Resolución Nº 000105-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 25 de Enero de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteCAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE
Fecha de sentencia25 Ene 2021
Número de expediente17294-2017-00935 COIP
Número de resolución000105-2021
CI)RIL
.
li
JJST11
JUICIO No.:
17294-2017-00935
DELITO:
Tráfico de Influencias
RECURSO:
CASACIÓN
PROVIDENCIA: SENTENCIA
PROCESADOS:
María Sol Larrea Sánchez
JUEZ PONENTE: DRA. DANIELLA CAMACHO HEROLD
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL,
PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN
ORGANIZADO
-
SALA PENAL.-
Quito, lunes 25 de enero de 2021, las 10h10
VISTOS:
1. ANTECEDENTES
1.1 Antecedentes procesales.
La Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de
Quito, en sentencia de 26 de enero de 2018. las 09h19, en aplicación del procedimiento
abreviado, declaró a María Sol Larrea Sánchez autora del delito de tráfico de influencias,
tipificado y sancionado en el inciso primero del artículo 285 del Código Orgánico Integral
Penal—COIP, por lo que le impuso la pena privativa de libertad de un año, multa de doce
salarios básicos unificados del trabajador en general, y el pago de doscientos mil dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica como medida de reparación. De esta decisión la
procesada presentó recurso de apelación.
La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en sentencia de 31 de agosto
de 2018, las 101
-
148, aceptó el recurso de apelación propuesto por la acusada, reformando
el fallo subido en grado exclusivamente en lo concerniente al pago de la reparación
integral, afirmando que éste debe efectuarse por todos los procesados cuya
responsabilidad haya sido declarada.
La doctora Tania Soledad Silva, abogada de lo Civil y Penal de la Procuraduría General
del Estado, y el doctor Sandro Vallejo Aristizábal, Procurador General del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, presentaron oportunamente recurso de casación.
1.2.- Hechos acusados y hechos probados
Según la sentencia de la Corte de Apelaciones, los hechos planteados en la acusación y
aceptados en procedimiento abreviado fueron:
[ ... ]
5.3.
EL HECHO ADMITIDO.- Conforme el citado numeral 3 del Art. 635
del COIP, la persona procesada ha consentido expresamente tanto la aplicación
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del procedimiento abreviado como también ha admitido del hecho atribuido, que
es el que consta en las conclusiones del Informe de Indicios de Responsabilidad
Penal de la Contraloría General del Estado número DADSySS-0040-2015,
realizado como parte del examen especial a la fase preparatoria, precontractual,
contractual de todos los procesos de contratación realizados por la Comisión
Técnica del Nivel Central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lES 5, su
distribución, consumo y uso que se dan a los bienes, servicios y demás
adquisiciones por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009
y
31 de
diciembre de 2012; donde se ha analizado los procesos de preparatoria,
precontractual y contractual del contrato 64000000-5397-C, suscrito el 24 de
octubre de 2012, con SUPER CLEAIN. para la prestación de servicios de limpieza
integral de los nuevos Hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo,
por el valor de 2.991.363.42 USD, y un plazo de ejecución de 2 años, contados a
partir del pago de anticipo. Específicamente en las conclusiones se ha expresado
lo siguiente: 'Las propuestas preparadas por la Coordinadora Nacional de
Unidades Médicas, Economista María Sol Lanea Sánchez, para solicitar la
aprobación del gasto, previo a iniciar con el proceso de contratación, no
obedecieron a un proceso de planificación que permita determinar las necesidades
de los servicios de limpieza, bajo parámetros medibles y cuantificables,
adecuados a la realidad funcional de las dos casas de salud, ya que de los
requerimientos formulados para la aprobación del Consejo Directivo, no se
evidenciaron fundamentarse en estudios de mercado realizados precio iniciar el
proceso precontractual, lo que no permitió establecer un presupuesto referencial
y requerimientos técnicos ajustados a la realidad de mercado y a las necesidades
de la institución. La falta de verificación y análisis de la información establecida
en los requisitos mínimos y condiciones generales de los pliegos, por parte de la
Comisión Técnica y Subcomisión de Apoyo, ocasionó que se adjudique el
contrato al Ing. Juan Carlos Pozo Pérez, SUPERCLEAN, quien no cumplió con
los requerimientos mínimos formulados en los pliegos, que es causal de rechazo,
por tanto, no permitió conocer si fue la oferta más conveniente para los intereses
de la entidad, en cuanto a calidad, precio y servicio, situaciones que los miembros
de la Subcomisión de Apoyo y de la Comisión Técnica, no consideraron en el
análisis realizado en el proceso de calificación de cumplimiento de requisitos,
adjudicando un contrato por 2.991.363,42 USD a un oferente que no cumplió con
todos los requisitos exigidos en los pliegos, como se expone en anexos A, B y C
(OFERTAS SUPERCLEAN e HIDROPRESS) [Sic]
Al haberse resuelto la causa en procedimiento abreviado, no hay contradicción respecto
de
los
hechos, el recurso de apelación se centró respecto a la orden de la reparación
integral:
[ ... ] 5.4.3. Ya entrando al fondo del asunto controvertido, la recurrente no ha
alegado respecto de la existencia de la infracción ni de la declaratoria de
culpabilidad, en razón de haberse sometido al procedimiento abreviado, sino
exclusivamente en relación a la reparación integral. (i) En este sentido se aprecia
que en la sentencia impugnada la Jueza A quo considerando que: "... hay un
perjuicio ocasionado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en ese valor [$
459.665,93
dólares], que se canceló en exceso por lo que conforme lo solicitado
por la institución, se dispone que la señora LARREA SÁNCHEZ MARIA SOL,
entregue al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de reparación
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integral, en virtud de su participación en el ilícito cometido la suma de USD
200.000,00 (DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOSESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA)...... (ü) Conforme ha aceptado Fiscalía y la acusación
particular, en la presente causa existen otros procesados -cuatro más han
mencionado-, que han sido llamados a juicio, quienes de ser declarados
responsables deben ser condenados igualmente al pago de la reparación integral,
como se lo ha hecho con la recurrente, cumpliendo lo dispuesto en el Art. 622.6
del COIP. (iii) Sin embargo, de darse el caso anterior, en aplicación del principio
de legalidad proporcionalidad eigualdad procesal, se debe observar lo dispuesto
en el Art. 628.1, ejusdem, esto es: "1. Si hay más de un responsable penal, la o el
juzgador determinará la modalidad de la reparación en función de las
circunstancias de la infracción y del grado de participación en la infracción como
autora, autor o cómplice". [Sic]
1.3. Decisión de admisibilidad del recurso.
En auto de 28 de enero de 2020. las 10h51, el Tribunal de Casación admitió los recursos
de casación presentados por la Procuraduría General del Estado y por el representante
judicial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por la errónea interpretación de los
artículo 621, 622.6 y 628.1 del COIP.
II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
2.1. Competencia
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia tiene competencia para conocer los
recursos de casación en los procesos de ejercicio público y privado de la acción, según
los artículos 184.1 de la Constitución de la. República del Ecuador—CRE, y 186.1 del
Código Orgánico de la Función Judicial—COFJ.
En la audiencia de fundamentación del recurso intervinieron los doctores Wilman Terán
Carrillo, Juez Nacional (e); el doctor Milton Ávila Campoverde, Conjuez Nacional, por
licencia concedida al doctor David Jacho Chicaiza; y, la doctora Daniella Camacho
Herold, Juez Nacional ponente.
Conocida oportunamente la integración del Tribunal, no se ha impugnado su
competencia, ni la de quienes lo integramos.
2.2. Validez procesal
El régimen legal aplicable a la causal es el del COIP, por lo que se fundamentó el recurso
de casación en audiencia oral, reservada y de contradicción. El recurso de casación fue
tramitado en respeto de las garantías básicas del debido proceso, reconocidas en el
artículo 76 CRE, y a los artículos 656 y 657 COIP. No se encuentra omisión de
solemnidades sustanciales en la tramitación del recurso de casación que vicien el
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procedimiento y puedan incidir en el resultado final de esta causa.
En consecuencia; el recurso es válido y así se lo declara.
2.3. Alegaciones de los sujetos procesales
a.
Fundamentación del recurso de casación.-
el doctor Kléver Orlando Ávalos Silva,
representante de la Procuraduría General del Estado, expresó
e
Hubo cinco personas procesadas por los hechos, sin embargo la señora María Sol
Larrea Sánchez se sometió al procedimiento abreviado por el cual se le impuso la
pena privativa de libertad de un año, y el pago de 200 000 mil dólares por concepto
de reparación integral.
e
En la sentencia de la Corte de Apelación en el punto
5.4.3
incurren en la errónea
interpretación de los artículos 621
y
622 numeral 6
y
628 numeral 1 del Código
Orgánico Integral Penal respecto a la reparación integral, considerando que no es
posible cuantificar los daños, y que solo se podría determinar cuándo se juzgue a
todos los procesados, por lo que no sería procedente disponer el pago de
doscientos mil dólares.
e
Existe un criterio vinculante de la Corte Nacional de Justicia de 31 de julio de
2019, en la que se establece que en toda sentencia se debe determinar el monto
económico de la reparación integral.
e
Bajo el criterio de la Corte de Apelaciones, el monto de la reparación integral se
vuelve inejecutable.
e
Se ratifique la sentencia de primer nivel y se case la sentencia de apelación.
b.
Contradicción al recurso de casación.-
el abogado Juan Pablo Torres, defensor
técnico de la persona procesada contestó:
e
Ha ejercido la defensa durante cuatro años.
e
Son 8 los procesados que fueron condenados y se declaró nulidad en la sentencia
de apelación.
e
La sentencia de primera instancia torna el cálculo pericial para determinar el
monto de la reparación, cuando aún falta juzgar a otras personas.
e
Por ley les corresponde pagar de manera proporcional la reparación integral en
función de su participación en la infracción.
e
La reparación integral no es pena, es derecho.
e
Se han omitido las reglas de la reparación integral.
e
Esta se calculará cuando sean sancionados todos los procesados por lo que sí es
ejecutable.
e
Solicite se niegue el recurso porque no tienen calidad procesal para presentar el
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recurso.
c. Fundamentación del recurso de casación.-
el doctor, Saulo Ricardo Jaramillo
Romero, en representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, expresó:
La reparación integral es un derecho que viene del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, del artículo 63 de la Convención, 78 CRE, 11.2 COIP, 77 y
78 COIP.
La sentencia de segunda instancia desconoce el derecho de la víctima.
Se impugna sentencia de segunda instancia por la errónea interpretación de los
artículos, 621 inciso primero, 622.6 y 628.1 COIP.
Son cinco los procesados llamados ajuicio, no nueve.
La Corte de Apelaciones dice que se debe fijar la reparación integral para todos
los procesados, pero no se sabe cuándo será que se juzgue a los otros procesados.
La reparación integral se debe disponer de acuerdo al grado de participación, que
no es lo mismo que el número de procesados.
Existe un peritaje que establece que el perjuicio al IESS es de
459.675.93
dólares.
Si no se hubiere interpretado erróneamente, se hubiere determinado la reparación
integral en la misma sentencia de la Corte de Apelaciones.
Se debió interpretar conforme al artículo 13.1 COIP, y los artículos 11 cRE y 6
e
La Corte Constitucional, en sentencia 02-10-SIC-CC, de 9 de septiembre de 2017,
en la página 7, dice: "toda interpretación ha de comenzar por una interpretación
literal, gramatical de la norma, tratando de entender tal cual como se desprende
de su lectura, luego para conectarla con el resto de normas integrantes de la
Constitución de la República del Ecuador y del sistema jurídico y posteriormente
en lo que se podía denominarse legislador histórico, buscar los fines que persigue
la norma, sin descuidar los diferentes métodos, principios propios de
interpretación constitucional, que sirven al interprete constitucional".
e
Solicita que se acepte el recurso de casación y se fije el monto de reparación
integral.
d. Contradicción al recurso de casación.-
el abogado Juan Pablo Torres Rodríguez, en
representación de la procesada Maria Sol Larrea, contestó:
El derecho a la reparación de la víctima es un derecho consagrado en la Carta de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene su
desarrollo jurisprudencial en el derecho a conocer la verdad.
e
La reparación integral es un derecho y ha sido muy discutido dentro de la doctrina
y tiene que ser calculado por el juez competente.
El momento procesal oportuno para este cálculo es la ejecución de la sentencia.
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e
No se desconoce el derecho de la vícitima, no dice la sentncia que no deban pagar
la reparación integral.
El peritaje a que hace referencia era un elemento de convicción sin respaldo
probatorio.
El procedimiento abreviado no es un juicio, es un acuerdo.
Solicita se niegue el recurso.
e. Contradicción al recurso de casación.-
el doctor Raúl Garcés Llerena, delegado de la
Fiscalía General del Estado, contestó:
e
Los recursos de casación han sido propuestos de acuerdo al artículo
656
cumplen con los parámetros técnicos de este medio de impugnación.
e
Fiscalía está de acuerdo con los recursos.
La única sentenciada en este caso es la señora Larrea Sánchez.
e
No se puede disponer la preparación integral con "posibles sentenciados".
e
Solicita que se proceda conforme se requiere en los recursos de casación.
f. Réplica de la defensa de la procesada.-
e
El sistema acusatorio se basa en la lucha entre iguales ante un tercero imparcial
que dirime la contienda.
e
Si la Fiscalía no presentó recurso de casación es evidente que estaba de acuerdo
con la sentencia de la Corte de Apelación.
e
Si no presentó recurso de casación no podía pronunciarse en esta sentencia.
e
Es dificil que la casación progrese si Fiscalía no la presenta.
e
No se desconoce el derecho de la vícitima, no dice la sentncia que no deban pagar
la reparación integral.
El peritaje a que hace referencia era un elemento de convicción sin respaldo
probatorio.
e
El procedimiento abreviado no es un juicio, es un acuerdo.
Solicita se niegue el recurso.
2.4. Sobre la materia del recurso de casación.
Como se explicó en el auto de admisión, el recurso de casación al ser técnico y limitado
exige la presentación de cargos encaminándolos en una de las causales de casación
previstas en el artículo
656
sin incurrir en pedidos de valoración de prueba y
revisión de hechos prohibidos por el segundo inciso de la misma norma cuya
consecuencia es la inadmisión del recurso. De conformidad con el artículo
657.2
o se convoca a audiencia o se inadmite el recurso en virtud de si se cumple en el pedido
del recurso con la prohibición referida. Asimismo, ya en la fundamentación de los cargos
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admitidos, se puede incurrir también en pedidos de valoración de prueba y revisión de
hecho que no se realizaron en la petición inicial, que tienen el mismo efecto, esto es el
rechazo de esos reclamos.
El recurso de casación no constituye una tercera instancia en la que los juzgadores
analicen y decidan sobre la existencia material de la infracción y la responsabilidad de la
persona procesada, sino que se limita a determinar la compatibilidad del razonamiento
judicial contenido en la sentencia de segunda instancia con el ordenamiento jurídico. El
objeto de análisis del recurso de casación no son las pruebas ni los hechos, sino
estrictamente el respeto de la ley por parte de la Corte de Apelaciones en su respuesta
razonada al caso puesto en su conocimiento.
En su fundamentación del recurso de casación, la Procuraduría General del Estado y el
IESS, reclamaron sobre la errónea interpretación de nonnas respecto de la reparación
integral, reclamando principalmente que se debía determinar en esta misma decisión el
monto de la reparación integral, que al no hacerlo la Corte de Apelaciones, alegando que
aún existen procesados por la misma, y que su participación influye en el cálculo de la
misma, se ha vuelto inejecutable la medida de reparación.
Sin embargo, las dos instituciones recurrentes omitieron plantear de manera autónoma e
individual la forma en que se ha trasgredido cada una de las normas. Si se admitió el
recurso de casación por la errónea interpretación de tres normas, (corno en el presente
caso), los recurrentes tenían la obligación de detenninar cómo y en qué formar la Corte
de Apelaciones incurrió en la causal respecto de cada una de las normas.
La causal de errónea interpretación implica que el recurrente está de acuerdo con la
aplicación de las normas seleccionadas por la Corte de Apelaciones, pero está en
desacuerdo con la aplicación de sus efectos. La fundamentación por parte de los dos
recurrentes, se realizó de manera aglomerada sobre las tres normas, impidiéndose conocer
cuáles son los argumentos de la errónea interpretación de cada una de esas normas. Es
decir, en qué sentido el juzgador dio un alcance distinto o rebasó las consecuencias
jurídicas previstas por el legislador a cada una de esas normas.
Los recurrentes se limitaron a expresar su inconformidad con la decisión de la Corte de
Apelaciones, de establecer que el monto de la reparación integral deberá determinarse en
la etapa de ejecución. De la revisión de la sentencia no se encuentra que se desconozca el
derecho a la reparación integral. Por el contrario los jueces reconocer el derecho a la
reparación integral e incluso, considerando que la continencia de la causa fue dividida en
virtud del procedimiento abreviado, en aplicación de las mismas reglas que consideran
vulneradas, establece que la reparación integral deberá ser definida en el momento
procesal oportuno, esto es la ejecución luego del correspondiente proceso de liquidación,
en virtud de la situación jurídica en firme al momento en que se realice.
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En consecuencia, los recursos de casación no fueron debidamente fundamentados, y de
la revisión de la sentencia, no se encuentra trasgresión a las normas invocadas, tampoco
se encuentra que se haya desconocido el derecho a la reparación integral o que haya sido
negado, es más este ha sido ratificado en instancia, disponiendo que la procesada repare
al Estado por la inflacción cometida. En consecuencia los reclamos realizados por el IESS
y por la Procuraduría General del Estado, carecen de fundamento técnico y deben ser
negados.
111. DECISIÓN
En virtud de todo lo expuesto y las normas constitucionales y legales anotadas. con
fundamento en el articulo 657.5 COIP,
"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN
Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA",
este Tribunal de
Casación de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, declara improcedente los
recursos de casación propuestos por la Procuraduría General del Estado y por el
representante judicial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Ejecutoriada esta sentencia devuélvase el expediente a la autoridad de origen pra su
ejecución.TIFIQUESE Y CUMPLASE.
Dr. VIilm n Terán Carrillo
Dr/ilvul Camoverde
JUEZ NACIONAL (e)
ÇONJUEZ NACIONAL (e)
Daniella Camch
p
Herold
NACIONAL PÓNENTE
CERTIFICO.
DR. C
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DRIGU ECIA
CRETARIO RITOR
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141155 134-DFE
En Quito, lunes veinte y cinco de enero del dos mil veinte y uno, a partir de las once
horas y doce minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que
antecede a: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1207
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PLACIDO, RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO, VELOZ ALMEIDA
WILMER RAUL por no haber señalado casilla Certifico
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¡VA RODRIG2 GARCIA
SECRETARIO RELATOR ./