Reglamento General de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo

Reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión.- Las sociedades que se constituyeron a partir de la vigencia de la Ley materia de este capítulo, las sociedades nuevas que se constituyen por sociedades existentes, así como las inversiones nuevas de sociedades existentes, en los términos pertinentes de la Ley de Régimen Tributario Interno gozarán de una reducción especial de hasta cinco puntos porcentuales (5%) sobre la tarifa de impuesto a la renta aplicable, siempre y cuando se configure el cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos:

1. Las sociedades deberán suscribir un contrato de inversión, en los términos del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y el presente Reglamento;

2. La reducción aplicará única y exclusivamente a los ingresos objeto de impuesto a la renta derivados de las actividades atribuibles a la nueva inversión;

3. Las sociedades existentes deberán mantener un centro de costos para diferenciar los ingresos atribuibles únicamente a la nueva inversión, en los casos que les sea aplicable;

4. El cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento u operación no implica inversión nueva. Se reconocerá como inversión nueva a aquella distinta a la que acompañe a la adquisición de activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento u operación;

5. El plazo de la reducción se contará desde el primer ejercicio fiscal en que se generen utilidades atribuibles a la nueva inversión; y,

6. Las sociedades deberán cumplir con los criterios de transparencia y sustancia económica definidos en la normativa vigente.

Se entenderá como centro de costos a la contabilidad diferenciada entre las actividades de la empresa existente y las actividades que se generen a partir de la nueva inversión.

En todos los casos, la reducción acumulada durante el periodo de la inversión no excederá en ningún caso el monto de la inversión, o el plazo del beneficio estipulado en el contrato de inversión y su adenda, lo que suceda primero.

No se exigirán registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza distintos a los contemplados en este artículo y a los establecidos en la LORTI, COPCI y en este Reglamento, para el goce de reducción prevista en el presente artículo.

No se sujetarán a este incentivo los regímenes especiales de impuesto a la renta, salvo lo previsto en el Reglamento.

Reducciones de tarifa del Impuesto a la Renta por el desarrollo de nuevas inversiones y por la suscripción de contratos de inversión.- Para la aplicación de las reducciones de tarifa del Impuesto a la Renta por el desarrollo de nuevas inversiones y por la suscripción de contratos de inversión previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, el contribuyente deberá aplicar los criterios de transparencia y sustancia económica, en los términos descritos a continuación:

1. Estándar de transparencia: Se refiere al deber del sujeto pasivo de atender los requerimientos de información del Servicio de Rentas Internas, de conformidad con los estándares mínimos del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales; y,

2. Sustancia en la actividad económica: Se refiere al deber del sujeto pasivo de mantener la documentación que razonablemente sustente la esencia económica de sus operaciones relacionadas con los incentivos o beneficios aplicados, en armonía con lo previsto en el Código Tributario.

En el caso de que la Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades legales, establezca mediante acto administrativo que los criterios de transparencia y sustancia económica han sido incumplidos, deberá notificar el particular al Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones para su consideración a efectos de incumplimientos del contrato.

Reducción especial de la tarifa de impuesto por la suscripción de Contratos de Inversión.- Para la aplicación de la reducción especial de hasta los cinco puntos porcentuales cinco por ciento (5%) del Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión, prescrita en el artículo 68 de este Reglamento y en concordancia con la Ley de Régimen Tributario Interno, se utilizará la tarifa general de impuesto a la renta para sociedades aplicable al ejercicio fiscal en el que se vaya a hacer uso del beneficio.

Cuando la tarifa de impuesto a la renta que le corresponde aplicar al contribuyente sea superior a la tarifa general de impuesto a la renta de sociedades, de conformidad con lo previsto en la normativa tributaria, la reducción especial se deberá aplicar sobre dicha tarifa.

En el contrato de inversión se determinarán los puntos porcentuales de reducción a los que tendrá derecho el inversionista, además de determinar la imposibilidad o no de mantener un centro de costos, conforme la justificación presentada por el solicitante, acompañada de la documentación de respaldo que se considere necesaria. En caso de determinarse la imposibilidad de mantener un centro de costos, el inversionista podrá aplicar la fórmula dispuesta en el artículo 51.B del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

La reducción de todos los beneficios tributarios acumulados durante el periodo de la inversión no excederá en ningún caso el monto de la inversión o el plazo del beneficio estipulado en el contrato de inversión y su adenda, lo que suceda primero. Asimismo, la reducción prevista constará en el dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas que para el efecto se deba emitir previo a la suscripción del contrato de inversión.

La estabilidad de los incentivos tributarios aplica con excepción de que existan reformas que sean más favorables al inversionista.

Los incentivos tributarios otorgados se mantendrán inalterables por el periodo de vigencia del contrato, a no ser que proceda la terminación del contrato o la renuncia voluntaria por parte del inversionista.

Según lo previsto en el Código Tributario, las exenciones concedidas por determinado plazo, subsistirá hasta su expiración.

Pagos al exterior.- Los pagos realizados al exterior por concepto de importación de bienes de capital y materias primas efectuados por las sociedades, en los términos del artículo 159 numeral 16 de la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria, que suscriban contratos de inversión, a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, hasta por los montos y plazos establecidos en dichos contratos de inversión y adendas, siempre que dichas adquisiciones sean necesarias para el desarrollo del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones subsiguientes en la presente materia en este Reglamento.

La calificación referida anteriormente podrá efectuarse antes del desembolso de la operación de financiamiento o durante el período de amortización y pago de la misma; sin embargo, será aplicable para efectos de la exoneración del impuesto únicamente para aquellos pagos al exterior efectuados a partir de dicha calificación.

Esta exoneración es aplicable indistintamente de la fecha de otorgamiento de la operación de financiamiento externo, siempre que al momento del pago se verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en las disposiciones aplicables.

Para que esta exoneración sea aplicable, el sujeto pasivo que recibió el financiamiento externo deberá realizar el correspondiente registro en el Banco Central del Ecuador y sustentar fehacientemente el ingreso íntegro de los recursos al país a través del sistema financiero nacional, salvo cuando dichos recursos hayan financiado operaciones de comercio exterior de bienes o servicios entre partes no relacionadas por dirección, administración, control o capital.

Para efectos de esta exención, el financiamiento externo debe destinarse a actividades productivas, entendiéndose como tales a aquellas relacionadas directamente con la generación de renta gravada.

No se aplicará esta exención cuando el crédito sea contratado con un plazo igual o superior a 180 días calendario y el beneficiario del crédito efectúe uno o varios abonos extraordinarios al crédito dentro de los primeros ciento ochenta (180) días de la vigencia del mismo, por un monto total, igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del saldo del capital del crédito que se encuentre vigente al momento del abono. En el caso de que el contribuyente realice abonos que excedan el porcentaje establecido, deberá liquidar y pagar el impuesto a la salida de divisas sobre el valor total del crédito más los intereses correspondientes, calculados desde el día siguiente de efectuada la transferencia, envío o traslado al exterior inicial. Cuando la institución financiera o no financiera especializada calificada que otorga el crédito designe formalmente un agente recaudador para efectuar la cobranza del financiamiento se entenderá que los fondos remesados a este último se encuentran exentos de ISD.

Se entienden incluidos en este artículo a la inversión productiva descrita en las modalidades de inversión vinculadas a operaciones de crédito según lo previsto en la normativa vigente y lo estipulado en el respectivo contrato de inversión.

Aplicación de Exoneración.- Para la aplicación de la exoneración del ISD en importaciones de bienes de capital y materias primas por la suscripción de un contrato de inversión prescrita en el numeral 16 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, el ente rector en materia de inversiones establecerá en el contrato de inversión el monto máximo de exoneración, considerando monto límite de importaciones de bienes de capital y materias primas al monto de inversión establecido en el contrato, tomando en consideración referencialmente el valor en aduana de importación y el potencial ISD a exonerarse.

El contrato de inversión incluirá un anexo con las subpartidas objeto de la exoneración. Los bienes de capital y materias primas sobre los cuales se permitirá aplicar los incentivos deberán estar clasificados como tal dentro de la Clasificación del Comercio Exterior según su uso o destino económico (CUODE). En el caso que existan bienes que sean necesarios para la ejecución del proyecto, la entidad rectora de la materia en que se ejecuta la inversión será responsable y deberá pronunciarse y determinar si dichos bienes efectivamente deben ser considerados excepcionalmente como materia prima o bien de capital para el proyecto de inversión.

Este incentivo no obsta que el inversionista deba cumplir con todas las autorizaciones previas, licencias, requisitos o cupos, relacionados con el proceso de importación, según corresponda por cada producto.

Exoneración a tributos al comercio exterior con la firma de contrato de inversión.- Para la aplicación de la exoneración de tributos al comercio exterior en importaciones de bienes de capital y materias primas por la suscripción de un contrato de inversión prescrita en literal o) del artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se considerará la definición de tributos al comercio exterior contenida en literal a) del artículo 108 de dicho cuerpo normativo. El ente rector en materia de inversiones establecerá en el contrato de inversión el monto máximo de exoneración, considerando como monto límite de importaciones (valor CIF) de bienes de capital y materias primas al monto de inversión establecido en el contrato de manera referencial.

Los bienes de capital y materias primas sobre los cuales se permitirá aplicar este incentivo deberán estar clasificados como tal dentro de la Clasificación del Comercio Exterior según su Uso o Destino Económico (CUODE). En el caso que existan bienes que sean necesarios para la ejecución del proyecto, la entidad rectora de la materia en que se ejecuta la inversión será responsable y deberá pronunciarse y determinar si dichos bienes efectivamente deben ser considerados excepcionalmente como materia prima o bien de capital para el proyecto de inversión.

Seguridad jurídica y estabilidad sobre exenciones en contrato de inversión.- Durante la vigencia del contrato de inversión, se mantendrán invariables las normas legales, reglamentarias y las resoluciones generales de la Administración Aduanera o Tributaria, relativas a la aplicación de las exenciones previstas en la Ley, que se encontraban vigentes a la fecha de suscripción del contrato de inversión de conformidad con lo previsto en el Código Tributario. La estabilidad aplica con excepción de que existan reformas que sean más favorables al inversionista. Las exenciones se mantendrán inalterables por el periodo de vigencia del contrato, a no ser que proceda la revocatoria de los mismos o la renuncia voluntaria por parte del inversionista.

Adicionalmente, corresponde al Servicio de Rentas Internas supervisar la correcta aplicación de los incentivos tributarios y notificar al ente rector de las inversiones, sobre los resultados para continuar con el proceso de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las obligaciones suscritas en los contratos de inversión.

El seguimiento también podrá darse como mecanismo para identificar los retardos injustificados causados por el Estado y sus dependencias, durante la ejecución de los proyectos de inversión privada, mismos que deberán ser puestos en conocimiento del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones CEPAI para el trámite respectivo.

El monitoreo y seguimiento podrá ejecutarse conforme lo establecido en este Reglamento, así como en cualquier momento que lo determine el ente rector de las inversiones durante la vigencia de los mismos.

Para el efecto los inversionistas y/o sociedades receptoras, deberán remitir al finalizar sus cronogramas de inversión un reporte de la cabal ejecución de sus proyectos acorde a los compromisos establecidos en el contrato. Adicionalmente, el ministerio rector de las inversiones podrá:

1. Requerir información al Servicio de Rentas Internas sobre la aplicación de los incentivos establecidos en los contratos de inversión; y,

2. Requerir información a otros organismos de control o entidades públicas o privadas, que tengan relación con el proyecto, sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 30 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones.

El Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, además de lo establecido en el presente Reglamento, podrá definir lineamientos generales para el seguimiento y monitoreo de los contratos de inversión y el ente rector de las inversiones podrá desarrollar instrumentos y definir procedimientos diferenciados para el monitoreo y seguimiento de los contratos de inversión, de ser el caso.

La información relativa únicamente a origen de inversión será compartida mediante oficio al Banco Central del Ecuador, que podrá utilizar la misma para la elaboración de estadísticas nacionales.

Los parámetros principales del contrato de inversión que se deben verificar son:

1. Monto de la Inversión El inversionista debe haber cumplido o estar cumpliendo según su cronograma, con los montos mínimos de inversión previstos en el contrato de inversión.

   El monto de la inversión y la periodicidad de la misma, serán fijados durante el proceso de aprobación del contrato por parte del ente rector de las inversiones, en acuerdo con el inversionista; todo lo cual se reflejará en el cronograma de inversión que será parte del contrato. En el contrato, el inversionista asume el compromiso de cumplir con los parámetros fijados y acepta someterse a los procesos de monitoreo establecidos en el COPCI, su Reglamento, y la normativa que se emita para el efecto.

2. Empleo Directo: Los contratos de inversión contarán con un cronograma de generación de empleo en función de la normativa aplicable al momento de su suscripción. La verificación del cumplimiento del cronograma de empleo se realizará en función de la información presentada por el inversionista y solicitada a las entidades de control, previstos en el presente reglamento.

3. Contenido Nacional: Para el caso de inversiones realizadas en sectores de sustitución de importaciones, se analizará esta obligación de conformidad con lo que establece el contrato de inversión, en el anexo correspondiente. Para el efecto, se solicitará el pronunciamiento del ente rector de la producción.

4. Transparencia y Sustancia Económica: Todos los inversionistas deberán probar que en sus transacciones se cumplen estos principios, que consisten en demostrar, cuando la autoridad tributaria de control lo solicite, la documentación de soporte de sus transacciones, así como la realidad económica de las mismas.

5. Permisos Adicionales: Los permisos y licencias ambientales serán requisitos para la ejecución de proyectos, obras o actividades que puedan representar un impacto o riesgo ambiental, en conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente, cuando corresponda.

Para la verificación del cumplimiento del compromiso de inversión, se validará de que ésta se haya efectuado conforme a los rubros y periodos determinados en el contrato de inversión; y, que guarde concordancia con el objeto del proyecto referido en el contrato, para lo cual la entidad competente deberá considerar la información registrada ante otras entidades públicas y los registros contables de la empresa.

El monitoreo deberá contar con la verificación de la generación de empleo, en función de la normativa aplicable al momento de su suscripción. La verificación del cumplimiento del cronograma de empleo se realizará en función de la información presentada por el inversionista y solicitada a las entidades de control.

De forma general se verificará el cumplimiento de las obligaciones acorde a las normas aplicables para acceso a los incentivos tributarios que le fueron estabilizados. Cuando un inversionista tenga dos o más proyectos de inversión referidos en uno o más contratos se verificará el cabal cumplimiento de ambos compromisos.

En este sentido, estos sujetos estarán supeditados al monitoreo del cumplimiento de los compromisos de inversión y demás obligaciones contractuales que para el efecto hayan sido fijadas en el contrato de inversión.

1. Al finalizar el periodo de ejecución del cronograma de inversión y/o empleo;

2. Cuando culmine el plazo de vigencia de los incentivos del impuesto a la renta;

3. Cuando culmine el plazo previsto para la vigencia del contrato de inversión;

4. Cuando el inversionista solicite la terminación anticipada del contrato de inversión;

5. Cuando el inversionista solicite modificación de los compromisos del contrato de inversión;

6. Cuando exista una solicitud de otra institución de control del sector público que requiera la información sobre el estado de la inversión en análisis, dicha solicitud deberá ser realizada teniendo en cuenta la fecha de suscripción del contrato de inversión y siempre que haya transcurrido, al menos un año fiscal desde la suscripción del mismo; y,

7. Cuando la entidad rectora en materia de inversiones considere pertinente realizar el monitoreo.

El ente rector en materia de inversiones y el Servicio de Rentas Internas, deberán en cualquier momento verificar el cumplimiento de los términos acordados en el contrato de inversión y de los compromisos específicos que el inversionista haya adquirido mediante la suscripción de dicho contrato.

Para estos efectos, el inversionista deberá entregar la información que le sea requerida. La información que se solicite estará relacionada con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de inversión.

El ente rector en inversiones y la autoridad competente en materia ambiental podrán verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales en cualquier momento de la vigencia del contrato de inversión.

Para los casos de contratos de inversión que cuenten con un título habilitante o un contrato de gestión delegada, por tratarse de proyectos de sectores estratégicos o de servicios públicos, el monitoreo deberá ser respaldado con un informe de la autoridad que otorgó el título habilitante.

De la evaluación que se realice, se deberá emitir un informe preliminar de monitoreo que establecerá recomendaciones respecto al caso de que se trate, sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de inversión por parte del inversionista y/o empresa receptora, según sea el caso.

Una vez, solicitada la información por parte del ente rector de las inversiones, para el inicio del proceso de monitoreo, el inversionista y/o empresa receptora tendrá el término de (15) quince días para entregar la información solicitada y el ente rector en materia de inversiones deberá con dicha información realizar el informe preliminar de monitoreo.

Adicionalmente, el ente rector en materia de inversiones requerirá soporte técnico al ministerio del ramo en que se ejecuta el proyecto de inversión, quien remitirá sus observaciones a través de un informe técnico legal en el término de (10) diez días contados a partir del requerimiento.

Para el monitoreo del cumplimiento de los compromisos adquiridos en los contratos de inversión, se aplicará la normativa vigente al momento del inicio del monitoreo.

1. Monitoreo preliminar: Etapa que se desarrolla desde la solicitud de información al inversionista y/o empresa receptora, hasta la elaboración de un informe preliminar sobre el estatus del proyecto de inversión y sus avances.

2. Apertura del expediente administrativo: En caso de que el informe preliminar determine incumplimiento por parte del inversionista, el ente rector en materia de inversiones procederá a la apertura oficial de un expediente administrativo, en el que el inversionista deberá justificar o subsanar los hechos observados, so pena de ser sancionado acorde al procedimiento previsto en el presente Reglamento.

3. Determinación de sanciones: En caso de que el inversionista no justifique debidamente o no subsane sus incumplimientos, se abrirá el expediente administrativo de sanción correspondiente, para lo cual, se deberán emitir los informes técnicos y legales donde se detallará la causal de infracción cometida por el inversionista, de acuerdo a lo que establece el artículo 31, 32 y 33 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; el mismo que culminará con la Resolución del CEPAI.

En el caso que aplique el numeral 3 del presente artículo, el CEPAI deberá motivar la resolución que disponga la terminación y revocatoria de los beneficios otorgados a los inversionistas en el régimen de incentivos en los casos que corresponda, y posteriormente, la máxima autoridad del ente rector de las inversiones suscribirá acta de terminación unilateral del contrato de inversión en base a lo dispuesto por el CEPAI.

Dicha resolución del CEPAI y acta de terminación unilateral deberá ser notificada al Servicio de Rentas Internas, al Servicio Nacional de Aduanas y a las entidades que tengan injerencia directa sobre la ejecución del contrato de inversión.

Los documentos a solicitar son:

1. Resumen ejecutivo del proyecto de inversión que detalle las actividades y cifras anuales de inversión realizadas por la empresa de conformidad a los anexos del contrato suscrito;

2. Flujo de caja del proyecto de inversión actualizado, de ser aplicable;

3. Detalle de la información registrada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los años de ejecución del cronograma de generación de empleo del contrato de inversión, y, de los siguientes años de ejecución de la inversión, mientras se mantenga vigente el contrato; respecto al número de afiliados por parte del inversionista;

4. Detalle de los montos de los incentivos tributarios en los ejercicios fiscales en los que fueron aplicados;

5. Conciliación tributaria de los incentivos en los ejercicios fiscales que fueron aplicados; y,

6. Declaración del Impuesto a la Renta (Formulario 101) e informes de auditoría externa, en casos que aplique, de los ejercicios fiscales en los que se haya ejecutado la inversión, conforme al anexo de cronograma de inversión del contrato de inversión.

Una vez notificado el inversionista y/o empresa receptora con los documentos requeridos anteriormente, tendrá el plazo de quince (15) días a partir de la recepción de la notificación, para entregar dicha información, y deberá señalar la persona de contacto que proporcione la información y documentos solicitados (nombres, apellidos, cargo, número de teléfono convencional y/o celular y correo electrónico). El ente rector de inversiones podrá solicitar la información adicional que considere pertinente para la verificación de las obligaciones del inversionista.

Una vez que el ente rector de inversiones reciba completa la información por parte del inversionista y/o empresa receptora deberá realizar el informe técnico legal de monitoreo preliminar. Dicho informe deberá contener el detalle del cumplimiento de las obligaciones del inversionista y el procedimiento a seguir de acuerdo al caso. Adicionalmente, para tener una mejor valoración del proyecto, así como cuando se trate de proyectos sujetos a títulos habilitantes o contratos de gestión delegada, también se contará con pronunciamiento a través de un informe técnico de la entidad rectora en materia que se ejecuta la inversión, para lo cual tendrá término de diez (10) contados desde la recepción de la solicitud de análisis.

Si del informe técnico legal de monitoreo preliminar se desprende que el inversionista cumple con las obligaciones adquiridas en el contrato de inversión, se notificará a la empresa y se archivarán en el expediente del contrato.

En caso de que se concluya que el inversionista no cumple con sus obligaciones, se le notificará y se procederá con la apertura de un expediente administrativo.

A partir de la recepción de la notificación, el inversionista tendrá un término de treinta (30) días para justificar y/o subsanar los aparentes incumplimientos, así mismo, de conformidad al artículo 172 del Código Orgánico Administrativo, el inversionista deberá determinar donde recibirá las notificaciones para sustentar sus justificaciones.

El inversionista deberá presentar:

1. Descargos en los cuales demuestre que cumplió sus obligaciones contractuales. Para lo cual, adjuntará los documentos de soporte respectivo; y,

2. Detalle de las circunstancias por las cuales no cumplió sus obligaciones. Para lo cual, deberá sustentar sus descargos y adjuntar los documentos de soporte respectivos.

Informe de monitoreo definitivo.- el ente rector de las inversiones verifica el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de inversión, a través de los descargos y/o subsanaciones presentadas por parte del inversionista, el ente rector de inversiones, elaborará el informe de monitoreo definitivo, que será notificado al inversionista y se procederá al cierre del expediente administrativo. Adicional, se notificará al Servicio de Rentas Internas y Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador el informe de monitoreo definitivo.

En el caso de que, el inversionista y/o empresa receptora, no haya podido cumplir con las obligaciones adquiridas en el contrato de inversión y haya presentado los descargos y/o subsanaciones correspondientes en los que se justifique de manera documentada, la entidad rectora de las inversiones, emitirá un informe de monitoreo definitivo en el que se recomendará, en caso de ser acogida la respectiva justificación la suscripción de una adenda al contrato, y se archivará el expediente.

Adicionalmente, la entidad rectora de las inversiones solicitará informe técnico del ente rector de la materia en que se ejecuta la inversión, el cual tendrá el término de diez (10) días para pronunciarse.

En un único informe de monitoreo definitivo se detallará un apartado, los sustentos y descargos presentados por el inversionista o empresa receptora, que permitieron la subsanación de dichos incumplimientos. Dicho apartado se denominará "subsanación de incumplimientos".

Por otra parte, en caso de que en el informe del ente rector de las inversiones concluya que existe un incumplimiento por parte del inversionista o empresa receptora, y no haya subsanado o presentado los descargos correspondientes que demuestren las razones justificadas de su incumplimiento a los compromisos contractuales, la entidad rectora de inversiones procederá a emitir el informe de monitoreo final en el que se recomendará la terminación unilateral del contrato de inversión. Adicionalmente, se solicitará informe técnico del ente rector de la materia en que se ejecuta la inversión, el cual tendrá el término de (10) días para pronunciarse.

La entidad rectora en materia de inversiones tendrá en todo momento la facultad de verificar la información suministrada por el inversionista y/o la empresa receptora. Los informes definitivos que recomienden alguna sanción que se haya impuesto al inversionista y/o empresa receptora deberán inmediatamente ponerse en conocimiento del CEPAI, para su decisión.

Determinación de sanciones.- En caso de verificarse a través de los informes emitidos por parte de la entidad rectora de inversiones y el ente rector en materia en que se ejecuta la inversión, que el inversionista no ha subsanado los incumplimientos, se pondrá en conocimiento del CEPAI, el mismo que mediante resolución motivada, dispondrá al ente rector de las inversiones la terminación unilateral del contrato y la revocatoria de los incentivos.

La entidad rectora de las inversiones, a través de su máxima autoridad suscribirá acta de terminación unilateral del contrato de inversión conforme lo dispuesto por el CEPAI, y notificará con dicha resolución y acta de terminación al inversionista, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Banco Central del Ecuador, así como cualquier otra institución que tenga injerencia directa sobre la ejecución del Contrato.

En caso de que mediante resolución del CEPAI se determine que el inversionista y/o empresa receptora ha incumplido las obligaciones del contrato de inversión y, a su vez, tuviese varios contratos de inversión, se dispondrá el inicio del monitoreo de todos los contratos de inversión vigentes para verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de inversión.

En todo lo que no esté expresamente señalado, a efectos de recursos e impugnaciones en sede administrativa, se estará a lo dispuesto por el Código Orgánico Administrativo.

La inversionista y/o empresa receptora podrá presentar una solicitud de adenda al contrato en cualquier momento dentro de su cronograma de inversión, siempre y cuando se hayan cumplido todas las obligaciones a la fecha en la que solicita la adenda.

Se deberá justificar técnicamente que la inversión guarda relación con el objeto del contrato. En el cronograma de inversión de la solicitud de adenda, no se podrán incluir inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de suscripción del contrato de inversión principal.

Para nuevos proyectos, que no tengan relación con el objeto del contrato de inversión principal, se deberá suscribir un nuevo contrato de inversión, de acuerdo con la normativa vigente.

Así mismo, deberá acompañar la solicitud con los justificativos y/o descargos correspondientes que permitan a la entidad rectora de inversiones, verificar la viabilidad de la suscripción de la adenda. En estos casos el inversionista sólo podrá solicitar una adenda si notifica el incumplimiento del cronograma a la entidad rectora de las inversiones dentro de los siguientes seis (6) meses posteriores a la culminación de su cronograma de inversión. Solo en este caso el inversionista, a partir de la notificación, deberá presentar la solicitud de adenda al contrato de inversión en un tiempo no mayor a tres (3) meses.

Procedimiento general para adendas.- Una vez recibida la documentación, el área responsable de inversiones procederá a la revisión de los documentos, y efectuada la verificación de la documentación requerida para el proceso de solicitud de adenda al contrato, se admitirá a trámite y se remitirá constancia de recepción de la documentación por medios electrónicos, a los contactos facilitados por el inversionista en la solicitud.

En el caso de encontrarse incompleta la información presentada, se solicitará y comunicará al inversionista por medios electrónicos, los documentos e información a completar o corregir; asimismo, se dará a conocer las correcciones que fueren pertinentes, tras lo cual se concederá el término de (10) días, para la presentación de las correcciones necesarias. En caso de no remitir la información completa en ese periodo, se procederá con el archivo de la solicitud.

El ente rector de las inversiones, una vez recibida la solicitud oficial junto con la documentación completa, elaborará el respectivo informe técnico legal para continuar con el proceso de adenda. Una vez emitido el informe técnico legal de modificación para adenda del área responsable de inversiones, requerirá el pronunciamiento técnico del ente rector de la materia en que se ejecuta la inversión, disponiendo de un término de quince (15) días para la elaboración y envío del mismo.

Las adendas a los contratos de inversión, deberán ser aprobadas por el CEPAI, previa solicitud de dictamen al Ministerio de Economía y Finanzas, en los casos que corresponda; y deberán ser elevadas a escritura pública.

El inversionista notificará al ente rector de las inversiones, una copia de la escritura pública de adenda, con la anotación al margen de la escritura pública del contrato de inversión, la misma que será parte del expediente y reposará en las dependencias del organismo, el mismo que será notificado en copia digital al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE).

Así mismo, cuando el cambio o la modificación afecte el monto o el gravamen correspondiente del tributo del bien o materia prima.

Por otra parte, no se necesitará suscribir adenda al contrato de inversión, cuando el inversionista solicite un cambio o modificación de forma del detalle de la subpartida, sin que esto signifique un cambio en el número de subpartida, monto del bien o materia prima y/o tributo. Así mismo, cuando la entidad competente mediante acto administrativo emita normativa que modifique el número de subpartida en el arancel, lo que conlleva a modificaciones en los anexos sin que se afecte la clasificación CUODE, el monto del bien o materia prima y/o tributo.

Dichos cambios se podrán realizar solicitando la modificación de los anexos desde la Secretaría del CEPAI al notario público.

La revocatoria será dispuesta mediante resolución motivada del CEPAI, con base a los informes del ente rector de las inversiones que constan en el expediente correspondiente.

Por su parte, el inversionista sancionado podrá apelar administrativamente o judicialmente las decisiones que le afecten, siguiendo los procedimientos legales correspondientes.

En todo lo que no esté expresamente señalado en la presente norma, se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo.

1. El vencimiento del plazo de vigencia del Contrato;

2. Por mutuo acuerdo entre las partes;

3. Por terminación unilateral, al verificarse el incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones adquiridas en el contrato de inversión por el inversionista;

4. Por renuncia del inversionista al derecho de estabilidad de los incentivos tributarios; y,

5. Las que se determinen en el Contrato y/o las leyes aplicables.

Cuando un inversionista solicite la terminación del contrato de inversión, el ente rector de inversiones, procederá a la revisión y evaluación de la causal para la terminación, así como de la ejecución del proyecto de inversión, y emitirá el informe técnico legal respectivo, iniciando el proceso de monitoreo de las obligaciones adquiridas en el contrato de inversión.

Únicamente, si se solicita la terminación de aquellos contratos de inversión, suscritos entre el inversionista y el ente rector de la materia en que se ejecuta la inversión, se procederá a requerir el informe técnico - legal de dicha entidad.

1. Elaboración de informe definitivo de monitoreo y/o informe de terminación de contrato: En este informe se detallará el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de inversión por los inversionistas. Adicionalmente, en el informe se deberá elaborar un análisis de la pertinencia de la terminación del contrato de inversión. En los casos que aplique, se deberá presentar el informe con el pronunciamiento del ente rector de la materia en que se ejecuta la inversión.

2. Conocimiento y Resolución del CEPAI: Una vez se cuente con el informe del ente rector de inversiones, se pondrá en conocimiento y consideración de los miembros del CEPAI, para que se pronuncien mediante resolución motivada, respecto de la terminación de los contratos y la revocatoria de los beneficios otorgados, conforme lo establecido en los artículos 32 y 33 del COPCI.

3. Acta de terminación unilateral de la máxima autoridad del ente rector de las inversiones: Una vez que el CEPAI mediante resolución motivada ordene dar por terminado de manera unilateral el contrato de inversión, la máxima autoridad del ente rector de las inversiones procederá a suscribir un acta de terminación unilateral del contrato de inversión. 4. Notificación: La decisión del CEPAI así como el acta de terminación unilateral, se notificará al inversionista, al Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador, al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y demás instituciones que tengan injerencia en el contrato de inversión.

Ámbito.- Se someterán a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, nuevas o existentes, interesadas en obtener la calificación como Usuarios Operadores, autorización como Usuarios y/o ser registrados como prestadores de servicios de apoyo de las Zonas Francas; aquellos que ya se encuentren debidamente instalados dentro de una Zona Franca o ZEDE vigente, y, demás entidades públicas de control sobre Zonas Francas.

Las Zonas Francas serán multiempresariales. El Usuario Operador será el encargado de parcelar, arrendar y/o vender partes del terreno o edificio en el cual se califique como Zona Franca. Podrán establecerse diferentes empresas que serán autorizadas como Usuarios para realizar las actividades permitidas en el artículo 37 del COPCI.

Cada Zona Franca será aprobada con una o varias actividades económicas que podrán ser industrial de bienes, industrial de servicios, comercial y/o logística. Para efectos del reglamento estas actividades serán referidas como tipologías. Podrán solicitar los Usuarios Operadores más de una tipología cuando se demuestre el encadenamiento productivo, así como podrán solicitar cambio, modificación o agregar una tipología según los procesos que se establecen en los siguientes capítulos.

Las zonas francas industriales de servicio turístico son espacios geográficos delimitados dentro del territorio nacional cuyo propósito es facilitar la instalación de uno o más prestadores de una o más de las actividades turísticas establecidas en la normativa vigente, que presten sus servicios tanto para turistas nacionales como extranjeros, maximizando y potenciando el desarrollo turístico del país, la atracción inversiones turísticas nacionales y extranjeras a través de la entrega de incentivos tributarios y la simplificación de procesos aduaneros, y el fomento de la descentralización y el aumento de oportunidades de empleo turístico

Los Usuarios que se establezcan en la Zona Franca podrán únicamente realizar las actividades económicas acorde con la tipología con la que fue declarada la Zona Franca.

El ministerio del ramo regulará y controlará en lo que sea pertinente las actividades a realizarse en Zona Franca de acuerdo a la actividad económica que se realice.

Para el efecto el CEPAI considerará el informe de viabilidad técnico jurídico emitido por el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones.

El ente rector revisará de forma conjunta la solicitud de declaratoria de Zona Franca y la solicitud de calificación del Usuario Operador, en función de los requisitos y documentos entregados por el solicitante, los mismos que se encuentran detallados en el artículo 107 del presente Reglamento. El ente rector de las inversiones tendrá el plazo máximo de un (1) mes para revisar la solicitud y emitir observaciones en caso de existir.

Al presentar la solicitud para el establecimiento de la Zona Franca, se debe adjuntar la solicitud de la calificación del Usuario Operador. En caso de no contar con un Usuario Operador al momento de la solicitud de Zona Franca, no se procederá con el análisis de la solicitud presentada y se archivará el trámite. Como consecuencia se entenderá como una solicitud no presentada, permitiendo al interesado presentar una nueva solicitud posteriormente.

El ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones podrá devolver el trámite al solicitante con observaciones y solicitarle que complete la información en el plazo de un (1) mes. En caso de que el solicitante no complete las observaciones, se archivará el trámite y se tendrá como no presentado, permitiendo al solicitante presentar en el futuro una nueva solicitud.

En el caso de que el ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas determine que el expediente está completo, y que la solicitud de declaratoria de Zona Franca y de calificación del Usuario Operador cumple con los requisitos de la ley y reglamento procederá a emitir el informe de viabilidad que contendrá el análisis técnico y jurídico del caso.

Una vez emitido el informe técnico y jurídico, el trámite será remitido al ente rector de la actividad económica en la que se establecerá la Zona Franca, para que en un término máximo de quince (15) días emita el informe correspondiente. Los entes rectores, para cada solicitud de declaratoria de Zona Franca, serán determinados por el CEPAI.

El pronunciamiento del ente rector de la actividad que se desarrollará en la Zona Franca, será únicamente sobre cómo el proyecto contribuye para alcanzar los objetivos establecidos en los instrumentos de planificación nacional, más no respecto al cumplimiento de los requisitos de viabilidad. Sin perjuicio de lo indicado, deberá cumplir con la obtención de todos los permisos que correspondan para el desarrollo de la actividad productiva, conforme a la normativa vigente.

Una vez recibido el informe del ente rector, la Secretaría del CEPAI pondrá en conocimiento del CEPAI la solicitud para que este cuerpo colegiado emita la resolución respecto a la declaratoria de la Zona Franca y la calificación del Usuario Operador.

Con la resolución favorable del CEPAI, el ministerio rector de las inversiones emitirá un Acuerdo Ministerial declarando la Zona Franca y calificando al Usuario Operador. La misma será notificada al SENAE, al SRI, y se ordenará su respectiva publicación en el registro oficial.

Una vez recibida la respuesta por parte del interesado, el ente rector de las inversiones encargado de las zonas francas revisará las observaciones, si éstas persisten se notifica nuevamente al solicitante para las respectivas correcciones y envío, contarán con quince (15) días término para solventar las mismas.

El ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas revisará la información ingresada por los interesados y en caso de que las observaciones hayan sido subsanadas se procederá con la emisión del informe técnico legal correspondiente.

Se entenderá como incompleta una solicitud, en los siguientes casos:

1. Las observaciones a la solicitud no han sido subsanadas en su totalidad o en parte;

2. La solicitud no cumple con los requisitos y obligaciones requeridas; y,

3. La solicitud de declaratoria de Zona Franca no incluye la solicitud de calificación de Usuario Operador.

El presente artículo aplicará a todos los trámites de solicitud relacionados a Zonas Francas, y al proceso de transición de ZEDES a Zonas Francas.

Vencido el plazo para la presentación de observaciones, el trámite será archivado de inmediato.

Una vez archivado, se considerará como no presentado y se podrá presentar nuevamente una solicitud.

Supervisión y control de Zonas Francas.- El ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones será el responsable de la supervisión y control de las Zonas Francas, y será el encargado de emitir informes técnicos y jurídicos, en los diferentes trámites de declaratoria, aprobación, calificación, modificación y otros de similar naturaleza relacionados a Zonas Francas que se encuentren establecidos en el presente Reglamento; para posterior resolución del CEPAI, cuando lo establezca el procedimiento.

La solicitud debe estar acompañada de los siguientes documentos:

1. Sobre el Usuario Operador

   1. Toda Solicitud de Zona Franca debe contener la solicitud de Usuario Operador;

   2. Original o copias certificadas de la escritura de constitución de la persona jurídica pública, privada o mixta, nacional o extranjera, la cual debe haber sido constituida específicamente para realizar la actividad económica a desarrollar en la Zona Franca, la misma que deberá haber sido constituida a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo;

   3. Solicitud con indicación exacta de la Zona Franca que desea administrar;

   4. Descripción del Capital suscrito y pagado;

   5. Descripción del Objeto social de la persona jurídica - El mismo que deberá ser único y exclusivo y deberá permitir la administración de Zonas Francas, su actividad principal debe ser adquirir, arrendar terrenos, desarrollar infraestructura, vender y/o alquilar instalaciones físicas, prestar servicios de promoción, dirección y administración de Zona Franca. Para las empresas o instituciones públicas, las actividades, atribuciones o finalidades establecidas en sus estatutos, deberán contemplar la administración de Zonas Francas, o la administración en general en actividades análogas o relacionadas considerando la tipología de Zona Franca cuya administración solicita. Tratándose de organismos públicos, se estará a lo dispuesto en la normativa que le sea aplicable, incluyendo los decretos ejecutivos de transferencia de competencias;

   6. Registro Único de Contribuyente de la sociedad o entidad solicitante;

   7. Nombramiento del Representante Legal de la sociedad o entidad solicitante;

   8. Cédula o pasaporte del Representante Legal de la sociedad o entidad solicitante;

   9. Declaración juramentada de que el solicitante y/o sus accionistas mayoritarios, no hayan sido anteriormente Usuario Operador u Usuarios, o administradores u Operadores de un régimen de Zonas Francas o, cuya autorización haya sido revocada, terminada o su registro cancelado por un procedimiento sancionatorio;

   10. Acta de Junta que demuestre que el plan de inversión ha sido aprobado por el directorio y/o por los socios o accionistas de la empresa que pretende ser calificada como Usuario Operador de Zona Franca, cuando corresponda;

   11. Documentos que acrediten su capacidad financiera y/o financiamiento para cumplir con la actividad y cronogramas de inversión en su calidad de Usuario Operador de una Zona Franca;

   12. Plazo de autorización solicitado, que debe ir acorde a lo que contempla la solicitud del plazo de declaratoria para la Zona Franca; y,

   13. Números de contacto y correos electrónicos del Usuario Operador.

2. Plan Maestro de Desarrollo:

   1. Informe Técnico que deberá contener como mínimo:

9. Localización del proyecto;

   ii. Plazo para la ejecución del proyecto, tomando en cuenta el plazo mínimo para la declaratoria de Zonas Francas en el COPCI;

   iii. Planos del terreno con la implantación del proyecto y su respectivo diseño;

   iv. Copias certificadas de la escritura de propiedad del inmueble, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad respectivo, con su respectivo certificado de gravámenes;

22. Acreditar que el terreno cumple con el uso de suelo que implica el proyecto de Zona Franca a ser declarada;

    vi. Justificación de porque el área geográfica fue escogida, su potencial de desarrollo y cómo será atractiva para inversionistas;

    vii. En caso de Zonas Francas Turísticas: indicar características naturales, culturales o empresariales que constituyan el atractivo turístico distintivo o emblemático de la zona, que pueden incluir sus paisajes natural y urbano;

    viii. Descripción general de las edificaciones necesarias para la instalación del Usuario Operador y para la oferta de servicio a los potenciales Usuarios. Medidas de las naves, terrenos y demás instalaciones de infraestructura;

    ix. Determinación de los ODS a cumplir y su cronograma de cumplimiento;

24. Licencia ambiental o estudio de impacto ambiental;

    xi. Cronograma de inversión del Usuario Operador, que se ajustará al plazo de autorización requerido, debiendo reflejar cómo la inversión se proyectará dentro del plazo de su vigencia;

    xii. Descripción de la inversión para la instalación del Usuario Operador: composición, origen y monto, entre otros que establezca este reglamento;

    xiii. Detalle de los potenciales Usuarios Operadores que podrán ser calificados en la Zona Franca, de conformidad con la tipología o tipologías aprobadas, según el estudio de mercado que presenten, se deberán presentar cartas de intención u otro documento de similar naturaleza; y,

    xiv. Detalle de los potenciales servicios de apoyo que serán provistos en la Zona Franca.

    2. Informe Económico deberá contener como mínimo:

9. Descripción de la zona geográfica con sus indicadores sociales, económicos y productivos. La información deberá estar actualizada y podrá contener proyecciones en función de valores históricos. La información deberá ser debidamente referenciada bibliográficamente;

   ii. Generación de economías de escala, con excepción de los prestadores de servicios;

   iii. Aspectos socio-económico del Proyecto;

   iv. Detalle de la generación de plazas de trabajo, directo e indirecto, a generarse por parte del solicitante. Con respecto al empleo directo deberá presentarse un cronograma de generación de empleo especificando los años, y cantidad de plazas de trabajo a ser generado cada año, mientras dure la declaratoria de la Zona Franca;

22. Proyección de estados financieros (balances, estados de resultados, flujos de caja, etc.), los cuales deben ser adjuntados en formato excel (xls);

    vi. Evaluación económica financiera y supuestos utilizados. Cálculos de rentabilidad y retorno de la inversión (VAN, TIR, etc); y,

    vii. Estructura financiera del proyecto: Se debe indicar las fuentes de financiamiento (capital o crédito), y cualquier tipo de certificados que acrediten su capacidad financiera como potencial Usuario Operador.

    3. Informe de Mercado deberá contener como mínimo:

9. Mercado potencial de bienes, servicios, logística y comercial, considerando estudio de factores internos, externos y del entorno;

   ii. Participación esperada en mercados locales e internacionales. Proyección de producción de mercancías, servicios y ventas (locales y exportación). Estos datos deben estar descritos en cantidades y valores monetarios;

   iii. Estrategia de mercado de la Zona Franca, y su relación con potenciales Usuarios;

   iv. Posible competencia que tendrá en la zona geográfica de ubicación de la Zona Franca. En caso de Zonas Francas Turísticas indicar la oferta y demanda turística, competencia turística y ventajas comparativas enfocadas en el turismo;

22. Modelo de negocio del proyecto, como mínimo establecer lo siguiente:

    1. Número de unidades para venta, concesión, arriendo, etc.

    2. Plan de comercialización local e internacional.

    4. Listado preliminar de bienes, equipos y/o materias primas a importar, con la siguiente información:

9. Descripción de los bienes, equipo y/o materias primas, subpartida arancelaria, uso y/o finalidad dentro del giro de negocio, valor aproximado, tributos al comercio exterior que incluyan valor del arancel, valor CIF, IVA, ICE, FODINFA, en caso que existiera;

   ii. Cronograma estimado de importación de cada uno de los bienes, equipos y/o materias primas.

   Los documentos deben ser ingresados con un escrito, indicando la pertinencia de cada uno con relación al requisito, una vez presentada la solicitud los documentos no podrán ser modificados.

   Los requisitos para la declaratoria de la Zona Franca y calificación del Usuario Operador serán únicamente los indicados en la ley y en el presente reglamento. En caso de requerirse una aclaración o ampliación podrá ser únicamente mediante acuerdo ministerial del ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones.

   En caso que las solicitudes estén incompletas, el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones encargado de la supervisión y control de la Zonas Francas, notificará las observaciones al solicitante para que las observaciones sean solventadas en un plazo de un

   (1) mes. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado las observaciones y completado la solicitud, se notificará el archivo de la petición. Las solicitudes archivadas se tendrán como no presentadas.

Cada Zona Franca será calificada con una o varias tipologías. En caso de que el Usuario Operador desee calificar la Zona Franca con más de una tipología o agregar una tipología una vez calificada la Zona Franca deberá:

1. Ingresar una solicitud ante el ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas; y,

2. Señalar la relación que tendrán las 2 actividades económicas en la Zona Franca o su encadenamiento productivo, que justifiquen el tener más de una tipología en una misma Zona Franca.

En caso de existir retrasos en el cumplimiento del cronograma, se deberá presentar el nuevo cronograma de inversión al CEPAI, para que en el término de quince (15) días resuelva con la aprobación o no del mismo, desde que se emitió el informe de viabilidad por medio del ente rector de las inversiones, tendrá el plazo de un (1) mes para realizar el informe de viabilidad desde que se presenta la solicitud por parte del Usuario Operador de la Zona Franca.

El CEPAI deberá emitir una resolución de alcance a la autorización del establecimiento de la Zona Franca con la aprobación del nuevo cronograma de inversión, con las recomendaciones necesarias.

Se podrá solicitar la modificación del cronograma de inversión por parte del Usuario Operador de la Zona Franca ante el CEPAI, las veces que sean necesarias.

En casos de fuerza mayor o caso fortuito, comprobados, el CEPAI podrá, a petición de parte, autorizar el nuevo cronograma de inversión en un término de quince (15) días desde su presentación, sin necesidad de un informe de viabilidad por medio del ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones.

No podrá ser aprobado un proyecto de Zona Franca que no genere plazas de trabajo. El empleo deberá ser nuevo, y no una sustitución de empleo. El CEPAI podrá determinar el número de empleo a ser generado, por medio del ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones.

Sobre el área geográfica de la Zona Franca.- Los límites de las Zonas Francas deberán estar cercados con cerramiento, vallas, verjas o murallas infranqueables con control de vigilancia por cámaras de seguridad (CCTV) o cualquier otro medio tecnológico de mayor alcance, de forma que la entrada y salida de personas, medios de transporte y mercancías, se encuentren permanentemente vigilados y controlados por el Usuario Operador y administración aduanera. Para iniciar con el funcionamiento de una Zona Franca es imperativo cumplir con este requisito.

Las áreas de entrada y salida de las Zonas Francas industriales de bienes y comerciales y logísticas deberán contar con un espacio físico para el funcionamiento de una oficina descentralizada de la Dirección Distrital del SENAE que corresponda. La infraestructura deberá ser adecuada por parte del Usuario Operador de la Zona Franca.

En caso de incumplir con el inciso anterior por parte del Usuario Operador de la Zona Franca, éste se sujetará a lo que señala el literal h) del artículo 50.24 del COPCI y a la sanción correspondiente.

El Usuario Operador deberá enviar un oficio dirigido al ente rector de las inversiones, indicando el motivo, sustento y documentación que demuestre lo solicitado, así como una declaración juramentada.

Permitiendo que pueda parcelar, arrendarlo, concesionario y/o venderlo a los Usuarios a ser calificados en la Zona Franca.

Modificación de la declaratoria de la Zona Franca.- El Usuario Operador de la Zona Franca podrá solicitar al ente rector de las inversiones la modificación de la declaratoria de establecimiento de la Zona Franca por cualquier motivo, en especial por la re-delimitación del área, aumento o disminución del monto de inversión, cronograma de inversión, ampliación o reducción de tipologías, entre otros.

El Usuario Operador deberá presentar una solicitud ante el ministerio rector de las inversiones con la modificación que requiera a la declaratoria y a las condiciones bajo las cuales se aprobó la Zona Franca, donde se deberá incluir la siguiente información:

1. Modificación del Plan Maestro de Desarrollo en su parte pertinente únicamente.

2. Explicar y justificar el motivo y/o finalidad de la modificación.

En caso que las solicitudes estén incompletas, el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones, notificará las observaciones al solicitante para que sean solventadas en el plazo de un (1) mes. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado las observaciones y completado la solicitud, se notificará el archivo de la petición. Las solicitudes archivadas se tendrán como no presentadas.

El CEPAI deberá resolver la modificación de la declaratoria de la Zona Franca, una vez recibido el informe de viabilidad técnico jurídico del ministerio rector de las inversiones, quien tendrá el plazo de un (1) mes desde la presentación de la solicitud por parte del Usuario Operador de la Zona Franca, para la elaboración del informe.

1. Justificación para la prórroga del plazo del establecimiento de la Zona Franca en virtud del Plan Maestro de Desarrollo presentado y aprobado por el CEPAI previamente;

2. Plazo por el que solicita la prórroga del establecimiento de la Zona Franca;

3. Indicar si se realizará nueva inversión, se generarán nuevas plazas de trabajo y como se continuará contribuyendo a los ODS; y,

4. Presentar nuevos cronogramas de inversión y empleo.

En caso que las solicitudes estén incompletas, el ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas, notificará las observaciones al solicitante para que sean solventadas en el plazo de un (1) mes. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado las observaciones y completado la solicitud, se notificará el archivo de la petición. Las solicitudes archivadas se tendrán como no presentadas.

El CEPAI será el encargado de resolver respecto la prórroga del plazo de la declaratoria de la Zona Franca, previo análisis e informe de viabilidad técnico jurídico motivado del ministerio rector de las inversiones, que tendrá plazo de un (1) mes para la elaboración del informe desde la presentación de la solicitud por parte del Usuario Operador de la Zona Franca.

Tanto la resolución favorable del CEPAI, como el Acuerdo Ministerial emitido por el ente rector de las inversiones contendrán la declaratoria de Zona Franca y la calificación del Usuario Operador.

La no presentación de los requisitos y solicitud de Usuario Operador en el momento de solicitud de declaración de Zona Franca es una causal para el archivo de la misma.

La persona jurídica que pretende calificarse como Usuario Operador de una Zona Franca debe encontrarse al día con sus obligaciones en el SRI, IESS, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

En caso de que se desee calificar un nuevo Usuario Operador deberá adjuntarse los mismos requisitos establecidos en el literal a) sobre el Usuario Operador del artículo 107 del presente Reglamento. La solicitud deberá ser presentada por el Usuario Operador que desee cancelar voluntariamente su autorización como Usuario Operador de la Zona Franca, conforme a lo establecido en el siguiente artículo.

1. Solicitud de cancelación voluntaria de autorización de Usuario Operador, la cual contendrá lo siguiente:

9. Intención irrevocable de abandonar el régimen de Zonas Francas de manera voluntaria;

   ii) Razón por la que adopta esta decisión;

2. Plan indicando cómo van a desarticularse como Usuario Operador, sin afectar la operación de los Usuarios en la Zona Franca, especificando la modalidad para la procedencia de la venta y correspondiente transferencia de dominio del inmueble del Usuario Operador en el cual fue declarada la Zona Franca;

3. Solicitud de calificación de nuevo Usuario Operador:

9. Conforme a los requisitos establecidos en el artículo 107, literal a) sobre el Usuario Operador, del presente reglamento.

4. Certificación del servicio nacional de aduana del Ecuador de no mantener ninguna obligación tributaria aduanera o proceso aduanero pendiente, en lo relacionado a la actividad como Usuario Operador de Zona franca;

5. Certificación del SRI de no mantener obligaciones tributarias pendientes, en lo relacionado a la actividad como Usuario Operador de Zona franca; y,

6. La demás información o documentación que establezca el ente competente en materia de Zona Francas o el CEPAI en el procedimiento respectivo.

   Al efecto, una vez receptada la solicitud de cancelación voluntaria, el ente rector de las inversiones procederá con la calificación de un nuevo Usuario Operador notificará al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, una vez receptada la solicitud de cancelación voluntaria, para que se proceda con el manejo de los Usuarios con autorizaciones aún vigentes.

   El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador realizará las gestiones correspondientes para impedir transacciones por parte del Usuario Operador en vías de cancelación, con excepción de las transacciones requeridas para la regularización de la mercancía que al momento de la solicitud de cancelación se encuentren en dicha Zona Franca.

   En el caso de las solicitudes incompletas, el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones notificar á al solicitante las observaciones, para que sean solventadas en un término no mayor a quince (15) días. Vencido el término sin que se haya completado la solicitud, se notificará al solicitante con el archivo de su petición.

   La decisión respecto de la cancelación voluntaria de autorización como Usuario Operador de Zona Franca, se instrumentará a través de una resolución, que incluirá un plazo improrrogable, a fin de que se proceda con la transferencia del nuevo Usuario Operador o la cancelación de toda la zona franca, siguiendo el procedimiento establecido para el caso de cancelación por pedido del Usuario Operador de Zona Franca, expedido por ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas.

   Las solicitudes archivadas se tomarán como no presentadas.

1. Las observaciones a la solicitud no han sido subsanadas en su totalidad o en parte, dentro del plazo previsto en este Reglamento;

2. La solicitud no cumple con los requisitos y obligaciones requeridas; y,

3. No se ha presentado solicitud de calificación de nuevo Usuario Operador de Zona Franca.

El ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas archivará la petición e informará al solicitante. Las solicitudes archivadas se tomarán como no presentadas y podrán ser presentadas nuevamente.

El ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones, previa resolución del CEPAI, emitirá el Acuerdo Ministerial con la aceptación de la cancelación voluntaria del Usuario Operador y la calificación del nuevo Usuario Operador, en un mismo acto administrativo.

La misma que deberá ser publicada en el Registro Oficial y notificada al solicitante, al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y al Servicio de Rentas Internas, para la aplicación y respectiva cancelación de todos los beneficios que contempla el COPCI y este Reglamento.

1. Contar con un sistema informático que se encuentre enlazado al sistema de la administración aduanera y/o de la administración tributaria;

2. Reportar a la administración aduanera cualquier movimiento de mercancías y/o personas que no sean registradas por el operador dentro del sistema informático, a fin que se inicien las investigaciones correspondientes por parte del ente de control;

3. Emitir su reglamento interno, en el que hará constar los requisitos para calificarse como Usuario y prestador de servicios de apoyo dentro de la Zona Franca. Para el caso de las instituciones financieras, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Bancos y la normativa vigente aplicable para las instituciones de este sector;

4. Autorizar a los prestadores de servicios de apoyo y notificarlo al CEPAI;

5. Controlar todo ingreso y salida de bienes y personas hacia y desde una Zona Franca, por parte de los Usuarios y prestadores de servicios de apoyo o soporte, de conformidad con los procedimientos que el Usuario Operador establezca;

6. Llevar control de los inventarios de los Usuarios en su Zona Franca;

7. Llevar control de las ventas realizadas dentro del territorio de la Zona Franca, con la identificación de los compradores; y,

8. Otras de similar naturaleza establecidas en el presente Reglamento.

El documento en mención debe contener como mínimo lo siguiente:

1. Propósito/objetivo;

2. Políticas generales/ funcionamiento dentro de la Zona Franca;

3. Flujo de procesos;

4. Declaración de seguridad y conducta antidrogas;

5. Proceso de autorización de servicios de apoyo e Usuarios en concordancia con el presente Reglamento; y,

6. Otros de similar naturaleza que determine el CEPAI o el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones de Zonas Francas mediante resolución o acuerdo ministerial.

Una vez calificado el Usuario Operador tendrá el plazo de un (1) mes para emitir su reglamento interno y solicitar su respectiva aprobación por parte del ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas.

El ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas deberá revisar el reglamento y emitir sus observaciones en un término máximo de quince (15) días. Cuando el reglamento se encuentre de conformidad con los requerimientos del ente rector, éste notificará al Usuario operador, para que en un término máximo de quince (15) días lo publique en su portal web.

El ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas, llevará un registro de cumplimiento de la presente disposición.

Una vez presentada la solicitud ante el Usuario Operador de la Zona Franca, el Usuario Operador tendrá el término de quince (15) días para hacer observaciones. En caso de no existir observaciones y la solicitud esté completa, el Usuario Operador tendrá un plazo no mayor a un (1) mes para aceptar o rechazar motivadamente sobre la solicitud presentada. El Usuario Operador se reserva su derecho de solicitar ampliaciones o aclaraciones de información al Usuario durante este plazo.

En caso que la solicitud esté incompleta o existan observaciones por parte del Usuario Operador, una vez notificadas las observaciones el Usuario tendrá el plazo máximo de un (1) mes para solventar, subsanar o aclarar cualquier duda que tenga el Usuario Operador.

Una vez recibida la solicitud completa, el Usuario Operador tendrá treinta (30) días de plazo para emitir su resolución motivada respecto a la solicitud del Usuario.

Una vez autorizado el Usuario, el Usuario Operador deberá notificar al ente rector encargado de Zonas Francas, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.

El Usuario Operador en su Reglamento Interno de Zona Franca, podrá extender, aclarar, o agregar requisitos para la autorización de Usuarios en su Zona Franca.

1. Adjuntar RUC que demuestre que su objeto social y giro del negocio es exclusivamente para desarrollar las actividades económicas por las cuales la Zona Franca fue declarada. Las actividades deberán guardar relación con las actividades permitidas de acuerdo con las tipologías declaradas para la Zona Franca;

2. Escritura de constitución de la compañía la cual deberá ser posterior a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, y constituida exclusivamente para desarrollar la actividad económica en la Zona Franca;

3. Nombramiento del Representante Legal del Usuario;

4. Cédula del Representante Legal del Usuario;

5. Acta de Junta que demuestre que el plan de inversión ha sido aprobado por el directorio y/o por los socios o accionistas de la empresa que pretende ser calificada como Usuario de Zona Franca, en caso de aplicar;

6. Área geográfica que requiere para realizar su actividad económica en la Zona Franca;

7. Documentación de soporte que sustente la capacidad y solvencia financiera del solicitante para el desarrollo de su Proyecto, así como demás documentos de acompañamiento que permitan asegurar liquidez para el pago de costos relacionados con el establecimiento, implementación y operación dentro de la Zona Franca;

8. Los demás que el Usuario Operador crea pertinente y sean establecidos en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Zona Franca; y,

9. Los Usuarios extranjeros deberán cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Compañías, sus reglamentos y demás legislación aplicable.

1. Documento de autorización de Usuario emitido por parte del Usuario Operador de la Zona Franca;

2. Registro Único de Contribuyentes del Usuario autorizado;

3. Nombramiento del Representante Legal de la persona jurídica que compone al Usuario;

4. Cédula del Representante Legal de la persona jurídica del Usuario;

5. El objeto social del Usuario deberá guardar relación con las actividades permitidas de acuerdo con las tipologías con las cuales la Zona Franca fue declarada;

6. Título que acredite el uso y goce del área por el tiempo de vigencia de la autorización de la Zona Franca, debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad, o cualquier contrato de arrendamiento, concesión o cualquier otra figura jurídica que permita el uso del espacio que se encuentre dentro de la Zona Franca;

7. Delimitación del área geográfica dentro de la Zona Franca establecida por el Usuario Operador para el Usuario;

8. Documentación de soporte que sustente la capacidad y solvencia financiera del solicitante para el desarrollo de su Proyecto, así como demás documentos de acompañamiento que permitan asegurar liquidez para el pago de costos relacionados con el establecimiento, implementación y operación dentro de la Zona Franca;

9. Declaración juramentada de que el solicitante o sus accionistas mayoritarios, no han sido anteriormente Usuario Operadores o Usuarios del régimen de Zonas Francas o, cuya autorización haya sido revocada, terminada o su calificación haya sido cancelada por un procedimiento sancionatorio; y,

10. Propuesta del Usuario con la cual fue autorizado, la cual debe contener:

1. Plan de negocio y la descripción del proyecto, acompañados de los respectivos flujos explicativos de las operaciones, con arreglo a la tipología o tipologías autorizadas;

2. Estudio de mercado para la internacionalización y/o nacionalización de las mercancías o servicios que el Usuario ejecute; y,

3. Estudios de impacto ambiental respecto al Proyecto que se pretende ejecutar, de conformidad con las tipologías aprobadas, y sus medidas de mitigación.

   Para el caso de solicitudes de Usuarios de Zonas Francas de tipo tecnológico, adicionalmente deberán presentar:

9. Propuesta del Usuario con la cual fue autorizado que contenga lo siguiente:

1. Propuesta de mecanismos de transferencia de tecnología a ser aplicados;

2. Propuesta de inclusión de programas académicos y/o programas de investigación con institutos públicos de investigación o instituciones de educación superior tanto públicas como privadas; y,

3. Propuesta de centro de transferencia de tecnología o área de transferencia de tecnología que planea constituir dentro de la Zona Franca donde operará.

   Una vez autorizado el Usuario por parte del Usuario Operador, tendrá la obligación de notificar al ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas en los siguientes quince días (15 días) para su conocimiento y registro.

1. Verificar que la documentación esté completa en el término máximo de quince (15) días;

2. Publicar la autorización del Usuario en su portal web; y,

3. Notificar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Unidad de Análisis Financiero y Económico y al Servicio de Rentas Internas para la aplicación de todos los incentivos que contiene el COPCI y el presente Reglamento.

En caso de verificarse que el Usuario no cumple con los requisitos para ser Usuario de una Zona Franca, el ente rector de las inversiones solicitará al Usuario Operador que subsane las observaciones en un término máximo de quince (15) días. En caso de no cumplirse con dicha subsanación solicitará que revoque la autorización.

La solicitud de modificación de autorización de Usuarios de Zonas Francas deberá contener los soportes técnicos, legales, financieros y comerciales necesarios para justificar la modificación y/o incorporación de nuevas actividades a desarrollar como Usuario de Zona Franca. Siempre debe ir acorde a la tipología de la Zona Franca con la cual fue declarada.

Entre los soportes comerciales se deberá presentar un análisis del mercado local y/o internacional al que se apunta atender, se deberá presentar la proyección financiera y el cronograma de inversión adicionales a lo presentado en su proyecto de solicitud de autorización como Usuario de Zona Franca.

Así también, el Usuario de la Zona Franca deberá demostrar que su objeto social guarda relación con las actividades que desea desarrollar y por las cuales solicita modificar el alcance de la autorización.

Las actividades que deseen modificarse deberán estar acorde a las tipologías aprobadas dentro de la Zona Franca en la que se encuentra el solicitante; y estar enmarcadas en los objetivos generales y específicos de las Zona Franca determinados por la normativa vigente.

La solicitud de modificación de la autorización de Usuario de Zonas Francas será aceptada o rechazada por el Usuario Operador, y posteriormente notificado al ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas en el término máximo de quince (15) días.

En el caso de que el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones responsable de la supervisión y control de las Zonas Francas verifique que el Usuario no cumple los requisitos para modificación de la autorización, notificar á al Usuario Operador las observaciones, para que sus observaciones sean solventadas en un término no mayor de quince (15) días. En caso de que no subsane las observaciones, el ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas requerirá al Usuario Operador que revoque la modificación a la autorización del Usuario.

La decisión respecto de la solicitud de modificación de la autorización de Usuario de Zona Franca, se instrumentará por el Usuario Operador, misma que deberá ser notificada al ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas, al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y al Servicio de Rentas Internas para la implementación de los incentivos que establece el COPCI y este Reglamento.

En los siguientes cinco (5) días, el Usuario Operador notificará al ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas la solicitud presentada.

Una vez presentada la solicitud, el Usuario no podrá realizar ninguna transacción de ingreso, egreso, exportación, nacionalización, u otras vinculadas con el ingreso o salida de mercancía del espacio autorizado. Al efecto, el ente rector encargado de las Zonas Francas notificará al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Servicio de Rentas Internas y publicará en el registro oficial.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, realizará las gestiones correspondientes para impedir futuras transacciones por parte del Usuario en vías de cancelación voluntaria.

9. Cuando el Usuario realice actividades no permitidas dentro de la Zona Franca o que no estén dentro de su autorización como Usuario; y,

   ii. Cuando se evidencien incumplimientos graves, en relación con las obligaciones determinadas entre Usuario Operador y Usuarios, constantes en los reglamentos internos de cada Zona Franca.

   Para el efecto, el Usuario Operador pedirá autorización previa al ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas. El Usuario Operador de la Zona Franca deberá presentar la siguiente documentación:

   1. Solicitud que deberá contener, al menos lo siguiente:

1. Identificación del Usuario cuya cancelación se solicita;

2. Motivación por la cual se solicita la cancelación de autorización de Usuario;

3. Inventario de las mercancías que el Usuario mantenga en la Zona Franca;

4. Mencionar, en caso que aplique, cualquier acción legal que el Usuario haya interpuesto contra el Usuario Operador para evitar ser objeto de cancelación de su autorización; y,

5. Manifestación de voluntad del Usuario Operador en la que unilateralmente se adopta la decisión de solicitar la cancelación del Usuario en referencia, la que deberá haber sido formalmente notificada a este último.

   Una vez presentada la solicitud con la documentación completa, el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones responsable de la supervisión y control de las Zonas Francas, notificará al Usuario, otorgándole un término de quince (15) días para que presente la documentación de descargo respecto de la solicitud presentada por el Usuario Operador.

   Vencido este plazo y, en caso de evidenciarse que no existe conflicto entre Usuario Operador y Usuario, el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones responsable de la supervisión y control de las Zonas Francas elaborará el informe de viabilidad y emitirá una resolución, misma que será notificada a los interesados.

   En caso de que la resolución sea cancelar la autorización, se deberá notificar a la autoridad aduanera a fin de que ejecute las medidas necesarias para impedir futuras transacciones del Usuario. La resolución contendrá un plazo para regularizar las mercancías que el Usuario mantenga al interior de la Zona Franca, no mayor a seis (6) meses.

Las empresas que se instalen dentro de la Zona Franca deberán cumplir con todas las normas de seguridad y de control que se deriven del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), así como de las directrices que emita el CEPAI y demás normativa secundaria. En el caso de instituciones del sistema financiero privado, nacional o extranjero, deberán obtener la autorización de la Superintendencia de Bancos, que fijará los requisitos que deban cumplir estas empresas.

Los servicios de apoyo complementarios de una Zona Franca industrial de servicio de índole turística son unidades de negocio que coadyuvan al desarrollo operativo de la zona y no son actividades turísticas. Estas dinamizan, facilitan o mejoran el desarrollo operativo de la misma, integrando servicios complementarios entre sí.

El Usuario Operador establecerá en su Reglamento Interno de Funcionamiento de la Zona Franca los requisitos y proceso a seguir para su autorización y retiro de autorización en la Zona Franca.

El Usuario Operador de la Zona Franca deberá notificar al ente rector encargado de las Zonas Francas, para su respectivo registro la autorización de servidores de apoyo en la Zona Franca, en los siguientes 15 días desde su aprobación. Así como su respectivo retiro de autorización de los servidores de apoyo.

El ente rector encargado de las Zonas Francas, deberá verificar que por lo menos el ochenta por ciento (80%) del personal de servicios de apoyo sea de nacionalidad ecuatoriana.

El ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones, encargado del Control de Zonas Francas, estará encargado de llevar un registro de los servicios de apoyo en las Zonas Francas, con su respectivo plazo de autorización y personal contratado.

Para la celebración de este tipo de contratos, se deberán cumplir las formalidades que se establezcan en la normativa aplicable vigente.

Registro de contratista de ingeniería, procura y construcción.- El Usuario Operador y Usuario de Zona Franca, una vez que se hayan cumplido las formalidades para la celebración de este tipo de contratación, de conformidad con la normativa aplicable, solicitará el registro de la misma ante el ente rector de las inversiones, quien remitirá la solicitud de registro al ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones de la supervisión y control de las Zonas Francas; esto con la finalidad que se reconozcan los mismos beneficios que gozan los contratantes en materia de importaciones, siempre que estas importaciones sean destinadas a la ejecución exclusivamente de estos contratos y que las mismas se mantengan dentro del área declarada como Zona Franca.

La solicitud de registro deberá contener la siguiente información:

1. Descripción general del proyecto donde se especifique en qué etapa se ejecutará la actividad en la Zona Franca (diseño o construcción);

2. Cronograma de ejecución del contrato;

3. Tiempo durante el cual el contratista realizará la actividad dentro de Zona Franca;

4. Detalle de los materiales e insumos que utilizará; y,

5. El uso y destinó que se prevé los bienes e insumos que serán importados.

El ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones elaborará el correspondiente Informe de viabilidad con la evaluación del cumplimiento de los requisitos para el registro de este tipo de contratos. El ente rector de las inversiones notificará el registro Servicio de Rentas Internas y a la parte interesada.

La solicitud de registro de contratista de ingeniería, procura y construcción será resuelta por el ente rector de las inversiones en un plazo de un (1) mes contado a partir de su recepción. Vencido este plazo, la solicitud se entenderá como aceptada.

En el caso de las solicitudes incompletas, se notificará al solicitante para que las observaciones sean solventadas en un término de quince (15) días. Vencido el término sin que se haya completado la solicitud, se notificará al solicitante con el archivo de su petición.

Las solicitudes archivadas se tomarán como no presentadas.

Base de datos de los Contratos de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC).- El ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones, es la responsable de mantener una base de datos actualizada de los Contratos de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) registrados, en la cual se indicará fecha de suscripción del contrato, detalle de la empresa contratista y contratante, el periodo de duración del contrato IPC, y la etapa en la que se ejecutará la actividad en la Zona Franca (diseño o construcción).

En dicha solicitud manifestará su voluntad de terminar la concesión de Zona Especial de Desarrollo Económico y proceder a la transición de forma voluntaria a la normativa vigente de Zonas Francas. Las ZEDES y Zonas Francas que deseen proceder a la transición al nuevo régimen de Zonas Francas deberán manifestar su voluntad de renunciar a su régimen e incentivos que mantienen actualmente.

El ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas procederá a revisar la solicitud, así como los requisitos y documentos presentados por el solicitante en un plazo máximo de un (1) mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del presente Reglamento.

En caso de que el ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas identifique observaciones en la solicitud y sus anexos, le otorgará un término de quince (15) días al interesado para que proceda con la subsanación de las mismas. Si el solicitante no atiende las observaciones en dicho plazo, se archivará el trámite, considerándolo como no presentado, permitiendo al solicitante presentar una nueva solicitud en el futuro. El trámite podrá ser archivado si el solicitante no completa las observaciones en el segundo pedido de subsanación del ente rector de las inversiones.

En caso de que la solicitud se encuentre de conformidad con los requisitos establecidos, el ente rector de las inversiones encargado de las Zonas Francas, procederá con la emisión del informe técnico legal para la declaratoria de Zona Franca y para la calificación del Usuario Operador. Para la emisión de dicho informe se considerará el informe anual de inspección de la ZEDE o Zona Franca.

En caso de que la ZEDE o Zona Franca no haya recibido el informe anual e inspección por parte del ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones en los últimos 6 meses, se deberá llevar a cabo esta inspección, previo a la transición al nuevo régimen de Zonas Francas. Así mismo, por medio del ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones verificará que hayan subsanado las observaciones realizadas en la última inspección.

En este proceso, el trámite no será remitido al ente rector de la actividad económica de la Zona Franca o ZEDE, para el pronunciamiento sobre cómo el proyecto contribuye para alcanzar los objetivos establecidos en los instrumentos de planificación nacional.

El informe técnico legal será puesto en conocimiento del CEPAI para que emita su dictamen respectivo.

Posteriormente, el ente rector de las inversiones expedirá un Acuerdo Ministerial aprobando la transición de la ZEDE o Zona Franca, así como la autorización de su Usuario Operador.

El ente rector de las inversiones notificará el acuerdo ministerial al SRI y SENAE.

1. Informe de cumplimiento o avance del plan con el cual obtuvo su declaración de Zona Franca o ZEDE, o en su defecto el explicar cómo reactivará el plan. Incluir lo siguiente:

1. Cronograma de inversión por el tiempo de la calificación, debiendo reflejar cómo la inversión será realizada cada año. En el caso de que existan aún montos de inversión no ejecutados por encontrarse transcurriendo el plazo previsto en su plan de negocio propuesto al tiempo de otorgamiento de la concesión como Zona Franca o zona especial de desarrollo, deberá expresarlo en su solicitud. Debe existir compromiso de inversión adicional nueva, en caso de requerirse;

2. Plazo para la ejecución del proyecto, deberá ser como mínimo el establecido para la declaratoria de una nueva Zona Franca;

3. El administrador que pretende calificarse como Usuario Operador deberá contar con objeto social único y exclusivo que le permita arrendar, adquirir terrenos, desarrollar su infraestructura, vender y/o alquilar instalaciones físicas, prestar servicios de promoción, dirección, y administración de Zonas Francas. En casos excepcionales se podrá justificar motivadamente la imposibilidad de tener un objeto social único y exclusivo, lo cual deberá ser debidamente aprobado por el ente rector de las inversiones;

4. Descripción completa del proyecto de administración, con la determinación de la tipología o tipologías aprobadas, en caso de tener más de una tipología aprobada deberá indicar la necesidad de tener 2 tipologías para ejecutar el proyecto y/o el encadenamiento productivo;

5. Descripción de la inversión para la instalación del Usuario Operador: composición, origen y monto, entre otros, en caso de que se requiera nueva;

6. Detallar los Usuarios y/o operadores de la zona especial de desarrollo o Zona Franca que actualmente operan en sus instalaciones y si estos continuarán en actividad como Usuarios operadores de la Zona Franca, para lo cual presentarán una declaración juramentada de cada Usuario u operador manifestando su voluntad de acogerse al esquema Zona Franca vigente en calidad de Usuario;

7. Potenciales Usuarios, deberán incluir descripción de posibles Usuarios, cartas de intención y cómo se promoverá el proyecto, de conformidad con la tipología o tipologías aprobadas, según el estudio de mercado que presenten, en caso de tener nuevos que pretendan autorizar para cumplir su planificación y proyecto;

8. Detalle de la generación de plazas de trabajo, directo e indirecto, a generarse por parte del solicitante, que deberá incluirse en un cronograma de generación de empleo durante duración del plazo de calificación;

9. Detalle de los potenciales servicios de apoyo que serán provistos en la Zona Franca, en caso de tener nuevos no plasmados en el proyecto original;

10. Copias certificadas de la escritura de propiedad o contrato de arrendamiento inscrito en el Registro de la Propiedad y su respectivo certificado de gravámenes; y,

11. Determinación de los ODS a cumplir y su cronograma de cumplimiento.

Las ZEDES que contaban con administradores públicos, podrán hacer la transición de forma opcional y voluntaria al régimen de Zonas Francas de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, para el efecto tendrán un plazo de 6 meses.

Todo proceso de salida de mercancías del Territorio Nacional a una Zona Franca se considera una exportación. Los Usuarios Operadores y Usuarios que realicen compras de mercancías en el Territorio Nacional y las ingresen a las Zonas Francas podrán gozar de la devolución del IVA en compras locales a ser calificados como exportadores habituales.

1. Descripción detallada de la mercancía;

2. Documento de transporte, salvo que la mercancía que ingresa se movilice por sus propios medios;

3. Factura Comercial que acredite el valor de la compraventa de la mercancía desde Terceros Países, o el Incoterm negociado, o cualquier otro documento que acredite el valor de los bienes;

4. Póliza de seguro que acredite el costo por concepto de seguro de transporte, en caso de existir; y,

5. Certificado de origen, en caso de existir.

En caso de no disponer de la póliza de seguro que acredite el correspondiente costo por concepto de seguro de transporte, se incorporará al valor de las mercancías consignado en la solicitud de ingreso, de conformidad con el costo presuntivo establecido para el seguro de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento al título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

El valor de las mercancías consignado en la solicitud de ingreso que el Usuario presente al Usuario Operador, deberá regirse a lo establecido en el artículo 110 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

En caso de que no se cumpla con alguno de estos requisitos, el Usuario Operador se reserva su derecho de denegar el ingreso de las mercancías y deberá informar al Servicio Nacional de Aduanas sobre la novedad presentada.

Los Usuarios de servicios deberán únicamente inventariar sus mobiliarios y objetos de uso personal.

El ingreso de mercancías desde Terceros Países a una Zona Franca se realizará como una operación de traslado, de conformidad con las disposiciones que para el efecto dicte el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, salvo el caso de descargas directas en el que bastará el registro de ingreso a la Zona Franca en el sistema informático aduanero, de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa aduanera vigente.

1. Descripción detallada de la mercancía, con indicación de su clasificación arancelaria; y,

2. Factura comercial o documento que respalde el valor de la transacción.

Los Usuarios Operadores y Usuarios que realicen compras de mercancías en el Territorio Nacional y las ingresen a las Zonas Francas podrán gozar de la devolución del IVA en compras locales a ser calificados como exportadores habituales.

Deberán contar con un sistema informático calificado y aprobado por el ente rector de las inversiones, que les permita mantener vínculo digital o electrónico con la SENAE.

El ente rector de las inversiones fijará el plazo para que el usuario operador adquiera un equipo de inspección no intrusiva.

El Usuario Operador deberá cotejar que la información que transmitió el Usuario de forma electrónica sea concordante con la actividad autorizada.

En caso de necesitar ampliar el listado de mercancías y bienes, deberá remitir una notificación por medio del ente rector encargado de la producción, comercio exterior e inversiones, para que pueda registrar la modificación y/o ampliación.

El ente rector encargado de la producción, comercio exterior e inversiones podrá observar dicho listado con un informe técnico donde justifique la inconformidad de los bienes respecto a la actividad del Usuario Operador.

El CEPAI tendrá quince (15) días de plazo para conocer el informe técnico de negativa de registro de la modificación y/o ampliación del listado de mercancías y bienes que requiere el Usuario Operador. El ente rector de las inversiones deberá notificar al Usuario Operador para que en un plazo de un (1) mes presente la justificación de la modificación y/o ampliación del listado de mercancías y bienes. Posterior a esto, el ente rector de las inversiones mediante informe recomendará al CEPAI acoger o no la incorporación solicitada para lo cual el CEPAI tendrá quince (15) días término para resolver el pedido del Usuario Operador, debiendo notificar su decisión al Usuario Operador y al ente rector encargado de la producción, comercio exterior e inversiones.

En el caso de las Zonas Francas que realicen actividades industriales vinculadas a servicios, comercio y logística, están obligadas a presentar la matriz de producto de acuerdo con las regulaciones establecidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para este propósito.

En tal sentido, el Usuario Operador mantendrá en el archivo electrónico que está obligado a llevar, un registro completo, tanto de documentos electrónicos como de datos ingresados a su sistema informático, de todas las correcciones autorizadas por faltantes, sobrantes y de los ajustes autorizados.

1. Fecha y hora de salida de las mercancías de la Zona Franca;

2. Información del transportista y descripción del medio de transporte por el que se trasladarán las mercancías;

3. País o puerto de destino en el exterior;

4. Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador desde donde se realizará el embarque con destino al Tercer País, de corresponder;

5. Valor referencial de las mercancías;

6. Descripción general de las mercancías; y,

7. Nota de pedido del consignatario en el exterior o factura comercial de venta, cuando se cuente con ella.

Para efectos de cumplir con el requisito del literal e) del presente artículo, se atenderá a las circunstancias especiales en que, por disposición de otras normas, se regule los precios de mercancías de exportación.

Si no se cumple con alguno de estos requisitos, el Usuario Operador se reserva su derecho de no autorizar la salida de las mercancías.

En el caso de salida de partes y/o piezas de equipos y maquinarias que fueron ingresados a la Zona Franca desde Terceros Países o Territorio Nacional formando parte de dichos bienes, y considerando que la reparación se requiere únicamente para la pieza y no para el equipo completo, se presentará como requisito habilitante para la salida de la Zona Franca únicamente la factura de compra del equipo del cual forma parte y bajo la que ingresó. Para su regreso a la Zona Franca el documento habilitante será la factura de la reparación/mantenimiento/calibración. Este movimiento será registrado en el sistema informático aduanero en la opción habilitada para tal efecto.

Los equipos y bienes que ingresaron temporalmente a territorio nacional para reparación, mantenimiento o calibración podrán quedarse en territorio nacional hasta noventa (90) días, los cuales podrán ser prorrogables por noventa (90) días más y luego deberán ser devueltos a las Zonas Francas.

El ingreso de las mercancías a la Zona Franca está libre del pago de tributos al comercio exterior.

Los Usuarios deberán justificar al Usuario Operador dichos movimientos de mercancías y como contribuyen a sus procesos industriales o de servicios. Los Usuarios Operadores serán encargados de controlar y llevar registro de los ingresos y salidas de mercancías entre Zonas Francas. El ente rector encargado de las Zonas Francas podrá realizar inspecciones, y revisar dicha información en cualquier momento.

Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a que el Usuario Operador otorgue la autorización de salida de la Zona Franca al Usuario, este último le presentará el documento de transporte que ampare la salida de las mercancías con destino a Terceros Países y la factura comercial o el documento que respalde la transacción, a fin de regularizar y concluir el proceso.

Deberán aparejar a la factura, la orden de servicio mediante la cual el tercero propietario de las mercancías formuló el requerimiento de servicio al Usuario o el correspondiente instrumento legal y/o comercial que ampare las operaciones de los servicios.

Si el Usuario de servicios logísticos da tratamiento a mercancía de su propiedad, la factura comercial que se presente al Usuario Operador será la que respalde la transacción comercial con el comprador en Terceros Países o Territorio Nacional.

Prestación de servicios logísticos.- Dentro del término de diez (10) días, el Usuario, a excepción del Usuario que presta servicios logísticos, podrá presentar al Usuario Operador correcciones o ajustes a la información consignada en la solicitud de salida de Zona Franca; sin perjuicio de las modificaciones que se deban realizar en el sistema informático aduanero, para lo cual se sujetará a lo que establezca la normativa aduanera emitida para el efecto.

En el caso de los Usuarios que prestan servicios logísticos, el valor que consignen en la solicitud de salida de las mercancías de terceros, será el que declare el propietario de éstas en el documento por el cual formuló el requerimiento del servicio.

En el evento de que la mercancía salga de una Zona Franca con destino a Terceros Países, sin que ésta deba movilizarse a un recinto portuario, aeroportuario o frontera determinada, la salida de la mercancía se realizará conforme el procedimiento que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador dicte para el efecto.

La operación de traslado se regirá por lo que establece el COPCI y demás normativas pertinentes.

Mercancía destinada al Usuario.- Para el ingreso a Zona Franca de mercancías destinadas a un Usuario que presta servicios logísticos para ser empleadas en los procesos autorizados, se efectuará mediante la presentación de una Orden de servicio expedida por el propietario de la mercancía que recibirá tratamiento logístico por parte del Usuario, documento en el que constarán los datos siguientes, principalmente:

1. Identificación del requirente del servicio logístico;

2. RUC del requirente del servicio logístico;

3. Detalle del servicio logístico a ser prestado (mismo que debe ajustarse a la descripción de procesos autorizados al Usuario); y,

4. Fecha de ingreso de las mercancías.

La Orden de Servicio se sujetará al procedimiento interno y formato que al respecto establezca el Usuario Operador de la Zona Franca.

Ingreso a la Zona Franca para concluir un régimen aduanero.- Pueden ingresar a la Zona Franca, bienes de capital o mercancías con la finalidad de concluir un régimen aduanero suspensivo o liberatorio del pago de tributos al comercio exterior, se presentará la declaración aduanera de exportación correspondiente como documento habilitante para gestionar el cierre del régimen suspensivo o liberatorio bajo el que estuvieron amparados los bienes o mercancías.

Las mercancías que ingresaron a una Zona Franca con la finalidad de concluir un régimen aduanero suspensivo o liberatorio del pago de tributos al comercio exterior, que precisen ser devueltas total o parcialmente al territorio nacional, por razones de calidad o funcionamiento, para ser sustituidas por otras semejantes, podrán salir de la Zona Franca para su reemplazo dentro del plazo que determina la normativa que regula el régimen aduanero suspensivo o liberatorio.

Si el plazo para efectuar la devolución de las mercancías se hubiere vencido, el Usuario de la Zona Franca podrá proceder con el cambio de destino o de régimen.

La salida de la mercancía de la Zona Franca se registrará en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la cual estará sustentada por la Declaración Aduanera de Exportación que amparo el ingreso de dicha mercancía, sin perjuicio de la solicitud de salida que deberá realizar el Usuario de la Zona Franca aprobada por el Usuario Operador. Dicha salida no será considerada una exportación, y se efectuará conforme al procedimiento que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador establezca para el efecto.

La entrada de bienes o mercancías a Zona Franca que fueron devueltas por razones de calidad o funcionamiento no se considera una exportación y. Su tratamiento será regulado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, mediante un trámite simplificado para este régimen especial.

Bienes y mercancías no empleados en los procesos productivos.- Siempre que no sean empleados en los procesos productivos autorizados, los bienes y mercancías que se encuentren en Territorio nacional destinados al uso y/o consumo de los Usuarios, ingresarán a la Zona Franca con la autorización del Usuario Operador, previo a la correspondiente solicitud de ingreso que formule el Usuario, sin que se requiera el cumplimiento de ningún tipo de formalidad aduanera. Esta autorización será otorgada y registrada por el Usuario Operador por medios electrónicos.

Los Usuarios Operadores realizarán, por medios electrónicos, el registro correspondiente de los bienes y mercancías provenientes del Territorio Nacional destinados para su uso y/o consumo del Usuario Operador o Usuario.

Los Usuarios Operadores reportarán trimestralmente al ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones responsable de la supervisión y control de las Zonas Francas, los ingresos de estos bienes y mercancías, efectuados por ellos y los Usuarios.

Este proceso seguirá, tanto en la autorización como en el registro, los procedimientos y las obligaciones que determinen los Reglamentos internos de Funcionamiento de la Zona Franca.

El ingreso de estos bienes y mercancías serán notificados a la aduana, únicamente para temas informativos, es obligación del Usuario Operador mantenerlos en su registro.

Los prestadores de servicios de apoyo o soporte no gozarán de los beneficios tributarios de Zona Franca, ni del crédito tributario por el impuesto del valor agregado que dispensa la Ley de Régimen Tributario Interno a los Usuarios Operadores y Usuarios de Zona Franca, ni ningún otro beneficio tributario que establezca el COPCI para las Zonas Francas.

Los Usuarios Operadores serían los encargados de implementar los controles y llevar los registros necesarios. Los Usuarios que realicen actividades logísticas podrán almacenar el 100% de la carga y los propietarios de estas mercancías podrán posteriormente ingresarlas al territorio nacional, cumpliendo todas las obligaciones aduaneras y tributarias.

Los Usuarios que realicen actividades de servicios podrán brindar sus servicios a ecuatorianos y extranjeros sin restricción alguna, cumpliendo con todas las obligaciones tributarias, y normativa vigente de la actividad económica del servicio a brindarse.

Los bienes de capital de Terceros Países utilizados dentro de una Zona Franca que requieran ser nacionalizados, para efectos de su valor comercial presente, se deberá aplicar las normas internacionales contables (NIIF) para la depreciación de la misma y se tomará su valor residual como base imponible para el cálculo de los tributos al comercio exterior correspondientes.

Para la nacionalización de mercancías procesadas dentro de una Zona Franca, el Usuario Operador requerirá al Usuario toda información y documentos que sirvan de soporte para la declaración aduanera de importación. En el momento de salida de la Zona Franca al territorio nacional, estas mercancías recibirán el tratamiento de nacionales.

Los Usuarios que realicen procesos de transformación y que cumplan con el requisito de salto de partida, podrán nacionalizar toda la mercancía producida en la Zona Franca., cumpliendo con el pago de los tributos al comercio exterior, en la forma y plazos de conformidad con la norma aplicable.

Las mercancías que hayan obtenido la calidad de originarias de Ecuador, previo a su salida al territorio nacional, deberán cumplir con todos los requisitos de comercialización exigidos en la normativa vigente.

Las mercancías que ingresen a las instalaciones de Usuarios logísticos de la Zona Franca, podrán ser nacionalizadas por parte de los importadores propietarios y/o consignatarios de la carga, previo el cumplimiento de las formalidades y tributos aduaneros, conforme el procedimiento que se establezca en el Reglamento, las Resoluciones del Comité de Comercio Exterior y del CEPAI.

Si la mercancía que ingresó a una Zona Franca desde terceros países fue sometida a operaciones de transformación pero no ganó la condición de originaria, podrá nacionalizarse siguiendo las regulaciones que dicte para el efecto el ente rector de las inversiones, y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en el ámbito de sus competencias, considerando cada una de las subpartidas arancelarias de los componentes importados y su valor en aduana registrado por el Usuario Operador al tiempo del ingreso a la Zona Franca.

Esta autorización será transmitida electrónicamente al SENAE.

El mismo tratamiento descrito en el presente artículo se dará a los materiales, insumos y/o materia prima nacionales o nacionalizadas que ingresen a Zona Franca para ser empleados en las operaciones autorizadas que, por condiciones comerciales, de calidad, presentación o estado deberían devolverse al territorio nacional para su reemplazo.

Tratamiento logístico.- En el caso de los Usuarios de servicios logísticos que ingresan a la Zona Franca, las mercancías nacionales o nacionalizadas desde territorio nacional para recibir tratamiento logístico para su posterior envió a terceros países que, por razones de calidad, presentación o estado no están aptas para el efecto, serán consideradas rechazos y deberán abandonar la Zona Franca dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su identificación, amparadas únicamente en la autorización que respaldó su ingreso a la Zona Franca, sin perjuicio de que, toda vez reemplazadas las mercancías denominadas "rechazo", se realice el ajuste correspondiente a la autorización de ingreso.

Bienes de capital.- Los bienes de capital consistentes en maquinarias y/o equipos, ya sean de origen nacional o extranjero, o hayan sido nacionalizados, que sean ingresados a la Zona Franca por Usuarios Operadores y Usuarios, para ser empleados en actividades autorizadas, podrán ingresar al territorio nacional de manera temporal, para ser objeto de reparaciones y/o mantenimiento, sin necesidad de cumplir las formalidades y requisitos establecidos por la normativa aduanera vigente.

Las actividades de reparación y/o mantenimiento deberán realizarse en un plazo de hasta seis (6) meses, sin posibilidad de prórroga alguna, siempre y cuando el Usuario Operador o Usuarios al menos tres (3) días término antes de la culminación de dicho periodo, no haya manifestado mediante oficio y con las debidas justificaciones ante el SENAE la imposibilidad de retornar a la Zona Franca. Se podrá otorgar una única prórroga por un término que no podrá superar seis (6) meses adicionales, si el Usuario Operador o Usuario notifican y justifican al SENAE con anticipación que no se han podido culminar las reparaciones y/o mantenimientos requeridos.

Finalizado el plazo deberán retornar los bienes al extranjero o a territorio nacional y/o seguir el proceso de nacionalización.

En caso de que los bienes permanezcan en territorio aduanero nacional de forma definitiva, serán considerados como una importación ordinaria y deberán cumplir las formalidades aduaneras.

En caso de que contengan insumos ecuatorianos y extranjeros, estarán exentos proporcionalmente, de conformidad a lo que establece la normativa aduanera.

El traspaso de mercancías entre Zonas Francas será regulado de conformidad con las disposiciones que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador dicte para el efecto y estará exento del pago de tributos al comercio exterior.

Los productos resultantes de la prestación de servicios, que salgan de una Zona Franca Turística a territorio nacional por parte de turista nacional o extranjero para su consumo personal, estarán exentos de control aduanero, o formalidades aduaneras.

Para el caso de las Zonas Francas Industriales de servicios turísticos, los productos de acogida tales como: artículos de remembranza de marca, artículos de limpieza personal, artículos de cuidado personal, artículos de papelería y cualquier otro artículo que sea entregado directamente al turista nacional o extranjero para su consumo personal, sin valor comercial, no recibirán el tratamiento normal de procedimiento aduanero.

Mercancías como los insumos y suministros de limpieza y mantenimiento preventivo, detergentes, jabones, suavizantes, desinfectantes, aceites, papel higiénico, toallas de papel, abonos, fertilizantes, desodorantes ambientales, repelentes, químicos, disolventes, pinturas y demás afines tampoco recibirán el tratamiento normal de procedimiento aduanero de salida de mercancías, considerando que los mismos serán consumidos dentro de la zona delimitada como Zona Franca facilitando la prestación del servicio turístico.

El control aduanero, únicamente en el caso de las mercancías, podrá efectuarse previo al ingreso, durante la permanencia de las mercancías en la zona franca o con posterioridad a su salida. El control aduanero a las personas y medios de transporte solo podrá darse durante el ingreso y salida de éstos de la Zona Franca.

Los procedimientos que para el control establezca la administración aduanera no constituirán obstáculo para el comercio exterior, el flujo de los procesos productivos de las actividades que se desarrollen en las Zonas Francas, ni limitar el libre acceso y tránsito para quienes accedan en calidad de usuarios de los servicios turísticos y deberán ser simplificados para el ingreso y salida de mercancías en estos territorios.

Para el caso de las zonas francas de servicios turísticos, sobre los productos de acogida consumibles tales como: artículos de remembranza de marca, artículos de limpieza personal, artículos de cuidado personal, artículos de papelería y cualquier otro artículo que sea entregado directamente al turista nacional o extranjero para su consumo personal, sin valor comercial, el control aduanero se verificará a través del reporte que genere el administrador de la zona franca, con el detalle de los bienes consumidos.

La Administración Aduanera y el ente rector responsable de la supervisión y control de las Zonas Francas, serán los directos responsables del control de las Zonas Francas autorizadas, sus Usuarios Operadores, Usuarios, Contratistas de ingeniería, procura y construcción, así como de las gestiones que cualquier otro agente realice dentro de ella, de conformidad con el ámbito de sus competencias.

Los entes de control velarán por las gestiones que realicen los sujetos dentro de Zona Franca. Como primera opción se impone controles por medios no intrusivos, para lo que se podrá privilegiar la aplicación de herramientas tecnológicas, de perfilación de riesgo, revisiones documentales, y demás que sean aplicables para el caso en concreto.

En tal sentido, deberán velar por el debido cumplimiento de las obligaciones que mantengan ante las entidades de control y formalidades.

Los Usuarios Operadores de Zonas Francas estarán sujetos a la supervisión y control directo del ente rector de las inversiones encargado de la supervisión y control de las Zonas Francas. Los Usuarios Operadores deberán responder además ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, a quienes prestarán la colaboración necesaria para el desarrollo de sus actividades de control.

Serán responsables solidarios de todo movimiento que implique ingreso o salida de bienes hacia o desde la Zona Franca.

Controlarán que todos los Usuarios y prestadores de servicio de apoyo cumplan con las disposiciones legales vigentes, así como toda normativa que se expida y que haga referencia a su operación dentro del esquema de Zonas Francas.

Para el ejercicio de su actividad, los Usuarios Operadores de Zonas Francas deberán emitir los reglamentos internos correspondientes, los que serán de cumplimiento obligatorio para Usuarios, Prestadores de Servicio de Apoyo y demás personal que desarrolle en actividades dentro de la Zona Franca.

Los Usuarios de Zona Franca están obligados a brindar la colaboración requerida por el Usuario Operador y los entes de control correspondientes, en el ejercicio de su facultad fiscalizadora.

En tal sentido, su ejercicio de fiscalización se sujetará a las disposiciones del Usuario Operador, sin perjuicio de las estipulaciones del reglamento interno.

Para el efecto, se podrán gestionar auditorias de procesos, revisión de contabilidad, y demás acciones encaminadas a evidenciar que la característica atribuida a estas mercancías, de conformidad con los parámetros establecidos de valor agregado nacional, según lo que dicte el CEPAI.

Las gestiones operativas, controles e inspecciones realizadas por los funcionarios del SENAE se realizarán en todos los espacios que sean requeridos por la Administración Aduanera. En tal sentido, todos estos espacios de control deberán ser acondicionados por el Usuario Operador y/o los Usuarios, según corresponda cada caso, de conformidad con los tipos de control aplicables.

1. Inventarios de los Usuarios de la Zona Franca;

2. Transacciones libres de impuesto realizadas en Zonas Francas;

3. Los cuadros de integración de las materias primas que van a ser convertidas en productos intermedios o finales en las Zonas Francas;

4. Las operaciones de procesamiento parcial a las que se refiere la normativa legal; y,

5. Las ventas realizadas dentro del territorio de la Zona Franca, con la identificación de los compradores.

El Usuario Operador será responsable de reportar lo siguiente al ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones.

Los aspectos objeto de evaluación están orientados a determinar los niveles de cumplimiento de los objetivos específicos de las Zonas Francas, definidos en el presente Reglamento y en el COPCI.

Los puntos evaluados tienen directa relación con el proyecto planteado al tiempo de solicitar el otorgamiento de la calificación de Zona Franca y de Usuario Operador.

El Usuario Operador podrá determinar los mecanismos de control que estime necesario para evaluar la gestión de los Usuarios en la Zona Franca.

La fecha máxima de presentación del presente informe es el 31 de diciembre de cada año.

Los puntos principales de evaluación considerarán los rubros siguientes, de acuerdo a las actividades y según las tipologías autorizadas:

1. Niveles de inversión ejecutada.

2. Exportaciones.

3. Empleo generado.

4. Desarrollo tecnológico.

5. Encadenamientos productivos.

Los puntos evaluados en la aplicación de estos procesos de control, permitirán determinar indicadores de gestión anuales, a fin de establecer la procedencia de mantener el otorgamiento de los incentivos tributarios que establece el Código de la Producción, Comercio e Inversiones.

Una vez realizada la visita y revisado el informe anual del Usuario Operador de la Zona Franca, el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones emitirá un informe de cumplimiento o con observaciones dirigidas al Usuario Operador. El Usuario Operador tendrá el plazo de un mes para dar respuesta a dicho informe, subsanando las observaciones o presentando un plan y cronograma de cómo lo realizará.

Dicha garantía deberá ser presentada dentro de un plazo no mayor a dos meses desde la notificación de declaratoria y calificación como Usuarios Operadores de Zona Franca.

Para el efecto, las garantías se calcularán de la siguiente forma:

1. Para el primer año: el valor de la garantía será del 5% del promedio anual de inversiones establecido en el cronograma de inversión, estos porcentajes podrán ser revisados por el ente rector de las inversiones.

2. A partir del segundo año: el valor de la garantía será del 10% del monto real registrado por ingresos de mercancías realizados durante el primer año de operación. Deberá ser presentado un (1) mes antes de finalizar el periodo anual de operación. Estos porcentajes podrán ser revisados por el ente rector de las inversiones.

La renovación de la garantía deberá presentarse previo al vencimiento de la garantía inicialmente rendida, caso contrario podrán iniciarse los procedimientos sancionatorios correspondientes. El incumplimiento de esta disposición corresponde al cometimiento de la infracción leve tipificada en el literal b) del artículo 50.24 de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.

Una vez presentada la garantía el Usuario Operador notificará este hecho al ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones.

La garantía será rendida conforme a las disposiciones que emita el ente rector de las inversiones y/o las que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dicte para el efecto.

Esta garantía deberá ser presentada dentro de un plazo no mayor a un mes desde la notificación de autorización de Usuario y su respectiva respuesta favorable del CEPAI.

El primer año la garantía deberá ser el 5% del monto de la mercancía proyectada a ser movilizada por el Usuario. A partir del segundo año el valor de la garantía será del 5% del monto real registrado por ingresos de mercancías durante el primer año de operación. La garantía específica del usuario a favor del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador deberá ser presentada un (1) mes antes de finalizar el periodo anual de operación. Estos porcentajes podrán ser revisados por el ente rector de las inversiones a petición del Servicio Nacional de Aduana.

El Usuario podrá solicitar al Usuario Operador que su garantía cubra su movilización de mercancías. En este caso, la garantía del Usuario deberá cubrir únicamente lo que no esté cubierto con la garantía general del Usuario Operador.

La renovación de la garantía deberá presentarse previo al vencimiento de la garantía inicialmente rendida; caso contrario, se iniciarán los procedimientos sancionatorios correspondientes.

Una vez presentada la garantía deberá ser notificado al ente rector de las inversiones.

En todo lo que no esté expresamente señalado, se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo.

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o a petición de parte, ambos con un informe elaborado por el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones. Dicho informe contendrá el análisis, conclusiones y las presuntas infracciones que se hayan incurrido.

Una vez recibido el informe por el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones, el CEPAI abrirá un expediente respecto a las presuntas infracciones incurridas, que será notificado al administrado y se abrirá el término de presentación de descargos por quince (15) días, contados desde el día siguiente de la notificación.

Vencido el término de descargos el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones, revisará los descargos presentados y emitirá un informe técnico motivado y vinculante. El CEPAI deberá resolver motivadamente, con el tipo de infracción, y el tipo de sanción a ser aplicado, con base al informe elaborado por el ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones encargado de Zonas Francas.

La Resolución deberá ser debidamente notificada al administrado y a todos los entes involucrados.

Si el CEPAI resuelve sancionar al administrado deberá remitir al ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones para que proceda con el cobro de la sanción y aplicación de la misma.

El ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones, analizará la presunta infracción, revisará las pruebas presentadas por el administrado y mediante informe técnico motivado y vinculante recomendará al CEPAI la sanción a ser aplicada, conforme a los artículos 50.26 y 50.27 del COPCI tomando en consideración los factores de gravedad, reincidencia, afectación, consecuencias del hecho u omisión.

En el caso de la sanción de suspensión, no podrá exceder los 180 días.

La liquidación de valores adeudados constituye el documento mediante el cual se establece el valor del capital y el valor correspondiente al interés hasta la fecha de la liquidación de forma separada, debidamente firmada por la autoridad competente de la Dirección Financiera.

A la orden de cobro se aparejará la respectiva copia certificada del acto administrativo con el que se constituyó o declaró la obligación.

Requerimiento de pago voluntario.- Una vez emitida la orden de cobro y la liquidación de valores adeudados por parte de la Dirección Financiera, la Dirección Coactiva, notificará al deudor con el requerimiento de pago voluntario, la orden de cobro, la liquidación de valores adeudados y una copia certificada acto administrativo con el que se desprende la obligación, quien tendrá él término de quince (15) días, contados desde el día siguiente de la notificación, para realizar el pago de la obligación contenida, mediante deposito o transferencia a la cuenta bancaria del ente rector de las inversiones que conste señalada en la orden de cobro, previniéndole que de no hacerlo, se procederá con la ejecución coactiva.

1. La orden de cobro;

2. La liquidación de valores adeudados; y,

3. Copia certificada del acto administrativo del cual se desprende la obligación.

El procedimiento de ejecución coactiva será conforme a lo establecido en el COA.

En caso de no cumplirse uno o más de los requisitos determinados en el artículo precedente, el Secretario Abogado del Dirección de Coactiva nombrado para el efecto, requerirá a la Dirección Financiera que en término de cinco (5) días, subsanen las omisiones o inconsistencias incurridas.

Conforme a lo establecido en el artículo 263 del COA, no cabe la impugnación por vía administrativa cuando se genera el requerimiento de pago mediante procedimiento de ejecución coactiva.

1. Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de trescientos mil (US $ 300.000,00) dólares de los Estados Unidos de América;

2. Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre trescientos mil uno (US $ 300.001,00) y un millón (US $ 1.000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América; y,

3. Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 1.000.001,00) y cinco millones (USD 5000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América.

En caso de inconformidad frente a las variables aplicadas, se estará a lo señalado en el inciso segundo del artículo 53 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones.

El número de RUM asignado a cada MIPYME será igual al número de RUC registrado en el Servicio de Rentas Internas.

Este sistema se completará con la oferta de servicios de desarrollo empresarial, programas y proyectos de apoyo a este sector, contactos empresariales y oportunidades de nuevos mercados y desarrollo tecnológico. Así como con el registro por beneficiario de todos los programas públicos de desarrollo empresarial, los que aportarán obligatoriamente con la información de manera mensual.

Transparencia y publicación de la Información.- El ente rector de las inversiones o quien hiciere sus veces, a efectos de permitir el libre acceso y transparencia de la información relativa al sector de las MIPYMES, será el encargado de desarrollar las bases de datos tendientes a facilitar al acceso a la información por parte de la ciudadanía y de publicar y actualizar permanentemente su información.

Cada programa o instrumento, contará con un reglamento en el que se establecerán los mecanismos de cofinanciamiento, decisión y ejecución, indicadores de gestión y resultado, así como los mecanismos transparentes de acceso, convocatoria, publicación, temporalidad y monitoreo.

La ejecución de los programas, co-financiamiento y subsidios al sector privado podrá realizarse de manera sectorial y descentralizada, con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados y los actores productivos locales, para lo cual el Gabinete Sectorial de la Producción definirá las políticas y los mecanismos para calificar y seleccionar Operadores, así como los principios y criterios generales para la selección de beneficiarios, ejecución en general, monitoreo y evaluación.

De las operadoras de los programas e instrumentos de desarrollo y fomento productivo.- Podrán ser agencias operadoras de los programas e instrumentos de desarrollo y fomento productivo, las personas jurídicas de derecho privado u organizaciones de la sociedad civil u organismos públicos, que hayan sido calificados y registrados como tales por parte de las instituciones que realizan la transferencia de los recursos.

Las políticas y lineamientos para el proceso de registro, calificación y certificación de las agencias operadoras de los programas e instrumentos de desarrollo y fomento productivo deberán ser aprobados por el Gabinete Sectorial de la Producción.

1. Establecer líneas de base e indicadores claros de mejora de productividad, asociatividad, internacionalización, mejora de calidad, acceso a nuevos mercados, nuevos productos, según los objetivos establecidos en los mismos.

2. Reportar de manera obligatoria y mensual a la Secretaría Técnica, un listado de los beneficiarios de sus programas, incluyendo cédula o RUC, monto y objetivo de la subvención.

Esta información servirá para establecer las subvenciones totales que recibe el actor productivo y establecer si existen problemas de sobre-subsidio, para que se tomen los correctivos necesarios.

1. Portal de atención virtual que contará con un mecanismo electrónico, informativo y de gestión de proyectos;

2. Centros de atención empresarial ubicados en distintas regiones del país;

3. Fondos concursables;

4. Creación de redes y mecanismos de financiamiento; y,

5. Generar plataformas técnicas, logísticas, administrativas de apoyo a las iniciativas emprendedoras e innovadoras.

Todas las instituciones públicas que cuenten con programas de innovación, capacitación técnica y emprendimiento, deberán coordinar su operación, en el ámbito de este sistema y transferirán las metodologías generadas a los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo a sus competencias.

Las unidades productivas calificadas como MIPYMES tendrán derecho a participar en los programas y proyectos implementados por el Estado en beneficio del sector, de conformidad con la normativa especializada desarrollada para el efecto. Aquellas unidades productivas calificadas y registradas en el RUM que pertenezcan a grupos vulnerables, tendrán derecho preferente al acceso a los beneficios establecidos en el Código y en este Reglamento. Estos incentivos y beneficios, así como los demás establecidos en el Código, contarán con financiamiento obligatorio.

Las MIPYMES podrán participar en los procesos de contratación pública publicados por las entidades contratantes, y obtener las preferencias destinadas a su condición, exclusivamente cuando consten como tal en el Registro Único de las MIPYMES-RUM.

Política de financiamiento.- El Gabinete Sectorial de la Política Económica, al menos una vez al año, definirá los objetivos de política económica que garanticen el acceso eficiente de todos los actores productivos al financiamiento de la banca pública; el apoyo al acceso al financiamiento de la banca privada, en particular de los actores de la economía popular y solidaria, de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Consejo Sectorial de Política Económica, implementará conjuntamente con la Superintendencia de Bancos, la adopción de medidas financieras que viabilicen el acceso al financiamiento de las MIPYMES, tanto a la banca pública como al sistema financiero privado.

1. Al menos un 5% de las acciones de la empresa deberán ser vendidas pro indiviso a favor de los trabajadores de la empresa;

2. El título por el cual se trasferirá la propiedad de las acciones a favor de los trabajadores será siempre la compraventa;

3. El precio de venta de las acciones será el valor de mercado de las mismas; y,

4. Para el caso de empresas que coticen sus acciones en el mercado público de valores, el valor de mercado de las acciones será el que conste marcado en los mecanismos transaccionales;

Para el caso de empresas que no coticen sus acciones en el mercado público de valores o que, a pesar de que coticen sus acciones estas sean consideradas como valores ilíquidos, la empresa deberá contratar una valoración actualizada por parte de un perito avaluador, debidamente calificado por la Superintendencia de Compañías.

En el caso de que una empresa demuestre haber realizado transacciones de sus acciones dentro del último año, a pesar de que no cotice en el mercado público de valores, se podrán tomar los precios referenciales de dichas transacciones para la determinación del valor de las acciones.

1. Aquellos establecidos en la normativa que rige el mercado de valores;

2. Rondas de promoción focalizadas en zonas de influencia de la empresa; y,

3. Aquellos que permitan la intervención comunitaria o asociativa.

1. Implementar prácticas de manejo corporativo que garanticen el buen manejo empresarial a través del reconocimiento de los derechos de las minorías, la administración técnica y responsable, la difusión de información, entre otros mecanismos que protejan a los accionistas y su intervención en la empresa.

2. Contar con una gestión certificada a través de un sello reconocido públicamente, que permita verificar su cumplimiento permanente de las obligaciones laborales, comunitarias, con sus proveedores y con el Estado.

1. Estar en goce de sus derechos de ciudadanía;

2. Contar con un contrato de trabajo indefinido; y,

3. Conocer los mecanismos implementados para la apertura de capital y participar de ellos de manera expresa.

Del reconocimiento de la gestión empresarial.- En cumplimiento de lo señalado en el literal d) del artículo 59 del Código, el Gabinete Sectorial de la Producción, en un plazo de 2 meses aprobará los lineamientos y mecanismos para la implementación por parte del ente rector de las inversiones, de una certificación de la gestión empresarial, la que deberá contar con el reconocimiento público y permitirá el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo antes referido.

1. Elaborar y preparar los estudios técnicos, socio-económicos, ambientales, sociales, económicos-financieros, Valor por Dinero preliminar, jurídico y de sostenibilidad presupuestaria y fiscal a nivel de prefactibilidad, de acuerdo con la guía general emitida por el CIAPP;

2. Realizar un análisis de alternativas técnicas de la solución identificada en el perfil del proyecto. Dicha opción será desarrollada en el Caso de Negocio Inicial haciendo explícitos los criterios de justificación de la decisión adoptada; y,

3. Incluir en los estudios de prefactibilidad la información requerida por el MEF para la evaluación preliminar de sostenibilidad y riesgos fiscales relacionados con el proyecto y su modalidad, de conformidad con lo dispuesto en este libro.

1. Estudio de demanda: análisis que incluya demanda histórica y proyección de la demanda del proyecto, y al menos un análisis de escenarios: base, pesimista y optimista; con sus respectivas justificaciones y supuestos asumidos en cada uno de ellos. En los proyectos que prevean recibir pagos de los usuarios, deberán considerar los elementos definidos en las Guías Generales que emita el CIAPP;

2. Estudios técnicos: Debe incluir alternativas de solución técnica alineadas con los resultados y escenarios obtenidos en los estudios de perfil, así como el costeo de las alternativas del Proyecto. Se debe incluir una recomendación motivada de la alternativa elegida. Además, se deberá incluir una evaluación técnica del estado situacional de la infraestructura existente, en caso de que sea aplicable;

3. Estudios ambientales: análisis que incluya la descripción actualizada de la zona de influencia del proyecto, identificación preliminar de ecosistemas y riesgos de impacto ambiental y arqueológico, considerando, entre otros, factores de adaptación de medidas de mitigación a los riesgos ambientales a los que se encuentre expuesto el proyecto durante su ejecución;

4. Estudios socioeconómicos: investigación que tiene como objetivo evaluar de forma preliminar el impacto socioeconómico de un proyecto. El estudio, entre otras cosas, debe identificar los grupos de interés con los cuales se tendrá que socializar el Proyecto APP;

5. Estudios sociales: incluye identificación de condiciones sociales, áreas de las comunidades, equipamientos comunitarios, existencia de unidades sociales, asentamientos, usos del suelo, sistemas productivos, etc., así como la evaluación enfocada en comprender las dinámicas sociales, culturales de una comunidad en la que se desea implementar un proyecto para definir su impacto y los posibles riesgos sociales;

6. Evaluación Económico-financiera: estudios económicos-financieros que respaldan la viabilidad del proyecto de forma preliminar;

7. Información jurídica: Informe jurídico del proyecto que determine la normativa aplicable y la factibilidad jurídica de la delegación, considerando entre otros factores, la titularidad de la competencia de la Entidad Delegante, las facultades de gestión a ser delegadas; así como la gobernanza institucional que soportaría el desarrollo del proyecto; necesidades de Liberación de Predios y Remoción de Interferencias en las zonas de implementación y áreas de influencia;

8. Informes de pasivos: informe sobre los posibles pasivos laborales y ambientales que afecten al proyecto, en caso de infraestructura existente, cuando sea aplicable;

9. Valor por Dinero: Esto se evaluará a través de un análisis cualitativo de VPD, conforme la metodología definida por el CIAPP; y,

10. Sostenibilidad y riesgos fiscales: Otros documentos adicionales solicitados por el MEF para la emisión del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales preliminar.

El documento que sistematiza los estudios de perfil y prefactibilidad constituirán el Caso de Negocio Inicial.

En caso de que aplique, en esta fase también debería identificarse de manera preliminar las redes de Servicios Públicos que se requerirá trasladar a otro sitio para ejecutar el proyecto, las empresas concesionarias de dichas redes y el costo preliminar del mencionado traslado.

Para el efecto, la Entidad Delegante o la SIPP deberá presentar los resultados de su análisis con respecto a cualquier gasto relacionado con el proyecto o instrumento a celebrarse, dependiendo de la etapa dentro del ciclo del proyecto en que se encuentre, así como los recursos presupuestarios con que cuenta para asumir los respectivos compromisos.

La solicitud deberá estar debidamente suscrita por la máxima autoridad ejecutiva de la Entidad Delegante o de la SIPP y certificar la veracidad y completitud de la información suministrada al MEF.

1. Descripción básica sobre los objetivos y beneficios del proyecto;

2. Certificación emitida por la Entidad Delegante de que el proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y dentro de la planificación sectorial correspondiente;

3. Análisis de la estrategia del diseño de proyecto para concurso y delegación, y análisis inicial de Niveles de Servicio o desempeño del proyecto;

4. Análisis inicial de viabilidad de demanda y tarifas, técnica, legal, ambiental y social;

5. Matrices iniciales de asignación de riesgos, de jerarquización y cuantificación de riesgos;

6. Programación inicial anual de contingentes fiscales; programación anual de potenciales ingresos (riesgos favorables) a favor del Estado; y, detalle y programación anual de los Compromisos Firmes incluyendo pagos tales como por disponibilidad, peajes sombra, pagos por uso, ingresos mínimos garantizados, subsidios y otros similares, utilizados para la viabilidad del proyecto y programación de pagos ciertos a favor del Estado;

7. Clasificación del proyecto como Cofinanciado o Autofinanciado además del análisis inicial de brecha de recursos para viabilidad financiera del proyecto con un análisis de sensibilidad;

8. Análisis y propuesta inicial de los ingresos y de los flujos estimados que requiera el proyecto;

9. Cronograma referencial de ejecución de la estructuración, Concurso Público y firma del Contrato APP;

10. Estudios técnicos de prefactibilidad requeridos por el CIAPP para esta fase; y,

11. Otros que el ente rector de las finanzas públicas solicite, de forma justificada, en ejercicio de sus atribuciones.

Consideraciones sobre la sostenibilidad fiscal de las Entidades Delegantes que no pertenezcan a la Administración Pública Central.- Las Entidades Delegantes que no pertenezcan a la Administración Pública Central, con inclusión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán observar de forma subsidiaria los lineamientos para determinar la sostenibilidad fiscal implementados por el MEF, considerando su capacidad de pago para adquirir compromisos fiscales, Firmes o Contingentes, que se deriven de la ejecución de los Contratos APP, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, ni la prestación regular de los Servicios Públicos materia del correspondiente contrato.

Las Entidades Delegantes que no pertenezcan a la Administración Pública Central, con inclusión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados requerirán del informe preliminar de sostenibilidad y riesgos fiscales, en los siguientes casos:

1. Cuando el Proyecto APP requiera de cualquier aporte con cargo al Presupuesto General del Estado; o,

2. Cuando el Proyecto APP requiera asumir cualquier pasivo contingente a cargo de la Administración Pública Central.

En estos eventos deberán aplicar obligatoriamente los lineamientos emitidos por el ente rector de las finanzas públicas.

Informe Preliminar de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales.- El MEF, sobre la base de la información proporcionada por la Entidad Delegante o la SIPP en coordinación con la Entidad Delegante en el ámbito de la Administración Pública Central, y de acuerdo con este libro y los lineamientos aplicables, emitirá el informe preliminar de sostenibilidad y riesgos fiscales en el que se establecerá si el proyecto se encuentra dentro de los límites fiscales previstos determinados por el MEF.

El plazo máximo para la emisión de este informe será de cuarenta (40) días, contados a partir de la fecha en que se haya entregado la información completa por parte de la Entidad Delegante o la SIPP.

Luego de la expedición del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales preliminar, la Entidad Delegante que no pertenezca a la Función Ejecutiva o la SIPP en el ámbito de la Administración Pública Central, según corresponda, a través de su máxima autoridad podrá aprobar el inicio del desarrollo de los estudios de factibilidad y demás análisis y documentos que integran el Caso de Negocio Final, incluyendo el informe de Sondeo de Mercado, los Pliegos del concurso y proyecto de Contrato APP, y demás documentos conforme a las Guías que expida el CIAPP y complementariamente a las del ente rector de las finanzas públicas.

1. Concluir y ajustar los estudios del proyecto, los técnicos, de viabilidad económica, social, ambiental, financiera, de Valor por Dinero final; jurídicos, de sostenibilidad presupuestaria y fiscal a nivel de factibilidad. Los estudios técnicos dependiendo de la naturaleza del proyecto, de manera ejemplificativa, podrán ser hidrológicos, geotécnicos, de conectividad con servicios de red, entre otros. Asimismo, se deben realizar estudios arqueológicos para identificar si existen vestigios en el área donde se ejecutará un proyecto de infraestructura nueva, y evaluar el riesgo de hallazgos significativos que podrían obstruir la construcción del proyecto;

2. Elaborar el Modelo Financiero Sombra, de conformidad con los Lineamientos respectivos;

3. Efectuar el Análisis de Conveniencia que consiste en la determinación de preferir la modalidad de gestión de APP a otras modalidades de ejecución del proyecto, haciendo explícitos los criterios por los cuales se eligió esta modalidad. Esto se evaluará a través de un análisis cuantitativo de VPD, conforme la metodología definida por el CIAPP;

4. Elaborar la Matriz final de Riesgos;

5. Formular, ajustar y aprobar el Pliego de Bases, y el modelo de contrato o contratos para el desarrollo del Proyecto APP, incluyendo, de ser el caso la justificación de la conveniencia de utilizar el sistema de precalificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 304 numeral 1 de este libro;

6. Realizar un Sondeo de Mercado;

7. Aprobar el Proyecto APP;

8. Elaborar los documentos solicitados por el MEF y alcanzar el Dictamen de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales favorable; y,

9. Alcanzar la aprobación del uso de la modalidad APP y el paso a Concurso Público, por parte del CIAPP en el caso de las Entidades Delegantes de la Administración Pública Central.

Los requerimientos técnicos deberán proporcionar suficientes detalles sobre el proyecto para permitir una definición precisa de: el diseño de la infraestructura, los requerimientos de tiempo (plazo límite para la construcción y puesta en servicio) y los requerimientos del servicio (indicar el nivel del servicio, sus beneficiarios y los principales aspectos de la entrega de valor para los usuarios), evitando al mismo tiempo ser demasiado prescriptivos.

El documento que sistematiza los estudios de factibilidad y estructuración transaccional constituirá el Caso de Negocio Final. Dichos estudios se orientarán a los resultados que se busca alcanzar en la prestación de servicios y niveles de desempeño requeridos por el Proyecto APP. El plazo máximo para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad será entre nueve (9) meses y dos (2) años, contados a partir del inicio de la fase de estructuración, según la complejidad del proyecto. En casos debidamente justificados por la Entidad Delegante o la SIPP, cuando lo requiera, se podrá prorrogar estos plazos hasta por el doble del tiempo.

Los Pliegos de Bases contemplarán, como mínimo, lo siguiente:

1. Descripción técnica de la obra y/o Servicio Público;

2. Reglas del proceso de precalificación, de ser el caso;

3. Fecha, hora, lugar y forma de presentación de las ofertas, requisitos a cumplir por los Oferentes, y antecedentes que se deben entregar en las ofertas técnica y económica;

4. Valor Total del Proyecto APP;

5. Régimen de garantías y seguros, su naturaleza y cuantía, indicando los plazos en que deben constituirse. Se consideran, entre otras, garantías de seriedad de la oferta, y cumplimiento del Contrato APP;

6. Plazos para consultas y aclaraciones sobre las bases del Concurso Público;

7. Sistemas de evaluación de las ofertas, mecanismo para descartar ofertas temerarias y procedimiento de adjudicación;

8. Si se trata de un proyecto de Iniciativa Privada, la identidad del Proponente y bonificación al que tiene derecho en la evaluación de la oferta y reembolso de los costos de los estudios, si procede;

9. Criterios técnicos mínimos para la elaboración de manuales de contrato;

10. El proyecto de Contrato APP y contratos accesorios;

11. Los valores financieros que aplicarán para las cláusulas referentes a terminación anticipada y otras cláusulas que determine el Contrato APP;

12. El formato que detalla el contenido del modelo financiero que acompañará las ofertas. La presentación del modelo financiero no implica el otorgamiento de ningún derecho por parte del Estado para garantizar la rentabilidad establecida en dicho modelo al Adjudicatario. El procedimiento de devolución del modelo financiero de los Oferentes que no resulten Adjudicatarios, se realizará conforme al régimen de confidencialidad y procedimiento de devolución que aprobará el CIAPP; y,

13. Los demás que determine el CIAPP en su modelo.

Sondeo de Mercado.- Para elaborar la versión definitiva del Pliego de Bases y los documentos contractuales, la Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda, deberá promocionar el proyecto, dentro de un procedimiento transparente de Sondeo de Mercado, con el objeto de recoger observaciones y recomendaciones, bajo criterios que aseguren su Bancabilidad y permitan conocer el interés del mercado en el Proyecto APP por un plazo que será determinado por las guías generales expedidas por el CIAPP.

Si el Proyecto APP es aprobado, remitirá el Caso de Negocio Final al MEF para la emisión del Dictamen de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales.

Dentro del ámbito de la Administración Pública Central, la aprobación del proyecto requerirá de la No Objeción previa de la Entidad Delegante competente de acuerdo a la naturaleza del proyecto.

Para que un Proyecto APP merezca dictamen favorable del MEF, deberá ser compatible con los objetivos, límites y metas subyacentes a las reglas fiscales del sector público no financiero, y específicas del Presupuesto General del Estado; caso contrario, se emitirá dictamen desfavorable.

En el caso de las Entidades Delegantes que no pertenezcan a la Administración Pública Central, con inclusión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se requerirá de dictamen del MEF en los casos previstos en el artículo 255 de este libro.

En caso de que el dictamen sea favorable se desprenden los siguientes efectos:

1. La Entidad Delegante deberá presupuestar los montos comprometidos como gasto, incorporándose los recursos destinados a los Proyectos APP dentro de los instrumentos de planificación financiera anual y plurianual para su programación, acorde a los lineamientos que expida el MEF;

2. La Entidad Delegante considerará en el calendario de planificación material y financiera, los montos comprometidos dentro del techo presupuestario asignado;

3. Se inscribirán los pasivos del proyecto en el Registro de Compromisos APP, instrumento de planificación en el sistema nacional de las finanzas públicas, regulado y administrado por el MEF; y,

4. Los demás previstos en la norma técnica expedida por el MEF.

La Entidad Delegante deberá emitir el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestaria para atender los Compromisos Firmes asumidos en el respectivo Contrato APP.

En el caso de las Entidades Delegantes que no formen parte de la Administración Pública Central la aprobación del uso de la modalidad APP, así como el paso a contratación del proyecto, corresponderá a su máximo órgano de gobierno o máximo órgano de legislación y fiscalización según sea el caso.

Esta excepcionalidad está regulada de modo general en la "Ley APP" a través del ciclo del Proyecto APP y, en particular, estará justificada siempre que los respectivos proyectos generen Valor por Dinero.

El cumplimiento del ciclo del Proyecto APP previsto en la "Ley APP" y en el presente libro y demás normativa expedida por el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas (CIAPP), de pleno derecho, autoriza la delegación excepcional de proyectos públicos, sin necesidad de ningún acto administrativo adicional.

Cuando sean aplicables, las políticas de organismos multilaterales sobre reasentamiento prevalecerán, de acuerdo a los convenios internacionales correspondientes.

Cuando a la Entidad Delegante no se le hubiera atribuido la competencia de constituir servidumbres, mediante los convenios administrativos regulados en el Código Orgánico Administrativo, la entidad titular de la competencia, organizará las actividades necesarias para proceder con la constitución de las servidumbres respectivas, a requerimiento de la Entidad Delegante.

En la fase de estructuración, los requerimientos materiales y financieros sobre liberación, expropiación y gestión de bienes, se determinarán en detalle, con el fin de completar el Caso de Negocio Final. En los casos en que la naturaleza del proyecto no permita esa definición de detalle, el Caso de Negocio Final deberá establecer un marco de actuación que asegure el cumplimiento de la normatividad aplicable.

La responsabilidad de la liberación de predios corresponde a la Entidad Delegante, sin perjuicio de que el Gestor Privado asuma responsabilidades contractuales vinculadas a la gestión de los procesos de Liberación de los Predios y/o Remoción de Interferencias y asuma su costo, como parte de sus responsabilidades en el proyecto.

El proyecto propuesto debe alinearse con los objetivos, políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo, las prioridades de infraestructura sectorial y del respectivo nivel de gobierno. También deben tomarse en cuenta, de acuerdo a la naturaleza del proyecto y cuando sea relevante, las consideraciones sobre sostenibilidad, incluyendo el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y las Contribuciones Nacionales esperadas (NDC) bajo el Acuerdo de París.

Mediante Resolución, el CIAPP establecerá, de forma no vinculante, los sectores en los que se podrán presentar iniciativas privadas. Esta priorización se hará sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo y podrá ser revisada con cada actualización de dicho instrumento, sobre la base de objetivos y necesidades públicas, previamente identificados por las Entidades Delegantes.

Las iniciativas privadas se presentarán al menos a nivel de perfil durante las ventanas de tiempo general e intersectorial que apruebe el CIAPP para cada ejercicio económico. Corresponde a la Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda, evaluar las propuestas, de conformidad con la Guía General para la presentación y aprobación de Iniciativas Privadas bajo la modalidad APP que apruebe el CIAPP.

Las propuestas no se evaluarán antes de la fecha de cierre para su presentación, ni tampoco de acuerdo al orden cronológico, sino que serán analizadas simultáneamente, para poder evaluar adecuadamente la necesidad, complementariedad y costo de oportunidad. Solo en el evento que exista un empate en el proceso de evaluación de propuestas, el orden cronológico de presentación será el factor decisivo para seleccionar la propuesta que se declarará de interés público.

La Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda, deberá garantizar la atención oportuna de los períodos de evaluación de las iniciativas privadas. De considerarlo necesario, podrá contratar conforme sus atribuciones y a la normativa aplicable, una consultoría especializada para la evaluación de los correspondientes estudios de la Iniciativa Privada.

La Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda deberá guardar confidencialidad sobre la iniciativa privada presentada hasta la declaratoria de interés público.

Se podrá rechazar motivadamente una iniciativa por razones técnicas, legales, financieras, ambientales, sociales, de interés público o fiscales.

Esta declaratoria deberá establecer, de forma provisional, los costos máximos a ser reembolsados al Proponente Privado por la realización de todos los estudios, en caso de que un tercero resulte ser el Adjudicatario del Contrato APP dentro del respectivo Concurso Público. El valor definitivo será validado por la Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda, una vez culminada la fase de estructuración, de ser el caso, con el apoyo del estructurador del proyecto. En el caso que el costo de los estudios aceptados por la Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda, sea inferior al fijado por el Proponente Privado dentro de su propuesta, éste podrá resolver no continuar con la Iniciativa Privada y comunicar por escrito a la Entidad Delegante o a la SIPP, según corresponda, su desistimiento.

La declaratoria de interés público habilitará que el proyecto público propuesto pueda desarrollarse, bajo las fases previstas en la Ley APP. Una vez declarado de interés público el proyecto, la SIPP procederá con su inscripción en el Registro Nacional APP, previa disposición del CIAPP.

La declaratoria de interés público será notificada al Proponente Privado y le otorgará el derecho de acceder a toda la información que determine la Entidad Delegante para el desarrollo de los estudios de prefactibilidad del proyecto.

En el caso de no declarar de interés público el proyecto materia de la Iniciativa Privada, se devolverán al proponente el informe de perfil que haya entregado. Esta decisión no impide que el mismo Proponente Privado u otro distinto presenten nuevas iniciativas privadas en el futuro, en relación con el mismo proyecto.

Contenido mínimo de la Declaratoria de interés público.- El hecho de presentar una iniciativa privada no le genera ni otorga ningún derecho al Proponente Privado de que el proyecto propuesto será aprobado, con la declaratoria de interés público el Estado sólo demuestra un interés de conocer la propuesta en profundidad y detalle, sin responsabilidad ulterior para la Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda. La declaratoria de interés público es una prerrogativa de las Entidades Delegantes o del CIAPP en el ámbito de la Administración Pública Central, debido a que el desarrollo de un proyecto público es una potestad discrecional de la Administración Pública competente.

La declaratoria de interés público justificará:

1. El interés de la propuesta en base a un impacto socio-económico preliminar;

2. Que el proyecto se encuentre alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, con las necesidades de infraestructura del Estado, los objetivos de políticas y las prioridades del respectivo nivel de Gobierno, y cumpla con los demás Criterios Fundamentales de la Guía General de Elegibilidad y Priorización de Proyectos APP;

3. Que el contenido de los estudios a nivel de perfil del proyecto cumple con el contenido mínimo previsto en la Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos Bajo la Modalidad APP;

4. Que las calificaciones y experiencia del Proponente Privado sean ciertas y adecuadas en función de los requisitos previstos en la Guía General para la Presentación y Aprobación de Iniciativas Privadas bajo la modalidad APP. La Entidad Delegante realizará una debida diligencia sobre la integridad del Proponente Privado y recabará información, que permita verificar que no consten en listas restrictivas internacionales ni de las entidades multilaterales respecto al cometimiento de delitos en contra de la Administración Pública, tráfico de influencias, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;

5. El interés técnico de la Entidad Delegante que estará fundamentado en el grado de innovación que el proyecto aporta en comparación con los estándares actuales de prestación de los servicios públicos respectivos; y,

6. Que los gastos para el desarrollo de los estudios con motivo de las actividades pertinentes, necesarias y directamente vinculadas a la elaboración de la iniciativa privada sean razonables y respondan a los precios actuales del mercado nacional o internacional, con sustento en las evidencias presentadas por el propio Proponente Privado. En cualquier caso, la Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda, establecerá el valor máximo a ser reembolsado de forma diferida al Proponente Privado, hasta que el Contrato APP sea adjudicado.

La Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda, de forma autónoma, sin participación del Proponente Privado, deberá elaborar la matriz de asignación de riesgos, la cuantificación de los riesgos y el análisis financiero de brecha.

Una vez concluidos todos los informes de prefactibilidad, la máxima autoridad de la Entidad Delegante o de la SIPP, según corresponda, requerirá a las áreas competentes la verificación de que su contenido sea adecuado y completo.

La Entidad Delegante o la SIPP según corresponda, de forma autónoma, sin participación del Proponente Privado, deberá elaborar la matriz de asignación de riesgos, la cuantificación de los riesgos, el Modelo Financiero Sombra, los Pliegos de Bases y el proyecto de Contrato APP, dentro de la fase de estructuración.

Es obligación de la Entidad Delegante o de la SIPP según el caso, una vez que cuente con los estudios completos de factibilidad de la Iniciativa Privada, concluir dentro de un plazo máximo de doce (12) meses, la estructuración del proyecto y convocar a Concurso Público.

La Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda, no podrá, por ninguna circunstancia, dejar de convocar a Concurso Público una vez que se cuente con el Dictamen de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales favorable del MEF, y la aprobación final del uso de la modalidad y paso a la fase de concurso público en los términos previstos en el Art. 283 de este libro. De hacerlo, la SIPP en el ámbito de la Administración Pública Central, o la Entidad Delegante que no pertenezca a la Administración Pública Central compensará al Proponente Privado por los costos de los estudios que desarrolló.

Del mismo modo, brindarán total transparencia de su información, en los términos previstos en este Reglamento y la guía que expida el CIAPP.

La Entidad Delegante o la SIPP, según corresponda deberá guardar reserva o confidencialidad sobre la iniciativa privada presentada hasta la declaratoria de interés público.

Beneficios a ser otorgados al Proponente Privado.- El Proponente Privado podrá participar en el proceso de Concurso Público en igualdad de condiciones con los restantes interesados, con la única excepción de que podrá tener derecho a una bonificación de entre tres (3) y diez (10) puntos porcentuales en la evaluación de su oferta económica, que será asignado de manera inversamente proporcional al Valor Total del Proyecto, conforme determine la guía que el CIAPP expida para el efecto.

El porcentaje de bonificación será propuesto por la SIPP en el ámbito de la Administración Pública Central y será aprobado por el CIAPP al momento de la aprobación del uso de la modalidad APP. En el caso de las Entidades Delegantes que no formen parte de la Función ejecutiva, estas aprobaciones corresponderán a su máximo órgano de gobierno o máximo órgano de legislación y fiscalización, según sea el caso.

El Proponente Privado podrá presentarse también al Concurso Público formando parte de una asociación; en este caso, en la escritura de asociación deberá ceder expresamente la bonificación a la asociación Oferente del cual forma parte.

Reembolso de gastos de estudios elaborados por el Proponente Privado.- En el caso que el Proponente Privado presente una oferta dentro del proceso de Concurso Público y, siempre que su propuesta no resulte favorecida con la adjudicación del contrato, el proponente de la Iniciativa Privada tendrá derecho al reembolso de los costos de los estudios desarrollados, en los términos del artículo 37 de la "Ley APP", los que determine el Pliego de bases y de conformidad con la guía aprobada por el CIAPP.

Si el proponente gana el Concurso Público, no recibirá el reembolso por los costos en que haya incurrido durante el desarrollo del proyecto, sin perjuicio de que sean considerados como gastos preoperativos del Gestor Privado.

Ejecución y Gestión del Contrato APP.- La fase de ejecución y gestión del Contrato APP incluirá lo siguiente:

1. Conseguir la provisión de infraestructura y/o servicios establecidos en el Contrato APP, de conformidad con los parámetros técnicos aplicables a la infraestructura y los estándares e Indicadores de Desempeño asociados al cumplimiento de la provisión de servicios;

2. Supervisar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes, y aplicar las penalidades y sanciones que corresponda en caso de incumplimiento; y,

3. Articular las acciones de coordinación requeridas entre las partes, para facilitar la correcta ejecución del Contrato APP.

La fase de Ejecución y Gestión del Contrato APP inicia una vez que se haya completado el cierre comercial y concluye con el informe final de evaluación a la terminación del Contrato APP por parte de la Entidad Delegante, según las formalidades previstas en el Contrato APP.

La celebración de dicha Acta ocurrirá cuando se cumplan las condiciones contractualmente pactadas.

El cierre financiero se llevará a cabo dentro de un plazo referencial entre doce (12) y dieciocho (18) meses, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de la ejecución del Contrato APP. Excepcionalmente, el Contrato APP, con el debido sustento, podrá determinar un plazo distinto al señalado para el cierre financiero. En todos los casos, el Gestor Privado deberá poner en conocimiento de la Entidad Delegante los términos del financiamiento, en la forma que determine el Contrato APP, sin que ello implique o conlleve la asunción de obligaciones por parte de ésta.

La Entidad Delegante podrá otorgar cartas de conocimiento o las constancias que se le requiera en el marco de la obtención del financiamiento del Proyecto APP por parte del Gestor Privado.

Asimismo, deberá implementar dentro de su estructura interna, un equipo técnico responsable de la administración y gerencia del Contrato APP, que ejerza las atribuciones y funciones establecidas en el Pliego de Bases y el Contrato APP, así como gestionar y coordinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la Entidad Delegante conforme al Contrato APP.

El equipo administrador del contrato de la Entidad Delegante deberá estar en la capacidad de hacer el seguimiento a la correcta ejecución y cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, emitir los respectivos informes periódicos de seguimiento y desempeño, así como aplicar las penalidades contractuales y sanciones administrativas en caso de incumplimiento del Gestor Privado, sin perjuicio de las funciones de las entidades que tengan competencia para regular el Servicio Público objeto del contrato.

La Entidad Delegante es la responsable de establecer las metodologías que permitan verificar con objetividad el cumplimiento de los indicadores de gestión, Niveles de Servicio y estándares de desempeño por parte del Gestor Privado, de conformidad con el Pliego de Bases y el Contrato APP. Además, la Entidad Delegante deberá implementar la metodología para el seguimiento periódico de Riesgos Ambientales y Medición de Huella de Carbono, de conformidad con las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional. En ejercicio de sus atribuciones, la Entidad Delegante podrá designar supervisores e inspectores que podrán ingresar al área de desarrollo del proyecto y requerir información al Gestor Privado sobre la ejecución del Proyecto APP. Impedir o interferir en las labores a cargo de los inspectores o supervisores acarrea la imposición de sanciones al Gestor Privado.

El equipo administrador del Contrato APP, deberá aplicar las deducciones o penalidades que correspondan por los incumplimientos de los Indicadores de Desempeño y Niveles de Servicio, de conformidad con lo establecido en el Contrato APP.

La Entidad Delegante deberá verificar el cabal cumplimiento de la publicación y aplicación del manual de operaciones por parte del Gestor Privado.

La Entidad Delegante deberá verificar el cabal cumplimiento del sistema y procedimientos de atención de reclamos, de acuerdo con lo establecido en el Contrato APP.

Adquisición, expropiación y saneamiento de predios para el desarrollo de Proyectos APP.- El equipo técnico de la Entidad Delegante que administra el Contrato APP, deberá disponer todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la Entidad Delegante en materia de expropiaciones, adquisiciones y saneamiento de predios, para facilitar la correcta ejecución del Contrato APP. Para tal efecto, la Entidad Delegante deberá aprobar el correspondiente plan de expropiaciones y reasentamientos, en el marco de los estudios definidos en la fase de estructuración y en el Contrato APP.

Corresponde al Gestor Privado la obligación y el derecho de explotar los bienes públicos afectados al Contrato APP.

Cuando el bien público al que se refiere el Proyecto APP sea de titularidad de un órgano o entidad distinto a la Entidad Delegante, la entidad pública titular del bien podrá trasladar el bien público a la Entidad Delegante, mediante convenio administrativo, disminución del capital empresarial o cualquier otro contrato o acto.

Los bienes que no sean de titularidad pública, derivados o destinados a la ejecución del Proyecto APP, quedarán afectos al Servicio Público. En los casos que contemple el Contrato APP, no podrán ser enajenados sin la autorización de la Entidad Delegante.

El Gestor Privado podrá cambiar de accionistas sin ceder la posición contractual, previa autorización de la Entidad Delegante.

No se podrá realizar ningún cambio en la asignación de riesgos del Contrato APP. Cualquier otro cambio o ajuste que genere una modificación del impacto fiscal del Contrato APP, requerirá dictamen previo favorable del MEF en el ámbito de la Administración Pública Central.

Esto puede incluir la toma de control directo o indirecto de los Financistas, en la ejecución del Contrato APP, con el fin de remediar el incumplimiento contractual correspondiente.

Este proceso de intervención se formalizará a través del procedimiento pactado en el Contrato APP a favor del Financista registrado por la Entidad Delegante, dicho registro podrá materializarse a través de un Acuerdo de Intervención, establecido en el artículo 238 de este libro; entre los Financistas, el Gestor Privado y la Entidad Delegante, y potencialmente otras Administraciones Públicas.

El alcance de dicha información incluirá un informe anual de seguimiento de riesgos y contingencias, que describa las medidas de mitigación que fueron aplicadas o fueron consideradas en el proceso de ejecución del contrato, con el fin de minimizar dichos riesgos.

Con base en esta información, la Entidad Delegante publicará en el Registro Nacional APP y divulgará en forma anual, informes de desempeño en la ejecución de la APP, durante el mes de mayo de cada ejercicio fiscal respecto del inmediatamente anterior.

Los resultados serán analizados por la Entidad Delegante y serán publicados en la página web de la Entidad Delegante.

Estos mecanismos deben cumplir con los requisitos establecidos en las guías generales del CIAPP.

Bajo responsabilidad de quien actúe como administrador del Contrato APP, la memoria de evaluación final deberá ser difundida para conocimiento público, en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario contados desde la fecha de terminación del plazo de vigencia del Contrato APP.