¿Libre competencia o intervención regulatoria? Límites a la intervención estatal según la interpretación prejudicial 13-IP-2023 del TJCA

AutorChristian Razza
CargoAsociado en CorralRosales

El 5 de junio de 2025, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (“Tribunal” o “TJCA”) emitió una interpretación prejudicial que reconfigura el delicado equilibrio entre la regulación estatal y la libre competencia dentro del transporte aéreo subregional[1]. La consulta fue formulada por el Consejo de Estado de Colombia, en el marco de una controversia sobre la legalidad de la Resolución 890 de 2010, emitida por la Aeronáutica Civil (“Aerocivil”) de dicho país. Esta norma obligaba a las aerolíneas a publicar sus tarifas también en agencias de viajes, al mismo precio que en sus canales directos de venta.

Este fallo redefine los márgenes de acción de los Estados miembros en tres dimensiones clave:

  • Las facultades correctivas de los Estados bajo el artículo 94 del Acuerdo de Cartagena.
  • La regulación tarifaria en el sector del transporte aéreo conforme a la Decisión 582[2].
  • Los límites regulatorios derivados de la obligación de no distorsionar la libre competencia, según el artículo 36 de la Decisión 608[3].
  • La Resolución 890/2010 y su controversia
  • La Aerocivil emitió el 23 de febrero de 2010 la Resolución 890/2010 con la intención de garantizar la transparencia tarifaria y evitar prácticas discriminatorias entre canales de venta. Sin embargo, esta medida fue impugnada en 2021 por la aerolínea Avianca y otras 18 aerolíneas por considerar que:

  • Suponía una intervención injustificada en la libertad contractual.
  • Limitaba la competencia al impedir prácticas tarifarias diferenciadas por canal.
  • Violaba el artículo 94 del Acuerdo de Cartagena, que impone restricciones a las medidas correctivas que puedan afectar la libre competencia regional sin autorización de la Secretaría General de la Comunidad Andina (“SGCA”).
  • Aerocivil respondió defendiendo su competencia regulatoria en un servicio público como el transporte aéreo, argumentando que la resolución perseguía fines legítimos de política pública como la transparencia y la protección al consumidor.

  • Medidas correctivas y potestad estatal: ¿intervención legítima o distorsión prohibida?
  • Una de las principales interrogantes resueltas por el TJCA fue si la Resolución 890/2010 podía calificarse como una “medida correctiva” en los términos del artículo 94 del Acuerdo de Cartagena, el cual prohíbe a los países miembros adoptar medidas de esa naturaleza sin autorización previa de la SGCA.

    El Tribunal sostuvo que el concepto de “medida correctiva” debe leerse en clave sistemática con las Decisiones 283[4], 284[...

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