Sentencia Nº 000498-2019 de Corte Nacional de Justicia

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteVelasteguí Enríquez Rómulo Darío
Fecha de sentencia04 Septiembre 2019
Número de expediente17507-2014-0020
Número de sentencia000498-2019
MateriaContencioso Tributario
Fecha de publicación04 Septiembre 2019
Número de resolución000498-2019
Juicio No. 17507-2014-0020
JUEZ PONENTE: DR. DARÍO VELÁSTEGUI ENRÍQUEZ, JUEZ NACIONAL
(PONENTE)
AUTOR/A: DR. DARÍO VELÁSTEGUI ENRÍQUEZ
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO. Quito, miércoles 4 de septiembre del 2019, las 17h06. I.
ANTECEDENTES
1.1. La señora G.C.na Albán E. en su calidad de gerente financiera y como tal
representante legal de la compañía IBM del Ecuador C.A., interpuso recurso de casación en
contra de la sentencia dictada el 10 de julio de 2017, 16h19 por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, dentro del juicio de impugnación No. 17507-2014-0020, deducido por la señora
G.C.A.án E. en su calidad de gerente financiera y como tal representante legal
de la compañía IBM del Ecuador C.A., en contra de la Resolución No.
917012014RREV000013, de fecha 17 de enero de 2014, emitida por el Director General del
Servicio de Rentas Internas, mediante la que ratifica el contenido de la Resolución
117012011RREC008114 de 08 de abril de 2011 emitida por el Director Regional Norte del
Servicio de Rentas Internas, que rechazó el pago indebido por el valor de USD $36.382,23
por la baja de inventarios obsoletos; y, que la Administración Tributaria en su Acta de
Determinación No. 1720100100246, emitida por concepto de Impuesto a la Renta del
ejercicio económico 2006 determinó que dicho rubro pertenecía al Impuesto a la Renta del
ejercicio fiscal 2007; fallo de mayoría que en su parte relevante señala: “(…) con base en los
fundamentos constantes en este fallo, rechaza la demanda deducida por la Sra. G.
.
C.A.án E., en su calidad de gerente financiero y representante legal de la empresa
IBM DEL ECUADOR C.A.; y en consecuencia, ratifica la legitimidad de la resolución nro.
917012014RREV000013 de 17 de enero de 2014 emitida por el director general del Servicio
de Rentas Internas.- Sin costas.- (…)”
1.2. La pretensión jurídica de la señora G...C..A.án E. en su calidad de gerente
financiera y como tal representante legal de la compañía IBM del Ecuador C.A., es que: “(…)
110172679-DFE
Firmado por
ROMULO DARIO
VELASTEGUI
ENRIQUEZ
C=EC
L=QUITO
CI
0502114051
Firmado por A.
.
M.C.
.
S.
C=EC
L=QUITO
CI
1711016244
Firmado por
R.J.
.
L.T.
.
S.
.
C.=EC
L=QUITO
CI
1001335445
pretendemos que, en mérito de los fundamentos presentados por mi representada en este
escrito, dicho órgano case la sentencia de mayoría emitida el 10 de julio de 2017 y aclarada
mediante auto de 17 de julio de 2017, dentro del juicio No. 17507-2014-0020, y se declare el
derecho de mi representada a la devolución de USD. 36.382,23, más los intereses
correspondientes que deberán calcularse a partir del 28 de octubre de 2010. (…)”
1.3. El recurso de casación fue admitido a trámite por el Tribunal A quo mediante auto de 26
de julio de 2017, las 14h39; ante la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, competente para conocer y resolver el presente recurso.
II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
2.1. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia tiene
competencia para conocer los recursos de casación según lo dispuesto en el art. 184 de la
Constitución de la República del Ecuador, numeral primero del segundo inciso del art. 185
del Código O.ánico de la Función Judicial; y, art. 1 de la Ley de Casación. Del acta de
sorteo que consta a fojas 10 del expediente de casación, se ha radicado la competencia en el
doctor Darío V.ástegui Enríquez, en su calidad de Juez Nacional ponente; en la doctora A.
.
M.ía C.S. y en el doctor J.é L.T.án Suárez en sus calidades de Jueza y Juez
Nacionales de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, en virtud de las Resoluciones Nro. 341-2014, de 17 de diciembre de 2014 y 009-
2018, de 23 de enero del 2018, emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura; y, de las
Resoluciones Nros. 01-2018, de 26 de enero del 2018 y 02-2018, de 1 de febrero de 2018,
expedidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.
III. VALIDEZ
3.1. Para la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se ha observado el
cumplimiento de las solemnidades inherentes para esta clase de impugnaciones; por tanto al
no existir ninguna circunstancia que puede afectar la validez procesal y al no existir nulidad
alguna que declarar, con autos para resolver se considera:
IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DEL CASACIÓN
4.1. La señora G.C.na Albán E. en su calidad de gerente financiera y como tal
representante legal de la compañía IBM del Ecuador C.A., fundamenta su recurso de casación
con base en las causales primera y cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, con respecto a la
causal primera sustenta el yerro en la falta de aplicación del art. 300 de la Constitución de la
República del Ecuador e indebida aplicación del art. 123 del Código T.; en lo que
concierne a la causal cuarta, acusa que la sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia del
Pichincha, el 10 de julio de 2017, las 16h19, omitió resolver todos los puntos sobre los que se
trabó la litis, por lo que, acusa el vicio de “minima petita”.
4.1.1. Mediante auto de 08 de febrero de 2019, las 09h19, el doctor W.G.T.án
C., en su calidad de C. de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, declaró la admisibilidad parcial del recurso de casación
interpuesto por la señora G...C...A.án E. en su calidad de gerente financiera y
como tal representante legal de la compañía IBM del Ecuador C.A., exclusivamente al
amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, esto es, por el vicio de falta de
aplicación del art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador e indebida aplicación
del art. 123 del Código T..
4.1.2. Respecto del vicio de falta de aplicación del art. 300 de la Constitución de la República
del Ecuador, la casacionista expone que: “(…) El caso ya descrito encuentra su fundamento
en el Art. 300 de la Norma Constitucional (que identificamos como la norma inaplicada), en
conexidad con el Art. 10 numeral 7 de la Ley de Régimen Tributario Interna y en
concordancia con el Art. 21 numeral 8 de su reglamento de aplicación, en tanto para la
realización del principio de equidad tributaria, es imprescindible que las normas tributarias
inferiores a la Constitución se apliquen a todos los contribuyentes por igual, bajo el
principio de generalidad y justicia tributaria, dando a cada uno lo suyo, como reza la
máxima romana. En tal sentido todos los contribuyentes están facultados para que, al
momento de depurar la base imponible del impuesto a la renta de un ejercicio económico,
puedan deducir el valor de la baja de inventarios por expresa disposición legal. No obstante,
la sentencia recurrida deja de aplicar estas normas al caso concreto, y ni siquiera entra a
analizar su relación con el mismo, pues simplemente resuelve: (…)” Luego de transcribir la
parte resolutiva de la sentencia, la recurrente manifiesta: “(…) Es evidente que el juzgador no
está obligado a analizar las alegaciones de las partes cuando éstas son consecuencia de un
argumento principal que, a la luz del Derecho, resulta inconsistente y por tanto, se rechaza.
Pero ello no ocurre en el presente caso. Al contrario, mediante esta sentencia se está
concediendo que la Administración Tributaria recaude doblemente sobre el mismo hecho
económico, es decir podría darse una doble imposición tanto en los estados financieros del
2006 como en los del 2007, al no permitirse este ajuste correlativo, a pesar de que se ha
manifestado con suma claridad, inclusive a través de los informes periciales presentados en
el decurso del trámite judicial, que la deducción de este gasto es legal, y que su afectación a
la base imponible del ejercicio 2007 es real y palpable (…)” Más adelante expresa: “(…)Es
necesario precisar que no se está requiriendo un nuevo examen de la prueba aportada al
proceso, en manera alguna. Lo que se pretende demostrar es que tanto jurídica como
contablemente era procedente la deducción del gasto porque ello reflejaría la realidad
económica de IBM ante la Autoridad Tributaria. Por el contrario, impedirle a IBM la
legítima deducción del gasto por destrucción de inventario obsoleto, constituye una medida
discriminatoria que genera una desigualdad en perjuicio de mi representada, la cual no
halla asidero jurídico. En tal virtud, la inaplicación del Art. 300 de la Constitución,
particularmente del principio de equidad tributaria, conlleva la lesión de todo el sistema
jurídico tributario, la fabricación de subterfugios jurídicos que carecen de sustento verídico,
y el establecimiento de condiciones carentes de certeza jurídica para los contribuyentes,
lesionando así el derecho a la seguridad jurídica que se basa en la previsibilidad y
estabilidad de las normas. (…)” Finalmente, el casacionista concluye su fundamentación en
los siguientes términos: “(…) Es por demás exigible que todo órgano de justicia, al momento
de resolver, empiece por analizar las normas de más alto rango para, conforme a su
jerarquía, terminar por las más instrumentales, siempre y cuando se ajusten al texto de las
que les anteceden en importancia. Es decir, para que una sentencia judicial opere, es
imprescindible que parta del análisis constitucional de la controversia, y sólo si pasa ese
primer examen, descender hasta la norma legal, y posteriormente la reglamentaria. Esta
exigencia de la que hablamos no sólo es lógica sino jurídica: así consta en los Arts. 424 y
425 de la Norma Fundamental. Al haberse aludido expresamente en la demanda, y a lo largo
de la tramitación de la causa, el Art. 300 CRE como aquel que podría resolver la causa y
sobre el que se levantó la defensa de mi representada, era menester que el H. Tribunal se
aviniera a analizarlo a la luz de los hechos presentados ante sí. En caso de encontrar que el
artículo no fuera aplicable a este caso o no lo fuera en la forma en que lo conceptualizó la
actora, debió exponerlo de manera clara y contundente (pues hablamos de derechos
constitucionales) y entonces, sí, entrar a definir qué norma legal corresponde esgrimir para
atender el caso. Pero de forma evidente y flagrante, pasa por alto este artículo
constitucional, y al hacerlo resuelve defectuosamente. (…) De este análisis queda
fundamentada la causal invocada en tanto de la lectura de la sentencia (hemos señalado la
parte específica de la sentencia que, consideramos, incurre en la causal primera, en el
parágrafo 5.2.3 de este recurso) se puede apreciar que no se ha aplicado el Art. 300 de la
Constitución de la República, específicamente en cuanto al principio de equidad tributaria,
pues en ningún momento el H. Tribunal de instancia entró a analizar el tratamiento que
debía darse al caso específico de IBM en relación con las cargas tributarias que legalmente
soportan todos los contribuyentes, así como las prerrogativas que, también legalmente, se
prevén en favor de los mismos, las cuales hemos citado a lo largo de este apartado. En tal
virtud, la ausencia de este análisis fundamenta el cargo y a la vez, evidencia la existencia del
vicio de falta de aplicación de una norma de derecho trascendental en la parte dispositiva de
la sentencia recurrida, la cual hubiera modificado la ratio decidendi de esta causa. (…)”
4.1.3. En relación a la indebida aplicación del art. 123 del Código Tributario, la recurrente
fundamenta el vicio alegado en los siguientes términos: “(…) El Art. 123 del Código
T., sobre el cual se basó el análisis del Tribunal juzgador en esta sentencia (…) De
la lectura del artículo se pueden extraer los requisitos formales necesarios para que opere la
devolución de lo excesivamente pagado: que exista una solicitud expresa del contribuyente
(que IBM presentó ante la Administración Tributaria el 28 de octubre de 2010, resuelta
desfavorablemente mediante resolución No. 117012011RRECOO8114); que el pago
indebido aparezca como tal en los registros del contribuyente (hecho que se ha comprobado
mediante el acta de determinación del ejercicio económico 2006, de la contabilidad de la
compañía, y de los informes periciales presentados dentro del proceso, como consta a fojas,
que dan cuenta del valor de la diferencia entre el impuesto declarado en 2008 y el impuesto
que se generaría al aplicar la deducción por baja de inventario). Luego la norma hace una
remisión expresa a la ley y el reglamento, los cuales pueden imponer otras condiciones
adicionales, según este artículo. Más allá de la discusión sobre el principio de legalidad y la
remisión al reglamento (que no guardan relación con el presente caso), no existe norma
alguna en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que establezca que la devolución de lo
pagado en exceso deba constar específicamente en la declaración de impuestos del
contribuyente. Es necesario abonar en este aspecto. La declaración de impuestos es el medio
por el cual el sujeto pasivo determina sus propios impuestos en cuanto al hecho generador,
la cuantía del tributo y las características que para cada impuesto se prevea. A la vez,
mediante la declaración del sujeto pasivo, en los tributos en los que la determinación se
efectúa en esta modalidad, se hace saber a la Administración Tributaria dicha información,
para los fines previstos en el propio Código Tributario. La declaración constituye un
formalismo de obligatorio cumplimiento para el sujeto pasivo, y es vinculante para el mismo,
pero no causa estado, como sí lo hacen los actos administrativos, pues es una declaración de
naturaleza privada que, por lo mismo, puede ser modificada por el propio sujeto pasivo
(dentro del plazo de un año) o por la Autoridad Tributaria. Entiéndase que no sólo la entidad
recaudadora constituye autoridad en esta materia, sino también los jueces y juezas que
tienen jurisdicción tributaria. Dicho esto, es evidente que, si bien la declaración de
impuestos es obligatoria para el sujeto pasivo, no es obligatoria para el reclamo de lo
pagado en exceso, pues ninguna ley liga el ejercicio de este derecho de devolución con el
cumplimiento del requisito formal. Entonces, el H. Tribunal ha supeditado el ejercicio del
derecho a la devolución de lo pagado en exceso, al cumplimiento de un formalismo que no
consta en norma alguna como antecedente de la devolución. De este modo, si bien el Art. 123
del Código T. pudo haber sido pertinente para la causa, su aplicación es inadecuada
puesto que se lo ha tergiversado en la sentencia, dándole atributos que no provienen de su
texto. (…) El H. Tribunal de lo Contencioso Tributario No. 1 que resolvió esta causa, le ha
deducido, al Art. 123 del Código. Tributario, unas obligaciones que no constan en su texto
(…) Como se ve, el sistema tributario exige que nadie pague más de lo que debe, y que todos
paguen lo que les corresponde en virtud de una norma legal clara, expresa y previa que
ampara el recaudo de tributos. Exigir más a IBM de lo que se le exige a cualquier otro
contribuyente en las mismas circunstancias, comporta, como ya adelantamos, un ejercicio
arbitrario y discriminatorio del poder tributario, que impide la realización del principio de
equidad tributaria. No obstante, cuando se ha verificado un pago del contribuyente que
resulta indebido o excesivo, la propia norma y la doctrina han instaurado el remedio de la
devolución. Esto no sucede en otras ramas del Derecho, pues en Derecho Civil cabe el pago
de obligación natural, esto es, aquella que se ha. pagado sin que sea exigible, pero una vez
efectuado el pago, no se lo puede recuperar. Pero en Derecho Tributario no existe la figura
de la obligación natural: el pago que se efectuó sin ser exigible, incluso por error del
contribuyente, puede ser devuelto a petición de éste, porque el bien jurídico que protege la
figura de la devolución por pago indebido o por pago en exceso, es de la más alta
importancia. El sistema tributario encuentra un límite clarísimo en la prohibición de toda
forma de confiscación, prevista en el Art. 323 de la Constitución, pues el derecho a la
propiedad privada es una de las libertades fundamentales reconocidas, y por ende, se
encuentra entre los bienes jurídicos de la más alta protección estatal, conforme reza el Art.
66 numeral 26 de la misma N.. En tal virtud, la devolución de lo indebida o
excesivamente pagado debe efectuarse sin consideraciones de tipo formal que coarten el
derecho material.(…)” El recurrente, concluye manifestando: “(…) Una vez más hemos
demostrado la configuración de la causal invocada, a la vez que fundamentamos con
claridad la misma, señalando la sección de la sentencia recurrida que viola el precepto legal
(en el parágrafo 5.3.5 de este recurso) y los motivos por los que la misma debe ser
examinada por la H. Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, por lo que
solicitamos que se admita a trámite y se resuelva mediante sentencia (…)”
4.2. Realizado el traslado a la Autoridad Tributaria demandada; de la revisión del expediente,
se deprende que, dentro del término legal establecido para el efecto, la misma no ha dado
contestación a la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la señora G..
.
C.A.án E. en su calidad de gerente financiera y como tal representante legal de la
compañía IBM del Ecuador C.A.
V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO
5.1. La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
procede a examinar si la sentencia recurrida por la señora G..C.A.án E. en su
calidad de gerente financiera y como tal representante legal de la compañía IBM del Ecuador
C.A., se enmarca dentro de la causal y cargo propuesto:
CAUSAL PRIMERA: El recurrente considera que en el fallo recurrido, se ha configurado la
causal primera del art. 3 de la Ley de Casación, al acusar el vicio de falta de aplicación del
art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador; e, indebida aplicación del art. 123 del
Código T..
VI. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CASACIÓN Y RESOLUCIÓN
DEL PROBLEMA JURÍDICO
6.1. La casación desde la concepción doctrinaria se ha enmarcado en un campo aplicativo de
naturaleza jurídica extraordinaria, formal y de alta técnica jurídica, autores como: H.
.
D.E.ía, al referirse al recurso de casación han manifestado que “(…) Se trata de un
recurso extraordinario, razón por la cual está limitado a los casos en que la importancia del
litigio por su valor o su naturaleza lo justifica. Por él se enjuicia la sentencia del tribunal,
que es su objeto, sin que implique una revisión del juicio (…).” (D.E.ía, H. (2000).
Nociones Generales del Derecho Procesal Civil. Bogotá: Temis.); así mismo, J.G.
señala que: “(…) La casación se concibe como un recurso donde se platean estrictamente
cuestiones de derecho, y no cuestiones de hecho, es decir, que se trata de un proceso de
impugnación destinado a rescindir un fallo judicial por razones estrictamente jurídicas, y no
por razones fácticas, por lo que, quedarían fuera de la casación todas aquellas motivaciones
que pretendieran la eliminación, sustitución del fallo impugnado a base de su desajuste con
los hechos. La casación se perfila así como una figura de significado netamente jurídico,
porque solo las cuestiones jurídicas tendrían acceso a ella, lo cual limitaría,
extraordinariamente y significativamente, su concepto (…)” (como se cita en Lovato, J.
(2002). Programa A.ítico del Derecho Procesal. Quito: C.ón Editorial Nacional,
Universidad Andina Simón Bolívar.). Por su parte, el autor L.A...T.V.
señala que: “(…) El recurso de casación es extraordinario, discrecional, reglado y taxativo.
Pretende quebrar, anular y romper una sentencia o auto, violatorios de la ley sustancial
(errores in iudicando) o de la ley procesal (errores in procedendo) (...)”. (Tolosa Villabona,
L. A. (s.f.). Teoría y Técnica de Casación. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley). Finalmente,
De la Rúa manifiesta que: “(…) la casación es un verdadero y propio medio de impugnación,
un recurso acordado a las partes en el proceso, bajo ciertas condiciones, para pedir y
obtener el reexamen de las sentencias desde el punto de vista de su corrección jurídica (…)”
(De La Rua, F. (1986). El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino. Buenos
Aires: E.orial V.P. de Zavalla.) Criterios doctrinarios que reafirman la concepción
inicialmente expuesta y que se constituye en el lineamiento establecido por la Corte Nacional
de Justicia. Siendo por tanto, los objetivos principales de este recurso, por un lado la
protección del ordenamiento jurídico imperante bajo las premisas de la correcta interpretación
y aplicación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia o
auto del inferior, es decir en sentido estricto el control de legalidad sobre las decisiones
judiciales y por otro lado la función uniformadora de la jurisprudencia.
6.2. Esta Sala Especializada, respecto al problema jurídico planteado considera que, el art. 3
de la Ley de Casación con respecto a su causal primera dispone: “Aplicación indebida, falta
de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes
jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su
parte dispositiva”; por tanto, se deberá entender que por esta causal, se imputa a la sentencia
los errores in iudicando, en otras palabras, la vulneración directa de la norma de derecho o
sustantiva, en razón de que, no se ha subsumido de manera adecuada los hechos que han sido
probados, en consecuencia, no cabe la revaloración de los mismos; ya que, se parte de la base
correcta de aceptación de aquellos por el Tribunal A quo. Sobre los cargos que propone,
doctrinariamente se los entiende de la siguiente manera: a) Falta de aplicación: “(…) ocurre
cuando el sentenciador niega en el fallo la existencia de un precepto, lo ignora frente al caso
debatido. Es error contra ius, es rebeldía y desconocimiento de la norma. Es error de
existencia de la norma por haberse excluido ésta en la sentencia.” (Tolosa Villabona, L. A.
(2008). Teoría y técnica de casación: civil - penal - labora - acciones de grupo. Bogotá:
Doctrina y Ley); b) La aplicación indebida se consolida “(…) cuando la norma ha sido
entendida rectamente en su alance y significado, más se la ha utilizado para un caso que no
es el que ella contempla.” (Registro Oficial No. 12 de 31 de enero de 2003, pág. 28), en tanto
que para C., el vicio de aplicación indebida puede llegarse “(…) por dos distintos
modos que son perfectamente aplicables en nuestra técnica: porque, o puede errarse al
precisar las circunstancias de hecho que son relevantes para que la norma entre en juego
(yerro de diagnosis jurídica), o pueda padecerse equivocación al establecer la diferencia o
semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.” (M.B., H.
(2015). Recurso de casación civil. Santa Fé de Bogotá, Colombia: Ediciones Jurídicas
G.I.áñez. Con estas consideraciones, se pasa a analizar el cargo admitido y a resolver
el problema jurídico planteado:
6.2.1. Se inicia el análisis al amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de Casación,
respecto del vicio de falta de aplicación del art. 300 de la Constitución de la República del
Ecuador; e indebida aplicación del art. 123 del Código Tributario, se procede a transcribir las
normas respectivas:
Constitución de la República del Ecuador
“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad,
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y
progresivos.
La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la
producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas
responsables.”
Código Tributario
“Art. 123 Pago en exceso.- Se considerará pago en exceso aquel que resulte en
demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la
ley sobre la respectiva base imponible. La administración tributaria, previa solicitud
del contribuyente, procederá a la devolución de los saldos en favor de éste, que
aparezcan como tales en sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y
el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya
manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares obligaciones
tributarias pendientes o futuras a su cargo.
Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de seis meses de
presentada la solicitud o si considera que lo recibido no es la cantidad correcta,
tendrá derecho a presentar en cualquier momento un reclamo formal para la
devolución, en los mismos términos previstos en este Código para el caso de pago
indebido.
6.2.2. De la revisión de la sentencia recurrida se advierte que, el Tribunal A quo, han
determinado como hecho probado lo siguiente: “(...) 5.4.- De la documentación constante en
el proceso, se evidencia que, con fecha 28 de octubre de 2010, la compañía actora presentó
reclamo de pago en exceso por la cantidad de USD $ 36.382,23 al considerar que, mediante
acta de determinación nro. 1720100100246 del impuesto a la renta del 2006, la
administración tributaria estableció el valor de USD $ 145.528,87 proveniente de la baja de
inventarios contenida en las declaraciones juramentadas realizadas en el 2007 que fueron
registradas en la declaración del impuesto a la renta del 2006 más no en el ejercicio 2007;
en virtud de lo cual, el director regional norte activó su facultad resolutiva más no la
determinadora, negando dicho reclamo mediante resolución nro. 117012011RREC008114 de
8 de abril de 2011, confirmado en la resolución impugnada emitida por el director general
que resolvió el recurso de revisión formulado por la compañía actora (...)”
6.2.3. De ahí que, el Tribunal A quo, advierta y establezca como ratio decidendi que: “(...)
sin que se evidencie prueba alguna que demuestre que la empresa actora pagó en exceso la
cantidad de USD $ 36.382,23 por concepto de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2007,
pues de la declaración consta en la casilla 812 el valor de USD $ 570,291,95, de lo cual, la
cantidad de USD $ 72.030,02 corresponde a valores declarados por baja de inventarios más
no consta la cantidad de USD $ 145.528,87, lo cual es confirmado por los peritos Ing. D.
.
C. e Ing. D.S. en sus informes (fs. 319 vta. y 178 vta.); incumpliéndose el primer
presupuesto legal para la configuración del pago en exceso, esto es, que haya efectivamente
pagado dicho valor en el ejercicio fiscal 2007.- En consecuencia, este tribunal considera
que, el actor no presentó elementos de convicción que justifiquen las alegaciones contenidas
en su demanda, ni prueba documental que justifique haber pagado en exceso la cantidad de
USD $ 36.382,23 por concepto de impuesto a la renta del ejercicio económico 2007,
originados en una supuesta baja de inventarios, verificable en la casilla 723 de la
declaración del impuesto a la renta del 2007 (fs. 229), que declaró en USD $ 00,00,
definitiva y vinculante conforme lo establecido en el inciso segundo del artículo 89 del
Código T., teniendo en cuenta que, la administración tributaria ejerció su facultad
resolutiva ante el propio pedido del actor, sin que le sea posible activar la facultad
determinadora (…) Debiéndose considerar que, conforme a los artículos 82 y 148 del Código
T. y a la doctrina existente, los actos administrativos se presumen legítimos, en tanto
no se demuestre lo contrario, y al tratar sobre la presunción de legitimidad de estos, el
tratadista ecuatoriano E.ín Pérez manifiesta: “La referencia a la presunción de
legitimidad le atribuye el efecto corriente de las presunciones, que es invertir la carga de la
prueba, es decir que los actos se presumen legítimos mientras no se demuestre lo contrario.”
(Efraín Pérez, Derecho Administrativo Tomo I, tercera edición actualizada, C.ón de
Estudios y Publicaciones, Quito, p. 447).- Por tanto, al no cumplirse la primera condición
del pago en exceso, es improcedente analizar las demás alegaciones del actor, y sin otra
consideración (...)”; con base en lo expuesto, los juzgadores de instancia rechazan la
demanda presentada por la señora G...C..A.án E. en su calidad de gerente
financiera y como tal representante legal de la compañía IBM del Ecuador C.A., y en
consecuencia, ratifican la legitimidad de la Resolución nro. 917012014RREV000013 de 17
de enero de 2014, emitida por el Director General del Servicio de Rentas Internas.
6.3. De acuerdo con doctrina citada ut-supra, uno de los elementos sustanciales para que se
configure el vicio por indebida aplicación al amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley
de Casación, es que la norma de derecho haya sido entendida correctamente en su alcance,
pero la misma es aplicada sin pertinencia al hecho controvertido, es decir, el jugador hace
obrar la norma a una situación no prevista o regulada por ella.
Una vez realizado el análisis respectivo de la sentencia recurrida por la señora G.C.
.
A.án E. en su calidad de gerente financiera y como tal representante legal de la compañía
IBM del Ecuador C.A., es necesario precisar que, el Tribunal A quo, en el considerando 4.1
establece claramente que: “(…) El problema jurídico radica en determinar la legitimidad de
la resolución nro. 917012014RREV000013 de 17 de enero de 2014 emitida por el director
general del Servicio de Rentas Internas, únicamente en cuanto a la ratificación de la
negativa del reclamo de pago en exceso de USD $ 36.382,23 por concepto de impuesto a la
renta de ejercicio fiscal 2007, referente a los valores considerados como gastos no
deducibles por la baja de inventarios, contenidos en el acta de determinación nro.
1720100100246 de 14 de septiembre de 2010 de impuesto a la renta del ejercicio económico
2006, negados en la resolución nro. 117012011RREC008114 del 8 de abril de 2011 suscrita
por el director regional norte del Servicio de Rentas Internas. (…)” Es decir que, el presente
caso se circunscribió a establecer si en efecto, la compañía actora tenía derecho o no a que se
le reintegre el valor de USD $ 36.382,23 por concepto de pago en exceso del impuesto a la
renta del ejercicio fiscal 2007, en relación a la valores que fueron considerados como no
deducibles por concepto de baja de inventarios obsoletos.
Para tal efecto, el Tribunal de Instancia, de manera acertada se remite a lo establecido en el
art. 123 del Código Tributario, norma considerada como infringida, pues de la simple lectura,
se advierte que, para que opere el pago en exceso, no resulta suficiente la solicitud de
devolución de lo que consta registrado en los libros contables de la compañía o la
declaración, sino que, indefectiblemente se vuelve necesario el cumplimiento de dos
presupuestos, a saber: 1.- Que efectivamente, el contribuyente demuestre haber realizado el
pago del impuesto; y, 2.- Realizado dicho pago, se establezca que el mismo resulte en
demasía al que debió pagarse una vez aplicada la tarifa prevista en la Ley, lo que debe
obligatoriamente corroborarse de manera fundamentada; correspondiéndole a los Juzgadores
de Instancia la verificación del cumplimiento de dichos presupuestos, quienes luego de
analizar las pruebas aportadas por las partes, establecieron que el actor no cumplió con el
primer presupuesto, esto es, no demostró fehacientemente haber pagado en exceso la cantidad
reclamada, en tal virtud, resultaba improcedente que el Tribunal A quo realice cualquier
pronunciamiento respecto de las demás pretensiones del actor, consecuentemente, al no haber
desvirtuado la presunción de legitimidad del acto administrativo, se ratificó la Resolución No.
917012014RREV000013 de 17 de enero de 2014, emitida por el Director del Servicio de
Rentas Internas; por lo expuesto, es claro que, el Tribunal A quo de manera correcta verificó
el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el art. 123 del Código T., por
tanto; y, conforme fue analizado se puede concluir que es la norma pertinente para dar
solución al presente caso.
Por otro lado, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de
Justicia, considera necesario establecer que, los actos administrativos impugnados, de
conformidad a lo establecido en el art. 82 del Código Tributario, se encuentran investidos de
las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, por tanto, están llamados a cumplirse desde
que se encuentran firmes, por lo que, corresponde a quien los impugna, desvirtuar dichas
presunciones aportando elementos de convicciones suficientes; y, pruebas conducentes a
deslegitimar dichas presunciones legales atribuidas al acto administrativo; y, contradecir
aquella que ha sido producida por la A.nistración Tributaria, por lo que, en el caso in
examine, correspondía a la compañía IBM del Ecuador C.A. desvirtuar en el proceso judicial
las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad de las que goza la R.ón No.
917012014RREV000013 de 17 de enero de 2014, emitida por el Director del Servicio de
Rentas Internas.
6.3.1. Finalmente, dentro de esta misma causal, el recurrente ha manifestado que, “(…) el H.
Tribunal ha supeditado el ejercicio del derecho a la devolución de lo pagado en exceso, al
cumplimiento de un formalismo que no consta en norma alguna como antecedente de la
devolución. De este modo, si bien el Art. 123 del Código T. pudo haber sido
pertinente para la causa, su aplicación es inadecuada puesto que se lo ha tergiversado en la
sentencia, dándole atributos que no provienen de su texto. (…)”. A.ón que más
bien obedece a una manifestación de inconformidad con la decisión adoptada por los
juzgadores de instancia, pues, como se describió anteriormente, en el análisis del presente
caso se centró en determinar si en efecto se realizó el pago en exceso del impuesto a la renta
del ejercicio fiscal 2006 de la contribuyente compañía IBM del Ecuador C.A., por lo que, no
proceden las alegaciones del recurrente, puesto que, el Tribunal A quo ha basado su
resolución en observancia a la normativa legal aplicable al caso, esto es, el art. 123 del
Código T., norma que como quedó establecido en el análisis precedente, regula las
condiciones para que opere el pago en exceso; pues la simple inconformidad con la decisión
no significa que incurrieran en el vicio de indebida aplicación al amparo de la causal primera
del art. 3 de la Ley de Casación. Finalmente, resulta necesario establecer que, una vez
analizado el recurso de casación interpuesto, específicamente, en relación al vicio de indebida
aplicación del art. 123 del Código Tributario, el casacionista, en la fundamentación de dicho
vicio, no determina con exactitud la norma de derecho sustantivo, que a su criterio debió ser
aplicada para dar solución al presente caso, por lo tanto, no se evidencia una proposición
jurídica completa; y, por lo tanto, no procede el vicio alegado.
6.4. En relación al vicio de falta de aplicación del art. 300 de la Constitución de la República
del Ecuador, el recurrente ha manifestado que dicha vulneración ocasionó que a su
representada no se le permita la deducción por baja de inventario obsoleto al Impuesto a la
Renta del ejercicio fiscal del año 2006, lo que constituiría una medida discriminatoria, ya que
aquello constituiría que a su representada se le dé un tratamiento diferente frente a los demás
contribuyentes; y, en consecuencia, se estaría facultando a la Autoridad Tributaria para que
recaude doblemente sobre un mismo hecho económico.
Ahora bien, los argumentos expuestos por la casacionista se limitan a cuestionar el principio
de equidad contenido en la normativa citada, sin embargo, resulta preciso establecer que, este
Tribunal de Casación tiene por objeto realizar un control de legalidad de las sentencias
puestas a su conocimiento; y, no le corresponde a esta Sala Especializada de la Corte
Nacional de Justicia pronunciarse respecto de principios constitucionales que no tengan una
norma sustantiva infringida, puesto que, al amparo de la causal primera del art. 3 de la Ley de
Casación, la norma constitucional invocada únicamente puede ser alegada como infringida en
apoyo a la vulneración de una norma de derecho sustantivo.
En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala considera que no se ha configurado la
causal primera del art. 3 de la Ley de Casación por el vicio de falta de aplicación del art. 300
de la Constitución de la República del Ecuador; ni tampoco la indebida aplicación del art. 123
del Código T..
VII. DECISIÓN
E....S. Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA
REPÚBLICA, Resuelve: No casar la sentencia dictada el 10 de julio de 2017, las 16h19 por
los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.- En virtud de lo establecido en el artículo
269 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 283 del Código de Procedimiento
Civil, al no verificarse que las partes hayan litigado de mala fe, no se condena en costas.
A.úe la Dra. X.B.én Q.S. en calidad de Secretaria Relatora encargada de
la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, mediante acción de personal No. 897-
UATH-2019-OQ de 08 de agosto del 2019. N.íquese, publíquese y devuélvase.-
DR. DARÍO VELÁSTEGUI ENRÍQUEZ
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
DRA. A.M.C. SANTOS
JUEZA NACIONAL
DR. J.L.T.S.
JUEZ NACIONAL

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