El procedimiento abreviado como una forma de descongestión del sistema judicial penal
| Autor | Guillermo Enríquez Burbano |
| Cargo | Pontificia Universidad Católica del Ecuador, https://orcid.org/0000-0002-3750-1883 |
| Páginas | 195-231 |
195Revista Facultad de Jurisprudencia RFJ No.2 Diciembre 2017
El Procedimiento Abreviado como una forma de
Descongestión del Sistema Judicial Penal
The Abbreviated Procedure as a form of Disqualification
of the Criminal Judicial System
Dr. Guillermo Enríquez Burbano
Profesor Titul ar PUCE (Facultad de Jurisprudenci a)
Artículo Original (Investigación)
RFJ, No. 2, 2017, pp. 195-231, ISSN 2588- 0837
RESUMEN: l a presente investigación aborda un estud io claro y conciso
en el cual se manifiestan las falencias existentes en el sistema pena l
ecuatoriano con respecto al procedimiento abreviado, destacándose
como un instrumento de agilización y de defensa social a través del
cual, se logra una resolución efectiva del conflicto. Es de destacar que
el procedimiento abrevi ado en Ecuador posibilita materi alizar un caus a
eficiente, eficaz y efectiv a, logrando al mismo tiempo una re activación
del aparato punitivo del Estado, el cual, act ualmente es víctima del co-
lapso de la admin istración de la justici a penal, tomándose en cuenta q ue
la mayoría de casos son ventilados en procedim ientos ordinarios, los
cuales dema ndan tiempo, recu rsos y personal l imitados. Por otra pa r-
te, el procedimiento abreviado solidifica el proceso de autonomía de la
voluntad o del consenso en la resoluc ión de conflictos ju rídico penales,
logrando en común acuerdo imponer l a pena al procesado.
PALABRAS CLAVES: just icia, debido proceso, procedi miento
abreviado, proceso pena l, congestión, disputa legal.
AB ST RACT: the current research is a clear and concise study with
failures of the Ecuadorian pen al system in respect to the abbreviated
proceeding, th at is a speed-up instr ument and social defense, throu gh
which an effective resolution of the conflict is got. T he abbreviated
proceeding in Ec uador made possible getting a n efficient and effective
process, with a reac tivation of the State punishment appar atus, which
currently is a v ictim of the penal justice coll apse, taking into account
that out of cases managed in ordinary procedures, which takes t ime,
resources and personnel, restrained nowadays. On the other hand,
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abbreviated proceeding consolidates the autonomy process of the
will or consen sus in the resolution of juridical-penal conflicts, and
penalty is i mposed in common agreement.
KEY WORDS: justice, due process, abbreviated procedure, penal
process, crowding, legal dispute.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad los índices de seguridad ciudadana se han v isto
afectados por el incremento de manifestaciones delictivas, las c uales
no existían en el siglo pasado, incor porándose nuevas modalidades
como el secuestro extorsivo y el sica riato, elementos que han hecho
patente la pujanza del ha mpa en la sociedad ecuatoriana .
Casal (2011), en su obra “Acceso a la Justicia”, explica que la se guridad
debe entenderse como la situación en la que el Estado y la sociedad
se encuentren protegidos frente a amen azas o riesgos susceptibles
de afectar el desarrollo integra l y el bienestar de sus ciudadanos, así
como el libre ejercicio de sus Derechos y li bertades en un contexto de
plena vigencia democrát ica, con miras a alcanz ar el buen vivir.
En tal sentido, el Estado y las instit uciones han adoptado una serie
de decisiones que buscan establecer un espacio de seguridad para el
ciudadano en cuyos instrumentos se señala la necesidad de diseñar
y establecer sistema s de información que permitan conocer, sobre
la base de la evidencia, las distintas ma nifestaciones que afectan la
seguridad del pa ís.
Con estos argumentos se debe adopta r un programa de armon ización
sobre seguridad como un medio concreto para evaluar y monitorear
el progreso de las polít icas y sustentar nuevas i niciativas en el ámbito
de la seguridad que permita vi suali zar no solo una situación en el
tiempo, sino una tendencia que sustente una defi nición y acción
política sobre el particu lar.
García (2012), en la obra “Realidad Jurídica y Penal de Suramérica”,
explica que la violencia abarca una a mplia varied ad de fenómenos
y manifest aciones; con múltiples formas, escenarios, v íctima s y
victima rios de la violencia, así como debates en torno a s u complejidad,
multicausalidad, corresponsabilidad y erradicación. Es entonces la
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violencia una acción intencional del uso de la fuerza o el poder, por
la cual una o más personas producen daño físico, mental, psicológico,
sexual o en su libertad de movimiento o muerte a otras personas, o
a sí mismas, con un fin predeterminado que tiene tres componentes
básicos: a) la intencionalidad del uso de la fuerza o poder; b) la
generación de un daño; c) el fin persegu ido, en el que subyace el
ejercicio de algun a forma de poder, bien sea en el ámbito del hogar,
del público o del grupo.
Dávila (2010), en el texto “La acción de la defensoría pública”
manif iesta: “Las organ izaciones crimi nales alcan zan su plena madurez
cuando son capaces de rea lizar delitos impunemente y mantener un
Estado de zozobra y preocupación constante en todos los niveles
de la sociedad” (p. 37). La inseguridad en el país tanto públic a y la
insegur idad privada, afectan de una u otra manera e inten sidad, la
vida cotidia na en las ciudades y pueblos con cifras muy al armantes.
Las sociedades latinoamerica nas desde mediados del siglo pasado
se han caracterizado por el incremento de la v iolencia y actividades
delictivas destacándose entre los delitos menores como flagelos
de la violencia que con mayor incidencia a fecta a todos los estratos
de la sociedad latinoamericana al punto que uno de cada cinco
latinoameric anos cuyas edades oscilan entre 15 a 40 años ha sido
víctima de d iversos delitos.
Se debe destacar que el si stema judicial actu al de una forma tradiciona l
e histórica se ma nifiest a como ineficiente en la resolución de los
delitos menores, a los cuales no presta la atención requerida y le resta
importa ncia, con siderándolos delitos de seg unda cate goría, como
consecuencia de la sat uración existente en el sistema judicial, es
imposible dedicar suficientes esfuerzos y recursos a la resolución de
una problemática que por su rei ncidencia destaca como un fenómeno
cultu ral e histórico.
También debe tomarse en cuenta que la reg ulación legal existente
en la actual idad que abarca los delitos menores se destaca por la
tolerancia en sus deci siones las cua les se revelan como ineficaces,
tales elementos han provocado un a actitud en la sociedad que se
traduce en desconfia nza total en la resolución efectiva de los delitos
sin lograrse una reparación integral de las v íctimas, existiendo un a
insatisfacción social.
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