Reglamento al Código Orgánico del Ambiente

1. La Autoridad Ambiental Nacional, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

2. La Autoridad Única del Agua;

3. La Autoridad Agraria Nacional;

4. La Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca;

5. La Autoridad Nacional de la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación;

6. La Autoridad Nacional de Industrias y Productividad;

7. La Autoridad Nacional de Defensa;

8. La Autoridad Nacional de Seguridad Interna;

9. La Autoridad Nacional de Electricidad y Energía Renovable;

10. La Autoridad Nacional de Minería;

11. La Autoridad Nacional de Hidrocarburos; y,

12. La Autoridad Nacional de Telecomunicaciones.

1. Promover la formulación de la política pública intersectorial para la conservación, restauración y uso sostenible del Patrimonio Natural y el Patrimonio Forestal Nacional;

2. Coordinar la formulación intersectorial, seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, Estrategia Nacional de Incendios Forestales y sus planes de acción, conforme el Plan Nacional de Desarrollo;

3. Coordinar lo relativo al cumplimiento interinstitucional de la normativa nacional e internacional aplicable a la conservación in situ y ex situ;

4. Dar seguimiento a la aplicación intersectorial de la Políticas Nacionales Oceánicas y Costeras, el Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero, la Agenda Intersectorial del Mar, y Plan de Manejo Costero Integrado, en materia ambiental;

5. Establecer acuerdos interinstitucionales que garanticen el bienestar animal, así como la prevención, control y gestión del riesgo biológico ocasionado por enfermedades zoonóticas, incendios, plagas, enfermedades forestales, especies exóticas y otros factores de origen natural o antrópico que represente un riesgo para la salud humana o la biodiversidad, en coordinación con las Autoridades Competentes;

6. Coordinar temas específicos relacionados con el acceso a recursos genéticos y el acceso a recursos biológicos con fines comerciales, cuando impliquen la formulación de informes o reportes nacionales ante organismos internacionales, la generación de bases de datos e información institucional compartida, la evaluación del estado de conservación de la biodiversidad, y la generación de insumos para políticas ambientales nacionales de conservación y uso sostenible de la biodiversidad;

7. Coordinar el establecimiento de políticas y normas intersectoriales que promuevan el uso sostenible de los recursos biológicos y que aporten al desarrollo del biocomercio, la bioeconomía, la conservación de servicios ambientales, la producción y consumo sostenible, la responsabilidad extendida del productor, el aprovechamiento de residuos para la industria, los incentivos ambientales, entre otros;

8. Las demás que, mediante resolución, el Comité decida conocer y abordar.

1. La Autoridad Ambiental Nacional, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

2. La Autoridad Nacional de Salud;

3. La Autoridad Agraria Nacional;

4. La Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca; y,

5. La Autoridad Nacional en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación.

1. Coordinar los mecanismos para la formulación de la Política y Estrategia Nacional Intersectorial de Bioseguridad;

2. Coordinar de manera intersectorial los planes, programas o proyectos y demás actividades necesarias para la adecuada gestión en el ámbito de la bioseguridad;

3. Emitir criterios intersectoriales de política pública para la emisión de normativa sectorial en materia de bioseguridad;

4. Coordinar y ejecutar el seguimiento de la aplicación de políticas públicas con las entidades que ejercen competencias en el ámbito de la bioseguridad;

5. Elaborar y recomendar la agenda de necesidades de cooperación internacional en temas de bioseguridad, a fin de requerir el apoyo técnico o financiero ante instancias bilaterales o multilaterales;

6. Generar lineamientos para la capacitación y fortalecimiento técnico relacionado con organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna con las demás instituciones competentes;

7. Coordinar lo relativo a los mecanismos de participación ciudadana que se emplearán para realizar consultas al público para la adopción de decisiones sobre organismos vivos modificados;

8. Coordinar lo relativo a la definición de los términos técnicos para aplicar las disposiciones constitucionales y legales en materia de bioseguridad;

9. Coordinar lo relativo a la emisión de los criterios e informes técnicos, e informes de análisis de riesgo necesarios para aplicar las disposiciones constitucionales y legales en materia de bioseguridad; y,

10. Coordinar lo relativo a la definición de los criterios para considerar los posibles impactos ambientales, agrícolas, socioeconómicos, a la salud pública, y a los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que podrían ocasionarse a causa del uso y desarrollo de productos de la biotecnología moderna.

1. La Autoridad Ambiental Nacional, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

2. La Autoridad Única del Agua;

3. La Autoridad Nacional de Electricidad y Energía Renovable;

4. La Autoridad Nacional de Minería;

5. La Autoridad Nacional de Hidrocarburos;

6. La Autoridad Nacional de Salud;

7. La Autoridad Agraria Nacional; y

8. La Autoridad Nacional de Telecomunicaciones.

Se articularán las facultades y atribuciones de cada organismo sectorial, sin perjuicio de las competencias exclusivas de la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

1. Coordinar la aplicación intersectorial de la política ambiental nacional referente a la prevención y control de la contaminación ambiental, y la reparación integral de los daños y pasivos ambientales;

2. Coordinar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por el Estado mediante instrumentos internacionales ratificados sobre prevención y control de la contaminación ambiental;

3. Coordinar los lineamientos de política pública ambiental de los sectores estratégicos establecidos en la Constitución de la República; y

4. Coordinar los instrumentos intersectoriales necesarios para complementar las funciones sectoriales de control, regulación y seguimiento de la calidad ambiental.

La Autoridad Ambiental Nacional mantendrá una coordinación interinstitucional con los Gobiernos Autónomos Descentralizados que corresponda, para el ejercicio e implementación de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y campañas de educación ambiental que involucre la gestión ambiental descentralizada.

Estrategia Nacional de Educación Ambiental.- La Estrategia Nacional de Educación Ambiental es el instrumento que orientará la articulación, planificación y desarrollo de las acciones del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, para fomentar la educación ambiental en el país, y constituye un instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades competentes vinculadas a la implementación de la Estrategia Nacional de Educación, la evaluarán cada cinco (5) años y reformularán cada diez (10) años.

Enfoques temáticos de la educación ambiental.- Los enfoques temáticos sobre los cuales se desarrollarán las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de educación ambiental, se relacionarán al menos con: los sectores estratégicos de biodiversidad y recursos genéticos, calidad ambiental, patrimonio natural, conservación, la gestión y conservación del recurso hídrico y gestión de recursos marino costeros y cambio climático; sin perjuicio de que puedan establecerse otros.

Programas de educación ambiental en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.- Las entidades sectoriales y los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán, implementarán y evaluarán programas de educación ambiental en el ámbito no formal, en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes, articulados con las políticas y estrategias ambientales nacionales emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.

Programas de capacitación.- La Autoridad Ambiental Nacional identificará y gestionará los mecanismos técnicos y financieros para desarrollar programas de capacitación para la gestión ambiental en los ámbitos definidos en este Reglamento y en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental; cuya planificación e implementación se realizará sobre la base de diagnósticos, situaciones, indicadores y resultados de impacto.

Planes de educación ambiental para áreas protegidas.- En las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se elaborarán planes de educación ambiental basado en el Programa de Manejo de Comunicación, Educación y Participación Ambiental (CEPA) u otros que establezca la Autoridad Ambiental Nacional para los planes de manejo, a fin de afianzar las acciones educativo ambientales para la gestión de las áreas naturales protegidas, de conformidad con los lineamientos establecidos por dicha autoridad.

Se desarrollarán programas, proyectos o campañas de educación ambiental que, entre otros, promuevan la conservación de la vida silvestre, y se orienten a prevenir el tráfico y comercio ilegal de madera, flora y fauna silvestre.

1. Desarrollar y adquirir nuevos conocimientos e información ambiental;

2. Contar con datos científicos y técnicos sobre el medio ambiente, con el objeto de construir políticas y estrategias ambientales nacionales; y,

3. Contar con una base de información científica y técnica que fundamente la toma de decisiones sobre la gestión ambiental, orientadas a prevenir y solucionar problemas ambientales, promover el desarrollo sostenible, garantizar la tutela de los derechos de naturaleza y de las personas.

Lineamientos Estratégicos Nacionales de Investigación Ambiental.- La Autoridad Ambiental Nacional elaborará, en coordinación con el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y expedirá los Lineamientos Estratégicos Nacionales de Investigación Ambiental, mismos que deberán ser concordantes con el Plan Nacional de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, Innovación y Saberes Ancestrales y los lineamientos técnicos establecidos por el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales, mismos que deberán actualizarse periódicamente.

Se considerarán, al menos, los siguientes lineamientos generales:

1. Fortalecer la coordinación de las instituciones que realizan investigación ambiental y fomentar el desarrollo del conocimiento relacionado a la temática ambiental del Ecuador;

2. Fomentar la participación ciudadana en los procesos de la investigación ambiental;

3. Fortalecer y expandir los mecanismos de información, comunicación y difusión de la investigación ambiental, propiciando que más actores sociales conozcan las necesidades, resultados y aplicaciones del conocimiento científico y técnico generado; y,

4. Promover la investigación ambiental basada en prioridades nacionales, regionales y locales, apoyándose en el involucramiento de los diversos actores y en el establecimiento de programas de formación de investigadores ambientales.

1. Implementación de los Lineamientos Estratégicos Nacionales de Investigación Ambiental;

2. Priorización de líneas de investigación ambiental para el desarrollo de proyectos de investigación ambiental;

3. Mecanismos de intercambio, transferencia y uso de información sobre investigaciones ambientales en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental;

4. El reconocimiento e incorporación de saberes ancestrales de dominio público en los procesos de generación de nuevos conocimientos ambientales; y,

5. La coordinación para la gestión de investigación ambiental a través de los institutos públicos de investigación.

Para el ejercicio e implementación descentralizada de los Lineamientos Estratégicos Nacionales de Investigación Ambiental y los respectivos proyectos de investigación ambiental, la Autoridad Ambiental Nacional mantendrá una coordinación interinstitucional con los Gobiernos Autónomos Descentralizados o con las instancias asociativas de éstos a nivel nacional, a través de acuerdos, convenios u otros instrumentos de carácter legal y vinculante.

Proyectos de investigación ambiental.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados elaborarán, implementarán y evaluarán proyectos de investigación ambiental, en el marco de sus facultades establecidas en el Código Orgánico del Ambiente, en articulación con las políticas y estrategias ambientales nacionales emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional, los Lineamientos Estratégicos Nacionales de Investigación Ambiental y el Plan Nacional de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, Innovación y Saberes Ancestrales.

En dichos proyectos se deberán incluir los mecanismos para la transferencia de información a la Autoridad Ambiental Nacional.

Requerimientos.- Independientemente de los requisitos que establezca el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, cuando los proyectos de investigación ambiental sean ejecutados por personas naturales o jurídicas extranjeras, se requerirá, además, el auspicio de una institución científica o el respaldo de un organismo nacional de investigación autorizado, así como la participación de personal nacional con fines de capacitación y formación científica.

El procedimiento de priorización, convocatoria, recepción, calificación, evaluación, selección y aprobación de proyectos de investigación ambiental a ser financiados mediante el Fondo Nacional para la Gestión Ambiental deberá ser regulado por la Autoridad Ambiental Nacional mediante la respectiva norma técnica.

Importación y exportación con fines científicos.- La Autoridad Ambiental Nacional, por medio del Instituto Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad, podrá importar y exportar semillas forestales de especies nativas y material vegetal con fines de investigación científica, intercambio o donación conforme los procedimientos establecidos previstos en el Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación, y las normas de bioseguridad aplicables.

1. Consejo Ciudadano Sectorial; y,

2. Consejos Consultivos locales.

El Consejo Ciudadano Sectorial deberá articular su gestión con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

1. Convocar las reuniones que soliciten sus miembros;

2. Guardar, custodiar y preservar la memoria histórica del Consejo Ciudadano Sectorial, a fin de contar con un respaldo físico o digital de lo actuado; y,

3. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos generados en el marco de sus competencias.

No se asignarán recursos públicos para su funcionamiento, sin perjuicio de que se destine fondos para su funcionamiento a través del Fondo Nacional para la Gestión Ambiental.

Los Consejos Consultivos Locales deberán articular su gestión con el Consejo Ciudadano Sectorial y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Recopilación de información ambiental.- La Autoridad Ambiental Nacional deberá coordinar con las instituciones de educación superior, instituciones de investigación, entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y del Estado en general, así como las personas naturales o jurídicas, lo relativo a la contribución de información ambiental, y datos científicos en materia ambiental, con el objeto de recopilar y compilar dichos datos en el Sistema Único de Información Ambiental a fin de fundamentar la toma de decisiones administrativas y el desarrollo de políticas ambientales.

El manejo de la información que provenga de las investigaciones realizadas sobre los recursos genéticos, se regirá por su normativa específica y deberá coordinarse con el Instituto Público de Investigación sobre Biodiversidad.

Coordinación en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y todas las entidades sectoriales parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, remitirán a la Autoridad Ambiental Nacional sobre la situación ambiental de sus jurisdicciones y sectores, respectivamente, para que se incorpore de forma sistematizada y homologada en el Sistema Único de Información Ambiental.

La información resultante de las actividades científicas, técnicas y de monitoreo de la calidad ambiental de los recursos naturales que los gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades públicas realicen en ejercicio de sus competencias, debe ser incorporada en el Sistema Único de Información Ambiental, con la finalidad de facilitar el acceso a la información ambiental, en el marco de la normativa de acceso a la información pública, para lo que se emitirá la norma técnica correspondiente.

Los procesos de gestión de la información ambiental serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional, con base en sus competencias, y según la normativa secundaria que dicte para el efecto.

1. Veracidad: que la información sea auténtica y comprobable;

2. Consistencia: que la información esté completa y que se haya generado a través de metodologías estandarizadas y confiables;

3. Oportunidad: que la información sea entregada dentro de los plazos establecidos y con la periodicidad determinada; y,

4. Actualidad: que la información sea la más reciente que esté disponible.

La Autoridad Ambiental Nacional, en el marco de derecho de libre acceso a la información pública, establecerá los lineamientos para la gestión de la información ambiental.

El conjunto de datos pertenecientes a la Base Nacional de Datos sobre Biodiversidad deberá estar administrado, sistematizado y gestionado por el Instituto Público de Investigación sobre Biodiversidad bajo las directrices de la Autoridad Ambiental Nacional.

La sistematización, articulación, incorporación y manejo de la información en el Sistema Único de Información Ambiental se realizará observando la legislación de transparencia y acceso a la información pública y la normativa sobre derechos de autor y propiedad intelectual.

1. Investigación, innovación, protección, conservación y manejo sostenible de la biodiversidad y sus componentes;

2. Reparación integral de daños ambientales;

3. Mitigación y adaptación al cambio climático;

4. Diseño, promoción e implementación de incentivos ambientales;

5. Control y prevención de la contaminación ambiental;

6. Manejo integral del fuego;

7. Gestión integral de residuos y desechos;

8. Adopción de tecnologías limpias; y,

9. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

La Autoridad Ambiental Nacional informará anualmente a la Autoridad Nacional de Finanzas Públicas sobre el desempeño de dichos fondos. En cualquier momento, la Autoridad Ambiental Nacional, podrá realizar las evaluaciones técnicas, financieras u otras que requiera para verificar que los recursos han sido utilizados en cumplimiento de los objetivos propios de cada fondo.

La Autoridad Ambiental Nacional, establecerá mediante norma técnica, los criterios y requisitos para dicho registro.

Se priorizará la conservación patrimonial del Fondo Nacional para la Gestión Ambiental, por lo que los planes, programas o proyectos que éste financie, únicamente utilizarán los excedentes que se generen anualmente de sus depósitos o los rendimientos que provengan de los instrumentos financieros que tenga a su nombre.

La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la norma técnica que defina los porcentajes de los rubros recaudados que se destinarán al Fondo Nacional para la Gestión Ambiental.

Se modificarán los rubros únicamente para financiar programas, planes o proyectos de inversión de largo plazo destinados a la gestión ambiental, mismos que deberán ser aprobados por la Autoridad Nacional de Planificación.

La modificación de los porcentajes depositados al Fondo Nacional para la Gestión Ambiental deberá contar con el respectivo informe técnico que la justifique.

Los recursos que provengan de la liquidación del Fondo Nacional para la Gestión Ambiental se destinarán exclusivamente a planes, programas o proyectos de gestión ambiental orientados a la investigación, protección y conservación de la biodiversidad y sus componentes. En ningún caso podrán destinarse a fines diferentes a los ámbitos de competencia de la Autoridad Ambiental Nacional.

1. Los reconocimientos o pagos por resultados que el Ecuador reciba por parte de gobiernos u organismos internacionales como producto de la reducción de emisiones de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero, de conformidad a la voluntad de las partes que se expresen en los acuerdos internacionales y otros instrumentos que se suscriban para el efecto;

2. Las compensaciones que las personas jurídicas del sector privado nacional o internacional acuerden entregar al Ecuador como parte de mecanismos voluntarios de mejoramiento de la gestión ambiental que la Autoridad Ambiental Nacional implemente en el país, de conformidad a los acuerdos internacionales y otros instrumentos que se suscriban para el efecto;

3. Los recursos provenientes de las utilidades financieras producto de las inversiones que realice el Fondo;

4. Los bienes muebles e inmuebles que el Fondo adquiera a título gratuito u oneroso;

5. Los valores percibidos provenientes de ventas de bienes y servicios que el Fondo preste; y,

6. Todos aquellos recursos propios, generados en el ejercicio de su actividad.

Para ello, programará desembolsos que cubran dichos gastos.

En ningún caso se podrá destinar la totalidad de los fondos operativos del Fondo Nacional para la Gestión Ambiental para cubrir proyectos de inversión de un solo nivel de gobierno.

Se prohíbe cubrir déficits o gasto corriente de la Autoridad Ambiental Nacional o los Gobiernos Autónomos Descentralizados con recursos provenientes del Fondo Nacional para la Gestión Ambiental.

Dichos convenios no podrán financiar el gasto corriente de dichos organismos.

1. Establecer el régimen de atribuciones y responsabilidades de la Autoridad Administrativa y de las Autoridades Científicas CITES del Ecuador; y,

2. Promover la coordinación y cooperación interinstitucional e intersectorial entre las autoridades nacionales competentes vinculadas al comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.

Autoridad Administrativa.- La Autoridad Ambiental Nacional o quien hiciera sus veces, en su condición de Autoridad Administrativa de la Convención CITES en el Ecuador, en el ámbito de sus competencias, es responsable de la regulación, vigilancia y control del comercio internacional, recolección, transporte, tenencia, manejo, e intercambio no comercial, debidamente autorizados, de especímenes de especies incluidas en los Apéndices I, II y III CITES; para lo que coordinará con las Autoridades Científicas y las Autoridades Nacionales Judiciales, de Control y Vigilancia, así como de Cooperación.

1. Conceder, revocar o anular permisos o certificados de conformidad con las disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES, y demás normativa aplicable;

2. Regular y controlar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, comerciales, tributarios, postales o de otra índole, establecidos en la legislación nacional, previo a la concesión de permisos o certificados CITES;

3. Cancelar y conservar los permisos de exportación y los certificados de reexportación emitidos por las Autoridades de Estados extranjeros que no correspondan a los permisos de importación;

4. Crear y actualizar anualmente los registros del comercio internacional de especímenes de especies listadas en los Apéndices I, II y III CITES. Dichos registros deberán incluir la lista de los medios de conservación ex situ registrados ante la Secretaría de la Convención; y, la lista de permisos o certificados concedidos, revocados o anulados;

5. Preparar y remitir los informes requeridos por la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES;

6. Conformar Comités Nacionales de Especialistas en Grupos Taxonómicos incluidos en los Apéndices I, II y III CITES;

7. Designar los puertos de salida, a los que estarán restringidas todas las exportaciones o reexportaciones de especímenes de especies incluidos en los Apéndices I, II y III CITES; y, los puertos de entrada a los que estarán restringidas todas las importaciones, embarques en tránsito o transbordos e introducciones procedentes del mar;

8. Establecer mecanismos de supervisión y seguimiento de los sistemas de comercio de las especies incluidas en los Apéndices I, II y III CITES;

9. Coordinar las actividades realizadas por las Autoridades Científicas CITES y las Autoridades Nacionales Judiciales, de Control y Vigilancia, y de Cooperación;

10. Suscribir instrumentos de cooperación interinstitucional para la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES;

11. Coordinar con las Autoridades Administrativas de otros Países, así como con organismos competentes, sobre temas relacionados a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES;

12. Consultar a la Secretaría cuando existan dudas respecto del alcance de las disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES o de los dictámenes de las Autoridades Científicas CITES;

13. Difundir los listados de las especies incluidas en los Apéndices I, II y III CITES, los que deberán mantenerse actualizados;

14. Conocer y resolver las infracciones a las normas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES;

15. Asesorar y capacitar a las y los servidores públicos competentes en la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES;

16. Intervenir como denunciante o acusador particular en acciones judiciales relativas a la protección de especies listadas en los Apéndices I, II y III CITES;

17. Expedir, mediante Acuerdo Ministerial, normas de aplicación del presente Reglamento;

18. Compilar y analizar la información sobre la situación biológica de las especies afectadas por el comercio, y elaborar propuestas para enmendar los Apéndices I, II y III CITES, en coordinación con las Autoridades Científicas;

19. Realizar inspecciones en cualquier momento y solicitar documentos e información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en este Reglamento;

20. Las demás que señalen la Convención y la normativa aplicable.

1. Persona jurídica científica y/o académica legalmente constituida que cuente con un cuerpo investigativo de planta especializado en grupos taxonómicos incluidos en los Apéndices I, II y III CITES; y,

2. Persona jurídica científica y/o académica que mantenga una o más colecciones científicas en medios de conservación ex situ autorizados.

Los gastos ocasionados por concepto de actividades de la Autoridad Científica relacionadas a la aplicación del presente Reglamento, serán cubiertos por los solicitantes de permisos o certificados CITES.

1. En el caso de la exportación de especímenes pertenecientes a una de las especies listadas en los Apéndices I o II CITES, a petición de la Autoridad Administrativa, emitir dictamen de extracción no perjudicial;

2. En el caso de la importación de un espécimen vivo perteneciente a una de las especies incluidas en los Apéndices I o II CITES, a petición de la Autoridad Administrativa, emitir dictamen acerca del impacto de la importación sobre la sobrevivencia de las especies involucradas y de la biodiversidad nativa; evaluar las condiciones de manejo y transporte de los especímenes; y, evaluar la condición de destinatario apropiado y aceptable, de conformidad con las Resoluciones de la CITES;

3. Dar seguimiento, con fines de cooperación a las funciones de la Autoridad Administrativa, de los permisos y certificados concedidos para especímenes pertenecientes a las especies listadas en los Apéndices I, II y III CITES, así como de las exportaciones de tales especímenes;

4. Asesorar a la Autoridad Administrativa en la adopción de medidas pertinentes para limitar la expedición de permisos de exportación cuando la situación de la población de una especie así lo requiera;

5. Asesorar a la Autoridad Administrativa en la disposición o destino final de los especímenes CITES decomisados;

6. Asesorar a la Autoridad Administrativa en cualquier materia relevante para la protección de las especies listadas en los Apéndices I, II y III CITES;

7. Realizar las actividades, dentro de su ámbito de acción, previstas en las Resoluciones aplicables de la Conferencia de las Partes de la Convención CITES;

8. Remitir un informe técnico que contenga un análisis detallado de las propuestas de enmienda a los Apéndices I, II y III CITES presentadas por otros Estados Partes de la Convención, y formular recomendaciones acerca de la posición que la delegación nacional deba asumir en las Conferencias de las Partes de la Convención CITES; y,

9. Presentar a la Autoridad Administrativa los informes anuales de su gestión, que deberán incluir una lista actualizada del personal acreditado.

Para determinar la reincidencia, los servidores públicos designados emitirán un oficio motivado que detalle el incumplimiento de las responsabilidades de la Autoridad Científica previstas en el presente Reglamento.

A falta de norma específica en la legislación aduanera, postal, comercial, o de otro ámbito, estas Autoridades Nacionales aplicarán lo previsto en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres - CITES, y demás normativa aplicable.

Autoridades Nacionales Judiciales.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por Autoridades Nacionales Judiciales a jueces y tribunales competentes para el conocimiento, sustanciación y resolución, en diversas instancias de sede judicial, de asuntos civiles, penales o contencioso administrativos relativos al comercio internacional de especímenes de especies de flora y fauna silvestres listadas en los Apéndices I, II y III CITES.

Autoridades Nacionales de Control y Vigilancia.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por Autoridades Nacionales de Control y Vigilancia a aquellas competentes para la vigilancia y control, en su ámbito de competencia, del comercio internacional, transporte, tenencia, manejo, e intercambio no comercial entre científicos e instituciones científicas, o medios de conservación ex situ, de especímenes de especies listadas en los Apéndices I, II y III CITES.

Las Autoridades Nacionales de Control y Vigilancia deberán coordinar acciones con la Interpol en aquellos casos en los que se requiera su intervención.

Los predios privados o comunitarios existentes en las áreas protegidas se mantendrán integrados a ellas.

1. Evaluación de la gestión del área protegida, a través de la evaluación de efectividad de manejo;

2. Evaluación del cumplimiento de los planes de manejo y la aplicación de los instrumentos de gestión operativa;

3. Evaluación de los valores de conservación de las áreas protegidas; y,

4. Otras que la Autoridad Ambiental Nacional establezca.

Los cambios de categoría de las áreas protegidas, se realizarán a partir de las evaluaciones técnicas en las que se verificará que las áreas cumplan con los objetivos reconocidas para las mismas y los lineamientos para el efecto serán establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional, dentro del plazo previsto por la ley.

De conformidad con el principio de intangibilidad de las áreas protegidas, la redelimitación únicamente se empleará para ampliar la extensión del área protegida. Las zonas degradadas de las áreas protegidas deberán ser recuperadas o manejadas bajo criterios de zonificación.

Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una autorización administrativa ambiental, previo a la redelimitación del área protegida, podrán continuar ejecutando sus actividades conforme lo establecido en dicha autorización administrativa ambiental.

La declaratoria se fundamentará en un informe técnico que contendrá un diagnóstico situacional y un análisis de factibilidad de la declaratoria.

1. Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas;

2. Planes de Manejo;

3. Planes de Gestión Operativa Anual;

4. Planes Técnicos de: manejo de visitantes; control y vigilancia; ordenamiento pesquero; comunicación, educación y participación; prevención, control y remediación de incendios forestales; y otros determinados según la necesidad de cada área protegida;

5. Evaluaciones de Efectividad de Manejo;

6. Estrategias de Sostenibilidad Financiera; y,

7. Las demás herramientas que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Las áreas protegidas de los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas desarrollarán los instrumentos de gestión de las áreas protegidas, en función de los lineamientos que la Autoridad Ambiental Nacional establezca, en concordancia con lo dispuesto en la normativa nacional vigente.

Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.- Es el instrumento de planificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual establecerá las políticas, estrategias y objetivos para la consolidación y fortalecimiento integral del Sistema, con el fin de lograr una gestión efectiva de las áreas protegidas que permita asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y mantener la diversidad biológica, garantizando a la vez los bienes y servicios ambientales vitales para el bienestar humano, el desarrollo sostenible de la población que depende de manera directa de estas áreas; y deberá estar alineado a otros instrumentos nacionales de planificación y desarrollo.

El Plan Estratégico será aprobado mediante Acuerdo Ministerial emitido por la Autoridad Ambiental Nacional.

Se podrán desarrollar estrategias complementarias de apoyo para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según las necesidades y prioridades determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional.

Los Planes de Manejo serán aprobados mediante Acuerdo Ministerial emitido por la Autoridad Ambiental Nacional, tendrán una vigencia de diez (10) años y sólo se podrán actualizar antes de dicho plazo cuando razones de orden técnico y legal lo justifiquen.

Los programas del Plan de Manejo serán los siguientes:

1. Control y Vigilancia;

2. Uso Público y Turismo;

3. Manejo de Biodiversidad;

4. Comunicación, Educación y Participación Ambiental; y,

5. Administración y Planificación.

6. Otros que la Autoridad Ambiental Nacional defina.

Estos planes se realizarán en concordancia con las disposiciones sobre planificación establecidas en la normativa nacional vigente.

Se elaborarán de acuerdo a las particularidades de manejo y desarrollo de actividades específicas de cada área protegida y bajo los lineamientos que establezca la Autoridad Ambiental Nacional.

La Evaluación de Efectividad de Manejo medirá bianualmente la efectividad del manejo para la conservación en las áreas protegidas.

Se fomentará la creación de alianzas público-privadas, público-comunitarias y público-asociativas para fortalecer la gestión de las áreas protegidas.

La Autoridad Ambiental Nacional determinará las categorías de manejo de los subsistemas autónomo descentralizado, comunitario y privado, de conformidad con el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La Autoridad Ambiental Nacional las integrará al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante declaratoria; y determinará la categoría de manejo y el subsistema que les corresponda.

1. Zona de protección;

2. Zona de recuperación;

3. Zona de uso público, turismo y recreación;

4. Zona de uso sostenible; y,

5. Zona de manejo comunitario de las áreas protegidas marino costeras.

1. Cuando una zona de recuperación ha adquirido condiciones naturales podrá cambiarse a zona de protección;

2. Cuando algún atractivo turístico o de recreación ha sido identificado y caracterizado y deba ser incluido en la zona de uso público, turismo y recreación; y,

3. Cuando se requiera la ejecución de actividades declaradas de interés nacional previstas en el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador y no puedan realizarse en otra zona.

Actividades permitidas.- Las actividades permitidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas serán aquellas relacionadas a la protección, conservación, investigación, uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, recuperación, restauración, manejo integral del fuego, educación, aspectos culturales, recreación, y turismo controlado, y las demás permitidas por la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las autoridades competentes. Estas actividades serán reguladas y autorizadas por la Autoridad Ambiental Nacional, con base en la categoría de manejo de las áreas protegidas y el respectivo plan de manejo.

Uso y aprovechamiento de vida silvestre en áreas protegidas.- El uso y aprovechamiento sostenible de los especímenes de vida silvestre y otras actividades que comprendan el acceso a recursos biológicos y genéticos en las áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, será autorizado por la Autoridad Ambiental Nacional, bajo sus lineamientos, requisitos y normas, de conformidad con la categoría de manejo y zonificación del área protegida.

Prohibiciones.- Se prohíbe el ingreso a las áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas portando armas, implementos de cacería, implementos de colección no autorizados, sustancias químicas prohibidas, explosivos o sustancias inflamables, residuos, desechos, bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, especies vegetales, material vegetativo, o especies animales que atenten contra la integridad del área, salvo animales de compañía en sitios específicos de las áreas protegidas y bajo las normas de la Autoridad Ambiental Nacional.

1. Corresponsabilidad;

2. Concordancia;

3. Transversalidad;

4. Interés general;

5. Desarrollo sostenible;

6. Función social y ambiental de la propiedad;

7. In dubio pro natura;

8. Transparencia;

9. Manejo adaptativo;

10. Adopción de decisiones informadas; y,

11. Enfoque multidisciplinario.

1. Es indelegable la administración de las siguientes áreas:

   1) Áreas protegidas fronterizas;

   2) Áreas protegidas con superficie marina;

   3) Áreas consideradas como zonas estratégicas de seguridad nacional;

   4) Áreas protegidas que contengan valores paisajísticos o culturales estratégicos para el país; y,

   5) Áreas protegidas que provean recursos estratégicos vinculados a provisión de recursos naturales renovables y no renovables de interés nacional, o en las que se ejecuten proyectos estratégicos para el país.

2. Sin perjuicio de lo previsto por el Código Orgánico Administrativo, para la delegación de la administración a organismos o entidades de la administración pública, se tomará en cuenta lo siguiente:

   1) Capacidad técnica y financiera para asumir la gestión del área protegida;

   2) La totalidad de la superficie del área protegida debe estar dentro de la jurisdicción territorial de la provincia o cantón, según corresponda; y,

   3) La protección de recurso s debe ser considerada de prioridad en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial o en el plan de manejo.

3. Sin perjuicio de lo previsto por el Código Orgánico Administrativo, para la delegación de la administración a sujetos de derecho privado, se tomará en cuenta su capacidad técnica y financiera, demostrada, para asumir la gestión del área protegida.

4. La Autoridad Ambiental Nacional podrá establecer criterios adicionales para la delegación de la administración de las áreas protegidas, en función de sus necesidades y prioridades de atención; y,

5. La delegación de la administración de las áreas protegidas del subsistema estatal será resuelta por la Autoridad Ambiental Nacional.

La Autoridad Ambiental Nacional, conforme al proceso que establezca y previo informe técnico, podrá suscribir convenios de cooperación con comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas para la administración de infraestructura, bienes y servicios turísticos o de recreación.

La Autoridad Ambiental Nacional determinará la viabilidad de suscribir un contrato de delegación o un convenio de cooperación de acuerdo a las condiciones y características particulares de la infraestructura, bienes y servicios turísticos o de recreación.

La Autoridad Ambiental Nacional aplicará un sistema de monitoreo y evaluación de la prestación de bienes y servicios turísticos o de recreación relacionados con lo dispuesto en el respectivo contrato de delegación o convenio de cooperación.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán concesionar y suscribir convenios de cooperación para la administración de infraestructura, bienes o servicios turísticos y de recreación en las áreas protegidas del subsistema autónomo descentralizado.

El Registro Nacional de Áreas Protegidas incluirá las siguientes secciones:

1) Subsistema Estatal;

2) Subsistema Autónomo Descentralizado;

3) Subsistema Comunitario; y,

4) Subsistema Privado.

Además de la información prevista en el Código Orgánico del Ambiente, se registrará la siguiente:

1. Código;

2. Nombre del área;

3. Categoría de manejo;

4. Superficie (ha);

5. Ubicación geográfica (coordenadas) y administrativa (provincias, cantones y parroquias);

6. Plan de manejo;

7. Propietario y/o administrador;

8. Fecha de declaratoria, número de acuerdo ministerial y fecha de publicación en el Registro Oficial;

9. Fecha de inscripción, designación o reconocimiento internacional;

10. Delegaciones, concesiones o convenios de cooperación; y,

11. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

El Registro Nacional de Áreas Protegidas será permanentemente actualizado.

El Plan de Manejo de Visitantes, el Sistema de Información de Biodiversidad y otras herramientas, instrumentos o normas que la Autoridad Ambiental Nacional establezca, definirán la planificación, ordenamiento turístico y de recreación de cada área protegida.

Actividades permitidas.- La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Turismo, determinará las actividades permitidas de turismo y de recreación en las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a realizarse por personas individuales o grupos de turismo y recreación, con fines de lucro, incluyendo a operadoras de turismo, clubes, escuelas, campamentos, entre otros; así como por aquellas personas individuales o grupos que realicen turismo y recreación sin fines de lucro.

La Autoridad Ambiental Nacional elaborará una lista de obras, proyectos o actividades específicas para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que será integrada al catálogo de actividades previsto en la ley.

Servicios públicos- Las obras, proyectos o actividades que sean necesarias para la prestación de servicios públicos, la gestión inherente del área protegida o la satisfacción de necesidades básicas de los titulares de derechos de propiedad dentro de áreas protegidas, se podrán llevar a cabo siempre que no afecten la funcionalidad y la conservación de las áreas protegidas, estén de acuerdo con su plan de manejo y zonificación, y cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Vinculación con el régimen nacional de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios asociados a la biodiversidad.- La Autoridad Ambiental Nacional, en el marco de sus competencias, y en coordinación con las demás autoridades competentes, forma parte del régimen nacional de acceso a recursos genéticos y distribución de sus beneficios, y será responsable de formular las políticas ambientales que orienten el acceso a los recursos genéticos del país, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad y sus recursos genéticos.

Para dicho efecto, desarrollará en coordinación con dichas entidades, los lineamientos, criterios y formatos de verificación a ser implementados por las instituciones que actúen como puntos de control.

Criterios técnicos y protocolos para la conservación de la biodiversidad.- La Autoridad Ambiental Nacional, emitirá los criterios técnicos y protocolos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, a ser considerados previo al acceso a recursos genéticos mediante norma secundaria; dicho instrumento regulará las condiciones, alcance y formatos a aplicarse, en concordancia con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

La autoridad competente para conceder el acceso al recurso genético, solicitará el pronunciamiento de la Autoridad Ambiental Nacional sobre la pertinencia del acceso solicitado. Dicho pronunciamiento deberá considerar al menos los siguientes lineamientos:

1. El estado y formas de conservación in situ y ex situ de las especies, subespecies, morphos, variedades o razas respectivamente;

2. Número de especies (endémicas, amenazadas o en peligro de extinción) y patrones de distribución;

3. Condiciones de vulnerabilidad o fragilidad en la estructura o función de los ecosistemas;

4. Diversidad genética de las especies y áreas geográficas calificadas como estratégicas -vulnerables;

5. Reducción/erosión irreversible de la diversidad genética, causada por actividades de acceso;

6. Acciones que alteren la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios ambientales;

7. Análisis de riesgo ambiental para la liberación de organismos genéticamente modificados a medios naturales con fines de investigación o comercio; y,

8. En los casos de investigaciones a realizarse en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se evaluará la pertinencia de la investigación propuesta en función de la zonificación y actividades previstas en el plan de manejo del área protegida.

Para la aplicación de lo establecido en el artículo 74 del Código Orgánico del Ambiente, la Autoridad Ambiental Nacional emitirá su pronunciamiento por escrito, evaluando caso por caso, mediante informe técnico de evaluación, que tendrá carácter vinculante.

Acceso a recursos genéticos o biológicos con fines de investigación dentro de áreas protegidas.- Cuando el acceso a recursos genéticos en general, o el acceso a recursos biológicos con fines de investigación, implique actividades que deban realizarse dentro de zonas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el responsable de área informará al investigador o a la persona que actúa en representación de quien solicitó el acceso, sobre los procedimientos a seguirse, de forma previa el ingreso al área.

Fomento del Depósito voluntario de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos identificados en áreas protegidas.- La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la autoridad competente, realizará una identificación de posibles conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos localizados dentro de áreas protegidas, o cuyos legítimos poseedores sean comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que habitan en ellas.

Con dicha información, la Autoridad Nacional de Conocimientos Tradicionales informará y exhortará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a fin de que, en caso de considerarlo necesario y pertinente, puedan realizar el depósito voluntario de sus conocimientos tradicionales, acorde con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Para el efecto, establecerá lineamientos, estándares y protocolos que permitan la interrelación e intercambio dinámico de datos biológicos, entre los generadores de información biológica.

Dicho informe se remitirá de forma obligatoria a la Fiscalía General del Estado.

Limitaciones en el acceso a los recursos genéticos.- Cuando deba limitarse el acceso a los recursos genéticos, sus componentes, derivados y sintetizados, de manera total o parcial, conforme los casos previstos por el Artículo 74 del Código Orgánico del Ambiente, dicha limitación constará en el informe técnico de evaluación expedido por la Autoridad Ambiental Nacional, mismo que se sustentará en la documentación o información entregada por la Autoridad que conceda el acceso al recurso genético.

1. Conservar, los ecosistemas y su biodiversidad;

2. Preservar las cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas, de alta pluviosidad y de áreas contiguas a las fuentes, nacientes o depósitos de agua;

3. Proteger cejas de montaña, áreas de topografía accidentada para evitar la erosión del suelo por efectos de la escorrentía.

4. Constituir áreas de interés para la investigación científica, ambiental y forestal;

5. Contribuir a la conservación de ecosistemas frágiles y actuar como zonas de amortiguamiento y corredores de conectividad entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, reduciendo la presión de actividades antrópicas.

6. Resguardar la Seguridad Nacional del Estado, constituyendo zonas estratégicas para la defensa nacional;

7. Constituir de protección de los recursos naturales y de obras de infraestructura de interés público;

8. Constituir zonas de recuperación de espacios naturales degradados.

La declaratoria podrá comprender tierras pertenecientes al dominio estatal y propiedades de dominio privado, comunitario y mixto, en cuyo caso, la declaratoria se podrá realizar de oficio o a petición de parte. Cuando la declaratoria sea de oficio, se deberá contar obligatoriamente con los criterios de los titulares de dominio, según el tipo de propiedad de la tierra, de forma previa e informada, conforme los mecanismos de participación establecidos en el presente Reglamento.

Para la reversión de la declaratoria de los bosques y vegetación protectores declarados a petición de parte, la Autoridad Ambiental Nacional realizará un informe de factibilidad donde se determinará la procedencia o no de la reversión.

En caso de evidenciar, mediante informe técnico, que el bosque ha perdido las funciones y objetivos para los cuales fue creado, se podrá proceder a la redelimitación o pérdida de categoría.

En los bosques y vegetación protectores de dominio privado que cuenten con cobertura vegetal natural, está permitido el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables exclusivamente bajo mecanismos de manejo forestal sostenible. En los bosques y vegetación protectores de dominio público, donde existan propietarios privados, se permite realizar actividades de manejo forestal sostenible.

Se permitirá la implementación de actividades productivas sostenibles, así como la ejecución de proyectos, obras o actividades públicas o privadas que requieran una autorización administrativa ambiental, incluyendo las obras públicas prioritarias y proyectos de sectores estratégicos, siempre que no comprometan las funciones de los Bosques y Vegetación Protectores.

En los bosques y vegetación protectores no se permitirá el establecimiento de plantaciones de producción que conlleven conversión legal o cambio de uso en áreas de bosques y vegetación natural.

La Autoridad Ambiental Nacional determinará mediante norma técnica, las prácticas o medidas que favorezcan la restauración ecológica de los Bosques y Vegetación Protectores, priorizando la regeneración natural o actividades de reforestación, así como las actividades que no afecten la funcionalidad y estructura de los bosques o vegetación herbácea o arbustiva.

El aprovechamiento de productos forestales no maderables con fines de subsistencia no requiere de autorización administrativa, siempre y cuando se justifique el uso del recurso y no se comercialice o movilice fuera del predio de aprovechamiento.

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá mediante norma técnica, las condiciones bajo las cuales se permitirá el aprovechamiento, reposición, conservación y manejo de estos productos, garantizando el uso racional de los recursos naturales conexos.

La Autoridad Nacional de Agricultura, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional, establecerá en normativa técnica, los tipos de productos y los lineamientos bajo las cuales se realizará el inventario, manejo y aprovechamiento de productos forestales no maderables, provenientes de plantaciones forestales con fines comerciales y sistemas agroforestales de producción.

La Autoridad Nacional de Agricultura autorizará el aprovechamiento de productos forestales no maderables en plantaciones, siempre y cuando dicho aprovechamiento no conlleve cambio de uso de suelo o conversión de áreas de bosque.

Los productos forestales no maderables que mantengan vigente la certificación forestal voluntaria, estarán exentos del pago de la tasa de regulación forestal, previa verificación de la vigencia de la certificación.

La Autoridad Ambiental Nacional emitirá los lineamientos y disposiciones que regulen su funcionamiento.

Para ello, la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la entidad nacional de normalización, emitirá la norma técnica de estandarización para la generación y el manejo de información forestal.

El Sistema Único de Información Ambiental contendrá la información generada por el Sistema de Producción Forestal, gestionado por la Autoridad Nacional de Agricultura. Los mecanismos para integración de plataformas y homologación de información serán definidos mediante protocolos desarrollados en conjunto.

Dicho registro tiene por finalidad la publicidad de la información inscrita, a efectos de su oponibilidad y disponibilidad frente a terceros.

En los casos de actos administrativos emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional, el registro procederá de oficio.

Registro de personas naturales o jurídicas.- Deberán inscribirse en el Registro Forestal, todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades vinculadas con la conservación y aprovechamiento sostenible de productos forestales maderables y no maderables, acopio, transportación, comercialización, transformación, industrialización, asistencia técnica, restauración ecológica y otras relacionadas.

Los requisitos y documentación a presentarse para el registro, serán especificados en la norma técnica correspondiente.

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá mediante norma técnica el mecanismo de registro de los profesionales forestales, así como los requisitos y condiciones mínimas para el registro.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando un profesional forestal ejerza un cargo público, no podrá prestar sus servicios de forma particular en actividades vinculadas con las competencias de la Autoridad Ambiental Nacional y de la Autoridad Nacional de Agricultura, y que puedan generar conflicto de intereses.

La Autoridad Nacional de Agricultura establecerá mediante norma técnica los requisitos y condiciones mínimas para el registro de profesionales que presten sus servicios en asesoría técnica a plantaciones y sistemas agroforestales con fines comerciales.

Registro de predios.- Se deberán inscribir en el Registro Forestal, aquellos predios que comprendan bosques naturales, plantaciones forestales, sistemas agroforestales, los bosques y vegetación protectores de dominio privado y comunitario, y aquellos predios en general en los cuales se implementen planes para la conservación del bosque, planes de manejo integral, o planes de manejo forestal sostenible. Los requisitos para la inscripción serán especificados en la norma técnica correspondiente.

Entre dichos contratos se incluirán los relacionados con el aprovechamiento y manejo forestal sostenible de productos forestales maderables y no maderables.

Los requisitos para la inscripción serán especificados en la norma técnica correspondiente.

Los requisitos para la inscripción serán especificados en la norma técnica correspondiente.

El propietario o posesionarlo de predios que fueren invadidos, con el documento que acredite la inscripción en el Registro Forestal, tomará contacto con el representante de la Autoridad Ambiental Nacional en la jurisdicción del predio objeto de invasión, quien coordinará el apoyo intersectorial para garantizar la integridad del predio.

La Autoridad Ambiental Nacional podrá autorizar la conservación y manejo integral de los bosques naturales con base en los planes de ordenación forestal descritos en el Código Orgánico del Ambiente y en este Reglamento.

No se considerarán como árboles fuera del bosque los árboles plantados para el establecimiento de un sistema agroforestal con fines de producción.

La Autoridad Ambiental Nacional emitirá mediante norma técnica los lineamientos para el manejo y aprovechamiento de árboles fuera del bosque, donde hayan existido bosques naturales primarios o secundarios.

La Autoridad Ambiental Nacional definirá mediante norma técnica el alcance, requisitos, procedimiento de revisión, aprobación y seguimiento de dichos planes.

Sin perjuicio de lo anterior, toda solicitud de aprobación de plan deberá acompañarse de los convenios o acuerdos para la conservación, aprovechamiento sostenible y restauración de los bosques naturales de dominio estatal.

La Autoridad Ambiental Nacional, a través del Sistema Único de Información Ambiental, pondrá en conocimiento de las entidades sectoriales nacionales y de los gobiernos autónomos descentralizados la información sobre estos planes, a fin que se articulen coherentemente con los programas de incentivos de las otras entidades, y se haga efectiva la garantía de tutela del Registro Forestal acorde lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente.

Una vez concluida la ejecución de los planes de manejo en una provincia, el profesional podrá actualizar su registro forestal, y realizar el cambio de sus actividades hacia otra provincia.

1. El correcto levantamiento de la información técnica de campo;

2. Ejercer sus servicios profesionales con ética, responsabilidad, honestidad, imparcialidad y respeto de las normas legales vigentes;

3. Salvaguardar el desempeño de sus actividades denunciando las irregularidades que confluyan en el desempeño de su labor;

4. Entregar información requerida por la Autoridad Ambiental Nacional;

5. La correcta socialización de la planificación y ejecución de actividades de manejo forestal sostenible de los bosques hacia los propietarios y otros actores vinculados al aprovechamiento a través de manejo forestal sostenible, y las actividades que impliquen el post aprovechamiento: y,

6. Los demás que establezca la normativa técnica aplicable.

Para ello, el interesado deberá obtener los títulos habilitantes según corresponda.

1. Las autorizaciones administrativas para el aprovechamiento sostenible y movilización de los componentes aprovechables de los bosques naturales;

2. Los convenios o acuerdos para la conservación, aprovechamiento sostenible y restauración de los bosques naturales de dominio estatal; y,

3. Los demás títulos que la Autoridad Ambiental Nacional designe como tales, mediante norma técnica.

1. Las licencias de aprovechamiento forestal;

2. Las guías de movilización; y,

3. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional, conforme a sus competencias.

1. Las licencias de aprovechamiento forestal;

2. Las guías de movilización; y,

3. Otras que determine la Autoridad Nacional de Agricultura, conforme a sus competencias.

El volumen de productos forestales maderables y no maderables cuyo aprovechamiento se autorice mediante licencia, no podrá ser mayor al volumen estimado en los planes de manejo.

El aprovechamiento de plantaciones forestales con fines comerciales y sistemas agroforestales de producción, o de productos forestales no maderables provenientes de estos, se realizará mediante licencias de aprovechamiento, otorgadas por la Autoridad Nacional de Agricultura, en el ámbito de sus competencias y conforme lo establecido en la norma técnica respectiva.

El cálculo del valor a pagar por la tasa u otras determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional se realizarán en función de las variables y metodología expedida mediante norma técnica.

Una vez suscritos los convenios, acuerdos o contratos, deberán ser inscritos en el Registro Forestal.

Los convenios, acuerdos o contratos podrán suscribirse entre el Estado, personas naturales, personas jurídicas, o comunidades, y tendrán por objeto:

1. Regular el acceso y uso de tierras estatales, privadas, asociativas o comunitarias bajo modalidades de conservación o manejo forestal sostenible;

2. Establecer condiciones mínimas para la realización de actividades de conservación y manejo forestal sostenible; y,

3. Establecer derechos y obligaciones mutuas de las partes, relacionadas con la conservación y manejo forestal sostenible.

Dicho permiso será entregado de forma excepcional y bajo condiciones específicas establecidas en un plan de manejo aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional.

Autorizaciones administrativas en áreas colindantes de zonas intangibles.- Las autorizaciones administrativas para el manejo forestal sostenible y movilización de productos forestales provenientes de los bosques naturales en áreas colindantes de las zonas intangibles delimitadas, que no constituyan zonas de amortiguamiento, estarán sujetos a criterios específicos para la implementación de planes de manejo y aprovechamiento forestal.

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá mediante norma técnica los criterios específicos para la implementación de planes de manejo y aprovechamiento forestal en áreas colindantes para su posterior aprobación en coordinación con la autoridad nacional competente en materia de justicia, derechos humanos y cultos.

Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal.- La Autoridad Ambiental Nacional establecerá mecanismos de trazabilidad de productos forestales maderables y no maderables como una herramienta de fortalecimiento a las actividades de control forestal en la planificación, aprovechamiento, movilización y comercialización a través del Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal con el objetivo de asegurar el origen legal y la trayectoria de los productos forestales.

Las regulaciones para la operatividad del sistema serán determinadas mediante norma técnica.

La Autoridad Nacional de Agricultura emitirá el certificado de procedencia legal de productos forestales maderables y no maderables provenientes de plantaciones forestales comerciales y sistemas agroforestales de producción.

La Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Agricultura en el marco de sus competencias crearán un mecanismo de coordinación para la certificación que avale el cumplimiento legal del aprovechamiento en plantaciones forestales. Las condiciones, requisitos y procedimientos aplicables se desarrollarán mediante norma técnica.

Compras públicas responsables.- Todos los pliegos de contratación de obras públicas o de bienes y servicios, así como órdenes de compra u otros instrumentos que determinen la necesidad de compra de madera o productos forestales, deberán incluir como un requerimiento la presentación de certificado de procedencia legal acompañado de los títulos habilitantes para el aprovechamiento y movilización; o el documento que avale la certificación forestal voluntaria.

Los criterios de calificación de las ofertas deberán incluir variables que no necesariamente prefieran el menor precio, y que promuevan la adquisición de productos forestales provenientes de manejo forestal sostenible.

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la entidad rectora de compras públicas, elaborará los lineamientos de política ambiental para las entidades públicas a fin que incorporen en los procesos de contratación pública mecanismos, instrumentos y procedimientos que garanticen la procedencia legal de la madera.

La Autoridad Ambiental Nacional emitirá el certificado de procedencia legal, documento sin el cual los productos forestales no podrán ser exportados.

Para la aplicación de este artículo se tomará en consideración la prohibición de exportación de madera rolliza o en troza proveniente de bosques naturales.

Para el caso de productos maderables y no maderables provenientes de plantaciones forestales comerciales y sistemas agroforestales de producción, la Autoridad Nacional de Agricultura emitirá bajo norma técnica los requisitos previstos para las exportaciones.

La Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Agricultura coordinarán con la entidad rectora de aduanas para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.

Las medidas que se desarrollen y adopten para dicho fin, serán vinculantes en todos los niveles de gobierno, el sector privado y la población en general.

Responsabilidad ciudadana.- El manejo integral del fuego implica un trabajo coordinado con los propietarios públicos y privados de los predios aledaños o que formen parte de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, y del Patrimonio Forestal Nacional, así como con la ciudadanía en general, quienes deberán incorporar acciones directas en materia de prevención de incendios forestales cuando de alguna forma sus actividades pongan en peligro los bienes y servicios ambientales de las áreas naturales señaladas.

Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional.- Corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las entidades competentes, coordinar, dirigir e implementar las labores de manejo integral del fuego dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas especiales para la conservación de la biodiversidad y del Patrimonio Forestal Nacional con el objeto de prevenir y controlar los incendios forestales. Para ello, deberá coordinar con las entidades competentes, la elaboración e implementación de los siguientes instrumentos:

1. Política Nacional de Manejo Integral del Fuego;

2. Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego;

3. Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego, y su Plan de Acción; y,

4. Plan Nacional de Contingencia contra Incendios Forestales.

1. Elaborar e implementar planes operativos para la prevención, control y remediación de incendios forestales, en áreas destinadas a objetivos de conservación, conforme los protocolos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional, de manera articulada con otras instancias públicas o privadas vinculadas;

2. Integrar de manera obligatoria en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y otros instrumentos de planificación, lineamientos ambientales referentes al manejo integral del fuego; y,

3. Generar estrategias coordinadas para el desarrollo de programas y proyectos sobre manejo integral del fuego para prevenir incendios forestales y riesgos que afecten a la vegetación natural o plantada, en áreas naturales o rurales, y la reducción del riesgo de incendios de interfaz forestal-urbano.

1. Prevenir, controlar y extinguir incendios forestales que afectan a la vegetación natural o plantada, en áreas naturales o rurales en su jurisdicción geográfica, a través de sus Cuerpos de Bomberos; para lo que deberán fortalecer de manera integral su accionar en la materia;

2. Coordinar acciones de cooperación mutua a través de sus Cuerpos de Bomberos, para el desarrollo de operaciones de control y extinción de incendios forestales, cuando los recursos requeridos son insuficientes para determinado fin, o el incendio forestal es de proporciones y supera su jurisdicción geográfica;

3. Elaborar planes, programas y proyectos para la restauración forestal de áreas afectadas por incendios forestales;

4. Atender, prever y determinar directrices técnicas para reducir el riesgo de incendios de interfaz forestal-urbano de manera articulada con los lineamientos de planificación urbana y semiurbana, en coordinación con sus Cuerpos de Bomberos, la Autoridad Nacional de Gestión de Riesgos y otras entidades competentes; y,

5. Elaborar planes de prevención y respuesta a incendios forestales, con el objeto de minimizar los riesgos para el patrimonio natural, así como para la vida humana y los predios públicos o privados.

Gestión de riesgos.- En el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, la Autoridad Nacional de Gestión de Riesgos y la Autoridad Ambiental Nacional deberán articular acciones conjuntas a fin de fortalecer la implementación de políticas, planes, programas y proyectos de prevención, mitigación y recuperación ante los efectos negativos de los incendios forestales de origen natural o antrópico.

Política Nacional de Manejo Integral del Fuego.- La Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las entidades competentes, establecerá una Política Nacional de Manejo Integral del Fuego, con el objetivo de promover la articulación interinstitucional para la sustitución gradual del uso del fuego en el medio rural, la promoción de alternativas al uso del fuego, el uso adecuado de quemas prescritas y quemas controladas, el uso de tecnologías adecuadas, y la prevención y control de los incendios forestales, con el fin de reducir su incidencia y daño en los ecosistema naturales, así como propiciar su restauración y el rescate del papel ecológico y cultural del fuego, impulsando una visión común de protección y conservación del patrimonio natural.

En estos instrumentos se establecerán las directrices y lineamientos para el manejo integral del fuego, que incluya acciones de protección y conservación del patrimonio natural, así como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, en coordinación con las entidades sectoriales y los distintos niveles de gobierno.

La Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego y su Plan Nacional de Acción deberán ser revisados y de ser el caso actualizados cada dos (2) años en función de los avances alcanzados en su implementación. La Autoridad Ambiental Nacional, de manera coordinada con las entidades competentes vinculadas con la implementación de la Estrategia, la evaluarán y reformularán cada diez (10) años.

La Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, y demás entidades competentes, deberán desarrollar, implementar y actualizar de manera anual el mencionado plan.

Plan operativo.- Entiéndase como plan operativo de prevención, control y remediación de incendios forestales para áreas destinadas a objetivos de conservación, como áreas protegidas, áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, bosques y vegetación protectores, áreas de importancia hídrica, entre otros, al conjunto de procedimientos técnicos y estrategias aplicables que minimicen el riesgo y los impactos ocasionados por los incendios forestales.

Dicho plan deberá desarrollarse y actualizarse cada dos años y estará bajo la responsabilidad de la entidad encargada de la administración del área para la cual fue diseñado.

1. Competencias y coordinación interinstitucional para el manejo integral del fuego;

2. Permisos de quema para fines agrícolas y uso regulado del fuego en áreas destinadas a objetivos de conservación, privadas o públicas;

3. Prevención para el manejo integral del fuego;

4. Obligaciones de los propietarios privados o comunitarios de inmuebles, respecto de la prevención y control de incendios forestales;

5. Aviso, apoyo y atención de incendios forestales;

6. Bomberos y brigadistas forestales de primera respuesta;

7. Aspectos técnicos para la investigación y determinación de infracciones asociadas a incendios forestales;

8. Lineamientos para elaborar los planes operativos de prevención, control y remediación de incendios forestales para áreas destinadas a objetivos de conservación;

9. Lineamientos de mitigación y adaptación al cambio climático;

10. Lineamientos de gestión de riesgos; y,

11. Otros que considere pertinente la Autoridad Ambiental Nacional.

1. En terrenos públicos o privados cuyas peculiaridades justifiquen el empleo del fuego controlado en prácticas agropecuarias, agroforestales o forestales, mediante previa aprobación de la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Agricultura, y en observancia de los criterios técnicos que la misma establezca para el efecto;

2. En el uso de quemas prescritas destinadas al manejo de ecosistemas y reducción de combustibles para la prevención y control de incendios forestales, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bosques y vegetación protectores y ecosistemas frágiles, y en general en áreas de conservación debidamente reconocidas. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá los criterios técnicos a ser considerados para otorgar la autorización administrativa, tomando en consideración la zonificación del área;

3. En actividades de investigación científica vinculada con proyectos debidamente aprobados por la Autoridad Nacional de Investigación;

4. En actividades relacionadas con formación y entrenamiento de bomberos y brigadistas forestales en materia de quemas controladas, quemas prescritas y control de incendios forestales, previa aprobación de la Autoridad Ambiental Nacional; y,

5. En operaciones relacionadas con el control y extinción de incendios forestales.

Para todos los casos enunciados la Autoridad Ambiental Nacional elaborará, de forma anual, calendarios de quemas que señalen los días y horario en que se pueda realizar acciones de quema controlada o prescrita.

La realización de quemas sin contar con autorización administrativa, que ocasionen incendio forestal, conlleva la responsabilidad administrativa, civil y penal respecto de los daños que eventualmente pueda causar dichas actividades.

Predios con incentivos.- Los beneficiarios de incentivos ambientales para la conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad, o restauración de ecosistemas, deberán incluir en sus instrumentos de planificación, las acciones de prevención y extinción de incendios forestales a aplicar en el área sujeta al incentivo, de conformidad a los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional.

Para la aplicación del presente reglamento, los animales destinados a compañía son aquellos animales domésticos que tienen como finalidad brindar compañía a su tenedor o dueño y que no tienen fines comerciales o de consumo, incluyendo los que se encuentren en estado de abandono, los ferales y los que representan un riesgo para la salud pública o biodiversidad.

Se consideran establecimientos para animales los siguientes:

1. Hospitales, clínicas y consultorios veterinarios;

2. Centros de estética animal;

3. Centros de crianza, reproducción o comercialización de animales domésticos;

4. Centros de adiestramiento;

5. Hoteles y centros de alojamiento;

6. Albergues y otros establecimientos de rescate de animales de compañía;

7. Establecimientos donde se desarrollen espectáculos públicos con animales;

8. Centros de investigación, experimentación y laboratorios; y,

9. Otros que determinen los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos establecerán, en el ámbito de sus competencias, los requisitos que cumplirán los establecimientos para animales con la finalidad de garantizar el bienestar animal, conforme lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente.

Obligaciones de establecimientos para animales destinados a compañía.- Los establecimientos dedicados a la crianza, reproducción o venta de animales destinados a compañía, además de observar las disposiciones contempladas en el Código Orgánico del ambiente, estándares internacionales de bienestar animal y este Reglamento, deberán llevar un registro de las especies, número de animales y demás información que determine el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano del cantón de su jurisdicción.

1. Limitar el uso de vitrinas y exhibidores, según las normas dictadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos;

2. No comercializar animales por medios de comunicación electrónica, incluidos páginas web, redes sociales o cualquier otro medio digital, sin la respectiva autorización administrativa;

3. Promover la adopción de animales destinados a compañía; y,

4. Las demás regulaciones que los Gobiernos Autónomos Municipales o Metropolitanos dicten para el efecto.

Prohibiciones para la comercialización de animales.- Los comercializadores de animales destinados a compañía, trabajo u oficio, entretenimiento, consumo o experimentación no podrán comercializar animales a personas naturales o jurídicas que la autoridad competente haya sancionado previamente con la prohibición de adquirir animales, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente.

Los informes estadísticos se utilizarán de sustento para la elaboración de la política pública de manejo responsable de fauna urbana a nivel cantonal.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente podrán ser considerados animales abandonados y serán sujetos a los mecanismos de control establecidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos.

La Autoridad Ambiental Nacional definirá las especificaciones técnicas de cada uno de los registros y determinará la periodicidad de su actualización.

Los registros que se elaboren se integrarán al Sistema Único de Información Ambiental.

Se promoverán mecanismos para evitar la fragmentación de hábitats y demás afectaciones a la biodiversidad que resulten de procesos de expansión urbana.

Cuando se determine, mediante informe técnico motivado, que existe sobrepoblación de animales destinados a compañía, que ponga en riesgo la salud pública o la biodiversidad, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos podrán disponer a los centros de crianza, reproducción o comercialización de animales, periodos de cese temporal o definitivo de la reproducción y venta de dichas especies.

Se priorizará la implementación de mecanismos de control de poblaciones de fauna urbana en zonas adyacentes a los medios de conservación in situ detallados en el Código Orgánico del Ambiente.

1. No pueda ser tratado por tener una enfermedad terminal o incurable, diagnosticada por un médico veterinario;

2. Se encuentre en sufrimiento crónico permanente o incurable, físico o etológico;

3. Sea portador de una enfermedad zoonótica que constituya un riesgo para la salud pública; o,

4. Represente un riesgo para la conservación de la biodiversidad.

Se lo efectuará mediante procesos, prácticas, protocolos y estándares que eviten el sufrimiento prolongado e innecesario.

El proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental se realizará de manera obligatoria para lo siguiente:

1. Proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico; y,

2. Proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental del sector hidrocarburífero y minero.

El proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental se efectuará previo al otorgamiento de los permisos ambientales correspondientes para los proyectos, obras o actividades descritas en el artículo 467 del presente Reglamento.

Una vez registrados los proyectos, obras o actividades en el sistema único de información ambiental, la Autoridad Ambiental competente, notificará a la Defensoría del Pueblo el inicio de la regularización de los proyectos, obras o actividades, a fin de que se delegue al servidor público encargado del acompañamiento y vigilancia durante todo el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental.

La participación del delegado de la Defensoría del Pueblo es de carácter obligatorio, la injustificada falta de atención al requerimiento de delegación o inasistencia por parte del servidor delegado al proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, no será causal de suspensión o nulidad del referido proceso.

El operador del proyecto obra o actividad deberá entregar a la Autoridad Ambiental competente, los ejemplares en físico y digital de los instrumentos técnicos ambientales que la misma requiera. Así mismo corresponde al operador entregar los materiales o suministros comunicacionales para la difusión didáctica del contenido de los Instrumentos Técnicos Ambientales (resúmenes, trípticos, presentaciones en diapositivas) y todos aquellos que determine la Autoridad Ambiental competente.

En el caso de que el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental se lleve a cabo en territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas los materiales o suministros comunicacionales que entregue el operador deberán estar traducidos al idioma propio de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

Los materiales o suministros comunicacionales para la difusión didáctica del contenido de los instrumentos técnicos ambientales contendrán la siguiente información:

1. Descripción resumida e ilustrativa de las actividades del proyecto obra o actividad;

2. Áreas de influencia directas física, biótica y social;

3. Síntesis de los impactos ambientales, bióticos y sociales; y,

4. Síntesis del plan de manejo ambiental.

Todos los materiales o suministros comunicacionales que entregue el operador (documentación sobre el proyecto, obra o actividad, presentación en diapositivas) a la Autoridad Ambiental competente, deberán ser incluidos previamente en los instrumentos técnicos ambientales a manera de anexos para su revisión.

La Autoridad Ambiental, entregará al sujeto consultado, de manera amplia y oportuna toda la información contenida en los instrumentos técnicos ambientales, información sobre los procesos de regularización ambiental y de participación ciudadana para la consulta ambiental.

Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República y en la Ley, se establecen como mecanismos de participación ciudadana para la consulta ambiental en la regularización ambiental, los siguientes:

1. Mecanismos informativos. Son mecanismos informativos los siguientes:

   1. Asamblea informativa: Mecanismo por el cual la Autoridad Ambiental competente, a través del facilitador ambiental presentará de manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el contenido de los instrumentos técnicos ambientales y la información correspondiente a los procesos de regularización ambiental y participación ciudadana para la consulta ambiental, en colaboración del operador del proyecto, obra o actividad y del consultor ambiental. En la asamblea informativa, luego de la presentación del contenido de los instrumentos técnicos ambientales e información correspondiente al proceso de regularización ambiental y participación ciudadana para la consulta ambiental, se generará un espacio de diálogo social, donde la comunidad podrá exponer sus opiniones, observaciones y puntos de vista, así como también se responderán las inquietudes y observaciones sobre el proyecto, obra o actividad. Todas las intervenciones de la comunidad serán registradas e incluidas en el informe de sistematización de la fase in formativa del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental.

      Si en el informe de visita previa de los proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto ambiental de los sectores estratégicos y no estratégicos: o, de los proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental del sector hidrocarburífero y minero, se establece la necesidad de la ejecución de una asamblea informativa, esta se desarrollará dentro del periodo de duración de los centros de información pública fija, conforme el cronograma establecido en dicho informe.

   2. Página electrónica: Mecanismo a través del cual el sujeto consultado y la ciudadanía en general podrá acceder a la información del proyecto, obra o actividad y podrá emitir sus opiniones y observaciones.

   3. Video informativo: Mecanismo a través del cual se difundirá el contenido de los instrumentos técnicos ambientales, el mismo tendrá una duración mínima de quince (15) minutos y máxima de treinta (30) minutos. El video se publicará en el portal electrónico que corresponda y otros medios digitales que determine la Autoridad Ambiental competente: así como podrá ser difundido en la asamblea informativa, talleres y demás espacios de participación. El video informativo será entregado por parte del operador del proyecto, obra o actividad al Facilitador Ambiental una vez que la Autoridad Ambiental competente emita el pronunciamiento técnico al instrumento técnico ambiental, dicho video será revisado y aprobado por el Facilitador Ambiental.

   4. Entrega de documentación informativa sobre los instrumentos técnicos ambientales: Es la información resumida del contenido de los instrumentos técnicos ambientales, mediante documentos físicos y audio digitales que determine la Autoridad Ambiental competente: y será entregada o puesta a disposición de la población del área de in fluencia social directa e indirecta del proyecto, obra o actividad a través de los centros de información pública y/o las invitaciones personales o a través de los mecanismos que determine la Autoridad Ambiental competente en la planificación de la Fase Informativa con base a la información levantada en la visita previa.

   5. Centro de información pública: Es el espacio físico fijo o itinerante, que tiene por objeto garantizar al sujeto consultado el acceso a la información, para que puedan socializarla y debatirla internamente. La Autoridad Ambiental competente, pondrá a disposición de la población del área de influencia social directa e indirecta del proyecto, obra o actividad los instrumentos técnicos ambientales, los cuales deberán ser presentados en forma didáctica y clara, y deberán contener la descripción del proyecto, obra o actividad, el plan de manejo ambiental y los mapas de: ubicación de las actividades e infraestructura del proyecto, obra o actividad, áreas de influencia directa e indirecta (física, biótica y social), mapa de comunidades y de sensibilidad (física, biótica y social); los mapas deberán ser presentados de manera clara y amplios a partir del formato A1.

      Los centros de información pública fijos, son de carácter obligatorio, serán aperturados por la autoridad ambiental competente y permanecerán abiertos por el siguiente tiempo:

1. Para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico, permanecerán abiertos durante catorce (14) días: y,

2. Para proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental del sector hidrocarburífero y minero, permanecerán abiertos durante diez (10) días.

   Los centros de información pública itinerantes, permanecerán abiertos por el siguiente tiempo:

   2.1. Proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto ambiental de sectores estratégicos y no estratégico, permanecerán abiertos durante cinco (5) días; y,

   2.2. Proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental del sector hidrocarburífero y minero, permanecerán abiertos durante tres (3) días.

   Los horarios de atención de los centros de información fijos e itinerantes deberán determinarse en el informe de visita previa.

   En los casos en que se establezca la apertura de más de un centro de información pública fijo, su instalación y desarrollo de actividades, serán de manera simultánea.

   Para los días de apertura de los centros de información pública, se podrán incluir, de ser el caso, los sábados y domingos, considerando lo dispuesto en el artículo 473 del presente Reglamento, a fin de asegurar la participación del sujeto consultado, lo cual deberá constar de manera clara y expresa en el cronograma establecido en el informe de visita previa.

   6. Talleres de socialización ambiental: Mecanismo a través del cual se dará a conocer a la comunidad sobre temas puntuales del proyecto, obra o actividad que requieran refuerzo explicativo, este mecanismo podrá ser aplicado antes o después de la asamblea de presentación pública, la aplicación de este mecanismo es opcional y el momento de su aplicación será durante los días que se encuentre aperturado el centro de información pública fijo. Este mecanismo podrá aplicarse cuando se identifique que existe dificultad y limitantes para la comprensión y discernimiento de la comunidad del área de influencia social directa con respecto a documentos extensos y de carácter técnico.

2. Mecanismos de convocatoria. Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República y en la Ley, se establecen como mecanismos de convocatoria para la participación ciudadana para la consulta ambiental en la regularización ambiental, los siguientes:

   1. Convocatoria pública: Es la difusión masiva con cobertura en las áreas de in fluencia social directa e indirecta del proyecto, obra o actividad, tales como:

1. Prensa digital o escrita;

2. Radio;

3. Televisión;

4. Perifoneo;

5. Carteles informativos, ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad, en las carteleras de los gobiernos seccionales, en las carteleras de las instalaciones de la Autoridad Ambiental competente y en los lugares de mayor afluencia pública del área de influencia social directa. Los carteles informativos serán claros y visibles, con un mínimo de formato A2 y en un material resistente;

6. Páginas electrónicas oficiales de la Autoridad Ambiental competente; y,

7. Redes sociales digitales.

   2. Invitaciones personales: Son convocatorias directas y personales, para la emisión de dichas comunicaciones, entre otros, se tomará en cuenta a:

1. Propietarios, posesionarios o habitantes de los predios, fincas y terrenos que conforman el área de influencia social directa del proyecto, obra o actividad;

2. Representantes legítimos de las organizaciones sociales denominadas como caserío, precooperativa, cooperativa, recinto, barrio, comuna y comunidad de hecho o de derecho determinadas como área de influencia social directa del proyecto, obra o actividad;

3. Representantes legítimos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias, organizaciones sociales y de género, otras legalmente constituidas o de hecho y debidamente representadas, relacionadas de forma directa con el proyecto, obra o actividad; y,

4. Autoridades del gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales.

   Las invitaciones personales serán suscritas por la autoridad del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental y adjunto a estas se entregará la versión digital del instrumento técnico ambiental que será socializado a través de los mecanismos de participación ciudadana para la consulta ambiental.

   En las convocatorias públicas e invitaciones personales, se incluirá y precisará lo siguiente:

1. Lugar, fecha, hora de instalación y funcionamiento de cada uno de los mecanismos informativos seleccionados (Asambleas. centros de información pública fijos o itinerantes, entre otros.);

2. Las páginas electrónicas de la Autoridad Ambiental competente;

3. Correo electrónico del facilitador ambiental;

4. El cronograma del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, en el que se especificará los mecanismos de participación ciudadana seleccionados, lugar, fecha y hora de aplicación;

5. Dirección o direcciones físicas o electrónicas donde se receptarán las opiniones y observaciones;

6. La fecha límite de recepción de opiniones y observaciones; y,

7. Mecanismo o mecanismos a través de los cuales se registrarán los sujetos consultados y aquellas personas que no pertenezcan a las comunidades del área de influencia social directa y consideren que su ambiente pueda ser afectado por la emisión del permiso ambiental, podrá presentar su fundamento de afectación ambiental documentado y respaldado.

   Con base en la realidad local las invitaciones personales podrán ser de carácter físico o electrónico.

   La ejecución de los mecanismos de convocatoria estará a cargo de la Autoridad Ambiental competente con el acompañamiento del operador del proyecto, obra o actividad. El operador prestará las facilidades y recursos necesarios del caso para dar cumplimiento a dicha actividad.

3. Mecanismo de consulta. Es mecanismo de consulta el siguiente:

   1. Asamblea de consulta: Mecanismo a través del cual, la Autoridad Ambiental competente, por medio del facilitador ambiental, comunicará al sujeto consultado el detalle de la inclusión o no inclusión de las opiniones y observaciones establecidas en los instrumentos técnicos ambientales, las cuales fueron receptadas y registradas en la fase informativa del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental. El facilitador ambiental consultará la opinión de la comunidad respecto del permiso ambiental; el procedimiento de consulta será establecido con base en la información recabada por el facilitador ambiental en la visita previa y en coordinación de los representantes de la comunidad. En caso de oposición mayoritaria de la comunidad consultada, la decisión de otorgar o no el permiso ambiental, será adoptada por resolución debidamente motivada por parte de la Autoridad Ambiental competente.

   El operador y el consultor ambiental podrán acompañar al facilitador ambiental designado y aportar técnicamente, en el desarrollo de la asamblea de consulta.

Las convocatorias al proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental de proyectos, obras o actividades que se pretendan desarrollar en zonas donde exista presencia de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, deberán realizarse en los idiomas español y ancestrales.

En los mecanismos informativos que correspondan, los extractos de los documentos informativos relacionados al proyecto, obra o actividad, deberán realizarse en los idiomas español y ancestrales.

Para el desarrollo de las asambleas públicas, talleres y en el mecanismo de consulta, cuando se trate de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del área de influencia social directa, se contará con la participación de un traductor lingüístico.

El proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental en todas sus fases, deberá considerar y respetar las formas de organización y toma de decisiones de la población que habita en el área de influencia social directa del proyecto, obra o actividad. Para el caso de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, se efectuará bajo sus características socioculturales y organizacionales.

En el caso de que los sujetos consultados no ejerzan su derecho a participar en el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, habiendo sido debidamente convocados, o existan medidas de hecho tendientes a obstaculizar su realización, el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental continuará; sin que esto, constituya causal de nulidad o suspensión del mismo, no obstante, el facilitador ambiental deberá incluir este particular en el informe correspondiente.

Los costos o valores que concurran para ejecutar el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, respecto a la convocatoria y la logística para la ejecución de los mecanismos informativos y de consulta establecidos en este capítulo, serán asumidos por el operador del proyecto, obra o actividad. El operador prestará las facilidades y recursos necesarios para la ejecución de dicho proceso.

El Proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental de proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto ambiental para el sector estratégico y no estratégico; y, bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero, estará conformado de dos fases:

1. Fase informativa; y,

2. Fase consultiva.

Es la entrega de información correspondiente al contenido de los instrumentos técnicos ambientales, como aquella información que servirá de base previo al otorgamiento del permiso ambiental de proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto para el sector estratégico y no estratégico; y, bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero; información que será entregada por parte del sujeto consultante al sujeto consultado, según los mecanismos establecidos en este Reglamento.

Es un diálogo de ida y vuelta entre el sujeto consultante y el sujeto consultado previo al otorgamiento del permiso ambiental, a fin de presentar los instrumentos técnicos ambientales que contienen las opiniones y observaciones realizadas durante la fase informativa, así como consultar respecto de la emisión del permiso ambiental. Esta fase constituye la participación activa en la toma de decisiones ambientales.

La fase informativa será desarrollada en función de lo siguiente:

1. Fase informativa para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico; y,

2. Fase informativa para proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero.

Esta fase iniciará una vez que la autoridad competente verifique que los instrumentos técnicos ambientales de los proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto del sector estratégico y no estratégico; y, bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero; hayan cumplido con los requisitos establecidos en la ley y la normativa técnica, para lo cual emitirá el correspondiente pronunciamiento técnico.

El facilitador ambiental designado, para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto del sector estratégico y no estratégico contará con un término máximo de tres (3) días, contados desde la emisión del pronunciamiento técnico de la Autoridad Ambiental competente; para los proyectos obras o actividades de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero, este término será máximo de dos (2) días; los mismos que servirán para organizar el ingreso al área de influencia del proyecto, obra o actividad para efectuar la visita previa.

Es la visita del facilitador ambiental al área de influencia social del proyecto, obra o actividad para levantar y recabar información que permita establecer los mecanismos informativos, de convocatoria y de consulta para el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental: también se recabará in formación respecto a las formas de organización de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Esta visita permitirá al facilitador ambiental constatar la veracidad y pertinencia del contenido de los instrumentos técnicos ambientales correspondientes al proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental.

Una vez finalizada la preparación de la visita previa, la misma será ejecutada para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto del sector estratégico y no estratégico se realizará en un término máximo de siete (7) días; y, para los proyectos obras o actividades de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero, este término será máximo de cinco (5) días, la visita previa se realizará en coordinación con los representantes comunitarios e institucionales locales. El facilitador ambiental, como mínimo, deberá cumplir las siguientes actividades:

1. Verificar en campo la lista de actores sociales y organizacionales que son parte del Área de Influencia Social Directa e Indirecta del proyecto, obra o actividad;

2. Identificar las organizaciones de la sociedad civil, de género, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, presentes en el área de influencia social directa y verificar su inclusión en la lista de actores sociales y organizaciones a ser invitados al Proceso de Participación Ciudadana para la consulta ambiental;

3. Identificar las temáticas, problemáticas y conflictos socio-ambientales que podrían ser motivo de diálogo durante el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental y en especial en la presentación pública de los instrumentos técnicos ambientales;

4. Determinar los mecanismos informativos y de consulta necesarios e idóneos, de convocatoria para la fase in formativa y consultiva del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, en coordinación con los representantes o líderes comunitarios y autoridades locales del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o actividad;

5. Programar en coordinación con los representantes o líderes comunitarios y autoridades locales del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o actividad; el lugar, fecha y hora tentativas, como también el traductor lingüístico en el caso de ser necesario, para la aplicación de los distintos mecanismos de socialización de los instrumentos técnicos ambientales y de convocatoria; y,

6. Recabar la información con los representantes o líderes comunitarios y autoridades locales del área de influencia directa, con respecto a la toma de decisiones por parte de las comunidades del área de in fluencia social directa para el momento de la fase consultiva.

Finalizada la visita previa, el facilitador ambiental elaborará su informe en el término de hasta tres (3) días, para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto del sector estratégico y no estratégico; y, para los de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero, este término será máximo de dos (2) días; en el cual se incluirán como anexos, documentos y verificables como: fotos, mapas, encuestas, entrevistas, material de audio o video, formatos y textos de la convocatoria, registros de asistencia, formatos de registros de recepción de observaciones, actas, entre otros documentos.

Este informe será puesto a consideración de la Autoridad competente del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental; quien, emitirá en un término máximo de tres (3) días su pronunciamiento para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto del sector estratégico y no estratégico; y, para los de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero, este término será máximo de dos (2) días; respecto a la continuidad o no de la fase informativa.

El informe de visita previa deberá estar incluido en el informe de sistematización de la fase consultiva del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, como anexo.

La falta de colaboración oportuna por parte de los líderes o representantes comunitarios con el facilitador ambiental en la coordinación de las actividades descritas en el presente artículo, no será causal de nulidad o suspensión del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental.

La convocatoria pública a la fase informativa del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, se realizará a través de los mecanismos de convocatoria establecidos en el informe de la visita previa.

La autoridad del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental convocará al sujeto consultado para informar sobre el contenido de los instrumentos técnicos ambientales, como aquella información que servirá de base previo al otorgamiento del permiso ambiental para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto del sector estratégico y no estratégico; y, para los de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero.

La convocatoria para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto del sector estratégico y no estratégico se realizará dentro del término máximo de siete (7) días; y, para los de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero este término será máximo de cinco (5) días; los mismos se realizarán a partir del pronunciamiento emitido por la Autoridad competente del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental.

Una vez realizada la convocatoria pública, se pondrá en consideración a través de los mecanismos informativos establecidos en el informe de la vista previa, al sujeto consultado, el contenido de los instrumentos técnicos ambientales, como aquella información que servirá de base previo al otorgamiento del permiso ambiental de proyectos, obras o actividades, con el objeto de que las comunidades tengan acceso a la información, puedan socializarla y debatirla internamente.

El facilitador ambiental, mantendrá un registro de participación de los sujetos consultados, según los mecanismos informativos establecidos en el informe de visita previa.

Aquellas personas que no pertenezcan al área de influencia social directa y consideren que su ambiente pueda ser afectado por la emisión del permiso ambiental, podrán solicitar de manera escrita el ser considerados como sujetos consultados, para lo cual deberán fundamentar técnica y documentadamente su posible afectación.

Dicha solicitud podrá ser presentada en los mecanismos informativos o en las instalaciones de la Autoridad Ambiental competente a cargo del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, dentro del término de duración de la fase informativa.

En el caso de que la solicitud de consideración como sujeto consultado no cuente con estos requisitos, será rechazada por la entidad consultante.

La documentación presentada deberá adjuntarse y analizarse por la Autoridad Ambiental competente del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental en el informe de sistematización de la fase informativa.

Las opiniones y observaciones a los instrumentos técnicos ambientales proporcionadas durante la fase informativa del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, podrán recopilarse a través de los siguientes medios:

1. Actas de asambleas de presentación pública;

2. Registro de opiniones y observaciones de los Centros de Información Pública;

3. Recepción de opiniones y observaciones por correo tradicional;

4. Recepción de opiniones y observaciones remitidas a los correos electrónicos detallados en la convocatoria; y,

5. Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las características socio culturales del área de influencia social directa.

Una vez cerrado el centro de información pública fijo, el facilitador ambiental emitirá el informe de sistematización de la fase informativa del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental. Para los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto del sector estratégico y no estratégico, dicho informe se emitirá en el término máximo de siete (7) días; y, para los proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero, este término será máximo de cinco (5) días.

El informe contendrá, por lo menos, la siguiente información:

1. Datos generales;

2. Marco legal;

3. Antecedentes;

4. Descripción del desarrollo del proceso aplicado, indicando los mecanismos informativos ejecutados;

5. Transcripción textual de las opiniones y observaciones presentadas a través de los mecanismos informativos ejecutados;

6. Identificación de posibles conflictos socioambientales;

7. Conclusiones y recomendaciones;

8. Documentos y verificables como; fotos, material de audio o video, convocatoria, registros de asistencia, registros de recepción de observaciones, actas, entre otros documentos;

9. La firma de responsabilidad; y,

10. Anexos (documentos y verificables).

Este informe será puesto a consideración de la Autoridad Ambiental competente del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental: quien, emitirá en un término máximo de tres (3) días su pronunciamiento para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto del sector estratégico y no estratégico; y, para los de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero, este término será máximo de dos (2) días; respecto del cumplimiento de la fase informativa.

La Autoridad competente, notificará con este pronunciamiento al operador del proyecto, obra o actividad, en un término máximo de un (1) día.

Una vez que el operador ha sido notificado con el pronunciamiento descrito en el artículo precedente; los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico, tendrán un término máximo de cinco (5) días; y, los de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero tendrán un término máximo de tres (3) días; para incluir en el instrumento técnico ambiental las opiniones y observaciones generadas durante la fase informativa, siempre y cuando sean técnica y económicamente viables.

Una vez receptado, por parte de la autoridad competente, el instrumento técnico ambiental que contiene la matriz con la inclusión de las opiniones y observaciones; en un término máximo de cinco (5) días para los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto del sector estratégico y no estratégico; y, en un término máximo de tres (3) días para los proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental del sector hidrocarburífero y minero; la autoridad competente lo revisará y emitirá el pronunciamiento que corresponda.

En caso de existir observaciones por parte de la autoridad competente, éstas deberán ser subsanadas por parte del operador en un término máximo de cinco (5) días para los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico: y, en un término máximo de tres (3) días para los proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental del sector hidrocarburífero y minero.

Una vez receptado el instrumento técnico ambiental que contiene la subsanación de las observaciones, la autoridad competente se pronunciará en un término máximo de cinco (5) días para los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico; y. en un término máximo de tres (3) días para los proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental del sector hidrocarburífero y minero.

En caso de existir observaciones por parte de la autoridad competente, éstas deberán ser subsanadas por parte del operador en un término máximo de cinco (5) días para los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico; y, en un término máximo de tres (3) días para los proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental del sector hidrocarburífero y minero.

Una vez receptado el instrumento técnico ambiental que contiene la subsanación de las observaciones, la autoridad competente se pronunciará en un término máximo de cinco (5) días para los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico; y, en un término máximo de tres (3) días para los proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental del sector hidrocarburífero y minero.

Dicho pronunciamiento contendrá la aprobación final del instrumento técnico ambiental, dará por finalizada la fase informativa y dispondrá el inicio de la fase consultiva.

La Autoridad Ambiental competente, podrá disponer un término máximo de tres (3) días para que el operador del proyecto, obra o actividad presente información aclaratoria o complementaria.

Una vez receptado el instrumento técnico ambiental que contiene la información ampliatoria o aclaratoria, la Autoridad Ambiental competente se pronunciará en un término máximo de tres (3) días. En caso de que el operador de proyecto, obra o actividad no incluya la información aclaratoria o complementaria, el proceso de regularización será archivado.

Si el operador del proyecto, obra o actividad no subsana las observaciones dentro del tiempo establecido, el proceso de regularización ambiental será archivado.

En el caso de que la comunidad no presente opiniones u observaciones durante la fase informativa, la Autoridad Ambiental competente, mediante el acto administrativo descrito en el artículo 481.7 del presente Reglamento, se pronunciará respecto del cumplimiento de la fase informativa, dará la aprobación final del instrumento técnico ambiental, dará por finalizada la fase informativa y dispondrá el inicio de la fase consultiva.

Dispuesto el inicio de la fase consultiva, el facilitador ambiental en los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto del sector estratégico y no estratégico, contará con un término máximo de cinco (5) días; y, en los proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero contará con un término máximo de dos (2) días; para elaborar el informe técnico que incluirá la convocatoria y cronograma de la asamblea de consulta a llevarse a cabo en la comunidad o comunidades del área de influencia social directa, considerando, de ser el caso, lo dispuesto en los artículos 472 y 473 del presente Reglamento.

Dichos términos se contabilizarán a partir de la notificación del pronunciamiento de la aprobación final del instrumento técnico ambiental.

Este informe será puesto a consideración de la autoridad competente para su respectivo pronunciamiento; para lo cual dispondrá de en un término máximo de tres (3) días para proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico; y; para los de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero un término máximo de dos (2) días.

La convocatoria pública a la fase consultiva del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, será efectuada por la autoridad competente; para los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto del sector estratégico y no estratégico, en un término máximo de cinco (5) días; y, en los de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero en un término máximo de tres (3), contados a partir de la aprobación del informe técnico del facilitador ambiental.

Una vez efectuada la convocatoria pública, con presencia del facilitador ambiental y el sujeto consultado se ejecutará la asamblea de consulta, en la fecha, lugar y hora establecida en la convocatoria. La presencia y participación del operador en la asamblea de consulta no será obligatoria. La asamblea de consulta seguirá el siguiente procedimiento:

1. Registro del sujeto consultado en el que incluya; nombres, número de documento de identidad, comunidad o sector; y, firma o huella digital;

2. Instalación de la Asamblea;

3. El facilitador ambiental, dirigirá la asamblea, para lo cual comunicará a los asistentes las reglas (roles, orden y tiempo de intervención, normas de respeto, entre otros) para el desarrollo de esta; y, posteriormente, dará lectura del orden del día;

4. Presentación del instrumento técnico ambiental que contiene las observaciones y opiniones recogidas en la fase informativa;

5. Consulta a la comunidad sobre el otorgamiento del permiso ambiental;

6. Una vez expuesto el instrumento técnico ambiental, el facilitador ambiental otorgará al sujeto consultado un tiempo, no mayor a dos (2) horas para que deliberen sobre el objeto de la consulta;

   Finalizado este tiempo, el sujeto consultado, dentro de sus participantes, designará a dos representantes o voceros para que expongan los criterios de los participantes que están de acuerdo o en desacuerdo sobre el otorgamiento del permiso ambiental. Dichas exposiciones o posturas, deberán contener su respectiva motivación o razones; una vez expuestas las mismas, se registrarán en el acta de la asamblea; y,

7. Lectura y firma del acta de la asamblea de consulta.

Finalizada la asamblea consultiva, el facilitador ambiental, elaborará el informe de sistematización de la fase consultiva, para lo cual, en los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto del sector estratégico y no estratégico, dispondrá de un término máximo de cinco (5) días; y, en los de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero de un término máximo de dos (2) días.

El informe deberá contener la siguiente información:

1. Datos generales;

2. Marco legal;

3. Antecedentes;

4. Detalle de la convocatoria a la fase consultiva;

5. Sistematización del desarrollo de la asamblea de consulta, en la cual se enfatizará la deliberación del sujeto consultado;

6. Conclusiones y recomendaciones;

7. La firma de responsabilidad; y,

8. Anexos (documentos y verificables).

Este informe será puesto a consideración de la autoridad competente responsable del proceso de participación ciudadana.

La autoridad competente, una vez recibido el informe de sistematización de la fase consultiva; para los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto del sector estratégico y no estratégico, dispondrá de un término máximo de siete (7) días; y, en los de bajo impacto ambiental para el sector hidrocarburífero y minero de un término máximo de cinco (5) días, para pronunciarse mediante acto administrativo, sobre la aprobación del informe de sistematización de la fase consultiva, valoración de resultados y finalización del proceso de participación ciudadana.

De existir acuerdo o conformidad por parte del sujeto consultado, respecto al otorgamiento del permiso ambiental; la autoridad competente, dará fin al proceso de participación ciudadana y dispondrá en dicho acto administrativo la continuidad del trámite de regularización ambiental, según lo establecido en la normativa vigente.

De existir oposición mayoritaria por parte del sujeto consultado, la decisión de continuar o no con el trámite para el otorgamiento del permiso ambiental, será debidamente motivada. En el caso de dar continuidad al proceso de otorgamiento del permiso ambiental, dicho acto administrativo detallará los parámetros cine minimicen los posibles impactos sobre las comunidades y los ecosistemas, los métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como, integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana; además de aprobar el informe de sistematización de la fase consultiva y finalizar el proceso de participación ciudadana

La transferencia es inherente a la fase de abastecimiento.

La importación se considerará a la introducción física en el territorio nacional de una sustancia pura o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales. Se considerará fabricación o producción de sustancias químicas, al conjunto de actividades y operaciones destinadas o aplicadas a un proceso de producción, para generar sustancias químicas puras o en mezclas, y productos o materiales con contenido añadido de las mismas, que se inserten en cualquier otra actividad comercial o productiva. Como parte de la producción de las sustancias químicas, se considerará a la actividad de envasado o fraccionamiento de las mismas.

Se considera formulación al proceso de combinación de varias sustancias o mezclas, para hacer que un producto sea útil y eficaz para la finalidad de uso que se pretenda.

La transferencia es la entrega y recepción de la sustancia química para el suministro de un producto o puesta a disposición de un tercero, ya sea mediante pago o de forma gratuita. La comercialización y distribución se considerarán dentro de esta definición.

Exención de sustancias químicas prohibidas.- La Autoridad Ambiental Nacional establecerá los requisitos y mecanismos para autorizar la importación o introducción de materiales de referencia, estándares analíticos, productos para calibración de instrumentos y materiales de pruebas interlaboratorios que contengan sustancias químicas cuyo uso haya sido prohibido, para su uso en laboratorios con fines de acreditación, investigación, control de calidad o de prestación de servicios.

Para la importación o uso de las sustancias químicas establecidas en instrumentos internacionales ratificados por el Estado se deberán acoger los procedimientos y exenciones establecidos en los mismos.

Consentimiento de importación.- Con base en el cumplimiento de instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la Autoridad Ambiental Nacional aplicará el Procedimiento de Consentimiento respectivo de las sustancias y productos químicos reguladas bajo comercio internacional; a fin de garantizar el intercambio de información entre las Partes sobre la importación de sustancias y productos químicos contemplados en instrumentos internacionales.

Regulación de producción nacional y neutralidad comercial en importaciones.- A fin de aplicar una neutralidad comercial en materia de comercio internacional, relacionado a sustancias químicas, la Autoridad Ambiental Nacional emitirá las disposiciones necesarias, a fin de aplicar las mismas condiciones comerciales a los procesos de importación y a la producción y comercialización nacional, sin perjuicio de las disposiciones emitidas por las autoridades competentes en materia de comercio.

Los permisos especiales para investigación y experimentación de plaguicidas serán otorgados por la Autoridad Nacional Competente en plaguicidas.

En caso de determinar un alto riesgo ambiental de un plaguicida de uso agrícola la Autoridad Ambiental Nacional podrá revocar el pronunciamiento favorable otorgado al mismo, con base en razones ambientales fundamentadas técnica y científicamente.

El pronunciamiento favorable otorgado por la Autoridad Ambiental Nacional al plaguicida de uso agrícola podrá ser revocado en caso de incumplimiento en la presentación de los reportes semestrales con sus respectivos medios de verificación o por incumplimiento en las obligaciones del plan de manejo ambiental aprobado para el plaguicida.

1. Manejar adecuadamente las sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales;

2. Identificar los peligros y los riesgos de las sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales; así como, implementar medidas de prevención para controlar los potenciales riesgos para la salud y el ambiente;

3. Etiquetar en idioma español las sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales para comunicar la peligrosidad de la misma, así como, distribuir la Ficha de Datos de Seguridad con la información del importador, conforme los lineamientos establecidos en el Sistema Globalmente Armonizado o normativa nacional e internacional aplicable.

4. Almacenar y realizar el manejo interno en condiciones técnicas de seguridad, evitando su contacto con los recursos agua y suelo, y verificando la compatibilidad;

5. Realizar la transferencia entre las fases de gestión para su adecuado manejo únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la autorización administrativa correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental Nacional;

6. Notificar a la Autoridad Ambiental Nacional en el término de máximo un (l) día desde el suceso, en caso de producirse accidentes durante la gestión de sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales;

7. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación o daños ambientales durante la gestión de sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales en sus instalaciones; y, responderá solidariamente con las personas naturales o jurídicas contratadas por ellos para efectuar la gestión de las mismas, en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable; y,

8. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la normativa secundaria correspondiente.

Se deberá considerar la información contenida en las fichas de datos de seguridad de cada sustancia química.

1. Obtener la autorización administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente correspondiente;

2. Mantener actualizada la bitácora donde se detalle el inventario de las sustancias químicas almacenadas o en stock;

3. Presentar la declaración mensual de gestión ante la Autoridad Ambiental Nacional;

4. Revisar la etiqueta de la sustancia química y su ficha de datos de seguridad antes de almacenarla, con el fin de identificar las propiedades físico- químico de las sustancias puras, mezclas o de sustancias contenidas en productos o materiales, que se van a ser almacenadas; así como, implementar medidas de prevención para controlar los potenciales riesgos para la salud y el ambiente;

5. Nombrar y capacitar al responsable técnico para el almacenamiento de las sustancias químicas;

6. Identificar acciones correctivas que se deberán implementar donde los controles estén faltando o fallando;

7. Garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente;

8. Notificar a la Autoridad Ambiental Nacional en el término máximo un (l) día desde el suceso, en caso de producirse accidentes o derrames durante el almacenamiento de sustancias químicas; así como, notificar las acciones de control de accidente o emergencia tomadas en relación a productos químicos, incluida la previsión de reparación integral de daños ambientales de ser aplicable;

9. Contar con los materiales y equipamiento para atención de contingencias, a fin de evitar y controlar inicialmente una eventual liberación de sustancias químicas peligrosas que afecte a la calidad de los recursos naturales;

10. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación o daños ambientales durante su gestión.- El operador que ha contratado el servicio de almacenamiento será responsable solidario; y,

11. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma secundaria correspondiente.

Transporte.- El transporte es la fase que incluye el movimiento o traslado, dentro del territorio nacional, de sustancias puras, mezclas o sustancias contenidas en productos o materiales, para transporte propio o prestación de servicios, a través de cualquier medio de transporte autorizado, conforme a las normas técnicas INEN y demás normativa secundaria emitida para el efecto por la Autoridad Ambiental Nacional, en la cual se definirá los requisitos para esta fase de gestión.

Los operadores en la fase de gestión de transporte, diferente del transporte interno dentro de una facilidad o instalación, deberán obtener la autorización administrativa ambiental únicamente ante la Autoridad Ambiental Nacional, así como el Registro de Sustancias Químicas aplicable a su fase de gestión.

Transporte interno.- El transporte interno para movilizar sustancias químicas dentro de una misma facilidad o instalación de una obra, proyecto o actividad sujeta a regularización ambiental no se considera como fase de transporte dentro de las fases de gestión de sustancias químicas, sin embargo, deberá incluir dicha actividad dentro de su plan de manejo ambiental y cumplir con los requisitos establecidos en la normativa técnica.

En el caso de que el operador no haya contemplado el transporte interno en la evaluación ambiental que fue base de su autorización administrativa ambiental, debe incluirlo en la actualización del plan de manejo ambiental como parte de las auditorías de cumplimiento ambiental en el plazo máximo de un (l) año después de publicado este reglamento.

Los vehículos deberán ser diseñados, construidos y operados de modo que cumplan con su función con plena seguridad, tales vehículos deben ser adecuados para el tipo, características de peligrosidad y estado físico de la sustancia química a transportar, cuyas características físicas y técnicas garanticen las condiciones de seguridad.

Para otro tipo de transporte, los vehículos se atendrán a las condiciones establecidas por la norma técnica correspondiente. En caso de ser necesario se complementará con las normas internacionales aplicables que la Autoridad Ambiental Nacional considere necesarias.

1. Obtener la autorización administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Nacional, en la cual se especificará el tipo de sustancia química que podrá transportar y el tipo de vehículo;

2. Realizar declaraciones anuales de los movimientos efectuados, de acuerdo a los procedimientos establecidos para el efecto, sin perjuicio de que la autoridad ambiental solicite informes específicos cuando lo requiera;

3. Mantener actualizada la bitácora de las horas de viaje del conductor;

4. Asegurar que todo el personal involucrado en la conducción de los vehículos de transporte terrestre se encuentre debidamente capacitado, entrenado para el manejo y traslado, así como para enfrentar posibles situaciones de emergencia.

5. Proporcionar los manuales de procedimientos seguros de carga y descarga, así como los establecidos en el plan de contingencia del plan de manejo ambiental aprobado a todo el personal involucrado en la conducción de los vehículos;

6. Proporcionar los materiales y equipamiento para atención de contingencias, a fin de evitar y controlar inicialmente una eventual liberación de sustancias químicas peligrosas conforme a la norma técnica correspondiente;

7. Equipar al vehículo con los equipos y materiales de contingencia necesarios y adecuados según el tipo de sustancia química;

8. Entregar las sustancias químicas únicamente a los operadores que cuentan con las autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional para las diferentes fases de gestión;

9. Durante el tiempo que se realice la fase de transporte se deberá garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados;

10. Prestar el servicio únicamente a los operadores que cuentan con las autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional para las diferentes fases de gestión autorizados;

11. Los operadores notificarán a la Autoridad Ambiental Nacional en el término máximo un (l) día desde el suceso, en caso de producirse accidentes o derrames durante el transporte de sustancias químicas; así como, notificar las acciones de control de accidente o emergencia tomadas en relación a productos químicos, incluida la previsión de reparación integral de daños ambientales, de ser aplicable;

12. Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de todas las sustancias químicas transportadas, en lugares y formas visibles conforme lo establece la normativa aplicable;

13. Mantener en custodia las guías de remisión de las sustancias químicas transportadas, como medio de verificación de los mecanismos de control;

14. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación o daños ambientales durante su gestión. El operador que ha contratado el servicio de transporte será responsable solidario;

15. Contar con los certificados de condiciones de seguridad de los vehículos emitidos por entidades acreditadas por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano o el que lo reemplace, y en el caso de autotanques adicionalmente el certificado de calibración; y,

16. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma secundaria correspondiente.

Los conductores de los vehículos para el transporte de sustancias químicas, deberán portar los certificados, permisos respectivos y la guía de remisión; y deberán conocer y aplicar los manuales de procedimiento establecidos en el plan de contingencia del plan de manejo ambiental aprobado.

1. Transportar sustancias químicas con productos de consumo humano y animal, así como con cualquier otro tipo de producto que no respete el criterio de compatibilidad;

2. Receptar, transportar o entregar sustancias químicas cuyo embalaje, etiquetado o envase sea deficiente o inadecuado;

3. Aceptar sustancias químicas cuyo destino final no esté asegurado en una fase de gestión que cuente con las autorizaciones administrativas correspondientes;

4. Prestar servicio a los operadores que no cuenten con el Registro de Sustancias Químicas o la autorización administrativa correspondiente;

5. Transportar productos para uso humano o animal, en contenedores de carga destinados a transporte de sustancias químicas; y,

6. Transportar sustancias químicas fuera del perímetro o jurisdicción permitida en la licencia ambiental de transporte.

Los operadores de esta fase de gestión de sustancias químicas deberán realizar la declaración mensual de las sustancias químicas utilizadas conforme el formato, mecanismos, herramientas, procedimientos y los directrices que la Autoridad Ambiental Nacional establezca bajo normativa secundaria.

El uso doméstico se excluye del presente capítulo. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá las políticas y normativa exclusiva para el manejo ambientalmente racional de las sustancias químicas para dicho uso.

1. Obtener la autorización administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente para la actividad regularizada en la que se utilice la sustancia química;

2. Asegurar que todo el personal involucrado en el uso de sustancias químicas se encuentre debidamente capacitado sobre los peligros y riesgos de las sustancias puras, mezclas o sustancias químicas contenidas en productos o materiales conforme a lo detallado en la etiqueta y su ficha de datos de seguridad, así como, entrenado para enfrentar posibles situaciones de emergencia, conforme los lineamientos establecidos en normativa nacional e internacional aplicable;

3. Nombrar el responsable técnico para el manejo de las sustancias por cada proceso productivo o actividad de uso, según corresponda;

4. Cumplir con lo determinado en la sección de almacenamiento establecido en el presente instrumento;

5. Mantener actualizado un listado de todas las sustancias químicas utilizadas por cada proceso donde esté involucrado el uso o consumo de las mismas;

6. Implementar medidas de prevención de emisiones o liberaciones de sustancias químicas al ambiente;

7. Contar con los materiales y equipamiento para atención de contingencias, a fin de evitar y controlar inicialmente una eventual liberación de sustancias químicas peligrosas que afecte a la calidad de los recursos naturales;

8. Implementar actividades de mejora continua que permitan un manejo racional de sustancias químicas;

9. Durante el tiempo que se realice la fase de uso o consumo se deberá garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente;

10. Notificar a la Autoridad Ambiental Nacional en el término de máximo un (l) día desde el suceso, en caso de producirse accidentes o derrames durante el uso de sustancias químicas;

11. Identificar sustancias químicas alternativas más seguras para el ambiente con respecto a las utilizadas en sus procesos; y,

12. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

1. Las medidas de almacenamiento y transporte aplicadas durante el proceso de exportación deberán garantizar un manejo seguro de las sustancias químicas sean puras, en forma de mezclas o contenidas en productos o materiales, así como la prevención de derrames y la oportuna implementación y ejecución del plan de atención de emergencias y contingencias, durante la operación de exportación, en toda la ruta de origen hasta su destino final en otro país;

2. Garantizar que durante la exportación se cuente con los materiales y equipamiento para atención de contingencias, a fin de evitar y controlar inicialmente una eventual liberación de sustancias químicas peligrosas que afecte a la calidad de los recursos naturales;

3. El envasado, la identificación y la transportación, se deberán realizar de conformidad con lo establecido en normas nacionales e internacionales; y conforme la aprobación y condiciones del país importador y de los países de tránsito;

4. Garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente; y,

5. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

La gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos constituye el conjunto integral de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos desde el punto de vista técnico, ambiental y socioeconómico.

La Autoridad Ambiental Nacional elaborará el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos No Peligrosos, con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, las entidades competentes, sector privado, sociedad civil y academia. El Plan Nacional será el instrumento de política pública a través del cual se generarán las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos.

A través del Plan, la Autoridad Ambiental Nacional establecerá objetivos y metas orientados a la aplicación y cumplimiento del principio de jerarquización de la gestión integral de residuos y desechos conforme el Código Orgánico del Ambiente.

Una vez presentados los estudios, la Autoridad Ambiental Nacional determinará su viabilidad técnica, mediante informe motivado y según la normativa y lineamientos que se expida para el efecto.

Independientemente del modelo de gestión adoptado, para estos proyectos los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos deberán obtener la viabilidad técnica como requisito previo a la obtención de la autorización administrativa ambiental.

1. Diagnóstico y Factibilidad: Los estudios de diagnóstico y factibilidad deben comprender como mínimo lo siguiente:

   1) Información general de la zona del proyecto de cierre;

   2) Diagnóstico técnico, social y ambiental del botadero de desechos sólidos no peligrosos;

   3) Recolección, análisis y procesamiento de la información secundaria existente;

   4) Planteamiento de alternativas;

   5) Análisis de alternativas;

   6) Socialización de las alternativas analizadas;

   7) Selección por parte del gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano de la alternativa óptima, considerando factores técnicos ambientales, sociales y económicos; y,

   8) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

2. Diseño definitivo: Los estudios de diseño definitivo deben comprender como mínimo lo siguiente:

   1) Diseño del cierre técnico;

   2) Manejo y control de la escorrentía superficial;

   3) Manejo y control de la erosión y sedimentación;

   4) Manejo de lixiviados;

   5) Manejo de biogás;

   6) Estabilidad geotécnica del cierre técnico y taludes;

   7) Diseño de la capa de cobertura final;

   8) Obras complementarias;

   9) Especificaciones técnicas;

   10) Manual de operación y mantenimiento del proyecto;

   11) Plan de manejo ambiental preliminar;

   12) Presupuesto, considerando los costos generados para la implementación de actividades del plan de manejo ambiental preliminar en base a precios unitarios;

   13) Cronograma valorado; y,

   14) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

1. Diagnóstico y Factibilidad.- Los estudios preliminares para la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos en todas sus fases, necesarios para seleccionar la alternativa viable desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y social, deberán contener como mínimo la siguiente información:

   1) Información general del área del proyecto;

   2) Diagnóstico técnico, ambiental, social y económico de la situación actual en referencia a todas las fases de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos;

   3) Estudio de cantidad y calidad de residuos;

   4) Análisis socioeconómico del proyecto;

   5) Bases de diseño: análisis de demanda y oferta;

   6) Estudios de campo preliminares en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología y otros de acuerdo al requerimiento específico;

   7) Estudio de alternativas para cada fase;

   8) Socialización de las alternativas analizadas;

   9) Selección de alternativa óptima por parte del gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano, considerando factores técnicos ambientales, sociales y económicos; y,

   10) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

   2) Diseño Definitivo: El proyecto definitivo debe incluir todos los detalles de ingeniería de las diferentes fases de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos a implementarse, y comprender como mínimo lo siguiente:

1. Estudios de campo definitivos en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología y otros de acuerdo al requerimiento específico;

2. Diseño definitivo de la alternativa viable, en todas las fases de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, tomando en cuenta opciones de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de los residuos;

3. Modelo de gestión;

4. Evaluación económico - financiera, que incluya costos operativos, mantenimiento, tarifas, indicadores, entre otros;

5. Memorias de cálculo;

6. Planos de construcción detallados;

7. Manual de operación y mantenimiento;

8. Especificaciones técnicas;

9. Plan de manejo ambiental preliminar;

10. Presupuesto de las obras y análisis de cada una de las fases del sistema, considerando los costos generados para la implementación de actividades del plan de manejo ambiental preliminar en base a precios unitarios;

11. Cronograma valorado; y,

12. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán medidas para minimizar la generación de residuos y desechos sólidos no peligrosos dentro de su jurisdicción.

La Autoridad Ambiental Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados y demás instituciones, crearán y aplicarán medidas y mecanismos legales, administrativos, técnicos, económicos, de planificación que propendan a minimizar la generación de residuos y desechos sólidos no peligrosos.

1. Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable; y,

2. Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.

La normativa local que expidan los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos no peligrosos deberá estar en los lineamientos y criterios técnicos definidos por la Autoridad Ambiental Nacional.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos podrán suscribir convenios entre sí para realizar la gestión integral de sus residuos y desechos sólidos no peligrosos en cualquiera de sus fases, o adoptar un modelo de gestión mancomunado conforme lo dispuesto en la Ley, a fin de minimizar los impactos ambientales y promover economías de escala.

1. Separación en la fuente;

2. Almacenamiento temporal;

3. Barrido y limpieza;

4. Recolección;

5. Transporte;

6. Acopio y/o transferencia;

7. Aprovechamiento;

8. Tratamiento; y,

9. Disposición final.

Las fases de gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberán implementarse con base en el modelo de gestión adoptado por los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, el cual debe ser aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional.

Los residuos y desechos sólidos no peligrosos deberán ser separados en recipientes por los generadores y clasificados en orgánicos, reciclables y peligrosos; para el efecto, los municipios deberán expedir las ordenanzas municipales correspondientes.

Está prohibido depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, desechos peligrosos o especiales, en los recipientes destinados para la separación en la fuente de los residuos sólidos no peligrosos.

Las instituciones públicas adoptarán las medidas y acciones necesarias para la separación en la fuente de residuos y desechos en sus instalaciones.

Los recipientes con residuos y desechos sólidos no peligrosos no deberán permanecer en vías y sitios públicos en días y horarios diferentes a los establecidos por el prestador del servicio de recolección.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, deberán garantizar la prestación del servicio de barrido y limpieza de residuos y desechos sólidos no peligrosos en áreas y vías públicas, considerando la alternativa óptima de acuerdo a las características del cantón, incluyendo, pero no limitado a coberturas, rutas, frecuencias, horarios y tecnología.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, deberán garantizar la prestación del servicio de recolección de residuos y desechos sólidos no peligrosos, distinguiendo entre orgánicos, reciclables y desechos, considerando un análisis de caracterización, cantidad, cobertura, rutas, frecuencias, horarios y tecnología de acuerdo a las características del cantón.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán realizar el traslado de los residuos y desechos sólidos no peligrosos desde el lugar de su almacenamiento temporal hasta un centro de acopio de residuos sólidos no peligrosos, estación de transferencia o sitio de disposición final.

Para el transporte de residuos y desechos vía marítima o fluvial los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán implementar los mecanismos más idóneos y apropiados al medio, y podrán adoptar modelos mancomunados o los demás que estableciera la Ley.

La estación de transferencia es el lugar físico que cumple condiciones técnicas, dotado de la infraestructura y equipos, en el cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos y desechos sólidos no peligrosos para posteriormente ser transportados a otro lugar para su valorización o disposición final, con o sin agrupamiento previo.

Está prohibido acopiar o acumular residuos y desechos sólidos no peligrosos en sitios que no sean destinados técnicamente para tal actividad y que no sean aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, dentro de su Plan de Gestión Integral Municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos, deberán diseñar, implementar, promover y mantener actualizado un componente de aprovechamiento en sus respectivas jurisdicciones, priorizando a recicladores de base y organizaciones de la economía popular y solidaria.

Los residuos orgánicos que se generen en los cantones, incluyendo aquellos que resulten de la limpieza y poda de vegetación de los espacios públicos, deberán ser aprovechados con la alternativa más adecuada a su realidad y se incluirán en los Planes de Gestión Integral Municipal de residuos y desechos sólidos que establezca cada gobierno autónomo descentralizado municipal. Dicho componente del Plan de Gestión Integral Municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberá promover y facilitar las actividades de aprovechamiento, para lo que debe basarse en las prácticas y necesidades de cada cantón, priorizando el reciclaje inclusivo.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, de forma debidamente justificada y motivada podrán solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional autorización para el aprovechamiento con fines de generación de energía, lo cual será analizado y aprobado de forma excepcional, bajo los criterios establecidos en la normativa secundaria correspondiente.

Toda tecnología o procedimiento de tratamiento de desechos no peligrosos, antes de su disposición final, que requieran utilizar los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, será analizado y aprobado de forma excepcional por la Autoridad Ambiental Nacional bajo los criterios establecidos en la norma secundaria correspondiente.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán disponer los desechos sólidos no peligrosos de manera obligatoria en rellenos sanitarios u otra alternativa que cumpla con los requerimientos técnicos y operativos aprobados para el efecto. La disposición final de desechos sólidos no peligrosos se enfocará únicamente en aquellos residuos que no pudieron ser reutilizados, aprovechados o reciclados durante las etapas previas de la gestión integral de residuos o desechos.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán cerrar los botaderos existentes en el cantón, mediante proyectos de cierre técnico autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional.

Se prohíbe la disposición final de desechos sólidos no peligrosos sin la autorización administrativa ambiental correspondiente.

Asimismo, se prohíbe la disposición final en áreas naturales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el dominio hídrico público, aguas marinas, playas, en las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente al destinado para el efecto, de acuerdo a la norma secundaria que emita la Autoridad Ambiental Nacional.

1. Generadores industriales: Personas naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva que genere residuos sólidos no peligrosos, en cualquier parte del territorio nacional; y,

2. Gestores: Personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras que brinden servicios relacionados a la gestión de residuos.

En caso de determinarse la obligatoriedad, los generadores industriales deberán establecer e impulsar mecanismos de aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos generados en su actividad productiva, en el cual constaran los sistemas o procesos mediante los cuales los residuos recuperados, dadas sus características, serán reincorporados en el ciclo económico y productivo, por medio del reciclaje, reutilización, compostaje, incineración con fines de generación de energía u otras alternativas que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y económicos.

Los sistemas o procesos de aprovechamiento deberán considerar los siguientes criterios:

1. Realizarse en condiciones ambientales, de seguridad industrial y de salud, de tal manera que se minimicen los riesgos;

2. Deberán ser controlados por parte del prestador del servicio público y de las autoridades nacionales, en sus respectivos ámbitos de competencia;

3. Sean técnica, financiera, social y ambientalmente sostenibles;

4. La recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos deberá efectuase según lo establecido en la normativa aplicable; y,

5. Promover la competitividad mediante mejores prácticas, nuevas alternativas de negocios y generación de empleos.

Los mecanismos de aprovechamiento formarán parte del plan de manejo ambiental y los generadores industriales obligados deberán reportar las actividades ejecutadas como parte de los informes ambientales de cumplimiento, informes de gestión ambiental o auditorias de cumplimiento, según el caso.

1. Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos;

2. Llevar un registro mensual del tipo, cantidad o peso y características de los residuos sólidos no peligrosos generados; y,

3. Entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a recicladores de base o gestores de residuos o desechos, autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental Competente.

Aquellos generadores industriales que no están obligados al aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos para la industria, deberán desarrollar e implementar en su plan de manejo ambiental un proceso para el aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos.

La Autoridad Ambiental Nacional podrá solicitar información a los generadores industriales, en cualquier momento, y verificará la información remitida a través de inspecciones.

1. Obtener su permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente; y,

2. Llevar un registro mensual del tipo, cantidad o peso y características de los residuos sólidos no peligrosos gestionados y reportar anualmente a la Autoridad Ambiental Nacional de acuerdo a los mecanismos establecidos en la norma secundaria correspondiente.

La Autoridad Ambiental Nacional podrá solicitar información a los gestores de residuos sólidos no peligrosos, sobre la gestión realizada en cualquier momento, y verificará la información remitida a través de inspecciones.

Para el efecto, los gobiernos autónomos descentralizados municipales promoverán la formalización, asociación, fortalecimiento y capacitación de los recicladores de base, de forma individual o colectiva, ya sea que se encuentren agrupados o no bajo formas asociativas reconocidas por la Ley, incluyendo a las organizaciones de la economía popular y solidaria.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales garantizarán la integración de los recicladores de base que operen en su jurisdicción, en función de la generación, priorizando su participación en la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos como una estrategia para el desarrollo sostenible.

Los recicladores de base de manera individual o colectiva participarán de la cadena de valor que es coyuntural a las fases de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y ejercerán su actividad dentro del marco establecido en este Reglamento, el Código Orgánico del Ambiente y demás normas secundarias que se establezcan para el efecto.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales reconocerán el trabajo de los recicladores de base en la cadena de valor de los residuos, que es coyuntural a las fases de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos.

El reconocimiento de los recicladores de base incluirá estímulos e incentivos.

Promoción de la formalización de los recicladores de base.- La promoción de la formalización de las actividades de los recicladores de base se realizará creando y empleando mecanismos legales, administrativos, de planificación, financieros, económicos y técnicos que favorezcan y permitan dar legalidad a su trabajo, en el marco del modelo de gestión para la prestación del servicio de gestión integral de residuos sólidas.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán promover y apoyar la formalización de las actividades de los recicladores de base especialmente en organizaciones de la economía popular y solidaria, y otras establecidas en la Ley, con el apoyo de las entidades competentes.

1. Autoridad Ambiental Nacional;

2. Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos;

3. Instituciones del sector público;

4. Recicladores de base de forma individual o colectiva en agrupaciones bajo la normativa pertinente u organizaciones de la economía popular y solidaria; y,

5. Empresas privadas.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán mantener registros de los recicladores de base, individuales o colectivos, que operen en su jurisdicción, a efectos de otorgar los documentos habilitantes de operación, los cuales les permitirán acceder a los beneficios que se establezcan en su favor.

Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente capítulo, todos los operadores que participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales.

La Autoridad Ambiental Nacional definirá las políticas nacionales y la normativa de gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales. En caso de no existir normas nacionales, podrán adoptarse normas internacionales o aquellas emitidas por organismos de control extranjeros, las cuales deben ser validadas por la Autoridad Ambiental Nacional.

1. Disponer residuos o desechos peligrosos y/o especiales sin la autorización administrativa ambiental correspondiente;

2. Disponer residuos o desechos peligrosos y/o especiales en áreas naturales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, Patrimonio Forestal Nacional, ecosistemas frágiles, en el dominio hídrico público, aguas marinas, playas, en las vías públicas, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier lugar no autorizado;

3. Quemar a cielo abierto residuos o desechos peligrosos y/o especiales;

4. Realizar mezclas entre residuos o desechos peligrosos y/o especiales, y de la misma manera la mezcla de estos con otros materiales cuando su destino no es la eliminación o disposición final. En el caso de generarse una mezcla de desechos especiales con otros materiales, la mezcla completa deberá ser manejada como desecho especial o según prime la característica de peligrosidad del material. En el caso de generarse una mezcla de desechos peligrosos con otros materiales, la mezcla completa deberá ser manejada como desecho peligroso;

5. Utilizar residuos o desechos peligrosos y/o especiales como insumo para la elaboración de productos de consumo humano o animal; y,

6. Realizar movimientos transfronterizos de residuos o desechos peligrosos y/o especiales sin la autorización de la Autoridad Ambiental Nacional y demás autoridades competentes.

El incumplimiento de estas prohibiciones estará sujeto a los procesos administrativos y sanciones respectivas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que haya lugar.

En este caso, la Autoridad Ambiental Nacional lo incluirá dentro de los listados nacionales como residuo peligroso o especial, según corresponda.

1. Generación;

2. Almacenamiento;

3. Transporte;

4. Eliminación; y,

5. Disposición final.

Autorización administrativa ambiental en las fases de gestión.- Para ejecutar la actividad que corresponda a cualquiera de las fases de gestión de almacenamiento, transporte, eliminación o disposición final, se deberá obtener previamente la autorización administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Nacional, según corresponda, considerando sus particularidades específicas y requisitos técnicos, conforme a lo establecido en la norma técnica emitida para el efecto.

Los operadores de las fases de gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, deberán presentar la declaración de gestión de lo realizado durante el año calendario ante la Autoridad Ambiental Nacional para su aprobación, conforme a las especificaciones particulares de cada fase.

Los operadores de las fases de gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, deberán intervenir en la formalización del manifiesto único y custodiarlo.

En el caso de que exista incertidumbre de que un residuo o desecho sea o no considerado como peligroso, la caracterización o determinación del mismo deberá realizarse conforme las disposiciones o normas técnicas emitidas para el efecto por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, o en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel internacional.

La Autoridad Ambiental Nacional realizará el inventario nacional de residuos o desechos peligrosos y/o especiales con base en la información del sistema de gestión integral de los mismos, de manera gradual y en coordinación con las autoridades competentes.

Si el generador es desconocido, será aquella persona natural o jurídica que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los controle en el marco de sus competencias.

El generador será el titular y responsable del manejo de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, excepto los generadores por consumo domiciliario, que se regularán conforme a la política y norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto.

Los operadores serán responsables de los residuos o desechos generados por las actividades complementarias, equipos, maquinarias o servicios contratados o alquilados para realizar su actividad principal, en las mismas instalaciones de dicha actividad, conforme las disposiciones del presente capítulo.

1. La evaluación de impacto y riesgo ambiental para la eliminación y/o disposición final, dentro de las instalaciones del proyecto, obra o actividad generadora, debe realizarse como parte de la regularización para la obtención de la autorización administrativa ambiental de dicho proyecto, obra o actividad, conforme a la normativa técnica aplicable, y contemplar las medidas pertinentes en el plan de manejo ambiental correspondiente. Previo al inicio de la regularización se deberá contar con el pronunciamiento de aprobación de los requisitos técnicos para la eliminación y/o disposición final de los residuos y/o desechos peligrosos o especiales otorgado por la Autoridad Ambiental Nacional;

2. El operador que elimina o dispone finalmente sus propios residuos o desechos peligrosos o especiales, en las mismas instalaciones del proyecto, obra o actividad generadora de los mismos, es el responsable de los impactos y daños ambientales que se deriven de esta gestión;

3. Las operaciones de eliminación y/o disposición final lo puede realizar el operador sea con infraestructura propia o a través de la contratación de terceros que pueden o no contar con una autorización administrativa ambiental específica al respecto para actuar in-situ.

4. Realizar los estudios complementarios especificados en este reglamento en los casos que se requiera incluir la gestión propia de residuos o desechos como una actividad adicional de una autorización ambiental existente, sólo cuando esta autorización sea para impactos medios y altos.

   La regularización y control de la gestión propia, será realizada por la autoridad emisora de la Licencia Ambiental del proyecto, obra o actividad, y en todo caso, previo a dicha incorporación o regularización se deberá contar previamente con el pronunciamiento de aprobación de los requisitos técnicos para la eliminación y/o disposición final de los residuos y/o desechos peligrosos o especiales otorgado por la Autoridad Ambiental Nacional; y,

5. Solo se podrá incorporar la gestión propia en un proyecto que cuenta con la licencia ambiental, cuando dicha modificación no desvirtúe el alcance de dicho proyecto, obra o actividad convirtiéndolo en un proyecto nuevo.

Obtención del Registro de Generador.- Los proyectos, obras o actividades nuevas y en funcionamiento, que se encuentren en proceso de regularización ambiental para la obtención de una licencia ambiental; y que generen o proyecten generar residuos o desechos peligrosos y/o especiales deberán obtener el registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales de forma paralela con la licencia ambiental.

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá excepciones en los casos en los que exista la motivación técnica y jurídica necesaria.

1. Manejar adecuadamente residuos o desechos peligrosos y/o especiales originados a partir de sus actividades, sea por gestión propia o a través de gestores autorizados, tomando en cuenta el principio de jerarquización;

2. Identificar y caracterizar, de acuerdo a la norma técnica correspondiente, los residuos o desechos peligrosos y/o especiales generados;

3. Obtener el Registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, y proceder a su actualización en caso de modificaciones en la información, conforme a la norma técnica emitida para el efecto. El Registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a regularización ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional podrá analizar la factibilidad de emitir un solo Registro de Generador para varias actividades sujetas a regularización ambiental correspondientes a un mismo operador y de la misma índole, considerando aspectos cómo: cantidades mínimas de generación, igual tipo de residuo o desechos peligrosos y/o especiales generados, jurisdicción (ubicación geográfica) para fines de control y seguimiento;

4. El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuente con la autorización administrativa ambiental respectiva, será responsable de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales generados en sus instalaciones, incluso si éstos son generados por otros operadores que legalmente desarrollen actividades en sus instalaciones;

5. Presentar en la declaración anual de gestión de residuos y desechos peligrosos y/o especiales, según corresponda, las medidas o estrategias con el fin de prevenir, reducir o minimizar la generación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales conforme la normativa que se emita para el efecto;

6. Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos peligrosos y/o especiales dentro de sus instalaciones en condiciones técnicas de seguridad, evitando su contacto con los recursos agua y suelo, y verificando la compatibilidad;

7. Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos peligrosos y/o especiales;

8. Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la autorización administrativa correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental Nacional;

9. Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único; y,

10. Custodiar las actas de eliminación o disposición final.

Almacenamiento.- El almacenamiento es la fase a través de la cual se acopia temporalmente residuos o desechos peligrosos y/o especiales, en sitios y bajo condiciones que permitan su adecuado acondicionamiento, el cual incluye, aunque no se limita, a operaciones como la identificación, separación o clasificación, envasado, embalado y etiquetado de los mismos, conforme a la norma secundaria emitida para el efecto por la Autoridad Ambiental Nacional o el INEN, y/o normativa internacionalmente aplicable.

Los operadores podrán almacenar los residuos o desechos peligrosos y/o especiales por un plazo máximo de un (l) año conforme a la norma técnica correspondiente, y en casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar una extensión de dicho plazo a la Autoridad Ambiental Nacional.

1. Almacenar y manipular los residuos o desechos peligrosos y/o especiales, asegurando que no exista dispersión de contaminantes al entorno ni riesgo de afectación a la salud y el ambiente, verificando los aspectos técnicos de compatibilidad;

2. No almacenar residuos o desechos peligrosos y/o especiales en el mismo sitio, con sustancias químicas u otros materiales;

3. El acceso a estos locales debe ser restringido, y el personal que ingrese estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial;

4. Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles;

5. Contar con el material y equipamiento para atender contingencias;

6. Contar con sistemas de extinción contra incendios;

7. Contar con bases o pisos impermeabilizados o similares, según el caso; y,

8. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma secundaria.

1. Obtener la autorización administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Nacional, en la cual se especificará el tipo de residuo o desecho que podrá almacenar;

2. Mantener actualizada la bitácora;

3. Presentar la declaración de gestión ante la Autoridad Ambiental Nacional para su aprobación. La declaración anual de los desechos y residuos gestionados debe presentarse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año siguiente. La información consignada en este documento estará sujeta a comprobación; en casos específicos, la Autoridad Ambiental Nacional podrá definir una periodicidad distinta para la presentación de la declaración a través de la norma técnica respectiva;

4. Ejecutar el acondicionamiento de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, tomando en cuenta los criterios adecuados para la separación o clasificación, identificación, compatibilidad, envasados, etiquetados y otras operaciones de acondicionamiento;

5. Entregar los residuos o desechos peligrosos y/o especiales a los gestores que cuentan con la autorización administrativa ambiental correspondiente para su transporte, eliminación o disposición final, a otros gestores de almacenamiento, o a los generadores titulares de los mismos, según corresponda;

6. Prestar el servicio únicamente a los generadores registrados y gestores autorizados. Para la recepción de residuos o desechos peligrosos y/o especiales provenientes del consumo domiciliario o de generadores que han sido eximidos de obtener el Registro de generador, los gestores o prestadores de servicio de almacenamiento se atendrán a lo dispuesto en la norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto;

7. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación o daños ambientales durante su gestión. El operador que ha contratado el servicio de almacenamiento será responsable solidario;

8. Cumplir con las normativas ambientales y de uso y ocupación de suelo emitida a nivel descentralizado; y,

9. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma secundaria correspondiente.

Transporte.- El transporte es la fase que incluye el movimiento o traslado dentro del territorio nacional de residuos o desechos peligrosos y/o especiales a través de cualquier medio de transporte autorizado, conforme a las normas técnicas INEN y normativa secundaria emitida para el efecto por la Autoridad Ambiental Nacional, en la cual se definirá los requisitos técnicos y administrativos ambientales para esta actividad.

Los gestores o prestadores de servicio de transporte de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales, así como de materiales peligrosos, los recolectarán de tal forma que no afecte a la salud de los trabajadores ni al ambiente, y deberán obtener la autorización administrativa ambiental según corresponda ante la Autoridad Ambiental Nacional.

1. La evaluación de impacto y riesgo ambiental del transporte interno deben realizarse como parte de la regularización para la obtención de la autorización administrativa ambiental del proyecto, obra o actividad, conforme a la normativa técnica aplicable, y contemplar las medidas pertinentes en el plan de manejo ambiental correspondiente;

2. El operador del proyecto, obra o actividad es el responsable de los impactos y daños ambientales que se deriven del transporte interno;

3. El transporte interno lo puede realizar el operador sea con infraestructura propia o a través de la contratación de terceros que pueden o no contar con una autorización administrativa ambiental específica de transporte de materiales peligrosos; y,

4. En el caso de que el operador no haya contemplado el transporte interno en la evaluación ambiental que fue base de su autorización administrativa ambiental, tendrá el plazo de un año, a partir de la publicación del presente Reglamento, para incluir dicha evaluación a través de la aprobación de la actualización del plan de manejo ambiental o estudio complementario, conforme las disposiciones del Código Orgánico del Ambiente, este Reglamento y la normativa ambiental correspondiente, hasta entonces el operador es responsable de que el transporte interno sea llevado a cabo de manera segura cumpliendo los parámetros y disposiciones técnicas aplicables establecidas en la normativa técnica.

Los vehículos deberán ser diseñados, construidos y operados de modo que cumplan con su función con plena seguridad, debiendo ser adecuados para el tipo, características de peligrosidad y estado físico de la sustancia química a transportar, cuyas características físicas y técnicas garanticen las condiciones de seguridad.

Para otro tipo de transporte, los vehículos se atendrán a las condiciones establecidas por la norma técnica correspondiente. En caso de ser necesario, dicha normativa se complementará con las normas internacionales aplicables que la Autoridad Ambiental Nacional considere necesarias.

1. Obtener la autorización administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Nacional, en la cual se especificará el tipo de residuo o desecho que podrá transportar y el tipo de vehículo;

2. Mantener actualizada la bitácora;

3. Presentar la declaración de gestión ante la Autoridad Ambiental Nacional para su aprobación. La declaración anual de los desechos y residuos gestionados debe presentarse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año siguiente. La información consignada en este documento estará sujeta a comprobación; en casos específicos, la Autoridad Ambiental Nacional podrá definir una periodicidad distinta para la presentación de la declaración;

4. Asegurar que todo el personal involucrado en la conducción de los vehículos de transporte terrestre se encuentre debidamente capacitado, entrenado para el manejo y traslado, así como para enfrentar posibles situaciones de emergencia. Adicionalmente, el personal involucrado en la conducción de los vehículos terrestres deberá aprobar el curso básico obligatorio avalado por la Autoridad Ambiental Nacional. Para otros tipos de vehículos no terrestres, el transportista se asegurará que el personal involucrado en la conducción de los mismos se encuentre debidamente capacitado, entrenado para el manejo y traslado, así como para enfrentar posibles situaciones de emergencia, con la aprobación de los cursos avalados por las autoridades competentes en la materia;

5. Proporcionar los manuales de procedimiento establecidos en el plan de contingencia del plan de manejo ambiental aprobado a todo el personal involucrado en la conducción de los vehículos;

6. Proporcionar los materiales y equipamiento para atención de contingencias, a fin de evitar y controlar inicialmente una eventual liberación de sustancias químicas peligrosas, conforme a la norma técnica correspondiente;

7. Equipar al vehículo con los equipos y materiales de contingencia necesarios y adecuados según el tipo de residuo o desecho;

8. Entregar los residuos o desechos peligrosos y/o especiales a los gestores que cuentan con la autorización administrativa ambiental correspondiente para su almacenamiento, eliminación o disposición final, a otros gestores de transporte, o a los generadores titulares de los mismos, según corresponda;

9. Prestar el servicio únicamente a los generadores registrados y gestores autorizados. Para la recepción de residuos o desechos peligrosos y/o especiales provenientes del consumo domiciliario, o de generadores que han sido eximidos de obtener el Registro de generador, los transportistas se atendrán a lo dispuesto en la norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto;

10. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación o daños ambientales durante su gestión. El operador que ha contratado el servicio de transporte será responsable solidario; y,

11. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma secundaria correspondiente.

Los conductores de los vehículos para el transporte de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, deberán portar, conocer y aplicar los manuales de procedimiento establecidos en el plan de contingencia del plan de manejo ambiental aprobado, así como los certificados y permisos que le correspondan.

1. Transportar residuos o desechos peligrosos y/o especiales con productos de consumo humano y animal, así como con cualquier otro tipo de producto que no respete el criterio de compatibilidad;

2. Receptar, transportar o entregar residuos o desechos cuyo embalaje o envase sea deficiente o inadecuado;

3. Aceptar desechos o residuos cuyo destino final no esté asegurado en una instalación de almacenamiento, eliminación o disposición final regulada por la Autoridad Ambiental Nacional;

4. Transportar residuos o desechos peligrosos y/o especiales que no estén contemplados en su autorización administrativa ambiental; y,

5. Transportar residuos o desechos peligrosos y/o especiales en vehículos que no estén contemplados en su autorización administrativa ambiental.

Eliminación de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales.- La eliminación es la fase de la gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales que abarca el o los tratamientos físicos, químicos o biológicos que dan como resultado la reducción o modificación del contenido de sustancias químicas o biológicas de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales con el fin de eliminar su peligrosidad, conduciendo o no a su aprovechamiento, sea a través de la recuperación de materiales o energía, reciclaje, regeneración, reutilización de los mismos, entre otros.

Los residuos o desechos peligrosos y/o especiales deben ser eliminados de manera ambientalmente adecuada conforme lo establezca la norma secundaria correspondiente, tomando en cuenta el principio de jerarquización.

1. Obtener la autorización administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Nacional, en la cual se especificará el tipo de residuo o desecho que podrá eliminar y el tipo de sistema de eliminación;

2. Mantener la bitácora actualizada, la cual consiste en un registro del movimiento de los residuos o desechos ingresados, en el que debe constar al menos: l) identificación del generador, 2) identificación del residuo o desecho peligroso o especial; 3) cantidad de residuo o desecho; 4) fechas de ingreso y eliminación; 5) características de peligrosidad del desecho, 6) ubicación del sitio de almacenamiento; 7) identificación del sistema de eliminación aplicado; 8) cantidades y disposición de residuos o desechos procedentes de la eliminación y su transferencia a otra instalación de eliminación de ser el caso;

3. Presentar la declaración anual a la Autoridad Ambiental Nacional sobre las cantidades de residuos o desechos que han sido objeto de los sistemas de eliminación conforme el alcance de la autorización administrativa ambiental, así como de los residuos o desechos producidos como consecuencia de la operación de eliminación y su gestión. La declaración anual de los desechos y residuos gestionados debe presentarse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año siguiente. La información consignada en este documento estará sujeta a comprobación; en casos específicos, la Autoridad Ambiental Nacional podrá definir una periodicidad distinta para la presentación de la declaración; la Autoridad Ambiental Nacional emitirá los procedimientos para realizar la declaración anual de gestión;

4. Recibir los residuos o desechos luego de asegurar que los mismos pueden ser manejados en la instalación, de acuerdo al alcance definido en la autorización administrativa ambiental otorgada;

5. Recibir residuos o desechos peligrosos y/o especiales de transportistas que cuenten con el manifiesto único correspondiente así como con la Autorización Administrativa Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Nacional;

6. Receptar los residuos o desechos clasificados, envasados, embalados y etiquetados bajo las normas técnicas aplicables que sobre el tema emita la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización, en caso de ser necesario se complementará con normativa internacionalmente aceptada;

7. Prestar el servicio únicamente a los generadores registrados y gestores autorizados. Para la recepción de residuos o desechos peligrosos y/o especiales provenientes del consumo domiciliario o de generadores que han sido eximidos de obtener el Registro de generador, los gestores o prestadores de servicio de almacenamiento se atendrán a lo dispuesto en la norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto;

8. En el caso de que en la instalación receptora rechace un cargamento de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, sea porque el transportista no porte el manifiesto único, porque la información contenida en dicho documento no corresponda con los residuos o desechos transportados, o cualquier otra causa, se debe dar aviso inmediato a la Autoridad Ambiental Nacional a fin de iniciar las acciones legales a las que haya lugar. La Autoridad Ambiental Nacional verificará que los residuos o desechos peligrosos y/o especiales sean devueltos con custodia y de manera segura al generador titular de los mismos o a quien haya contratado los servicios de transporte y a costa del generador, transportista o a quien haya contratado los servicios de transporte; quien a su vez deberá justificar ante la Autoridad Ambiental Nacional el destino que se les dará a los mismos. El mecanismo de notificación y verificación para dar cumplimiento a esta disposición será definido por la Autoridad Ambiental Nacional;

9. El reúso de residuos peligrosos y/o especiales como insumo en cualquier actividad, debe ser informado previamente a la Autoridad Ambiental Nacional para su aprobación, conforme las disposiciones del presente Reglamento y la normativa ambiental aplicable;

10. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación o daños ambientales durante su gestión. El operador que ha contratado el servicio de eliminación será responsable solidario;

11. Cumplir con todas las condiciones técnicas en las instalaciones de eliminación, las cuales dispondrán de todas las facilidades e infraestructura necesarias para garantizar un manejo ambientalmente racional de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales; y,

12. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma secundaria correspondiente.

1. Cualquier tecnología o procedimiento de eliminación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales deben ser autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional;

2. Toda instalación de eliminación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales deberá contar con la respectiva Autorización Administrativa Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional. En la Autorización Administrativa Ambiental se especificará el tipo de residuo o desecho que podrá eliminar y el tipo de sistema de eliminación que será implementado;

3. Los efluentes, líquidos, lodos, sólidos y gases que resulten de la operación de sistemas de eliminación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, también serán considerados como peligrosos salvo que en las caracterizaciones respectivas, demuestren lo contrario. Los efluentes líquidos provenientes del tratamiento de residuos o desechos líquidos, sólidos y gaseosos peligrosos y/o especiales, deben cumplir además de lo establecido en el presente Reglamento, con otras disposiciones que sobre este tema expida la Autoridad Ambiental Nacional;

4. Las instalaciones de eliminación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, deben cumplir los siguientes lineamientos básicos de ubicación:

   1) No debe ubicarse en zonas donde existan fallas geológicas activas o que estén expuestas a deslizamientos o derrumbes de terrenos o estén afectadas por actividad volcánica;

   2) No debe ser construida en zonas con riesgo de inundación;

   3) No debe estar ubicado dentro del suelo urbano, a menos que la zonificación u otro instrumento de ordenamiento territorial lo permita;

   4) No deben estar ubicados en sitios que puedan afectar aguas superficiales y/o subterráneas, esta condición será determinada en base al análisis de riesgo desarrollado como parte del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente; y,

   5) No deben ubicarse en suelos saturados, tales como riberas húmedas o el borde costero, a menos que el proyecto contemple un adecuado sistema de impermeabilización y una modificación permanente del flujo subterráneo que asegure que su nivel se mantendrá bajo 3 metros del sistema de impermeabilización.

5. Las instalaciones de eliminación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales deberán contar con una franja de amortiguamiento alrededor de la instalación, cuyo límite se establecerá en base a un análisis de riesgo en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental y conforme la metodología de estimación que la Autoridad Ambiental Nacional defina en normativa técnica; y,

6. Las instalaciones de eliminación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales deben tener acceso restringido. Solo podrán ingresar personas debidamente autorizadas por el responsable de la instalación.

Disposición final.- La disposición final es la última fase del sistema de gestión de desechos peligrosos y/o especiales a través de la cual se confinan de manera permanente en lugares especialmente seleccionados, diseñados y operados para evitar contaminación, daños o riesgos a la salud humana o al ambiente; siendo la última opción cuando ya no existen tratamientos, con o sin aprovechamiento, en la fase de eliminación que sean aplicables, de acuerdo al principio de jerarquización.

Los desechos peligrosos y/o especiales deben ser dispuestos finalmente de manera ambientalmente adecuada conforme lo establezca la norma secundaria correspondiente.

1. Obtener la autorización administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Nacional, previo a la construcción del sitio de disposición final, en la cual se especificará el tipo de desecho peligroso y/o especial que podrá disponer y el tipo de sistema de disposición final;

2. Mantener la bitácora actualizada, en la que debe constar al menos: la identificación de los desechos peligrosos o especiales a los que se haya dado disposición final, las características de peligrosidad del desecho, la ubicación del sitio de disposición final, tipo de disposición final aplicada, cantidades y disposición de desechos procedentes del tratamiento y su transferencia a otra instalación de eliminación o disposición final de ser el caso;

3. Presentar la declaración anual de gestión a la Autoridad Ambiental Nacional para su aprobación, donde se establecerá las cantidades de desechos que han sido objeto de disposición final, conforme el alcance de su Autorización Ambiental, así como de los desechos producidos por efectos de su gestión. La declaración anual de los desechos gestionados debe presentarse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año siguiente. La información consignada en este documento estará sujeta a comprobación; en casos específicos, la Autoridad Ambiental Nacional podrá definir una periodicidad distinta para la presentación de la declaración;

4. Recibir los desechos peligrosos y/o especiales luego de asegurarse que los mismos pueden ser manejados en la instalación, de acuerdo al alcance definido en la autorización administrativa ambiental otorgada;

5. Recibir desechos peligrosos y/o especiales de transportistas que cuenten con el manifiesto único correspondiente así como con la Autorización Administrativa Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Nacional;

6. Prestar el servicio únicamente a los generadores registrados y gestores autorizados. Para la recepción de desechos peligrosos y/o especiales provenientes del consumo domiciliario o de generadores que han sido eximidos de obtener el Registro de generador, los gestores o prestadores de servicio de disposición final se atendrán a lo dispuesto en la norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto;

7. Receptar los desechos clasificados, envasados, embalados y etiquetados bajo las normas técnicas aplicables que sobre el tema emita la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización, en caso de ser necesario se complementará con normativa internacionalmente aceptada;

8. En el caso de que en la instalación receptora rechace un cargamento de desechos peligrosos y/o especiales, sea porque el transportista no porte el manifiesto único, porque la información contenida en dicho documento no corresponda con los desechos peligrosos y/o especiales transportados, o cualquier otra causa, se debe dar aviso inmediato a la Autoridad Ambiental Nacional a fin de iniciar las acciones legales a las que haya lugar. La Autoridad Ambiental Nacional verificará que los desechos peligrosos y/o especiales sean devueltos con custodia y de manera segura al generador titular de los mismos o a quien haya contratado los servicios de transporte y a costa del generador; quien a su vez deberá justificar ante la Autoridad Ambiental Nacional el destino que se les dará a los mismos. El mecanismo de notificación y verificación para dar cumplimiento a esta disposición será definido por la Autoridad Ambiental Nacional;

9. Los estudios ambientales de los sitios destinados exclusivamente a la disposición final de desechos peligrosos, deben contar con un programa de monitoreo y vigilancia durante la operación;

10. Cerrar los sitios de disposición final previo aviso a la Autoridad Ambiental Nacional y según el plan de cierre y abandono debidamente aprobado;

11. Contar con un programa de monitoreo y vigilancia post-cierre aprobado por el período establecido en la norma técnica correspondiente, durante el cual su uso será restringido. Estos sitios deben estar adecuadamente señalizados;

12. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación o daños ambientales durante su gestión. El operador de la fase de gestión que ha contratado el servicio de disposición final será responsable solidario;

13. Cumplir con todas las condiciones técnicas en las instalaciones de disposición final, las cuales dispondrán de todas las facilidades e infraestructura necesarias para garantizar un manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y/o especiales. Todo sitio destinado a la construcción de un relleno o celda de seguridad debe cumplir los requisitos establecidos en las normas que la Autoridad Ambiental Nacional establezca para el efecto, mediante Acuerdo Ministerial;

14. Para efectos la disposición final de desechos peligrosos y/o especiales, de la cual resulten efluentes líquidos, lodos, sólidos y gases, serán considerados como peligrosos, salvo que las caracterizaciones respectivas demuestren lo contrario. Los efluentes líquidos provenientes del tratamiento de desechos líquidos, sólidos y gaseosos peligrosos y/o especiales, deben cumplir además de lo establecido en el presente Libro, con las disposiciones que sobre este tema expida la Autoridad Ambiental Competente; y,

15. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma secundaria correspondiente.

1. Todo procedimiento, tecnología y sitio de disposición final de desechos peligrosos y/o especiales deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional, como parte de la autorización administrativa ambiental correspondiente de la actividad de disposición final;

2. Las instalaciones de disposición final no deben estar ubicadas en sitios que puedan afectar aguas superficiales o subterráneas, ni en zonas que existan fallas geológicas activas, zonas de riesgo o zonas geográficas anti técnicas para el desarrollo de su actividad;

3. Las instalaciones de disposición final no deben estar ubicadas dentro del suelo urbano, a menos que la zonificación u otro instrumento de ordenamiento territorial lo permita;

4. Deben tener acceso restringido; solo podrán ingresar personas debidamente autorizadas por el responsable de la instalación; y,

5. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma secundaria.

Los movimientos transfronterizos de residuos o desechos peligrosos estarán sujetos, además, a lo dispuesto por el Convenio de Basilea.

En el caso de residuos peligrosos catalogados como especiales se deberá cumplir los requisitos del mecanismo de notificación y consentimiento previo conforme al Convenio de Basilea.

La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la norma secundaria para la regulación y control de la introducción o importación de residuos especiales.

1. Que el exportador cuente con la autorización administrativa ambiental correspondiente de su actividad, otorgada por la Autoridad Ambiental Competente;

2. Que el exportador cuente con el registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales;

3. Que el exportador cuente con el seguro, fianza o garantía correspondiente que cubra daños y perjuicios que pudiera ocasionar al ambiente o las personas, así como la re-importación o alternativas gestión ambientalmente racional de los residuos o desechos en los casos en los que no pueda completarse el movimiento transfronterizo por cualquier razón;

4. Que el envasado, la identificación y la transportación se realicen de conformidad con lo establecido en normas nacionales e internacionales;

5. Que las autoridades competentes del país importador y de los países de tránsito, hayan aprobado la importación o indiquen su no objeción a la misma; y,

6. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

En el caso de los residuos o desechos peligrosos con contenido radioactivo, se deberá cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad reguladora en materia de radiaciones y la normativa aplicable.

En el caso de residuos o desechos peligrosos, se deberá cumplir los requisitos del mecanismo de notificación y consentimiento previo conforme al Convenio de Basilea.

En el caso de que el Estado de importación rechace el embarque de manera excepcional, el exportador debe correr con los costos que representen el almacenamiento, reembarque y eliminación o disposición final inmediata de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales, de acuerdo a la normativa aplicable.

1. Si los residuos o desechos pueden tener eliminación o disposición final técnicamente adecuada en el país, y autorizada por la Autoridad Ambiental Nacional;

2. Exportación hacia los Estados que dentro de su legislación tengan prohibición de la importación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales;

3. Exportación hacia los Estados que no puedan demostrar que realizarán un adecuado manejo de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales;

4. En el caso de residuos o desechos peligrosos, exportación hacia los Estados que no sean parte del Convenio de Basilea, a menos que exista un convenio bilateral o multilateral con dichos Estados; y,

5. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

El tránsito de residuos o desechos no peligrosos catalogados como especiales se realizará conforme lo establecido en la norma secundaria emitida para el efecto por la Autoridad Ambiental Nacional.

La persona que importe, exporte o transite ilícitamente, deberá correr con los costos que represente el almacenamiento, reembarque y eliminación o disposición final inmediata de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales, considerando las particularidades del Convenio de Basilea, según aplique.

A través de la gestión integral, intersectorial y local del cambio climático, la Estrategia contribuye a hacer efectivos los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales de las personas.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático definirá los sectores priorizados en mitigación y adaptación al cambio climático, líneas estratégicas de acción, objetivos y resultados esperados; a la vez que promoverá la sinergia entre las medidas y acciones de mitigación, adaptación y desarrollo sostenible para los sectores priorizados en mitigación y adaptación al cambio climático.

Formulación, aprobación e implementación.- La Estrategia Nacional de Cambio Climático será formulada por la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las entidades competentes de los sectores priorizados y los diferentes niveles de gobierno; contando con la participación de la academia, sociedad civil, sector privado, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y la ciudadanía en general; y será aprobada por el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, bajo los mecanismos que se definan para el efecto.

La evaluación de la Estrategia estará a cargo del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, y se realizará cada cuatro años, sin perjuicio de las recomendaciones que pueda emitir a partir del conocimiento de los informes. La evaluación permitirá contar con elementos para la reformulación y actualización anticipada de la Estrategia, de ser el caso.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático se actualizará cada doce años. Al final de cada periodo de vigencia, la Secretaria Técnica del Comité Interinstitucional de Cambio Climático realizará una evaluación final sobre el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados, la cual se considerará para la actualización de la Estrategia.

1. Se adopten nuevos compromisos en la materia, derivados de instrumentos internacionales ratificados por el Estado; o,

2. Se establezcan nuevas metas y objetivos en la planificación nacional de desarrollo que no hayan sido considerados en la Estrategia.

Si el Comité Interinstitucional de Cambio Climático lo solicita, mediante una resolución de su pleno, como resultado de la consideración de la evaluación de la Estrategia.

El Comité Interinstitucional de Cambio Climático aprobará la actualización anticipada de la Estrategia previo informe técnico de la Secretaría Técnica de dicho mecanismo.

El Plan establecerá las medidas y acciones de adaptación y los mecanismos e instrumentos de gestión y coordinación que contribuyan a enfrentar los impactos sociales, económicos y ambientales del cambio climático.

Formulación, aprobación e implementación.- El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático será formulado por la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las entidades competentes de los sectores priorizados y los diferentes niveles de gobierno; contando con la participación de la academia, sociedad civil, sector privado, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y la ciudadanía en general; será aprobada por el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, bajo los mecanismos que se definan para el efecto e implementada por las Autoridades Nacionales encargadas de los sectores priorizados.

El Plan Nacional de Adaptación se evaluará y actualizará cada cuatro años. Al final de cada periodo de vigencia, el Comité Interinstitucional de Cambio Climático realizará una evaluación final del Plan sobre el cumplimiento de las metas y resultados planteados, la cual se considerará para su actualización.

1. Se adopten nuevos compromisos en la materia, derivados de instrumentos internacionales ratificados por el Estado; o,

2. Se establezcan nuevas metas y objetivos en la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

El Comité Interinstitucional de Cambio Climático aprobará la actualización anticipada del Plan Nacional de Adaptación, previo informe técnico de la Secretaría Técnica de dicho mecanismo.

El Plan establecerá las medidas y acciones de mitigación del cambio climático, así como los mecanismos e instrumentos de implementación y coordinación para el cumplimiento de las mismas.

Formulación, aprobación e implementación.- El Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático será formulado por la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las entidades competentes de los sectores priorizados y los diferentes niveles de gobierno; contando con la participación de la academia, sociedad civil, sector privado, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y la ciudadanía en general; y será aprobado por el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, bajo los mecanismos que se definan para el efecto.

El Plan Nacional de Mitigación se evaluará y actualizará cada cuatro años. Al final de cada periodo de vigencia, el Comité Interinstitucional de Cambio Climático realizará una evaluación final del Plan sobre el cumplimiento de las metas y resultados planteados, la cual se considerará para su actualización.

1. Se adopten nuevos compromisos en la materia, derivados de instrumentos internacionales ratificados por el Estado; o,

2. Se establezcan nuevas metas y objetivos en la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

El Comité Interinstitucional de Cambio Climático aprobará la actualización anticipada del Plan Nacional de Mitigación, previo informe técnico de la Secretaría Técnica de dicho mecanismo.

El Estado ecuatoriano, a través de la autoridad competente, deberá comunicar y reportar sobre el avance de la Contribución Determinada a Nivel Nacional vigente a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en línea con las guías determinadas para este fin.

Las entidades sectoriales, Gobiernos Autónomos Descentralizados, sector privado y otros actores que establezcan esfuerzos que aporten al cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional vigente deberán reportar a la Autoridad Ambiental Nacional, sobre el estado y avance de los mismos.

La Autoridad Ambiental Nacional definirá el proceso de formulación, actualización, seguimiento y evaluación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional.

Formulación, aprobación e implementación.- La Contribución Determinada a Nivel Nacional será formulada por la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las entidades competentes de los sectores priorizados y los diferentes niveles de gobierno; contando con la participación de la academia, sociedad civil, sector privado, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y la ciudadanía en general; y será aprobado por el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, bajo los mecanismos que se definan para el efecto.

Seguimiento, evaluación y actualización.- La Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las Autoridades Nacionales competentes, realizará el seguimiento y evaluación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional vigente y emitirá informes anuales respecto del avance en su implementación y cumplimiento, los cuales contribuirán al reporte que será entregado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, bajo los formatos establecidos para el efecto.

La Contribución Determinada a Nivel Nacional se actualizará cada cinco años. Al final de cada periodo de vigencia, el Comité Interinstitucional de Cambio Climático realizará una evaluación final de la misma sobre el cumplimiento de las metas y resultados planteados, la cual se considerará para su actualización.

La actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional deberá representar una progresión con respecto a la vigente, conforme a lo establecido por el Acuerdo de París.

Gestión del cambio climático a nivel sectorial.- Conforme a lo establecido por la Estrategia Nacional de Cambio Climático, los planes, programas, proyectos y estrategias correspondientes a los sectores priorizados, deberán incorporar de forma obligatoria criterios de mitigación y adaptación conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con la entidad rectora de la planificación nacional.

1. Información climática, meteorológica e hidrológica validada por el ente rector de meteorología e hidrología;

2. Áreas expuestas a amenazas climáticas actuales y futuras;

3. Actividades en el territorio que alteren el sistema climático local;

4. Actividades generadoras de gases de efecto invernadero de acuerdo a la información contenida en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero;

5. Información sobre la gestión de riesgos y desastres o emergencias ocasionadas por los efectos del cambio climático; y,

6. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma técnica.

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la entidad rectora de la planificación nacional, emitirá lineamientos para incorporar los criterios de cambio climático en la planificación territorial y brindará herramientas, información y asistencia técnica para la incorporación de estos criterios.

La autoridad de control en materia de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo vigilará y controlará el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a los procesos e instrumentos de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno y la implementación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; e informará a la Autoridad Ambiental Nacional sobre cualquier incumplimiento a fin de conocer sobre la efectiva inserción de los criterios de cambio climático, sin perjuicio de las sanciones correspondientes establecidas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

Evaluación de necesidades tecnológicas en materia de cambio climático.- El desarrollo, innovación, desagregación, difusión y transferencia de tecnología que contribuya a la mitigación y adaptación al cambio climático responderá a la evaluación de las necesidades identificadas en los instrumentos para la gestión de cambio climático a nivel nacional, local y sectorial, realizada por las entidades competentes.

1. Que contribuyan a la implementación de los instrumentos para la gestión del cambio climático;

2. Que contribuyan a la generación de beneficios sociales, económicos y ambientales adicionales a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero;

3. Que contribuyan a la innovación y desagregación de la tecnología;

4. Que las medidas y acciones propuestas no pongan en riesgo el desarrollo económico del país; y

5. Otros que la Autoridad Ambiental Nacional considere relevantes.

Mecanismo para la transferencia de tecnología.- La Autoridad Ambiental Nacional coordinará con la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, la identificación de los espacios y mecanismos idóneos, considerando las particularidades de cada territorio, para el desarrollo, innovación, desagregación, difusión y transferencia de tecnología que contribuya a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Necesidades de investigación.- La Autoridad Ambiental Nacional coordinará con la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales para determinar las necesidades de investigación para la mitigación y adaptación al cambio climático, tomando en consideración, especialmente, el enfoque plurinacional, inclusivo e intercultural que permita potenciar los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales con que puedan cubrir esas necesidades.

La Autoridad Ambiental Nacional coordinará con la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales con la academia, la sociedad civil, las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, el desarrollo de estrategias de fortalecimiento y rescate de conocimientos tradicionales, colectivos y saberes ancestrales que incluyan el intercambio de experiencias en territorio y los diversos contextos socioculturales.

Base de datos.- La entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales establecerá los lineamientos para la protección de los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático, según establece el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad de Innovación.

1. Formular políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para enfrentar el cambio climático;

2. Evaluar el cumplimiento de los instrumentos para la gestión del cambio climático;

3. Identificar potenciales medidas y acciones de mitigación y adaptación que puedan ser implementadas;

4. Identificar y monitorear el impacto ambiental, económico y social, resultado de la implementación de políticas, medidas y acciones de cambio climático;

5. Realizar el inventario nacional de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero por fuentes y sumideros;

6. Dar seguimiento al estado de avance en la aplicación y cumplimiento de los compromisos derivados de instrumentos internacionales ratificados por el Estado en materia de cambio climático;

7. Identificar y evaluar las necesidades financieras, de asistencia técnica, de transferencia de tecnología y de fortalecimiento de capacidades y condiciones en materia de cambio climático, de fuentes nacionales e internacionales;

8. Contribuir a la priorización de financiamiento climático;

9. Aportar a la investigación de cambio climático y ambiente en coordinación con la academia y las entidades competentes; y,

10. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

1. Sistema de Medición, Reporte y Verificación Nacional (MRV);

2. Repositorio de información de cambio climático y otra asociada al cambio climático; y,

3. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Sistema de Medición, Reporte y Verificación Nacional.- Entiéndase como Sistema de Medición, Reporte y Verificación Nacional a la herramienta del Registro Nacional de Cambio Climático que tiene como finalidad medir, monitorear, reportar y verificar el impacto de las medidas de mitigación y adaptación implementadas y evaluar su contribución a los objetivos nacionales e internacionales de cambio climático, la cual deberá reflejar:

1. Los resultados de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, de manera consistente y transparente, para evitar la doble contabilidad;

2. Los resultados relacionados a la reducción de vulnerabilidad y la gestión del riesgo climático ante los efectos del cambio climático; y,

3. Los flujos de recursos financieros recibidos, ejecutados y requeridos para la gestión del cambio climático.

4. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

La Autoridad Ambiental Nacional coordinará con los institutos nacionales de monitoreo e investigación competentes y todas las entidades públicas, privadas, la sociedad civil, el sector privado, academia y centros de investigación, el intercambio y desarrollo de la información climática y otra asociada al cambio climático.

1. Planes, programas, proyectos y estrategias de los diferentes niveles de gobierno y sectores del Estado que incorporen criterios de mitigación y adaptación al cambio climático, y su evaluación;

2. Evaluaciones de necesidades de financiamiento climático desarrolladas por parte del sector privado; comunidades, pueblos y nacionalidades; academia e institutos de investigación;

3. Fuentes de financiamiento climático existentes a nivel nacional e internacional con requerimientos institucionales para acceder a estos recursos;

4. Cooperación internacional de financiamiento y asistencia técnica recibida;

5. Potenciales medidas y acciones de adaptación y mitigación al cambio climático;

6. Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero;

7. Esquemas de compensación homologados y reconocidos por la Autoridad Ambiental Nacional;

8. Proyecciones de clima futuro;

9. Información sobre variabilidad climática;

10. Información sobre incentivos para las instituciones que realicen actividades o acciones que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático;

11. Escenarios de línea base;

12. Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático del sector privado; comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; la academia y sociedad civil;

13. Comunicaciones Nacionales sobre cambio climático y otros reportes internacionales; y,

14. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Coordinación y articulación para el intercambio de información.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las entidades sectoriales, los institutos nacionales de monitoreo e investigación, la sociedad civil, la academia y las entidades del sector privada remitirán la información asociada al cambio climático requerida por la Autoridad Ambiental Nacional conforme los arreglos institucionales establecidos para el efecto, mismos que determinarán la periodicidad y formato de entrega de la información.

El Repositorio de Información de Cambio Climático contenido en el Sistema Único de Información Ambiental se interconectará con otros sistemas de información existentes, con el fin promover y facilitar el intercambio de información asociada al cambio climático.

Para la interoperabilidad e intercambio de información se deberá considerar lo establecido por el órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación.

Playa de mar.- Entiéndase a la playa de mar como el área de la costa donde se acumula sedimento no consolidado, misma que está constituida por la zona intermareal que está alternativamente cubierta y descubierta por el flujo y reflujo o pleamar y bajamar, de las aguas del mar, desde el nivel medio de los bajamares de sicigia, hasta el nivel medio de las pleamares de sicigia, computados en un ciclo nodal de 18.61 años.

En todos los casos, la franja adyacente no podrá ser inferior a un (l) kilómetro de ancho a partir de la línea de la más alta marea, incluyendo una zona de protección de cien (100) metros posteriores al sistema dunar y las áreas de servidumbre determinadas en este Reglamento.

La franja adyacente a la playa de mar de titularidad del Estado será determinada en base del catastro municipal actualizado con fecha máxima de un año previo a la entrada en vigencia del presente Reglamento y constará de forma obligatoria en los Planes de Manejo Costero Integrado de cada cantón.

El proceso de construcción del Manejo Costero Integrado y sus lineamientos será liderado por la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las instituciones competentes y con amplia participación de todos los sectores involucrados. La implementación del Manejo Costero Integrado será de responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el ámbito de su jurisdicción y competencias. El instrumento de implementación del manejo costero integrado será la ordenanza para el Manejo Costero Integrado.

El proceso de construcción e implementación del Manejo Costero Integrado será liderado por la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las instituciones competentes y con amplia participación de todos los sectores involucrados.

El Manejo Costero Integrado se basará en el principio precautelatorio, y los siguientes criterios:

1. Enfoque ecosistémico;

2. Responsabilidad intergeneracional;

3. Cooperación interinstitucional; y,

4. Participación ciudadana.

1. Desarrollo Sostenible: El Manejo Costero Integrado estará articulado con los objetivos globales de desarrollo sostenible definidos por la Organización de las Naciones Unidas;

2. Manejo Integral: El agua del mar y de los ríos que drenan las cuencas costeras son la fuerza integradora de los sistemas de recursos costeros, por lo que sus usos deben ser ordenados con una perspectiva integral de manejo, considerando las singularidades oceanográficas, climáticas y ecológicas que las agrupan, así como las dinámicas económicas y socioculturales que las diferencian;

3. Uso múltiple: Los espacios marinos - costeros comúnmente están sujetos a usos múltiples, por lo que los modelos de gestión que se desarrollen deben diseñarse en función de las situaciones socioeconómicas locales, asegurando que en los núcleos de conservación se fomenten los usos no extractivos que beneficien a las comunidades, locales tomando en consideración los instrumentos nacionales de planificación y ordenamiento del espacio marino costero;

4. Planificación y manejo participativo: La planificación y el manejo debe involucrar a todos los niveles de gobierno según su ámbito de competencia, atribuciones, funciones y responsabilidades establecidas en la administración pública; asegurará una amplia participación de los usuarios de los recursos y de la sociedad civil según el área de experiencia profesional o saberes comunitarios con los que pueda aportar en la planificación, el manejo y la veeduría ciudadana en la implementación y retroalimentación de planes, programas y proyectos;

5. Identificación y protección de núcleos de conservación de la biodiversidad costera: En el espacio costero, los gobiernos autónomos descentralizados localizarán los ecosistemas naturales remanentes y hábitats críticos de descanso, refugio, reproducción, alimentación o reclutamiento de especies de importancia para la conservación o el uso humano, las cuales serán considerados con una categoría de uso del suelo de protección en la zonificación y los correspondientes Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en concordancia con lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo;

6. Los manglares y remanentes naturales de bosque seco, que al momento de la expedición de este Reglamento no se encuentren protegidos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se podrán acoger a cualquiera de los mecanismos establecidos en el Código Orgánico del Ambiente y los incentivos que para el efecto se establezcan; para lo cual deberán contar con sus respectivos Planes de Acción, que pueden ser elaborados por instancias públicas o privadas según se trate de bienes estatales o dominio privado conforme corresponda;

7. Identificación y protección de Núcleos de conservación de biodiversidad marina.- En el área estuarina y marina, serán considerados como núcleos de conservación de biodiversidad marina los espacios intermareales y submareales adyacentes a la cobertura de ecosistemas frágiles y amenazados como los manglares hasta una (l) milla náutica de distancia del filo costero; la columna de agua, el fondo y subsuelo marino hasta una (l) milla náutica alrededor de comunidades coralinas; áreas marinas de congregación, apareamiento, refugio o descanso de tortugas marinas y mamíferos marinos, así como sus rutas migratorias; espacios intermareales, lagunas costeras y otros humedales donde se concentran aves marinas y costeras con fines de descanso, alimentación o reproducción;

8. La Autoridad Ambiental Nacional identificará núcleos de conservación de la biodiversidad marina y costera en ecosistemas bénticos intermareales y submareales como bajos rocosos, cordilleras submarinas y otros ecosistemas marinos; y,

9. Sostenibilidad de manejo de recursos vivos: La conservación de la biodiversidad marina y costera para el uso sostenible y bienestar de las comunidades costeras a perpetuidad será el principio orientador de la planificación y manejo de los recursos marinos y costeros. Para ello, los planes de Manejo Costero Integrado definirán metas locales y concretas de sostenibilidad de los recursos costeros, que serán establecidas mediante procesos participativos con los usuarios de los recursos.

1. Diagnóstico de la franja costera municipal,

2. Identificación de los aspectos claves de manejo costero integrado mediante procesos participativos;

3. Medidas de control de la contaminación ambiental costera, concordancia con lo establecido en el Código Orgánico Ambiental, sus reglamentos y el Sistema Único de Manejo Ambiental;

4. Definición de las políticas, programas, planes y acciones específicas del Plan de Manejo Costero Integrado;

5. Zonificación del área de estudio y ordenamiento costero y marítimo;

6. Planes de Manejo de las playas de mar y franja adyacente;

7. Gestión de otros ecosistemas y recursos vivos, incluyendo la protección y recuperación de los ecosistemas litorales;

8. Identificación de sinergias institucionales para la implementación del Plan de Manejo Costero Integrado;

9. El presupuesto asignado para la implementación, incluyendo obras de protección costera; y,

10. Los mecanismos de rendición de cuentas y veeduría ciudadana para el seguimiento de la implementación y evaluación correspondientes.

Dichos planes serán complementarios al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del borde costero, y deberán observar los criterios técnicos y lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional.

1. Características físicas de la playas, tales como olas, vientos, corrientes o transporte de sedimentos;

2. Ubicación de áreas de sensibilidad ecológica, tales como áreas de anidación o de apareamiento de especies en el espacio acuático adyacente;

3. Características de la infraestructura y facilidades existentes públicas, privadas y comunitarias, incluyendo una evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental;

4. Evaluación del perfil del visitante y las capacidades de la oferta turística y recreacional;

5. Zonificación de usos de playa, considerando aspectos biofísicos, sociales y de gestión, tales como infraestructura y facilidades, actividades permitidas, interacción social, grado de naturalidad, presencia de gestión e identificación de riesgos;

6. Gestión de residuos y desechos;

7. Gestión de riesgos y plan de contingencias; y,

8. Estrategia para el manejo de la playa y los visitantes, considerando los lineamientos de la gestión integrada de las zonas costeras y con base en el diagnóstico del Plan de Manejo Costero Integrado.

1. Desarrollar infraestructura ambientalmente responsable en los sectores primario exportadores;

2. Promover el acceso a certificaciones nacionales e internacionales, por parte de las áreas productivas, mercantiles o comerciales que cumplan con estándares e indicadores ambientales sostenibles;

3. Adquirir tecnologías que innoven el estado de la técnica en lo referente a producción más limpia o sostenible;

4. Retribuir a los propietarios privados y comunitarios por actividades de conservación, manejo y restauración del patrimonio natural, para la generación los servicios ambientales;

5. Capacitar a los actores de la economía popular y solidaria para que provean bienes o servicios ambientalmente responsables; y,

6. Desarrollar alianzas público-privadas, público-comunitarias y público-asociativas, conducentes para consolidar sectores mercantiles o comerciales que provean bienes y servicios ambientalmente responsables, según lo establecido por la Autoridad Ambiental Nacional en el respectivo instrumento jurídico.

La Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a la naturaleza del incentivo, coordinará con el ente rector de las Finanzas Públicas la entrega de los incentivos económicos.

Estos créditos serán otorgados por las entidades crediticias del Sistema Financiero Nacional y podrán financiarse con recursos del Fondo Nacional para la Gestión Ambiental.

La Autoridad Ambiental Nacional desarrollará, dentro de la Política Nacional Ambiental y el Plan Nacional de Inversiones Ambientales, políticas, programas y proyectos que permitan desarrollar los criterios técnicos para guiar el otorgamiento de créditos verdes; así como el conjunto de acciones requeridas para identificar, categorizar, evaluar, controlar y supervisar los riesgos ambientales y sociales que se desprenden de las actividades financiadas por las entidades financieras públicas y privadas en los diversos ámbitos productivos y sociales.

Los criterios y lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional deberán implementarse conjuntamente con la autoridad competente de control de las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional, a fin de que las entidades financieras homologuen sus requerimientos para créditos verdes a las disposiciones definidas para el efecto.