Resolución Nº 0052-2017 de Corte Nacional de Justicia, 20 de Abril de 2017

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación20 Abr 2017
Número de resolución0052-2017
Número de sentencia0115-2015
PonenteAndino Reinoso Wilson Efraín
REPUBLICA DEL ECUADOR
www.cortenacional.gob.ec
Juicio No: 17711-2015-0115 JURISPRUDENCIA
Quito, jueves 20 de abril del 2017
A: MOLINA GALARZA NESTOR OSWALDO
Dr./Ab.: EDWIN GUSTAVO RAMOS IBARRA
En el Juicio Ordinario No. 17711-2015-0115 que sigue MOLINA GALARZA NESTOR
OSWALDO en contra de BUITRAGO VILLEGAS GLORIA DEL SOCORRO, NESTOR
MOLINA GALARZA, hay lo siguiente:
JUEZ PONENTE: DR. WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ (PONENTE)
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y
MERCANTÍL.- Quito, jueves 20 de abril del 2017, las 12h27.- VISTOS:
Gloria del Socorro Buitrago Villegas, en el juicio ordinario por reivindicación que en su contra sigue
Néstor Oswaldo Molina Galarza interpone recurso de casación mediante el cual impugna la
sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el
09 de septiembre del 2014, las 11h51, la que reforma parcialmente la sentencia dictada por el Juez
Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, que acepta la demanda. Para resolver, se considera:
PRIMERO
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
0.1.3.0.0.0.0.0.0 La recurrente manifiesta que se han infringido los artículos 76 numeral 7,
literal l) de la Constitución de la República; 105, 106, 115 del Código de Procedimiento Civil,
953, 2411 del Código Civil. Funda su recurso en las causales quinta y primera del ar tículo 3
de la Ley de Casación, siendo admitido en su totalidad el recurso mediante auto de 12 de
febrero de 2016, las 09h02, dictado por el doctor Oscar Enríquez Villarreal, Conjuez de la
Corte Nacional de Justicia.
0.1.3.0.0.0.0.0.0 La casacionista en base a la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación, señala que existe falta de aplicación el artículo 2411 del Código Civil y 115 del
Código de Procedimiento Civil, debido a que mediante reconvención propuso la acción de
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, al encontrarse por más de 19 años
consecutivos e ininterrumpidos en posesión tranquila del bien inmueble en discusión,
debiendo ser aceptada dicha contra demanda, sin que se evidencie que en la sentencia
exista fundamentación sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso.
Alega de igual manera, que existe errónea interpretación de los artículos 105 y 106 del
Código de Procedimiento Civil, debido a que la reconvención propuesta debió ser tratada
como tal y no como una excepción.
Y por último señala que existe aplicación indebida del artículo 953 del Código Civil, por
cuanto consta en el informe pericial que el costo de la construcción de la segunda planta
llega a la suma de 50.976,40 dólares americanos, mientras que en la sentencia se dispone
el pago de las mejoras útiles a las cuales hace referencia el informe pericial para ser
liquidadas en cuaderno separado, sin que se explique con claridad cuáles son las mejoras
que se mandan a pagar y menos aún se detalla un monto.
0.1.3.0.0.0.0.0.0 Con fundamento en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, la
recurrente manifiesta que existe falta motivación en la sentencia impugnada, debido a ésta
carece de análisis y se limita a ser una transcripción de la demanda, contestación, y analiza
únicamente la prueba aportada por el actor. Señala que no puede haber motivación al decir
en el fallo que no se ha justificado la prescripción adquisitiva de dominio por no haberse
ajuntado sentencia ejecutoriada que le condene a la demandada ese derecho, cuando lo
correcto a su criterio era que el juzgador analice cada una de las pruebas aportadas al
proceso.
SEGUNDO
CONSIDERACIONES DE LA SALA
0.0.0.0.0.0.0.0.0 Jurisdicción y competencia
Este Tribunal tiene jurisdicción en virtud de que los jueces que lo integramos fuimos
constitucionalmente designados mediante Resolución Nº. 004-2012 de 25 de enero del 2012, así
como por Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia Nº. 01-2015 de 28 de enero de
2015. Y la competencia, en mérito a lo dispuesto por los artículos 184.1 de la Constitución de la
República del Ecuador; 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial; 1 de la Ley de Casación; y
Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico General de Procesos.
0.0.0.0.0.0.0.0.0 Naturaleza y objeto del recurso de casación
El recurso de casación, es un recurso extraordinario, formal, limitado y axiomático que procede únicamente
contra sentencias o autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, además contra providencias
expedidas en su ejecución. La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 184 que una
de las funciones de la Corte Nacional de Justicia es conocer los recursos de casación. Su propósito es
restaurar el imperio de la ley transgredida en la sentencia o auto en garantía del debido proceso (artículo 76,
Constitución de la República del Ecuador). La Constitución de acuerdo a los artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 81,
82, 167 diseña y desarrolla un estado constitucional de derechos y justicia que garantiza los derechos
fundamentales de los justiciables, la Corte Nacional al ser el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria realiza un
control de legalidad, su rol es el de desarrollar los precedentes jurisprudenciales con fundamento en los fallos
de triple reiteración, garantizando la efectiva vigencia de todos los derechos, acorde a lo que manda la
Constitución.
Calamandrei “define a la casación como un instituto consistente en un órgano único en el Estado (Corte de
casación) que, a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los
tribunales al derecho objetivo, examina, sólo en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho, las
sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante un
remedio judicial (recurso de casación), utilizable solamente contra las sentencias que contenga error de
derecho en la solución de mérito”. (Calamandrei Piero, La Casación Civil, ed. Castellana de Ed. Bibliografía
Argentina, Trad. de S. Sentís Melendo, 1945, Buenos Aires Argentina, Pág. 376).
Finalmente y como señala Enrique Vescovi: “La defensa del Derecho, perseguida a través de la correcta
aplicación de la ley en los fallos judiciales, es la finalidad primera; y la igualdad ante la ley”, para quien, “La
sentencia que acoge el recurso tiene, a nuestro juicio, naturaleza constitutiva. En efecto, esta sentencia anula
la del Tribunal, la cual queda, a partir de este momento, sin efecto (se cumple la condición suspensiva, si es
que se admitido aquella tesis: Supra No 3). Esto es independiente de que, en la sentencia compleja que
existe cuando se acoge la nulidad por razón de fondo, la Corte se pronunciará, además, sustituyendo la
sentencia dictada y emitiendo la que a su juicio corresponda. Y esta parte será declarativa, constitutiva o de
condena, según corresponda a la sentencia (del Tribunal) sustituída”, pero que, “Cuando se acoge la casación
en la forma, se pronuncia la anulación de la sentencia, porque contra ella es que se entabla el recurso, pero,
además, se pronuncia si es el caso- la anulación de todos los actos posteriores desde que se cometió la falta
que fue causa de la nulidad, puesto que desde allí que debe reanudarse el proceso por el Tribunal o Juez que
deba subrogar a los que se hubiesen pronunciado…”. Enrique Vescovi, La Casación Civil, Primera Edición,
Montevideo Ediciones IDEA, 1979. Págs. 25, 118 y 119.
En la actualidad “En el Ecuador y en algunos países de América Latina se ha afincado el
Neoconstitucionalismo y ha provocado un cambio cualitativo en el pensar y en el actuar jurídico: se
ha construido otro marco jurídico-político dentro del cual tenemos que actuar, razonar y elaborar los
juicios lógicos y axiológicos para desarrollar la actividad jurídica, con la calidez humana que debe
primar en las relaciones de este tipo. Este nuevo marco está constituido por el denominado
Neoconstitucionalismo y, específicamente para América Latina, por el Neoconstitucionalismo
latinoamericano. Hoy existe otra óptica y otra lógica para comprender y aplicar el Derecho: la del
Neoconstitucionalismo y, por tanto la organización del poder político como la del poder judicial y
otros poderes e instituciones estatales, deben responder a esta nueva realidad” (Cueva Carrión,
Luis, La Casación en Materia Civil, 2da edición, Ediciones Cueva Carrión, Ecuador, 2011. Pág.32).
Se ha de tener en cuenta que en materia de casación la parte relativa con la fundamentación, se
asimila a un ejercicio de comparación y contraste entre las normas que fueron empleadas como
presupuestos de derecho en el fallo cuestionado que pronunció el Tribunal, y las de quien recurre
señala debieron haberse empleado y, demostrar con claridad que, efectivamente, la normativa
expresada por el casacionista es la idónea o apropiada para el juzgamiento del caso en cuestión.
Las causales de casación se encuentran determinadas en la ley y el examen del recurso de
casación se lo realizará conforme al orden lógico de las causales. La Corte Nacional de Justicia
sobre el tema ha señalado que: “Cuando en casación se invoca varias causales, existe un orden
lógico para el estudio de las mismas. Se comienza por la causal segunda, pues si esta acusación
prospera, le está vedado al juzgador de casación el seguir adelante con sus análisis y entrar a
resolver sobre el fondo de la controversia, sino que, declarando la nulidad procesal a partir del
instante en que el vicio se produjo, ha de reenviar el proceso en cumplimiento de lo que dispone el
Art. 15 de la Ley de Casación; luego se estudia la causal quinta, que describe vicios relativos a la
estructura de la sentencia (su congruencia y motivación) que subsana dictando una nueva sentencia;
la cuarta, relativa a los vicios de ultra, citra, o extra petita; luego la tercera, que trata de aplicación
indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas relativas a la valoración de la prueba
que hayan llevado a la violación de una norma sustantiva; finalmente, se estudiará la causal primera,
que se refiere la infracción de normas sustantivas de derecho. (GJS. XVII. No. 10 Pág. 3063).
Necesario e importante es advertir que este Tribunal se debe limitar al estudio de los términos que
se han fijado en el recurso acorde al principio dispositivo.
0.0.0.0.0.0.0.0.0 Problemas jurídicos planteados
Los principales problemas jurídicos planteados por la casacionista son:
¿Existe falta de motivación en la sentencia por el no análisis de cada una de las pruebas
aportadas al proceso?
¿Es procedente la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio si se lo alega como
excepción?
¿Corresponde el pago de las mejoras de conformidad con el artículo 953 del Código Civil,
cuando en la sentencia no se sabe cuáles son las que se mandan a pagar y sin determinar
el monto?
3.1. De acuerdo al orden lógico corresponde examinar la causal quinta del artículo 3 de la Ley
Casación, esta hace referencia a “Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos
por la ley o en su parte dispositiva se adoptaren decisiones contradictorias e incompatibles”. Uno de
los requisitos indispensables en una sentencia, es sin duda la motivación contemplada en el artículo
76, numeral 7), letra l) de la Constitución de la República del Ecuador. La motivación jurídica, es un
requisito esencial de todas las resoluciones de los poderes públicos dentro de los cuales se incluyen
las sentencias y resoluciones judiciales, y actualmente, facultad esencial de los jueces el ejercer las
facultades jurisdiccionales de conformidad con el artículo 130 numeral 4 del Código Orgánico de la
Función Judicial; requisito que comprende: a) Enumeración de antecedentes de hecho y de derecho;
b) Explicación de pertinencia de la aplicación de los preceptos jurídicos a los antecedentes de
hecho, esto es, por qué un determinado precepto jurídico es consecuencia jurídica directa y
apodíctica de un determinado antecedente de hecho.
La motivación debe ser clara, expresa, completa y lógica, pues, el juez debe observar en la
sentencia las reglas del recto entendimiento humano; y que podría afectarse por la falta de sólo uno
o más de los elementos señalados, así también por la existencia evidente de conclusiones arbitrarias
o absurdas resolviendo contra ley expresa o contra los principios de la lógica jurídica. De la Rúa en
su libro, Teoría General del Proceso sostiene que la motivación debe ser lógica, es decir qu e deberá
responder a las leyes que presiden el entendimiento humano, por lo tanto debe ser coherente, lo que
significa que los razonamientos expresados en la sentencia estarán constituidos por un conjunto de
razonamiento armónicos, sin contradicciones lo que a su vez deriva en que la motivación sea
congruente, tanto en sus afirmaciones, deducciones y conclusiones, sin dejar lugar a dudas sobre el
alcance y significado. (De la Rúa, Fernando: Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires
Argentina, 1991, Pág. 146). Eugenio Florián, citado por Fernando de la Rúa, señala que la sentencia
“no ha de ser un acto de fe, sino un acto de convicción razonada” (De la Rúa Fernando, Teoría
general del proceso, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1991, Pág. 146.)
Para Chiovenda la sentencia “Es el pronunciamiento sobre la demanda de fondo y más
exactamente, la resolución del juez que afirma existente o inexistente la voluntad concreta de ley
deducida en el pleito.” (Chiovenda José, Derecho Procesal Civil, México, Cárdenas Editor, 1990,
Pág. 299.) Fernando Díaz Cantón, señala que la motivación es: “la exteriorización por parte del juez
o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica” (Maer Julio, Derecho
Procesal Penal, Buenos Aires, Editorial del Puerto, 1996, Pág. 59.) La motivación es un presupuesto
de control casacional, además de ser una garantía del debido proceso consagrada en la
Constitución. La motivación debe justificar y rendir cuenta de los razonamientos a la solución que se
ha tomado, es por eso que la referencia a fallos anteriores no es suficiente para justificar una
decisión, la cuestión de la motivación y la sentencia en el derecho se presenta como una garantía
constitucional. Por lo tanto, la falta de motivación en una sentencia causará la nulidad del fallo.
Al alegarse un vicio en la fundamentación de la sentencia, es decir, algún vicio en la motivación que
trasgreda la garantía constitucional, con sustento en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de
Casación, no debe dejarse de tener en cuenta que, el recurso de casación es de naturaleza
extraordinaria, de derecho estricto, restrictivo y formalista, y en su conocimiento y resolución rige el
principio dispositivo; la casacionista alega la violación de norma constitucional, sin embargo del
análisis del recurso incoado no se constata que haya realizado la debida fundamentación al
respecto. Este Tribunal señala que la motivación implica justificar la decisión mediante
razonamientos críticos, valorativos, lógicos, con base en los presupuestos fácticos y normativos del
caso; es decir que, la debida motivación conlleva a la búsqueda y determinación de la verdad
procesal a través del análisis crítico de los hechos y a la calificación jurídica pertinente.
La causal quinta del artículo 3 de la ley de Casación señala dos vicios en la sentencia para que ésta
sea casada: a) que la resolución impugnada no contenga los requisitos que exige la ley; y, b) que en
la parte dispositiva se adopten disposiciones contrarias o incompatibles. Respecto de la primera ésta
hace relación a su estructura formal como el que se omita la identificación de las personas a quien
se refiere el fallo o la motivación en los hechos y en el derecho. En relación al segundo vicio
respecto de la incongruencia o contradicción, éstas se producen cuando en la parte resolutiva del
fallo tiene lugar una afirmación simultánea de una decisión y su contraria, siendo que ambas no
pueden darse al mismo tiempo, es decir la sentencia carece de razonamientos lógicos. Esta Sala de
Casación considera que la parte resolutiva del fallo en relación al primer vicio, cumple con los
requisitos formales, pues el fallo cuestionado tiene estructura lógica, está compuesto por parte
expositiva, considerativa y resolutiva, dividido en considerandos y resolución, cumpliendo así lo
dispuesto en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien respecto al segundo vicio, la sentencia debe ser congruente y no contener
contradicciones, el razonamiento judicial debe ser lógico, en que el juez elige entre los diferentes
caminos jurídicos, de acuerdo a la convicción que tiene respecto a los hechos que a él han sido
presentados, ofreciendo razones que justifiquen la decisión que ha tomado. Por lo tanto deberá el
juez considerar los hechos del conflicto, la ley aplicable, subsumir los hechos a las normas, el
razonamiento de la aplicación de las leyes en su decisión, la justificación. Entonces la motivación es
determinante en la solución que da al caso debidamente argumentado, razonado lógicamente.
Gracias a la obligación de motivar las decisiones, se permite el control de la actividad jurisdiccional,
se elimina la arbitrariedad, vincula al juez con la ley, y efectiviza los derechos. En una sentencia
puede existir falta de motivación o una motivación defectuosa. La falta de motivación se produce
cuando no existe justificación o razonamiento en la decisión a la que ha llegado el juez. La
motivación defectuosa se produce cuando la motivación es aparente, es decir, se viola las reglas de
la experiencia. La motivación es insuficiente cuando se vulneran los principios lógicos “ningún hecho
puede ser verdadero o existente, y, ninguna enunciación verdadera sin que haya una razón
suficiente para que sea así y no de otro modo”. La motivación es defectuosa en sentido estricto
cuando se viola tanto los principios lógicos como las reglas de la experiencia. Por lo tanto, una
sentencia debe ser clara, precisa, concreta, razonando, fundamentando y justificando cada
afirmación, la cual pueda ser verificada, basada en la lógica, en la experiencia, en la ley y en las
pruebas que obren en el proceso.
Del análisis de la sentencia impugnada se denota que el Tribunal Ad quem realiza un análisis lógico
y adecuado, abarcando los hechos y el derecho, en este caso respecto del bien inmueble cuya
reivindicación se demanda, así como sobre la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio
alegada como excepción, haciendo constar su reflexión sobre los mismos y señalando las razones
que han conducido a emitir su resolución, se debe indicar además, que el hecho de que el criterio de
los juzgadores no coincida con el criterio de la recurrente no puede tomarse como vicio que deba ser
alegado a través de la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación. Por estas consideraciones
se desecha el cargo.
3.2. Continuando con el orden lógico, concierne el análisis de la causal primera del artículo 3 de la
Ley de Casación alegada por la recurrente, la que procede por: “Aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes
jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte
dispositiva”. El vicio que la causal primera imputa al fallo es el de violación directa de la norma
sustantiva, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, porque no se ha dado la
correcta subsunción del hecho en la norma; no se ha originado la conexión lógica de la situación
particular que se juzga con la previsión hipotética y genérica efectuada de antemano por el
legislador; yerro que se puede provocar por los tres diferentes tipos de infracción ya señalados, y
que la recurrente debe fundamentar adecuadamente. La aplicación indebida ocurre cuando la norma
ha sido entendida rectamente en su alcance y significado; más se la ha utilizado para un caso que
no es el que ella contempla. La falta de aplicación se manifiesta si el juzgador yerra ignorando la
norma en el fallo. La errónea interpretación tiene lugar cuando, siendo la norma cuya transgresión se
señala la pertinente para el caso, el juzgador le ha dado un sentido y alcance que no tiene, que es
contrario al espíritu de la Ley.
La casacionista en su recurso hace relación a tres errores o vicios que configuran la causal primera
del artículo 3 de la Ley de Casación, en el primero de ellos señala que la Sala de lo Civil de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, en la sentencia que se impugna incurre en falta de aplicación del
artículo 2411 del Código Civil y 115 del Código de Procedimiento Civil, debido a que mediante
reconvención propuso la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, al permanecer por más
de 19 años consecutivos e ininterrumpidos en posesión tranquila del bien inmueble en discusión.
. Empezaremos analizando el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, este contiene
dos obligaciones para los juzgadores, primero valorar la prueba en su conjunto de acuerdo a las
reglas de la sana crítica, y segundo, expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas
actuadas dentro del proceso. Tal norma evidentemente se refiere al método de valoración
probatoria, cuya infracción procede acusarla con cargo a la causal tercera, de la ley de la materia, al
ser una norma eminentemente procesal. Es incompatible con la naturaleza de la causal primera del
artículo 3 de la Ley de Casación, debido a que a través de esta se protege la esencia y contenido de
las normas de derecho sustantivo incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, lo que
hace que su invocación en normas procesales sea inapropiada, por lo que no procede su análisis.
Respecto a la falta de aplicación del artículo 2411 del Código Civil señalado por la casacionista,
dicho precepto se encuentra dentro de las normas que hacen referencia a la prescripción como
modo de adquirir las cosas. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir
las acciones y derechos ajenos. Conforme el artículo 2410 del Código Civil, el dominio de las cosas
comerciales que no han sido adquiridas por la prescripción ordinaria, pueden serlo por la
extraordinaria, bajo las reglas que dicha norma señala. El artículo 2398 del referido Código
determina que se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales sean raíces o muebles,
que se encuentren en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Diremos
entonces que nuestro Código Sustantivo Civil, la doctrina y la jurisprudencia reconocen la
prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, a base de cuatro requisitos, a saber: a.-
Prescriptibilidad; b.-La posesión; c.- El tiempo; y, d.- Que la acción esté dirigida en contra de quien
conste en el Registro de la Propiedad como titular del dominio. O sea que, según el primero,
conforme nuestra legislación, la prescriptibilidad constituye la regla general, pues la ley favorece el
carácter prescriptible de los bienes corporales y de los derechos reales no exceptuados. La
imprescriptibilidad la excepción. La posesión es el fundamento y esencia de la prescripción, porque
debe reunir a la vez los requisitos que exigen los artículos 715 y 969 del Código Civil y,
consecuentemente en la posesión se ha de encontrar la conjunción de dos factores que son: El
material o corpus y el psicológico, intencional o ánimus, que según Savigny es más importante.
Tiempo de quince años, en cuanto a esta exigencia, se debe especificar si se ha probado el primer
presupuesto de la regla primera del artículo 2410 ibídem y si ha transcurrido el tiempo de quince
años establecido por el artículo 2411 del Código Civil. Finalmente y respecto del propietario o
legítimo contradictor, la acción debe estar dirigida en contra de quien conste en el registro de la
propiedad como titular del dominio.
La casacionista señala que no se ha aplicado normas relativas a la prescripción adquisitiva
extraordinaria de dominio, al haber sido alegada como reconvención, pero del estudio de la
sentencia, se desprende que esta fue alegada como excepción y no como reconvención, al respecto
el Tribunal Ad quem señala que: “Este tribunal revisando la prueba actuada por la parte demandada
respecto de este particular, verifica que no existe dentro del proceso copia certificada de sentencia
ejecutoriada por medio de la cual la demandada Gloria del Socorro Buitrago Villegas adquiera, a
través de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, la propiedad del bien materia de la
Litis, es decir no ha demostrado la excepción de prescripción adquisitiva de dominio”, debiendo
señalarse que si bien la demandada hace relación a que ha sido poseedora real y de buena fe, del
inmueble materia de la Litis en forma ininterrumpida, pacífica y pública, estas afirmaciones no fueron
realizadas tal como lo determina la Resolución de 27 de julio del 2011, expedida por la Corte
Nacional de Justicia, debido a que la forma como debe proponerse la reivindicación o la
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio para que pueda ser declarada por un juez, debe
ser planteada en demanda o como reconvención, pero no mediante excepción a la acción.
De lo que se concluye que no se ha configurado violación directa de norma sustantiva alguna,
existiendo por parte de los jueces de instancia la correcta subsunción del hecho a la norma lo que
hace improcedente esta causal. Por los motivos expuestos, se rechaza la acusación.
. La segunda infracción señalada por la recurrente es la errónea interpretación de los artículos
105 y 106 del Código de Procedimiento Civil, debido a que la reconvención propuesta debió ser
tratada como tal y no como una excepción.
El artículo 105 del Código Procesal Civil, tiene por finalidad reconvenir al actor por los
derechos que contra éste tuviere. Lo que equivale a que en un mismo proceso se pueden dar dos
acciones simultáneas, una principal y una secundaria que tienen que ser resueltas por el mismo
juez, acorde al principio de que -el juez de la acción es el juez de la reconvención-. A decir de Víctor
Manuel Peñaherrera “Reconvención es la demanda que el reo propone a su vez al actor, a fin de
obtener contra éste una condenación en el mismo litigio”. Contrademanda que para ser admitida a
trámite debe cumplir los requisitos de toda demanda, esto es de los artículos 67 y 68 del Código de
Procedimiento Civil. De su parte, Emilio Velasco Célleri sostiene que: “La reconvención es una
verdadera contrademanda del demandado hacia el actor, sobre derechos que pueden provenir de la
misma causa de la acción, o de otras circunstancias; pero deben en todo caso ser conexas; y el
juez ante quien se la propone deberá ser competente material y funcionalmente para el conocimiento
de la acción que se deduce mediante la reconvención.” (Sistema De Práctica Procesal Civil, Tomo 4,
Teoría y Práctica del Juicio Ordinario, Primera Edición, PUDELECO Editores S. A. Quito Ecuador,
1996, pág. 176.)
La recurrente en su libelo de casación manifiesta que: “En primer lugar, debo expresar, que propuse
la PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, como RECONVENCIÓN, y
esto se dijo al momento de CONTESTAR LA DEMANDA DE REIVINDICACIÓN (…)”, debiendo
hacerse notar que en la contestación a la demanda constante a fojas 167 y 168 de los autos, al
presentar sus excepciones señala: (…) 11.- En el evento no consentido de que no se reconociera los
fundamentos de mis excepciones RECONVENGO al actor del juicio, al pago de los rubros
referentes a las mejoras que he realizado en el inmueble, cuidado, mantención, etc. La cuantía de la
reconvención la fijo en la suma de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
En caso de oposición reclamo costas”.
De lo expuesto se desprende que la demandada no propuso como reconvención la prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio, sobre el bien materia de la Litis, y menos aún cumplió con lo
determinado en los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Civil, a efecto de que sea
considerada como tal, pues únicamente en el escrito de la contestación a la demanda, se limita a
señalar los hechos que aduce sucedieron, tal como lo analizó el Tribunal Ad quem al señalar:
“Respecto de la reconvención planteada por la demandada se determina que la misma no reúne los
requisitos formales exigidos para que pueda ser tomada en cuenta como tal (…)”.
Se debe anotar además, que existe errónea interpretación de normas sustantivas, cuando el juez
para juzgar escoge una interpretación errónea de la ley dando a la norma de derecho un sentido
diverso al señalado por el legislador, las que pueden ser alegadas a través de la causal primera del
artículo 3 de la Ley de Casación, “La interpretación errónea ocurre cuando el precepto legal aplicado
en la sentencia es el pertinente, pero se le da un sentido o alcance diferente, sin profundizar en el
pensamiento latente en la norma, en el espíritu de la ley y en la intrínseca intención del Legislador.
Tal situación es entonces una violación directa de la ley” (Registro Oficial No. 238 de 5 de enero de
2001). Tal situación no se ha producido por parte de los jueces del Tribunal de instancia, por lo que
se desecha el cargo.
. Y por último la casacionista señala que existe aplicación indebida del artículo 953 del Código
Civil, por cuanto en el informe pericial consta el costo de la construcción de la segunda planta, que
llega a la suma de 50.976,40 dólares americanos, mientras q ue en la sentencia se dispone el pago
de las mejoras útiles en cuaderno separado, sin que se explique con claridad, cuáles son las
mejoras que se mandan a pagar y menos aún se detalla un monto.
El artículo 953 del Código Civil establece:
“El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles,
hechas antes de citársele con la demanda.
Sólo se entenderá por mejoras útiles, las que hayan aumentado el valor venal de la cosa.
El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valga al tiempo de la restitución las obras en que
consisten las mejoras, o el pago de lo que, en virtud de dichas mejoras, valiere más la cosa en dicho
tiempo.
En cuanto a las obras hechas después de citada la demanda, el poseedor de buena fe tendrá
solamente los derechos que, por el artículo siguiente, se conceden al poseedor de mala fe”.
En la sentencia recurrida se señala en relación a las mejoras útiles que: “revisado el informe pericial
y las fotografías que adjunta el Ing. Francisco Herrera Herrera, se verifica que éste en ninguna de
sus partes refiere que la demandada “…el valor total de las inversiones realizadas por la parte
demandada …”, el mismo se concreta a la ubicación, linderos, descripción de la propiedad esto es el
terreno y la casa de vivienda, así como indica el presupuesto de la construcción de la segunda
planta en la suma de cincuenta mil novecientos setenta y seis, con 40/100 Dólares Americanos,
informe que no ha sido impugnado por las partes procesales. Sin embargo de lo cual hace conocer
que en la terraza, existe “...un ambiente de bodega y un ambiente de dormitorio y baño…”, el cual se
verifica con las fotografías constantes de fs. 284 a 285, y el cual no es objeto de la reivindicación
reclamada”, sin que exista un detalle especifico de las mejoras, por lo que procede la liquidación por
cuerda separada, tal como el Tribunal de instancia se pronunció, al disponer de conformidad con el
artículo 953 del Código Civil, el pago de las mejoras que se hayan realizado antes de la fecha de la
citación con la demanda según obra a foja 169, de fecha trece de mayo del dos mil ocho.
Por lo que se concluye que el Tribunal Ad quem ha aplicado en debida forma lo establecido en el
artículo 953 del Código Civil, desechándose el cargo alegado.
TERCERO
DECISIÓN
Por estas motivaciones, este Tribunal de Casación de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, NO
CASA la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, el 09 de septiembre del 2014, las 11h51. Sin costas. Devuélvase la caución consignada.
Notifíquese para los fines de ley. f).- DR. WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ (PONENTE);
OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ; DRA. MARIA ROSA MERCHAN
LARREA, JUEZA; Certifico:
Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 20 de abril de 2017.
DRA. LUCÍA DE LOS REMEDIOS TOLEDO PUEBLA
SECRETARIA