Resolución Nº 0048-2017 de Corte Nacional de Justicia, 13 de Abril de 2017

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteBermúdez Coronel Oscar Eduardo
Fecha de publicación13 Abr 2017
Número de resolución0048-2017
Número de sentencia0647-2016
REPUBLICA DEL ECUADOR
www.cortenacional.gob.ec
Juicio No: 17711-2016-0647
Quito, jueves 13 de abril del 2017
A: ENDARA QUIROLA MARIA DE LAS MERCEDES
Dr./Ab.: ALEJANDRO PONCE VILLACIS
En el Juicio Ordinario No. 17711-2016-0647 que sigue ENDARA QUIROLA
MARIA DE LAS MERCEDES en contra de BANCO PICHINCHA C.A.ACOSTA
ESPINOSA ANTONIO (REPRESENTANTE), hay lo siguiente:
JUEZ PONENTE: OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ
(PONENTE)
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y
MERCANTÍL.- Quito, jueves 13 de abril del 2017, las 11h59.-
VISTOS:
María de las Mercedes Endara Quirola, interpone recurso de casación, dentro del juicio
ordinario que por daño moral sigue en contra del Banco de Pichincha C.A., mediante el cual
impugna la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha, el 20 de junio de 2016, las 09h07, la cual rechaza el recurso de
apelación y confirma la sentencia subida en grado que declara prescrita la acción ordinaria
por daño moral.
PRIMERO
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
1.1. La casacionista considera que se han infringido los artículos:
114, 115, 275, 276 del Código de Procedimiento Civil.
2231 y 2235 del Código Civil.
1.2. Fundamenta su recurso en las causales primera, tercera, cuarta y quinta de la Ley
de Casación. El señor Conjuez Nacional de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Nacional de Justicia, analizó el recurso y lo admitió a trámite, en cumplimiento del
artículo 13 de la referida Ley.
1.3. Dice la recurrente, de acuerdo a la causal tercera, que ha existido errónea aplicación
de los artículos 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse valorado
la prueba de manera conjunta, pues en la sentencia se habría sostenido que la
casacionista ya no consta en la central de riesgos, cuando de las pruebas aportadas
al proceso se podía evidenciar que el Banco del Pichincha realizó un reporte a la
central de riegos de la cartera incobrable, y posteriormente consta un pago realizado
por esa obligación, análisis que no habría sido considerado en la valoración de la
prueba, generando por ello una indebida aplicación del artículo 2235 del Código
Civil, ya que hasta la fecha de la presentación de la demanda aparecería el reporte
de la obligación como pagada, siendo entonces improcedente la prescripción
alegada.
Aduce también, por lo expuesto, que se ha dejado de aplicar lo establecido en el
artículo 2231 y 2235.
1.4. De acuerdo a la causal primera, señala la casacionista que ha existido una indebida
aplicación del artículo 2235 del Código Civil, pues se debió to mar en cuenta que la
acción de daño moral, en este caso, recayó en tres hechos que fueron: 1) el haberle
reportado como deudora; 2) por haber mantenido el reporte hasta la presentación de
la demanda; y 3 ) por el incumplimiento el Banco del Pichincha de informar la
verdad, es decir, que nunca hubo dicha obligación, hecho el cual manifiesta persiste
hasta la presente fecha, por lo cual no podría haber operado la prescripción.
1.5. En cuanto a la causal quinta manifiesta que en la sentencia recurrida no se resolvió
varios puntos que habrían sido contraídos tanto en la demanda como en el recurso
de apelación, como por ejemplo sobre los efectos jurídicos de las conductas
omisivas del Banco del Pichincha, por consiguiente, se ha violado los artículos 274 y
276 del Código de Procedimiento Civil, por la falta de aplicación.
1.6. De acuerdo a la causal cuarta señala la recurrente que los juzgadores dejaron de
resolver sobre la pretensión procesal de que se le ordene al Banco del Pichincha
C.A. que informe a la Superintendencia de Bancos y Seguros que nunca ha existido
la obligación de pago.
SEGUNDO
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Jurisdicción y competencia
Este Tribunal tiene jurisdicción en virtud que los jueces que lo integramos fuimos
constitucionalmente designados mediante Resolución Nº. 004-2012 de 25 de enero del
2012; así como por Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia Nº. 01-2015 de 28
de enero de 2015. La competencia, en mérito a lo dispuesto por los artículos 184.1 de la
Constitución de la República del Ecuador; 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial;
1 de la Ley de Casación y Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico General de
Procesos.
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Naturaleza y objeto del recurso de casación
El recurso de casación, es un recurso extraordinario, formal, limitado y axiomático que
procede únicamente contra sentencias o autos que pongan fin a los procesos de
conocimiento, además contra providencias expedidas en su ejecución. La Constitución de la
República del Ecuador establece en el artículo 184 que una de las funciones de la Corte
Nacional de Justicia es conocer los recursos de casación. Su propósito es restaurar el
imperio de la ley transgredida en la sentencia o auto en garantía del debido proceso (artículo
La Constitución de acuerdo a los artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 81, 82, 167 diseña y
desarrolla un estado constitucional de derechos y justicia que garantiza los derechos
fundamentales de los justiciables, la Corte Nacional al ser el máximo Tribunal de Justicia
Ordinaria realiza un control de legalidad, su rol es el de desarrollar los precedentes
jurisprudenciales con fundamento en los fallos de triple reiteración, garantizando la efectiva
vigencia de todos los derechos, acorde a lo que manda la Constitución. “La defensa del
Derecho, perseguida a través de la correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales, es la
finalidad primera; y la igualdad ante la ley” (Enrique Vescovi, La Casación Civil, Pág. 25).
Calamandrei define a la casación “como un instituto judicial consistente en un órgano único
en el Estado ( Corte de Casación) que, a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la
interpretación jurisprudencial dada por los tribunales al derecho objetivo, examina solo en
cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho, las sentencias de los jueces inferiores
como las mismas son impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial ( recurso
de casación ) utilizable solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho
en la resolución de mérito”. (Calamandrei Piero, La Casación Civil, ed. Castellana de Ed.
Bibliografía Argentina, Trad. de S. Sentís Melendo, 1945, Buenos Aires Argentina, Pág.
376)
En la actualidad “En el Ecuador y en algunos países de América Latina se ha afincado el
Neoconstitucionalismo y ha provocado un cambio cualitativo en el pensar y en el actuar
jurídico: se ha construido otro marco jurídico-político dentro del cual tenemos que actuar,
razonar y elaborar los juicios lógicos y axiológicos para desarrollar la actividad jurídica, con
la calidez humana que debe primar en las relaciones de este tipo. Este nuevo marco está
constituido por el denominado Neoconstitucionalismo y específicamente para América
Latina, por el Neoconstitucionalismo latinoamericano.
Hoy existe otra óptica y otra lógica para comprender y aplicar el Derecho: la del
Neoconstitucionalismo y, por tanto la organización del poder político como la del poder
judicial y otros poderes e instituciones estatales, deben responder a esta nueva realidad”
(Cueva Carrión, Luis, La Casación en Materia Civil, 2da edición, Ediciones Cueva Carrión,
Ecuador, 2011. Pág.32). Se ha de tener en cuenta que en materia de casación la parte
relativa con la fundamentación, se asimila a un ejercicio de comparación y contraste entre
las normas que fueron empleadas como presupuestos de derecho en el fallo cuestionado
que pronunció el Tribunal, y las de quien recurre señala debieron haberse empleado y
demostrar con claridad que, efectivamente, la normativa expresada por el casacionista es la
idónea o apropiada para el juzgamiento del caso en cuestión.
A decir de Humberto Murcia Ballén, quien recoge el criterio expuesto por Toboada Roca:
“…son aún mayores las dificultades, porque, además de tener que expresarse con claridad y
precisión la pretensión procesal, hay que cumplir unos determinados requisitos de
designación de la vía impugnada que se utiliza, norma concreta que se reputa infringida,
modo o forma que se supone cometida esa infracción legal, con separación absoluta,
enumerada y ordenada de las diversas tesis impugnativas con que se pretende combatir los
supuestos básicos de la sentencia recurrida…” (Humberto Murcia Ballén, La Casación Civil,
Editorial Temis, Bogotá, 1997, Pág. 604).
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Problemas jurídicos formulados
Los problemas jurídicos que ha planteado el casacionista son:
1) ¿Existe violación a los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba
por errónea interpretación de los artículos 114 y 115 del Código de Procedimiento
Civil al no haberse valorado la prueba en su conjunto?
2) ¿La acción se encuentra prescrita?
3) ¿La sentencia se encuentra debidamente motivada?
4) ¿Existe un vicio de incongruencia en la sentencia dictada por la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha?
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Examen del caso en relación a la objeción presentada.
4.1. Las causales de casación se encuentran determinadas en la ley, y el examen del
recurso de casación se lo realizará conforme al orden lógico de las causales. La Corte
Nacional de Justicia sobre el tema ha señalado que:
“Cuando en casación se invoca var ias causales, existe un orden lógico para el estudio de las
mismas. Se comienza por la causal segunda, pues si esta acusación prospera, le está vedado al
juzgador de casación el seguir adelante con sus análisis y entrar a resolver sobre el fondo de la
controversia, sino que, declarando la nulidad procesal a partir del instante en que el vicio se produjo,
ha de reenviar el proceso en cumplimiento de lo que dispone el Art. 15 de la Ley de Casación; luego
se estudia la caus al quinta, que describe vicios relativos a la estructura de la sentencia (su
congruencia y motivación) que se subsana dictando una nueva sentencia; la cuarta, relativa a los
vicios de ultra, citra, o extra petita; luego la tercera, que trata de aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de normas relativas a la valoración de la prueba que hayan
llevado a la violación de una norma sustantiva; finalmente, se estudiará la causal primera, que se
refiere la infracción de normas sustantivas de derecho. (GJS. XVII. No. 10 Pág. 3063).
4.2. De acuerdo al orden expuesto, corresponde analizar la causa quinta del artículo tres de
la Ley de Casación, la que procede: “Cuando la sentencia o auto no contuvieren los
requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adoptaren decisiones
contradictorias o incompatibles”. Uno de los requisitos exigidos es, sin duda, la motivación
contemplada en el artículo 76.7 letra l) de la actual Constitución, que determina que: “Las
resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho. Los actos administrativos,
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.
Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”.
De la Rúa en su libro, Teoría General del Proceso sostiene que la motivación debe ser
lógica, es decir que deberá responder a las leyes que presiden el entendimiento humano, por
lo tanto debe ser coherente, lo que significa que los razonamientos expresad os en la
sentencia estarán constituidos por un conjunto de razonamiento armónicos, sin
contradicciones lo que a su vez deriva en que la motivación sea congruente, tanto en sus
afirmaciones, deducciones y conclusiones, sin dejar lugar a dudas sobre el alcan ce y
significado. (De la Rúa, Fernando: Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires
Argentina, 1991, Pág. 146).
Eugenio Florián, citado por Fernando de la Rúa, indica que la sentencia “no ha de ser un
acto de fe, sino un acto de convicción razonad a” (De la Rúa Fernando, Teoría general del
proceso, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1991, Pág. 146). Para Chioventa la sentencia:
“Es el pronunciamiento sobre la demanda de fondo y más exactamente, la resolución del
juez que afirma existente o inexistente la voluntad concreta de ley deducida en el pleito.”
(Chiovenda José, Derecho Procesal Civil, México, Cárdenas Editor, 1990, Pág. 299.)
La motivación es un presupuesto de control casacional, además de ser una garantía del
debido proceso consagrada en la Constitución. La motivación debe justificar y rendir cuenta
de los razonamientos a la solución que se ha tomado, es por eso que la referencia a fallos
anteriores no es suficiente para justificar una decisión, la cuestión de la motivación y la
sentencia en el derecho se presenta como una garantía constitucional. Por lo tanto, la falta
de motivación en una sentencia causará la nulidad del fallo.
Indica la recurrente que en la parte expositiva de la sentencia se ha dejado de señalar una
descripción integra tanto de los hechos que fueron objeto de la acción como de aquellos
puntos a los que se contrajo el recurso de apelación de acuerdo a lo que establecen los
artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil, los que en su orden establecen:
“En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que fueren
materia de la resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a falta de ley, en
precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal”.
En las sentencias y en los autos que decidan algún incidente o res uelvan sobre la
acción principal, se expresar á el asunto que va a dec idirse y los fundamentos o motivos de
la decisión. No se entenderá cumplido este precepto en los fallos de segunda instancia y de
casación, por la mera referencia a un fallo anterior.”
De la lectura de la sentencia, este Tribunal de Casación encuentra que, la sentencia se
encuentra debidamente motivada, por cuanto si están descritos los fundamentos de hecho
que fueron objeto de la presente acción, es así que en el considerando segundo se resumen
los hechos expuestos en la demanda, los fundamentos de derecho y la pretensión de la
demandante. En el considerando cuarto se establecen los límites dentro de los cuales se
resolverá el recurso de apelación. Y, al existir una excepción perentoria, como es la
prescripción de la acción, ésta es la que debe ser analizada en prima facie.
Hay que tomar en cuenta ¿cuál es el objeto de la revisión a la que se someten los jueces de
segunda instancia? Al respecto, en primer lugar señalaremos que la apelación es aquel
recurso que la ley concede a quien ha sufrido un agravio en la sentencia dictada por el juez
inferior, con el fin de obtener su revocación o reforma (Beceña citado por Couture en el Libro
Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Pág. 286).
El artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, establece que la apelación es la
reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado hace al juez o tribunal superior,
para que revoque o reforme un decreto, auto o sentencia del inferior.
En segundo lugar el objeto de la apelación:
“(…) es la revisión de la sentencia de primera instancia, surge la duda de saber cuál es el
objeto exacto de esa revisión: si lo es la instancia anterior en su integridad o si lo es la
sentencia misma. Se trata de lo que en doctrina ha sido estudiado tradicionalmente, bajo el
nombre de “teoría del doble examen y juicio único”. Reducido a sus términos más simples el
problema es el siguiente: ¿la apelación es un medio de reparación de los err ores cometidos
en la sentencia apelada, o de los er rores cometidos en la instancia anterior? La respuesta
que se dé a este (sic) pregunta reviste considerable importancia práctica. Si es lo primero, la
segunda instancia no puede consistir en una revisión de todo el material de hecho, ni de las
cuestiones de contenidas en la primera instancia. El recurso de apelación no permitirá
deducir nuevas pretensiones, ni excepciones, ni aportar nuevas pruebas. Es sólo (sic) con el
material de primera instancia, que habrá de ser considerada, por el juez superior, la
apelación. Si fuera lo segundo, si la apelación consistiera en una revisión de la instancia
anterior, siempre serían posibles nuevas proposiciones de derecho y la admisión de nuevas
pruebas que por error, negligencia o ignorancia, no fueron aportadas en la instancia anterior
(…)”. (Eduardo Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, B de f editorial,
Montevideo, Págs. 289-290).
El artículo 273 del Código de Procedimiento Civil dispone que en las sentencias, los jueces
deberán decidir únicamente sobre los puntos sobre los que se trabó la Litis, y en
concordancia con este artículo, en lo que respecta a la segunda instancia, encontramos la
norma contenida en el artículo 334 del referido cuerpo legal que establece textualmente:
El juez para ante quien se interponga el recurso, puede confirmar, revocar o reformar la
resolución apelada, según el mérito del proceso, y aun cuando el juez inferior hubiese omitido en su
resolución decidir alguno o algunos de los puntos controvertidos. En este cas o, el superior fallará
sobre ellos, e impondrá multa de cincuenta centavos de dólar a dos dólares con cincuenta centavos
de dólar de los Estados Unidos de América por esa falta.”
Norma que expresamente determina que el juez superior debe resolver entorno a la traba de
la Litis, lo que no puede es decidir sobre asuntos nuevos que no fueron alegados como
excepciones o que no son concordante con las pretensiones: “(…)Por tanto, los hechos que
alega la parte demandada, con posterioridad a la traba de la litis, resultan extraños a la
controversia y no podían por lo mismo ser considerados en sentencia y mucho menos
constituir fundamento de la resolución (…)”Resolución No. 373, (Registro Oficial 52, de 6 –
IV-2000).
Como se señaló, este Tribunal de Casación encuentra que la sentencia expone en forma
clara y precisa el razonamiento intelectivo de los jueces de instancia. Fernando Díaz Cantón,
señala que la motivación es: “la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación
racional de determinada conclusión jurídica” (Maer Julio, Derecho Procesal Penal, Buenos
Aires, Editorial del Puerto, 1996, Pág. 59). La motivación en la sente ncia es una exigencia
constitucional, es un deber de los jueces motivar sus resoluciones, es parte de la tutela
efectiva, lo que se busca es tratar de evitar arbitrariedades y controlar la razonabilidad de las
decisiones. Y precisamente los jueces de segunda instancia han exteriorizado en forma
razonable su decisión, conforme queda expuesto.
Por eso, a fin de garantizar el debido proceso y la tutela efectiva se ha verificado que en el
proceso se cumplan con estas garantías constitucionales, encontrando que la sentencia está
debidamente motivada, porque se han justificado sus razonamientos, sin que se halle que
exista violación alguna a dichas normas, el hecho de no estar de acuerdo con la decisión o
con la interpretación de alguna norma, no significa que la sentencia, por esta razón, carezca
de motivación, razones por las cuáles no prospera esta alegación. Al no cumplirse con las
exigencias de la causal quinta, se rechaza el cargo formulado.
4.2. Siguiendo el orden lógico de las causales corresponde analizar la causal cuarta, la que
procede cuando en la: "Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuere materia del
litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis". Esta causal hace referencia al
principio de congruencia, por lo tanto la sentencia o auto deben guardar armonía entre lo
solicitado y lo resuelto. Se trata de los vicios de ultra petita, extra petita, y citra petita o
minima petita. Existe un vicio ultra petita cuando se resuelve más allá de lo pedido; cuando
se resuelve sobre puntos que no han sido materia de litigio se denomina vicio extra petita; y
cuando se deja de resolver sobre una de las pretensiones expuestas por las partes se llama
vicio citra petita o minima petita.
Conforme se ha señalado en otras resoluciones:
“El principio de la congruencia, resumido en los siguientes principios jurídicos: SENTETIA
DEBET ESSE CONFORMIS LIBELLO, NE EATJUDEX, ULTRA, EXTRA O CITRA PETITA
PARTIUM Y TANTUM LITIGATUM QUANTUM JUDICATUM, JUDEX JUDICARE DEBET
SECUNDUM ALLIGATA ET PROBATA, delimita el contenido de la sentencia en tanto en
cuanto éstos deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las pretensiones o
imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas a fin de que exista la
identidad jurídica entre lo pedido y lo resuelto. La incongruencia es un error in procedendo
que tiene tres aspectos: a) Cuando se otorga más de lo pedido (plus o ultra petita) ; b)
Cuando se otorga algo distinto a lo pedido (extra petita); y, c) Cuando se deja de resolver
sobre algo pedido (citra petita). Entonces como instrumentos de análisis, el defecto procesal
de incongruencia debe resultar de la comparación entre la súplica de la demanda y la parte
dispositiva de la sentencia”. (GJS XVI, pág. 895-896).
Sobre la causal cuarta, indica la recurrente que en la sentencia se ha dejado de resolver
sobre la pretensión presentada en su demanda de que se ordene al Banco del Pichincha
C.A. que informe a la Superintendencia de Bancos y Seguros que nunca tuvo obligación
alguna con tal institución financiera.
Al respecto, se observa que efectivamente el Tribunal ad quem ha dejado de resolver sobre
la pretensión de la demandada señalada en su recurso debido a una razón y es la
aceptación de la excepción de prescripción de la acción. Hay que tomar en cuenta que el
artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que en todo proceso en
el que se determinen derechos y obligaciones, se deberá asegurar el debido proceso, en el
que se incluirán varias garantías básicas dentro de las cuales consta el derecho a la
defensa: el de ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.
Es así que ante una pretensión (demanda) surge el derecho de oponibilidad a través de la
contestación a la demanda, en la que se presentará n las excepciones que el demandado
considere pertinentes. Aclarando que: “(…) la excepción no es un contraderecho material, ni
un contraderecho de la acción; ella ataca la pretensión inocoada en la demanda y es una
razón de la oposición que aquella formula el demandado (…) (Devis Echandía, Teoría
General del Proceso, Bogotá, pág. 233).
Devis Echandía en su libro Teoría General del Proceso indica que la jurisdicción contenciosa
es doble: la relación de la acción y la relación de la contradicción. Se debe también anotar
que el derecho a la contradicción deriva del derecho a la defensa dentro de una relación
jurídica, en que quien contradice pretende una sentencia justa y legal, es decir, busca una
sentencia abstracta y se basa en la oportunidad de ser oído para el ejercicio de su defensa
(Pág. 206).
El artículo 99 del Código de Procedimiento Civil, vigente a la época de la presentación de la
contestación a la demanda, establecía que las excepciones son dilatorias o perentorias: las
primeras son aquellas que tienden a suspender o retardar la resolución de fondo, y las
segundas son las que pretenden extinguir en todo o en parte la pretensión.
Entonces las excepciones perentorias tienden a destruir directamente la acción, tal es el
caso de la excepción de prescripción de la acción, conforme así ha sucedido en el presente
proceso. Por lo tanto, si la acción se destruye a través de alguna excepción, como ha
sucedido en esta causa, no se resolverá sobre las pretensiones de la parte actora, pues la
acción ha sido destruida. En virtud de lo expuesto y sin ser necesarias otras
consideraciones, se rechaza el cargo denunciado.
4.3. Una vez analizadas las causales quinta y cuarta, corresponde el estudio de la causal
tercera del artículo tres de la Ley de Casación, la que se refiere a la:
“(…) denominada violación indirecta de la norma sustantiva. Para que prospere la casación
por esta causal, el recurso debe cumplir estos requisitos concurrentes: 1.- Identificar en forma precisa
el medio de prueba que, a su juicio, ha sido erróneamente valorado en la sentencia (confesión de
parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de
peritos o de intérpretes, determinados); 2.- Señalar, asimismo con precisión, la norma procesal sobr e
valoración de la prueba que ha sido violada; 3.- Demostrar con lógica jurídica en que forma ha sido
violada la norma sobre valoración del medio de prueba respectivo; y 4.- Identificar la norma
sustantiva o material que ha sido aplicada erróneamente o no ha sido apl icada por vía de
consecuencia del yerro en la valoración probatoria (…)”. Gaceta Judicial. Año CVIII. Serie XVIII, No.
3. Página 875. (Quito, 15 de enero de 2007).
Señala el actor que en la sentencia recurrida existe errónea aplicación de los artículos 114 y
115 del Código de Procedimiento Civil. Y como consecuencia de esto también se ha dejado
de aplicar el artículo 2235 del Código Civil
El artículo 114 del Código de Procedimiento Civil establece: “Cada parte está obligada a
probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley. Cualquiera de
los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su adversario.” Al
respecto se anota que esta norma no es un precepto jurídico aplicable a la valoración de la
prueba, sino que simplemente se refiere a que cada parte procesal ha de demostrar sus
asertos con particularidad de los que se prevé conforme la ley; y, la facultad de producir
pruebas que ataquen lo acusado por la contra parte, modificándola, mas no da una pauta al
juez, de cómo él debe valorar la prueba, sino, se refiere a las partes procesales y lo que ellas
están obligadas a justificar dentro del proceso, en lo referente a las actuaciones probatorias.
En lo que respecta al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, en este se determina
que: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o
validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración
de todas las pruebas producidas.” Siendo este un precepto jurídico aplicable a la valoración
de la prueba, pues se determina que la valoración de la prueba debe ser realizada en su
conjunto, el juez tiene la obligación por mandato de la ley (precepto) analizar el universo de
pruebas que obran de un proceso, explicando por qué acepta unas y otras no, de acuerdo a
las reglas de la sana crítica (método). (Véase resoluciones No. 322 -2012; 274-2013;
569-2014; 788-2015).
De lo expuesto, esta Sala concluye, que el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil es
un precepto de valoración de la prueba, precisamente cuando manda que se valore la
prueba en su conjunto, por tanto, el método de valoración de la prueba es un principio
consagrado en una norma adjetiva o procesal, ello necesariamente le convierte en un
precepto. Por ejemplo, si se valora un testimonio en forma individual a través del cual se
establece que X debe a Y, pero obra del proceso un documento que indica que la deuda ha
sido cancelada, el juez está obligado a valorar todas las pruebas en su conjunto explicando
el porqué acepta una y rechaza otra, de acuerdo a lo que determina el artículo 115 del
La Corte Nacional de Justicia ha señalado que:
“(…) Al determinar la ley que el juez apreciará la prueba con las reglas de la sana crítica, se
consagra en definitiva su libertad par a examinarla, ponderarla, comparar las pruebas producidas
unas con otras, y preferir aquellas que su juicio tienen mayor credibilidad en relación al asunto que se
discute en el proceso. Operación intelectual que el juez r ealiza con todo el acervo de su experiencia
humana, que es variable y contingente, pues depende de circunstancias locales y temporales, pero
que deberá hacerlo dentro de la racionalidad y aplicando las reglas de la lógica, que son estables y
permanentes. Es por eso que la sana crítica no le permitirá hacer una valoración absurda, o que
contraríe las reglas de la experiencia h umana, pues si tal si tuación se detectara en una sentencia, el
tribunal de casación si tendría atribución para corregirla (…)” Gaceta Judicial. Año CIV. Serie XVII.
No. 13. Página 4110. (Quito, 2 de mayo de 2003).
Las reglas de la sana crítica las define Couture que: “(…) son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del
juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea
de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con
arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.”.- (Couture Eduardo,
Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Despalma, 1997, pág. 270-271).
Ahora bien, justamente en este caso se señala que la valoración de la prueba ha sido parcial
y no en conjunto, pues no se ha tomado en cuenta el reporte a la central de riesgos, al
respecto se observa que el Tribunal ad quem realiza un análisis de la prescripción de la
acción entorno a las pruebas aportadas en el proceso, sopesándolas, sin dejar de
desconocer la fecha del supuesto hecho ilícito realizado por el Banco del Pichincha, al
haberla reportado a la Central de Riesgos, tomándose en cuenta cada una de las pruebas
aportadas en relación a este hecho y llegando a la conclusión que la acción se encuentra
prescrita. El Tribunal ad quem de acuerdo a la valoración de pruebas realiza su examen en
torno a la prescripción de la acción y ha concluido que el supuesto hecho ilícito ocurrió en el
2001 y no como argumenta la actora. Por lo tanto, no existió violación al artículo 115 del
Devis Echandía señala que: "por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la
operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda
deducirse de su contenido" (Hernando Devis Echandía, “Compendio de la Prueba Judicial”,
Tomo I, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2000, Pág. 16)
La valoración o apreciación probatoria, o sea la determinación de la fuerza de convicción de
los medios probatorios incorporados en el proceso, es una atribución reservada a los jueces
y tribunales de instancia, la potestad del tribunal de casación se reduce a controlar o
fiscalizar que en esa valoración no se hayan aplicado indebidamente o dejado de aplicar o
interpretado erróneamente normas procesales que regulan la valoración de la prueba, yerros
que han conducido o traído como consecuencia la transgresión de normas sustantivas o
materiales.
De lo manifestado claramente se puede establecer, como se señaló en líneas anteriores,
que no existe violación al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y por tanto tampoco
violación indirecta de los artículos 2235 y 2231 del Código Civil.
4.4. Finalmente, se procede analizar la causal primera del artículo tres de la Ley de Casación
alegada por la accionante, la que procede por: “Aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales
obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva”.
El vicio que la causal primera imputa al fallo es el de violación directa de la norma sustantiva,
incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, porque no se ha dado la correcta
subsunción del hecho en la norma; no se ha originado la conexión lógica de la situación
particular que se juzga con la previsión hipotética y genérica efectuada de antemano por el
legislador; yerro que se puede provocar por los tres diferentes tipos de infracción, y que la
recurrente debe fundamentar adecuadamente. La aplicación indebida ocurre cuando la
norma ha sido entendida rectamente en su alcance y significado; más se la ha utilizado para
un caso que no es el que ella contempla. La falta de aplicación se manifiesta si el juzgador
yerra ignorando la norma en el fallo. La errónea interpretación tiene lugar cuando, siendo la
norma cuya transgresión se señala la pertinente para el caso, el juzgador le ha dado un
sentido y alcance que no tiene, que es contrario al espíritu de la Ley.
Dice la recurrente que en la sentencia, materia del presente recurso, se aplicado en forma
indebida el artículo 2235 del Código Civil, que en el presente caso la acción recayó sobre
dos hechos que generaron el daño moral. Así también afirma que se ha dejado de aplicar el
artículo 2231 del Código Civil. Al respecto se desecha esta causal, por cuanto no se puede
alegar bajo la causal primera y tercera violación directa (causal primera) de una norma y a la
vez en violación indirecta (causal tercera). Siendo contradictorio alegar que exista violación
directa e indirecta de una misma norma, volviendo de este modo improcedente esta causal.
Cuando se alega la causal primera se está imputando al fallo violación directa de una norma
sustantiva porque no se ha subsumido correctamente los elementos fácticos probados. La
subsunción es el encadenamiento lógico de una situación fáctica a una norma, en este caso,
bajo la causal primera, la casacionista alega que de acuerdo al reporte se encontraba como
supuesta deudora el Banco del Pichincha, que el banco no informó la verdad, omitiéndose
hechos tales como el reporte a la Central de Riesgos y burós de crédito, lo que evidencia es
que está atacando directamente los hechos esgrimidos en la sentencia que se recurre, que
como se ha señalado no es procedente atacar estos bajo esta causal, mas no señala que
dándose por probado que no era deudora se le reportó a la central de riesgos de forma
indebida, y que ello encaja en la norma que regula el daño moral.
“(…) Cuando el juzgador dicta sentencia y hace la valoración del material probatorio de
acuerdo con la operación intelectual mencionada en el considerando precedente, luego de reducir los
hechos a tipos jurídicos conducentes, busca la norma o normas que le son aplicables. A esta
operación se le llama en la doctrina subsunción del hecho a la norma. Una norma de derecho
sustancial estructuralmente contiene dos partes: la primera, un supuesto de hecho y la segunda un
efecto jurídico. La primera parte, es pues, un supuesto, y la segunda, una consecuencia, un efecto.
Muchas veces una norma no contiene estas dos partes sino que está complementada con otra u
otras normas, con todas las cuales se forma una proposición jurídica completa. La subsunción no es
sino el encadenamiento o enlace lógico de una situación específica concreta con la previsión
abstracta genér ica o hipotética contenida en la norma. El vicio de juzgamiento contemplado en la
causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación se da en tres casos: 1.- Cuando el juzgador no
subsume la situación fáctica específica y concreta en la norma o nor mas de derecho que
corresponden, y que de haberlo hecho la parte resolutiva de la sentencia hubiera sido distinta de la
adoptada; 2. Cuando el juzgador no obstante entender correctamente la norma la subsume en
situaciones fácticas diferentes de las contempladas en ella, y 3.- Cuando el juzgador subsume el
caso en la situación prevista por la nor ma, pero le atribuye a esta un sentido y alcance que no le
corresponde (…)” (G. J. Año C. Serie XVII. No. 2. Pág. 341 . Quito, 9 de septiembre de 1999). (citado
en la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional del Justicia dentro del
Juicio Nro. 17711-2014-0368).
Por las consideraciones expuestas, se rechaza el cargo formulado.
TERCERO
DECISIÓN
Por estas motivaciones, este Tribunal de Casación de la Sala de lo Civil y Mercantil de la
Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA”, NO CASA la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, el día 20 de junio de 2016, las 09h07. Sin costas.- Notifíquese y devuélvase para
los fines de ley.
f).- DR. WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ; OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ
CORONEL, JUEZ (PONENTE); DRA. MARIA ROSA MERCHAN LARREA, JUEZA;
. Certifico: , .
VOTO SALVADO DEL OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ DE
LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTÍL.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y
MERCANTÍL. Quito, jueves 13 de abril del 2017, las 11h59.
VOTO CONCURRENTE: Juez Ponente: Dr. Eduardo Bermúdez Coronel
VISTOS (647 2016): 1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En virtud de que
los Jueces Nacionales que suscribimos hemos sido debidamente designados por
el Consejo de la Judicatura de Transición mediante Resolución No. 004-2012 de
25 de enero de 2012 y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante
Resolución 01 de 28 de enero de 2015, nos ratificó en la integración de esta Sala
Especializada, y conforme el acta de sorteo que obra del cuaderno de casación
somos competentes para conocer de esta causa, en los términos de los Arts. 184.1
de la Constitución de la República, 190.1 del Código Orgánico de la Función
Judicial y 1 de la Ley de Casación. 2. ANTECEDENTES: Accede el proceso a
esta Sala en virtud del recurso de casación activado por la señora María de las
Mercedes Endara Quirola, contra la sentencia proferida por la Sala de lo Civil de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 20 de junio de 2016, las 09h07, que
desestima el recurso de apelación interpuesto por ésta, contra la sentencia
proferida por uno de los jueces de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito
Metropolitano de Quito que rechazó la demanda de indemnización pecuniaria por
daño moral propuesta en contra de Banco Pichincha C.A., en la persona de su
representante legal señor Antonio Alfonso Acosta Espinosa.- 3. FUNDAMENTOS
DEL RECURSO: La recurrente aduce que en el fallo que impugna se han
infringido las normas contenidas en los Arts. 114, 115, 275, 276 del Código de
Procedimiento Civil, 2231, 2235 del Código Civil. Fundamenta el recurso en las
causales primera, tercera, cuarta y quinta del Art. 3 de la Ley de Casación. La Sala
de Conjueces de esta Sala Especializada en auto de admisión aceptó a trámite el
recurso el 14 de noviembre de 2016, las 09h41. Concluido el trámite de
sustanciación, para resolver, se puntualiza: 4. CONSIDERACIONES RESPECTO
DEL RECURSO DE CASACIÓN: La casación es un medio de impugnación
extraordinario y público; es recurso limitado desde que la ley lo contempla para
impugnar, por su intermedio, sólo determinadas sentencias. Consecuencia de
dicha limitación “…es el carácter eminentemente formalista de este recurso, que
impone al recurrente, al estructurar la demanda con la cual lo sustenta, el
inexorable deber de observar todas las exigencias de la técnica de casación, a tal
punto que el olvido o desprecio de ellas conduce a la frustración del recurso y aún
al rechazo in limine del correspondiente libelo” (Humberto Murcia Ballén, Recurso
de Casación Civil, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, sexta edición, Bogotá,
2005, p. 91). El objetivo fundamental de la casación es atacar la sentencia que se
impugna para invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de los que
puede adolecer, hecho que se verifica a través del cotejamiento riguroso y técnico
de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, lo que permite encontrar la
procedencia o no de las causales invocadas. Este control de legalidad está
confiado al más alto Tribunal de Justicia Ordinaria, que en el ejercicio de ese
control, así como el de constitucionalidad, lo que busca es garantizar la defensa
del derecho objetivo en procura de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el
que se sustenta el Estado constitucional de derechos y justicia, la igualdad de los
ciudadanos ante la ley, la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de
precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración, y, la
reparación, por la justicia del caso concreto, de los agravios irrogados a las partes
con ocasión de la providencia recurrida (la función dikelógica de la casación así lo
entiende en cuanto acceso a la tutela jurisdiccional y la consecuente respuesta
motivada y justa, Arts. 1 y 75 de la Constitución de la República). La visión actual
de la casación le reconoce una triple finalidad: la protección del ius constitutionis y
la defensa del ius litigatoris, proyectados por la salvaguarda del derecho objetivo,
la unificación jurisprudencial, y, la tutela de los derechos de los sujetos procesales.
Cabe la compatibilización de estas tres finalidades una en función de las otras,
pues debe funcionar en forma subordinada y armónica, sin prevalencia de una
respecto de la otras. La casación es recurso riguroso, ocasionalmente restrictivo y
formalista, por lo que su interposición debe sujetarse necesaria e invariablemente
a los requisitos previstos en la ley.- 5. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN
RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS: 5.1. PRIMER CARGO,
CAUSAL QUINTA: 5.1.1. Corresponde analizar, conforme el orden
lógico-jurídico, como primer cargo la causal quinta del Art. 3 de la Ley de
Casación. Sostiene la casacionista que: “En la sentencia se ha dejado de señalar,
en su parte expositiva, una descripción íntegra tanto de los hechos que fueron
objeto de la acción como de aquellos puntos a los que se contrajo el recurso de
apelación. Así, en la sentencia se ha dejado de cumplir con lo dispuesto en los
Arts. 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto impone la primera de
tales normas que 'en las sentencias … se decidirán con claridad los puntos que
fueren materia de la resolución' y en la segunda en el mismo sentido se dispone
que 'en las sentencias se expresará el asunto que va a decidirse'. En la sentencia
que se recurre no se ha expresado por una parte sobre los efectos jurídicos de las
conductas omisivas del Banco Pichincha, que fueron tanto objeto de la demanda
así como uno de los puntos a los cuales se contrajo el recurso de apelación”.
5.1.2. El Art. 3 de la Ley de Casación prevé que el recurso de casación sólo
podrá fundarse en las siguientes causales: “…5ta. Cuando la sentencia o auto no
contuvieren los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adopten
decisiones contradictorias o incompatibles”. El precepto transcrito establece
defectos en la estructura del fallo en cuanto incumple los requisitos exigidos por la
ley, y evidencia la contradicción o incompatibilidad en su parte dispositiva. En el
segundo evento la contradicción debe ser de tal naturaleza que haga imposible el
cumplimiento del fallo por excluirse las decisiones entre sí. “…la causal requiere
que en la parte resolutiva de la sentencia aparezcan disposiciones o declaraciones
contrarias, o que hagan imposible la operancia simultánea de ellas, como si una
afirma y la otra niega, una decreta la resolución del contrato y otra el cumplimiento,
o una ordena la reivindicación y otra declara la prescripción adquisitiva, o una
reconoce la obligación y otra el pago…. es natural que la contradicción deba
encontrarse en la parte resolutiva, como dice la ley, pues las contradicciones en la
parte motiva carecen de incidencia, porque lo que obliga de las providencias
judiciales es la resolución” (Hernando Morales Molina, Técnica de casación civil,
Bogotá, Ediciones Rosaristas, 1983, p. 196). La razón o fundamento de esta
causal se encuentra en el hecho de que la contradicción en las resoluciones de la
sentencia hace imposible la ejecución simultánea de todas ellas. En efecto, “¿No
es antitético acaso reconocer la existencia de una obligación y condenar por lo
tanto al demandado a satisfacerla, con el reconocimiento simultáneo de
inexistencia de esa misma obligación y la consecuencial liberación del deudor?.
Ante mi mente no aparece ni el menor asomo de duda que impida respuesta
afirmativa al interrogante. Porque en eventos como el presente el juez ha querido y
no querido al mismo tiempo, o sea, que coetáneamente ha establecido la certeza
de la existencia de dos voluntades concretas de ley que recíprocamente se anulan
o extinguen en la práctica: no es posible ejecutar una obligación que se ha
declarado extinguida por prescripción, y al mismo tiempo liberar al deudor que
judicialmente, en la misma sentencia, se ha condenado a pagarla en cantidad y
plazo determinados” (Humberto Murcia Ballén, op. cit., p. 545). El mismo autor,
puntualizando la trascendencia de las contradicciones señala: “…no basta que
haya entre las disposiciones del mismo fallo una contradicción cualquiera, sino que
deben presentar una incompatibilidad de tal envergadura, tan absoluta y notoria
que no sea factible saber cuál es el genuino mandato jurisdiccional que debe ser
objeto de cumplimiento, que no se trata de meras imprecisiones, alguna de las
cuales obedecen a un simple lapsus calami” (ibid. cit. p. 545).- 5.1.3. El Art. 274
del Código de Procedimiento Civil dispone: “En las sentencias y en los autos se
decidirán con claridad los puntos que fueren materia de la resolución, fundándose
en la ley y en los méritos del proceso; a falta de ley, en precedentes
jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal” y el Art. 276
ejusdem, prescribe: “En las sentencias y en los autos que decidan algún incidente
o resuelvan sobre la acción principal, se expresará el asunto que va a decidirse y
los fundamentos o motivos de la decisión”. El recurrente en su argumentación no
debe trastocar la indispensable autonomía o segmentación que debe existir entre
cada una de las causales de casación invocadas; así como le corresponde
efectuar la identificación precisa y exacta de la norma o normas de derecho que se
alegan infringidas e incorporar la fundamentación que se adapte eficientemente al
caso concreto, diferenciándolas equilibradamente unas de otras, a fin de conducir
al tribunal de casación a detectar la probable inconsistencia que se alega existir en
el fallo. “La argumentación debe hacerse con sindéresis, con lógica (…). Si, por
ejemplo, una sentencia tiene dos fundamentos de derecho llamados A y B, la
argumentación debe estar dirigida contra ambos motivos. Si sólo se ataca uno de
los fundamentos, digamos A., y el fallo se puede sostener solo por B., la
fundamentación será deficiente, incompleta y diminuta, y por tanto el recurso
improcedente. Qué objeto tendría analizar un aspecto de derecho de la sentencia,
si el otro que es suficiente para sostenerla ha sido consentido” (Manuel
Sánchez-Palacios Paiva. El Recurso de Casación Civil. Cuarta edición, Jurista
Editores E.I.R.L. Lima, 2009. p. 227). No responde a la técnica de casación
afirmar en forma lata que en la resolución impugnada “no se han decidido con
claridad los puntos que fueren materia de la resolución” y que en las sentencias se
expresará el asunto que va a decidirse”. El Art. 274 del Código de Procedimiento
Civil se refiere, y así lleva su epígrafe, a la fundamentación de sentencias y autos;
en tanto que, el 276 ibidem al contenido de sentencias y autos. En la sentencia
impugnada se cumplen fundamentación y concreción del asunto que resuelve.
Para el primer evento, necesidad de decidir con claridad los puntos materia de la
resolución, el impugnante de encontrar que tal sentencia es obscura, de
defectuosa redacción que contiene elementos que resultan ininteligibles, estuvo en
su derecho de recurrir horizontalmente, Art. 282 asimismo del Código Procesal
Civil, pidiendo su aclaración, derecho que dejó precluir y, en el segundo evento, la
exigibilidad de que en las sentencias se expresará el asunto que va a decidirse, se
lee de la resolución que motiva este recurso extraordinario “ … dentro del juicio
ordinario que por indemnización por daño moral sigue María de las Mercedes
Endara Quirola contra el Banco Pichincha C.A., a través de su representante legal
… para resolver hace las siguientes consideraciones …”. Expresa la casacionista
“no se ha expresado por una parte sobre los efectos jurídicos de las conductas
omisivas del Banco Pichincha, que fueron tanto objeto de la demanda así como
uno de los puntos a los cuales se contrajo el recurso de apelación”. La acusación
se refiere al evento de la sentencia citra o mínima petita que deja de resolver
alguno de los puntos de la traba de la litis, evento para el cual la Ley de Casación
establece que el cargo a presentar debe ser por la causal 4 de su Art. 3. En tal
virtud al ser imprecisa la alegación de la casacionista se desecha esta imputación.
Son claros, precisos, los conceptos jurídicos que sostienen la construcción legal en
que se asienta la sentencia de mérito impugnada y como lo dispone el Art. 274 del
Código de Procedimiento Civil.- 5.2. SEGUNDO CARGO: CAUSAL CUARTA.-
5.2.1. Expresa la recurrente “se ha dejado de resolver sobre la pretensión
procesal que consta en el acápite ii) de las pretensiones demandadas, esto es 'que
se le ordene al Banco Pichincha C.A. que informa (sic) a la Superintendencia de
Bancos y Seguros que yo nunca tuve obligación alguna con tal institución
financiera y que a sabiendas remitió información falsa'. Esta pretensión procesal
no fue objeto de decisión alguna por parte de los jueces al momento de resolver
…”. El Art. 3.4 de la Ley de Casación prevé que “El recurso de casación sólo
podrá fundarse en las siguientes causales: … 4ta. Resolución, en la sentencia o
auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los
puntos de la litis”. La causal se refiere a la inobservancia de congruencia, de
consonancia en la sentencia. Por el principio de congruencia la sentencia debe
ajustarse a pretensión y excepción, le está vedado al juzgador pronunciarse
sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o peticiones no formuladas.
“Se viola el principio de congruencia cuando la sentencia decide: a)
Ultrapetitum, otorgando al actor más de lo que pidió; b) Citrapetitum, dejando sin
resolver cuestiones que habían sido introducidas en la contienda; c) Extrapetitum,
si se alteran o modifican, en aspectos esenciales las pretensiones formuladas por
las partes” (Luis Álvarez Juliá, Germán R. J. Neuss y Horacio Wagner, Manual de
derecho procesal, 2da Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1990, p. 2 97). Se
puntualiza que, con la contestación a la demanda se integra la relación procesal
produciendo dos efectos fundamentales: i) Quedan determinados los sujetos de
la relación (actor y demandado), y, ii) Las cuestiones sometidas al
pronunciamiento del juez. Ergo, los términos en que se han planteado pretensión
y oposición son los que delimitan el contenido de la sentencia, pues el denominado
principio de congruencia “… consiste en la concordancia que debe existir entre el
pedimento formulado por las partes y la decisión que sobre él tome el juez.
Puede adoptar dos modalidades: la interna y la externa. La externa -que es la
propiamente dicha- se refiere a la concordancia y armonía entre la demanda y la
sentencia que se pronuncia sobre ella … 2º La interna, que mira la concordancia
entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia” (Jaime Azula Camacho,
Curso de Teoría General del Proceso, Librería Jurídica Wilches, tercera edición,
1986, Bogotá, p. 93). Este principio, consagrado en el Art. 273 del Código de
Procedimiento Civil, impone la estricta correspondencia que debe existir entre el
contenido de las resoluciones judiciales y las peticiones pretensiones y defensas-
que conforman el thema decidendum. “De suerte que un pronunciamiento
jurisdiccional será congruente si emite juicios sobre todas, y nada más que sobre
todas las peticiones y respetando los elementos de ellas (sujetos, objeto y causa).
Así: son decisorios incongruentes no sólo los citra o infra petitos y los ultra petitos,
sino también los extrapetitos o salidos de tema. Denominación esta última que
damos a las resoluciones que por modificar lo pretendido, haciendo sustituciones
en su causa petendi, o en la persona que deduce o contra quien se deduce, o en
su objeto inmediato o mediato, termina juzgando una pretensión distinta a la
concretamente sometida a decisión. Por ello puede afirmarse que si el
demandante modifica, altera o transforma todos, alguno o algunos de los
elementos de la pretensión, hay mutación en la demanda, y si esa modificación,
transformación o alteración la hace el juez, hay incongruencia extrapetita” (Gladis
E. De Midón, La Casación, Control del Juicio de Hecho, Rubinzal-Culzoni editores,
Santa Fe, 2001, p. 471). Comentando el principio de congruencia, Devis
Echandía lo identifica como “ … el principio normativo que exige la identidad
jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido por el juez en la sentencia y las
pretensiones y excepciones planteadas por las partes … y entre la sentencia y las
imputaciones formuladas al procesado y las defensas formuladas por éste contra
tales imputaciones; en todos los procesos, también entre la sentencia y lo
ordenado por la ley que sea resuelto de oficio por el juzgador. Tiene
extraordinaria importancia este principio, pues se liga íntimamente con el derecho
constitucional de defensa, ya que éste exige que el ajusticiado en cualquier clase
de proceso conozca las pretensiones o las imputaciones que contra él o frente a él
se han formulado, por lo que la violación de la congruencia implica la de aquel
derecho; actividad probatoria, las excepciones o simples defensas y las
alegaciones, se orientan lógicamente por las pretensiones, imputaciones,
excepciones y defensas formuladas en el proceso…” (Teoría General del Proceso,
Editorial Universidad, tercera edición, Buenos Aires, 2002, p. 76).- 5.2.2. El
cargo que, por la causal 4ta. del Art. 3 de la Ley de Casación, presenta la
recurrente, en concreto es que se ha dejado de resolver en la sentencia
impugnada “se le ordene al Banco Pichincha C.A. que informa a la
Superintendencia de Bancos y Seguros que yo nunca tuve obligación alguna con
tal institución financiera”. Entre lo pedido por el ahora recurrente en la demanda
consta que se le condene a la institución financiera demandada a más del pago de
una indemnización pecuniaria “no menor a los diez millones de dólares de los
Estados Unidos de América”, que se expida orden al Banco Pichincha C.A. en la
forma que puntualiza en el escrito de interposición de este recurso extraordinario.
La pretensión como fin concreto que el demandante persigue (las declaraciones
que requiere se hagan en sentencia), es el petitum de la demanda, lo que se pide
que sea reconocido o declarado en aquella; se trata de una declaración de su
voluntad para perseguir un efecto jurídico a su favor, es decir la pretensión
comprende el objeto del litigio, la cosa o el bien y el derecho que se reclama o
persigue. En efecto, la pretensión “… es el efecto jurídico concreto que el
demandante (en los procesos civiles, laborares y contencioso-administrativos)…
persigue con el proceso, efecto al cual se quiere vincular al demandado”
(Hernando Devis Echandía, op. cit., p. 214). El fin de la pretensión es la tutela del
interés particular del actor y que lo ha puntualizado en la demanda, tutela que se
hace efectiva mediante sentencia favorable o no. En el caso sub lite, ésta, la
sentencia recurrida, inadmitió el recurso de apelación, que no aceptó la demanda,
es decir esa resolución le fue desfavorable y como tal, no pudo disponer
conforme la pretensión que puntualiza la impugnante. Como se ve, lo resuelto en
última instancia, no se encasilla en sentencia citra o mínima petita como arguye la
casacionista. Se desecha la imputación.- 5.3. TERCER CARGO: CAUSAL
TERCERA.- 5.3.1. El cargo por la causal tercera, se configura por “Aplicación
indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una
equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o
auto”. Para su procedencia es necesario que se encuentren reunidos los siguientes
presupuestos básicos: a) la indicación de la norma o normas de valoración
probatoria que, a criterio del recurrente, ha sido violentada; b) la forma en que se
ha incurrido en la infracción, si por aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación; c) la determinación del medio de prueba en que se produjo
la infracción; d) la infracción de norma o normas de derecho sustancial por
equivocada aplicación o por no aplicación; y, e) la explicación lógica y jurídica del
nexo causal entre la primera infracción de norma de valoración de la prueba y la
segunda infracción de norma sustantiva o material. Dicho de otro modo, al invocar
la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, el recurrente debe justificar la
existencia de dos infracciones, la primera respecto de normas de valoración de la
prueba, y, la segunda relacionada con la violación de normas de derecho
sustantivo o material y que han sido afectadas como consecuencia o por efecto del
primer yerro, de tal modo que se demuestre la existencia del nexo de causalidad
entre una y otra. 5.3.2.- En relación con esta causal, la recurrente acusa que “se
aplicaron indebidamente los Arts. 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, en la sentencia se dejó de valorar la prueba, en su conjunto, que
demostraba la afirmación constante en la demanda al haber decidido la Sala,
contrariamente a lo dispuesto en las normas señaladas, considerar y valorar la
prueba de manera parcial y no íntegra … al haber aplicado indebidamente las
normas relativas a la valoración de la prueba, que imponen que ésta debe ser
valorada de manera íntegra se condujo a que además se viole la norma del Art.
2235 del Código Civil … esta indebida aplicación de las normas aplicables a la
valoración de la prueba, condujo además a que se dejara de aplicar la norma del
Art. 2231 del Código Civil, que garantiza la indemnización pecuniaria en el caso de
que se afecte el crédito de una persona, como en efecto ocurrió en mi caso. Si en
la sentencia se habría valorado la prueba en su conjunto y se habría expresado en
ésta 'la valoración de todas las pruebas producidas', la Sala habría llegado a la
conclusión de que la excepción de prescripción era improcedente pues el hecho
ilícito subsistió hasta al menos la fecha en que la demanda fue propuesta, por lo
que se incurrió en la indebida aplicación del Art. 2235 del Código Civil”.- 5.3.3. En
la teoría general del derecho probatorio concurre, entre otros, el principio que
ningún juez debe ignorar al momento de emitir su declaración de certeza sobre los
hechos controvertidos conducentes: el de la unidad de la prueba. Principio que
exige al intérprete el examen concienzudo de cada prueba separadamente y de
todas las pruebas juntas. Esta regla, de real importancia para una correcta
valoración del acervo probatorio, se identifica con su apreciación conjunta, que
confronta las diversas actuaciones: documentos, testimonios, pericias, etc.,
señalando su concordancia o discordancia con la conclusión sobre el
convencimiento que de ellas se forme. En un proceso con pluralidad de pruebas, la
apreciación probatoria demanda generalmente esta tarea: a) fijar cuidadosamente
las varias pruebas referentes a cada hecho conducente y, desde luego,
controvertido, y, b) relacionarlas entre sí para apreciar su concordancia debida a
conexiones más o menos estrechas entre ellas. El Art. 114 del Código de
Procedimiento Civil, que se acusa indebidamente aplicado, se relaciona con el
principio de la carga de la prueba y de la autorresponsabilidad de las partes por su
inactividad. Explica que la necesidad de aportar prueba de ciertos hechos recae
sobre una de las partes, sea porque los invoca a su favor o porque de ellos se
infiere lo que solicita, o porque el opuesto goza de presunción o de notoriedad o es
una negación indefinida; “ … el principio de la carga de la prueba contiene una
regla de conducta para el órgano jurisdiccional, en virtud de la cual, cuando falta
la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que una parte
invoca a su favor, debe dictar sentencia en contra de esa parte este principio
implica la autorresponsabilidad de las partes por su conducta en el proceso, al
disponer que si no aparece en éste la prueba de los hechos que las benefician y la
contraprueba de los que, comprobados a su vez por el adversario, pueden
perjudicarlas, recibirán una resolución desfavorable. Es decir, las partes tienen la
posibilidad de colocarse en una total o parcial inactividad probatoria, por su cuenta
y riesgo” (Víctor De Santo, La Prueba Judicial, Ed. Universidad, Buenos Aires,
1992, pp. 22 y 23). El Art. 115 también del Código de Procedimiento Civil, que
asimismo aduce la casacionista indebida aplicación, se refiere al método que el
juez debe aplicar para la valoración probatoria. La valoración de la prueba en
cuanto análisis y apreciación sistemática y razonada de los elementos probatorios,
viene a ser “… la actividad de percepción por parte del juez de los resultados de la
actividad probatoria que se realiza en un proceso” (Jordi Nieva Fenoll, La
valoración de la prueba, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 34). En este acto
confluyen esos resultados y el juicio racional del juez, parte consustancial,
respecto de la percepción, pues determina cómo gravitan y qué influencia ejercen
los diferentes medios de prueba respecto de la decisión que debe proferir. Como
se ve, la valoración o apreciación de la prueba se refiere a la operación mental del
juez que procura conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de
su contenido; “… cuando se habla de valoración o apreciación de la prueba se
comprende su estudio crítico de conjunto, tanto de los medios aportados por una
parte para tratar de demostrar sus alegaciones de hecho, como de los que la otra
adujo para desvirtuarlas u oponer otros hechos y los que el juez decretó
oficiosamente …en el campo específico de la prueba judicial, la actividad valorativa
adquiere una trascendencia superior, porque de ella depende la suerte del proceso
en la mayoría de los casos, y, por lo tanto, que exista o no armonía entre la
sentencia y la justicia” (Hernando Devis Echandía, Teoría General de la Prueba
Judicial, Tomo I, Biblioteca Jurídica Dike, Medellín, 1993, p. 287). El primer
deber del juzgador, él es el depositario de la prueba, es de valorarla en conjunto,
los diversos medios de prueba que analiza no constituye compartimientos
estancos. En efecto, el acervo probatorio al formar una unidad cabe examinarlo
con el mérito que le corresponde, universalmente, sin desmembrarlo, pues todos
sus elementos deben ser tratados in íntegrum, en sus conexiones directas e
indirectas, pues ninguna prueba puede ser tomada en forma aislada ni tampoco en
forma exclusiva, sino en su conjunto, confrontándolas entre (testimonios,
declaración de parte, documentos, etc.), además de precisar sus concordancias o
discordancias para concluir respecto del convencimiento que de ellas se forme.
Solo teniendo una visión integral de los medios probatorios se logra conclusiones
en procura de la verdad como fin del proceso; hacer lo contrario disminuye su
sentido, fuerza y eficacia. La apreciación conjunta de la prueba consiste en poner
en relación unos medios de prueba con otros “… a fin de otorgar a uno, en
consideración a los restantes, el valor o grado de eficacia acreditativa que
legalmente o según el criterio discrecional del juzgador- le corresponda” (F.
Jiménez Conde, La apreciación legal de la prueba y su impugnación,
Publicaciones del Departamento de Derecho Procesal, Universidad de Salamanca,
1978, p. 337). Como se colige, las normas procesales que aduce la recurrente
haberse aplicado indebidamente, la primera de ellas, no es precepto jurídico
aplicable a la valoración de la prueba, tienen este carácter las disposiciones
legales que establecen determinado valor probatorio a un medio de probanza,
regulando su eficacia (prueba legal o tasada); en tanto que la segunda, Art. 115 del
Código Procesal Civil, no contiene una regla sobre valoración de la prueba sino un
método que el juez debe aplicar para apreciarla y según él darle un determinado
valor (esta doctrina ha sido invariable en las decisiones de las Salas de lo Civil de
la Corte Suprema de Justicia). Es primera condición de procedencia del recurso de
casación por la causal tres que, la aplicación indebida, falta de aplicación o
errónea interpretación sea respecto de “los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba”. Justificada por el recurrente la concurrencia de
infracción directa de esos preceptos jurídicos le corresponde demostrar que esa
primera infracción llevó, como necesaria consecuencia, a la infracción de norma
sustancial o material por su indebida aplicación o por falta de aplicación. En el
caso in examine, el Tribunal de última instancia debió resolver los puntos a los que
se contrajo el recurso de apelación interpuesto por la ahora casacionista,
concretamente improcedencia de la prescripción y las pretensiones de la
demandante. Por imperativo lógico, y así lo hizo, resolvió ese primer punto que
volvió innecesario el pronunciamiento en el fondo, hechos y derecho de la
accionante. La institución financiera demandada entre las excepciones opuestas
a la pretensión presentó la de prescripción de la acción. La excepción es un medio
de defensa, es decir, comprende todos los medios jurídicos que utiliza el
demandado frente a la demanda para impedir el nacimiento del derecho pretendido
por el actor, o extintivos o modificativos de ese derecho, o simplemente dilatorios
que impiden que en ese momento y en ese proceso se reconozca la exigibilidad o
efectividad del derecho; precisamente por ello que la excepción venga a ser una
de las maneras de ejercitar el derecho de contradicción o la defensa en general en
cuanto poder jurídico que le asiste al demandado y que le habilita para oponerse a
la acción promovida contra él. En este sentido, la excepción “ … es una especial
manera de ejercitar el derecho de contradicción o defensa en general que le
corresponde a todo demandado, y que consiste en oponerse a la demanda para
atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de
hecho, que persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos” (Hernando
Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tercera Edición, Editorial
Universidad, ciudad de Buenos Aires, 2002, p. 236). La clasificación más común
de las excepciones la distingue entre dilatorias y perentorias; en la primera
categoría se ubican aquellas que tienden a dilatar o postergar la resolución de
fondo; en tanto que en la segunda, están las que tienen que ver sobre el fondo
mismo del asunto y se deciden en sentencia, Art. 99 del Código de Procedimiento
Civil. Las perentorias, cabe puntualizar, no son defensas sobre el proceso sino
sobre el derecho; no procuran la depuración de elementos formales del juicio
desde que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado; en esta
razón se subdividen en extintivas e impeditivas, según extingan el derecho o
impidan su nacimiento, y modificativas cuando hacen variar sus efectos. La
excepción de prescripción se configura, en ciertas condiciones, por el transcurso
del tiempo modificando de modo sustancial un derecho en razón de la inacción de
su titular, por lo que pierde la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación.
“Cuando es liberatoria, la prescripción se produce por el solo hecho de haber
dejado transcurrir un determinado plazo sin ejercer el derecho que se pretende
tener” (Víctor De Santo, Las Excepciones Procesales, Ed. Universidad, Buenos
Aires, 2008, p. 139); el transcurso del tiempo determina la modificación sustancial
de un derecho en razón de la inacción de su titular por lo que contribuye a fijarlo
definitivamente a través de la prescripción cuya finalidad “ … es dar seguridad y
fijeza a los derechos, aclarando la situación de los patrimonios, que se ven
descargados de las obligaciones prescriptas ante el probable abandono del
derecho que la inacción del titular hace presumir … los fundamentos de la
prescripción extintiva son el interés social, la seguridad general y la paz jurídica,
motivos de orden superior que prevalecen sobre el derecho individual” (Víctor De
Santo, op. cit., pp. 144, 145). El análisis de prueba que realiza el Tribunal ad
quem se enfoca a determinar si efectivamente ha operado la prescripción alegada,
concluyendo en este sentido, por lo que la decisión volvió innecesaria la valoración
“de la prueba en su conjunto” como aduce la recurrente.- 5.4. CUARTO
CARGO, CAUSAL PRIMERA: 5.4.1. Por este error in judicando se imputa al
fallo impugnado violación directa de normas de derecho sustantivo y de los
precedentes jurisprudenciales obligatorios, por su aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación en la sentencia o auto, que hayan sido
determinantes de su parte dispositiva. Este vicio de juzgamiento concurre cuando:
1.- El juzgador deja de aplicar la norma sustantiva al caso controvertido, por
absoluto desconocimiento de la misma o por ignorar el rango o preferencia que
tiene en relación con otras, por ignorancia acerca de su naturaleza propia y la
posibilidad de que pueda omitirse o modificarse por voluntad de las partes. 2.- Por
aplicación indebida, por el error que ocurre al subsumir los hechos establecidos en
la norma y al precisar las circunstancias de hecho que son relevantes para que la
norma entre en juego (yerro de diagnosis jurídica), puede también surgir el error al
establecer la diferencia o semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis
del caso concreto; y, 3.- El juzgador incurre en yerro de hermenéutica, de
interpretación jurídica, al errar acerca del contenido de la norma, “… del
pensamiento latente en ella, por insuficiencia o exceso en el juicio del juzgador y
de acuerdo con las doctrinas sobre interpretación de las leyes” (Manuel de la
Plaza, La Casación Civil, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944 p. 218).
La razón del proceso es la sentencia, con ella se decide y concluye la relación
jurídica adjetiva; en este acto procesal el juez aplica la norma sustancial que regula
el caso controvertido, norma que, clásicamente, se la entendió como la que señala
y define los derechos subjetivos, reales y personales, y precisa las obligaciones de
las personas. Las normas de derecho sustancial, es decir, aquellas que proveen
al sujeto de una pauta de conducta determinada, son “…las que, frente a la
situación fáctica en ellas contempladas, declaran, crean, modifican o extinguen
relaciones jurídicas entre las partes implicadas en la hipótesis legal” (Jorge
Cardoso Isaza, Manual Práctico de Casación Civil, Temis, Bogotá 1984, p. 106).
Para que pueda alegarse la causal primera como motivo de casación, es necesario
que las normas que se dicen infringidas tengan esa naturaleza, pues si no son
sustanciales no puede concurrir el motivo primero de casación. El juez, al fallar,
establece una comparación entre el caso controvertido y la o las normas de
derecho que reglen esa relación; si encuentra que los hechos y la relación jurídica
sustancial conflictiva encajan, subsume en el supuesto de hecho de la norma y
entonces aplica su efecto jurídico. Por ello que la doctrina alemana, refiriéndose al
error que se comete al aplicar a los hechos una regla que no corresponde, lo llama
defecto de subsunción y que actúa “…cuando se llega a una defectuosa
calificación de los hechos a los que se les hace jugar una disposición que no se
identifica con su verdadera esencia; sea porque su supuesto legal es otro, o
porque se prescinde de esgrimir la regla que conviene a su contenido” (Juan
Carlos Hitters, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, Librería
Editorial Platense, 2ª edición, La Plata, 1988, 2ª reimpresión, marzo 2009, p. 273).-
5.4.2. En el caso in examine la recurrente puntualiza que en la sentencia
impugnada “existe una indebida aplicación del Art. 2235 del Código Civil en cuanto
se ha sostenido que en virtud de dicha norma ha operado la prescripción de la
acción. En efecto, la norma impone que la prescripción que extingue la acción
opera dentro de los cuatro años posteriores al acto que genera el daño moral. En
el presente caso, la acción recayó sobre dos hechos que generaron el daño moral.
El primero por el hecho de haberme reportado en primer lugar como una deudora
del Banco Pichincha y haber mantenido dicho reporte, de supuesta deudora (que
supuestamente pago (sic) una deuda cuando se encontraba en mora), condición
que nunca la tuve. Dicho reporte se mantuvo al menos hasta la fecha en que se
presentó la demanda, por lo tanto en la sentencia al haber aplicado la norma del
Art. 2235 del Código Civil a hechos distintos al aquí mencionado y que fue
expuesto en la demanda y no haber considerado la Sala en su sentencia que el
hecho dañoso se dio por el falso reporte de deudor en las condiciones señaladas,
se dio una indebida aplicación del Art. 2235, pues los hechos objeto de la acción
fueron otros y sobre los cuales el plazo de prescripción no había decurrido (sic)
hasta el momento de citación con la demanda … en la demanda se señaló que la
acción por daño moral tenía también origen en la omisión deliberada del Banco
Pichincha de informar a la central de riesgos y luego a los burós de crédito de
manera oportuna y pronta sobre la inexistencia de la obligación sobre la cual se
me reportó como deudora … Este hecho que es de carácter omisivo, en cuanto
existía la obligación jurídica del Banco de informar la verdad, persiste hasta la
fecha y por ello existe una indebida aplicación del Art. 2235 sobre la prescripción
cuando el hecho o acto omisivo aún no ha concluido y persiste en el tiempo”. En
la aplicación indebida de norma sustancial, como se dijo, el juez la entiende
rectamente pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético
contemplado en ella; el error consiste en la equivocada relación del precepto con
el caso controvertido, se hace obrar la norma aplicándola a una situación no
prevista o regulada por ella. Por la causal primera del Art. 3 de la Ley de
Casación no se trata, no se considera los hechos; la cuestión fáctica se la recibe
tal como se encuentra definida en el fallo impugnado. Por la causal en comentario
corresponde a este Tribunal de Casación velar por la recta inteligencia y la debida
aplicación de leyes sustanciales más no revisar las cuestiones de hecho ventiladas
en los grados del juicio. De la argumentación de la casacionista con claridad se
encuentra que pretende se revise hechos que, se reitera, no cabe hacerlo en esta
sede casacional. El Art. 2235 del Código Civil que aduce la recurrente haberse
aplicado indebidamente en la sentencia impugnada, a la letra, prevé: “Prescripción
de las acciones por hecho ilícito.- Las acciones que concede este Título por daño o
dolo prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto”. Los
deberes u obligaciones que impone el derecho de la responsabilidad civil son
aquellos de no causar daño; una conducta se encuentra sometida a
responsabilidad por culpa cuando desobedece un deber de no causar daños, a
través del descuido, la imprudencia o la conducta intencional; concurren en la
responsabilidad civil extracontractual estos tres elementos básicos: el
quebrantamiento de un deber, el daño y una relación adecuada entre el
quebrantamiento del deber y el daño. Dañar a alguien es entorpecer su interés
legítimo, daño que le da derecho para reclamar su reparación, la ley entiende que
ese derecho se extingue por la inactividad del titular que se mantiene pasivo
durante el tiempo de cuatro años, pasividad que sólo puede alterarse con efectos
jurídicos cuando se deduce demanda interrupción civil- o cuando existe un
reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del agente dañador.
Como consta del precepto transcripto, el plazo de cuatro años se lo cuenta desde
la perpetración del acto, es decir desde su consumación, hecho que ocurre cuando
concurren los presupuestos que conforman el ilícito civil, es decir: un hecho activo
o pasivo del hombre, que sea imputable, antijurídico, que cause daño, siempre que
exista relación de causalidad entre el hecho y el daño. Semánticamente perpetrar
significa cometer, consumar, por lo que debe entenderse que el momento inicial a
partir del cual comienza a correr la prescripción es aquél en se produjo el daño
como consecuencia de la realización, por parte del autor de un delito o cuasidelito
civil, “ … pues no se puede suponer una absurda inconsecuencia de la ley en
orden a exigir, para el nacimiento de la obligación de indemnizar, la producción de
un daño, y, en cambio, prescindir de ese elemento fundamental para que empiece
a correr el plazo especial de prescripción, pues ello implicaría el que comenzara el
término de la extinción de la obligación antes de que ella hubiera nacido” (Pablo
Rodríguez Grez, Responsabilidad Extracontractual, Segunda edición, Editorial
Jurídica de Chile, Santiago, 2014, p. 484). Consta de la demanda “Yo fui
informada por el Banco Pichincha C.A., con fecha 07 de diciembre de 2004 que
era deudora de US $ 449,15 (cuatrocientos cuarenta y nueve dólares
norteamericanos con quince centavos) y que a esta fecha se mantenía una deuda
de US $ 600,33 (seiscientos dólares norteamericanos con treinta y tres centavos)
debido a los intereses, que por esto me encontraba en la central de riesgos, con su
peor calificación es decir E”. Por lo que “la perpetración del acto” a la que se
refiere el Art. 2235 del Código Civil tuvo lugar, según la versión de la demandante,
el 07 de diciembre de 2004, en tanto que la citación con la demanda, que se la
hizo por boletas, están fechadas 7, 11 y 12 de marzo de 2013, es decir cuando
ya había discurrido el tiempo de los cuatro años señalado en el Art. 2235 del
Código Civil para que opere la prescripción extintiva o liberatoria reclamada por la
demandada. También aduce la recurrente “ … en la sentencia al haber omitido
referirse a los hechos antes señalados, esto es el reporte a la central de riesgos y
burós de crédito de una obligación inexistente y mantenerme como si habría tenido
una obligación que nunca tuve, por una parte y por otra al no haber informado de
manera oportuna el Banco Pichincha, sobre la inexistencia de la obligación tanto a
la central de riesgos como a los burós de crédito, se dejó de aplicar en la sentencia
la norma del Art. 2231 del Código Civil, que garantiza el derecho a la
indemnización derivada de la imputación dañosa o injuriosa contra el crédito de
una persona”. El precepto que se aduce se dejó de aplicar en la sentencia
impugnada, prevé: “Responsabilidad por daño moral.- Las imputaciones
injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar
indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba daño emergente o lucro cesante,
sino también perjuicio moral”. El Código Civil mantuvo hasta su codificación de
1959 y relacionada con la honra o el crédito (prestigio) de la persona,
invariablemente, la disposición, que para ese año, correspondió a la del Art. 2258:
“Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona n o dan
derecho para demandar indemnización pecuniaria a menos de probarse daño
emergente o lucro cesante, que puedan apreciarse en dinero. Pero ni aún
entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la
imputación”. El texto transcrito correspondió exactamente a la del Art. 2231 del
Código Civil Chileno: “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de
una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a
menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en
dinero; pero ni aún entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria si se
probare la verdad de la imputación”. El precepto estableció la posible obtención
de indemnización por lesiones al honor, crédito, prestigio, excluyentemente a
daños patrimoniales, posibilidad que se enervaba por la exceptio veritatis en el
evento de probarse la verdad de los hechos de la imputación lesiva del crédito u
honra. La Ley 256 aprobada por el Congreso Nacional el 4 de junio de 1970
reformó el Art. 2258 del Código Civil con el texto que ahora corresponde a su Art.
2231 ya transcripto. La reforma superó las restricciones anotadas, reconociendo
el derecho para indemnización pecuniaria por el perjuicio moral. El texto para tal
reforma lo presentó el Dr. Juan Larrea Holguín y con este fundamento teórico:
“Finalmente el Art. 2348 (ahora 2258) debe ser variado en forma fundamental.
Este artículo actualmente no da derecho para demandar indemnización pecuniaria
por las imputaciones injuriosas contra la honra y el crédito de alguna persona,
salvo que se pruebe daño emergente o lucro cesante, pero ni aún entonces tiene
lugar la indemnización si se prueba que la imputación es verdadera. Sugerimos
que tales imputaciones sean indemnizables económicamente por diversas
razones, entre ellas la que dice relación con el temor más acentuado que ciertas
gentes tienen para responder por su irresponsabilidad con dinero efectivo que con
la eventual y dudosa pena de prisión … luego porque la imputación injuriosa contra
el crédito y honra de una persona se ha vuelto en los actuales tiempos un arma
casi común, que por reducida punición es esgrimida con abusos. Se considera
además que las injurias contra la honra y el crédito de una persona sean o no
verdaderas, ya que en el primer caso, el imputado puede haber purgado su
deshonor y haberse vuelto una persona honrada y respetable, y tiene derecho al
honor y a la dignidad que la Constitución de la República garantiza, en forma
amplia. Por lo demás una imputación calumniosa que antes, cuando se editó el
Código Civil, pudo reducirse al escándalo de un pequeño grupo, ahora, por la
celeridad de los medios de comunicación, el volumen destructivo adquiere
caracteres alarmantes. Muchas legislaciones han comprendido el problema en su
punto justo y además de las sanciones penales han agregado las indemnizaciones
económicas que en algunos países se traducen en cantidades considerables”
(Juan Larrea Holguín, Derecho Civil del Ecuador, cuarta edición actualizada, Tomo
VI, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1986, pp. 251 y 252).
La acción u omisión que genera responsabilidad delictual o cuasidelictual civil, a
más de serlo por dolo o culpa requiere, de modo indispensable, que cause daño;
sin este elemento no existe responsabilidad civil. El daño, elemento del ilícito civil,
es el menoscabo a las facultades jurídicas de la persona que le habilita a disfrutar
bienes patrimoniales o extrapatrimoniales. Jurídicamente, el daño se
conceptualiza “… como la pérdida o menoscabo, perturbación o molestia de un
interés legítimo ante el ordenamiento normativo, así dicho interés atendido su
reconocimiento y amparo jurídico, represente o no derecho subjetivo” (Pablo
Rodríguez Grez, op. cit., p. 260). El derecho de daños no acude al examen de la
situación o ilicitud del daño, sino al del interés lesionado, permitiendo así
determinar o caracterizar el perjuicio indemnizable, excluyendo al otro que no
merece la protección jurídica. Lo puntualizado es útil para caracterizar el daño así
como para los efectos de su evaluación. El derecho que le pudo asistir a la
recurrente para atribuirle indemnización prescribió en la forma comentada supra.
Como se observa, no existe falta de aplicación del precepto que se comenta. 6.-
DECISIÓN: En consecuencia, este Tribunal de Casación de la Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia
proferida por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 20
de junio de 2016, las 09h07. Sin costas ni multas. Notifíquese y devuélvase.- f).-
DR. WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ; OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ
CORONEL, JUEZ (PONENTE); DRA. MARIA ROSA MERCHAN LARREA, JUEZA;
Certifico:-
RAZON:
Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 13 de abril de 2017.
DRA. SILVANA KRASMAYA REVELO BRAVO
SECRETARIA RELATORA ( E)