Resolución 294-22-EP/25 En el Caso No. 294-22-EP Se desestima la acción extraordinaria de protección No. 294-22- EP
| Fecha de publicación | 17 Diciembre 2025 |
| Sección | Resoluciones |
| Emisor | Corte Constitucional Del Ecuador Sentencias |
| Tipo de documento | Resolución |
Edición Constitucional Nº 139 - Registro Ocial
22
Miércoles 17 de diciembre de 2025
Sentencia 294-22-EP/25
Juez ponente: Richard Ortiz Ortiz
Quito, D.M., 30 de octubre de 2025
CASO 294-22-EP
EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE
SENTENCIA 294-22-EP/25
Resumen: La Corte Constitucional desestima la acción extraordinaria de protección presentada
en contra de la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral,
Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de
Cotopaxi, al verificar que no era exigible el estándar reforzado de motivación (art. 76.7.l CRE),
debido a que se trataba de un asunto netamente laboral.
1. Antecedentes procesales
1. El 14 de julio de 2021, José Francisco Pilaguano Umajinga (“actor”) presentó una
acción de protección en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
provincia de Cotopaxi (“GAD de Cotopaxi”) o (“entidad accionada”) y de la
Procuraduría General del Estado. En su demanda, impugnó los actos administrativos
que dieron por terminado su contrato de trabajo indefinido en el periodo de prueba.
1
2. El 13 de agosto de 2021, el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Cotopaxi
(“Tribunal de Garantías Penales”) aceptó la acción planteada y, en consecuencia,
dejó sin efecto los actos administrativos impugnados. Como medidas de reparación,
dispuso el reintegro del actor a su lugar de trabajo y el pago de haberes dejados de
percibir hasta su reintegro.
2
El GAD de Cotopaxi interpuso recurso de apelación.
1
Proceso 05241-2021-00013. En su demanda, el actor manifestó que ingresó a laborar el 4 de febrero de
2019 a través de la suscripción de un contrato de servicios ocasionales. Posterior, suscribió un segundo
contrato de la misma naturaleza desde el 3 de junio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Luego, en el
año 2020 se emitió un contrato de trabajo indefinido con periodo de prueba de noventa días. Sin embargo,
mediante resolución GADPC-PREF-2020-176 y memorando GADPC-PREF-2020-1073 se le notificó con
la terminación de su contrato en el cargo de ayudante de equipo y/o maquinaria pesada en la gestión de
obras públicas, al presuntamente no haber superado el periodo de prueba. El actor alegó la vulneració n de
sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, “y por ende a la estabilidad que es el núcleo duro
del derecho al trabajo”. Así como, a las disposiciones contempladas en los artículos 4, 5 y 7 del Código del
Trabajo.
2
El Tribunal de Garantías Penales advirtió la transgresión del derecho a la seguridad jurídica, ya que el
GAD de Cotopaxi habría estipulado una cláusula de periodo de pr ueba, cuando la relación laboral había
empezado mucho tiempo atrás. Asimismo, encontró la vulneración del derecho al debido proceso en la
garantía de la motivación, porque los actos administrativos “no contienen un detalle o explicación de las
fuentes del derecho empleadas para su emisión”.
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