Orígenes de la willful blindness y su aplicabilidad en el derecho internacional penal
| Páginas | 28-44 |
| Fecha | 01 Diciembre 2021 |
| Fecha de publicación | 01 Diciembre 2021 |
| Autor | Juan José Alencastro Moya,Guillem Torraguitart Muenuera |
| Materia | Ciencias sociales |
Facultad de Derecho
28 CÁLAMO / Revista de Estudios Jurídicos. Quito - Ecuador. Núm. 16 (Diciembre, 2021): 28-44
ORÍGENES DE LA Y SU APLICABILIDAD
EN EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL
ORIGINS OF WILLFUL BLINDNESS AND ITS APPLICABILITY
ON INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
ORIGENS DO E SUA APLICABILIDADE
NO DIREITO INTERNACIONAL PENAL
Resumen
Desde la aparición de la gura de la willful blindness en
Inglaterra, este complejo modelo de imputación subjetiva
ha sufrido importantes cambios. En esencia, dicha gura
permite calicar como dolosas actuaciones en las que el
sujeto no conoció ni dominó los elementos del tipo, pero
porque previamente había decidido no conocerlos cuando
aún le era posible hacerlo. En este sentido, el presente ar-
tículo analiza la posibilidad de utilizar la willful blindness
en los cuatro delitos que son de la competencia de la Corte
Penal Internacional (genocidio, agresión, crímenes tanto de
guerra como de lesa humanidad) y la utilización que ha te-
nido esta gura en el delito de lesa humanidad (por ser el
único delito donde explícitamente se ha usado) por parte
de los tribunales penales internacionales que precedieron a
la Corte. Finalmente se presentan algunas conclusiones, así
como una serie de recomendaciones de tratamiento jurídi-
co que permitan castigar y sancionar a las personas respon-
sables de infracciones internacionales mediante la willful
blindness. A n de conseguirlo se establecen los límites y
pautas de interpretación, para que la gura no arroje más
sombras que luces en la resolución de problemas judiciales.
Palabras clave: Ignorancia deliberada; Mens rea;
Corte Penal Internacional; Genocidio; Agresión; Lesa
humanidad; Crímenes de guerra
Abstract
Since the appearance of the doctrine of ‘’willful
blindness’’ in England, this complex model of subjective
imputation has been changing. In essence, what this
gure allows is to punish as intentional actions in which
the subject did not know or master the elements of the
type, only because he had previously decided not to know
them even when it was possible. is article analyzes the
possibility of using willful blindness in the four crimes
under the jurisdiction of the International Criminal Court
(genocide, aggression, war crimes and crimes against
humanity), and the use that this gure has had in crimes
against humanity (the only type of crime where it has been
explicitly used) by international criminal tribunals that
preceded the Court. Finally, some conclusions are presented
as well as some recommendations for a legal treatment that
allows punishing and sanctioning those responsible for
international infractions using willful blindness. For this,
the limits and interpretation guidelines will be established
so that the gure does not cast more shadows than lights in
the resolution of judicial problems
Key words: Willful blindness; Mens rea; International
Criminal Court; Genocide; Aggression; Crimes against
humanity; War crimes
Juan José Alencastro Moya* y Guillem Torraguitart Muenuera**
* Juan José Alencastro Moya es abogado por la Ponticia Universidad Católica del Ecuador, y LL.M. (Master of Laws) en Crimen y Justicia Internacional
por la Universidad de Torino (Italia) y el United Nations Crime and Justice Research Institute. Ha trabajado como Coordinador de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario en la Cruz Roja Ecuatoriana y como asesor en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General
del Estado. Hoy en día es docente en la Ponticia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad Internacional del Ecuador. Es miembro de la
Sociedad Ecuatoriana de Derecho Internacional (SEDI) y Director del Centro “Benjamin Ferencz” sobre uso de la fuerza.
Correo electrónico: jjalencastro@gmail.com
** Es abogado por la Facultad de Derecho de ESADE (Universitat Ramon Llull). Después de trabajar una temporada en el Departamento Jurídico de la
Joyería TOUS, ejerciendo funciones de prevención de blanqueo de capitales y formación a los trabajadores de la empresa en materia de prevención de
delitos, regresó a la universidad para formarse como investigador y profesor de Derecho Penal. Actualmente imparte tres cursos en la ESADE relacio-
nados con el Derecho Penal y al mismo tiempo cursa un doctorado. Correo electrónico: guillemtorraguitart@gmail.com
Recibido: 16/X/2021
Aprobado: 10/XII/2021
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Resumo
Desde o surgimento da gura do willful blindness na
Inglaterra, este complexo modelo de imputação subjetiva
tem tido importantes mudanças. Em essência, esta gura
permite qualicar como dolosas atuações nas quais o
sujeito não conheceu nem dominou os elementos do tipo,
mas, porque previamente havia decidido não os conhecer,
ainda quando possível fazê-lo. Nesse sentido, o presente
artigo analisa a possibilidade de utilizar a willful blindness
em quatro delitos que são de competência da Corte Penal
Internacional (genocídio, agressão, crimes tanto de guerra
como de lesa humanidade) e da utilização que vem tendo
esta gura no delito de lesa humanidade (por ser o único
delito onde explicitamente se utilizou) por parte dos
tribunais penais internacionais que precederam à Corte.
Finalmente, se apresentam umas conclusões, assim como
uma série de recomendações de tratamento jurídico que
permitam castigar e sancionar às pessoas responsáveis por
infrações internacionais mediante o willful blindness. A
m de conseguir que se estabeleçam os limites e pautas de
interpretação, para que a gura não lance más sombras que
luzes na resolução de problemas judiciais
Palavras chave: Ignorância deliberada; Mens rea;
Corte Penal Internacional; Genocídio; Agressão; Lesa
humanidade; Crimes de guerra
INTRODUCCIÓN
En las primeras décadas del siglo XIX, en Ingla-
terra, se empezó a gestar y a utilizar la gura de la
willful blindness (traducida comúnmente en español
como “ignorancia deliberada”), un modo de imputa-
ción subjetiva que abría la puerta a poder castigar a un
sujeto como penalmente responsable por una acción u
omisión en la que no había tenido conocimiento, pero
en la que había tenido sucientes sospechas y pudien-
do investigar no lo habría hecho.
La introducción de esta gura en la jurisprudencia in-
glesa, y posteriormente en la de los Estados Unidos
de América, supuso un gran impacto en el ámbito
de la imputación subjetiva, pues permitía equiparar
el desconocimiento voluntario con el auténtico co-
nocimiento y dominio de los hechos. En denitiva,
permitía relativizar el concepto de dolo sin que fue-
ra necesaria su parte cognitiva, es decir, un grado
determinado de conocimiento. Para el análisis de la
presente gura, y en consecuencia su desarrollo juris-
prudencial, este trabajo se divide en tres bloques. En
primer lugar, se analiza el nacimiento de la gura de la
willful blindness en la cuna de la jurisprudencia ingle-
sa y desde sus primeros precedentes jurisprudenciales,
con un triple objetivo: entender los orígenes de la -
gura, diferenciar la gura de la responsabilidad vicaria
y extraer conclusiones críticas sobre la idoneidad o no
de su utilización y la confusión que tuvo con otras -
guras. En la segunda parte del artículo se estudia los
cuatro delitos que forman parte de la competencia
material de la Corte Penal Internacional, con el objeti-
vo de descubrir si la gura de la willful blindness puede
ser siempre utilizada o si, por el contrario, hay deli-
tos que, por su naturaleza y tipicidad, no admiten este
complejo modo de imputación subjetiva. Finalmente,
en el apartado de conclusiones y recomendaciones, se
aporta una visión crítica sobre el uso de la gura por
parte de los tribunales penales internacionales (en los
delitos que se haya utilizado), a la vez que se propone
una serie de recomendaciones que puedan aportar se-
guridad jurídica a los diferentes operadores jurídicos
que pretendan aplicar la gura.
NACIMIENTO DE LA EN LA JURISPRUDENCIA
ANGLOSAJONA
La utilización de la gura de la willful blindness,
ya desde sus inicios, fue polémica, discontinua en el
tiempo y dispar en su aplicación. En efecto, a pesar de
que los primeros precedentes parecen situarse en las
primeras décadas del siglo XIX (Williams 1961, 157),
tuvo que esperarse hasta 1861, en el caso Regina vs.
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Sleep (Edwards 1954, 298), para poder equiparar la
falta de conocimiento intencional con el auténtico co-
nocimiento. Es decir, se admitió que un estado mental
menor al conocimiento era plenamente equiparable
al término knowledge, y en consecuencia se cumplían
las exigencias del mens rea (Fernández Budajir 2018,
125-126). Esta decisión permitió la imposición de la
misma pena tanto al conocedor de los hechos como al
sujeto que no los había conocido, porque había decidi-
do no conocerlos (Ragués i Vallès 2013, 13).
1. Primer precedente: Regina vs. Sleep
El primer caso del que se tiene constancia que un tri-
bunal hiciese uso de la gura de la willful blindness
data de 1861, en el caso Regina vs. Sleep (Robbins
1990, 196). Dicho pronunciamiento judicial analizaba
si la conducta de Mr. Sleep era o no constitutiva de
haber violado la Embezzlement of Pubblic Stores Act
de 1697, la cual prohibía vender objetos del gobierno
entre particulares. Adicionalmente, como eje central
del debate, debe destacarse que, para la comisión del
delito, antes de ello se exigía que se tuviese conoci-
miento de que los bienes en cuestión eran propiedad
del gobierno, razón por la cual, si el acusado no conta-
ba con dicho conocimiento, el jurado debía absolverle
(Ragués i Vallès 2007, 65)
Una vez que están claras estas premisas, pasamos a ex-
poner detalladamente el caso en cuestión. El protago-
nista del caso fue acusado de posesión de objetos del
gobierno con la intención de venderlos; se trataba de
tornillos de cobre que contenían un signo especíco
(una echa) que indicaba su pertenencia al gobierno.
En este sentido, el jurado que conoció del caso en pri-
mera instancia dictó un veredicto de culpabilidad por
el cual se condenaba al Sr. Sleep como autor respon-
sable de haber violado la Embezzlement of Pubblic Sto-
res Act, que podría equipararse hoy en día a un delito
de malversación o de apropiación indebida (Edwards
1954, 298).
No obstante, el señor Sleep decidió recurrir la sen-
tencia dada en primera instancia, con el principal
argumento de que debía haber sido absuelto al no
tener conocimiento de que los tornillos en cuestión
eran propiedad del gobierno. En consecuencia, al ser
exigido por la Embezzlement of Pubblic Stores Act co-
nocimiento para la comisión del delito, si no se demos-
traba tal conocimiento el acusado debía ser absuelto.
En otras palabras, la exigencia de conocimiento era un
elemento normativo del tipo; de manera que, si este
fallaba, no se cumplían las exigencias del tipo penal
y, en consecuencia, el acusado debía ser absuelto. Por
tal motivo, el juez Willes, quien conoció el caso en se-
gunda instancia, revocó la sentencia anterior y decidió
absolver al condenado con esta justicación: “el jura-
do no ha podido encontrar que el acusado supiese que
los bienes eran del gobierno o que deliberadamente
decidiese cerrar los ojos ante tal extremo” (Edwards
1954, 298).
Así, sin decirse expresamente que allí se aplicaba la
gura de la willful blindness, la equiparación del co-
nocimiento a la ausencia de conocimiento provocada
ponía en la jurisprudencia, y también en la doctrina,
este nuevo modelo de mens rea. Por lo tanto, aunque
no se creó una gura ni se denió su naturaleza y sus
características, sí se utilizó una lógica argumental que
permitió expandir el área que abarcaba el término
knowledge.
En segundo lugar, de las palabras del juez Willes debe
extraerse una idea relevante: en caso de que hubiese
sido demostrada una actitud de ignorancia deliberada
por parte del acusado, es decir, que de manera inten-
cional hubiese cerrado sus ojos ante hechos evidentes,
dicha actitud hubiese sido igual de culpable que un
conocimiento certero de los hechos. Así, el término
knowledge ya no abarcaba exclusivamente el cono-
cimiento actual y certero de la comisión de un deli-
to, sino que, de probarse que el acusado se rehusaba
a obtener información que podría haber tenido, las
consecuencias jurídicas podían llegar a ser las mismas
(Fernández Budajir 2018, 128-9). Por ende, el grado
de exigencia o precisión del conocimiento se veía re-
lativizado y ya no implicaba únicamente su denición
en el sentido clásico.
2. Segundo precedente: Bosley vs. Davies
A pesar de que el primer precedente tendría un fuerte
impacto en el ámbito de la imputación subjetiva (que
no solo se limitaría a Inglaterra, sino que se extendería
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a la jurisprudencia estadounidense), deberían pasar
casi 15 años para que un segundo tribunal volviese a
hacer uso de la willful blindness, esta vez en el caso
Bosley vs. Davies, en 1875 (Edwards 1954, 299-300).
En este caso, se acusó al propietario (licenciatario) de
un hotel de haber tolerado partidas ilegales de cartas
en su establecimiento, sin contar con la respectiva li-
cencia de juego. En consecuencia, se le hacía respon-
sable de haber violado la sección 17 de la Licensing Act
de 1872, por haber permitido apuestas dentro de su
local (Moak 1877, 199-202). No obstante, el acusado
se defendió con el argumento de que él no sabía que
en su local se jugaban partidas de cartas ilegales; y
quien era la directora de sala añadió que no sólo no lo
sabían, sino que el local no había facilitado la baraja de
cartas a los jugadores. Dicha versión fue corroborada
por los jugadores que fueron sorprendidos en la parti-
da ilegal de cartas.
Por estas razones, el licenciatario alegó que, debido
a que la infracción exigía conocimiento a quien se le
imputase tal delito, al no contar con dicho grado de
conocimiento, la sentencia debía ser absolutoria, pues
no se cumplía con las exigencias del ámbito subjetivo.
A pesar de dicho alegato, el tribunal decidió condenar
al propietario en base a la siguiente lógica: “El cono-
cimiento actual, entendido como ver y escuchar por
parte del acusado, no es necesario, pues puede haber
determinados extremos de los cuales se puede deducir
que él (el acusado) o sus sirvientes habían consentido
en lo que estaba pasando [en el local]” (Edwards 1954,
300-1).
En este sentido, el tribunal fue un paso más allá que en
la anterior sentencia analizada. En efecto, ya no sólo
armaba que quien se abstuviese deliberadamente de
conocer aquello que podía saber era igualmente cul-
pable como si efectivamente tuviese el conocimien-
to, sino que además exibilizaba aún más el término
knowledge. Este ya no se limitaba a ser un mero co-
nocimiento actual y certero de los elementos del tipo,
sino que también abarcaba aquellos casos en los que
había existido una tolerancia o connivencia a actuar
en una determinada dirección. Por esta causa, debe
extraerse la idea de que la presente sentencia, más que
desarrollar el concepto de willful blindness, sentó las
bases para poder condenar en un futuro a determina-
dos sujetos por acciones realizadas por sus subordina-
dos; vale decir que permitía la responsabilidad vicaria,
la que es atribuible a cierto responsable jerárquica-
mente superior por la negligencia de un subordinado
suyo. No obstante, se debe hacer una breve reexión
sobre las diferencias existentes entre los fundamentos
que permiten condenar a un sujeto mediante la doc-
trina de la willful blindness y aquellos casos en los que
se condena al sujeto en base a una responsabilidad
vicaria.
Debe avanzarse que los tribunales, ya en sus primeros
precedentes, han mezclado y confundido los términos,
al presentarles como sinónimos o como complemen-
tos uno del otro. Sin embargo, debe concluirse que
ambas instituciones presentan características propias,
y, en consecuencia, hechos típicos que separan a la una
de la otra. Por un lado, la responsabilidad vicaria per-
mite la condena de un sujeto por acciones realizadas
por sus subordinados, al entenderse que el superior je-
rárquico no ha realizado aquellas acciones tendientes
a evitar los elementos materiales del delito; es decir:
no ha evitado el actus reus del sujeto subordinado.
En otras palabras, la omisión o falta de control efecti-
vo por parte del superior jerárquico, cuando tenía la
obligación de conocer, se entiende que es equivalente
al término knowledge, y en consecuencia se permite
su condena penal como si fuese un delito realizado a
título individual.
Por otro lado, la willful blindness está diseñada para
aquellos sujetos que, al albergar la sospecha de que
pudieran estar realizando un ilícito penal, deciden
voluntariamente no conocer nada al respecto para,
en caso de ser descubiertos, defender su impunidad
al haber faltado el mens rea, es decir, la parte subjetiva
del delito.
Así, desde un inicio, se observa una característica di-
ferencial. Mientras en el ámbito de la responsabilidad
vicaria tendrem os al menos dos sujetos, el que reali-
za la conducta delictiva y quien tenía la obligación de
haberla evitado, en la willful blindness hay un sólo su-
jeto que decide no indagar más para no conrmar el
aspecto subjetivo del delito, es decir, evitar congurar
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la guilty mind. Asimismo, y estrechamente conectado
con el punto anterior, ambas instituciones se diferen-
cian también por el hecho de que, en el caso de la
willful blindness se reprocha al autor el haber decidi-
do no conrmar sus sospechas cuando la conrma-
ción le era posible. Es decir, se castiga al autor por no
haber querido conocer los detalles y particularidades
de la acción delictiva cuando le era posible hacerlo.
Por el contrario, el sujeto al que se hace responder en
base a la responsabilidad vicaria, no necesariamen-
te debe haber tenido sospecha de la conducta de su
subordinado; simplemente se le reprocha no haber
sido sucientemente diligente en el control de sus
inferiores.
Este avance tan signicativo será estudiado detenida-
mente más adelante, cuando se analice el artículo 28
del Estatuto de la Corte Penal Internacional (en ade-
lante también referido como Estatuto de Roma). Así,
parecen confundirse los términos willful blindness,
connivencia, conocimiento de segundo grado y res-
ponsabilidad vicaria (Charlow 1992, 1361-3).
En otras palabras, los primeros precedentes de la
willful blindness no logran instaurar pautas certeras
y homologadas para establecer con claridad cuándo
este nuevo tipo de mens rea puede ser usado o no, ni
se denen con claridad cuáles son los elementos que
deben probarse desde un ámbito procesal.
De hecho, en las sentencias analizadas no parece que
se busca crear propiamente un nuevo tipo de mens
rea o imputación subjetiva para cubrir las lagunas que
deja el término knowledge, sino que estas están enfo-
cadas en permitir la condena de aquellos sujetos que o
bien han consentido en la comisión del delito o bien,
por su posición (principalmente empresarial), deben
responder penalmente por las acciones u omisiones de
sus subordinados.
Esta vía de acción, a pesar de poder parecer una buena
solución por posibilitar que nadie quede impune, es
al mismo tiempo peligrosa, pues con ella se llega a
considerar igualmente culpable a un sujeto que cuenta
con conocimiento pleno de los hechos y a uno que
no ha investigado lo suciente cuando podía o debía
haberlo hecho.
3. Expansión de la willful blindness:
desordenada, contradictoria y confusa
Redgate vs Haynes
Tuvieron que pasar tan sólo unos meses más para que,
en 1876, en el caso Redgate vs Haynes (Edwards 1954,
299-300), el tribunal volviese a hacer uso de expresiones
similares a las utilizadas en los casos precedentes sobre
la equiparación entre grado de conocimiento certero y
abstención deliberada de adquirir dicho conocimiento.
En este caso, se acusaba a un portero de restaurante
de haber tolerado partidas ilegales de cartas en el esta-
blecimiento donde trabajaba, y en la sentencia se ana-
lizó si el propietario del restaurante debía responder
también por la tolerancia del juego en sus instalacio-
nes. El tribunal concluyó que podía llegar a imputar-
se responsabilidad penal al propietario del local si se
cumpliera alguna de las dos siguientes premisas: si el
propietario “se abstiene deliberadamente de constatar
si la partida está teniendo lugar o no”, o si el propieta-
rio “se va a dormir y deja a un sirviente al cargo de la
propiedad que tenga connivencia con la práctica del
juego”. Finalmente, el juez concluyó que “no es nece-
sario que se pruebe un conocimiento actual de que se
está jugando. Creo que con demostrar la connivencia
por parte del propietario o de la persona encargada es
suciente [para acreditar el mens rea]” (Ibíd.).
Por lo tanto, en esta sentencia se reitera la idea de que
la abstención de adquirir determinados conocimien-
tos que se podían haber indagado y la posesión actual
de conocimiento son dos hechos totalmente equipara-
bles y merecedores de la misma respuesta punitiva. No
obstante, también parece desprenderse del pronuncia-
miento de estas sentencias que aquí realmente se bus-
ca poder condenar a un determinado sujeto por actos
ilícitos cometidos por otro sujeto. Es decir, en las sen-
tencias analizadas se puede leer más preocupación por
la atribución de responsabilidad penal a los propieta-
rios de restaurantes y hoteles por los actos que hayan
podido cometer sus subordinados que por desarrollar
una teoría en la que se establezcan los criterios con-
cretos y pautas de interpretación para proceder a una
equiparación justa entre el desconocimiento provoca-
do y el auténtico conocimiento.
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Somerset vs. Hart
Años más tarde, en 1884, tuvo lugar el caso Somerset
vs. Hart (Edwards 1954, 300-2). Al igual que en los
casos precedentes, se acusaba al propietario de haber
consentido un juego ilegal en sus dependencias. No
obstante, tras la práctica de la prueba en juicio, el tri-
bunal decidió absolver al propietario, con el argumen-
to de que la persona responsable de la sala no le había
informado en ningún momento de la actividad ilegal.
Asimismo, el tribunal concluyó que no había existi-
do connivencia entre el propietario y el trabajador del
bar, razón por la cual debía absolverse al acusado.
En este sentido, a pesar de que en el presente caso se
dictó una sentencia absolutoria, la equiparación entre
conocimiento pleno, connivencia en la comisión del
delito e ignorancia deliberada sigue presente en el ra-
zonamiento del tribunal. No obstante, si bien ambas
sentencias comparten el criterio de equiparar conoci-
miento e ignorancia deliberada del acto delincuencial,
ambas dieren en que la transferencia de responsabili-
dad penal del subordinado al jefe/propietario no se hace
de manera automática, pues en en el caso Somerset vs.
Hart se establece que, para que se produzca tal traslado
de responsabilidad penal, debe existir una cierta con-
nivencia entre trabajador y propietario o tolerancia por
parte de este último en la comisión del delito.
Además, la decisión del tribunal está de nuevo orien-
tada no sólo a una equiparación real entre conoci-
miento y ausencia de este por decisión del sujeto, sino
que también se pretende establecer responsabilidad
penal de manera indirecta para permitir el traslado de
la responsabilidad penal y, en consecuencia, crear un
sistema de responsabilidad vicaria penal.
Bond vs. Evans
Cuatro años después, en 1888, tuvo lugar el caso Bond
vs. Evans (Edwards 1954, 300-1), enmarcado también
en la persecución de delitos de tolerancia del juego ile-
gal de cartas. No obstante, este caso tuvo un papel fun-
damental, ya que, por un lado, intentó acercar aquellos
pronunciamientos previos que eran contradictorios
en materia de willful blindess y, por otro lado, intentó
establecer los límites de la responsabilidad vicaria. Es
decir, era la oportunidad de los jueces del caso para
decidir si optaban por los criterios seguidos en el caso
Somrest vs. Hart o si, por el contrario, optaban por
seguir la línea jurisprudencial de los primeros prece-
dentes establecidos con los casos Redgate vs. Haynes
y Bosley vs. Davies. A pesar de sus diferencias, los an-
teriores pronunciamientos compartían dos caracterís-
ticas esenciales: la equiparación entre conocimiento y
desconocimiento voluntario, y la idea del traslado de
la responsabilidad penal del subordinado hacia el jefe/
propietario.
Sin embargo, sí existían algunas diferencias.Por un
lado, en el caso Somrest vs. Hart se llegaba a la conclu-
sión de que el traslado de la responsabilidad penal del
subordinado hacia el jefe no se producía de manera
inmediata, sino que, para que existiese tal traslado de
responsabilidad, debía existir cuanto menos un cierto
grado de connivencia entre propietario y empleado.
Por otro lado, en los casos Redgate vs. Haynes y Bosley
vs. Davies no sólo se equiparaba conocimiento certero
y actual con ignorancia provocada, sino que se daba
un paso más: se establecían reglas objetivas mediante
las cuales se hacía acreedor de responsabilidad penal
al propietario por los hechos cometidos por su subor-
dinado, con independencia de que hubiese existido o
no connivencia entre ambos (Fernández Budajir 2018,
129). Según esta nueva lógica, si el Ministerio Fiscal
conseguía probar hechos objetivos, el mens rea se de-
ducía por sí solo, y en consecuencia era posible conde-
nar penalmente. En suma, esta sentencia era decisiva,
ya que podía arreglar las discrepancias existentes en
los pronunciamientos previos.
En este sentido, los jueces del caso tuvieron que hacer
un esfuerzo para tratar de armonizar las resoluciones
previas. La conclusión alcanzada fue que difícilmente
ambas teorías podían llegar a convivir en armonía; ra-
zón por la cual, los jueces establecieron que las prime-
ras sentencias (Redgate vs. Haynes y Bosley vs. Davies)
eran más acordes al Derecho, en el entendido de que
la responsabilidad penal vicaria sí podía transmitirse
de manera automática. En consecuencia, se establecía
que este era el criterio y lineamiento jurisprudencial
que debía seguirse; es decir, una responsabilidad vica-
ria entendida en sentido amplio y no restringida a la
idea de connivencia.
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LOS CRÍMENES INTERNACIONALES Y LA POSIBILIDAD DE APLICAR
LA EN SU JUZGAMIENTO
Una vez revisado el origen de la gura conocida
como willful blindness, se analizará la posibilidad de
aplicarla en los cuatro crímenes internacionales de
competencia material de la Corte Penal Internacional
(en adelante CPI); es decir que se hará un ejercicio
teórico práctico indagando si es posible utilizar la ins-
titución para cubrir el aspecto subjetivo en el delito
de genocidio, el crimen de agresión, los crímenes de
guerra y los crímenes de lesa humanidad. En aras de
completar dicho análisis y con el ánimo de brindar un
contexto adecuado, se detallarán, en primer lugar y de
manera breve, las formas de participación en los deli-
tos anteriormente mencionados.
Al mismo tiempo que se observan los elementos del
delito, concretamente aquellos que afectan a la tipi-
cidad, se analizará también la jurisprudencia de los
tribunales penales internacionales, concretamente
el delito de lesa humanidad, por haber sido el único
de los cuatro mencionados en los que se ha admitido
expresamente este complejo modelo de imputación
subjetiva.
Por tales motivos, en los tres primeros delitos (geno-
cidio, agresión y crímenes de guerra) se profundizará
en la posibilidad de aplicar o no la institución, debido
a que el estudio jurisprudencial no puede darse al no
haber sido utilizada hasta la fecha la institución de la
ignorancia deliberada por ningún tribunal penal inter-
nacional ni por la CPI. Por el contrario, en el análisis
del delito de lesa humanidad, no sólo se reexionará
sobre la posibilidad de que la CPI eche mano de esta
institución en un futuro, sino que se adoptará una po-
sición crítica respecto al uso que se ha hecho de ella
por los tribunales penales internacionales.
Del análisis de los delitos y de las sentencias de los tri-
bunales penales internacionales que precedieron a la
CPI, se extraerán ideas críticas, que se detallarán en
las conclusiones y recomendaciones, con el objetivo
de brindar mayor seguridad a los operadores jurídicos
que deseen utilizar la institución en la resolución de
futuros casos penales.
1. Autoría, participación y responsabilidad
penal individual en el Estatuto de Roma
La Corte Penal Internacional se encarga de juzgar y
sancionar a individuos por el cometimiento de los
cuatro crímenes ya enlistados (y que se analizarán de-
talladamente en el siguiente apartado). En otras pala-
bras, la responsabilidad es individual y se deriva de las
conductas realizadas independientemente del cargo
de la persona, ya que la corte no admite ningún tipo
de inmunidad.
En este sentido, el artículo 25 del Estatuto de Roma
prevé las formas tradicionales de autoría y participa-
ción, es decir la autoría directa o material (25.3.a), la
autoría intelectual (25.3.b), la complicidad y encubri-
miento (25.3.c), la coautoría (25.3.d), más la instiga-
ción al genocidio (25.3.e).
De forma adicional y complementaria al artículo 25,
el artículo 28 del Estatuto prevé la posibilidad de en-
contrar penalmente responsables a los jefes políticos y
militares por el comportamiento de sus subordinados
(principio de responsabilidad vicaria). De hecho, de-
bido al principio de complementariedad y a las limi-
taciones de la corte, el estatuto y la corte pretenden
juzgar en particular a aquellos máximos responsables
por los crímenes de competencia de la corte. Dicho
de otro modo, la corte no busca juzgar al soldado o al
cabo que ha realizado la materialización, por ejemplo
del delito de genocidio, sino que su objetivo es juzgar
a los altos mandos políticos y militares que han dado
las órdenes para cometerlo, o que, pese a saber que de
hecho se llevaba a cabo, no han realizado ningún acto
para impedirlo.
En este sentido, el artículo 28.a del Estatuto de Roma
establece, a más de las formas tradicionales de auto-
ría y participación, que serán también responsables
el jefe militar o quien actúe como tal, respecto de las
conductas perpetradas por sus subordinados, si es que
“i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias
del momento, hubiere debido saber que las fuerzas
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estaban cometiendo esos crímenes o se proponían co-
meterlos; y ii) no hubiere adoptado todas las medidas
necesarias y razonables a su alcance para prevenir o
reprimir su comisión o para poner el asunto en cono-
cimiento de las autoridades competentes a los efectos
de su investigación y enjuiciamiento”. Además:
28.b) […] el superior será penalmente responsa-
ble por los crímenes de la competencia de la Corte
que hubieren sido cometidos por subordinados
bajo su autoridad y control efectivo, en razón de
no haber ejercido un control apropiado sobre esos
subordinados, cuando: i) Hubiere tenido conoci-
miento o deliberadamente hubiere hecho caso
omiso de información que indicase claramente
que los subordinados estaban cometiendo esos
crímenes o se proponían cometerlos.1
Finalmente, como un complemento a las dos dispo-
siciones indicadas, el artículo 30 del estatuto exige
“intencionalidad”, en la que reposan los criterios de
intención y conocimiento, en los siguientes términos:
30.2. A los efectos del presente artículo, se entien-
de que actúa intencionalmente quien: a) En re-
lación con una conducta, se propone incurrir en
ella; b) En relación con una consecuencia, se pro-
pone causarla o es consciente de que se producirá
en el curso normal de los acontecimientos. 3. A los
efectos del presente artículo, por “conocimiento”
se entiende la conciencia de que existe una cir-
cunstancia o se va a producir una consecuencia en
el curso normal de los acontecimientos [...].
En este sentido, en las decisiones de Lubanga, Bemba
y Ngudjolo, la Corte ha establecido que no es posi-
ble encontrar responsabilidad penal cuando se com-
pruebe dolo eventual o imprudencia en la conducta,
exigiendo en todo caso dolo directo del autor. No obs-
tante, lo interesante es analizar si existe la posibilidad
de que los estándares de intención y conocimiento (los
denominados elementos cognitivo y volitivo del dolo)
puedan ser comprendidos bajo el concepto de la ig-
norancia deliberada, es decir un desconocimiento vo-
luntario e intencional, provocado exclusivamente por
1 Énfasis de los autores.
el sujeto y que sea equiparable al dolo directo. Para
cumplir con dicho propósito investigador, se procede-
rá primeramente al análisis de los elementos materia-
les de cada uno de los crímenes de competencia de la
CPI.
2. Genocidio
El genocidio, gura que empieza a tomar forma tras
la Segunda Guerra Mundial, fue denido de forma
vinculante por primera vez en el artículo II de la Con-
vención para la prevención y sanción del delito de ge-
nocidio de 1948, en los mismos términos que en 1998
se adoptarían en el Estatuto de Roma.
Así, de conformidad con el artículo 6 del Estatuto de
Roma, es necesario comprobar la existencia de un
grupo protegido, que especícamente deberá ser na-
cional, étnico, racial o religioso, en los términos desa-
rrollados por los tribunales conocidos como ad hoc,
particularmente del Tribunal Penal Internacional para
Ruanda (en adelante TPIR), en las decisiones de los
casos en contra de Akayesu y Kayishema (Cryer et al
2014, 208-11).
Además de la condición con la que debe cumplir el
sujeto pasivo del delito (la pertenencia al grupo), es
necesario que los perpetradores realicen especíca-
mente una de las conductas indicadas en el artículo 6
del Estatuto de Roma, en los términos descritos en el
documento “Elementos de los crímenes”, que comple-
menta el Estatuto de Roma. Dicho documento incluye
dos elementos fundamentales de cara al conocimiento
que debe tener el perpetrador para poder ser encon-
trado responsable de este delito, a saber: el elemento
contextual y el elemento mental.
Al respecto, el documento mencionado indica que
para todas las conductas constitutivas de genocidio
se requiere respectivamente “[q]ue la conducta haya
tenido lugar en el contexto de una pauta maniesta
de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya
podido por sí misma causar esa destrucción”, y “[q]ue
el autor haya tenido la intención de destruir, total o
parcialmente, a ese grupo”.
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En un escenario hipotético, un sujeto podría volunta-
riamente optar por ignorar el elemento contextual, es
decir, optar por escoger deliberadamente la ignoran-
cia del contexto genocida pese a que podía conocer
bien los hechos que ocurrían. Sin embargo, no parece
posible que el elemento mental, conocido como dolo
especial, pueda ser cumplido por el individuo sin la
plena intención de destruir, en todo o en parte, al gru-
po protegido, una situación que, por ende, también
haría presumir el conocimiento del contexto; a menos
que se trate, muy improbablemente, de individuos que
actúen de forma aislada contra un grupo que está pro-
tegido en una forma tal que no se genere conocimien-
to del resto de participantes sobre el contexto en el que
se encuentran. De nuevo, un escenario elevadamente
improbable por la complejidad del crimen, que, según
ciertos autores, requiere incluso de una estructura
para ser cometido (Vest 2007, 781), ya que, en el caso
de que se lo considere como un crimen individual, se
corre el riesgo de incluir ciertas conductas aisladas que
no deberían ser consideradas como genocidio (Cryer
et al 2014, 208-9).
Ante este panorama, parece muy improbable que la
Corte Penal Internacional decida aplicar la gura de
willful blindness para el crimen de genocidio. Esta
cuestión aún está por verse, toda vez que no existe nin-
guna sentencia por este crimen hasta la fecha, aunque
sí existe una investigación por supuesto genocidio, en
el contexto de Darfur y Sudan, en la que se espera la
entrega del sospechoso, Omar Al Bashir, para poder
continuar con el procedimiento.
3. Agresión
El crimen de agresión se caracteriza por actos que
constituyen maniestas violaciones de la Carta de
Naciones Unidas. Este es el único de los crímenes de
competencia de la Corte Penal Internacional que no
pudo ser denido durante las negociaciones del Es-
tatuto de Roma, y que fue denido apenas en el año
2010, tras la Conferencia de Kampala, en la que se re-
visó el Estatuto. La falta de acuerdo se debió en mucho
a que se trata de un crimen que, a diferencia de los
otros tres que aquí se analizan, apunta directamente
2 Énfasis de los autores.
a la responsabilidad de los máximos líderes estatales,
quienes, consecuentemente, no estaban del todo de
acuerdo con que se llegara a una denición que pu-
diese generarles responsabilidad penal (Schabas 2020,
140-3).
Con este antecedente, resulta lógico que en 2010 se
haya optado por la denición del crimen de agresión
que ya había sido establecida en 1974, en la Resolución
3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Así, el numeral 1 del artículo 8 bis del Estatuto
de Roma establece que “una persona comete un cri-
men de agresión cuando, estando en condiciones de
controlar o dirigir efectivamente la acción política o
militar de un Estado, dicha persona planica, prepara,
inicia o realiza un acto de agresión que por sus carac-
terísticas, gravedad y escala constituya una violación
se había anticipado, se trata de un crimen con un suje-
to activo calicado.
En este sentido, los actos de agresión, entendidos de
conformidad con el numeral 2 del artículo 8 bis del
Estatuto de Roma, como “el uso de la fuerza armada
por un Estado contra la soberanía, la integridad te-
rritorial o la independencia política de otro Estado, o
en cualquier otra forma incompatible con la Carta de
Naciones Unidas”, deben tener detrás a un alto líder
político o militar.
Además, los elementos de los crímenes del Estatuto de
Roma exigen un determinado nivel de conocimiento,
especícamente: “[q]ue el autor haya tenido conoci-
miento de las circunstancias de hecho que determi-
naban la incompatibilidad de dicho uso de la fuerza
armada con la Carta de las Naciones Unidas”, y “[q]
ue el autor haya tenido conocimiento de las circuns-
tancias de hecho que constituían dicha violación ma-
niesta de la Carta de las Naciones Unidas”. Es decir,
la propia redacción del tipo penal hace necesario que
el autor sea consciente de que, mediante determinados
actos, se violará la Carta de las Naciones Unidas y en
consecuencia su espíritu. Por lo tanto, de las exigencias
del escrito penal se desprende la idea de que el autor
debe tener un conocimiento certero de que, de facto,
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encamina sus esfuerzos o los de las personas inmedia-
tamente inferiores, a realizar actos de tal magnitud y
gravedad que atentan contra la esencia de la Carta de
las Naciones Unidas. No obstante, ciertos autores han
manifestado que no existe la necesidad de probar que
el perpetrador conocía la ilegalidad de la conducta
concreta (acto de agresión especíco), ni de probar
que el perpetrador realizó una evaluación al respec-
to de la posible violación de la Carta de las Naciones
Unidas con su conducta (Cryer et al. 2014, 322). Es
decir que no sería necesario probar que el perpetrador
conocía sobre la ilegalidad del acto, siempre que haya
tenido la intención positiva de llevar adelante un acto
de agresión en general, de modo que se da prioridad
al actus reus (la conducta) por sobre el mens rea (la
mente criminal).
A nuestro juicio, y al profundizar en nuestra postura,
entendemos que tal argumentación no es válida, pues,
cuando el propio tipo penal exige que el actor tenga
un conocimiento certero de que sus acciones violan
la carta de las Naciones Unidas, para todo estado
mental que no implique el conocimiento de que se
está cometiendo el presente delito deberá entenderse
que no cumple con las exigencias de tipicidad. Es así
porque, en la medida en que la doctrina dominante
entiende que la culpabilidad es un concepto normativo,
la willful blindness afecta directamente a la tipicidad,
es decir, al ámbito subjetivo.
En consecuencia, al exigirse de manera clara en el tipo
penal que el sujeto infractor debe contar con conoci-
miento, no es posible admitir la posición de Cryer de
permitir la condena penal de un sujeto por delito de
agresión si no supo ni conoció la violación a la Carta
de las Naciones Unidas, ni la magnitud de esta. Por
estas razones, debe ya anticiparse, sin perjuicio de un
posterior desarrollo, que, al ser exigido un estándar de
conocimiento positivo y certero, la gura de la willfull
blindness debe descartarse en la aplicación del delito
de agresión.
En conclusión, son tres los argumentos que sustentan
la idea de que la gura de la ignorancia deliberada no
puede ser usada para cumplir con el ámbito subjetivo
del delito de agresión. En primer lugar, p or la caracte-
rística de los verbos, ya que el artículo habla de quien
“planique, prepare o inicie”, y difícilmente se puede
ignorar, al mismo tiempo que se planica, prepara o
se inicia una agresión contra la Carta de las Naciones
Unidas. En segundo lugar, el artículo deja abierta la
puerta al indicar que también es posible el presente
delito al realizar “un acto de agresión”. Es cierto que
con esta cláusula más abierta se garantiza que no que-
den lagunas punitivas; no obstante, al no admitirse
la omisión como un posible elemento del tipo penal,
difícilmente podrá encontrarse en una situación de ig-
norancia deliberada quien haya realizado algún acto
previo. Finalmente, al exigirse que dicha violación a
la Carta de las Naciones Unidas cuente con unas ca-
racterísticas, dimensión y gravedad determinadas, es
prácticamente imposible concebir un escenario en el
que un sujeto político o militar altamente relevante no
se entere o no comprenda que, con sus actos o los de
sus subordinados, se vulnera claramente la Carta de
4. Crímenes de guerra
Al hablar de crímenes de guerra es inevitable referirse
al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por ser
la rama del Derecho Internacional Público encargada
de regular la conducta de las partes en conicto, sea
o no éste de carácter internacional. Se realizarán pre-
viamente algunas precisiones sobre este punto, con el
objetivo de brindar algo de contexto antes de analizar
el fondo del asunto.
Puede denirse al Derecho Internacional Humanita-
rio como el conjunto de normas, de origen escrito y
consuetudinario, que serán aplicables durante los con-
ictos armados, con el objetivo de limitar, por razones
humanitarias, la conducta de las partes en el enfren-
tamiento. Es decir, se busca proteger a las personas
que no participan o que han dejado de participar en el
combate armado, así como a los bienes que no tienen
relación con la acción bélica (Melzer 2016, 17). Así, el
DIH ni prohíbe ni permite el uso de la fuerza, pero sí
la limita una vez que se ha congurado un conicto
armado. En este sentido, el DIH no se aplica en situa-
ciones de violencia, tales como tensiones y disturbios
internos. A pesar de que la doctrina menciona algu-
nas clasicaciones, para la aplicación del derecho exis-
ten sólo dos tipos de conicto armado: internacional
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(CAI por sus siglas) o no internacional (CANI por sus
siglas). En consecuencia, una vez que se ha iniciado
un CAI o un CANI, se considerará como un crimen
de guerra una de las graves violaciones al Derecho
Internacional Humanitario tipicadas en el artículo 8
del Estatuto de Roma.
Al respecto, al igual que en los crímenes previos, en el
documento “Elementos de los crímenes” se encuen-
tran ciertos componentes mentales que se requieren
para la existencia de un crimen de guerra, concre-
tamente: “[q]ue la conducta haya tenido lugar en el
contexto de un conicto armado internacional y haya
estado relacionada con él”, y “[q]ue el autor haya sido
consciente de las circunstancias de hecho que estable-
cían la existencia de un conicto armado”.
Además, en el contexto de un conicto armado, resulta
particularmente relevante el ya mencionado artículo
28 del Estatuto de Roma, que establece la posibilidad
de que exista responsabilidad para los líderes militares
y otros superiores, toda vez que las fuerzas armadas y
los grupos armados organizados se caracterizan por
contar con una estructura jerárquica.
En este sentido, se espera que los superiores ejerzan
control respecto de sus subordinados; caso contrario
se podría considerar que el superior ha permitido o
consentido, incluso por vía de la ignorancia delibera-
da, la realización de algún crimen de guerra. Así, el
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(en adelante TPIY), en la apelación del caso Halilo-
vic, indicó que se espera que los jerárquicos superiores
ejerzan control, ya sea que evitan o castiguen, cuan-
do esto sea posible, o que remitan al posible respon-
sable del cometimiento de crímenes a las autoridades
correspondientes, siempre que sus atribuciones así lo
permitan.
Lo antedicho abre la puerta a que el superior jerárqui-
co decida ignorar las conductas delictivas que realizan
sus subordinados y, en consecuencia, decida no im-
pedir dichos comportamientos. Es decir, el superior
jerárquico político o militar tiene la sospecha de que
sus subordinados incurren en crímenes de guerra,
pero preere no investigar y mantenerse de manera
voluntaria en la ignorancia. Por lo tanto, una conducta
de este tipo genera dos efectos: 1) al no haber cono-
cimiento de los hechos delictivos no se puede impe-
dir que se sigan cometiendo, y 2) al no conocerlos ni
impedirlos, tampoco es posible posteriormente repri-
mirlos ni sancionarlos, porque se ha decidido no saber
qué ocurre en el presente o qué ha ocurrido antes.
Para más detalles, la sala de juicio del caso Oric, del
propio TPIY, ofreció algunas guías sobre las conside-
raciones que deben tomarse en cuenta cuando un su-
perior incumple su obligación de prevenir. Entre ellas
se incluyen: el grado de control que ejerce sobre la
conducta de sus subordinados, las medidas que puede
realizar en la planicación de las operaciones con el
objetivo de prevenir la ocurrencia de crímenes, la po-
sibilidad de que los subordinados cometan crímenes y,
una suerte de respaldo al superior, si era posible hacer
algo al respecto, toda vez que el jerárquico, aun siendo
tal, no está obligado a lo imposible. Las acciones que
se esperan del superior incluirían, entre otras: emitir
órdenes claras que prevengan el cometimiento de crí-
menes y que aseguren el cumplimiento del Derecho
Internacional, así como investigar si existen razones
para creer que se han cometido crímenes e iniciar las
acciones disciplinarias que correspondan en caso de
que existan sucientes razones para hacerlo.
Sin duda el punto más relevante para nes de este
artículo es analizar la reexión que el TPIY hace en
referencia a la responsabilidad del superior en los
crímenes de guerra. Sin mencionar la doctrina de la
ignorancia deliberada de manera explícita, dicho tri-
bunal estableció que hacer “la vista gorda” (turning
a blind eye, en el inglés original) es inadmisible para
nes de la aplicación del Derecho Penal Internacio-
nal, de forma que puede llegar a responsabilizarse al
mando militar o político que ignore voluntariamente
el cometimiento de crímenes de guerra por parte de
sus subordinados.
Asimismo, en aplicación del artículo 28 del Estatuto
de Roma, tal como lo ha dicho la Sala de Cuestiones
Preliminares de la Corte Penal Internacional en el
caso de Bemba Gombo, hay varias medidas de parte
del superior que son necesarias, como que asegure el
entrenamiento en Derecho Internacional Humanita-
rio para sus subordinados, que asegure un sistema de
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reportes a n de vericar el cumplimiento del De-
recho Internacional, que dé órdenes que cumplan
con las leyes de la guerra y que tome medidas disci-
plinarias para prevenir la comisión de crímenes de
guerra.
Así las cosas, es claramente posible que, si un superior
incumple las medidas indicadas, la Corte Penal Inter-
nacional pueda encontrarlo responsable de crímenes
de guerra. La ignorancia deliberada en relación con el
presente delito puede darse o bien en no detener a los
subordinados cuando están cometiendo el delito -una
decisión que generaría responsabilidad en concepto
de autor-, o bien en no investigar ni castigar a los su-
bordinados que han realizado el delito cuando éste ya
ha concluido. En este segundo caso, se estaría ante un
caso de encubrimiento, penado y sancionado en base
al artículo 25.3.C del Estatuto de Roma.
Esta conclusión se enlaza perfectamente con el artícu-
lo 28.b.i del Estatuto de Roma, que permite condenar
como penalmente responsable a quien “deliberada-
mente hubiere hecho caso omiso de información que
indicase claramente que los subordinados estaban
cometiendo esos crímenes o se proponían cometer-
los”. Por estas razones, se arma en este punto que es
posible enjuiciar y condenar a un superior jerárquico,
político o militar por crímenes de guerra en base a la
gura de la ignorancia deliberada.
5. Crímenes de lesa humanidad
Finalmente, se analizan los elementos de los crímenes
de lesa humanidad, descrita como aquella conducta,
perpetrada como un ataque, sistemático o generali-
zado, contra una población civil, con conocimiento
de dicho ataque, en los términos del artículo 7 del
Estatuto de Roma. En este sentido, el numeral 2 del
artículo 7 indica que “[a] los efectos del párrafo 1: a)
Por “ataque contra una población civil” se entenderá
una línea de conducta que implique la comisión múl-
tiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una
población civil, de conformidad con la política de un
Estado o de una organización de cometer ese ataque o
para promover esa política”3.
3 Énfasis de los autores.
Al hablar de lesa humanidad, el elemento mental espe-
cíco requiere que el autor haya tenido conocimiento
de que la conducta era parte de un ataque generali-
zado o sistemático dirigido contra una población ci-
vil. No obstante, según se indica en “Elementos de los
crímenes”, esto “no debe interpretarse en el sentido de
que requiera prueba de que el autor tuviera conoci-
miento de todas las características del ataque ni de los
detalles precisos del plan o la política del Estado o la
organización”. Es decir, el superior jerárquico, político
o militar, no tiene que conocer las particularidades ni
los detalles del ataque que sus subordinados ejercen o
pretenden ejercer contra la población civil. Esta idea
permite, desde un inicio, abrir la puerta a la admisión
de la ignorancia deliberada en el seno del presente de-
lito, pues, aunque se decida ignorar las particularida-
des del ataque o su modalidad, quien ostente un cargo
superior podrá responder de los actos que sus subor-
dinados hayan realizado.
A diferencia de los anteriores delitos, al hacer un
análisis de la jurisprudencia del TPIY en materia del
presente delito, concretamente en los casos Tadic o
Kupreskic, sí se encuentra que la institución de la ig-
norancia deliberada ha sido utilizada. Se establece en
la argumentación de la sentencia condenatoria que
no era necesario demostrar por parte de la acusación
que los autores del delito de lesa humanidad conocían
los detalles de la materialización del delito. Es cierto
que se insiste en que conocer el contexto del ataque,
sistemático o generalizado, es indispensable para ser
responsable de un crimen de lesa humanidad; sin em-
bargo, el mismo tribunal ha indicado expresamente
que la ignorancia deliberada, e incluso correr el riesgo
de tomar parte en un ataque sistemático o generaliza-
do, es suciente; razón por la cual, la willful blindness
sí se encuentra plenamente reconocida en la jurispru-
dencia del TPIY. Vale decir, el tribunal equipara tanto
la ignorancia deliberada como el dolo eventual con un
auténtico conocimiento de los hechos.
Una vez analizados los extremos más relevantes de la
jurisprudencia del TPIY que permiten la condena por
el delito de lesa humanidad en su modalidad de igno-
rancia deliberada, a continuación se pasa a argumentar
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de manera motivada, porque la CPI sí puede hacer
uso de la ignorancia deliberada para cumplir las exi-
gencias del elemento subjetivo del delito de lesa hu-
manidad. Enseguida se muestra cómo es plenamente
posible la aplicación de la ignorancia deliberada en el
presente delito.
Para llevarla a cabo debe plasmarse la redacción del
artículo 7.1.d) del Estatuto de Roma:
7.1. A los efectos del presente Estatuto, se entende-
rá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de
los actos siguientes cuando se cometa como par-
te de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de dicho
ataque
d) Deportación o traslado forzoso de población...
A la luz de este precepto, es perfectamente imaginable
y posible que los soldados de un ejército efectúen tras-
lados forzosos de la población civil, incluso cuando
ésta se resiste y se niega a ello. Así pues, en el seno de
una guerra o conicto armado, puede darse que un su-
perior jerárquico, político o militar, decida ignorar los
actos que realizan sus inferiores en una determinada
región remota del territorio. Dicho superior, perfecta-
mente podría indagar o pedir explicaciones y detalles
sobre qué ocurre con la población civil del territorio
alejado, pero puede elegir mantenerse al margen y no
adquirir un grado certero de conocimiento, de modo
que se sitúa en una posición de ignorancia deliberada.
La decisión de ignorar puede venir motivada por cri-
terios de comodidad (no querer preocuparse especial-
mente de sus funciones) o por el objetivo de crear una
excusa que alegar en caso de ser juzgado; es decir, pre-
tender negar el elemento subjetivo de conocimiento.
Dicho en otras palabras, de la jurisprudencia del TPIY
se desprende que el perpetrador no necesita compartir
el propósito o los nes del ataque, pues el elemento
mental de los crímenes de lesa humanidad se despren-
de del conocimiento, o desconocimiento involuntario
del contexto, no así del motivo.
Dicho punto es importante, pues se considera que, en
este aspecto, la jurisprudencia del TPIY en materia de
lesa humanidad que utiliza la ignorancia deliberada es
adecuada, porque los motivos que tenga el autor para
conocer, aceptar la alta probabilidad o mantenerse ig-
norante son independientes respecto a la congura-
ción del tipo y a la culminación de las exigencias del
ámbito subjetivo. En cualquier caso, con independen-
cia de los motivos que haya tenido el autor, el delito se
materializa y, en consecuencia, tiene el mismo grado
de responsabilidad penal tanto aquel que ha tenido
conocimiento como aquel que se ha abstenido volun-
tariamente de tenerlo.
Por estos motivos, al haberse aceptado y aplicado la
gura de la ignorancia deliberada en el TPIY, nada
debería impedir a la CPI usarla para fundamentar la
condena por el delito de lesa humanidad. En este sen-
tido, bastaría que un ataque sistemático o generalizado
tenga lugar de forma notoria, de modo tal que su ne-
gación no sería convincente, para que el conocimiento
por parte de los principales responsables pueda ser in-
ferido de los hechos y circunstancias relevantes (Cryer
et al. 2014, 244-5).
Asimismo, también se ha explicado, con el ejemplo
práctico del traslado forzoso de la población, cómo es
perfectamente posible que lleguen a materializarse los
elementos del tipo, concretamente los del ámbito sub-
jetivo, a través de la gura de la ignorancia deliberada.
En conclusión, no sólo se deende la buena utilización
por parte de los tribunales penales de la gura de la
ignorancia deliberada, sino que se observa como po-
sible, y a la vez probable, que la CPI termine haciendo
uso de esta.
CONCLUSIONES
El análisis de los primeros precedentes de la uti-
lización de la willful blindness en la cuna de la juris-
prudencia anglosajona permite entender su peculiar
origen, su naturaleza confusa y sus primeros pasos
contradictorios en sede judicial. Por cuestión de es-
pacio, en el presente artículo no puede analizarse el
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recorrido que ha tenido la gura hasta la fecha de hoy,
pero el estudio de sus primeros precedentes ha permi-
tido entender su gestación y posterior desarrollo.
Así, en primer lugar, su denominación, ya desde
un inicio, es altamente confusa; no sólo por la in-
nidad de nombres con que ha sido nombrada esta
doctrina (willful blindness, purposely abstaining from
ascerting, wilfully abstaining, etc.), sino porque, ade-
más, en un inicio, los autores la denominaban tam-
bién connivencia o conocimiento de segundo grado
(Edwards 1954, 302). Entonces, en el ámbito anglosa-
jón, la responsabilidad penal por connivencia o dolo
de segundo grado parece enmarcarse en la doctrina
de la willful blindness, que tiene lugar cuando se hace
responsable a un determinado sujeto por algo que no
ha sabido, aunque debería haberlo conocido.
Una segunda conclusión es que la utilización de la
gura de la willful blindness no estuvo encaminada a
crear una doctrina que permitiese crear un nuevo tipo
de mens rea, sino que su utilización sirvió para crear
un sistema de trasferencia de la responsabilidad cri-
minal; es decir, legitimar la doctrina de la responsabi-
lidad vicaria, plenamente usada en el ámbito civil pero
de raro uso en el penal. En el apartado de recomenda-
ciones que sigue, se hace una serie de diferenciaciones
para una correcta aplicación práctica de ambas insti-
tuciones, es decir, de la ignorancia deliberada y de la
responsabilidad vicaria.
La tercera conclusión es que, si bien la mayoría de
las primeras sentencias analizadas se da en el ámbito
penal, se trata de supuestos cuya resolución también
hubiese podido competer a autoridades administrati-
vas. Es decir, los delitos en los que se aplica la willful
blindness no corresponden al núcleo duro del Derecho
Penal, como podrían ser el asesinato, robo o lesiones.
Esta exclusión de determinados delitos insinúa que,
tal vez, la gura no estaba pensada para la generalidad
de los casos. Dicho de otro modo, la gura no fue pen-
sada para crear un nuevo tipo de mens rea que contase
con todas las garantías legales, sino que fue utiliza-
da para resolver los problemas a los que se enfrenta
el órgano acusador para la práctica de la prueba, a la
hora de demostrar un determinado estado mental del
sujeto.
En cuarto lugar, debido a la naturaleza y a los elemen-
tos del genocidio y del crimen de agresión, especí-
camente los elementos mentales y contextuales, no
es posible, o al menos previsible, que la Corte Penal
Internacional decida aplicar la willful blindness para
estos delitos. En el caso del genocidio, la razón es que
el crimen exige, a más de un dolo directo de primer
grado, un dolo o intención especial que no puede ni
presumirse ni inferirse, sino que debe demostrarse.
Además, en el genocidio se exige en especial el ele-
mento volitivo, pues el perpetrador del delito debe te-
ner el objetivo de destruir total o parcialmente a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es decir que
además de los actos concretos, estos deben contar de
manera imprescindible con una voluntad inicial del
autor; de modo que resulta imposible que éste decida
ignorar y al mismo tiempo tenga la voluntad de co-
meter el delito. En el caso del crimen de agresión, es
más difícil predecir cómo va a ser resuelto, debido a
que nunca ha sido enjuiciado; pero la necesidad de un
sujeto activo altamente calicado y el hecho de exigir
una intención directa de preparar, planicar o iniciar
un acto de agresión por parte de dicho sujeto, hace
prácticamente imposible el encaje de este tipo de mens
rea en el seno de este delito. Por la propia naturale-
za, ya no solo del tipo delictivo sino también de los
verbos comprendidos en él, resulta inconcebible que
alguien tenga la intención de prepararlo, planicarlo
y que, al mismo tiempo, decida ignorar que se trata
de un delito.
En quinto lugar, se concluye que en los crímenes de
guerra, particularmente por la lógica jerárquica de
las fuerzas armadas y los grupos armados organiza-
dos que participan de los conictos armados, es cla-
ramente posible aplicar la ignorancia deliberada y, en
consecuencia, que la CPI encuentre responsable de
crímenes de guerra a un superior jerárquico. Dicha
responsabilidad puede venir motivada por: no haber
formado ni instruido a los mandos medios y bajos en
materia de derecho internacional humanitario; o, con
independencia de que se haya ofrecido dicha forma-
ción, una vez que el superior jerárquico sospecha o
conoce que el delito ha sido cometido por sus subor-
dinados, no indaga y en consecuencia no detiene ni
sanciona a los responsables. Esta aplicación de la res-
ponsabilidad penal en el marco del Estatuto de Roma
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tiene relación directa con la responsabilidad vicaria.
Se llega así a la siguiente conclusión: se puede usar la
gura de la ignorancia deliberada para condenar a al-
guien por el delito de lesa humanidad, no sólo como
autor sino también como encubridor del delito.
En sexto lugar, en el caso de los crímenes de lesa huma-
nidad, los tribunales penales internacionales que pre-
cedieron a la CPI sí aplicaron la willful blidness, pues
entendieron que el elemento mental de los crímenes
de lesa humanidad se desprende del conocimiento o
desconocimiento voluntario del contexto, siempre que
éste es notorio. Si se considera que la aplicación de esta
gura ha sido ampliamente aceptada por la doctrina,
nada hace pensar que la CPI vaya a separarse de dicho
criterio, razón por la cual puede preverse que para con-
cluir que se ha incurrido en lesa humanidad se llegue
a atribuir responsabilidad penal a un sujeto en base a
la gura de la ignorancia deliberada. Esta conclusión
ha sido alcanzada, no sólo por el análisis de la juris-
prudencia existente en esta materia, sino también por
el razonamiento alcanzado al ejemplicar con un caso
práctico cómo es posible decidir ignorar el delito come-
tido por los subordinados, pero ser igualmente respon-
sable el superior jerárquico debido a la responsabilidad
vicaria y a la gura de la ignorancia deliberada.
En relación al punto anterior, pero presentado con
cierto grado de autonomía, se llega a la conclusión de
que la gura de la ignorancia deliberada que va aso-
ciada a delitos de lesa humanidad ha sido debidamen-
te utilizada por tribunales penales internacionales.
Dicho uso se debe a los tres siguientes argumentos. 1)
La naturaleza de ese tipo admite la posibilidad de uti-
lizar este modo de imputación subjetiva (a diferencia
de los delitos de genocidio y de agresión), razón por la
cual se entiende que no se desnaturalizó el delito, ni se
amplió de manera irracional las fronteras del ámbito
subjetivo del delito. 2) Tal como se ha anticipado, en
las sentencias se señala que los motivos por los que el
autor decida ignorar que su acción es un delito son
irrelevantes; lo importante para la culminación del
tipo, concretamente su ámbito subjetivo, es que, si el
sujeto decide mantenerse en la ignorancia cuando hu-
biese podido salir de ella; dicha actuación equivale al
conocimiento, y en consecuencia la sanción es la mis-
ma. Se adopta este punto de vista, por entender que
las razones que subyacen en la toma de decisión de
conocer o no conocer son del todo irrelevantes para
el Derecho Penal. 3) Por último, la CPI ha establecido
que, en caso de equivocarse el superior jerárquico, po-
lítico o militar, en la formación de sus subordinados,
más adelante no puede alegarse ignorancia deliberada
a n de acreditar que no se ha cumplimentado la parte
subjetiva del tipo.
Finalmente, respecto de los crímenes internacionales
en general, tal como ha dicho el juez Tarfusser en su
Opinión Disidente dentro del caso Katanga, la inter-
pretación del artículo 25 del Estatuto de Roma está le-
jos de nalizar. Esta cuestión es por igual aplicable al
artículo 28, de forma que queda abierta la posibilidad
de que la CPI considere posible y apropiada la aplica-
ción de la ignorancia deliberada, como lo han hecho el
TPIY y el TPIR, más allá de las diferencias que existen
entre los estatutos de estos tribunales.
RECOMENDACIONES
Los jueces no deben permitir la utilización de la
gura de la willful blindness por parte de la acusación,
con el único objetivo de eludir la carga de la prueba
del elemento mental (mens rea). La acusación deberá,
en todo caso, fundamentar y justicar que la ignoran-
cia que ha tenido el sujeto ha sido provocada por él
mismo, con la intención de no conocer aquello que
hubiese podido conocer.
En la resolución judicial de los mencionados delitos
no debe confundirse la willful blindness con el sistema
de responsabilidad vicaria. A pesar de que en innom-
brables ocasiones han sido usados como términos
equivalentes, dicha equiparación no es correcta. En
consecuencia, la willful blindness debe ser utilizada
para reprocharle al autor que no tiene conocimien-
to sobre determinados componentes del delito, que
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dicha ausencia de conocimiento ha sido provocada
y buscada en aras de conseguir una eventual impu-
nidad, una vez los hechos típicos del delito se han
materializado.
Por el contrario, tiene sentido usar el término respon-
sabilidad vicaria cuando se reprocha al autor no haber
tenido el control suciente sobre sus subordinados;
sin importar que como superior hubiese sospechado
o no de las actuaciones que realizaban sus subordi-
nados, los motivos por los que se le castiga consisten
en no haber ejercido el control efectivo para evitar los
delitos de estos.
La aplicación de un sistema de responsabilidad de su-
periores (sean políticos o militares) es plenamente po-
sible en el Derecho Internacional Penal. No obstante,
dicha posibilidad está siempre condicionada a que el
órgano de acusación logre demostrar que se ha pre-
sentado la gura de una mente criminal; y no se trata
en este caso de los elementos volitivo y cognitivo del
dolo, sino, al menos, de que el superior no cumplió
con sus obligaciones respecto de la actuación de sus
subordinados contraria al Derecho, o que voluntaria-
mente decidió ignorar tal actuación. En otras pala-
bras, la responsabilidad penal del superior jerárquico
por los hechos y actos de sus subordinados es posible.
No obstante, dicha responsabilidad vicaria no puede
darse de manera objetiva; razón por la cual, los jue-
ces deberán condenar si la acusación pública ha sido
capaz de demostrar la falta de control y diligencia de
los superiores respecto a sus subordinados.
No es recomendable que el órgano de acusación haga
uso de la gura de la willful blindness en el delito de
agresión ni que los magistrados de la CPI acepten su
uso para este delito. Es así porque la redacción de tal
tipo penal exige el uso de verbos muy precisos –“plani-
que, prepare o inicie”–, que hacen llegar a la conclu-
sión de que ya no se espera sólo que el sujeto infractor
tenga conocimiento, sino que tenga una actitud proac-
tiva en la materialización del delito. En consecuen-
cia, aceptar ignorancia deliberada en este delito, sería
desnaturalizar la redacción del tipo legal que aquí se
analiza, de modo que, como consecuencia, el órgano
acusatorio no tuviese que probar lo que ese tipo exige.
Tampoco se recomienda el uso de la willfull blindess
en el delito de genocidio, debido a que este requiere
de un dolo especíco por parte del infractor, y no solo
de un dolo general; y, además, porque, al ser necesaria
para congurar este delito una voluntad de destruc-
ción del grupo, resulta contradictorio en términos de
poder llegar a ignorar aquello que al mismo tiempo se
busca y desea. Por tales motivos, se recomienda que
no se contemple la posibilidad de aplicar la gura de la
willful blindness en el delito de genocidio, pues se esta-
rían ampliando de manera forzosa y desproporcional
las fronteras del dolo, tanto desde su perspectiva cog-
nitiva como volitiva.
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