Miradas de los feminismos a la justicia penal. Límites y posibilidades para la protección y respuesta eficiente a los conflictos de personas en situación de violencia de género

Páginas10-26
Fecha01 Julio 2023
Fecha de publicación01 Julio 2023
AutorAna Clara Piechestein,Marta Monclús Masó,Jésica Brigandi,Quimey Martinez Magarzo
MateriaCiencias sociales
Miradas de los feminismos a la justicia penal
10 CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 19 (Julio, 2023): 10-26
ISSN Impreso 1390-8863 ISSN Digital 2737-6133
Cálamo 19
Julio 2023
* Ana Clara Piechestein es master en Justicia Penal por la Universidad Rutgers (Estados Unidos de América) y abogada con orientación en Derecho
Penal por la Universidad de Buenos Aires. Fue becaria de la comisión Fulbright y la DAAD. Es profesora adjunta interina de la Universidad Nacional
de José C. Paz y docente de posgrado en varias universidades. Es autora de numerosas publicaciones sobre criminología feminista, prisión y justicia
penal. Se ha desempeñado como directora de abordaje integral de femicidios, travesticidios y delitos sexuales del Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad de la Nación; y es activista feminista. Correo electrónico: anaclara.piechestein@gmail.com
** Marta Monclús Masó es doctora en Derecho y master en “Sistema penal y problemas sociales” por la Universidad de Barcelona. Es profesora adjunta
interina de la Universidad Nacional de José C. Paz y docente de posgrado en varias universidades. Es autora de numerosas publicaciones acerca del
sistema penal, la cuestión carcelaria y el tratamiento punitivo de la inmigración. Desde el año 2006 es directora del Observatorio de Cárceles Federa-
les de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Correo electrónico: marta.monclus.maso@gmail.com
*** Jésica Brigandi es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires, y se encuentra cursando la especialización en Derecho Penal y Criminología
en la UNLZ. Es docente en la Universidad Nacional de José C. Paz e investigadora en formación en la misma institución. Sus trabajos se orientan a la
investigación y diseño de líneas de gestión pública en materia de política criminal y de acceso a derechos.
Correo electrónico: jesicabrigandi@gmail.com
**** Quimey Martinez Magarzo es abogada penalista por la Universidad de Buenos Aires, magíster en derechos humanos y políticas sociales por la Uni-
versidad de San Martín y maestranda de Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-penal en la Universidad de Barcelona. Trabaja en el
poder judicial de Argentina e investiga las intersecciones entre los feminismos, los cuerpos, los sentidos y los procesos penales.
Correo electrónico: quimeymartinez@gmail.com
Cómo citar este artículo: Piechestein, Ana Clara; Monclus Masó, Marta; Brigandi, Jésica y Quimey Martinez Magarzo. 2023. “Miradas de
los feminismos a la justicia penal. Límites y posibilidades para la protección y respuesta eciente a los conictos de personas en situación
de violencia de género”. Revista de estudios jurídicos Cálamo, n.o 19: 10-26.
MIRADAS DE LOS FEMINISMOS A LA JUSTICIA PENAL
Límites y posibilidades para la protección y respuesta eciente a los conictos
de personas en situación de violencia de género
FEMINIST VISIONS OF CRIMINAL JUSTICE
Limitations and possibilities for the protection and ecient conict approach
for victims of gender-based violence
OLHARES DO FEMINISMO À JUSTIÇA PENAL
Limites e possibilidades para a proteção e resposta eciente aos conitos
de pessoas em situação de violência de gênero
Recibido: 29/IV/2023
Aceptado: 26/VI/2023
Resumen
América Latina, y Argentina en particular, han sido es-
cenarios del uso de la penalidad para promover avances en
los derechos de mujeres y colectivo LGBTIQ+ por parte de
algunos sectores de sus masivos movimientos. No obstante,
las exigencias de los feminismos no se han limitado a abor-
dajes punitivos, sino que se han extendido hasta cuestionar
el concepto vigente de justicia como modo de resolución
de conictos, y la institución de la prisión como respues-
ta homogénea a las violencias. Esta investigación propone
observar, desde una mirada feminista y criminológica, los
usos del sistema penal para la protección de personas en
situación de violencia de género (VDG), pero también sus
límites y la necesidad de establecer otras formas no puniti-
vas y más ecaces de abordaje de los conictos.
Palabras clave: Violencia de género; Punitivismo;
Mecanismos de gestión de conictos; Protección de
derechos; Percepciones organizaciones sociales
Abstract
Latin America and specically Argentina, have
experienced the use of criminality to promote advances
in women’s and LGBTIQ+ rights by some sectors of its
massive movements. However, the demands of feminisms
have not been limited to punitive approaches but have
extended to questioning the current concept of justice as a
means of conict resolution, and the institution of prison as
a homogeneous response to violence. is research aims to
Ana Clara Piechestein*, Marta Monclus Masó**, Jésica Brigandi*** Quimey Martinez Magarzo****y
Ana Clara Piechestein, Marta Monclus Masó, Jésica Brigandi y Quimey Martinez Magarzo
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observe, from a feminist and criminological perspective, the
uses of the criminal law system for the protection of people
in situations of gender-based violence (GBV) and identify
its limits and the need to establish other non-punitive and
more eective ways for addressing conicts.
Keywords: Gender-based violence; Punishment; Conict
resolution mechanisms; Rights protection; Perceptions of
social organizations
Resumo
América Latina, e Argentina em particular, foram
cenários do uso da penalização para promover avanços em
ralação ao direito das mulheres e coletivo LGBTIQ+ por
1 En este trabajo se presentan algunos avances de una investigación de tipo exploratorio que se halla en curso. Por ello, las reexiones que se presentan
deben ser entendidas como preliminares. De la misma participan, además de las autoras de este trabajo, las docentes e investigadoras de la Universidad
Nacional de José C. Paz (UNPAZ) Lucía Castro Feijóo, Gabriela Pagés y Teresa Ferrería. El proyecto que la enmarca se titula Reformas legales, justicia
penal y encarcelamiento: implicaciones prácticas, persistencias y adaptaciones, y es dirigido por Gabriel I. Anitua y Mariano Sicardi dentro del Instituto
Interdisciplinario de Estudios Constitucionales (IIEC) de UNPAZ.
parte de alguns setores de seus movimentos massivos. Não
obstante, as exigências dos feminismos não se limitaram
a cenários punitivos, mas se estenderam até questionar o
conceito vigente de justiça como um modo de resolução
de conitos, e a instituição da prisão como resposta
homogênea as violências. Esta pesquisa propõe observar,
desde uma ótica feminista e criminológica, os usos do
sistema penal para a proteção de pessoas em situação de
violência de género (VDG), mas também, seus limites e a
necessidade de estabelecer outras formas não punitivas e
mais ecazes de abordagem dos conitos.
Palavras-chave: Violência de género; Punitivismo;
Mecanismos de gestão de conitos; Proteção de direitos;
Percepções organizações sociais
INTRODUCCIÓN
A partir de la segunda década del presente siglo,
cuando comenzaron a prosperar en nuestro país las le-
gislaciones penales especícas para la criminalización
de las violencias por motivos de género, estamos asis-
tiendo a debates cada vez más extendidos en torno a las
vinculaciones entre movimientos y reivindicaciones
feministas y sus eventuales proyecciones especícas
en el campo penal, o su formulación a través de los
esquemas y lenguajes de la penalidad.
Este trabajo se inserta en la discusión que se ha dado
al interior del movimiento feminista en la última dé-
cada sobre los usos del sistema penal para abordar las
violencias contra las mujeres y colectivo LGBTIQ+,
situándonos en el contexto de América Latina, y de
Argentina en particular, sobre todo a partir del año
2013, con el dictado del Fallo Góngora de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación: un punto crucial en
la línea de tiempo de la década mencionada.
En estos territorios las exigencias de los feminismos
no se han frenado en los límites que imponen los abor-
dajes punitivos, sino que también han cuestionado la
conguración y el funcionamiento patriarcal de la ins-
titución judicial y su inecacia para la resolución de
los conictos que afectan a las mujeres y diversidades.
Los feminismos también han cuestionado la respuesta
punitiva y el incremento de penas como pretendida
solución frente a la violencia de género, señalando el
carácter estructural de las violencias que atraviesan las
vidas de las mujeres y colectivo LGBTIQ+ y la necesi-
dad de abordajes más amplios.
La investigación1 se propone el objetivo de conocer
cómo perciben a la justicia penal las organizaciones
sociales feministas, comunitarias y/o políticas que
acompañan a personas en situación de violencia de
género (VDG, en adelante), cuáles son sus demandas
y los obstáculos que identican en cuanto a la ecacia
de la respuesta penal, sobre todo en lo que se rere
a las medidas de protección de quienes denuncian,
así como para explorar la pertinencia y viabilidad de
medidas de apoyo y acompañamiento a personas en
situación de VDG distintas a las que ofrece la institu-
ción judicial.
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ABORDAJE METODOLÓGICO
2 El criterio de elección de las organizaciones no se circunscribió solo a organizaciones que se reconocieran como feministas, sino que se incluyeron en el
corpus para el trabajo de campo otros tipos de colectivos más amplios en su posicionamiento ideológico (cooperativas, centros culturales y/o sociales,
etc.). La razón de esta decisión es poder analizar comparativamente las distintas visiones respecto del problema planteado como objeto de investigación.
3 La epistemología feminista, tiene como uno de sus postulados centrales la crítica de la supuesta objetividad de la ciencia y sostiene la noción del sujeto
conocedor situado. Las investigaciones formuladas a partir de ese marco, siguiendo a Nicolás Lazo (2009), explicitan las motivaciones políticas y/o
ideológicas de quienes las plantean, incluyen las emociones del sujeto investigador junto con los aspectos racionales, reconoce la agencia de los sujetos
de conocimiento y equipara la autoridad epistémica entre quienes investigan y quienes son sujetos de estudio, valorizando el procedimiento de creación
del conocimiento frente al apriorismo positivista.
4 https://www.facebook.com/matices.centro/?locale=es_LA
5 https://ccgallorojo.wordpress.com/
6 http://redelencuentro.blogspot.com/
7 https://www.facebook.com/centrocomunitarioparatodostodo.bo/
8 https://www.facebook.com/espaciodegenerointegral/?locale=es_LA
Para abordar los objetivos de la investigación
utilizamos una metodología cualitativa, consistente
en la realización de dos grupos focales en los que par-
ticiparon integrantes de cuatro organizaciones; dos
de ellas que especícamente acompañan a mujeres en
situación de violencia de género, y otras dos organi-
zaciones comunitarias que trabajan con jóvenes en el
territorio2. En total, participaron siete integrantes de
estas organizaciones. La metodología del grupo focal
fue evaluada como el abordaje más apropiado para
conocer las percepciones de las personas que las in-
tegran, puesto que nos permitió mantener un diálogo
descontracturado y enriquecedor, así como propiciar
el intercambio en clave colectiva, alineado con los mé-
todos de investigación feministas3.
Como primer paso, se trabajó con la técnica de bola
de nieve para identicar organizaciones sociales y
comunitarias con anclaje territorial que acompañan
a personas en situación de VDG en la Provincia de
Buenos Aires, el distrito más extenso y más densamente
poblado de la Argentina; enfocándonos en los territo-
rios de San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas,
Pilar y Moreno, por su cercanía con la Universidad de
José C. Paz. Se tomó contacto con cuatro colectivos: i)
Matices4, un centro de acompañamiento psicosocial y
asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violen-
cia de género, que funciona en la localidad de Moreno,
a través de un equipo interdisciplinario trabajan en la
promoción de derechos y cuenta con un programa
socio-educativo para varones, desde el cual abordan
a los varones denunciados, a través de un grupo y
equipo especíco para trabajar las masculinidades;
ii) el Gallo Rojo,5 es un centro comunitario de Bella
Vista que forma parte de la Red El Encuentro de José
C. Paz6 y trabaja con los jóvenes del Barrio Obligado,
realizando distintas actividades como murga, grupo
de mujeres, radio, carpintería, teatro, asamblea y
apoyo escolar; iii) el Centro Comunitario Para Todes
Tod o 7, organización de Bella Vista, que también inte-
gra la Red El Encuentro; iv) la Cooperativa de trabajo
Frida Kahlo, de San Miguel, un espacio de atención
integral que cuenta con equipos interdisciplinarios
que acompañan a personas en situaciones de violencia
por motivos de género8.
Como disparador inicial de las reuniones de los gru-
pos focales se plantearon dos preguntas: ¿Cuál es la
respuesta que como organización buscan de la jus-
ticia penal cuando acompañan un caso de violencia
de género? y ¿Qué es lo que esperan? A partir de las
respuestas a esos interrogantes, mediante la técnica
de lluvia de ideas o brainstorming, elaboramos una
nube conceptual, donde los términos que aparecieron
fueron: justicia, perspectiva de género, reforma judi-
cial feminista, empatía, rapidez, simpleza explicativa,
comunicación directa, Ley Micaela.
Los grupos focales fueron grabados y luego sus in-
tervenciones fueron transcritas textualmente para su
posterior análisis, mediante una matriz conceptual
en la que se identicaron algunas de las dimensiones
que se presentan en este artículo. Partimos de la hi-
pótesis de que las respuestas a los casos de violencias
por motivos de género de la administración de justi-
cia penal no resultan abarcativas de todas las aristas
que están presentes en las demandas, y ello sucede,
no sólo por falencias propias del Poder Judicial y sus
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operadores, sino también, porque el abanico de medi-
das de protección y de reparación podría ser elaborado
9 Por ejemplo, el uso de una categoría tan potente y compleja como la de feminicidio/femicidio, tomada de conceptualizaciones sociológicas y antropo-
lógicas como la acuñada por la feminista mexicana Marcela Lagarde (2006), fue un instrumento poderoso de visibilización en el debate público de las
muertes de mujeres como hechos intolerables en una sociedad democrática, que contribuyó a la conformación o consolidación de colectivos feministas,
como el Ni Una Menos. En este sentido, arma Nuñez: “la criminalización no es solamente la adición de nuevos comportamientos al catálogo de delitos
en un código penal sino la conceptualización cognitiva que crea conocimiento nuevo en torno a estas acciones y situaciones.” (2019, 207).
redeniendo esas interpelaciones y la mirada sobre la
gestión del conicto.
INTERSECCIONES ENTRE JUSTICIA PENAL, PUNITIVISMO Y
MOVIMIENTOS FEMINISTAS
Desde sus inicios los feminismos organizados han
dirigido sus esfuerzos a denunciar la exclusión de las
mujeres y otros grupos socialmente relegados como
sujetos de derechos civiles y políticos en las declara-
ciones de derechos y otros instrumentos legales que
cristalizaban la negación de ciudadanía, poniendo de
maniesto el androcentrismo implícito en categorías
con pretensión de universalidad (Heim 2019). Pero
junto con importantes conquistas en el plano legal
en su haber, las tensiones de los feminismos con las
herramientas jurídicas no demoraron en llegar, con-
gurando una relación compleja de contradicciones y
paradojas con el Derecho que perdura hasta nuestros
días. Uno de los principales dilemas planteados por
feminismos jurídicos o la teoría legal feminista, ins-
criptos en la tradición liberal iluminista e igualitaria,
ha sido que los cambios logrados a partir de la crítica
a la supuesta neutralidad del Derecho como una for-
ma de no reconocer las relaciones de poder entre los
géneros y la consecuente sanción de leyes especiales
como parte de la creación de un Derecho que partiera
desde el punto de vista de las mujeres (MacKinnon
1995) o de una concepción sexualmente diferenciada
de la ciudadanía (Moue 1993) no eximen al Derecho
de ser un instrumento de opresión patriarcal.
Tempranamente, la criminóloga italiana Tamar Pitch
(2003) planteó la pregunta acerca de qué torna a la jus-
ticia penal una solución más atractiva o más accesible
que otras para los nuevos movimientos sociales, como
los feminismos, marcando con ello la importancia
de analizar los impactos del giro punitivo (Garland
2001) en éstos. Pitch advertía que la solución penal
aparece como consecuencia necesaria al construir
un problema en términos de delito. Pero ¿por qué
construir los problemas sociales en términos de de-
lito? ¿Cuál es la ventaja? La respuesta se encontraría
en el poder de jerarquización de los conictos que se
le asigna socialmente al Derecho y al sistema de jus-
ticia penal, gracias al uso del potencial simbólico del
Derecho Penal (Bergalli y Bodelón 1992), que implica
“una redenición de lo que hasta el momento ha sido
considerado normal y natural como ‘injusto’, ‘opresi-
vo’, ‘anormal’ y ‘no natural’.” (Pitch 2003, 132)9.
En ese sentido, pensar el problema de la opresión ex-
clusivamente en términos de respuesta penal supone
necesariamente una víctima y un victimario –dada
la asignación de responsabilidad penal en términos
de dicotomía o dinámica binaria–, que desplaza la
atención del aspecto estructural de desigualdad de
poder entre los géneros que está en su base. El des-
plazamiento desde el lenguaje de la opresión hacia
el de la victimización acarrea la instrumentalización
del estatus de la víctima (Iglesias Skulj, 2020): por un
lado, la auto-asunción de ese estatus “parece hoy in-
dispensable para ser reconocidas como protagonistas
e interlocutoras políticas” (Pitch 2020: 25) y, por otro,
queda reducida toda capacidad de acción y de protec-
ción a la denición de sí misma como víctima.
El concepto de feminismo carcelario (carceral femi-
nism) se ha utilizado para criticar la alianza entre los
movimientos feministas y el sistema penal. Acuñado
por Elizabeth Bernstein (2014), el término surgió a
partir de las políticas contra la trata de mujeres con
nes sexuales, que ponían el énfasis en la criminali-
zación como solución del problema de la explotación
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sexual, asociada al discurso de derechos humanos, y
terminaba favoreciendo la consolidación de un para-
digma securitario. En Argentina dicho concepto tiene
un claro ejemplo en el tratamiento que se le ha dado
al trabajo sexual, constantemente empujado por un
sector del movimiento feminista –y cuya perspectiva
han tomado las políticas públicas y la política crimi-
nal– que lo confunde intencionalmente con trata de
personas, para aplicar un disciplinamiento a aquellos
cuerpos que se encuentran trabajando en el mercado
sexual de propia voluntad (Daich 2022).
Tanto en los Estados Unidos como en nuestra región,
algunas de las voces más interesantes que emergieron
para contestar estos discursos provinieron de los fe-
minismos no institucionalizados y las organizaciones
de base, que mostraron la necesidad de una perspec-
tiva interseccional (Crenshaw 1991) para abordar las
relaciones cruzadas entre la violencia interpersonal
y cuestiones como la raza, la clase, la migración, el
desempleo y el encarcelamiento. También académicas
y activistas de variadas orientaciones –feminismos
negros, descoloniales, post-coloniales, de la teoría
queer, la teoría racial crítica, etc.– señalaron los
efectos sociales deteriorantes de las políticas de en-
carcelamiento masivo (Pattillo, Western y Weiman
2004) y de policiamiento de los varones pobres y
LGBTI+ de comunidades racializadas, así como el
impacto diferencial de la criminalización y el castigo
de las propias mujeres (como por ejemplo, la campaña
#GirlsLivesMatter). Beth Richie (2012) apunta justa-
mente a la falta de lectura en clave de raza y clase para
explicar el alineamiento entre el movimiento feminis-
ta y el sistema de justicia penal.
Nuestra región ha sido escenario preferente del uso de
la penalidad para intentar avances en materia de respe-
to por los derechos de mujeres y diversidades por parte
de algunos sectores de sus masivos movimientos10. En
10 En Argentina, entre 2003 y 2015, se aprobaron las principales reformas legales que incorporaron los denominados delitos de género (en general, a través
de agravantes a delitos ya contemplados en el Código Penal), entre las que se destaca la inclusión de la gura del femicidio y los homicidios agravados
por odio al género y la orientación sexual (artículo 80 incisos 4 y 11 del Código Penal) mediante la Ley n.° 26.791 sancionada en el año 2012.
11 Encuentros nacionales y plurinacionales de mujeres, lesbianas, gays, travestis, transexuales, intersex, bisexuales, no binaries, asambleas de organización
de los Paros Feministas del 8 de Marzo, documentos leídos en movilizaciones de fechas relevantes como el 3 de Junio de NUM o de la Campaña por el
aborto legal, seguro y gratuito, reuniones, asambleas, conversatorios y otras instancias de organización.
12 A menos de un mes de su inicio, ya estaban delineados puntos de reclamos detrás de la consigna Ni Una Menos en el Maniesto #1: http://niunamenos.
org.ar/maniestos/3-de-junio-2015/. Si bien existe una pluralidad de comunicados y pronunciamientos de organizaciones y colectivos feministas sobre
estos casos, se tomó el de NUM dado que se consideró como uno de los más amplios en términos de pertenencia política y representativo del conjunto
del movimiento feminista o de los feminismos organizados.
la historia Argentina previa y posterior al movimien-
to iniciado por Ni Una Menos (NUM), a partir de la
indignación por el femicidio de la niña Chiara Páez
en 2015, los feminismos organizados han reaccionado
ante los crímenes violentos y femicidios mediante
movilizaciones, manifestaciones de repudio y recla-
mos. Durante los últimos años, que coincidieron con
la eclosión de movilizaciones masivas en apoyo a la
Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito,
enfocada en la derogación del aborto como delito en
el Código Penal y la legalización de la interrupción
voluntaria del embarazo, se han consolidado una serie
de líneas o ejes de reclamos que conforman la agenda
de los feminismos sobre diversos temas, discutidos y
acordados en las numerosas instancias de intercambio
que los movimientos se han dado y han mantenido
a lo largo del tiempo11 (Piechestein 2021). Entre las
cuestiones que aparecían sintetizadas en las consig-
nas planteadas en las distintas movilizaciones, la de
la violencia contra estos colectivos ocupa un espacio
muy relevante, formuladas en términos de reclamos
de políticas públicas y dirigidas a los tres poderes
del Estado. En el caso particular del colectivo NUM,
si bien había surgido a raíz de los femicidios, pronto
fue ampliando sus demandas en el reconocimiento de
otras formas de opresión y violencias de género12.
En el año 2017 se pretendió apelar a demandas femi-
nistas para justicar una reforma de la ley de ejecución
penal de orientación punitivista, montada en el clamor
social por el femicidio de la militante política Micaela
García, cometido por un condenado por violación.
Pero esa retórica fue resistida por voces que se alzaron
rmemente en contra de esa modicación: expertos
y expertas –entre ellas, la antropóloga Rita Segato–;
representantes de organizaciones de la sociedad civil
de defensa de derechos de personas presas y el colec-
tivo Ni Una Menos con su maniesto llamado No en
nuestro nombre. Ni demagogia punitiva ni garantismo
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misógino (Monclús y Cané 2022). En ese documento
se reclamaban políticas preventivas de los femicidios:
Las enormes movilizaciones […] cuando salimos
a las calles con la consigna de Ni una menos no
piden más penas, no piden menos libertades.
Piden más prevención y más cuidado, más
igualdad y más justicia. La demanda al Estado
fue muy clara y puede resumirse en políticas in-
tegrales de prevención de la violencia machista y
respuesta adecuada a las víctimas. (NUM, 2017)
Pese a las voces críticas, esa legislación regresiva en
materia de derechos se aprobó. Pero, afortunadamente
del debate también surgió la necesidad de capacitar
en perspectiva de género a todas las personas que se
desempeñan en la función pública, en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, y así se
sancionó la Ley 27.499 conocida como Ley Micaela.
Más recientemente, las feministas hemos sido inter-
peladas por los medios masivos de comunicación,
acusadas de mantener el silencio respecto a la libe-
ración de violadores y perpetradores de violencia
de género como estrategia de minimizar el riesgo de
COVID-19 en las prisiones13. Académicas de la teoría
crítica del derecho feminista y de la criminología en
Argentina, han señalado las disparidades en las res-
puestas del sistema de justicia penal a los delitos de
género en comparación con otro tipo de delitos graves
y la falta de ecacia de las cárceles como principal
respuesta del Estado para prevenir la violencia de gé-
nero y proteger a las víctimas (Arduino 2017b). En ese
sentido, y paralelamente, se ha abierto una discusión
sobre las posibilidades de un enfoque menos punitivo
pero más efectivo para abordar la violencia de género
-más aún tomando en consideración el aumento de ese
fenómeno en el marco de la pandemia14, en el que las
organizaciones de base y territoriales, especialmente
aquellas con perspectiva feminista, fueron aliadas
13 Funes, Mercedes. 16 de Mayo de 2020. ¿Las feministas dónde están? La Nación. Acceso el 14 de abril de 2020: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/
las-feministas-donde-estan-nid2365760/. Giménez, Paula. 30 de Abril de 2020. ¿Dónde están las feministas en esta suelta indiscriminada de viola-
dores? Filo.news. Acceso el 14 de abril de 2023: https://www.lo.news/genero/Donde-estan-las-feministas-en-esta-suelta-indiscriminada-de-violado-
res-20200430-0031.html.
14 De acuerdo con la información reunida por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, los llamados a la línea de asistencia para casos
de violencia de género aumentaron un 30% en comparación al mismo período en 2019. Ver Reporte estadístico mensual Línea 144: Datos públicos de
la Línea 144–Año 2020 | Argentina.gob.ar
clave, dada su experiencia en el trabajo con víctimas y
su enclave comunitario prexistente.
La ecacia de las respuestas del sistema de justicia
penal para la gestión de los conictos ha sido puesta
en duda. Se han cuestionado tanto el endurecimiento
de la criminalización como mecanismo para lograr
una disminución de los niveles de violencia contra las
mujeres (Richie 2012), como la capacidad del sistema
de justicia penal para procesar exitosamente los casos
de violencia de género a través de la persecución de
una sanción punitiva como principal objetivo (CEJA e
INECIP 2020). Muchos de los modelos de control del
delito para abordar la violencia de género, doméstica o
de pareja íntima, que fueron implementados en otros
contextos, han sido evaluados, como el modelo de
Duluth (Bohall, Bautista y Musson 2016), los progra-
mas para agresores ordenados por la justicia (Catlett,
Toews y Waliko 2010), los programas de tratamiento
dentro y fuera de las cárceles (Hester y Neuman 2020;
Mankowski, Haaken y Silvergleid 2022), el uso de dis-
positivos tecnológicos de localización para agresores
(Santry, 2011; Edna, Ibarra y Gur 2013; Fox Malone
2013), etc. Pero los resultados no han sido conclusivos
sobre las ventajas o las desventajas.
Por su parte, los modelos más vinculados con la
justicia restaurativa, transformadora, o los abordajes
basados en la comunidad (Braithwaite 1999; Hudson
2002; Ptacek 2009; Chan, Bolitho y Bargen 2016) han
seguido un derrotero similar en cuanto a la falta de
contundencia en los resultados, aunque se han desa-
rrollado sólidos argumentos a su favor por la teoría
criminológica feminista (Francés Lecumberri 2022).
Sin embargo, el debate jurídico enmarcado en los
estándares de la normativa internacional de derechos
humanos, en torno a la validez de la utilización de
mecanismos alternativos al proceso penal en casos
de VDG, genera tensiones hacia el interior de los
feminismos.
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En Argentina, el fallo Góngora de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación dictado en 201315, que im-
pide la aplicación de alternativas a la pena en delitos
con VDG, generó posiciones con una mirada en favor
de la resolución, así como posturas críticas. Por un
lado, se sostiene que, a raíz de la obligación de debida
diligencia que imponen los instrumentos interna-
cionales a nuestro Estado (CEDAW, Convención de
Belém do Pará), no se podría concebir una medida
alternativa de abordaje al conicto distinta al proceso
penal ya que a raíz de esta manda, se debería investi-
gar, llevar adelante un juicio y castigar con el dictado
de una sentencia los hechos cometidos mediando
violencia de género. Además, en la misma línea, se
argumenta que no existe pie de igualdad entre las par-
tes para la salida del conicto e incluso los comités de
seguimiento de estos instrumentos sugieren prohibir
por medio de la legislación cualquier mecanismo
alternativo a la realización de un juicio (Maía y
Rossi 2016, 5). Por otro lado, en una línea discursiva
más receptiva a la implementación de estas medidas
se sostiene que, desde el inicio, no se puede calicar
15 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Sentencia Góngora Gabriel Arnaldo s/ causa n.° 14902 (interno G. 61) del 23 de abril de 2013.
como buena o mala en abstracto la medida para de-
terminado tipo de delitos, negando el principio de
ultima ratio del Derecho Penal así como el principio
de economía de la violencia, sino que se debe asumir
la complejidad de conectar: 1) la política criminal
que identica la violencia de género como un pro-
blema social relevante y guía institucionalmente la
intervención; 2) los dispositivos procesales y dogmá-
ticos disponibles así como los roles de las personas
afectadas y el protagonismo que les reconozcamos y
3) las posibilidades fácticas y probatorias concretas
(Arduino 2017). Sin embargo, ambas posturas coin-
ciden en sostener que son escasos los juicios orales y
sentencias condenatorias en relación con el número
de denuncias y la prevalencia del problema y, por el
contrario, existe una marcada sobrerrepresentación
de casos de violencia de género en la aplicación de
mecanismos simplicados en el proceso penal. Esto,
no obstante, no se debe a un proceso de evaluación
sobre la aplicación efectiva de estos mecanismos en la
gestión del conicto sino al persistente menosprecio
judicial hacia estos casos.
PERCEPCIONES SOBRE LA JUSTICIA PENAL DE ORGANIZACIONES
QUE ACOMPAÑAN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VDG
Los movimientos feministas han logrado organi-
zarse comunitariamente para dar mayor visibilidad a
la desigualdad estructural en las relaciones de poder,
canalizar con más fuerzas las demandas de reformas,
así como para acompañar a las mujeres y disidencias
que padecen las consecuencias de esas estructuras des-
iguales en todas las formas de violencia de género. Por
ello nos interesaba relevar la opinión y experiencias
de organizaciones feministas que abordan y acom-
pañan situaciones de violencia de género, con el n
de conocer cómo perciben a la justicia penal quienes
acompañan este tipo de situaciones, cuán satisfactorias
son las respuestas que aquella da ante las denuncias,
cuáles son los escollos que deben sortear, y si las
medidas de protección dispuestas durante el proceso
resultan efectivas. Además, queríamos indagar acerca
de respuestas alternativas al proceso penal o a la pena
de prisión ante situaciones de violencia de género,
como pueden ser las instancias de justicia restaurativa.
Expectativas de las personas en situación de VDG
cuando acuden a la justicia
A partir de la pregunta sobre qué esperan de la justicia
cuando acompañan un caso de violencia de género, la
discusión giró en torno a si la justicia penal es capaz
de dar una respuesta adecuada a los conictos en estos
casos y los principales problemas que identican las
organizaciones que acompañan a mujeres en situación
de VDG:
Lo que quieren es poder vivir, básicamente.
Porque a veces no pueden ni salir a la calle so-
las porque saben que en cualquier esquina se
Ana Clara Piechestein, Marta Monclus Masó, Jésica Brigandi y Quimey Martinez Magarzo
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lo pueden cruzar. Entonces lo que piden es no
tener que mudarme yo, no tener que estar ha-
ciendo siempre yo las cosas, que soy la mujer,
sino que también le pongan algo a él, lo fre-
nen.[…] Lo que piden básicamente las mujeres
es ser escuchadas y no tratadas como locas […]
y que entiendan el miedo que tienen a cruzarse
en cualquier esquina con ese varón. Eso es bási-
camente lo que piden.16
Hay muchas de las mujeres que se han ido, y
es muy triste, […] se han ido a otra provincia,
escapando, porque sienten que ya no hay más
nada para hacer. Sienten que no son escuchadas.
[…] No es algo natural que sale desde el Poder
Judicial. […] En muchas ocasiones es falta de
perspectiva de género, en otras, falta de recur-
sos, ya sea económico como humano. En el caso
del Departamento Judicial de Moreno General
Rodríguez, tres juzgados de familia es poco. No
es solamente género, hay otras cuestiones que
ingresan al juzgado. Entonces hay un desborde.17
De los grupos focales surgió de forma evidente que
las organizaciones perciben que la justicia penal no
brinda escucha y acompañamiento a las personas
en situación de violencia de género, son funciones
para las que no está congurada ni preparada. Los
operadores judiciales son muy ajenos a las vivencias
y problemas cotidianos de las mujeres en situación
de VDG, y redenen los conictos en los estrechos
marcos del proceso penal. Por ello es fundamental
que existan otros organismos que brinden esa escucha
y acompañamiento tan necesarios, los cuales pueden
ser gubernamentales (como áreas de género de los
municipios) o de la sociedad civil (como las organiza-
ciones con las que nos hemos entrevistado).
Dicultades para presentar las denuncias
Acerca del primer contacto de las mujeres con la po-
licía cuando van a presentar una denuncia, se señaló
la importancia de que haya perspectiva de género. En
16 Integrante de Matices.
17 Integrante de Matices.
18 Integrante Centro Comunitario Para Todes Todo.
19 Integrante Centro Comunitario Para Todes Todo.
20 Integrante Centro Comunitario Gallo Rojo.
este sentido, se destacó lo delicado que es ese primer
momento de la denuncia. Surge como clave la nece-
sidad de perspectiva de género y la importancia del
acompañamiento y el apoyo a las mujeres en situación
de VDG. Además, algo identicado por todas las
organizaciones son las dicultades que muchas veces
encuentran las mujeres para concurrir a los distintos
lugares a los que son citadas a prestar declaración
o para la realización de pericias, y la lentitud de las
actuaciones.
Teníamos muchas situaciones en las que iban a
la comisaría y les decían que mejor no denun-
ciaran, o eran maltratadas, o una espera enorme
cuando sabemos que quizá una mujer se “esca-
pa” de su casa para hacer una denuncia, y que
justamente quizás esa espera enorme acreciente
el nivel de violencia al volver a la casa; lo mismo
con personas que ya tenían una denuncia hecha,
y que cuando llamaban al 911 porque estaban
rompiendo la perimetral o diferentes medidas,
no había respuesta.18
Situaciones que hemos tenido donde se realiza
la denuncia, y se mantiene la convivencia con
el violento o no ha pasado absolutamente nada.
Eso es sumamente perjudicial. […] Pasa una si-
tuación, vamos a hacer la denuncia y pasan días
hasta que la llaman, o tiene que ir a la comisaría
de la mujer que es re tras mano, para Obligado.
Ahí esperás un montón. Después, ir al forense,
lejísimos. Lo mismo para ir al juzgado. Son cosas
que podrían agilizar.19
Muchas veces el proceso se hace eterno y en el
medio siguen pasando situaciones, o se acerca
la mamá o la joven, y te vuelve a comentar otra
situación, y vos estás con el corazón en la gar-
ganta. Todos los procesos burocráticos, por otro
lado. […] Muchas veces los procesos judiciales
o las distintas instituciones intervienen como si
todas las familias fueran un prototipo, o vivieran
en determinado lugar, con determinados recur-
sos económicos y culturales.20
Miradas de los feminismos a la justicia penal
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Por ejemplo: se tienen que trasladar a tres lu-
gares, y quizás dan por sentado que lo puede
hacer tranquilamente. Y es una mujer que no
tiene para cargar la SUBE, con 5 pibes a cuesta.
Esas cuestiones también tienen peso a la hora
de trabar una denuncia, porque si tiene que
organizarse, salir de la casa, conseguir la SUBE
cargada, etc.; ausentarse del lugar porque va a
hacer la denuncia y está el violento en la casa…
son cosas que no se tienen en cuenta, que tienen
que ver con el contexto.21
La justicia tampoco tiene perspectiva de género;
[…] le van cambiando la fecha, como si fuera
nada. No importa, total, se le prepara para ir a
un interrogatorio y después, como si no pasara
nada. Entonces, me parece que la justicia no
aplica ni lo que es Ley Micaela, ni tiene perspec-
tiva de género.22
Los testimonios de las organizaciones ponen de ma-
niesto un modelo de justicia patriarcal y clasista,
centrada en un prototipo de víctima varón de clase
media, sin tareas de cuidado a cargo, con recursos para
desplazarse, etc. Se advierte, con los datos prelimina-
res que aquí se analizan, la necesidad de implementar
reformas con perspectiva de género para garantizar el
acceso a la justicia de las mujeres en situación de VDG.
Búsqueda de protección como principal
demanda y deciencias de las medidas
cautelares
Surgió la relevancia de las medidas cautelares de
protección durante el proceso (exclusión del hogar,
prohibición de acercamiento o perimetrales, botón
antipánico, entre otras que prevé el art. 26 de la Ley
26.485 de Protección Integral a las Mujeres), como
una de las respuestas más buscadas por las mujeres
en situación de VDG y por las organizaciones que las
acompañan23. Aunque no siempre se ejecutan bien. Se
señaló la falta de consecuencias ante el incumplimien-
to de las medidas y también la falta de recursos para
21 Integrante Centro Comunitario Para Todes Todo.
22 Integrante Cooperativa de Trabajo Frida Kahlo
23 La Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones inter-
personales prevé que las medidas cautelares de protección pueden ser dispuestas por cualquier juez/a, sin importar el fuero (civil, penal, etc).
24 Integrante Matices.
25 Integrante Centro Comunitario Para Todes Todo.
poder implementarlas de manera efectiva y lograr una
respuesta inmediata ante situaciones de riesgo para las
mujeres.
Las medidas cautelares que hay hoy en día
sirven, siempre y cuando se ejecuten bien. Y
por ejemplo, una prohibición de acercamiento,
dicen que a la tercera vez que rompe la medida
va detenido, y generalmente no pasa. Entonces
si se empezara por cumplir todas esas medidas
que ya hay, por ahí funcionaría mejor. Esto del
botón antipánico, le dan el botón antipánico,
pero cuando la mujer lo aprieta tardan una hora
en venir. Si el patrullero aparece 1 hora después,
ya el hombre la golpeó, le hizo lo que quiso y se
mandó a mudar.24
Se le comunicaba al violento que se vaya, y la
mujer en la puerta esperando que el violento
se vaya; él sumamente violento, es decir eso
agrandaba el nivel de violencia; o quizás pasaba
la perimetral, se caía y no había otra medida, por
lo que volvía a la casa.25
La respuesta siempre va a ser falta de recursos
[…] falla el sistema operativo. Aparte del pere-
grinaje de lo que es que te otorguen una medida
cautelar de ese tipo. La jueza lanza la medida, en-
tra en el área municipal, el área municipal evalúa
si realmente la víctima lo merece o no, si es
factible, porque tiene que trabajar con el centro
de monitoreo y si la persona vive en un barrio
donde no hay sistema de wi óptimo, no funcio-
na. Entonces no se lo dan y queda a la buena de
Dios. […] Yo creo que lo clave es la perspectiva,
como habíamos hablado antes, y el recurso. El
recurso no puede faltar. Porque el recurso es lo
que te va a garantizar que en la comisaría no
estén las mujeres cuatro horas haciendo la para
ser atendidas. Y que un patrullero pueda ir a
tiempo.La comisaría de la Mujer de Moreno no
dispone de móvil para ir a auxiliar a la víctima.
[…] Todo eso es falta de recursos, humanos y
económicos. Vamos al poder judicial, al juzgado
Ana Clara Piechestein, Marta Monclus Masó, Jésica Brigandi y Quimey Martinez Magarzo
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de familia. Y tengo un solo equipo técnico, está
agotado, le llegan mil denuncias por día, dicen
que no alcanzan a leer.26
De los intercambios con los grupos focales surgió que,
una vez presentada la denuncia, las víctimas de VDG
deben acudir a distintas instituciones para que avance
la causa y se implementen de manera ecaz medidas
de protección, o para resolver temas relativos a hijes
a cargo. De nuevo, es clave el acompañamiento en los
distintos trámites que puedan realizar las organiza-
ciones sociales o áreas de género de los municipios.
Desde el equipo de investigación también nos pregun-
tábamos si al momento de dictar medidas cautelares,
¿no sería oportuno que se incluyese la derivación de
los varones con conducta violenta a dispositivos que
trabajan con masculinidades, como una forma de
promover la comprensión de la medida dispuesta y su
cumplimiento?
Exploración sobre dispositivos de justicia
restaurativa
La indagación sobre si en algún momento se ofrece
a las mujeres en situación de VDG la posibilidad de
algún dispositivo de justicia restaurativa (como por
ejemplo la mediación) arrojó pocos resultados po-
sitivos. Surgieron apenas referencias a experiencias
o dispositivos disponibles en ese sentido antes de la
denuncia penal, o durante el proceso. En el focus group
con Matices, rerieron que además de acompañar a
mujeres en situación de VDG, trabajan con varones
y brindan cursos de nuevas masculinidades. También
apareció una mención a las Ocinas de Resolución
Alternativa de Conictos (ORAC) dependientes de
la Ocina Central de Mediación de la Procuración
General de la Provincia de Buenos Aires, pero no rela-
taron experiencias exitosas.
Tenemos de todos los casos: tenemos mujeres
que vienen ya que no quieren verlo ni siqui-
era en una fotografía, tenemos algunos que se
siguen viendo o se comunican porque tienen
26 Integrante Matices.
27 Integrante Matices.
28 Integrante Matices.
29 Integrante Cooperativa de Trabajo Frida Kahlo.
hijos en común, y tenemos también algunas
mujeres que siguen con esa pareja todavía.
Nuestra recomendación nunca es que se se-
paren, es una decisión de ellas eso, pero sí les
damos las herramientas para que puedan evitar
volver a una conducta violenta, y siempre se les
recomienda que la pareja pueda venir también
al espacio de masculinidades.27
Se detectó cierta desconanza en las integrantes de las
organizaciones que acompañan mujeres en situación
de VDG sobre la idoneidad de algún dispositivo de
este tipo, y ante la indagación de los motivos, se señaló
que cuando las mujeres acuden a buscar ayuda, muy a
menudo están en una situación de violencia tan inten-
sa que resulta difícil pensar en establecer dispositivos
de diálogo con su agresor.
Lo que pasa es que es muy difícil porque obvia-
mente la mujer víctima no quiere juntarse nunca
más con ese varón. Porque también hay que en-
tender que los varones, cuando se acercan, la
mayoría, muchos lamentablemente, cuando se
acercan a la víctima, es para seguir dañándola de
la forma que sea. Entonces es muy raro el caso
en que puedan juntarse y llegar a una medida.28
Me es complejo pensar otras formas, siguen ejer-
ciendo tanta violencia y sigue siendo tan difícil
incluso sacar a los violentos de los hogares. […]
Nosotras, por lo menos ahora, no trabajamos
con masculinidades desde ese lado. Sí tomamos
las demandas de las mujeres, que si llegan a
nosotras es porque ya hubo situaciones de vio-
lencia, en las que fueron violentadas, y ya vienen
con una iniciativa de poder pedir un resguardo,
pedir ayuda, de buscar soluciones. Desde ahí,
a mí me es complejo […]. Vienen a nosotras
cuando no tuvieron respuestas por parte de los
organismos estatales y públicos. Ahí es cuando
se las va escuchando y derivando, y terminan
en organizaciones sociales y comunitarias que
puedan dar respuesta o intentar, por lo menos,
cuando hay fallas en otros dispositivos.29
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Me parece que quien se acerca a la justicia es
porque está en esta situación que planteaban las
compañeras, como que es el pico […]. Por eso
es necesario que venga de afuera esa acción de
prevención-promoción y no en el pico máximo
de la violencia […]. Quien sobrevive a la violen-
cia, quizás se acerca a la justicia en un momento
ya cúlmine. No al principio, decir che me voy a
acercar para mediar en este momento que no es-
tamos a los golpes, como en un tipo de violencia
más camuado. No se acerca en ese momento,
sino que te acercás en el momento ya extremo
cuando el daño es irreparable y no hay vuelta
atrás, y no hay forma de mediar, porque estamos
en una violencia ya más extrema. Me parece que
sí hay algo en el medio que está faltando, y que
tiene que ver con la promoción y prevención
ante los niveles de violencia más bajos, para
no llegar a que la denuncia sea el único recur-
so ante diferentes situaciones. Me insultó en la
calle, denuncia. Me quiso matar, denuncia. No
pasa la cuota de alimentos, denuncia. Termina
empujando a que la denuncia es el único recurso
y el último. Y no hay nada en el medio, y quizá
eso sería sumamente interesante, ver qué pasa
con dispositivos más preventivos, pensados en
niveles más bajos de violencia.30
Sí se identicó la existencia de alguna medida repara-
toria o algunos cursos sobre nuevas masculinidades
dirigidos a varones, luego de concluido un proceso
penal mediante probation o condena condicional. Si
bien el fallo Góngora de la CSJN vetó la suspensión
de juicio a prueba o probation en casos de VDG, en
la práctica la justicia la aplica en varias ocasiones,
disponiendo a veces la concurrencia del varón agre-
sor a algún dispositivo de nuevas masculinidades.
Pero se consideró que a menudo su duración es
insuciente.
Los varones en ocasiones tienen que pagar una
compensación económica, como parte de una
probation: tienen que ir al dispositivo (de nuevas
30 Integrante Centro Comunitario Para Todes Todo.
31 Integrante Matices.
32 Integrante Matices.
33 Integrante Matices.
masculinidades), pagar una compensación eco-
nómica a la víctima y también tienen que hacer
una tarea comunitaria.31
Nosotras partimos de la premisa de que la
violencia es una conducta aprendida… ¿Cómo
desandar ese camino? Un varón que te llega a los
60 años donde tiene 59 de violencia aprendida,
¿cómo lograr desaprender? Se logra, pero verda-
deramente es un trabajo de hormiga… Nosotras
tenemos como regla básica: masculinidades 6
meses como mínimo. Te llega un ocio y te dice
que tiene que cumplir de noviembre hasta el 15
de enero. No podés trabajar nada. Es un mínimo
de 6 meses. Pero para que el varón se vaya y casi
podamos garantizar que cambia ese patrón de
conducta son 2 años. Ahora la verdad es que
ningún juez o jueza rma 2 años.32
Apareció algún intento de conciliación o mediación
solicitado por juzgados civiles para organizar o resol-
ver temas de responsabilidad parental, pero no es fácil
que funcione.
De competencias parentales tuvimos que dar
marcha atrás porque no funcionó.Nosotras pen-
sábamos hacer con una pareja justamente esto,
lo de competencias parentales que había man-
dado el juzgado, para que estos papás pudieran
ponerse de acuerdo en la crianza de los chicos. Y
no llegó a hacerse porque el papá, muy violento,
no dejaba de violentar a la mujer de la forma
que fuera. Entonces no podíamos juntarlos. […]
Salió el ocio y en esa semana nuevamente la
violentó. Entonces tuvimos que rechazar y no
las pudimos recibir.Porque el hombre la seguía
molestando por todas las redes, por teléfono.
Imagínense si los juntamos.33
En relación a la importancia de los cursos o talleres
sobre nuevas masculinidades como forma de prevenir
la VDG hubo bastante consenso, en especial por parte
de las integrantes de centros comunitarios que traba-
jan con jóvenes.
Ana Clara Piechestein, Marta Monclus Masó, Jésica Brigandi y Quimey Martinez Magarzo
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Estamos hablando de pibis, que quizá están atra-
vesados por violencia, y que reproducen muchos
de esos tratos, de esas maneras, entonces llega-
mos a ese famoso noviazgo adolescente de una
manera que podrían estar vinculándose personas
adultas; de control, de malos tratos, de incremen-
to de la violencia en el tiempo. Nos encontramos
con eso, abordarlo de manera temprana te hace
implicar diferente, o sea repensarte, ver que hay
34 Integrante Centro Comunitario Para Todes Todo.
35 Integrante Matices.
otras posibilidades. Sí comparto lo que dicen las
compañeras, que después hay situaciones donde
una toma posicionamiento, y nuestro posiciona-
miento es con las sobrevivientes a la violencia.34
Nosotras llegamos cuando la violencia ya hizo
pie. Pero creemos que la pata fundamental en
género es la prevención […]. Porque lo que salva
es la prevención, es llegar a tiempo.35
CONCLUSIONES
El propósito de nuestra investigación es la genera-
ción de nuevas preguntas que orienten la indagación
acerca de los sentidos que se le asignan a la justicia
penal y a la prisión por parte de organizaciones fe-
ministas o que acompañan a personas en situación
de VDG. También hemos querido analizar de forma
exploratoria qué percepciones tienen acerca de la idea
de justicia restaurativa algunas organizaciones que
acompañan a mujeres en situación de VDG. Les pre-
guntamos sobre la justicia restaurativa por oposición a
la idea de justicia punitiva, más vinculada al castigo y
usualmente a la cárcel. Nos interesaba conocer si estas
organizaciones visualizan algún otro tipo de respuesta
de la justicia que no sea necesariamente un castigo o la
cárcel para los violentos o para los victimarios.
Los intercambios mantenidos en los grupos focales
nos dan elementos para sostener nuestra hipótesis de
que las respuestas de la justicia penal en los casos de
violencias por motivos de género no resultan abar-
cativas de todas las aristas que están presentes en las
demandas, tanto por las falencias en el funcionamien-
to del sistema penal, como por los estrechos límites en
los que redene los conictos.
A partir del análisis se identicaron tres dimensiones
principales en las que se enmarcan las visiones –que
ya adelantamos, son críticas– de las integrantes de las
organizaciones en relación con la justicia penal. La
primera de ellas fueron los obstáculos identicados
en términos amplios con respecto al acceso a la jus-
ticia de las personas en situación de VDG a quienes
acompañan, que ubican al momento de formular
una denuncia sobre los hechos para suscitar la inter-
vención judicial. Un segundo aspecto de la cuestión
se sitúa en la falta de ecacia que se le reprocha a la
aplicación y seguimiento de las medidas cautelares de
protección, así como la deciente intervención de la
justicia ante el incumplimiento de los agresores de las
órdenes que la misma judicatura dispone. La tercera
dimensión identicada fue la disponibilidad o exis-
tencia de opciones alternativas al proceso penal o al
uso de la coerción o castigo a la hora de responder al
conicto planteado, tanto de parte de la administra-
ción de justicia penal (como por ejemplo, instancias
de mediación, utilización de probation o suspensión
del proceso a prueba, etc.), como de organizaciones
gubernamentales y de la sociedad civil que acompa-
ñan a personas en situación de VDG y que puedan
recurrir a experiencias con dispositivos o abordajes
no punitivos de las violencias por motivos de género,
como los talleres de masculinidades.
En relación a la primera dimensión sobre los obstácu-
los para el acceso a la justicia, los mismos quedaron
muy de maniesto en los aportes de los grupos foca-
les –incluso hubo referencias a que la justicia penal
piensa en un “prototipo de víctima”–, lo que nos lleva
a retomar los planteos acerca de la necesidad de una
perspectiva interseccional (Crenshaw 1991) que
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reconozca las cuestiones de clase, empleos precarios,
tareas de cuidado de niñes, etc. que caracterizan a mu-
chas mujeres en situación de VDG, aspectos que no
son tenidos en cuenta por el actual modelo patriarcal
de justicia.
Respecto de la segunda dimensión relativa a la ecacia
de las intervenciones de la administración de justicia,
en general se advirtió de lo expresado en los grupos
focales que lo que esperan las mujeres en situación de
VDG (o las organizaciones que las acompañan) del sis-
tema de justicia penal tiene que ver más con medidas
de protección que de castigo. Se sugirió desde algunas
participantes que a veces no hay una necesidad o una
búsqueda de ir hacia un proceso penal y terminarlo con
una condena, sino que las propias medidas de protec-
ción ya serían una respuesta suciente. En este sentido,
la demanda de los feminismos de una intervención
ecaz por parte de la justicia no necesariamente se
traduce en todos los casos en una condena (Arduino
2017), más aún teniendo en cuenta las construcciones
del sistema penal que sitúan necesariamente una vícti-
ma y un victimario y que le expropian, prácticamente
por completo, el conicto a esa víctima. Entonces, esta
exigencia de actuación ecaz de la administración de
justicia no debe ser leída como un reclamo de mayor
presión punitiva sino como una demanda de interven-
ción diligente con especial atención al contexto y a las
circunstancias del caso.
En tercer lugar, en relación a las opciones alternativas
al proceso penal o al castigo, si bien en principio el
fallo Góngora de la CSJN sería un impedimento, a
partir de los grupos focales surge que en algunos casos
la justicia abre la puerta a la probation e indica la par-
ticipación en cursos o talleres sobre masculinidades.
No obstante, se plantea el problema de la ausencia de
algún marco institucional que brinde indicaciones a
los jueces sobre la duración de estos talleres, las orga-
nizaciones a las que derivar, etc.36
De lo recolectado en los grupos focales, no surgen
dispositivos que se activen durante el proceso penal,
después de interpuesta la denuncia, o cuando ya se
36 Se plantea entonces la discusión de si estos espacios y sus recursos humanos deben ser sostenidos económicamente por el Estado, en su dimensión local,
provincial o nacional, o si en cambio, deben estar promovidos por organizaciones civiles.
ha excluido del hogar al violento y dictado una peri-
metral para un abordaje más estructural del conicto.
El rol de las organizaciones sociales y comunitarias
entrevistadas es clave en esta instancia, ya que in-
tervienen cuando el sistema de justicia formal falla,
cuando las respuestas son decientes o no aparecen
con la velocidad o la ecacia necesarias para proteger
a las personas en situación de VDG.
Sabemos que, a veces, luego de la denuncia la reac-
ción del varón es todavía más violenta. Por eso, sería
positivo que cuando inicia una causa penal, se cuente
con la posibilidad de derivar a las partes a algún dis-
positivo de mediación o algún espacio terapéutico o
de masculinidades para favorecer el uso de la palabra
en lugar de la violencia, evitar que el varón denuncia-
do vulnere la perimetral o que pueda incluso llegar a
cometer un femicidio. Incluso ante escenarios menos
graves, podrían existir dispositivos que acompañen a
la mujer para negociar desde cuestiones de custodia
de les niñes y regímenes de visitas, hasta acuerdos y
regímenes económicos de la separación en casos de
violencia de género bajo la modalidad doméstica.
A partir de los grupos focales tampoco hemos podido
identicar la existencia de dispositivos tempranos que
se ofrezcan a las mujeres ante las primeras señales de
alerta por hechos de violencia de baja intensidad. No
identicamos espacios de consulta y asesoramiento
a los que puedan acudir, y donde les ofrezcan me-
canismos de mediación o algún curso sobre nuevas
masculinidades para varones. Este tipo de acompa-
ñamiento podría ser importante para ayudar a las
mujeres y LGBTI+ a replantear los términos y acuer-
dos de una relación de pareja o de la convivencia en
común, y también para acompañar decisiones y proce-
sos de separación, en especial cuando hay que proveer
al cuidado de hijos/as en común. No es razonable que
una mujer que empieza a advertir las primeras señales
de violencia de género, deba esperar a que la misma se
manieste en forma grave para pedir ayuda.
Se identicaron tensiones con respecto a la utilidad de
los dispositivos o medidas alternativas al proceso penal,
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que se alinean con las que se reseñaron en la primera
parte de este trabajo. En ese sentido, emerge de nuestra
reexión a partir de esta investigación la pregunta sobre
cómo sorteamos estas tensiones y construimos respues-
tas efectivas desde la justicia, sin caer en el punitivismo
pero tampoco en soluciones que dejen la sensación de
impunidad latente en las personas que sufren VDG.
Tanto la justicia restaurativa como los mecanismos
alternativos al proceso penal aparecen como un po-
sible camino para que la justicia penal y la gestión de
los conictos se entrecrucen, además de permitirnos
pensar en construir una justicia menos androcéntrica.
En principio, una posibilidad es no pensar en abstracto
las intervenciones. Si el proceso penal sólo será guiado
por una línea de política criminal orientada a trabajar
la violencia de género de una determinada manera
por imperio de una interpretación restrictiva de los
instrumentos internacionales en la materia, entonces
la abstracción probablemente haga que ese procedi-
miento deje de lado la gestión integral del conicto;
aunque, por otro lado, seguramente resulte efectivo
en la imposición de una pena. Asumir el carácter
histórico de la desigualdad de las víctimas en este tipo
de procesos y la descontextualización de los conic-
tos, es el inicio de un camino para pensar mejores
intervenciones hacia el futuro, superando la dicotomía
punitivismo-antipunitivismo y construyendo también
mejores respuestas para evitar la impunidad.
Por nuestra parte, desde el espacio académico de la
Universidad, nos propusimos el análisis desde la
mirada de las organizaciones comunitarias para no
quedarnos en la entelequia de los debates doctrinarios
y losócos, y poder conectar los desarrollos teóri-
cos con el plano de lo real y palpable. Por eso es que
nuestra idea con esta investigación es trasladar los re-
sultados y conclusiones al territorio y también pensar
sugerencias de políticas públicas para los municipios
de José C. Paz, Moreno, San Miguel y otros aledaños
del Conurbano Bonaerense frente a los obstáculos y
dicultades que hemos identicado en los abordajes
de la VDG, ya que como equipo de investigación de
la Universidad Nacional de José C. Paz queremos pro-
ducir conocimiento situado que mejore la vida de la
comunidad.
Miradas de los feminismos a la justicia penal
24 CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 19 (Julio, 2023): 10-26
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