Resolución Nº 0046-2017 de Corte Nacional de Justicia, 7 de Abril de 2017

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación07 Abr 2017
Número de resolución0046-2017
Número de sentencia0635-2016
PonenteBermúdez Coronel Oscar Eduardo
REPUBLICA DEL ECUADOR
www.cortenacional.gob.ec
Juicio No: 17711-2016-0635
Quito, viernes 7 de abril del 2017
A: DELGADO ZAMBRANO JOSE ROBERTO
Dr./Ab.:
En el Juicio Ordinario No. 17711-2016-0635 que sigue DELGADO ZAMBRANO
JOSE ROBERTO, RAMIREZ TIXI ELISEO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL
OBSERVATORIO CIUDADANO DE CONTROL SOCIAL Y AL SISTEMA DE
JUSTICIA REGION 5, JOSE ROBERTO DELGADO ZAMBRANO en contra de DR.
ROMERO SORIANO JOSE, VICEPRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL DEL
BANCO INTERNACIONAL S.A., DR. ROMERO SORIANO JOSE,
VICEPRESIDENTEY REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO INTERNACIONAL
S.A., hay lo siguiente:
JUEZ PONENTE: OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ
(PONENTE)
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y
MERCANTÍL.- Quito, viernes 7 de abril del 2017, las 15h15.- VISTOS (635
2016): 1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En virtud de que los Jueces
Nacionales que suscribimos hemos sido debidamente designados por el Consejo
de la Judicatura de Transición mediante Resolución No. 004-2012 de 25 de enero
de 2012 y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución 01 de 28
de enero de 2015, nos designó para integrar esta Sala Especializada, y conforme
el acta de sorteo que obra del cuaderno de casación somos competentes para
conocer de esta causa, en los términos de los Arts. 184.1 de la Constitución de la
República, 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de
Casación. 2. ANTECEDENTES: Accede el proceso a esta Sala en virtud del
recurso de casación activado por el doctor José Romero Soriano, Vicepresidente y
representante legal de Banco Internacional S.A., contra la sentencia proferida por
el Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, el 30 de mayo de 2016, las 16h02, que niega el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada, Banco Internacional S.A., y acepta
parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el demandante, reformando la
sentencia de primera instancia respecto del cuantum indemnizatorio.- 3.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El recurrente aduce que en el fallo que
impugna se han infringido los preceptos de los Arts. 75 y 76.7.l) de la
Constitución de la República del Ecuador y 29, 2214, 2229, 2231 y 2232 del
Código Civil. Fundamenta el recurso en las causales primera y quinta del Art. 3
de la Ley de Casación. Uno de los señores Conjueces de esta Sala Especializada
lo admitió a trámite mediante providencia de 6 de octubre de 2016, las 09h27, y
en virtud de haberse fijado los límites dentro de los cuales se constriñe el recurso,
para resolver, se puntualiza: 4. CONSIDERACIONES RESPECTO DEL
RECURSO DE CASACIÓN: La casación es un medio de impugnación
extraordinario y público; es recurso limitado desde que la ley lo contempla para
impugnar, por su intermedio, sólo determinadas sentencias. Consecuencia de
dicha limitación “… es el carácter eminentemente formalista de este recurso, que
impone al recurrente, al estructurar la demanda con la cual lo sustenta, el
inexorable deber de observar todas las exigencias de la técnica de casación, a tal
punto que el olvido o desprecio de ellas conduce a la frustración del recurso y aún
al rechazo in limine del correspondiente libelo” (Humberto Murcia Ballén, Recurso
de Casación Civil, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, sexta edición, Bogotá,
2005, p. 91). El objetivo fundamental de la casación es atacar la sentencia que se
impugna para invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de los que
puede adolecer, hecho que se verifica a través del cotejamiento riguroso y técnico
de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, lo que permite encontrar la
procedencia o no de las causales invocadas. Este control de legalidad está
confiado al más alto Tribunal de Justicia Ordinaria, que en el ejercicio de ese
control, así como el de constitucionalidad, lo que procura es garantizar la defensa
del derecho objetivo en el marco de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el
que se sustenta el Estado constitucional de derechos y justicia, la igualdad de la
ciudadanía ante la ley, y, reparar los agravios irrogados a los sujetos procesales
con ocasión de la providencia recurrida (en este contexto así se entiende la función
dikelógica de la casación). Por el Art. 1 de la Constitución de la República, el
Ecuador es Estado de derechos y justicia y es definido a través de sus caracteres
esenciales, entre éstos y aquél la relación es ontológica. En efecto, el Estado
Ecuatoriano es tal en tanto sus elementos esenciales están presentes en cuanto
su propia naturaleza, su propio ser. Los caracteres esenciales del Estado tienen
que ver, a más de la organización entre poderes, creación y aplicación del
Derecho, por el compromiso por la defensa de contenidos jurídicos. La carga
semántica de este precepto delimita el alcance, coherencia y razonabilidad de
esos elementos esenciales, por ello que la parte orgánica de la Constitución sólo
adquiere sentido y razón de ser como aplicación de los principios y derechos
establecidos en su parte dogmática, en el entendido de que la principal
característica del constitucionalismo contemporáneo es el reconocimiento del
carácter normativo del texto fundamental y, en este contexto, es deber de los
jueces garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
por la Constitución por su fuerza jurídica directa y por ser soporte que da unidad al
sistema jurídico. 5. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS
IMPUGNACIONES PRESENTADAS: 5.1. PRIMER CARGO, CAUSAL QUINTA:
Cuando se acusa violación de las disposiciones constitucionales, este cargo debe
ser analizado en primer lugar por el principio de supremacía constitucional
establecido en los Arts. 424 y 425 de la Constitución de la República, norma
suprema del Estado y fuente fundamental y fundamentadora del ordenamiento
jurídico, a la cual ha de ajustarse todo el ordenamiento infraconstitucional y las
actuaciones de jueces, autoridades públicas y ciudadanos. El recurrente aduce
infringidos los preceptos constitucionales con cargo en la causal quinta del Art. 3
de la Ley de Casación por lo que en este contexto será tratado tal imputación. La
Constitución de la República del Ecuador, entre las garantías de los derechos de
protección, prevé: Art. 76.7.l).- “Las resoluciones de los poderes públicos deberán
ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas
o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos”. Su
ubicación, dentro de la parte dogmática e integrada a las garantías procesales
como derivación del principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio, connota
que protege un derecho fundamental de inexcusable observancia en toda
resolución, administrativa o judicial, en que se decida derechos y obligaciones. La
motivación es una necesidad y una obligación que ha sido puesta en relación con
la tutela judicial efectiva y los recursos. Es derecho de carácter público y
naturaleza subjetiva desde que son titulares todos quienes acceden a los
tribunales y órganos de la administración pública en procura de la tutela judicial de
sus intereses, y además es deber porque es vinculante para los administradores
de justicia y autoridades de la administración, en cuanto la motivación se concreta
como criterio diferenciador entre racionalidad y arbitrariedad a través del proceso
intelectual, del iter lógico, que lleva a resolver en determinado sentido. La
articulación de un razonamiento justificativo de la sentencia representa el
fundamento de la motivación, en cuanto explicación de lo hecho o resuelto con
motivo o suficiente razón que explica el por qué de las decisiones y es el signo
más importante y típico de la racionalización jurisdiccional. Sus decisiones deben
estar precedidas del examen de los hechos junto con el análisis de pruebas que
los afirman y el derecho en que se apoyan; las decisiones no deben ser el
resultado de la arbitrariedad, si de la razón. “La motivación de las decisiones es
sin duda una garantía de justicia, cuando mediante ella se consigue reproducir
exactamente, como en un croquis topográfico, el itinerario lógico que el juez ha
recorrido para llegar a su conclusión: en tal caso, si ésta es equivocada, se puede
fácilmente determinar, a través de la motivación, en qué etapa de su camino perdió
el operador jurídico la orientación” (Piero Calamandrei, Proceso y Democracia,
Ediciones Jurídicas, Europa-América, Buenos Aires, 1960, p. 38). El Código de
Procedimiento Civil, Art. 280, prevé, “En las sentencias y en los autos que decidan
algún incidente o resuelvan sobre la acción principal, se expresará el asunto que
va a decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión…”. El precepto procesal
se refiere, como se ve, al contenido de la motivación. La doctrina al respecto
señala que una adecuada motivación de la sentencia debe ser expresa, clara,
completa, legítima y lógica (Fernando de la Rúa, El Recurso de Casación, Víctor P.
de Zavalía, Buenos Aires, 1968, p. 150). Expresa, en cuanto el juez no puede
omitir la motivación remitiéndose a otras resoluciones o a constancias del proceso,
el juzgador está en la obligación de señalar las razones por las que decide; al
respecto, el Art. 276 inciso segundo del Código citado advierte “No se entenderá
cumplido este precepto en los fallos de segunda instancia por la mera referencia a
un fallo anterior”. Clara, en cuanto el razonamiento del juzgador no esté expresado
en forma ambigua ni anfibológica. Ese razonamiento debe ser comprensible a fin
de que se lo pueda examinar e impugnar. Completa, porque debe abarcar los
hechos y el derecho, los hechos constituyen el eje central sobre el cual girarán las
pruebas, los argumentos y el derecho, sometiéndolos a la valoración crítica. El
juzgador debe establecer las conclusiones de hecho, lo que a su vez atañe la
fundamentación en derecho pues que así vendrá a consistir la base de aplicación
de la norma. Cabe tener presente que las reglas jurídicas por lo general son
hipotéticas, esto es, establecen un presupuesto de hecho, determinan una relación
de causa-efecto, y, fijan la obligación o sanción consecuentes. Los hechos son el
sustento de la aplicación normativa por el proceso de subsunción, por ello que
para motivar la sentencia en aquellos el juzgador debe demostrarlos, para
sustentarla en derecho debe describirlos y justificar en el texto legal la conclusión
jurídica. Legítima, porque la motivación debe sustentarse en pruebas válidamente
actuadas; si la sentencia se apoya en prueba viciada y que no se haya subsanado
el vicio invalidante, estará defectuosamente motivada, como igualmente acontece
si se sirve de pruebas que no han sido incorporadas al proceso (invención), que no
han respetado el principio de contradicción o se sirve el juez de su conocimiento
personal u omite la consideración de prueba esencial incorporada de modo legal al
expediente (preterición). Lógica, en cuanto el juzgador debe seguir un proceso
secuencial en el iter de su razonamiento observando las reglas fundamentales de
la lógica, la psicología y la experiencia (las reglas de la sana crítica) que, “…
descriptivamente, son las reglas no jurídicas derivadas de la lógica, la experiencia
y la ciencia que sirven para fundar una valoración razonada de la prueba y permite
su control posterior por otro órgano de enjuiciamiento posterior” (Xavier Abel Lluch,
Las Reglas de la Sana Crítica, Edit. La Ley, Madrid, 2015, p. 48). La motivación
es operación lógica que se sustenta en la certeza por lo que el juez debe observar
los principios o reglas fundamentales del pensamiento que son de la coherencia y
la derivación así como los principios de identidad, contradicción y tercero excluido.
La coherencia de los pensamientos conlleva la concordancia entre sus elementos;
en tanto que, por la derivación, cada pensamiento proviene de otro con el cual está
relacionado, con la excepción de que se trate de un principio, es decir de un juicio
que no es derivado sino el punto de partida para otros. De la regla fundamental de
la coherencia se establecen los principios formales del pensamiento: i) De
identidad: cuando en un juicio el sujeto es igual, total o parcialmente, al predicado,
el juicio es verdadero. ii) De contradicción, también llamado de no contradicción,
hace referencia a los juicios que se desmienten entre sí “… indica que ningún juicio
puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Si hay dos juicios contradictorios
no pueden ser ambos verdaderos, por ejemplo 'el demandado es responsable',
frente a 'el demandado no es responsable' hay una contradicción, por lo cual uno
de los dos es falso. La inclusión en un texto de una afirmación y su negación, al
poner de manifiesto una contradicción, hace que el texto sea incoherente, pues lo
que afirmamos lo negamos” (Carlos Arturo Cano Jaramillo, Oralidad, Redacción,
Argumentación y Texto Jurídico, Ediciones Jurídicas Andrés Morales,
Bogotá-Colombia, 2014, p. 111). iii) Del tercero excluido, por el que se explica
que cualquier enunciado es verdadero o falso; entre dos juicios contradictorios uno
es verdadero y el otro es falso, no existe una tercera posibilidad. La motivación
para ser lógica debe tener las características de coherencia (las afirmaciones,
deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre sí), de
no contradicción (no cabe emplear en el razonamiento juicios contrastantes entre
sí, que al oponerse, se anulan) y, además, debe ser inequívoca (los elementos del
raciocinio no deben dar lugar a dudas respecto de su alcance, significado y
conclusiones). La Corte Constitucional refiriéndose a la motivación de las
resoluciones de los órganos jurisdiccionales, expresa que, “…constituye una
garantía esencial para evitar la arbitrariedad y lograr el cumplimiento efectivo de
las decisiones adoptadas… la exposición por parte de la autoridad judicial con
respecto a la decisión adoptada debe hacérsela de forma: i. Razonable, es decir
que sea fundada en los principios constitucionales; ii. Lógica, lo cual implica una
coherencia entre las premisas y la conclusión, y, iii. Comprensible, es decir que el
fallo goce de claridad en el lenguaje. Por lo expuesto, no hay duda que la
necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas deriva tanto del
derecho al debido proceso, como de la esencia de la actividad jurisdiccional en
donde prevalecen principios como la independencia e imparcialidad de los jueces.
El incluir la garantía de la motivación de las resoluciones dentro del derecho al
debido proceso constitucional, procura garantizar que toda actuación judicial sea
justificada dentro de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, pues
solo así la decisión judicial alcanzará un sentido de justicia” (Sentencia No.
092-13-SEP-CC, de 30 de octubre de 2013. R.O.S. No. 130 de 25 de noviembre
de 2013). La motivación como garantía del debido proceso tiene estas finalidades:
i. Garantizar el control democrático difuso sobre los fundamentos y legalidad de la
decisión, ii. Responder a una determinada interpretación y aplicación del Derecho,
iii. Que los sujetos procesales tengan la información necesaria para impugnar la
decisión, iv. Que el Tribunal de Casación cuente con la información necesaria para
vigilar la correcta interpretación y aplicación del Derecho, y, v. En cuanto evidencia
que su razón de ser es la aplicación razonada de las normas que se consideran
pertinentes al caso y que den suficiente sustento a la decisión adoptada. Fines
que, en resumen, determinan la necesidad de razonar y justificar la decisión,
permitir ejercer control sobre el fallador, facilitar la realización de la contradicción,
y, persuadir a los sujetos procesales sobre la justicia y validez de la decisión. Se
puntualiza que la motivación de la sentencia es el canal de su legitimación.
Carnelutti puso énfasis en distinguir la motivación real de la aparente, advirtiendo
que se configura esta última “…no sólo cuando los motivos del fallo se contradigan
y por lo tanto se excluyan, sino en general, cuando falta el nexo lógico entre ellos,
o bien entre ellos y las disposiciones citadas… el valor de la motivación es muy
grande en orden al rendimiento social del proceso; no oculto que a veces el vicio
de motivación es una especie de válvula de seguridad para permitir, por vía de la
casación, la eliminación de errores de hecho singularmente graves, pero ello es en
realidad más un beneficio que un daño para la justicia” (Francisco Carnelutti, citado
por Juan Carlos Hitters, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación,
Librería Editora Platense, 2da. Edición. Reimpresión, La Plata, 2007, p. 114).
5.1.1. Aduce el recurrente, “La causal quinta del artículo 3 de la Ley de
Casación determina que el recurso extraordinario procede 'cuando la sentencia o
auto no contuvieren los requisitos exigidos por la ley, o en su parte dispositiva se
adoptan decisiones contradictorias o incompatibles'. Precisamente, uno de esos
requisitos es que la resolución sea motivada. En la sentencia casada, no se
encuentra ese elemento tan esencial. En consecuencia, tanto el fallo como el
auto que lo integra (al señalar que 'nada hay que ampliar'), dejaron de aplicar los
artículos 76.7 letra l de la Constitución de la República y 130.4 del Código
Orgánico de la Función Judicial, que mandan a juezas y jueces motivar sus
resoluciones, y de esta manera, se negó a mi representado el derecho
fundamental a la tutela efectiva, contemplado en el artículo 75 de la Constitución,
norma que fue inaplicada. Para que exista motivación, las razones expuestas en
un fallo deben guardar sindéresis, coherencia y lógica entre sí. Deben convencer
y explicar fehacientemente cómo se encadenan los antecedentes del caso con las
normas invocadas por el tribunal… el tribunal no sólo que consigna premisas
falsas y abiertamente contradictorias entre sí, sino que reincide en los errores de
motivación del fallo de primera instancia … Explicar 'la pertinencia' de la aplicación
de las normas a los antecedentes de hecho es una obligación de todo juzgador;
pero en este caso, la sentencia que se impugna no respeta reglas mínimas de
lógica, pues la conclusión a la que llega no fluye naturalmente, ni se manifiesta
como ineludible, aceptable, entendible por cualquier persona. En efecto, basta
leer las siguientes líneas del considerando Cuarto (titulado paradójicamente
'Motivación') para dar cuenta de este cargo: 'En conclusión, de la prueba actuada
se evidencia que el Banco Internacional no verificó oportunamente la información
del tarjetahabiente, previo a otorgar la tarjeta de crédito, acto negligente que
permitió que la persona que se abrogó (sic) la identidad del accionante realice
ilícitamente consumos a su nombre, lo que provocó que a falta de pago oportuno al
Banco Internacional por esos consumos, se reporte a la Central de Riesgos, hecho
que sin duda era responsabilidad de la institución bancaria que debía percatarse
de la veracidad de los documentos y más aún confirmar la identidad del falso
tarjetahabiente y de la documentación aparejada a la solicitud de emisión de esa
tarjeta de crédito, lo que podría haber evitado el desenlace que en este caso se ha
dado. Sin embargo, demostrado el daño causado, debe tenerse en cuenta los
efectos de ese daño, la posición social y económica del accionante, y el nexo
causal originado por hechos ilícitos, que sin duda alguna no fue por voluntad de la
institución bancaria; al respecto cabe destacar que efectivamente ha existido
negligencia administrativa de parte de la entidad bancaria demandada, que no ha
realizado la verificación de datos y no se ha asegurado de la veracidad de la
documentación presentada a su conocimiento. El accionante ha sufrido un daño,
pero el mismo según la verdad procesal no ha afectado gravemente a su buen
nombre y a la libertad para realizar sus actividades económicas; además, la
institución demandada ha demostrado haber realizado gestiones posteriores al
hecho ante el organismo de control, evitando así se causa (sic) más daño al
ofendido, lo que atenúa su proceder negligente'. El tribunal consigna premisas
que son abiertamente contradictorias entre sí. Por fuerza, una de ellas debe ser
falsa, lo que provoca que la conclusión sea ilógica y por tanto contraria al mandato
de la motivación contenido en los artículos 76.7 letra l de la Constitución y 130.4
del Código Orgánico de la Función Judicial. Para poder identificar estos vicios
contrarios a la lógica, es necesario establecer, primero, las premisas lógicas que
debían anteceder a una conclusión que podrían configurar el siguiente enunciado:
'Banco Internacional S.A. actuó ilícitamente; provocó daño al actor y, por tanto,
está obligado a indemnizarle'. Para que surja la obligación de indemnizar por un
daño moral, debe verificarse la existencia de ese daño, la actuación u omisión
ilícitas del agente acusado y el nexo causal entre el daño sufrido y la actividad u
omisión ilícitas del agente. Entonces: el daño tiene que ser real, debe haberse
producido, no puede ser producto de la imaginación del ofendido. La actuación u
omisión del agente necesariamente han de ser ilícitas. El nexo causal se
establece cuando se verifica responsabilidad, es decir, probabilidad jurídica de
formular reproche al agente. Si todos estos elementos se reúnen, la conclusión
lógica o natural sería que el demandado-agente es responsable de daño moral y
por tanto está obligado a indemnizarlo. Sin embargo, en el fallo en análisis esa
conclusión lógica o natural no fluye jamás porque las premisas son contradictorias
entre sí. Esto implica que una, o varias de ellas, son falsas, y por tanto, vician a la
motivación al privarla de su característica esencial: constituir una serie de
razonamientos debidamente eslabonados que han de conducir sin duda a una
conclusión. En efecto: a) El fallo del tribunal de última instancia afirma primero
que el daño producto de un 'hecho ilícito' (cuya calificación no se explica en el
fallo), 'sin duda alguna no fue por voluntad de la institución bancaria'. Si en esta
premisa se excluye la intención de dañar, característica esencial del daño moral,
no se puede afirmar más adelante que mi representado 'atenuó su proceder
negligente'. Repele a la lógica que debería regir a toda sentencia paradigma de
silogismo- el que se afirme primero que un hecho ilícito la negligencia- no se ha
producido por voluntad del agente al que se imputa responsabilidad, y a reglón
seguido, afirmar que sí existió un proceder negligente. La negligencia, como
conducta omisiva, es un elemento que condiciona la existencia del deber de
reparar por daño moral. Si existe negligencia, o se verifica en el proceso, surge
entonces el deber de indemnizar a quien sufrió el daño. Pero esta categoría no
puede 'inexistir' al mismo tiempo, como absurdamente señala el tribunal ad quem.
La razón es muy simple: el ser y el no ser son conceptos contradictorios y
excluyentes entre sí. Lo que es excluye a lo que no es … Esta falacia del
razonamiento que la doctrina ha identificado como equívoco vulnera el principio de
contradicción … La falsa hipótesis es que el Banco 'no verificó (o lo que es igual,
'omitió su deber de verificar') la documentación personal de una persona
identificada como 'José Roberto Delgado Zambrano', quien en realidad 'no era'
José Roberto Delgado Zambrano. Para que la hipótesis sustente la premisa del
actuar ilícito, por negligente, de mi representado, era imprescindible que el fallo al
menos mencione o describa la falta del demandado. b) Y es que, en derecho,
un tribunal no puede afirmar, sin que su razonamiento resulte abiertamente ilógico,
que existe una suplantación de identidad (como se afirma en la sentencia
impugnada), sin establecer como antecedente, al menos, la declaratoria por parte
de otro juzgador de que esa suplantación en efecto se ha verificado. c) Ninguna
institución que atiende al público como sería un banco- podría operar si se
partiese de la presunción de que un documento como una cédula de
ciudadanía/identidad, o un certificado de un registro público, o un nombramiento de
un representante legal por poner tan solo tres ejemplos de documentos que
sustentan la identidad de una persona- es 'falso' o producto de una suplantación
de identidad. Mientras no exista una declaración judicial en contrario, la lógica
indica que se debe presumir la verdad del documento presentado por quien solicita
ser cuentahabiente o tarjetahabiente. ¿Actuaría negligentemente una entidad
bancaria que no presumiera una suplantación de identidad?. La respuesta,
evidentemente, es negativa. d) Entonces, ¿cómo puede el tribunal concluir que
Banco Internacional S.A. actuó negligentemente 'al no verificar' la identidad del
hoy actor, afirmando en su fallo que 'existió al parecer' una suplantación de
identidad, y no referir en el fallo en qué consistió exactamente esa
suplantación? 5.1.2. La sentencia constituye un todo, por ello que,
particularmente sus considerandos, no pueden ni deben ser separados de la parte
dispositiva, mismos que “ … servirán, al menos, para ilustrar a ésta, entenderla y
poderla ubicar en el correcto límite (objetivo y subjetivo) que informa su
verdadero contenido y permite, por consiguiente, la impugnación si corresponde”
(Enrique Véscovi, Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en
Iberoamérica, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988, p. 39). En este contexto,
precisa citar la sentencia impugnada en su considerando Cuarto en la parte de
la valoración probatoria: “Consta que del reclamo presentado por el actor al
Banco Internacional el 16 de julio de 2011, con fecha 26 de julio de 2011 se
informa al Subdirector de Atención al Cliente de la Superintendencia de Bancos y
Seguros, que encuentran indicios de suplantación de identidad del señor José
Alberto Delgado Zambrano y que el Banco ha resuelto reversar los valores
correspondientes a consumos existentes y solicitan la corrección de calificación de
riesgos a nivel del sistema financiero (fs. 42). Se verifica que la eliminación de la
Central de Riesgos tuvo lugar el 27 de diciembre de 2011 por la petición constante
en oficio No. USC-826-2011, de 13 de diciembre de 2011, realizada por Banco
Internacional, en la que solicita que se le autorice la modificación de la estructura
R60 en la que se encontraba reportado el actor, y en base a esa petición, recibida
por la Dirección Nacional de Estudios de la Superintendencia de Bancos y
Seguros, el 14 de diciembre de 2011 (fs. 92), fueron validados los datos del señor
José Roberto Delgado Zambrano, el 27 de diciembre de 2011 (fs. 86 y 87). Con
fecha 2 de septiembre de 2011, la Subdirección de Atención al Cliente de la
Superintendencia de Bancos y Seguros, respecto del reclamo del actor, en el
numeral 4, dice: 'El Título XIV, Capítulo IV, Sección II, del Libro I de la
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros,
determina que las entidades financieras dispondrán de un servicio especializado
de atención al cliente, con el objeto de atender y resolver de manera obligatoria,
las quejas y reclamos que presenten los clientes, que se deriven de sus relaciones
comerciales y contractuales. Por lo tanto, la entidad a su cargo no podía negarle
al señor José Delgado Zambrano la información solicitada por él entorno (sic) a su
situación crediticia y financiera con la institución, exigiéndole que previamente
cancele lo adeudado, pese a que no adquirió jamás obligación alguna con el
Banco a su cargo. Por tal razón, el procedimiento de los funcionarios del Banco
en ese sentido fue absolutamente indebido, y ello no puede repetirse en lo
posterior con ningún cliente, pues éstos tienen todo el derecho de exigir le revelen
su situación crediticia o financiera, por ser los interesados personales y directos,
no un tercero como para se le niegue toda información relacionada con el caso …
dispongo de manera inmediata: a) Anular y dejar sin efecto todo registro
efectuado en el Banco a nombre del señor José Roberto Delgado Zambrano, en
torno a la tarjeta de crédito aludida, créditos o cualquier otra transacción financiera
con la entidad, b) La eliminación total de los datos del señor José Roberto
Delgado Zambrano, de la central de riesgos, debiendo el Banco solicitar las
respectivas estructuras y seguir el procedimiento administrativo para el efecto' (fs.
148 a 151) e informa la (sic) Dirección Nacional de Estudios e Información de la
Superintendencia de Bancos que 'a la fecha no es deudor en el sistema financiero'
(fs. 67 a 71)”. Prosigue la sentencia con la parte o fracción citada por el
recurrente: “En conclusión … “ etc. Al argumentar se parte de conceptos en los
que se emite juicios enunciativos (proposiciones) por los que se afirma o niega un
hecho o cosa. La proposición constituye unidad lingüística que consta de sujeto y
predicado, y constituye el punto de inicio de la argumentación. El razonamiento
realiza inferencias; infiere pautas a partir de las premisas genéricas contenidas en
la ley que se deben aplicar al caso singular: Por ello que como expresa Klug “ … la
lógica jurídica es la teoría de las reglas lógico-formales que llegan a emplearse en
la aplicación del derecho” (Ulrich Klug, Lógica Jurídica, Editorial Temis, Bogotá,
1990, p. 8). La proposición se la entiende como una afirmación o un juicio; “…
en el concepto no afirmo nada, o como cuando digo 'arrendatario' o asimismo
'demandado'; mientras que en la proposición enunciativa: afirmo o niego, es decir,
tomo posición positiva o negativa ante el sujeto, como cuando digo 'el arrendatario
es moroso', 'el acusado no es responsable' o el 'demandado alegó'. La
proposición tiene su vínculo con el derecho probatorio, porque probar es acreditar
la verdad de una proposición, de algo que se afirma. Precisamente, el objeto de
prueba son los hechos y los actos jurídicos sobre los cuales se afirma o niega algo
… la lógica es la encargada de estudiar las proposiciones, que son susceptibles de
ser verdaderas o falsas. Una proposición es verdadera cuando el enunciado existe;
de lo contrario es falso … El juicio es la relación entre dos conceptos: el sujeto y
el predicado … Un texto oral o escrito es un conjunto conectado de proposiciones,
de afirmaciones o negaciones” (Carlos Arturo Cano Jaramillo, op. cit., pp.
100,101). Una providencia se estructura a partir de las proposiciones normativas
la norma jurídica- y las proposiciones de hecho y, cuando se trata de demostrar,
estamos en el campo de las proposiciones. Por el silogismo, en cuanto discurso
hablado o escrito, se arriba a conclusiones por inferencia. “El silogismo es de uso
corriente en la elaboración de los textos y en la conversación diaria. Para
Aristóteles, el silogismo es un discurso en el cual, estando dadas ciertas cosas
(presupuestos), otras cosas distintas a ellas se deducen necesariamente por el
solo efecto de dichos presupuestos. Ejemplo: Todos los hombres son racionales.
Álvaro es un hombre. Luego, Álvaro es racional. Una de las formas básicas del
razonamiento jurídico es el silogismo denominado modus barbara, cuya estructura
deductiva se simboliza así: Todos los M son P (premisa mayor). Todos los S son
M (premisa menor). Luego, todos los S son P (conclusión)” (Carlos Arturo Cano
Jaramillo, ibídem, p. 102). La estructura del silogismo judicial se integra por
premisa mayor, premisa menor y conclusión; la estructura de un razonamiento
puede ser deductiva o inductiva, según se parta de lo general a lo singular, o de lo
particular a lo general. Se puntualiza que las proposiciones son el núcleo que rige
la demostración o la sustentación de una tesis, que se configura por la relación
entre ellas. Afirma el recurrente que “las premisas son contradictorias entre sí.
Esto implica que una, o varias de ellas, son falsas, y por tanto, vician la
motivación”. La conclusión a la que arriba la sentencia impugnada parte de la
proposición enunciativa de que la ahora recurrente es responsable porque se ha
probado su culpabilidad (negligencia) porque no verificó oportunamente la
información del tarjetahabiente; “el nexo causal originado por hechos ilícitos, que
sin duda alguna no fue por voluntad de la institución bancaria; al respecto cabe
destacar que efectivamente ha existido negligencia administrativa de parte de la
entidad bancaria que no ha realizado la verificación de datos”. La responsabilidad
delictual y cuasidelictual es directa (con la excepción que admite la ley de una
indirecta o remota, cuando impone la obligación de indemnizar no sólo a quien
causa el daño sino a otras personas que han concurrido causalmente a él, como
consecuencia de no haber ejercido el cuidado que la misma ley les encomienda
sobre la persona que causa el perjuicio y surge del daño producido causalmente
por el hecho (acción u omisión). La capacidad delictual y cuasi delictual es
condición esencial de imputabilidad. La imputabilidad, en cuanto elemento del
ilícito civil, parte del hecho de la necesidad de referir y atribuir a una determinada
persona la autoría del mismo, a fin de hacerla asumir sus consecuencias. Viene a
ser el examen de cuándo el hecho antijurídico merece sanción civil, imposición
de responsabilidad. Los factores de su atribución tienen dos alcances: “… la
imputabilidad moral o subjetiva, cuyo factor es la culpabilidad (comprensiva de la
culpa y el dolo); y la imputabilidad física u objetiva, cuyo factor es el riesgo creado”
(Jorge Mosset Iturraspe, Responsabilidad por Daños, Parte General, Tomo I,
Editorial Ediar, Buenos Aires, 1982, p. 55). En la sentencia impugnada el factor
de atribución de responsabilidad a la institución demandada es subjetiva en cuanto
un no hacer culpable por negligencia, incumplimiento del deber de diligencia propia
de su finalidad, en perjuicio del demandante que generó daño a sus derechos. No
dice la sentencia que ese daño se derivó de la deliberada intención de generarlo,
de que la institución demandada estimó que el resultado dañoso sobrevendría
con certeza y, a pesar de ello, no evitó su ocurrencia, es decir por dolo de la
demandada; la proposición enunciativa afirma sin duda alguna no fue por
voluntad de la institución bancaria; al respecto cabe destacar que efectivamente ha
existido negligencia administrativa de parte de la entidad bancaria demandada-
refiriéndose así a la culpa, falta de cuidado y diligencia, que viene a ser el
fundamento de la responsabilidad de la demandada que, en el desarrollo de su
actividad propia, específica, debió observar la cautela debida en cumplimiento del
deber genérico de prudencia y diligencia consagrado en el Art. 2229 del Código
Civil, la negligencia a la que se refiere la sentencia es la cara de la culpa que
implica una actitud omisiva, no hacer o hacer menos de lo que le correspondió
hacer. Toda persona está obligada a prever las consecuencias de sus actos de
conducta (así se trate de una acción o de una omisión). Tal omisión es la que
permite se genere el daño que se sigue “… de una actuación en que faltan el
cuidado y la diligencia debidos. Es aquí donde reside el juicio de reproche que se
complementa con el daño. El sujeto que actúa con culpa no ha previsto el daño
que su actuación puede causar, debiendo hacerlo … ella consiste en faltar al deber
de cuidado y diligencia que toda persona, sea por disposición de la ley o en razón
de los estándares generales y comunes admitidos por la sociedad debe emplear
para evitar causar un daño que no se habría producido en caso de haberse
respetado dicho deber de cuidado y diligencia” (Pablo Rodríguez Grez, op. cit. pp.
181 y 182). Cabe señalar que no cabe graduación de la culpa cuasidelictual o
aquiliana, en cuanto ella es una y no tiene rangos como acontece con la culpa
contractual. Expresa el representante legal de la entidad financiera demandada:
“Para que la hipótesis sustente la premisa del actuar ilícito, por negligente, de mi
representado, era imprescindible que el fallo al menos mencione o describa la falta
del demandado. Si se revisan los tres considerandos anteriores al Cuarto, de
'Motivación', ese elemento es, simplemente inexistente. Así de palmaria es la falta
en que incurrió el tribunal ad quem. b) Y es que, en Derecho, un tribunal no
puede afirmar, sin que su razonamiento resulte abiertamente ilógico, que existe
una suplantación de identidad (como se afirma en la sentencia impugnada) sin
establecer como antecedente, al menos, la declaratoria por parte de otro juzgador
de que esa suplantación en efecto se ha verificado”. Mediante oficio 0063948 de
26 de julio de 2011, Banco Internacional se dirige al Subdirector de Atención al
Cliente de la Superintendencia de Bancos y Seguros en estos términos: “Me
refiero a su oficio No. SAC-2011-2616 de fecha 7 de julio de 2011, recibido en
nuestras oficinas el 11 de julio de 2011, relacionado con la comunicación dirigida a
su Despacho por parte del (sic) José Roberto Delgado Zambrano, portador de la
cédula de ciudadanía No. 130680123-5. Hemos efectuado algunas verificaciones
relativas al reclamo que nos ocupa, y por encontrar indicios de estar frente a un
caso de suplantación de identidad, el Banco ha tomado la resolución de reversar
los valores correspondientes a los consumos existentes, y solicitar la corrección de
la calificación de riesgos a nivel de sistema financiero”. Suscribe el documento la
Ing. Mónica Avilés A. Gerente Unidad de Servicio al Cliente. Como se observa,
no es el Tribunal de última instancia el que afirma existir suplantación de identidad,
es el Banco demandado quien, al realizar ciertas “verificaciones”, el que “encuentra
indicios de estar frente a un caso de suplantación de identidad”. Igual
pronunciamiento realiza esta institución financiera cuando presenta recurso de
ampliación de la sentencia de última instancia: “… el actor no ha justificado su
derecho para proponer la acción de daño moral; porque Banco Internacional S.A.,
en función al reclamo del señor Delgado Zambrano y, luego de las verificaciones
del caso, encontró indicios de estar frente a un caso de suplantación de identidad;
motivo por el cual, el Banco tomó la resolución de reversar los valores
correspondientes a los consumos efectuados con la tarjeta de crédito citada y,
solicitar la corrección de la calificación de riesgos a nivel del sistema financiero”. La
resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros relacionada con el
reclamo que José Roberto Delgado Zambrano presentó ante ese ente de control,
notificada a Banco Territorial mediante oficio No. SAC-2011-3906, en el apartado
4) señala “El Título XIV, Capítulo IV, Sección II, del Libro I de la Codificación de
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, determina que las
entidades financieras dispondrán de un servicio especializado de atención al
cliente, con el objeto de atender y resolver de manera obligatoria, las quejas y
reclamos que presenten sus clientes, que se deriven de sus relaciones
comerciales y contractuales. Por lo tanto, la entidad a su cargo no podía negarle
al señor José Delgado Zambrano, la información solicitada por él en torno a su
situación crediticia y financiera con la institución, exigiéndole que previamente
cancele lo adeudado, pese a que éste no adquirió jamás obligación alguna con el
Banco a su cargo. Por tal razón, el procedimiento de los funcionarios del Banco
en ese sentido fue absolutamente indebido, y ello no puede repetirse en lo
posterior con ningún cliente, pues éstos tienen todo el derecho de exigir le revelen
su situación crediticia o financiera, por ser los interesados personales y directos”.
En la parte resolutiva, manda, de manera inmediata: “a) Anular y dejar sin efecto
todo registro efectuado en el Banco a nombre del señor José Roberto Delgado
Zambrano, en torno a la tarjeta de crédito aludida, créditos o cualquier otra
transacción financiera con la entidad: b) La eliminación total de los datos del
señor José Roberto Delgado Zambrano, de la central de riesgos, debiendo el
Banco solicitar las respectivas estructuras y seguir el procedimiento administrativo
para el evento”. El demandante José Delgado Zambrano requirió de Banco
Internacional información respecto de su situación crediticia y financiera,
obteniendo por respuesta que previamente cancele lo adeudado, es decir,
absteniéndose de atender y cumplir, a pesar de su obligación, tal consulta.
Abstención que la Superintendencia de Bancos y Seguros la califica de
“absolutamente indebida”. Esa abstención objetiviza una actitud omisiva de parte
de los funcionarios del Banco, ellos dejaron de cumplir lo que legalmente debían
hacerlo. La interrogante que se plantea el recurrente: “¿Actuaría
negligentemente una entidad bancaria que no presumiera una suplantación de
identidad?”, tiene respuesta en esa resolución de la Superintendencia de Bancos
y Seguros y en la afirmación realizada por la misma institución financiera de “haber
encontrado indicios de suplantación de personalidad”. La motivación del fallo
evidencia un razonamiento constituido por inferencias adecuadamente deducidas
de la prueba y deriva de la sucesión de conclusiones que, en base a ellas se han
determinado, cada conclusión negada o afirmada, responde adecuadamente a un
elemento de convicción (la motivación es el conjunto de razones o explicaciones
que fundamentan, de modo racional, las decisiones) ergo, la argumentación no es
dilógica o ambivalente, no es contradictoria ni excluyente, no impide conocer su
verdadero sentido. El Derecho es ciencia conceptual, son sus insumos lo
opinable, los juicios de valor y de probabilidad; en tanto que las ciencias
positivistas se basan en lo evidente, en premisas verdaderas y necesarias. La
argumentación plantea problemas con razones probables o verosímiles, el
significado de “lo razonable” se obtiene del resultado de diferenciar los
razonamientos analíticos de los dialécticos. Los primeros, propios de la lógica
formal, parten de premisas verdaderas, apodícticas, “… se trabaja con el
silogismo, donde la conclusión se deduce de las premisas (mayor y menor) de
manera obligatoria. Dado determinado hecho, viene la consecuencia. Si se da la
condición X entonces Y. Las premisas obligan porque están fundamentadas sobre
lo verdadero. La norma es general y lo que vale en todos los casos vale para cada
uno. El lenguaje y los conceptos son unívocos, es decir, mantienen el mismo
sentido en todas las situaciones” (Carlos Arturo Cano Jaramillo, op. cit. p. 526).
Los razonamientos dialécticos se caracterizan por ser contingentes, verosímiles,
reflexionan sobre la probabilidad, lo que es preferible, la opinión, lo que es
razonable. En las ciencias sociales, como el Derecho, en general se razona cuál
es la mejor opción para decidir o actuar, cuáles fines y valores se deben elegir. “En
estos campos prácticos del saber, donde las discusiones son inevitables, la
argumentación se impone, se acude al razonamiento o la lógica dialéctica para
persuadir, acerca de las tesis controvertidas, por medio de argumentos más o
menos sólidos. No necesariamente las tesis son verdaderas, porque en el Derecho
las tesis no son verdaderas ni falsas, son más o menos aceptables. En efecto, en
el contexto de un conflicto, en la discusión o conversación se puede acoger una
tesis o una creencia, porque es aceptable, ponderada, equitativa, concilia los
intereses, ofrece razones, pero no demostraciones absolutas… En los juicios
dialécticos, a diferencia de los juicios analíticos, las premisas se forman no a partir
de verdades sino a partir de opiniones generalmente admitidas. Perelman lo deja
claro al decir de los juicios dialécticos: 'su fin es hacer admitir otras tesis que son, o
pueden ser, controvertidas. Se proponen persuadir o convencer, no consisten en
inferencias válidas y constrictivas, sino que presentan argumentos más o menos
fuertes, más o menos convincentes y que jamás son puramente formales. Una
argumentación jamás puede procurar la evidencia y no es posible argumentar
contra lo que es. Quien propone la evidencia está seguro de que ésta se impondrá
con la misma evidencia a todos sus interlocutores. La argumentación no puede
intervenir más que si la evidencia es discutida'. Lo anterior es clave en el campo
del Derecho, porque la argumentación es una práctica diaria, en donde se debaten
las evidencias, las decisiones, las tesis, como que todo se somete a controversia.
Jamás se puede llegar al debate con la seguridad de que se posee una verdad
absoluta. Entonces, podemos concluir que los razonamientos analíticos son
insuficientes para resolver diversos conflictos, más en los casos difíciles que
ofrecen los problemas jurídicos. En estos, donde se presentan confrontación de
derechos, se deben resolver acudiendo a juicios de ponderación, de
proporcionalidad y de necesidad, de acuerdo con los fines y valores
constitucionales y legales” (Carlos Arturo Cano Jaramillo, ibid. p.p.527 y 528). En
la administración de justicia se profieren decisiones razonables en cuanto
pretenden ser correctas no absolutamente ciertas, precedidas de un debate, en el
que se controvierten diversas hipótesis de solución; que procuran conciliar la
estricta sujeción a la ley con su validez axiológica (de la decisión). En el Derecho
concurre la necesidad de acudir a la teoría de la argumentación en la que, lo
razonable, es su piedra angular. En la sentencia impugnada no se han infringido,
por falta de aplicación, las normas constitucionales, Arts. 75 y 76.7.l) ni legales,
Arts. 27 y 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial que aduce el
casacionista con cargo en la causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación, por lo
que se desecha el cargo. 5.2. SEGUNDO CARGO: CAUSAL PRIMERA:
5.2.1. El Art. 3.1 de la Ley de Casación prevé: “El recurso de casación sólo
podrá fundarse en las siguientes causales: 1. Aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los
precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido
determinantes de su parte dispositiva”. Este vicio de juzgamiento, violación
directa de norma sustantiva, ocurre cuando: i.) El juzgador deja de aplicar la
norma sustantiva al caso controvertido, por absoluto desconocimiento de la misma
o por ignorar el rango o preferencia que tiene en relación con otras, por ignorancia
respecto de su naturaleza propia y la posibilidad de que pueda omitirse o
modificarse por voluntad de las partes. ii) Por aplicación indebida, por el
equívoco que ocurre al subsumir los hechos establecidos en la norma y precisar
las circunstancias de hecho que son relevantes para que la norma entre en juego
yerro de diagnosis jurídica-, puede también surgir el error al establecer la
diferencia o semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso
concreto, en el proceso de comprobación de los requisitos o supuestos de hecho
previstos en la norma; y, iii) El juzgador incurre en yerro de hermenéutica, de
interpretación jurídica, al errar acerca del contenido de la norma. Las normas de
derecho sustancial, en cuanto proveen al sujeto de una pauta de conducta
determinada, son “ … las que, frente a la situación fáctica en ellas contemplada,
declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas entre las partes
implicadas en la hipótesis legal. Una de estas cuatro cualidades es pues lo que
hace que la norma tenga el abolengo expresado, que declare, cree, modifique o
extinga relaciones jurídicas” (Jorge Cardoso Isaza, Manual Práctico de Casación
Civil, Temis, Bogotá, 1984, p. 107). 5.2.2. La parte recurrente expresa: “El fallo
impugnado incurre en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por
errónea interpretación del artículo 29 del Código Civil, y aplicación indebida de los
artículos 2214, 2229, 2231 y 2232 del Código Civil. Según el sistema de
responsabilidad civil extracontractual vigente en Ecuador, para que surja el deber
de indemnizar, la persona de quien se exige tal deber debe ser responsable por los
hechos que se alega han ocasionado daño al perjudicado. Ahora bien, como esta
responsabilidad nace únicamente de la ley, se debe ligar a una actuación u
omisión ilícitas del demandado, verificables como delito o cuasidelito. O, como
dice el Art. 2214 del Código Civil, quien comete delito o cuasidelito que ha inferido
daño a otro, está obligado a indemnizarle. Se trata, pues, no sólo de una
responsabilidad de carácter extracontractual, sino además, de carácter subjetivo,
que obliga al intérprete (tribunal) a calificar la actuación u omisión del agente, sea
delito o cuasidelito, como ilícita, es decir, debe establecer si hubo dolo o culpa por
parte del agente. De lo contrario no surge el deber de indemnizar porque no se le
puede formular reproche jurídico … El artículo 29 del Código Civil define lo que es
el dolo y lo que es la culpa. Dolo es la intención positiva de irrogar daño a otra
persona. Culpa es la falta de diligencia que se manifiesta en diversos grados.
En un sistema de responsabilidad subjetiva, como es el que consagra el Código
Civil ecuatoriano, se requiere la concurrencia del dolo o de la culpa en la actuación
u omisión del agente para imputarle jurídicamente por su actuación u omisión
ilícita. Sólo de esta forma, la persona acusada será responsable. En la causa,
tal posibilidad de reproche jurídico es inexistente. En efecto: a) La ilicitud, como
elemento necesario para formular reproche jurídico, presupone que el agente de
quien se reclama responsabilidad haya incurrido en un comportamiento no
ajustado a derecho. b) Según el Tribunal Ad quem, ese comportamiento ilícito
consistiría en que Banco internacional S.A. no verificó la identidad de quien se
presentó como Roberto Delgado Zambrano y solicitó para sí, la emisión de una
tarjeta de crédito Visa-Banco Internacional. c) Al haberle reportado en la central
de riesgos por no haber cancelado la deuda adquirida con aquella tarjeta de
crédito, Banco Internacional S. A. habría provocado un daño moral al hoy actor …
La culpa, como categoría jurídica, exige al menos la verificación de un actuar u
omitir negligente, que es el término que emplea el Tribunal Ad quem, para imputar
responsabilidad a Banco Internacional. Esa negligencia está sustentada, para el
Tribunal, en la afirmación de una supuesta suplantación de identidad. El Tribunal
Ad quem, sin embargo, no establece en su fallo el fundamento de tal afirmación, lo
cual incide directamente en una errónea interpretación del artículo 29 del Código
Civil, pues la conjeturada falta de diligencia o negligencia- carece del antecedente
necesario para configurar la culpa con que habría actuado mi representado,
presupuesto indispensable para atribuirle responsabilidad y exigirle, finalmente,
que repare un imaginario daño moral … No habiéndose desglosado los elementos
que habrían configurado el supuesto actuar negligente del Banco, el Tribunal de
última instancia terminó señalando a mi representado como negligente, sin serlo,
atribuyéndole una culpa en la que, jurídicamente no podía incurrir. La paradoja
más visible del yerro cometido por el Tribunal Ad quem, radica en que se termina
imputando al Banco la negligencia del hoy actor, quien no denuncia la aparente
suplantación de identidad, referida por él mismo a lo largo de este proceso de daño
moral. La errónea interpretación del Art. 29 del Código Civil incidió
gravitantemente en el fallo, pues de no haber mediado, el resultado hubiese sido el
rechazo de la absurda demanda”.- 5.2.3. Interpretar es explicar el sentido de
una cosa o de un texto obscuro, ambiguo o contradictorio. “La interpretación es
actividad, fruto de una elección práctica, respecto de hipótesis alternativas que
buscan la justicia material” (Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, Editorial Trotta,
Madrid, 1995, p. 38). La labor interpretativa no es sencilla y no puede reducirse,
en todos los casos, a una simple atribución mecánica y literal de los postulados
generales, impersonales y abstractos consagrados en la ley a casos concretos;
de así proceder “ … sería desconocer la complejidad del lenguaje, de la realidad
social, de la lógica jurídica y las dificultades de la interpretación de las normas
jurídicas, que no en pocas ocasiones son oscuras, ambiguas, severas,
contradictorias, anacrónicas (no atienden a los cambios sociales) o presentan
vacíos que se deben colmar … El proceso de interpretación de la norma es
indispensable por los defectos del lenguaje natural y por los problemas lógicos del
uso del lenguaje. Estos defectos, pueden clasificarse en grupos fundamentales:
(i) Por el lenguaje en estricto sentido; están relacionados con los problemas para
definir el sentido de las palabras o de las oraciones que constituyen una norma o
por la carga emotiva que pueden expresar determinadas palabras. (ii) De orden
lógico, por las contradicciones; (iii) Por vacío normativo; (iv) Por severidad o
exceso de rigor; (v) Por contenidos injustos al aplicar la norma general a un
caso particular; (vi) Por anacronismo o ineficacia … Precisamente por las
dificultades reales que ofrece la práctica, la jurisprudencia está llamada a servir de
medio racionalizador e integrador del Derecho. Las dificultades internas de las
normas jurídicas conducen a la necesidad de que la jurisprudencia ofrezca las
soluciones y llene los vacíos normativos que la ley no ha logrado llenar y aclare las
ambigüedades que existen, para ello se acude a los métodos de interpretación o
argumentos interpretativos” (Carlos Arturo Cano Jaramillo, op. cit., pp. 581, 584 y
585).- 5.2.4. El recurrente aduce existir en el fallo impugnado errónea
interpretación del Art. 29 del Código Civil. Sostiene que la posibilidad de reproche
jurídico es inexistente porque la ilicitud como elemento que debe concurrir para
formularlo, presupone que el agente de quien se reclama responsabilidad haya
incurrido en un comportamiento no ajustado a Derecho. Como ya se dijo, el factor
de atribución subjetiva, culpa (negligencia) sustentó el argumento racional y
jurídico de la sentencia impugnada y que dispuso responder civilmente, es decir en
esta hipótesis la culpa expresa la razón de por qué se debe responder; la
atribución de culpa obedece a la adecuación del supuesto de hecho a las razones
jurídicas previstas por el sistema legal, la norma jurídica es la razón del deber de
reparar en el entendido de que se adjudica responsabilidad por el hecho que
causalmente se deriva de ese factor de atribución que justifica, se reitera, la
imputación y viene a ser la razón de la secuencia causal. Cuando la norma
dispone reparación bajo un factor de atribución genérico, en este caso subjetivo, la
eventual condena debe basarse en una interpretación que le dé contenido a ese
factor, pues la reparabilidad del daño debe tener un nexo causal adecuado con el
hecho generador que viene a ser el supuesto de hecho que se ajusta al
presupuesto normativo contenido en el factor de atribución; al tratarse de uno
subjetivo, tal hecho debe ubicarse en las distintas variantes de la culpa
(imprudencia, negligencia, impericia). No concurre el cargo imputado de errónea
interpretación del Art. 29 del Código Civil en la sentencia recurrida. El proceso de
interpretación por el lenguaje, en cuanto problema para definir el sentido de las
palabras que constituyen esa norma, es el adecuado. Cuando se trata de violación
de norma sustancial por defecto en su interpretación “ no se trata ya de una
cuestión de existencia, subsistencia o de terminación del alcance de la norma,
sino, lo que es muy distinto, de un error acerca de su contenido. Tiene el
organismo judicial que decidir cuál es el pensamiento latente en la norma, como
medio único de aplicarla con rectitud, y ha de inquirir su sentido sin desviaciones ni
errores, pues cuando en ellos se incurre, la casación pretende corregirlos
poniéndolos de relieve y subrayando la insuficiencia en el juicio o el exceso
cometido al formularlo. Y la censura de la sentencia, por este concepto
específico, no podrá hacerse de otro modo que poniendo de manifiesto el
desconocimiento de las normas o principios interpretativos que al juez se
ofrecieron … la interpretación errónea de la norma legal ocurre, en suma, cuando
siendo la que corresponde al caso litigado, se entendió sin embargo
equivocadamente y así se la aplicó … Interpretar erróneamente un precepto legal
es, pues, aplicarlo al caso litigado por ser el pertinente, pero atribuyéndole un
sentido o alcance que no le corresponde” (Humberto Murcia Ballén, op. cit., p.
335). El Art. 29 del Código Civil se refiere a tres tipos o categorías de culpa, en
cada una de ellas alude a faltar al cuidado que aún las personas negligentes y de
poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios; a la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios
propios; y, a la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso
emplea en la administración de sus negocios importantes. Como ya se expresó,
estas categorías tienen relación con la culpa contractual; pero si la culpa es una
sola, cabe admitir que aquella se caracteriza como una falta de cuidado y
diligencia, como una imprudencia, una negligencia o una impericia; en este
contexto, el Art. 2229 del Código Civil guarda plena correspondencia en cuanto
dispone reparar todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia y que
contradice la afirmación del recurrente “El Tribunal no establece en su fallo el
fundamento de tal afirmación, lo cual incide directamente en una errónea
interpretación del artículo 29 del Código Civil, pues la conjeturada falta de
diligencia carece de antecedente necesario para configurar la culpa con que habría
actuado mi representado”, desde que “el antecedente” está constituido por la
resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros de 2 de septiembre de
2011 que, en lo pertinente, señala: “ … la entidad a su cargo no podía negarle al
señor José Delgado Zambrano la información solicitada por él en torno a su
situación crediticia y financiera con la institución exigiéndole que previamente
cancele lo adeudado, pese a que no adquirió jamás obligación alguna con el
Banco a su cargo. Por tal razón, el procedimiento de los funcionarios del Banco
en ese sentido fue absolutamente indebido …”. El juicio de antijuridicidad, en la
medida que la responsabilidad se basa en la culpa, se la hace a posteriori al
calificar el obrar humano como contrario a derecho, es la merituación del accionar
del sujeto para atribuirle responsabilidad cuando ha producido un daño que, en la
esfera extracontractual proviene de un mandato legal, Art. 2229 del Código Civil,
que establece el deber genérico de no causar daño a otro.- 5.2.5. Afirma el
recurrente “Con este yerro hermenéutico cometido respecto del artículo 29 del
Código Civil y la configuración de un supuesto actuar negligente de mi
representado, el siguiente paso en la cadena de faltas del tribunal de última
instancia condujo a la aplicación indebida de los artículos 2214, así como de los
artículos 2229, 2231 y 2232 ibidem. Según el artículo 2214 del Código Civil, la
responsabilidad por la acción y omisión ilícita nace cuando se ha inferido daño a
otro. Esta responsabilidad, de claro carácter extracontractual, y por tanto legal,
requiere que el actuar u omitir sean ilícitos. Por eso el artículo 2214 habla de
delito o cuasidelito. Solo cuando un daño puede imputarse a 'malicia simple o
negligencia de otra persona', surge el deber jurídico de reparar, conforme señala el
artículo 2229 del Código Civil. La malicia o negligencia como categorías jurídicas
exigen, según el sistema de responsabilidad subjetiva consagrado por el
ordenamiento ecuatoriano, que el juzgador califique el actuar u omitir del agente
como ilícito. Esta ilicitud requiere del tribunal la calificación del dolo o culpa del
agente, pues de lo contrario, es legalmente imposible exigirle el deber de
indemnizar, ya que el vínculo jurídico o nexo causal no existirían. Sin ese nexo
causal, la responsabilidad extracontractual en análisis, cuya única fuente es la ley,
no existe. Entonces, se termina aplicando indebidamente a la causa los artículos
2214 y 2229 del Código Civil, pues si no se configura el presupuesto de la norma
(el actuar ilícito, culposo o negligente), no es posible atribuir responsabilidad a mi
representado ni, en consecuencia, exigirle que repare el daño que el actor dice le
ha ocasionado”. Este cargo está debidamente tratado y explicitado supra.
Continúa el recurrente: “Según los artículos 2231 y 2232 del Código Civil, la
responsabilidad por daño moral surge únicamente cuando el daño ha sido
producto de la actuación u omisión ilícita de quien se reclama tal responsabilidad.
En el presente caso, como se ha explicado a propósito de la errónea interpretación
del artículo 29 del Código Civil, el tribunal ad quem no logró explicar
satisfactoriamente, conforme a Derecho, cómo es que mi representado habría
actuado con negligencia. Al no lograr describir los elementos del supuesto actuar
negligente, termina aplicando indebidamente a la causa los artículos 2231 y 2232
del Código Civil, que tratan de la responsabilidad por daño moral … En suma, el
factor de imputación necesario para hacer surgir esta responsabilidad de carácter
extracontractual reclamada por el actor, no existe en la presente causa, porque
Banco Internacional S.A. no ha incurrido jamás, como se afirma en la demanda, en
el incumplimiento de deberes que le obliguen jurídicamente a responder al hoy
actor, porque nunca actuó con culpa. Así, en ausencia del factor de imputación
exigido por las normas antes citadas, no existe la causa del daño moral que el
actor dice haber sufrido, y el tribunal ad quem termina aplicando indebidamente a
este caso las disposiciones contenidas en los artículos 2231 y 2232 del Código
Civil”. En el caso de infracción de norma de derecho por su indebida aplicación,
el error se encuentra en la premisa menor del silogismo, por cuanto al subsumir los
hechos establecidos dentro de la hipótesis de la norma elegida se puede
cometerlo; ocurre la indebida aplicación por el yerro en que incurre el juzgador al
relacionar la situación fáctica controvertida y el hecho hipotético que prevé la
norma.- El acto dañoso genera consecuencias de derecho, tales son los casos de
los delitos y cuasidelitos, la ley impone al autor la obligación de reparar tales
consecuencias. Al hacer referencia al acto ilícito, se incluye en él la comisión de
lo que tradicionalmente se ha llamado delito y cuasidelito, figuras ambas que
suponen la concurrencia de un elemento subjetivo: dolo o culpa. El acto ilícito
“… se trata de un hecho del hombre, antijurídico (en cuanto contrario al sistema
normativo), imputable, que causa daño y ejecutado con intención de injuriar a otro
o faltando a la diligencia debida (Pablo Rodríguez Grez, op. cit., p. 117). Por
tanto, lo que da derecho a la indemnización es el perjuicio que proviene del daño
por efecto del desmedro material económico o inmaterial como es el caso del
daño moral, que surge como consecuencia de las nuevas responsabilidades que
asumen tanto las personas naturales como jurídicas. Atendiendo a la naturaleza
del interés lesionado, una amplia clasificación del daño se bipolariza en
patrimoniales y no patrimoniales o morales. El daño patrimonial o material parte
del empobrecimiento, merma o disminución del patrimonio, actual o futuro. Por
tanto, “… habrá un daño material cada vez que se produzca la pérdida,
menoscabo, perturbación o molestia de un derecho subjetivo o interés legítimo de
carácter patrimonial. Esta lesión implicará un empobrecimiento susceptible de
avaluarse en dinero y, por lo mismo, susceptible de resarcirse en dinero” (Pablo
Rodríguez Grez, ibídem, p. 290). El daño material puede recaer tanto en la
persona como en sus cosas o bienes y, en la tradición jurídica, es de dos clases:
daño emergente y lucro cesante en cuanto disminución del activo o imposibilidad
de que se lo incremente. El daño moral, tradicionalmente y en términos
generales, ha sido concebido por la doctrina de tal modo que abarque los intereses
no patrimoniales que puedan resultar afectados por un hecho de tercero. Así,
Alessandri lo entendió como “ … el dolor, pesar o molestia que sufre una persona
en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. De ahí que a
la indemnización que lo repare se la denomine pretium doloris” (Arturo Alessandri
Rodríguez, De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno,
Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1943, p. 220). La idea de daño moral
se lo debe entender para su suficiente generalidad si es definido como antónimo al
adjetivo material, daño patrimonial o económico, por lo que “ … se trata de bienes
que tienen en común el carecer de significación patrimonial (daño extrapatrimonial
o no patrimonial)” (Enrique Barros Bourie, Tratado de Responsabilidad
Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago-Chile, Reimpresión de la
Primera Edición, 2008, p. 232). En el contexto de la más actualizada doctrina, se
afirma que el dolor o el sufrimiento son las repercusiones que la lesión tiene en el
espíritu o en el cuerpo, pero que de ninguna manera constituyen su esencia. Una
definición más restringida que no determine la extrapatrimonialidad de los daños
por la lesión de cualquier derecho carente de contenido económico, sino sólo de
los que se derivan de la condición de la persona, la trae Domínguez Hidalgo:
“Daño moral sería simplemente, de acuerdo a esta opinión la lesión de 'derechos
de la personalidad', de los derechos extrapatrimoniales de la persona, o más
ampliamente de 'los derechos de la persona', esto es, de los 'infligidos a las
creencia, los sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud física o psíquica;
en suma, a los que se suelen denominar derechos de la personalidad o
extrapatrimoniales'” (Carmen Domínguez Hidalgo, El Daño Moral, Tomo I,
Editorial Jurídica de Chile, 2013, p. 60). Si en sus inicios el daño moral estuvo
identificado exclusivamente con el dolor o sufrimiento, con los atentados al honor,
ahora, extiende su tutela a todos los bienes personalísimos, razón por la que
resulta más apropiado calificarlo como daño inmaterial o no patrimonial,
diferenciándolo del material en cuando a sus efectos y no a su origen. Así, el
atentado a lo que constituye la esencia de la persona será siempre un daño moral,
ya alcance a su aspecto psíquico o corporal, o ya a los derechos de la
personalidad. Consecuencia de lo comentado viene a ser la improcedencia del
cargo de indebida aplicación de los Arts. 2231 y 2232 del Código Civil desde que al
no haberse interpretado erróneamente su Art. 29 respecto de la culpa como factor
subjetivo de atribución de responsabilidad, es aquella la causa del daño moral
cuya indemnización pecuniaria reclama el demandante. 6. DECISIÓN: En
consecuencia, este Tribunal de Casación de la Sala de lo Civil y Mercantil de la
Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia
impugnada proferida por un Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha el 30 de mayo de 2016, las 16h02. Sin
costas ni multas. Notifíquese y devuélvase.-
f).- OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ (PONENTE); DR.
WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ; DRA. MARIA ROSA MERCHAN LARREA,
JUEZA; . Certifico: , .
RAZON:
Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 7 de abril de 2017.
DRA. LUCÍA DE LOS REMEDIOS TOLEDO PUEBLA
SECRETARIA
REPUBLICA DEL ECUADOR
www.cortenacional.gob.ec
Juicio No: 17711-2016-0635
Quito, jueves 11 de mayo del 2017
A: DELGADO ZAMBRANO JOSE ROBERTO
Dr./Ab.:
En el Juicio Ordinario No. 17711-2016-0635 que sigue DELGADO ZAMBRANO JOSE
ROBERTO, RAMIREZ TIXI ELISEO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL OBSERVATORIO CIUDADANO
DE CONTROL SOCIAL Y AL SISTEMA DE JUSTICIA REGION 5, JOSE ROBERTO DELGADO
ZAMBRANO en contra de DR. ROMERO SORIANO JOSE, VICEPRESIDENTE REPRESENTANTE
LEGAL DEL BANCO INTERNACIONAL S.A., DR. ROMERO SORIANO JOSE, VICEPRESIDENTEY
REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO INTERNACIONAL S.A., hay lo siguiente:
JUEZ PONENTE: DR.OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ (PONENTE)
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTÍL.- Quito,
jueves 11 de mayo del 2017, las 15h02.- VISTOS (635 - 2016): El doctor José Romero
Soriano, Vicepresidente y Representante Legal del Banco Internacional S.A., solicita
aclaración y ampliación de la sentencia proferida en esta sede casacional el 07 de abril de
2017, a las 15h15 y notificada en esa misma fecha. En efecto, pide ampliar el fallo
“señalando exacta y concretamente cuáles sería las razones por las que ustedes
consideran que la resolución de instancia se encuentra motivada, y de qué manera las
premisas empleadas por dicho Tribunal en efecto no adolecen de vicios de
incompatibilidad como fue acusado”. Pide aclarar “cuál es el fundamento o la base
normativa sobre la cual ustedes, al analizar la causal quinta del artículo 3 de la Ley de
Casación, han vuelto a realizar una valoración de los medios probatorios aportados por las
partes al proceso”. También solicita “ampliar su fallo y explicar con detalle por qué
consideran, exactamente que no se aplicaron indebidamente a la causa los artículos 2214,
2231 y 2232 del Código Civil, ya que su análisis, nuevamente ha partido de premisas
generales que explican qué es el daño, cómo se podría reparar, en qué consiste la culpa,
etc., pero de ninguna manera justifican por qué, en su criterio, el Tribunal de última
instancia habría actuado conforme a derecho en el caso concreto”. Además, requiere
“aclaren cuál es la norma que le faculta a ustedes a considerar nuevamente elementos
probatorios cuya valoración no fue impugnada ni por la parte actora, ni por la parte
demandada, en casación”. Al respecto, se puntualiza: 1.- La sentencia constituye un
todo, por ello que, particularmente sus considerandos, no pueden ni deben ser
separados de la parte dispositiva, mismos que “… servirán, al menos, para ilustrar a ésta,
entenderla y poderla ubicar en el correcto límite (objetivo y subjetivo) que informa su
verdadero contenido y permite, por consiguiente, la impugnación si corresponde” (Enrique
Véscovi. Los Recursos Judiciales Y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica, Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1988, p. 39).- 2.- El recurso horizontal de aclaración, busca
precisar los puntos obscuros o de defectuosa redacción, aquellas partes que resultan
ininteligibles; “ … es el remedio que se concede a las partes para obtener que el mismo
juez o tribunal que dictó una resolución subsane las deficiencias materiales o conceptuales
que contenga” (Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, II, Sexta Edición
actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, p. 73). Conforme el Art. 282 del Código
de Procedimiento Civil, la aclaración procede cuando la sentencia fuere obscura,
debiéndose entenderla como tal la discordancia que resulte entre la idea y los vocablos
utilizados para representarla, desde que se parte del entendido de que debe ser
perceptible por la inteligencia sin duda ni confusión, pues que se requiere que sea fácil de
entenderla no solo en su presentación sintáctica, sino también en su construcción lógica y
jurídica, no sea dilógica o ambivalente, es decir no se sustente en argumentaciones
contradictorias o excluyentes, que impiden conocer su verdadero sentido, hipótesis última
que no concurre en la especie.- 3.- La ampliación, Art. 282 del Código de
Procedimiento Civil, procura que se complemente la sentencia respecto de los puntos
controvertidos que no se hubiesen resuelto. Es remedio procesal por el que se suplen
omisiones en la resolución, a la que, por integración, se intenta agregarle algo que se
omitió en el pronunciamiento.- 4.- Se puntualiza que, el Art. 281 ibídem, consagra el
principio de la inmutabilidad de la sentencia, desde que, una vez que ha sido notificada a
las partes, no se revocará, añadirá ni emendará en parte alguna por el juez o tribunal que
la dictó. “La ley ha instituido aquí una preclusión respecto del magistrado. Dictada la
sentencia, se extingue para el juez, el poder jurídico de su enmienda … una vez dictado su
fallo, ya no tiene poderes de revisión sobre el mismo. Su desinvestidura es total a este
respecto” (Eduardo J. Couture. Estudios de Derecho Procesal Civil, Tomo III, Tercera
edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 330). C omo se ve, el juez o el
tribunal no pueden alterar las resoluciones que han sido notificadas, sin embargo, antes de
que lo resuelto cause ejecutoria, a pedido de parte, puede aclarar algún concepto oscuro o
ambiguo expresado en su parte decisoria o integrarla de conformidad con las peticiones
oportunamente propuestas.- 5.- Respecto de la ampliación que explique “cuáles serían
las razones por las que ustedes consideran que la resolución de instancia se encuentra
motivada …”, se señala que “en la larguísima transcripción de conceptos“ a la que se
refiere el recurrente constan explicitadas in extenso las razones por las que este Tribunal
de Casación considera que el fallo impugnado se encuentra motivado y sus premisas no
adolecen de incompatibilidad. Es decir cumple el test de razonabilidad, logicidad y
comprensibilidad establecido por la Corte Constitucional en varios fallos, siendo uno de
ellos el citado en la sentencia que se pide ahora ampliar y aclarar. No se ha realizado en
la sentencia de 07 de abril de 2017, a las 15h15, valoración de medios probatorios como
afirma el recurrente, no se ha realizado un estudio crítico de conjunto de los medios
aportados por los sujetos procesales para demostrar sus alegaciones de hecho, o de lo que
adujeron para mutuamente desvirtuarlos; no se ha determinado cómo gravitan ni qué
influencia ejercen los medios probatorios respecto de la decisión que se debe proferir.
Ergo, no cabe ninguna aclaración como pretende el recurrente en cuanto se precise la base
normativa que sustente “una valoración de los medios probatorios aportados por las
partes al proceso” y supuestamente realizado por este Tribunal. En el apartado 5.2.4 de
la sentencia cuya ampliación se ha requerido, consta explicitado el por qué no existe
aplicación indebida de los Arts. 2214, 2231 y 2232 del Código Civil; al no existir errónea
interpretación del Art. 29 del Código Civil, la necesaria y lógica consecuencia fue la
aplicación de esa normativa. Cabe adicionar que en el Estado de derechos y justicia, éste
depende, entre otros factores, de una estructura de derechos individuales que deben ser
respetados por todos y por el Estado mismo, lo que otorga a la ciudadanía un grado de
independencia respecto de los demás y del poder del gobierno. Entre los principios de
justicia que autorizan a los titulares de los derechos (los demandantes en el proceso de
responsabilidad civil extracontractual) a pedir una indemnización de los autores de los
ilícitos (los demandados en el proceso), el más citado es el de la justicia correctiva, que
desde una amplia visión “ … este principio exige que aquellos que con su conducta hayan
dañado sin justificación a otros rectifiquen lo sucedido … el equilibrio debe ser
restablecido” (Anthony Honoré, Moral y Derecho de la Responsabilidad Civil
Extracontractual, en Filosofía de la Responsabilidad Civil, Carlos Bernal Pulido y Jorge Fabra
Zamora Editores, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, Bogotá, Agosto
de 2013, p. 131). La justicia correctiva presupone que el demandado haya causado un
daño al demandante y que se lo debe corregir, por lo que debe existir un nexo causal entre
la conducta del demandado y la pérdida del demandante, nexo causal que, en la especie,
lo establece el Art. 29 del Código Civil y directamente relacionado con la normativa que el
recurrente aduce indebidamente aplicada en la sentencia impugnada. En este contexto
la justicia correctiva viene a ser un principio relacional que solo puede existir cuando el
ilícito cometido por el autor del daño viola el derecho de la víctima por lo que los dos
términos no pueden ser disociados.- 6.- DECISIÓN: En consecuencia, por
improcedentes, se desestiman esos recursos horizontales, sin que sea obligación de jueces
y magistrados satisfacer inquietudes de los litigantes. Notifíquese.- f).- DR. WILSON
ANDINO REINOSO, JUEZ; DR.OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ (PONENTE);
DRA. MARIA ROSA MERCHAN LARREA, JUEZ; . Certifico: , .
RAZON:
Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 11 de mayo de 2017.
DRA. LUCÍA DE LOS REMEDIOS TOLEDO PUEBLA
SECRETARIA