva, convocará a la comisión para que en una sola sesión, analice y apruebe con mayoría absoluta el texto final de votación sugerido que será entregado al Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde el pedido de suspensión del punto del orden del día. Cuando existan cambios en el texto final para votación, el ponente tendrá la obligación de indicar los mismos, previo a la votación.

En el caso de que la comisión no tenga mayoría para aprobar o improbar los cambios en el plazo que determina el inciso anterior, la o el ponente tendrá la potestad de presentar el texto de votación al Pleno de la Asamblea Nacional.

Si el texto aprobado por la Comisión y que incorpora las observaciones del segundo debate no cuenta con los votos necesarios para su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional, el ponente podrá realizar los ajustes pertinentes y mocionar ante el Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de ley con el nuevo texto, indicando las modificaciones realizadas.

Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, por secciones o artículos. Asimismo, con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea Nacional, podrá archivar el proyecto de ley.

Cuando en el plazo de treinta días, la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o el Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite previsto en la Constitución y esta Ley.

Como tiempo máximo, a los dos días hábiles siguientes luego de la aprobación del proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional lo enviará a la Presidenta o Presidente de la República para que lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo máximo de treinta días posteriores a su recepción por parte de la Presidenta o Presidente de la República, se promulgará la ley y se publicará en el Registro Oficial.

Los proyectos de ley que aprueben, modifiquen o deroguen la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez aprobados en segundo debate por el pleno, serán enviados directamente al Registro Oficial para su publicación.

Si la Presidenta o Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su publicación.

Si la objeción fuera parcial, la Presidenta o Presidente de la República presentará conjuntamente con su objeción un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto; igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas.

La Asamblea Nacional examinará la objeción parcial dentro del plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha de su entrega, y podrá, en un solo debate, allanarse a ella, en todo o en parte, y como consecuencia del allanamiento enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. también podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado, en todo o en parte, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. En ambos casos, la Asamblea Nacional enviará la ley al Registro Oficial para su publicación.

Si la Asamblea Nacional no considera la objeción o no se ratifica en su texto en el plazo señalado, se entenderá que se allanó a ésta, y la Presidenta o Presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial.

Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad.

Si la objeción de la Presidenta o del Presidente de la República se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, requerirá dictamen de la Corte Constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de treinta días desde la remisión de la documentación de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad total del proyecto de ley, este será archivado, y si esta es parcial, dentro del plazo máximo de tres días desde su notificación, el proyecto de ley será remitido a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional a la respectiva comisión especializada de la Asamblea Nacional para que incorpore los cambios, conforme el dictamen constitucional.

En el plazo máximo de quince días, desde la recepción del dictamen de inconstitucionalidad, la comisión remitirá el respectivo informe no vinculante a la o el Presidente de la Asamblea Nacional para que sea incorporado dentro de los siguientes cinco días en el orden del día. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobará los cambios en un debate.

El proyecto de ley íntegro, con las disposiciones modificadas en virtud del dictamen de la Corte Constitucional; aquellas no objetadas; las que siendo objetadas no fueron declaradas inconstitucionales; y, aquellas en las que el Pleno de la Asamblea Nacional haya decidido ratificarse en caso de concurrir objeción parcial, será enviado para la respectiva sanción de la Presidenta o del Presidente de la República.

En los casos de exclusiva objeción parcial o total por razones de inconstitucionalidad, si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional promulgará y ordenará la publicación del proyecto de ley.

La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. deberé contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.

Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia.

Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente.

Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no inferior al uno por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en el registro electoral. Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional no podrá presentarse otra.

La Asamblea Nacional implementará un sistema de recepción de propuestas o proyectos de ley presentados en forma individual por las y los ciudadanos, que pondrá a conocimiento de las y los asambleéstas a través de su red interna de comunicación, para que éstos puedan analizarlos y, de ser el caso, acogerlos y apoyarlos.

La iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponderá a los gobiernos provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley de regionalización que propondrá la conformación territorial de la nueva región, así como un proyecto de estatuto de autonomía regional.

La Asamblea Nacional aprobará en un plazo máximo de ciento veinte días el proyecto de ley, y en caso de no pronunciarse dentro de este plazo se considerará aprobado. Para negar o archivar el proyecto de ley, la Asamblea Nacional requerirá el voto favorable de la mayoría calificada.

El proyecto de estatuto será presentado ante la Corte Constitucional para que verifique su conformidad con la Constitución. El dictamen correspondiente se emitirá en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, y en caso de no emitirse dentro de éste se entenderá que el dictamen es favorable.

Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y la aprobación del proyecto de ley orgánica, se convocará a consulta popular en las provincias que formaría la región, para que se pronuncien sobre el estatuto regional.

Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en cada provincia, entrará en vigencia la ley y su estatuto, y se convocará a elecciones regionales en los siguientes cuarenta y cinco días para nombrar a las autoridades y representantes correspondientes.

Los cantones interesados en formar un distrito metropolitano seguirán el mismo procedimiento para la conformación de regiones.

ECCIÓN 3. Tramite para la expedicion de una ley que establezca, modifique, exonere o extinga impuestos

Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en esta Ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos.

Le corresponde la fiscalización y control polético a las y los asambleéstas, a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución de la República, esta Ley y los reglamentos internos correspondientes.

Las y los asambleístas directamente o las comisiones especializadas tienen la facultad de requerir información o comparecencias a las y los funcionarios detallados en los artículos 120 numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República, de conformidad con esta Ley.

En caso de que, en un plazo de diez días, las y los funcionarios no entreguen la información solicitada o la entreguen de forma incompleta, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento de la Presidenta o del Presidente de la Asamblea Nacional dicho incumplimiento, a fin de que el Consejo de Administración Legislativa, en el plazo máximo de cinco días remita la documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones especializadas según su temática. Si el pedido de información fue realizado por una comisión, procederá directamente conforme al artículo siguiente.

Las y los asambleístas entregarán, de manera mensual, todas las solicitudes de información con sus respectivas respuestas y la documentación que se acompañe a la Secretaría General de la Asamblea Nacional para que la registre y mantenga un respaldo magnético, a fin de que otros asambleístas puedan acceder a ella o para que la funcionaria o el funcionario público pueda remitirse a ella en caso de que cualquier otro u otra asambleísta la solicite. Se difundirá los pedidos de información en el portal web, así como el listado mensual de instituciones y funcionarios que no hayan cumplido con la obligación de entregar la información dentro del plazo requerido.

La comisión especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información, en el plazo de cinco días. De no hacerlo o de considerarlo pertinente la comisión, la funcionaria o el funcionario público, en un plazo de diez días, comparecerá en persona ante la comisión, previa convocatoria.

La o el funcionario público absolverá los cuestionamientos previamente planteados por escrito, durante un tiempo máximo de cuarenta minutos. Solo caben preguntas de las y los asambleístas de la comisión especializada y de la o el asambleísta que perteneciendo a otra comisión inició el trámite, relativas al cuestionario inicial y por un tiempo no mayor de diez minutos cada uno, en un máximo de dos intervenciones. La réplica de la o del funcionario público no podrá durar más de veinte minutos, luego de lo cual la Presidenta o el Presidente de la comisión especializada dará por terminada la comparecencia e iniciará el análisis de esta, sin la presencia de la o el funcionario público.

Si la comisión especializada considera que la respuesta de la o el funcionario público es satisfactoria podrá, con la mayoría absoluta de sus miembros, archivar la petición o, por el contrario, con la mayoría de sus miembros, solicitar a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional el inicio del juicio político correspondiente.

Si la o el funcionario público no comparece en la fecha y hora fijada en la convocatoria o no remite la información, será causal de enjuiciamiento político.

El Informe de la comparecencia será difundido a la ciudadanía para fines de control ciudadano.

Sin perjuicio de lo previsto en esta Sección, el Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa, podrá requerir a una de las comisiones especializadas, o a la Comisión de Fiscalización y Control Político, la investigación sobre la actuación de cualquier funcionaria o funcionario público de las distintas funciones del Estado o sobre actos de interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisis política.

La comisión encargada de la investigación tendrá un plazo no mayor a treinta días para la presentación del informe correspondiente que será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de treinta días. El informe de la comisión podrá incluir la recomendación de inicio del trámite de juicio político previsto en esta Ley, si de la investigación se determina posible incumplimiento de funcionarios sujetos a juicio político.

De manera excepcional, el Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa, autorizará una prórroga máxima de treinta días y por una sola vez, previa solicitud fundamentada. La comisión no podrá remitir el informe antes de los primeros veinte días de investigación.

Si como resultado de la investigación, la comisión determina presuntas responsabilidades de competencia de otros órganos del Estado, remitirá el informe, de forma inmediata, a los organismos respectivos.

Durante todo el proceso de investigación sobre la actuación de funcionarios públicos se aplicará, en lo que corresponda, las garantías del debido proceso.

La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley, de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución de la República, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.

La responsabilidad política de las y los ministros de Estado deriva de sus funciones. Las y los secretarios nacionales, ministros sectoriales y ministros coordinadores y demás funcionarias y funcionarios, siempre que ejerzan funciones de rectoría de las políticas públicas del área a su cargo, conforme con el artículo 154 de la Constitución, tienen la misma responsabilidad política que las y los ministros de Estado y son sujetos de juicio político, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de concluido el mismo.

La solicitud para proceder al enjuiciamiento político será presentada por el o los proponentes ante la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional, previo cumplimiento de los requisitos y solemnidades establecidos en la Ley; contará con las firmas de respaldo de al menos una cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional, en el formulario correspondiente, en el que se declare que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares; y, contendrá el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañada de la prueba documental de que se disponga en ese momento.

Si no se cuenta con la prueba documental, se describirá su contenido, con indicación precisa sobre el lugar en que se encuentra y con la solicitud de las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. La prueba no anunciada con oportunidad no podrá ser actuada, salvo que a la fecha de la presentación de la solicitud no se contaba con la prueba o no se la conocía.

Las y los asambleístas suplentes o alternos, podrán firmar la solicitud de juicio político cuando hayan sido principalizados.

La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de cinco días, pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político. En el caso de presentarse varias solicitudes ingresadas simultáneamente, este plazo podrá extenderse a un máximo de diez días.

Una vez conocida la solicitud, el Consejo de Administración Legislativa requerirá un informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad de Técnica Legislativa, la misma que remitirá dicho informe en el plazo máximo tres días.

El Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de diez días, desde la fecha de conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite. Dentro de este plazo, los solicitantes podrán presentar un alcance a la solicitud, de considerarlo pertinente.

Verificado el cumplimiento de los requisitos, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional remitirá, en un plazo máximo de tres días, a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento, a la Presidenta o al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite.

La Presidenta o el Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, pondrá en conocimiento del Pleno de la Comisión la solicitud de enjuiciamiento político, dentro del plazo máximo de cinco días.

En todas las etapas del enjuiciamiento político se respetará el debido proceso y las demás garantías y derechos constitucionales.

La Comisión de Fiscalización y Control Político podrá acumular dos o más solicitudes de juicio político en caso de identidad en el sujeto y conexidad en los hechos y que puedan ser tramitadas en los mismos tiempos procesales; una vez acumuladas las solicitudes, se considerará un solo proceso de juicio político.

Cuando se trate de un juicio político en contra de las y los miembros de un cuerpo colegiado, las responsabilidades políticas que se determinen serán individualizadas.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará.

Calificado el trámite, la Comisión notificará al funcionario o funcionaria sobre el inicio de este, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que, en el plazo de quince días, presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes. En el mismo acto notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que, dentro del plazo de quince días que se encuentra transcurriendo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

Con la contestación de la o el funcionario enjuiciado o sin ella, se establecerá el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas, las cuales serán a costo del solicitante.

La Comisión de Fiscalización y Control Político por decisión de la mayoría simple de sus integrantes podrá solicitar pruebas de oficio.

Los órganos y dependencias de la Asamblea Nacional brindarán todas las facilidades y el apoyo técnico especializado que la Comisión requiera para cada caso. Las y los servidores públicos entregarán la información solicitada dentro del plazo de actuación de pruebas. La o el funcionario que no entregue la información solicitada, será destituido.

Si durante el proceso de sustanciación de un juicio político, el Consejo de Administración Legislativa remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la Comisión.

El o la, las o los asambleístas solicitantes, en la fecha y hora señaladas en el orden del día, presentarán sus pruebas de cargo ante la Comisión por el lapso máximo de tres horas; luego de lo cual, las y los asambleístas que la integran y las y los asambleístas acreditados a participar, de conformidad con esta Ley, podrán realizar preguntas por el tiempo máximo de diez minutos, con derecho a réplica. La contestación de los asambleístas solicitantes será de máximo diez minutos por pregunta.

La funcionaria o funcionario cuestionado, en la fecha y hora señaladas en el orden del día, presentará o expondrá sus pruebas de descargo ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización, por el lapso máximo de tres horas; luego de lo cual, los asambleístas integrantes de la Comisión, el o los solicitantes y los asambleístas acreditados a participar, de conformidad con esta Ley, tendrán un tiempo de diez minutos para realizar sus cuestionamientos, con posibilidad de una contra replica de diez minutos adicionales. La contestación del funcionario público cuestionado será de máximo diez minutos por pregunta.

Las demás comparecencias solicitadas como pruebas de cargo, descargo y de oficio, tendrán una duración máxima de treinta minutos; luego de lo cual, las y los asambleístas de la comisión, las y los asambleístas solicitantes y los acreditados a participar de conformidad con esta Ley, podrán realizar preguntas por el tiempo máximo de diez minutos, con derecho a réplica. La contestación de las y los comparecientes, será de máximo diez minutos por pregunta.

Vencido el plazo para la actuación de las pruebas de cargo y de descargo, la Comisión de Fiscalización y Control Político remitirá, en el plazo de cinco días, a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional, un informe que detalle, motivadamente, sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político.

De considerarlo necesario, la Comisión podrá solicitar a la Presidenta o al Presidente, una prórroga de hasta cinco días adicionales para la remisión del informe.

De no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos en este artículo, la o el Presidente de la Comisión remitirá, en el plazo de dos días, a la o el Presidente de la Asamblea Nacional, las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión para que sea el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político.

En todos los casos, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de dos días, notificará con el informe al funcionario sobre el que verse la solicitud de juicio político, por medios físicos o electrónicos. En el mismo plazo el informe será difundido a las y los legisladores.

Una vez difundido el informe, en el plazo de cinco días, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del Pleno, que resolverá de conformidad con las siguientes reglas:

1. Si el informe recomienda el archivo de la solicitud de juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional, podrá:

   1. Acoger y ratificar el informe, con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes; o,

   2. No acoger el informe y resolver motivadamente el juicio político, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

2. Si el informe se refiere a las actas y las posiciones de las y los legisladores por no haberse aprobado el informe que recomiende el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional previa moción motivada de cualquier legisladora o legislador, podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político para lo cual requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes;

3. Si el informe de la Comisión recomienda el juicio político en esta sesión, se procederá directamente y sin más trámite, al juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria, según corresponda.

   En caso de que el Pleno haya resuelto el juicio político de conformidad con lo previsto en el literal b de los numerales 1 y 2 de este artículo, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de cinco días, incluirá en el orden del día para consideración del Pleno, el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria, según corresponda.

   En todos los casos, la convocatoria para el juicio político será notificada a la funcionaria o funcionario cuestionado a través de los medios físicos o electrónicos disponibles, con al menos setenta y dos horas de anticipación a la fecha prevista para la sesión del Pleno.

   La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional, requerirá a las y los asambleístas que iniciaron el proceso, los nombres de dos asambleístas que realizarán la interpelación, lo que será comunicado al funcionario interpelado en la convocatoria respectiva.

En la fecha y hora señaladas en el orden del día, las o los asambleístas interpelantes llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.

A continuación, la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.

Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, se retirará del Pleno y la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todas las y los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica. De no presentarse al término del debate, una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud.

A fin de garantizar el derecho a la defensa, el Consejo de Administración Legislativa, autorizará la participación de la o del funcionario interpelado por medios telemáticos siempre que justifique la imposibilidad de asistir de manera presencial.

Para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan funciones de rectoría, y las y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada.

La censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la Resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional.

Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio rector de relaciones laborales para fines de registro y cumplimiento.

Si del proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

La Asamblea Nacional procederá al enjuiciamiento polético de la Presidenta o Presidente y de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, en los casos previstos en el artículo 129 de la Constitución de la República.

La solicitud para proceder al enjuiciamiento polético será presentada ante la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, estará debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos a la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, y el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento. Se formalizará con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, en el formulario correspondiente, declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares.

La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de tres días, pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político a la Presidenta o Presidente, o Vicepresidenta o Vicepresidente de la República. Una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, el Consejo de Administración remitirá la misma a la Corte Constitucional, a fin de que emita el dictamen previo de admisibilidad, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 129 de la Constitución de la República.

Si el Consejo de Administración Legislativa establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos de Ley, dispondrá a los solicitantes que la completen dentro del plazo de tres días. De no completarse dentro del mencionado plazo se ordenará, sin más trámite, el archivo inmediato de la solicitud de enjuiciamiento político.

Si la Corte Constitucional emite un dictamen de admisibilidad, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de tres días, lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, para el inicio del trámite que se detalla a continuación. En caso de que el dictamen de admisibilidad sea negativo, el Consejo de Administración Legislativa, archivará la solicitud y notificará a los peticionarios y a la Presidenta o Presidente, o Vicepresidenta o Vicepresidente de la República.

Con el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional remitirá, a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, a la Presidenta o Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la solicitud de enjuiciamiento, el dictamen de admisibilidad y la documentación de sustento, a fin de que avoque conocimiento y sustancie el trámite.

La Comisión de Fiscalización y Control Político avocará de inmediato, conocimiento del inicio del trámite y notificará a la Presidenta o al Presidente, a la Vicepresidenta o al Vicepresidente de la República sobre el inicio del mismo. Acompañará a la solicitud, la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional, a fin de que, por sí o por interpuesta persona de uno o más delegados o procuradores en el plazo de diez días, ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas, así como toda la prueba que considere necesaria para su descargo.

De igual forma y en el mismo acto, notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas de las que dispongan.

La Comisión de Fiscalización y Control Político por decisión de la mayoría de sus integrantes podrá solicitar pruebas de oficio.

Con la contestación o sin ella, se otorgará el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas, las cuales serán a costo del solicitante.

Los órganos y dependencias de la Asamblea Nacional brindarán todas las facilidades y el apoyo técnico especializado que la Comisión requiera para cada caso. Las y los servidores públicos entregarán la información solicitada dentro del plazo de actuación de pruebas. La o el funcionario que no entregue la información solicitada, será destituido.

Vencido el plazo de actuación de la prueba señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político remitirá a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de diez días improrrogables, un informe motivado para conocimiento del Pleno que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político de la Presidenta o el Presidente o, la Vicepresidenta o el Vicepresidente de la República.

La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional en un plazo máximo de tres días, dispondrá a través de Secretaría General de la Asamblea Nacional, la difusión del informe. Transcurridas cuarenta y ocho horas luego de la difusión del informe, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de cinco días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder a la censura y destitución, de ser el caso.

La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional requerirá a las y los asambleístas que iniciaron el proceso, la nómina de dos asambleístas que realizarán la interpelación, lo que será comunicado a la Presidenta o al Presidente; al Vicepresidente o a la Vicepresidenta de la República.

En la fecha y hora señaladas en el orden del día, las o los asambleístas interpelantes llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas, sobre la base de las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.

A continuación, la funcionaria o el funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo respectivo. Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora.

Finalizada la intervención de la Presidenta o el Presidente, o de la Vicepresidenta o del Vicepresidente de la República, se retirará del Pleno y la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todas las y los asambleístas y exponer sus razonamientos por un tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica.

En el plazo de cinco días de concluido el debate señalado en el artículo anterior, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional convocará a la sesión del Pleno a fin de que resuelva motivadamente sin debate, con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente, o la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República.

De no presentarse en dicha sesión una moción de censura y destitución se archivará la solicitud.

Para la aprobación de la moción de censura a la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea Nacional, en cuyo caso se procederá a la destitución de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

Si no se aprueba la moción de censura, se archivará la solicitud.

En ningún caso podrá volverse a proponer juicio político por los mismos hechos.

La solicitud para proceder a la remoción de uno o varios miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y de la Junta de Política y Regulación Monetaria podrá ser presentada por el Presidente de la República o por la Asamblea Nacional. En caso de ser presentada por la Asamblea Nacional, deberá contar con las firmas de al menos una tercera parte de sus miembros.

Esta solicitud deberá ser presentada ante la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, declarando que la o las firmas constantes en esta solicitud son verídicas y que corresponden a sus titulares; contendrá el anuncio de la totalidad de las pruebas que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento.

La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de remoción. Una vez conocida la solicitud, el Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de tres (3) días, verificará el cumplimiento de las causales y calificará o no la solicitud. De ser calificado dará inicio al trámite que se detalla a continuación:

La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional remitirá, a través de la Secretaria General de la Asamblea Nacional, la solicitud de remoción junto con la documentación de sustento, y la calificación del Consejo de Administración Legislativa a la Presidenta o Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco (5) días avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en los artículos 13.2 y 47.3 del Código Orgánico Monetario y Financiero, caso contrario la archivará. Calificado el trámite, notificará al miembro o miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera o de la Junta de Política y Regulación Monetaria, según corresponda, sobre el inicio del mismo acompañando la solicitud de remoción y la documentación de sustento a fin de que en el plazo de quince (15) días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.

De igual forma notificará al Presidente de la República o a las y los asambleístas solicitantes, según corresponda, para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten la causal de remoción.

La Comisión de Fiscalización y Control Político por decisión de la mayoría de sus integrantes podrá solicitar pruebas de oficio.

Calificado el trámite por la Comisión de Fiscalización y Control Político, el procedimiento de remoción continuará sin necesidad de las firmas correspondientes.

El CAL deberá brindar todas las facilidades y el apoyo técnico especializado que la Comisión le requiera para cada caso.

Vencido el plazo de quince (15) días señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político deberá remitir, en el plazo de cinco (5) días, a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, un informe que detalle, motivadamente, las razones por las cuales archivó el trámite o aprobó la recomendación de remoción. De considerarlo necesario, la Comisión podrá solicitar a la Presidenta o Presidente, una prórroga de hasta cinco días adicionales.

Con la recomendación de remoción, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional dispondrá, a través de Secretaría General, la difusión del informe. Transcurridas cuarenta y ocho horas luego de la difusión del informe, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de cinco (5) días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder con la decisión de remover o no al miembro de la Junta de Política y Regulación Financiera o de la Junta de Política y Regulación Monetaria.

La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional requerirá a las y los asambleístas que iniciaron el proceso, la nómina de dos asambleístas que realizarán la sustentación de la solicitud de remoción, que será comunicada al funcionario sujeto de este proceso. En el caso de que se haya iniciado a solicitud del Presidente de la República, deberá él o su delegado sustentar la misma.

La funcionaria o funcionario sujeto del proceso de remoción, en la fecha y hora señaladas en el orden del día, ejercerá su derecho a la defensa, por el lapso máximo de tres (3) horas.

A continuación, el Presidente de la República o su delegado o las o los asambleístas que sustentan este proceso de remoción, intervendrán por el lapso de dos horas. Luego, replicará la funcionaria o funcionario, por un tiempo máximo de una hora.

Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, éste se retirará del Pleno y la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todas las y los asambleístas y expondrán sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica. De no presentarse al término del debate una moción de remoción y destitución, se archivará la solicitud.

Para proceder a la remoción de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera o de la Junta de Política y Regulación Monetaria, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

Si del proceso de remoción se derivan indicios de responsabilidad penal, además se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

Las y los asambleístas tienen los siguientes deberes y atribuciones:

1. Elegir y ser elegido como autoridad en los órganos que integran la Asamblea Nacional;

2. Participar con voz y voto en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el Consejo de Administración Legislativa, en las comisiones especializadas, de los cuales formen parte; con estricto cumplimiento de los procesos establecidos en esta Ley;

3. Solicitar directamente información a las y los servidores públicos, incluida la información reservada que sea necesaria dentro de los procesos de fiscalización y control político, según el trámite establecido en esta Ley. Para los pedidos de información no se requerirá autorización previa de la o del Presidente de la Asamblea Nacional. Los pedidos de información y la documentación respectiva serán remitidos, de manera mensual, a la Secretaria o al Secretario General para el respectivo registro y difusión;

4. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales así como de las actuaciones u omisiones de las y los servidores públicos;

5. Rendir cuentas e informar a la ciudadanía sobre su trabajo de legislación y fiscalización;

6. Promover, canalizar y facilitar la participación social en la Asamblea Nacional;

7. Asistir y registrarse con puntualidad en todas las sesiones del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa, de las comisiones especializadas permanentes u ocasionales a las que pertenezcan, salvo caso de fuerza mayor, caso fortuito o de salud, debidamente justificados. La impuntualidad e inasistencia serán sancionadas de conformidad con esta Ley y el reglamento respectivo;

8. Actuar en las sesiones del Pleno y ejercer el derecho al voto por medios físicos, electrónicos, virtuales o telemáticos de conformidad con lo dispuesto en el reglamento respectivo. La reglamentación considerará las particularidades de las y los asambleístas por las circunscripciones del exterior y facilitará su participación por medios telemáticos durante el tiempo que se encuentren en su jurisdicción;

9. Presentar la declaración patrimonial juramentada al inicio, dos años después de la primera declaración y al final de su gestión. Esta declaración se realizará según el formato de la Contraloría General del Estado;

10. Presentar copia de la declaración del impuesto a la renta de los dos años inmediatos anteriores al de su posesión y el certificado correspondiente del Servicio de Rentas Internas, que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, salvo el caso de las y los asambleístas representantes de las personas ecuatorianas en el exterior. Esta información será publicada en el portal web oficial de la Asamblea Nacional; y,

11. Las demás que establezca la Constitución de la República, esta Ley y los reglamentos internos que se expidan.

Las y los asambleístas, legalmente posesionados, gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.

Para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de una o un asambleísta se requerirá autorización previa del Pleno de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud del fiscal competente o de los jueces, según corresponda, en la que piden la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. Durante los períodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Dicha autorización será debatida y requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Pleno para su aprobación.

Solo se podrá privar de libertad a las y los asambleístas en caso de delito flagrante, sentencia condenatoria ejecutoriada, en las causas que no tengan relación con el ejercicio de sus funciones o, en las que se hayan iniciado con anterioridad a su posesión.

Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán en trámite ante la jueza o juez que avocó el conocimiento de la causa.

En caso de ausencia temporal o definitiva, en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional o en las comisiones especializadas, las y los asambleístas principales serán reemplazados por sus suplentes y, en ausencia o imposibilidad de asistir de estos, por sus alternos.

Las y los asambleístas suplentes y alternos, mientras no sean principalizados, de forma permanente, podrán ejercer todos sus derechos y no se les aplicará las restricciones o prohibiciones que rigen para las y los asambleístas principales, previstas en la Constitución y esta ley.

Es asambleísta suplente quien haya acompañado como tal a la o al asambleísta principal en la lista inscrita para las elecciones. Es asambleísta alterna o alterno, quien sea convocada o convocado en ausencia o imposibilidad de asistir de la o del asambleísta suplente, de acuerdo con la lista inscrita y certificada por el Consejo Nacional Electoral y de conformidad con lo dispuesto en la ley que regula el sistema electoral.

Para el caso de las sesiones del Pleno, las y los asambleístas suplentes o alternos serán posesionados al inicio de la primera sesión en la que se integren, ante la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional; y para el caso de las comisiones especializadas, ante la Presidenta o Presidente de la respectiva comisión.

En caso de ausencia temporal, la o el asambleísta principal presentará la excusa a la Presidencia de la Asamblea Nacional y notificará por escrito o correo institucional a su suplente con copia a la Secretaria General, indicando las sesiones o el período en que no actuará. Esta notificación se realizará por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión o inicio del período de ausencia. Si la o el asambleísta suplente no puede principalizarse, deberá comunicar por escrito o por correo institucional su no participación debidamente justificada, con al menos doce horas de antelación, en este caso la Secretaría General convocará a la o al asambleísta alterno, de conformidad con la lista correspondiente.

En caso de que la ausencia temporal se deba al cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario dispuestos por juez competente, la o el asambleísta podrá solicitar acogerse al régimen de licencia sin sueldo por el tiempo máximo establecido en esta Ley. Mientras dure la prisión preventiva o el arresto domiciliario, el Consejo de Administración Legislativa suspenderá todos los derechos parlamentarios de la o del asambleísta principal, con excepción de la inmunidad parlamentaria y el fuero y procederá a la principalización provisional de la o del asambleísta suplente o alterno según corresponda. En este caso la o el asambleísta principalizado recibirá la remuneración que correspondía a la o al asambleísta reemplazado.

Quien reemplace a la o al principal, cuando este último ocupe un cargo directivo en cualquiera de los órganos de la Asamblea Nacional, no tendrá la misma condición de la o el reemplazado.

Si algún reemplazante es contratado para cumplir funciones en la Asamblea Nacional, perderá su condición de tal.

Las y los asambleístas reemplazantes, cuando actúen como principales, tendrán los mismos derechos, deberes y atribuciones que las y los asambleístas principales detallados en esta Ley y en los reglamentos internos. Contarán con total apoyo de los equipos técnicos de las comisiones, personal administrativo de la Asamblea Nacional y del equipo de despacho del asambleísta principal, para desempeñar de forma correcta su trabajo.

Las y los asambleístas suplentes, cuando no estén principalizados, podrán participar con voz y sin voto en las sesiones de las comisiones especializadas permanentes, siempre y cuando lo soliciten al Presidente de la Comisión, de forma previa.

Las y los asambleístas suplentes de las circunscripciones especiales del exterior principalizados, podrán participar en las comisiones especializadas permanentes y en las sesiones de Pleno, de forma telemática, mientras se encuentren en su circunscripción desempeñando funciones relativas a su calidad de asambleístas.

La o el empleador de la o del asambleísta suplente o alterno, cualquiera que este o esta sea, deberá otorgarle licencia sin sueldo para que comparezca a la Asamblea Nacional a realizar su labor, sin que esto perjudique sus otros beneficios de ley.

Las y los asambleístas laborarán ordinariamente, por lo menos cuarenta horas semanales, en reuniones en el Pleno, en las comisiones, o en otras actividades relacionadas con su función. Esta jornada incluirá, de forma obligatoria, un tiempo destinado a la atención ciudadana.

Cuando las y los asambleístas realicen o cumplan delegaciones internacionales presentarán informes de sus actividades, de conformidad con la reglamentación interna respectiva.

La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional podrá conceder licencia a las y los asambleístas para ausentarse de sus funciones hasta por treinta días. La licencia que supere los treinta días y hasta los noventa días en un año calendario, será autorizada por el Consejo de Administración Legislativa, en caso de enfermedad o incapacidad física o psicológica, debidamente comprobadas.

Las licencias por maternidad o paternidad, se otorgarán conforme con lo previsto para las y los demás servidores públicos. El reglamento respectivo establecerá los aspectos específicos del régimen de licencias y permisos previsto en esta Ley.

Las justificaciones de las ausencias de las y los asambleístas serán verificadas por la Administración General.

La ausencia injustificada de una legisladora o legislador por más de treinta días consecutivos o más allá del plazo máximo de licencia permitido por esta Ley, se considerará abandono del cargo. En este caso el Consejo de Administración Legislativa procederá a la principalización definitiva del asambleísta suplente o alterno, según corresponda de conformidad con esta Ley.

Las y los asambleístas de la Asamblea Nacional cesarán en sus funciones por los motivos siguientes:

1. Terminación del período para el que fueron electos;

2. Renuncia;

3. Destitución conforme al trámite previsto en esta ley;

4. Revocatoria del mandato;

5. Sentencia penal condenatoria ejecutoriada;

6. Abandono del cargo; y,

7. Muerte.

Los partidos o movimientos políticos que cuenten con un número de asambleístas que represente al menos el 10 % de las y los miembros de la Asamblea Nacional, podrán formar una bancada legislativa. Cuando el 10 % no sea igual a un número entero, se entenderá que el número requerido es igual al entero inmediato superior.

Dos o más bancadas legislativas legalmente constituidas podrán formar un bloque parlamentario.

Podrán también constituirse en bancada legislativa las y los asambleéstas de una o varias formaciones políticas que por separado no reúnan dicho porcentaje mánimo pero que unidos si lo alcancen.

En tal caso, deberén pactar un programa-marco para el Período legislativo, que establezca los principios y objetivos generales que serán comunes en su actuación parlamentaria.

En ningún caso pueden constituir bancada legislativa por separado, las y los asambleéstas que pertenezcan a un mismo partido o movimiento polético.

Tampoco podrán formar bancada legislativa por separado, las y los asambleéstas que, al tiempo de las elecciones, pertenezcan a partidos o movimientos poléticos que no se hayan presentado separadamente como tales ante el electorado.

La constitución de las bancadas legislativas se hará hasta cinco días después de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, mediante escrito dirigido al Consejo de Administración Legislativa, a través de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional.

En el escrito de constitución de la bancada legislativa, que irá firmado por todos los que deseen formar parte de la misma, deberá constar su denominación y los nombres de todos sus miembros así como el de su coordinadora o coordinador titular y su respectivo suplente.

Las y los asambleéstas que adquieran su condición de tal con posterioridad a la sesión de instalación de la Asamblea Nacional deberén incorporarse a una bancada legislativa dentro de los cinco días siguientes a su principalización definitiva.

Todas las bancadas legislativas, con las particularidades establecidas en la presente Ley, gozan de idánticos derechos y tratamiento.

Las o los coordinadores de las bancadas legislativas se reunirán, al menos una vez al mes, con la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, con el fin de evaluar la tarea legislativa y sugerir las prioridades para el tratamiento de los proyectos de ley.

Las y los asambleístas podrán integrar grupos temáticos parlamentarios o grupos interparlamentarios de amistad con la finalidad de promover iniciativas legislativas de relevancia social.

La creación y funcionamiento de estas instancias legislativas serán reguladas por el Consejo de Administración Legislativa.

La Asamblea Nacional ejerce sus funciones en períodos legislativos.

Se denomina periodo legislativo o legislatura al tiempo para el cual fueron elegidos las y los asambleístas.

Se denomina período de administración legislativa al período de dos años para el que han sido designadas las autoridades de la Asamblea Nacional.

Se denomina período de sesiones a la serie continuada de sesiones de la Asamblea Nacional.

Se denomina sesión a cada una de las reuniones que realiza la Asamblea Nacional o las comisiones especializadas permanentes y ocasionales y sus respectivas continuaciones.

Se denomina sesión solemne al acto formal de Asamblea que tiene carácter ceremonial o protocolar.

El receso parlamentario es el período que media entre dos períodos ordinarios de sesiones. Puede interrumpirse por convocatoria de la Presidenta o del Presidente a período extraordinario de sesiones o por solicitud del mismo número de asambleístas que se requiere para la mayoría absoluta.

Durante el receso parlamentario todas las actividades administrativas, de gestión y funcionamiento se mantendrán; para el efecto, se dispondrá de los recursos humanos necesarios para garantizar el idóneo, eficiente y eficaz funcionamiento de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional podrá reunirse en Períodos ordinarios y extraordinarios de sesiones.

Períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea Nacional son aquellos en que se reúnen las y los asambleéstas, dos veces al año, con recesos de quince días cada uno, para tratar asuntos de su competencia, de conformidad con la Constitución de la República y esta Ley.

Período extraordinario de sesiones de la Asamblea Nacional es el que se reúne para conocer y resolver, exclusivamente, los asuntos específicos señalados en la convocatoria, de acuerdo a la Constitución de la República.

Cuando se convoque a la Asamblea Nacional a un Período extraordinario de sesiones, no podrá convocarse a otro simultáneo, salvo los casos de inminente agresiín externa, de guerra internacional o grave conmoción o catástrofe interna.

Durante los Períodos de receso, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, por sé o a petición de la mayoría de sus miembros, o de la Presidenta o Presidente de la República, podrá convocar a Períodos extraordinarios de sesiones. Dicha convocatoria se hará mediante una publicación en los periódicos de mayor circulación en el país, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, por correo electrúnico y en el portal web oficial de la Asamblea Nacional. Las sesiones extraordinarias no implicarán remuneración extraordinaria alguna.

Cuando la Asamblea Nacional sea convocada para un Período extraordinario de sesiones, se sujetará a las mismas normas previstas para los Períodos ordinarios y no se procederá a la elección de nuevas dignatarias o dignatarios.

Durante el decurso de los recesos legislativos, los plazos o términos de los trámites ordinarios para la aprobación de leyes se suspenderán.

Durante el decurso de los recesos legislativos, los plazos o términos de los trámites de proyectos de urgencia en materia económica, no se suspenderán.

Si durante un Período extraordinario de sesiones se produjere una agresiín externa, guerra internacional, grave conmoción o catástrofe interna, calificada por las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional clausurará dicho Período extraordinario, y de inmediato, convocará a un nuevo Período extraordinario para cuya instalación no necesitará el cumplimiento del plazo establecido en el inciso primero del artículo anterior.

Se entenderá por sesión virtual, aquella reunión que se realiza desde distintos puntos del territorio nacional, de forma remota, utilizando cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación asociadas a la red de Internet que garanticen la posibilidad de interacción en audio y video, simultánea y en tiempo real entre los miembros del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional.

El procedimiento para las sesiones virtuales será establecido en el reglamento que se dicte para el efecto.

Esta modalidad de sesiones se realizará de manera excepcional por causas de fuerza mayor, caso fortuito o que lo justifiquen.

Cualquiera que hubiere sido el antecedente para la convocatoria a un Período extraordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional tiene facultad para resolver su suspensión o clausura, en el momento en que crea conveniente.

Las y los asambleístas serán notificados del orden del día, con los documentos que sustenten los puntos para tratar, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, a través del portal web oficial de la Función Legislativa y de los correos electrónicos institucionales. Una vez instalada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional con el cuórum establecido, se dará lectura al orden del día propuesto por la Presidenta o el Presidente.

El orden del día propuesto podrá ser modificado, previa petición escrita presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional con al menos veinticuatro horas de anticipación para la instalación de la sesión, con la firma de al menos el 10 % de las y los asambleístas. Cada asambleísta solo podrá apoyar una propuesta de modificación por sesión. El ponente podrá fundamentar su solicitud por un lapso de hasta tres minutos. A continuación, y sin debate, las mociones serán aprobadas o improbadas, por decisión de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el orden del día, este no podrá ser modificado. En cada sesión podrán tratarse hasta tres pedidos de cambios del orden del día que serán incorporados conforme su orden de presentación ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional.

Si en una sesión no se agota el debate de todos los temas del orden del día, los no tratados serán abordados de preferencia en la siguiente sesión. En ningún caso el plazo para el tratamiento de los puntos pendientes podrá exceder el plazo de treinta días.

Igual procedimiento se observará en el Consejo de Administración Legislativa y las comisiones especializadas, con la salvedad de que sus sesiones serán convocadas con por lo menos veinticuatro horas de anticipación a su celebración, tratándose de ordinarias y de por lo menos tres horas en caso de sesiones extraordinarias del Consejo de Administración Legislativa. Los cambios de orden del día en estos casos se presentarán con el apoyo de una legisladora o legislador integrante del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones, hasta doce y dos horas de anticipación previo a la hora de instalación de la sesión, respectivamente.

La convocatoria a sesión de pleno de la Asamblea Nacional, prima sobre la convocatoria de las sesiones de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales. El Presidente de una comisión especializada no podrá convocar a sesión de la comisión especializada, permanente u ocasional simultáneamente y mientras se encuentre sesionando el Pleno de la Asamblea Nacional.

Las y los asambleístas sesionarán con puntualidad, en el día y hora establecidos en la convocatoria, a fin de cumplir con la gestión parlamentaria.

La Secretaria General y las y los secretarios relatores de cada comisión, registrarán la asistencia de las y los asambleístas, con la finalidad de sancionar a quienes se hayan retrasado o hayan faltado de forma injustificada, de conformidad con la Ley y el reglamento interno respectivo.

Cuando existan circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o que lo justifiquen, el Consejo de Administración Legislativa podrá acordar que se realicen convocatorias a sesiones virtuales y se aplique la modalidad el teletrabajo emergente; para lo cual el Consejo de Administración Legislativa emitirá el reglamento pertinente.

Para intervenir en los debates, las y los asambleístas deberán pedir la palabra a la Presidencia. Las y los asambleístas que intervengan en el Pleno o en las comisiones especializadas no podrán ser interrumpidos en su elocución. Para el efecto, se publicarán en las pantallas del Pleno y de las comisiones especializadas los nombres y orden de intervención de cada una o uno de los asambleístas que solicitaron la palabra.

Durante el debate las y los legisladores, podrán presentar mociones, puntos de orden o puntos de información, con su respectiva fundamentación.

En el Pleno de la Asamblea Nacional, una o un asambleísta podrá intervenir máximo dos veces en el debate sobre un mismo tema o moción, durante diez minutos en la primera ocasión, y cinco minutos en la segunda. Las intervenciones podrán ser leídas o asistidas por medios audiovisuales.

Las o los presidentes de las comisiones especializadas o quienes ellos deleguen, podrán presentar o exponer el proyecto de ley en primero y segundo debates por un lapso de quince minutos.

Los y las asambleístas cuya lengua materna no sea el castellano, podrán realizar su intervención en su lengua y luego podrán traducirla al castellano en un tiempo máximo de diez minutos adicionales. Cuando en el Pleno de la Asamblea Nacional se debatan resoluciones, las y los asambleístas podrán intervenir por una sola vez durante cinco minutos. En el caso de que la intervención se realice en su lengua materna, que no sea el castellano, podrán efectuar la traducción en un tiempo máximo adicional de dos minutos.

La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional o de las comisiones especializadas, en su caso, procurarán la participación de asambleístas de diversas tendencias políticas.

Si una o un asambleésta se expresare en términos inadecuados o se apartare del tema que se debate, será llamado al orden por la Presidenta o Presidente, quien podrá dar por terminada su intervención.

La o el asambleísta podrá solicitar la palabra por una sola vez cuando hubiere sido aludido personalmente.

El momento en que deba intervenir será decisión de la Presidencia.

La intervención de la o el asambleísta aludido, se realizará por un tiempo máximo de cinco minutos.

Cuando la Presidenta o Presidente juzgue que un asunto ha sido analizado y discutido suficientemente, previo anuncio, dará por terminado el debate y ordenará, de ser el caso, que se proceda a votar, cualquiera fuere el número de asambleéstas que hubieren solicitado la palabra.

Si la discusión de un asunto se suspendiere en una sesión para continuar en otra, la o el asambleésta que en la sesión anterior hubiere hecho uso de la palabra por dos veces, sobre dicho asunto, no podrá intervenir nuevamente, salvo que hubiere quedado en uso de la palabra al suspenderse la discusión, en cuyo caso, tendrá preferencia para reanudar el debate.

Las y los asambleístas tienen derecho a presentar mociones, las cuales una vez argumentadas y apoyadas serán entregadas por escrito a la Secretaría General, a través del Sistema de Gestión Documental.

Las mociones presentadas, apoyadas y argumentadas serán aprobadas con el voto favorable de la mayoría absoluta de integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional, excepto en los casos en los que se requiera otro tipo de mayoría conforme con esta Ley.

Mientras se discute una moción no podrá proponerse otra, sino en los siguientes casos:

1. Sobre una cuestión previa, conexa con lo principal que, en razón de la materia, exija un pronunciamiento anterior;

2. Para que el asunto pase a la comisión especializada;

3. Para que se suspenda la discusión; y,

4. Para modificarla o ampliarla, previa aceptación del proponente.

En caso de no ser aceptada por el proponente, una vez negada la moción principal, se pasará a discutir la modificatoria y/o la ampliatoria siempre que no altere su sentido, si fuere aprobada.

Estas mociones tendrán prioridad según el orden indicado. La Presidenta o Presidente calificará la naturaleza de tales mociones.

La Presidenta o Presidente calificará la naturaleza de las mociones de conformidad con los siguientes criterios:

1. Las mociones previas suspenderán el debate hasta que haya un pronunciamiento sobre ellas;

2. Las mociones dirigidas a suspender la discusión podrán ser admitidas a trámite, únicamente cuando a criterio de la Presidencia, se requiera de elementos de juicio que, por el momento, no están disponibles; y,

3. La moción de que un asunto pase a una comisión especializada, solo podrá tramitarse cuando la Presidencia lo estime necesario.

Cualquier asambleésta que estime que se están violando normas de procedimiento en el trámite de las sesiones podrá pedir, como punto de orden, la rectificación del procedimiento y el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. La intervención del punto de orden deberá iniciar con el señalamiento de la disposición que se estime violada, caso contrario la Presidenta o Presidente suspenderá de forma inmediata el uso de la palabra, en caso de estar fundamentada la intervención, el asambleésta tendrá un tiempo máximo de hasta tres minutos.

Cualquier asambleísta que considere necesario precisar, corregir, aclarar un dato o aspecto específico, con el propósito de evitar desviaciones en el debate, podrá pedir punto de información e intervenir hasta tres minutos.

La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional o quien se encuentre dirigiendo la sesión, no podrá presentar mociones ni participar en el debate; si deseare hacerlo, deberá encargar la Presidencia a los vicepresidentes, en su orden; y, si éstos desearen participar en el debate, a alguna de las o los vocales del CAL.

Las presentes disposiciones también serán observadas en las comisiones especializadas y en el Consejo de Administración Legislativa, en lo pertinente.

Un asambleésta podrá apelar la Presidencia, cuando considere que ésta ha vulnerado las normas procedimentales establecidas en esta Ley. En este caso la Presidenta o Presidente encargará la dirección de la sesión a quien corresponda; el apelante tendrá hasta tres minutos para presentar y justificar la apelación y el apelado podrá en igual tiempo, contestar la apelación. A continuación, la Presidenta o Presidente actuante, sin debate, dispondrá que se vote. Si la apelación es negada la Presidenta o Presidente reasumirá la dirección de la sesión; y si es aceptada, continuará la sesión con la Presidenta o Presidente actuante hasta su culminación, reintegróndose el titular en la sesión siguiente.

No podrá haber más de una apelación a la Presidencia en una sesión y no podrá apelarse a quien actúe como Presidenta o Presidente durante el trámite de la apelación. El apelante cuya apelación no sea aceptada no podrá apelar a la Presidencia en las tres sesiones siguientes.

Las presentes disposiciones también serán observadas en las comisiones especializadas y en el Consejo de Administración Legislativa, en lo pertinente.

Las deliberaciones y resoluciones del Pleno de la Asamblea Nacional y de las comisiones especializadas se conservarán íntegramente en grabaciones de voz o de imagen y voz.

En caso de existir divergencias entre las actas y las grabaciones de voz o de imagen y voz, prevalecerán estas últimas.

La o el Secretario General y las y los secretarios de las comisiones serán responsables del archivo físico y digital durante el ejercicio de sus cargos, el que entregarán, de manera periódica, a las respectivas unidades administrativas para garantizar el archivo histórico institucional. Asimismo, lo entregarán a quienes los reemplacen en el cargo, de conformidad con las disposiciones institucionales.

La votación es el acto colectivo por el cual el Pleno de la Asamblea Nacional declara su voluntad; en tanto que, voto es el acto individual por el cual declara su voluntad cada asambleísta.

El voto se podrá expresar, previa determinación de la Presidenta o del Presidente, o por decisión de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, en las siguientes formas:

1. De forma ordinaria: a través del tablero electrónico o medios telemáticos; y, en caso de que no esté disponible, se lo hará levantando la mano. La votación por medios telemáticos se aplicará en caso fortuito, fuerza mayor o por circunstancias que lo justifiquen; para la participación de las y los asambleístas de las circunscripciones del exterior que se encuentren en su jurisdicción, luego de los primeros seis meses de gestión legislativa; y, por enfermedad grave. No se podrá combinar la votación manual y electrónica en una misma votación.

2. De forma nominativa: mediante lista y en estricto orden alfabético, las y los asambleístas presentes tienen la obligación de expresar su voto, sin argumentación alguna, al ser mencionados. Solamente aquellos asambleístas a quienes se haya omitido o no hayan estado presentes al momento de ser mencionados, podrán consignar su voto en un segundo llamado;

3. De forma nominal: mediante lista y en estricto orden alfabético, las y los asambleístas presentes tienen la obligación de expresar su voto. Cada asambleísta dispondrá, si así lo desea, de un máximo de tres minutos para justificar su voto, sin derecho a réplica o contrarréplica. Solamente quienes cuyo nombre haya sido omitido o no han estado presentes al momento de ser mencionados, podrán consignar su voto en un segundo llamado.

Las y los asambleístas que tengan conflicto de intereses en la aprobación de un proyecto de ley o de una resolución, se abstendrán en la votación, sin perjuicio de que principalicen a su suplente o alterno, según corresponda.

El voto podrá ser afirmativo, negativo, de abstención y en blanco. En este último caso, estos votos se sumarán a la votación mayoritaria, y se computarán para la conformación de la mayoría absoluta.

Las mismas normas se observarán, en lo que sea aplicable, en las comisiones especializadas y en el Consejo de Administración Legislativa, en cuyo caso, serán las presidentas o los presidentes quienes establezcan el tipo de votación y la mayoría de asambleístas, quienes puedan modificar esa disposición.

Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión, de conformidad con esta Ley.

Concluida una votación, la secretaría General de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas contabilizará los votos y previa disposición de la Presidencia, proclamará los resultados.

Las secretarías de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones especializadas llevarán un registro de las votaciones y serán publicadas en el portal Web oficial de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas luego de concluida la sesión.

Cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación, la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas, en la misma o en la siguiente sesión.

La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado.

Cuando hubiere duda acerca de la exactitud de los resultados proclamados en la votación, cualquier asambleésta podrá pedir la comprobación o rectificación de la misma. El procedimiento se realizará por una sola vez, en la misma forma en que se tomó la primera votación; en cuyo caso, sólo podrán votar las y los asambleéstas que hubieren estado presentes en la primera votación.

La comprobación o rectificación de la votación, podrá ser solicitada por una vez y siempre que se lo haga, inmediatamente después de proclamado el resultado.

Las y los asambleístas, en la sede de la Asamblea Nacional tienen asignado, en cada curul, un dispositivo electrónico que facilita el acceso de voz; permite constatar la presencia en el Pleno de la Asamblea Nacional para efectos de la verificación del cuórum; y, ejercer el derecho al voto.

Cada curul tiene asignado un número que identifica a las y los asambleístas. Las autoridades de la Asamblea Nacional ejercerán su derecho al voto electrónico desde las bases de registro y voto electrónicos asignados.

La Asamblea Nacional adaptará el mecanismo para la implementación de una curul que habilite la participación de las y los asambleístas de las circunscripciones del exterior, conforme con las disposiciones establecidas en esta Ley y la reglamentación respectiva.

Las y los asambleístas tendrán, además, una tarjeta de identificación para el ingreso a las instalaciones de la Asamblea Nacional y será de uso personal.

Los y las asambleístas registrarán su huella digital y usarán el dispositivo electrónico asignado a la curul para su participación en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. En caso de participación telemática el registro se realizará de conformidad con el procedimiento interno establecido para el efecto.

Para el caso de las sesiones virtuales, las y los asambleístas tendrán asignado un acceso a una conexión remota a su curul electrónica, que facilite y garantice a través de audio y vídeo en tiempo real, la constatación de su presencia o verificación del cuórum, así como el ejercicio de su derecho al voto en las sesiones del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional.

Para el funcionamiento y administración de la conexión por medios remotos a la curul electrónica en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, se estará a lo dispuesto en el Reglamento respectivo.

La conexión remota a la curul electrónica, permitirá el acceso desde distintos puntos del territorio nacional, entre otros, a los siguientes procesos:

1. Registro y verificación de cuórum o presencia virtual de las y los asambleístas en el Pleno, Consejo de Administración Legislativa o las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional a través de los medios de autenticación que sean determinados por la Unidad administrativa responsable.

2. Registro de la votación de los asambleístas, en las formas y de acuerdo con el trámite correspondiente previsto en esta Ley;

3. Distribución digital de documentación de acuerdo con la convocatoria;

4. Registro y verificación de petición de la palabra de cada asambleísta;

5. Registro y verificación de la petición de punto de información, punto de orden del día y derecho a réplica en caso de alusión, requerida por cada asambleísta;

6. Ingreso por bandeja digital de las mociones, solicitudes de cambio de orden del día, proyectos de resoluciones y demás documentación relacionada con el desarrollo de la sesión virtual; y,

7. Registro que detalle el tiempo de la intervención de cada asambleísta, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

En las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, las y los asambleístas deberán utilizar exclusivamente el dispositivo electrónico asignado a la curul. En caso de abandonar la Sala de Sesiones del Pleno, durante la sesión, la o el asambleísta registrará asimismo, su huella digital.

La ausencia en las sesiones será sancionada de conformidad con esta Ley.

Las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y de las comisiones serán públicas. Se permitirá a la ciudadanía el seguimiento a las sesiones a través de los canales de comunicación de la Asamblea Nacional y las comisiones.

En casos excepcionales, por motivos de seguridad nacional, previa calificación del Pleno de la Asamblea Nacional y con el voto favorable de la mayoría absoluta, podrá declararse la reserva de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y su información. En el caso de las comisiones especializadas, la declaración de reserva se calificará con la mayoría absoluta de sus miembros.

Para garantizar la transparencia, toda la información y documentación estará a disposición de la ciudadanía a través del portal web oficial de la Asamblea Nacional; se garantizará su difusión en los idiomas oficiales de relación intercultural y el acceso de personas con deficiencias auditivas o visuales.

Para cumplir sus responsabilidades de comunicación y transparencia, la Función Legislativa podrá hacer uso de las franjas gratuitas que le corresponden al Estado en los medios de comunicación.

La Asamblea Nacional contará con un Sistema de Información Legislativa, SIL, mismo que funcionará como una herramienta de comunicación multimedia, para la difusión de las actividades que cumple la Función Legislativa. Se regirá por los principios de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con la Constitución de la República, las normas internacionales y la legislación nacional.

El Sistema de Información Legislativa de la Asamblea Nacional estará integrado por los medios institucionales de radio, televisión y el portal web oficial. Se administrarán sobre la base de los principios de transparencia, parlamento abierto, oportunidad y objetividad en la información.

El Sistema, integrará las publicaciones que sean necesarias, con temas de carácter educativo, destinadas a los diferentes estratos de la población.

El Sistema de Información Legislativa prestará una atención ágil y oportuna a las y los asambleéstas, las y los periodistas y comunicadores sociales acreditados ante la Asamblea Nacional y a las ciudadanas y ciudadanos que requieran de sus servicios.

Como parte del Sistema de Información Legislativa, en el portal web oficial de la institución se integrará y organizará toda la secuencia del trámite de los proyectos de ley, desde su presentación hasta la promulgación en el Registro Oficial, así como la información sobre los procedimientos de control polético y enjuiciamientos poléticos que se realizaren, para conocimiento de las ciudadanas y ciudadanos.

El Sistema de Información Legislativa contendrá además, en forma digitalizada, todos los documentos de soporte de los procesos legislativos y de fiscalización, incluidas las respectivas grabaciones de audio y vídeo relativas a los temas en debate, las mismas que estarán a disposición de quien las solicite.

La información sobre leyes y resoluciones se difundirá, en los idiomas oficiales de relación intercultural y, de ser posible, en otras lenguas ancestrales, a excepción de la información que no pueda ser divulgada de acuerdo con la Ley.