Resolución Nº 0053-2017 de Corte Nacional de Justicia, 20 de Abril de 2017

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación20 Abr 2017
Número de resolución0053-2017
Número de sentencia0871-2016
PonenteMerchán Larrea María Rosa
REPUBLICA DEL ECUADOR
www.cortenacional.gob.ec
Juicio No: 17711-2016-0871
Quito, jueves 20 de abril del 2017
A: CARLOS ANTONIO MORALES ANCHUNDIA PROCURADOR JUDICIAL DE BANCO
PICHINCHA C.A.
Dr./Ab.: SANTIAGO ANDRADE UBUDIA Y VANESA AGUIRRE GUZMAN
En el Juicio Ordinario No. 17711-2016-0871 que sigue CARLOS ANTONIO MORALES
ANCHUNDIA PROCURADOR JUDICIAL DE BANCO PICHINCHA C.A. en contra de
PATIÑO AROCA ARMANDO ALFONSO, ALVARADO LUQUE MARIA TERESA, PATIÑO
AROCA JAIME PATRICIO, YCAZA HIDALGO MARIA EUGENIA, hay lo siguiente:
JUEZ PONENTE: DRA. MARIA ROSA MERCHAN LARREA, JUEZA (PONENTE)
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y
MERCANTÍL.- Quito, jueves 20 de abril del 2017, las 16h27.- VISTOS:
ANTECEDENTES
En el juicio ordinario que pretendiendo el cobro de una suma de dinero constante
del documento pagaré a la orden, “endosado por valor recibido al BANCO PICHINCHA C.A.,
conforme consta en la nota de endoso del mencionado documento (…) que constituye principio de
prueba por escritosigue el Banco del Pichincha S.A. en forma solidaria en contra de
sus suscriptores, Armando Alfonso Patiño Aroca, su cónyuge Teresa Elena Alvarado
Luque de Patiño, y los suscriptores del aval Jaime Patricio Patiño Aroca y María
Eugenia Ycaza Hidalgo de Patiño; la institución actora, a través del procurador
judicial Dr. Carlos Antonio Morales Anchundia, interpone recurso de casación
impugnando la sentencia dictada el 8 de agosto de 2016, las 11h27; por el tribunal
de jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la que,
confirma la sentencia de primer nivel que declaró sin lugar la demanda, al resolver
la traba de la Litis, constituida con las excepciones de falta de derecho de la actora;
improcedencia e ilegitimidad de personería, porque el Banco Popular Internacional
Limited, jamás transmitió al Banco del Pichincha o a persona natural o jurídica
alguna sus derechos originados en el mencionado pagaré; cosa juzgada porque el
pago del importe del pagaré que se intenta cobrar en este juicio ya fue resuelto en
sentencia ejecutoriada, en la que se la rechaza el derecho de acreedor que
esgrimió el actor, en el juicio ejecutivo 36-2003; falta de derecho que se le endilgó
al Banco del Pichincha porque el Banco Popular Internacional Limited, no le
transfirió sus derechos de beneficiario; en forma subsidiaria, alegan prescripción
extintiva de la acción.
Concedido el recurso de casación por el tribunal de instancia, y remitido al órgano
jurisdiccional competente de esta Corte Nacional de Justicia, el Conjuez de esta
Sala, en quien por sorteo se radicó la competencia para admisibilidad, lo acepta a
trámite al considerar que cumple con los requisitos de procedencia y oportunidad;
disponiendo correr traslado con el mismo por el término de ley, en contestación al
traslado del recurso, los demandados invocando normas de la Constitución de la
República, impugnan la providencia de 7 de noviembre de 2016, mediante la cual,
señalan, sin la debida motivación, se admite a trámite el recurso de casación
presentado por el Banco del Pichincha, con fundamento en la Ley de Casación
derogada de manera expresa por el Código Orgánico General de Procesos, vigente
desde el 22 de mayo de 2016, señalan que a la fecha de presentación del recurso
era improcedente por estar fundamentado en una ley derogada y al ser admitida se
causa nulidad. Agrega que en el escrito que contiene el recurso, no se concreta en
forma razonada objetiva y real los yerros de la sentencia, sino que se hacen
apreciaciones eminentemente subjetivas como que en la misma no se respetan
reglas mínimas de la lógica, como que la conclusión a la que llega no fluye
naturalmente ni se manifiesta como ineludible, aceptable entendible por cualquier
persona; y de esa manera se elaboran premisas carentes de verdad; la primera se
limita a copiar el considerando 5° de la sentencia, pero no analiza lo que se
resuelve en ella; la segunda se limita a copiar parte de la sentencia vinculada a la
escritura de supuesta transferencia parcial de activos y pasivos del Banco Popular
S.A. en Saneamiento al Banco del Pichincha, escritura que no fue invocada por la
parte actora en la demanda, pero fue integrante de la excepción de cosa juzgada
porque la misma escritura fue objeto de una sentencia ejecutoriada dictada en
juicio ejecutivo seguido en su contra por el Banco del Pichincha. Agrega que no se
puede pasar por alto las normas constitucionales que obligan a juezas y jueces a
aplicarlas de manera inmediata, directa y debidamente motivada bajo la pena de
nulidad declarada por la propia Constitución; que el conjuez, resuelve sin un
análisis previo admitir a trámite el improcedente recurso de casación, con pocas
frases, cuando por el texto del escrito aparece que es un confuso alegato; que en la
providencia no existe indicación de alguna norma que permita aceptar a trámite
una Ley derogada. Efectuada la audiencia en estrados solicitada por la recurrente y
la contraparte, procede se emita la resolución correspondiente, y para hacerlo este
Tribunal considera:
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Invocando la causal 5 del artículo 3 de la Ley de Casación, la institución bancaria
recurrente, a través del procurador judicial que interviene en la causa, acusa a la
sentencia de falta de aplicación de los artículos 76.7. l) de la Constitución de la
República y 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, que disponen a juezas
y jueces motivar sus resoluciones; alegando que la que impugna carece del
elemento esencial motivación, negándose así a su representada el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, contemplado en el artículo 75 de la
Constitución, norma inaplicada. Señala que para que exista motivación, las razones
expuestas en un fallo deben guardar sindéresis, coherencia y lógica entre sí; deben
convencer y explicar fehacientemente cómo se encadenan los antecedentes de
hecho con las normas; que si en el fallo no se aprecia esta construcción o si se
efectúa una mera transcripción de hechos, medios probatorios y normas sin un hilo
conductor entre ellos y las conclusiones a las que se arriba; no existe motivación.
Que las normas constitucional y legal citadas, son claras al señalar que no habrá
motivación si no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho; que explicar
la pertinencia de la aplicación de las normas a los antecedentes de hecho es
obligación del juzgador, que en este caso la sentencia que se impugna no respeta
reglas mínimas de la lógica, pues la conclusión a la que arriba el tribunal de
instancia no fluye naturalmente ni se manifiesta como ineludible, aceptable y
entendible por cualquier persona; sostiene que el tribunal de instancia arribó a
una conclusión abiertamente contraria a las premisas que estableció, por lo que el
silogismo jurídico carece de sindéresis, que al poner a prueba la validez de la
hipótesis contenida en la segunda premisa, introduce una especie de sub regla en
la que consigna varios equívocos que terminan deslegitimando su propio
razonamiento, para intentar justificar a toda costa una conclusión errónea. Vicios
que señala, constan también en la sentencia de primera instancia. Transcribe
partes del fallo impugnado señalando que corresponden a la primera y segunda
premisa sentadas por el tribunal, de las que dice parece no existir problema mayor,
que la lógica jurídica indica que en si en este juicio como relata el propio tribunal,
se ha presentado una escritura de transferencia de activos y pasivos del BANCO
POPULAR DEL ECUADOR EN SANEAMIENTO al BANCO DEL PICHINCHA C.A., por
fuerza debería concluirse que Banco Pichincha C.A. contaba con un título suficiente
para reclamar la acreencia contra Armando Patiño Aroca. Sostiene que el problema
y la contradicción se da, cuando el tribunal introduce una proposición contraria a
la verdad procesal y por lo tanto, el desenlace del razonamiento termina pecando
de incoherencia y carece de motivación; que en ningún momento el Banco ha
señalado que al instrumento privado debe otorgársele el valor de un instr umento
público, por el hecho de su protocolización. Alega que si una copia está
debidamente certificada, como sucede en el caso y el instrumento respectivo
cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 18. 5 de la Ley Notarial, no
hay razón legal para sostener que sea una copia simple carente de valor, que este
camino le ha conducido al tribunal a alterar una constancia procesal, incumpliendo
su deber de motivar adecuadamente la resolución.
Con fundamento en la causal 3 del artículo 3 de la Ley de la materia, la institución
recurrente, alega que el tribunal de última instancia dejó de aplicar las reglas de la
lógica y la experiencia contempladas en el artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil, vigente a la época en que se dedujo la demanda, regla que
obliga al juez a seguir sus propias premisas y no alterar la conclusión del silogismo
judicial al excluir las constancias procesales; que también se dejó de aplicar el
artículo 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, faltas que condujeron a
interpretar erróneamente los artículos 1459, 2099 y 2100 del Código Civil, normas
que se refieren a las clases de obligaciones, el contrato de mutuo y su
perfeccionamiento. Que el tribunal establece que el documento indiciario que la
parte actora presentó en la causa como uno de los múltiples elementos para
demostrar que el demando Armando Patiño era deudor, precisaba de robustecerse
con la justificación de la legítima acreencia de la obligación precisamente porque la
desestimación de la acción incoada en trámite ejecutivo obedeció a la ausencia de
legitimación del acreedor cambiario, ante la serie ininterrumpida de endosos, por
lo que en este juicio corresponde al actor justificar que él y su antecesor
adquirieron legítimamente la acreencia a efectos de exigir su pago. Que siendo ésta
la hipótesis sujeta a comprobación, correspondía que los jueces establezcan, si del
conjunto de medios probatorios, su representada podía o no exigir a los
demandados el pago del pagaré mencionado. Que las reglas de la lógica contenidas
en el artículo 115 del Código Procedimiento Civil obligaban a valorar integralmente
los medios probatorios explicando por qué aquellos hacen fe o no sustentan las
pretensiones de las partes; que las reglas de la experiencia contenidas en la misma
imponen a los jueces no apartarse de la recta razón, que se encuentran en lo que
llamamos sentido común. Que la decisión judicial debe ser fruto de una cadena de
inferencias lógicas; que la jurisprudencia de casación ha establecido que el
irrespeto a las reglas de la lógica y la experiencia configuran vicio susceptible de ser
revisado en casación, si el vicio ha conducido a adoptar una decisión absurda o
arbitraria. Que el tribunal de última instancia debía establecer cuáles eran las
pruebas disponibles para verificar su hipótesis, que el pagaré suscrito por los
demandados debía robustecerse con la justificación de la legítima acreencia y la
hipótesis alternativa era la necesidad de que el Banco del Pichincha justifique que
él y su antecesor adquirieron legítimamente su acreencia a afectos de exigir su
pago, que los elementos para la hipótesis principal además del pagaré sobre el que
el tribunal de instancia establece fue suscrito por los demandados, constituyen dos
cartas dirigidas por el deudor al Banco del Pichincha y un informe pericial a los
asientos contables de dicho Banco, prueba sobre la cual el tribunal dice que no
puede determinarse que se trate del préstamo 29179-01 ni de la obligación
contraída por USD$ 99.400,oo; dicha operación fue cedida al actor mediante
escritura pública de cesión de activos y pasivos del Banco Popular S.A. en
saneamiento y sus filiales of shore; que las cartas dirigidas a la Gerente de Crédito y
Banca personal del Banco del Pichincha en Guayaquil, el demandado afirma el
deseo de cumplir con las obligaciones que contrajo con el Banco Popular, pero que
no se encuentra en condiciones de pagar, por lo que solicita se proceda a una
compensación con el dinero invertido en Fondo Visión, indica que el monto de la
deuda ascienda a USD$ 241.854,04, que con base a esa declaración, no se puede,
sin violentar las reglas de la experiencia, dejar de concluir que quien así declara es
efectivamente deudor, por lo que, concluir que el Banco Pichincha no ha logrado
demostrar que al demandado no le fue entregada cantidad determinada de dinero
por concepto de mutuo o que se trate de la misma operación contenida en el
pagaré que es la instrumentación de aquella es ilógico, que la probabilidad de que
el demandado Patiño Aroca haya sido realmente deudor, que haya recibido
realmente fondos por un contrato de mutuo resulta mayor que la posibilidad
contraria, forzando la inferencia lógica.
Que el Banco Pichincha no procedió a efectuar la compensación solicitada por el
deudor Patiño Aroca, porque no adquirió en la operación de compra de los activos
y pasivos del Banco Popular y sus filiales off shore los “Fondos Visión”.
Que el tribunal de instancia confirma el informe pericial sobre la transferencia de la
operación colateral de títulos valores, cartera ordinaria del cliente Armando
Alfonso Patiño Aroca, que por lógica se debió haber concluido que el demandado
recibió los fondos referidos en el pagaré que instrumentó la operación de mutuo,
por lo que el tribunal contraría la regla de la experiencia al concluir que no hay
demostración que el demandado recibió provisión de fondos a pesar de haber
suscrito el pagaré, yerro que configura violación a las reglas de la lógica, que siendo
el demandado deudor del Banco Popular, cuya cartera fue transferida al Banco
Pichincha, mediante escritura pública, lo que reitera el tribunal acusado, resulta
inexplicable la conclusión que, el Banco Pichincha no era acreedor legítimo de
Patiño Aroca, que no se puede mantener dos hipótesis contrarias al propio tiempo:
recibió o no recibió la provisión de fondos, porque por fuerza una de ellas es falsa,
que las violaciones a las reglas de la sana crítica que refiere el artículo 115 del
Código de Procedimiento Civil, condujo al Tribunal de instancia a interpretar
erróneamente las normas contenidas en los artículos 1459, 2099 y 2100 del Código
Civil, forzando su razonamiento, rompiendo el sentido común que es base de la
experiencia al excluir arbitrariamente los medios probatorios de la referencia; dice
el tribunal que no se habría probado que el demandado haya recibido los fondos
de la operación 29179-01 porque Banco Pichincha no ha demostrado ser legítimo
acreedor de Armando Patiño Aroca a pesar de que consta una escritura de
transferencia de activos y pasivos del Banco Popular del Ecuador S.A. en
saneamiento, prescindiendo de un medio probatorio esencial que instrumentaba la
transferencia de la acreencia mencionada, para el tribunal, dicha escritura carece
de valor porque en el proceso consta una delegación en copia simple suscrita por
el apoderado de Banco Popular International Limited y que por tal razón no se
habría verificado una cadena ininterrumpida de endosos del pagaré cedido que
sirvió como documento indiciario en este proceso; que el tribunal pierde de vista
que la escritura era título suficiente a efectos de sustentar la transferencia
conforme con el artículo 152 de la codificación de la Ley General de Instituciones
Financieras; que el pagaré al que el propio tribunal califica como documento
indiciario no era sino un elemento más de su convicción que en conjunto con otros
medios probatorios (que se excluyeron indebidamente) debieron llevar a la
conclusión sobre la existencia de un contrato de mutuo, que se perfecciona cuando
el mutuario recibe la cantidad de dinero del mutuante y el derecho a cobrar esa
deuda surge de la escritura de cesión de cartera.
Con fundamento en la causal 1, la recurrente, acusa falta de aplicación de los
artículos 1561, 1576 y 1579 del Código Civil y 152 de la Codificación de la Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero; alega que la jurisprudencia
ecuatoriana ha dejado sentado que por regla general, lo relativo a la interpretación
de las cláusulas contractuales es una cuestión de hecho, (R. No. 20 de 21 de enero
de 1999, R.O. No. 142 de 5 de marzo de 1999; la No. 498 de 15 de diciembre de
2000, R.O. 284 de 14 de marzo de 2001; y, la No. 193 de 23 de septiembre de 2002,
R.O. 709 de 21 de noviembre de 2002); cuya delimitación y valoración corresponde
a los tribunales de instancia, no obstante si corresponde a los tribunales de
casación, cuando se explica qué normas relativas a la interpretación de los
contratos a más del artículo 1561 del Código Civil se han vulnerado, que en la
cláusula CUARTA de la escritura de transferencia de los activos y pasivos del Banco
Popular en saneamiento al Banco Pichincha C.A. se estipula que es el Gerente
General de la Agencia de Garantía de Depósitos el que en calidad de representante
legal transfiere al actor en el presente juicio los activos determinados en el anexo
1, declara expresamente que con esta transferencia no se irroga daño a terceros;
en esta cláusula también se señala que el Banco Pichincha asume los pasivos del
Banco Popular del Ecuador S.A. en Saneamiento “la de sus Bancos off shore Jersey
Private Bank & Trust y Banco Popular Internacional, señalado en el Anexo 2”, indica
que precisamente en el anexo 2 constan cinco créditos cuyo deudor es el
demandado Patiño Aroca; que por ello resulta ajena a las reglas que rigen la
interpretación de los contratos que, el tribunal de instancia sostenga que la
escritura y las declaraciones en ella contenidas resulten “insuficientes” para
legitimar al actor en la causa para cobrar esta acreencia, tomando en cuenta que,
el artículo 1561 del Código Civil dice que, el contrato es ley para las partes, siendo
suficiente la declaración del cedente para entender que su intención fue transferir
la cartera al Banco Pichincha; que además se dejó de aplicar los artículos 1576 y
1579 del Código Civil que establecen, que, conocida claramente la intención de los
contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras; y, en los casos
que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor
cuadre con la naturaleza del contrato, que, también dejó de aplicar el artículo 152
de la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; que la
naturaleza de un contrato de transferencia de activos y pasivos, es la transferencia
de un título que faculta al cesionario ejercer todos los derechos que del título se
derivan, que si en el título están descritas las operaciones crediticias cedidas con
detalles, no es posible concluir que el contrato resulta insuficiente a efectos de que
Banco Pichincha C.A. haya intentado acción de cobro; que las declaraciones de las
partes contenidas en escritura de transferencia de pasivos instrumentaban la
posibilidad contemplada en el artículo 152 de la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero (vigente a la época de la demanda) y por lo tanto no se habría
llegado a elucubraciones sobre el requerimiento de otros requisitos para el
ejercicio de su derecho como acreedor, que las referencias a la necesidad de
legitimar la cadena de endosos en el pagaré suscrito por el demandado, que el
tribunal califica como indiciario, demuestran que el tribunal desconoció
intencionalmente el valor de la escritura de transferencia y el artículo 152 de Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero que determina que no hay
necesidad de endoso; que las disquisiciones por insuficiencia de poder para
legitimar la cadena de endosos no opera por virtud de la norma antes descrita, que
si el legislador hubiese considerado que la norma de la referencia era absurda,
inútil o inaplicable, no la hubiera consagrado en el artículo 300 del Código Orgánico
Monetario y Financiero, la que contiene el mismo tenor de la norma; que el
tribunal debió limitarse a aplicar la norma del artículo 152 ibídem y en considerar
título suficiente sin exigir requisitos que la ley no contempla, que las infracciones
descritas fueron determinantes en la parte dispositiva de la sentencia, que la
sentencia impugnada está protegiendo a deudores que se amparan en subterfugios
para no pagar lo que deben.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
1.1. Corresponde el conocimiento de esta causa al Tribunal que suscribe,
constituido por Jueza y Jueces Nacionales, nombrados y posesionados por el
Consejo de la Judicatura, en forma constitucional, mediante resolución número
004-2012 de 25 de enero de 2012; ratificados por el Pleno para actuar en esta Sala
de lo Civil y Mercantil, por resolución de 28 de enero de 2015; su competencia para
conocer el recurso de casación interpuesto se fundamenta en lo dispuesto en los
artículo 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador, 190.1 del Código
Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación.
2. PROBLEMA JURÍDICO QUE DEBE RESOLVER EL TRIBUNAL
2.1. ¿Si la sentencia emitida en segunda instancia, carece de motivación, por
irrespeto a las reglas mínimas de la lógica, al haber llegado a conclusiones
contradictorias con las premisas que estableció?
3. PUNTOS DE DERECHO QUE SUSTENTAN EL ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL
RECURSO
3.1. La Constitución de la República del Ecuador, al configurar las garantías básicas
del debido proceso y el derecho a la defensa, en su artículo 76.7.l) incluye la
obligación de motivar las resoluciones de los poderes públicos, al prescribir: “Art.
76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho
de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:…l) Las resoluciones de los poderes
públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en le resolución no se enuncian las normas
o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables será
sancionados.”
3.2. Motivar una decisión judicial implica explicar razonadamente el porqué de la
aplicación o no de una norma de derecho, a la pretensión, los hechos del proceso y
la prueba, a través de un argumento justificativo que responda a las reglas de la
lógica y la experiencia.
3.3. Para que una sentencia cumpla con los parámetros constitucionales y legale s
de la debida motivación se requiere que aquella sea autosuficiente y comprensible,
congruente con la pretensión y las excepciones, enuncie las normas de derecho o
principios jurídicos en que se funda y explique el porqué de su aplicación al caso
concreto.
3.4. La garantía básica del debido proceso, consagrada en el artículo 76.7.i) de la
Constitución del EcuadorNadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y
materia”; protege una sentencia ejecutoriada, dictada en cualquier clase de
procedimiento, al surtir efectos irrevocables respecto de las partes que siguieron el
juicio o de sus sucesores en el derecho, impidiendo se discuta en nuevo juicio
cuando en los dos hubiere identidad subjetiva constituida por la intervención de las
mismas partes, como identidad objetiva, consistente en que se demande la misma
cosa, cantidad o hecho, fundándose en la misma causa razón o derecho, ello
incluye a las sentencias dictadas en un juicio ejecutivo, cuando en aquella más allá
de la ejecutividad del título valor, o de la prescripción de la acción ejecutiva, se
resolvió sobre el derecho de quien intentó la acción de cobro.
3.5. La institución de la cosa juzgada, en materia civil, tiene por objeto impedir una
nueva litis sobre el mismo objeto, con igual fundamento, e identidad jurídica de las
partes, para evitar que, en procesos exactos se dicten decisiones diferentes,
preservando el derecho a la seguridad jurídica. La doctrina enseña que la cosa
juzgada es inmutable, así Carnelutti sostiene “La cosa juzgada es intangible salvo dos
casos: que se haya constituido sobre el dolo o la falsedad o bien sin la intervención de todos los
que pueden ser perjudicados por ello”. (Carnelutti, “Autoridad y eficacia de la sentencia,
en Estudios de Derecho Procesal. Trad. Sentis Melendo. Buenos Aires. 1952, p 375.)
4. ANÁLISIS MOTIVADO DE LOS CARGOS, EN RELACIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO
4.1. El recurrente, a nombre de la institución bancaria demandante, al
fundamentar el recurso interpuesto, acusa a la sentencia de violación de normas
constitucionales que consagran las garantías básicas del debido proceso, acusación
que en virtud de la jerarquía de las normas que se dicen infringidas debe ser
analizada en primer lugar y este Tribunal de Casación, lo hace en los siguientes
términos:
4.2. Sostiene el recurrente, que en la sentencia que impugna, se dejaron de aplicar
los artículos 76.7 letra l) de la Constitución y 130.4 del Código Orgánico de la
Función Judicial, negándose a su representada el derecho fundamental a la tutela
efectiva contemplada en el artículo 75 de la Constitución; que, en la sentencia que
se impugna no se respetan reglas mínimas de la lógica, pues la conclusión a la que
llega no fluye naturalmente, ni se manifiesta como ineludible, aceptable ni
entendible por cualquier persona. Que, el Tribunal de apelación llegó a una
conclusión abiertamente contradictoria con las premisas que estableció, constando
éstas en el considerando QUINTO N° 5, cuyos textos transcribe, anotando que en la
segunda premisa introduce una proposición falsa por lo que el desenlace del
razonamiento termina pecando de incoherencia y carece de motivación.
De la lectura y análisis de la sentencia impugnada, este Tribunal encuentra, que el
tribunal de apelación, en los antecedentes deja sentado que, la actora señaló que
los demandados suscribieron un documento denominado pagaré a la orden N°
29179-01 con fecha 30 de julio de 1999, por la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
documento endosado por valor recibido al Banco del Pichincha, conforme consta
en la nota de endoso del indicado documento y que pese a las múltiples gestiones
de cobro, los demandados no han cumplido con la obligación de pagar el monto
recibido en calidad de préstamo. Que fundamentándose en los artículos 1567,
2415, 2561 y 2562 del Código Civil y artículo 440 del Código de Comercio, por
cuanto el documento denominado pagaré a la orden N° 29179-01, constituye
prueba por escrito, acude a demandar en juicio ordinario a Armando Alfonso
Patiño Aroca, y Teresa Elena Alvarado Luque de Patiño; Jaime Patricio Patiño Aroca
y María Eugenia Icaza Hidalgo de Patiño, para que en sentencia sean condenados a
pagar: 1) el capital adeudado; 2) los intereses legales desde la fecha de suscripción
del documento, hasta la de cancelación en la forma convenida y aceptada; 3) el
máximo interés de mora, en la forma convenida y aceptada; 4) los gastos judiciales;
y, 5) el recargo de la tercera parte de los gastos, conforme lo prevé el artículo 936
del Código de Procedimiento Civil; ofreciendo reconocer abonos que se justifiquen.
De lo que se desprende que, lo que se propone es una acción cambiaria en la vía
ordinaria; no de otra forma se puede entender que se demande el pago de una
deuda, solidariamente a los suscriptores del pagaré y a los del aval, fundándose
entre otras disposiciones legales en el artículo 440 del Código de Comercio, que
refiriéndose al aval, establece solidaridad en la obligación y el derecho del acreedor
para accionar contra el garantizado y contra los garantes de éste; solidaridad que
opera por disposición legal, cuando el pagaré, título valor, tiene la calidad de tal, y
está provisto de acción cambiaria, que apertura la vía ejecutiva para su pago. De la
transcripción de la demanda, que se hace en la sentencia impugnada, se obtiene
también, que la institución bancaria, fundamenta su derecho a proponer la acción
en un endoso a favor de Banco del Pichincha, por valor recibido, cuya inexistencia
(la del endoso) fue ya objeto de decisión en el juicio ejecutivo, según sentencia que
en boletas originales, consta incorporada en el proceso, inexistencia del endoso
que llevó a declarar sin lugar la demanda por falta de derecho; y la acción ordinaria
no puede entablarse, persiguiendo una misma pretensión contra unos mismos
demandados, fundándose en un mismo derecho, para luego, tratar de establecer
que el derecho nace de otro título, escritura de transferencia de cartera, cuando
sobre aquello no se trabó la litis. Circunstancias que sumadas al hecho de que, en la
sentencia no se enuncian las normas legales que sirven de sustento a la decisión, ni
se explica su pertinencia a los hechos del proceso, hacen que las premisas
establecidas por el tribunal, resulten forzadas y la conclusión, no fluya
naturalmente como sostiene el recurrente, plasmándose en una sentencia sin
motivación. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de Casación,
aceptando la acusación de falta de motivación de la sentencia, declara su nulida d y
en su lugar al dictar sentencia de mérito, aplicando el artículo 75 de la Constitución
de la República, en tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las
partes, entre ellos a la seguridad jurídica, consagrada en el artículo 82 ibídem, en
relación con los artículos 76.7.i) del propio texto constitucional, que garantiza el
derecho a no ser juzgado más de una vez, por la misma causa y materia, y el
artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, que establece que la sentencia
ejecutoriada surte efectos irrevocables respecto de las partes que siguieron el
juicio y que como consecuencia, no podrá seguirse nuevo juicio cuando en los dos
juicios hubiere tanto identidad subjetiva, constituida por la intervención de las
mismas partes, como identidad objetiva, consistente en que se demande la misma
cosa, cantidad o hecho, fundándose en la misma causa, razón o derecho; para
establecer lo cual, tiene en cuenta, a más de la parte resolutiva de la sentencia
ejecutoriada que declaró sin lugar la acción, los fundamentos objetivos de la
misma; por lo que, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA”, aceptando la excepción de cosa juzgada, declara sin lugar la
demanda. Sin costas ni multas. Notifíquese y devuélvase los expedientes de
instancia.
f).- DR. WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ; OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ
CORONEL, JUEZ; DRA. MARIA ROSA MERCHAN LARREA, JUEZA (PONENTE); .
Certifico: , .
RAZON: Siento por tal que la copia que antecede es igual a su original.- Certifico.- Quito, 20 de
abril del 2017
DRA. LUCÍA DE LOS REMEDIOS TOLEDO PUEBLA
SECRETARIA RELATORA