La primera sentencia internacional por genocidio
| Fecha | 01 Enero 2018 |
| Autor |
15
DERECHO, SOCIEDAD Y CULTURA
Como señalaba en un artículo anterior, el Tribunal
Penal Internacional para Ruanda (TPIR) fue creado,
mediante resolución del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas (8 de noviembre de 1994), para
juzgar a los responsables del genocidio cometido en
ese país africano.
El genocidio estalló en abril de 1994 y se prolongó
por algunos meses. Consistió en un intento de ex-
terminio de la población tutsi por parte del gobier-
no hutu de Ruanda. Se calcula que fueron asesinadas
más de 800.000 personas, aproximadamente el 75 %
de la etnia.
De las varias sentencias que expidió el Tribunal,
una tiene especial signicación: fue la primera sen-
tencia penal internacional que condenó un caso de
genocidio; pero además analizó y estableció princi-
pios de especial importancia en relación a este delito.
La sentencia se expidió en el caso que se siguió
contra Jean-Paul Akayesu, que en el momento de los
hechos era alcalde de la ciudad de Taba; se pronun-
ció el 2 de octubre de 1998 y fue conrmada por la
sala de apelación el 1 de junio de 2001. Las fuentes
jurídicas en las que se sustentó fueron el Estatuto
del Tribunal, la Convención de las Naciones Unidas
sobre el genocidio, los Convenios Humanitarios de
Ginebra de 1949 y la legislación penal de Ruanda.
Lo primero a destacar en la sentencia es la preci-
sión con la que se analiza la tipicidad de las distin-
tas modalidades del delito de genocidio y los delitos
de lesa humanidad, con mucho énfasis en la con-
currencia de lo que denomina “dolo especíco” de
genocidio, es decir la intención maniesta de exter-
minar a la etnia tutsi de una manera sistemática y
generalizada.
Es especialmente importante la reexión que hace
el tribunal respecto a la violación y en general a la
violencia sexual que “constituyen genocidio de la mis-
ma forma que cualquier otro acto cometido con la in-
tención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
LA PRIMERA SENTENCIA INTERNACIONAL POR GENOCIDIO
especíco, como tal. En efecto, la violación y la violen-
cia sexual constituyen lesiones graves a la integridad
física o mental de las víctimas e incluso son una de
las peores formas de causar daño a la víctima ya que
él o ella sufre al mismo tiempo daño físico y mental.
La Sala está convencida de que los actos de violación
y violencia sexual, que fueron cometidos exclusiva-
mente contra las mujeres tutsis, muchas de las cuales
fueron objeto de la peor humillación pública, mutila-
ción, y violación en repetidas ocasiones, a menudo en
público, en los perímetros del despacho municipal o
en otros lugares públicos, y varias veces por más de
un atacante, tuvieron como efecto la destrucción física
y psicológica de las mujeres tutsis, sus familias y su
comunidad. La violencia sexual formaba parte inte-
grante del proceso de destrucción dirigido contra las
mujeres tutsis y contribuía de manera especíca a su
destrucción y al del grupo tutsi como tal”.
La defensa de Akayesu consistió en sostener que
personalmente no cometió, ni ordenó cometer ma-
sacres, golpizas o violencia sexual, tal como se le im-
puta en la acusación, aunque reconoce que hubo un
genocidio en Ruanda y que las masacres de los tutsis
tuvieron lugar en el municipio de Taba, pero alega
que era impotente para impedir la comisión de tales
actos.
Sin embargo el Tribunal consideró que Akayesu,
en su calidad de alcalde, era responsable de mante-
ner el derecho y el orden público en el municipio de
Taba. Para la Sala, era indudable la responsabilidad
penal individual de Akayesu ya que había cometi-
do o había ayudado, en cualquier forma, a planear,
preparar o ejecutar la muerte y lesiones graves a la
integridad física o mental de los miembros del gru-
po tutsi.
Con tales fundamentos, el tribunal condenó a
Akayesu a cadena perpetua. La pena fue conrma-
da por la Sala de apelación. Akayesu continúa cum-
pliendo la condena en una prisión en la República
de Mali
Ernesto Albán Gómez*
*Presidente Ediciones Legales
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