Ordenanzas Metropolitanas. 089-2025 Concejo del Distrito Metropolitano de Quito- Reformatoria al Código Municipal, que genera un marco excepcional para el alivio administrativo de los comerciantes autónomos por la crisis energética
| Fecha de publicación | 08 Mayo 2025 |
| Sección | Ordenanza Metropolitana |
| Emisor | Ordenanzas Metropolitanas |
| Tipo de documento | Ordenanzas Metropolitanas |
Edición Especial Nº 166 - Registro Ocial
2
Jueves 8 de mayo de 2025
ORDENANZA METROPOLITANA No. 089-2025
Página 1 de 11
EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “El Ecuador
es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada”;
Que el Artículo 3 de la Constitución dispone que: “Son deberes primordiales del Estado: 1.
Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”;
Que el número 9 del Artículo 11 de la Constitución dispone que: “9. El más alto deber del
Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”;
Que el Artículo 13 de la Constitución dispone que: “Las personas y colectividades tienen
derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos;
preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y
tradiciones culturales.”;
Que el Artículo 32 de la Constitución dispone que: “La salud es un derecho que garantiza el
Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua,
la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes
sanos y otros que sustentan el buen vivir.”;
Que el Artículo 33 de la Constitución dispone que: "El trabajo es un derecho y un deber social,
y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente
escogido o aceptado.”;
Que el Artículo 66 de la Constitución garantiza a las personas: “(…) 15. El derecho a
desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios
de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.";
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