Resolución. Edición Especial Año I - Nº 312
| Fecha de publicación | 23 Junio 2025 |
| Sección | Resoluciones |
| Tipo de documento | Resolución |
Año I - Nº 312 - 143 páginas
Quito, lunes 23 de junio de 2025
Ed
ici
ó
n Es
pecial
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN LA MANÁ
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE
ESTABLECE EL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL;
USO, OCUPACIÓN Y GESTIÓN DEL
SUELO; NORMAS DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO Y PARA REGULAR LA
PRESERVACIÓN DEL TERRITORIO
Edición Especial Nº 312 - Registro Oficial
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LA MANA
EXPOSICION DE MOTIVOS
El crecimiento de la población exige el mejoramiento de las condiciones de vida de
los habitantes del Cantón La Maná y por ende cambios mejoramientos cuantitativos y
cualitativos para satisfacer el goce pleno de los derechos amparados en la Constitución de La
República. Por lo tanto, es necesario un plan de desarrollo y además un instrumento técnico
normativo del ordenamiento territorial que delimita espacios geográficos y asigna usos y
parámetros para la ocupación del suelo urbano y rural, de forma que el territorio cantonal tenga
un desarrollo equilibrado, equitativo y sostenible.
La Constitución de la República establece que los ciudadanos tienen derecho al
disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad,
justicia social, respecto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural;
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y gestión de suelo que incorporará los
componentes estructurarte y urbanístico; y que de igual manera tendrá el componente
participativo como mandatorio.
El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) es el instrumento normativo de
planificación territorial, que integra el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que fija
los parámetros de regulación y gestión del uso, ocupación y transformación del suelo, conforme
la visión de desarrollo y modelo territorial deseado del cantón La Maná.
El PUGS procura el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Cantón
La Maná, configurando la estructura territorial, el desarrollo físico y distributivo de usos,
equipamientos, actividades, respetando el patrimonio cultural y natural, la imagen urbana, las
características morfológicas, el entorno natural y la conectividad vial, integrando las categorías
de Ordenamiento Territorial y a su vez de cada uno de los polígonos de intervención que se
incorporen.
Es necesario alcanzar un desarrollo ordenado y socialmente equitativo del sistema de
asentamientos humanos de la ciudad de La Maná, de las cabeceras de la parroquias Pucayacu y
Guasaganda, de los sectores rurales con tendencias a la conformación de núcleos de población,
de los sectores de crecimiento, de las urbanizaciones exteriores y del conjunto del territorio
rural cantonal, controlando las tendencias de crecimiento desordenado que caracterizan
tendencia actual de crecimiento urbano cantonal.
El ordenamiento urbano sostenible, sólo puede lograrse controlando también las áreas
de influencia que circundan a la Ciudad, a las cabeceras de las parroquias, a los corredores de
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crecimiento y a las urbanizaciones exteriores, puesto que constituyen en sí mismas un
patrimonio que es necesario conservar y potenciar, siendo imprescindible proteger su suelo,
tanto para mantener el equilibrio ecológico, cuanto para defender el medio físico y el entorno
paisajístico natural.
La finalidad es establecer una adecuada distribución de las actividades de la población
en el espacio urbano, de tal manera que entre ellas se establezcan relaciones complementarias,
se optimice la utilización de los servicios, infraestructuras y equipamientos, se eliminen los
problemas de incompatibilidades entre usos y se homogenicen las oportunidades de acceso a
los distintos puntos del territorio para los diferentes grupos de edad y estratos sociales.
CONSIDERANDO
Que, el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante la
Constitución) señala: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica
en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los
órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la
Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su
patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible;
Que, el Artículo 3, numeral 1, Ibídem, señala que son deberes primordiales del Estado,
garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; y además, en los numerales 5
y 6 establecen como deberes primordiales del Estado: “Planificar el desarrollo nacional,
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de
los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir”; y, “Promover el desarrollo equitativo
y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y
descentralización.”;
Que, el inciso primero del artículo 14 de la Constitución determina que, se reconoce
el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay.
Que, el artículo 31 de la Constitución garantiza que: “las personas tienen derecho al
disfrute lleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad,
justicia social, espeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.
El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función
social y ambiental de a propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”;
Que, el artículo 32 de la Constitución determina que, la salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
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