Oficio nº 13093 de la Procuraduria General del Estado, 12-09-2025
| Fecha | 12 Septiembre 2025 |
| Número de oficio | 13093 |
Oficio No. 13093
Quito, D.M., 12 de septiembre de 2025
Señor
Aquiles Álvarez Henriques
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Guayaquil.-
De mi consideración:
Mediante oficio No. AG-AAA-2024-7851, de 9 de diciembre de 2024, ingresado en el
correo institucional de la Procuraduría General del Estado el mismo día, se solicitó la
aclaración del pronunciamiento de este organismo constante en oficio No. 09588, de 28
de noviembre de 2024, a fin de que se aclare “en los términos indicados por nuestro
Procurador Síndico Municipal en el oficio DAJ-2024-9386, anexo a la presente
comunicación”.
Frente a lo cual, se manifiesta lo siguiente:
1. Antecedentes:
Del oficio remitido y documentos adjuntos se desprende que:
1.1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guayaquil (en
adelante, “GADM de Guayaquil”), mediante oficios Nos. AG-AAA-2024-6239, de
24 de septiembre de 2024, y No. AG-AAA-2024-6475, de 2 de octubre de 2024,
ingresados en la Procuraduría General del Estado el 24 de septiembre y 3 de octubre
del mismo año, formuló una consulta en los siguientes términos:
“Considerando el contenido sustancialmente económico de los contratos de concesión
y el derecho del concesionario, mientras esté vigente el contrato de concesión, a recibir
una retribución económica y utilidad por sus inversiones, riesgo y trabajo, ¿debe
entenderse respecto de los contratos de concesión de servicios públicos celebrados al
amparo de la Ley de Modernización del Estado y de su Reglamento Sustitutivo, que de
acuerdo con el alcance del artículo 76 párrafo primero del Reglamento Sustitutivo del
Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado, que el costo que asume el
concesionario con fondos propios respecto de las fiscalizaciones que contrata por las
obras que debe ejecutar y entregar al concedente para asegurarse que tales obras
cumplan con las exigencias y estándares previamente establecidos, forma parte de la
inversión que debe ser reconocida por el concedente para los fines económicos
previstos en el respectivo contrato y en la normativa aplicable?”
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