Resolución Nº 0064-2017 de Corte Nacional de Justicia, 12 de Mayo de 2017

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación12 May 2017
Número de resolución0064-2017
Número de sentencia0768-2016
PonenteBermúdez Coronel Oscar Eduardo
REPUBLICA DEL ECUADOR
www.cortenacional.gob.ec
Juicio No: 17711-2016-0768
Quito, viernes 12 de mayo del 2017A: CAÑIZARES ALBUJA PABLO MIGUEL,
PROCURADORA JUDICIAL DE AMORES JACOME JESUS NAZARENO
Dr./Ab.:
En el Juicio Ordinario No. 17711-2016-0768 que sigue CAÑIZARES ALBUJA
PABLO MIGUEL, PROCURADORA JUDICIAL DE AMORES JACOME JESUS
NAZARENO en contra de VILLACIS NOBOA CARMITA DE JESUS, hay lo
siguiente:
JUEZ PONENTE: DR.OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ
(PONENTE)
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y
MERCANTÍL.- Quito, viernes 12 de mayo del 2017, las 12h31.- VISTOS (2016
0768): 1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En virtud de que los Jueces
Nacionales que suscribimos hemos sido debidamente designados por el Consejo
de la Judicatura de Transición mediante Resolución No. 004-2012 de 25 de enero
de 2012, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución 01 de 28
de enero de 2015, nos ratificó en la integración de esta Sala Especializada, y
conforme el acta de sorteo que obra del cuaderno de casación somos competentes
para conocer de esta causa, en los términos de los Arts. 184.1 de la Constitución
de la República, 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de
Casación. Integra el Tribunal el señor Doctor Carlos Teodoro Delgado Alonzo, en
virtud de la razón sentada por la Secretaria General de esta Corte Nacional,
constante a fojas 13 de los autos, en reemplazo de la señora Doctora María Rosa
Merchán Larrea cuya excusa fue oportunamente aceptada. Agréguese a los autos
el escrito presentado por la parte demandada. 2. ANTECEDENTES: Accede el
proceso a esta Sala en virtud del recurso de casación activado por Carmita de
Jesús Villacís Noboa contra la sentencia proferida por la Sala de lo Civil de la
Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, el 14 de julio de 2016, las 09h10, que
acepta el recurso de apelación interpuesto por el demandante doctor Pablo Miguel
Cañizares Albuja en su calidad de Procurador Judicial de Jesús Nazareno Amores
Jácome, por lo que revoca la sentencia de primera instancia que declaró sin lugar
la demanda ordinaria por restitución de valores, propuesta en contra del ahora
recurrente y dispone la restitución de US$ 68.430 en beneficio del actor.- 3.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La recurrente aduce que en el fallo que
impugna se han infringido los preceptos de los Arts. 130.4 del Código Orgánico de
la Función Judicial, 76.7.l) de la Constitución de la República del Ecuador; 1453,
2020, 2099, 2100, 2012 del Código Civil; y, 66 y 67.4 del Código de
Procedimiento Civil. Fundamenta el recurso en las causales primera y quinta del
Art. 3 de la Ley de Casación. La señora doctora Beatriz Suárez, Conjueza de esta
Sala Especializada, lo admitió a trámite mediante providencia de 29 de septiembre
de 2016, las 09h19, y en virtud de haberse fijado los límites dentro de los cuales se
constriñe el recurso, para resolver, se puntualiza: 4. CONSIDERACIONES
RESPECTO DEL RECURSO DE CASACIÓN: La casación es un medio de
impugnación extraordinario y público; es recurso limitado desde que la ley lo
contempla para impugnar, por su intermedio, sólo determinadas sentencias.
Consecuencia de dicha limitación “… es el carácter eminentemente formalista de
este recurso, que impone al recurrente, al estructurar la demanda con la cual lo
sustenta, el inexorable deber de observar todas las exigencias de la técnica de
casación, a tal punto que el olvido o desprecio de ellas conduce a la frustración del
recurso y aún al rechazo in limine del correspondiente libelo” (Humberto Murcia
Ballén, Recurso de Casación Civil, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, sexta
edición, Bogotá, 2005, p. 91). El objetivo fundamental de la casación es atacar la
sentencia que se impugna para invalidarla o anularla por los vicios de fondo o
forma de los que puede adolecer, hecho que se verifica a través del cotejamiento
riguroso y técnico de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, lo que
permite encontrar la procedencia o no de las causales invocadas. Este control de
legalidad está confiado al más alto Tribunal de Justicia Ordinaria, que en el
ejercicio de ese control, así como el de constitucionalidad, lo que procura es
garantizar la defensa del derecho objetivo en el marco de la seguridad jurídica,
pilar fundamental en el que se sustenta el Estado constitucional de derechos y
justicia, la igualdad de la ciudadanía ante la ley, y, reparar los agravios irrogados
a los sujetos procesales con ocasión de la providencia recurrida (en este contexto
así se entiende la función dikelógica de la casación). Por el Art. 1 de la
Constitución de la República, el Ecuador es Estado de derechos y justicia y es
definido a través de sus caracteres esenciales, entre éstos y aquél la relación es
ontológica. En efecto, el Estado Ecuatoriano es tal en tanto sus elementos
esenciales están presentes en cuanto su propia naturaleza, su propio ser. Los
caracteres esenciales del Estado tienen que ver, a más de la organización entre
poderes, creación y aplicación del Derecho, por el compromiso por la defensa de
contenidos jurídicos. La carga semántica de este precepto delimita el alcance,
coherencia y razonabilidad de esos elementos esenciales, por ello que la parte
orgánica de la Constitución sólo adquiere sentido y razón de ser como aplicación
de los principios y derechos establecidos en su parte dogmática, en el entendido
de que la principal característica del constitucionalismo contemporáneo es el
reconocimiento del carácter normativo del texto fundamental y, en este contexto,
es deber de los jueces garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados por la Constitución por su fuerza jurídica directa y por ser
soporte que da unidad al sistema jurídico. 5. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS: 5.1. PRIMER
CARGO, CAUSAL QUINTA: Cuando se acusa violación de las disposiciones
constitucionales, este cargo debe ser analizado en primer lugar por el principio de
supremacía constitucional establecido en los Arts. 424 y 425 de la Constitución de
la República, norma suprema del Estado y fuente fundamental y fundamentadora
del ordenamiento jurídico, a la cual ha de ajustarse todo el ordenamiento
infraconstitucional y las actuaciones de jueces, autoridades públicas y ciudadanos.
La recurrente aduce infringidos los preceptos constitucionales con cargo en la
causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación por lo que en este contexto será
tratado tal imputación. En efecto, afirma “La sentencia objeto del presente recurso
de casación no cumple con estos tres requisitos (se refiere a razonabilidad,
logicidad y comprensibilidad que como test de control de motivación de las
resoluciones judiciales utiliza la Corte Constitucional para determinar si éstas se
encuentran motivadas) no es razonable, ya que no explica de forma coherente y
fundamentada por qué considera que la obligación reclamada, sin que exista
convención, ha nacido de un hecho voluntario unilateral, sin especificar si se trata
de un cuasicontrato de agencia oficiosa o de pago de lo no debido o de cualquier
otra y sin hacer referencia al Art. 2184 del Código Civil. Tampoco señala la razón
por la cual arbitrariamente afirma que me he enriquecido injustificadamente ya que
no determina, en ningún lugar, qué medios de prueba llevaron al juzgador a
determinar que mi patrimonio, supuestamente, se ha incrementado, requisito
fundamental para establecer un enriquecimiento injustificado y tampoco señala
cuál es el fundamento ilícito para tal enriquecimiento. Tampoco es lógica ya que al
partir de una premisa falsa, la cual señala que la obligación nació de un hecho
voluntario unilateral, su conclusión resulta igualmente falsa. Tal análisis se aleja de
los principios generales del derecho y de las fuentes de las obligaciones puesto
que de los hechos relatados en los actos de proposición se evidencia la presencia
de la entrega de dinero por una convención entre las partes. Finalmente, la
sentencia impugnada carece de comprensión ya que enreda las fuentes de las
obligaciones. La incomprensión de las instituciones jurídicas conlleva a que la
misma se plasme en las consideraciones de la resolución”. La Constitución de la
República del Ecuador, entre las garantías de los derechos de protección, prevé:
Art. 76.7.l).- “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No
habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios
jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos”. Su ubicación, dentro
de la parte dogmática e integrada a las garantías procesales como derivación del
principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio, connota que protege un
derecho fundamental de inexcusable observancia en toda resolución,
administrativa o judicial, en que se decida derechos y obligaciones. La motivación
es una necesidad y una obligación que ha sido puesta en relación con la tutela
judicial efectiva y los recursos. Es derecho de carácter público y naturaleza
subjetiva desde que son titulares todos quienes acceden a los tribunales y órganos
de la administración pública en procura de la tutela judicial de sus intereses, y
además es deber porque es vinculante para los administradores de justicia y
autoridades de la administración, en cuanto la motivación se concreta como criterio
diferenciador entre racionalidad y arbitrariedad a través del proceso intelectual, del
iter lógico, que lleva a resolver en determinado sentido. La articulación de un
razonamiento justificativo de la sentencia representa el fundamento de la
motivación, en cuanto explicación de lo hecho o resuelto con motivo o suficiente
razón que explica el por qué de las decisiones y es el signo más importante y típico
de la racionalización jurisdiccional. Sus decisiones deben estar precedidas del
examen de los hechos junto con el análisis de pruebas que los afirman y el
derecho en que se apoyan; las decisiones no deben ser el resultado de la
arbitrariedad, si de la razón. “La motivación de las decisiones es sin duda una
garantía de justicia, cuando mediante ella se consigue reproducir exactamente,
como en un croquis topográfico, el itinerario lógico que el juez ha recorrido para
llegar a su conclusión: en tal caso, si ésta es equivocada, se puede fácilmente
determinar, a través de la motivación, en qué etapa de su camino perdió el
operador jurídico la orientación” (Piero Calamandrei, Proceso y Democracia,
Ediciones Jurídicas, Europa-América, Buenos Aires, 1960, p. 38). El Código de
Procedimiento Civil, Art. 280, prevé, “En las sentencias y en los autos que decidan
algún incidente o resuelvan sobre la acción principal, se expresará el asunto que
va a decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión…”. El precepto
procesal se refiere, como se ve, al contenido de la motivación. La doctrina al
respecto señala que una adecuada motivación de la sentencia debe ser expresa,
clara, completa, legítima y lógica (Fernando de la Rúa, El Recurso de Casación,
Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1968, p. 150). Expresa, en cuanto el juez no
puede omitir la motivación remitiéndose a otras resoluciones o a constancias del
proceso, el juzgador está en la obligación de señalar las razones por las que
decide; al respecto, el Art. 276 inciso segundo del Código citado advierte “No se
entenderá cumplido este precepto en los fallos de segunda instancia por la mera
referencia a un fallo anterior”. Clara, en cuanto el razonamiento del juzgador no
esté expresado en forma ambigua ni anfibológica. Ese razonamiento debe ser
comprensible a fin de que se lo pueda examinar e impugnar. Completa, porque
debe abarcar los hechos y el derecho, los hechos constituyen el eje central sobre
el cual girarán las pruebas, los argumentos y el derecho, sometiéndolos a la
valoración crítica. El juzgador debe establecer las conclusiones de hecho, lo que
a su vez atañe la fundamentación en derecho pues que así vendrá a consistir la
base de aplicación de la norma. Cabe tener presente que las reglas jurídicas por lo
general son hipotéticas, esto es, establecen un presupuesto de hecho, determinan
una relación de causa-efecto, y, fijan la obligación o sanción consecuentes. Los
hechos son el sustento de la aplicación normativa por el proceso de subsunción,
por ello que para motivar la sentencia en aquellos el juzgador debe demostrarlos,
para sustentarla en derecho debe describirlos y justificar en el texto legal la
conclusión jurídica. Legítima, porque la motivación debe sustentarse en pruebas
válidamente actuadas; si la sentencia se apoya en prueba viciada y que no se
haya subsanado el vicio invalidante, estará defectuosamente motivada, como
igualmente acontece si se sirve de pruebas que no han sido incorporadas al
proceso (invención), que no han respetado el principio de contradicción o se sirve
el juez de su conocimiento personal u omite la consideración de prueba esencial
incorporada de modo legal al expediente (preterición). Lógica, en cuanto el
juzgador debe seguir un proceso secuencial en el iter de su razonamiento
observando las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia
(las reglas de la sana crítica) que, “… descriptivamente, son las reglas no jurídicas
derivadas de la lógica, la experiencia y la ciencia que sirven para fundar una
valoración razonada de la prueba y permite su control posterior por otro órgano de
enjuiciamiento posterior” (Xavier Abel Lluch, Las Reglas de la Sana Crítica, Edit.
La Ley, Madrid, 2015, p. 48). La motivación es operación lógica que se sustenta en
la certeza por lo que el juez debe observar los principios o reglas fundamentales
del pensamiento que son de la coherencia y la derivación así como los principios
de identidad, contradicción y tercero excluido. La coherencia de los pensamientos
conlleva la concordancia entre sus elementos; en tanto que, por la derivación, cada
pensamiento proviene de otro con el cual está relacionado, con la excepción de
que se trate de un principio, es decir de un juicio que no es derivado sino el punto
de partida para otros. De la regla fundamental de la coherencia se establecen los
principios formales del pensamiento: i) De identidad: cuando en un juicio el sujeto
es igual, total o parcialmente, al predicado, el juicio es verdadero. ii) De
contradicción, también llamado de no contradicción, hace referencia a los juicios
que se desmienten entre “… indica que ningún juicio puede ser verdadero y
falso al mismo tiempo. Si hay dos juicios contradictorios no pueden ser ambos
verdaderos, por ejemplo 'el demandado es responsable', frente a 'el demandado
no es responsable' hay una contradicción, por lo cual uno de los dos es falso. La
inclusión en un texto de una afirmación y su negación, al poner de manifiesto una
contradicción, hace que el texto sea incoherente, pues lo que afirmamos lo
negamos” (Carlos Arturo Cano Jaramillo, Oralidad, Redacción, Argumentación y
Texto Jurídico, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá-Colombia, 2014, p.
111). iii) Del tercero excluido, por el que se explica que cualquier enunciado es
verdadero o falso; entre dos juicios contradictorios uno es verdadero y el otro es
falso, no existe una tercera posibilidad. La motivación para ser lógica debe tener
las características de coherencia (las afirmaciones, deducciones y conclusiones
deben guardar relación y concordancia entre sí), de no contradicción (no cabe
emplear en el razonamiento juicios contrastantes entre sí, que al oponerse, se
anulan) y, además, debe ser inequívoca (los elementos del raciocinio no deben dar
lugar a dudas respecto de su alcance, significado y conclusiones). La Corte
Constitucional refiriéndose a la motivación de las resoluciones de los órganos
jurisdiccionales, expresa que, “…constituye una garantía esencial para evitar la
arbitrariedad y lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas… la
exposición por parte de la autoridad judicial con respecto a la decisión adoptada
debe hacérsela de forma: i. Razonable, es decir que sea fundada en los principios
constitucionales; ii. Lógica, lo cual implica una coherencia entre las premisas y la
conclusión, y, iii. Comprensible, es decir que el fallo goce de claridad en el
lenguaje. Por lo expuesto, no hay duda que la necesidad de que las resoluciones
judiciales sean motivadas deriva tanto del derecho al debido proceso, como de la
esencia de la actividad jurisdiccional en donde prevalecen principios como la
independencia e imparcialidad de los jueces. El incluir la garantía de la motivación
de las resoluciones dentro del derecho al debido proceso constitucional, procura
garantizar que toda actuación judicial sea justificada dentro de los derechos
fundamentales de nuestra Constitución, pues solo así la decisión judicial alcanzará
un sentido de justicia” (Sentencia No. 092-13-SEP-CC, de 30 de octubre de 2013.
R.O.S. No. 130 de 25 de noviembre de 2013). La motivación como garantía del
debido proceso tiene estas finalidades: i. Garantizar el control democrático difuso
sobre los fundamentos y legalidad de la decisión, ii. Responder a una determinada
interpretación y aplicación del Derecho, iii. Entregar a los sujetos procesales la
información necesaria para impugnar la decisión, iv. Permitir que el Tribunal de
Casación cuente con la información necesaria para vigilar la correcta interpretación
y aplicación del Derecho, y, v. Evidenciar que su razón de ser es la aplicación
razonada de las normas que se consideran pertinentes al caso y que den
suficiente sustento a la decisión adoptada. Fines que, en resumen, determinan la
necesidad de razonar y justificar la decisión, permitir ejercer control sobre el
fallador, facilitar la realización de la contradicción, y, persuadir a los sujetos
procesales sobre la justicia y validez de la decisión. Se puntualiza que la
motivación de la sentencia es el canal de su legitimación. Carnelutti puso énfasis
en distinguir la motivación real de la aparente, advirtiendo que se configura esta
última “…no sólo cuando los motivos del fallo se contradigan y por lo tanto se
excluyan, sino en general, cuando falta el nexo lógico entre ellos, o bien entre ellos
y las disposiciones citadas… el valor de la motivación es muy grande en orden al
rendimiento social del proceso; no oculto que a veces el vicio de motivación es una
especie de válvula de seguridad para permitir, por vía de la casación, la
eliminación de errores de hecho singularmente graves, pero ello es en realidad
más un beneficio que un daño para la justicia” (Francisco Carnelutti, citado por
Juan Carlos Hitters, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación,
Librería Editora Platense, 2da. Edición. Reimpresión, La Plata, 2007, p. 114).
5.1.1. Aduce la recurrente “La sentencia recurrida ha infringido las disposiciones
del Art.130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia
con lo garantizado por el Art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la
República. La causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación determina que el
recurso extraordinario procede 'cuando la sentencia o auto no contuvieren los
requisitos exigidos por la ley, o en su parte dispositiva se adoptan decisiones
contradictorias o incompatibles'”. 5.1.2. La sentencia constituye un todo, por ello
que, particularmente sus considerandos, no pueden ni deben ser separados de la
parte dispositiva, mismos que “ … servirán, al menos, para ilustrar a ésta,
entenderla y poderla ubicar en el correcto límite (objetivo y subjetivo) que informa
su verdadero contenido y permite, por consiguiente, la impugnación si
corresponde” (Enrique Véscovi, Los Recursos Judiciales y Demás Medios
Impugnativos en Iberoamérica, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988, p. 39). La
recurrente afirma que la sentencia impugnada no es razonable, no es lógica y que
carece de comprensión en cuanto enreda la fuente de las obligaciones. En este
contexto, precisa citar de esta sentencia su numeral Sexto: “En cuanto a las
obligaciones, según el artículo 1453 del Código Civil, 'nacen, ya del concurso real
de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones;
ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de
una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un
hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y
cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de
familia' . En el presente caso si bien no existe contrato o convención, pues
nuestra legislación aparentemente no ha determinado de manera expresa al
enriquecimiento sin causa como fuente independiente de las obligaciones, en
cambio hay un hecho voluntario en que el actor entregó dinero a la demandada
para que luego le restituya sin que lo haya hecho. Esta situación determina un
enriquecimiento indebido puesto que nadie puede enriquecerse injustamente a
costa de otra persona, tratándose de una obligación que la ley y la doctrina la
cataloga como civil a diferencia de las naturales, es decir las que dan derecho para
exigir su cumplimiento (artículo 1486 del Código Civil). Por el enriquecimiento
injusto se aumenta el patrimonio de una persona a costa del empobrecimiento de
otra, la falta de una causa que justifique tal enriquecimiento o la inexistencia de un
precepto legal que excluya la aplicación de este principio. La Corte Suprema de
Justicia hoy Corte Nacional, en su momento, manifestó que nadie puede
enriquecerse injustamente y para que se produzca el enriquecimiento injusto
deben cumplirse con dos requisitos: a) que se produzca un enriquecimiento en uno
de los patrimonios y un empobrecimiento en el otro; y, b) siendo necesario también
que entre enriquecimiento y empobrecimiento exista una relación de causalidad,
esto es que el enriquecimiento de una parte sea la causa del empobrecimiento de
la otra (Gaceta Judicial Serie VI, p.788). En conclusión se ha justificado debida y
legalmente la entrega de un dinero y la falta de devolución por parte de la
demandada”. Al argumentar se parte de conceptos en los que se emite juicios
enunciativos (proposiciones) por los que se afirma o niega un hecho o cosa. La
proposición constituye unidad lingüística que consta de sujeto y predicado, y
constituye el punto de inicio de la argumentación. El razonamiento realiza
inferencias; infiere pautas a partir de las premisas genéricas contenidas en la ley
que se deben aplicar al caso singular: Por ello que como expresa Klug “…la
lógica jurídica es la teoría de las reglas lógico-formales que llegan a emplearse en
la aplicación del derecho” (Ulrich Klug, Lógica Jurídica, Editorial Temis, Bogotá,
1990, p. 8). La proposición se la entiende como una afirmación o un juicio; “…
en el concepto no afirmo nada, o como cuando digo 'arrendatario' o asimismo
'demandado'; mientras que en la proposición enunciativa: afirmo o niego, es decir,
tomo posición positiva o negativa ante el sujeto, como cuando digo 'el arrendatario
es moroso', 'el acusado no es responsable' o el 'demandado alegó'. La
proposición tiene su vínculo con el derecho probatorio, porque probar es acreditar
la verdad de una proposición, de algo que se afirma. Precisamente, el objeto de
prueba son los hechos y los actos jurídicos sobre los cuales se afirma o niega algo
… la lógica es la encargada de estudiar las proposiciones, que son susceptibles de
ser verdaderas o falsas. Una proposición es verdadera cuando el enunciado existe;
de lo contrario es falso … El juicio es la relación entre dos conceptos: el sujeto y
el predicado … Un texto oral o escrito es un conjunto conectado de proposiciones,
de afirmaciones o negaciones” (Carlos Arturo Cano Jaramillo, op. cit., pp.
100,101). Una providencia se estructura a partir de las proposiciones normativas
la norma jurídica- y las proposiciones de hecho y, cuando se trata de demostrar,
estamos en el campo de las proposiciones. Por el silogismo, en cuanto discurso
hablado o escrito, se arriba a conclusiones por inferencia. “El silogismo es de uso
corriente en la elaboración de los textos y en la conversación diaria. Para
Aristóteles, el silogismo es un discurso en el cual, estando dadas ciertas cosas
(presupuestos), otras cosas distintas a ellas se deducen necesariamente por el
solo efecto de dichos presupuestos. Ejemplo: Todos los hombres son racionales.
Álvaro es un hombre. Luego, Álvaro es racional. Una de las formas básicas del
razonamiento jurídico es el silogismo denominado modus barbara, cuya estructura
deductiva se simboliza así: Todos los M son P (premisa mayor). Todos los S son M
(premisa menor). Luego, todos los S son P (conclusión)” (Carlos Arturo Cano
Jaramillo, ibídem, p. 102). La estructura del silogismo judicial se integra por
premisa mayor, premisa menor y conclusión; la estructura de un razonamiento
puede ser deductiva o inductiva, según se parta de lo general a lo singular, o de lo
particular a lo general. Se puntualiza que las proposiciones son el núcleo que rige
la demostración o la sustentación de una tesis, que se configura por la relación
entre ellas. Aduce la recurrente que la sentencia “no es lógica ya que al partir de
una premisa falsa, la cual señala que la obligación nació de un hecho voluntario
unilateral, su conclusión resulta igualmente falsa”. La proposición enunciativa
afirma “en el presente caso si bien no existe contrato o convención, pues nuestra
legislación aparentemente no ha determinado de manera expresa al
enriquecimiento sin causa como fuente independiente de las obligaciones, en
cambio hay un hecho voluntario en que el actor entregó dinero a la demandada
para que luego le restituya sin que lo haya hecho”. Al respecto cabe destacar que
efectivamente ha existido desplazamiento de dinero del patrimonio del
demandante al de la demandada sin que exista para ello el antecedente de
contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito ni imposición legal. Por lo que la
conclusión es lógica y necesaria, dice la sentencia: “Esta situación determina un
enriquecimiento indebido puesto que nadie puede enriquecerse injustamente a
costa de otra persona”. La motivación del fallo evidencia un razonamiento
constituido por inferencias adecuadamente deducidas de la prueba y deriva de la
conclusión que, en base a ellas se han determinado, la conclusión afirmativa,
responde adecuadamente a un elemento de convicción (la motivación es el
conjunto de razones o explicaciones que fundamentan, de modo racional, las
decisiones) ergo, la argumentación no es dilógica o ambivalente, no es
contradictoria ni excluyente, no es falsa como afirma la recurrente. Asimismo la
recurrente aduce que el fallo que impugna “Tampoco señala la razón por la cual
arbitrariamente afirma que me he enriquecido injustificadamente ya que no
determina en ningún lugar, qué medios de prueba llevaron al juzgador a determinar
que mi patrimonio supuestamente se ha incrementado…”. Esos medios de prueba
constan del considerando Cuarto de la sentencia recurrida: “Los comprobantes de
depósito en el Banco Pichincha realizados en la cuenta de la demandada (fojas 26
a 29); documentos de Provident Bank (fojas 30 a 33); envíos del exterior a través
de Western Union retirados por la demandada (fojas 34 a 137). Estos documentos
han sido revisados y cotejados por la perito contable ingeniera Viviana Karina
Coppiano Peña, quien en su informe de fojas 165 a 170, ha determinado que
sumados los depósitos y 'los envíos de dinero realizados por parte del Sr. Jesús
Amores a favor de la Sra. Carmita Villacís asciende al valor total de setenta mil
trescientos setenta y cinco con 91/100'”. En el considerando Quinto, prosigue la
sentencia: ´…De la extensa documentación presentada y del informe de la perito
contable se determina que en efecto el actor ha realizado una serie de depósitos y
transferencias desde el exterior a la cuenta de la demandada o en favor de ella,
sumándose en total 70.375,91 dólares incluyendo los recargos por servicio, por lo
que los valores líquidos enviados son de 68.430,oo dólares”. Desde el punto de
vista procesal la prueba es método de averiguación y de comprobación, de
demostración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas por los
litigantes. Es actividad que se cumple contando con los medios que prevé o
autoriza la ley y que está destinada “… a crear la convicción judicial acerca de la
existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes en sus
alegaciones” (Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal, t. I. Sexta
Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, p. 462). Tal actividad procura el
conocimiento judicial respecto de los elementos indispensables para la decisión;
en efecto, el fin de la prueba es suministrarle al juez el convencimiento o certeza
respecto de los hechos permitiéndole adoptar un decisión, certidumbre no
matemática sino psicológica, respecto de los datos aportados al proceso, de la
existencia de los hechos afirmados, tal convicción debe ser causa eficiente para
decidir con certeza el asunto litigioso. La casacionista aduce “la sentencia
impugnada carece de comprensión ya que enreda las fuente (sic) de las
obligaciones. La incomprensión de las instituciones jurídicas conlleva a que la
misma se plasme en las consideraciones de la resolución”. Del fallo impugnado
consta de su Considerando Sexto: “En cuanto a las obligaciones, según el artículo
1453 del Código Civil, 'nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la
persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos
los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a
otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como
entre los padres y los hijos de familia'. En el presente caso si bien no existe
contrato o convención, pues nuestra legislación aparentemente no ha determinado
de manera expresa al enriquecimiento sin causa como fuente independiente de las
obligaciones, en cambio hay un hecho voluntario en que el actor entregó dinero a
la demandada para que luego le restituya sin que lo haya hecho. Esta situación
determina un enriquecimiento indebido puesto que nadie puede enriquecerse
injustamente a costa de otra persona”. Con claridad se encuentra que el Tribunal
Ad Quem desvinculó del precepto transcrito el caso que resolvió. La obligación
puede estar establecida en el contrato o en la ley; en el primer evento la hipótesis
que se describe da lugar a una situación jurídica intersubjetiva especialmente
regulada en la ley, tanto en relación a su génesis, como a sus efectos y
consecuencias; si la responsabilidad emana de la comisión de un delito o
cuasidelito civil o de la ejecución de un hecho voluntario no convencional, o de la
mera disposición de la ley estamos en el ámbito de la obligación extracontractual.
“La distinción de Gayo entre contrato y el ilícito como fuentes de las obligaciones
ha constituido por casi dos mil años la gran división del derecho de obligaciones.
Sólo con el correr del tiempo la doctrina ha encontrado en el enriquecimiento sin
causa, que también tiene origen romano, un tipo de obligaciones de generalidad
comparable a esa gran división” (Enrique Barros Bourie, Tratado de
Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago-Chile,
reimpresión de la primera edición, 2008, p. 18). En la medida que la culpa es un
requisito genérico de responsabilidad, que comprende indistintamente el dolo y la
diligencia, carece de sentido práctico distinguir entre delitos y cuasidelitos civiles;
en tanto que, la categoría de cuasicontrato, es puramente residual y comprende
diversas hipótesis de actos lícitos no convencionales que dan lugar a obligaciones
restitutorias. Como se dijo, la sentencia se deslinda de las fuentes de las
obligaciones que determina el Art. 1453 del Código Civil, señalando la existencia
de un enriquecimiento indebido “puesto que nadie puede enriquecerse
injustamente a costa de otra persona”, refiriéndose a esta institución, sus
requisitos, a más de hacer cita de la jurisprudencia indicativa de un fallo proferido
por la Corte Suprema de Justicia y publicada en la Gaceta Judicial Serie VI p. 788.
Al no concurrir la vulneración del Art. 76.7.l) de la Constitución de la República, ni
del Art. 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se desecha la
impugnación. 5.2. SEGUNDO CARGO: CAUSAL PRIMERA: 5.2.1. El Art.
3.1 de la Ley de Casación prevé: “El recurso de casación sólo podrá fundarse en
las siguientes causales: 1. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales
obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte
dispositiva”. Este vicio de juzgamiento, violación directa de norma sustantiva,
ocurre cuando: i.) El juzgador deja de aplicar la norma sustantiva al caso
controvertido, por absoluto desconocimiento de la misma o por ignorar el rango o
preferencia que tiene en relación con otras, por ignorancia respecto de su
naturaleza propia y la posibilidad de que pueda omitirse o modificarse por voluntad
de las partes. ii) Por aplicación indebida, por el equívoco que ocurre al subsumir
los hechos establecidos en la norma y precisar las circunstancias de hecho que
son relevantes para que la norma entre en juego yerro de diagnosis jurídica-,
puede también surgir el error al establecer la diferencia o semejanza que media
entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto, en el proceso de comprobación
de los requisitos o supuestos de hecho previstos en la norma; y, iii) El juzgador
incurre en yerro de hermenéutica, de interpretación jurídica, al errar acerca del
contenido de la norma. Los preceptos de derecho sustancial, en cuanto proveen al
sujeto de una pauta de conducta determinada, son “las que, frente a la situación
fáctica en ellas contemplada, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones
jurídicas entre las partes implicadas en la hipótesis legal. Una de estas cuatro
cualidades es pues lo que hace que la norma tenga el abolengo expresado, que
declare, cree, modifique o extinga relaciones jurídicas” (Jorge Cardoso Isaza,
Manual Práctico de Casación Civil, Temis, Bogotá, 1984, p. 107).- 5.2.2. La
recurrente aduce que en la sentencia que impugna se ha interpretado
erróneamente el artículo 1453, que se han inaplicado los artículos 2020, 2027,
2099, 2100 y 2102 del Código Civil; y, se ha omitido aplicar los artículos 66 y 67.4
del Código de Procedimiento Civil.- 5.2.3. Interpretar es explicar el sentido de
una cosa o de un texto obscuro, ambiguo o contradictorio. “La interpretación es
actividad, fruto de una elección práctica, respecto de hipótesis alternativas que
buscan la justicia material” (Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, Editorial Trotta,
Madrid, 1995, p. 38). La labor interpretativa no es sencilla y no puede reducirse,
en todos los casos, a una simple atribución mecánica y literal de los postulados
generales, impersonales y abstractos consagrados en la ley a casos concretos;
de así proceder “ …sería desconocer la complejidad del lenguaje, de la realidad
social, de la lógica jurídica y las dificultades de la interpretación de las normas
jurídicas, que no en pocas ocasiones son oscuras, ambiguas, severas,
contradictorias, anacrónicas (no atienden a los cambios sociales) o presentan
vacíos que se deben colmar … El proceso de interpretación de la norma es
indispensable por los defectos del lenguaje natural y por los problemas lógicos del
uso del lenguaje. Estos defectos, pueden clasificarse en grupos fundamentales:
(i) Por el lenguaje en estricto sentido; están relacionados con los problemas para
definir el sentido de las palabras o de las oraciones que constituyen una norma o
por la carga emotiva que pueden expresar determinadas palabras. (ii) De orden
lógico, por las contradicciones; (iii) Por vacío normativo; (iv) Por severidad o
exceso de rigor; (v) Por contenidos injustos al aplicar la norma general a un caso
particular; (vi) Por anacronismo o ineficacia …Precisamente por las dificultades
reales que ofrece la práctica, la jurisprudencia está llamada a servir de medio
racionalizador e integrador del Derecho. Las dificultades internas de las normas
jurídicas conducen a la necesidad de que la jurisprudencia ofrezca las soluciones y
llene los vacíos normativos que la ley no ha logrado llenar y aclare las
ambigüedades que existen, para ello se acude a los métodos de interpretación o
argumentos interpretativos” (Carlos Arturo Cano Jaramillo, op. cit., pp. 581, 584 y
585).- 5.2.4. La recurrente aduce existir en el fallo impugnado errónea
interpretación del Art. 1453 del Código Civil. Como ya se indicó, no existe la
confusión o enredo de las fuentes de las obligaciones que aduce la casacionista y
respecto de la errónea interpretación del precepto puntualizado. Este Tribunal de
Casación considera necesario referirse al enriquecimiento sin causa que fue el
sustento de la sentencia impugnada. El provecho o ventaja que obtienen las
partes no puede autorizar a ninguna de ellas a aducir de haber enriquecido a la
otra por un acto de su libre y espontánea determinación. La prestación prometida o
recibida constituye el interés que las determina a contraer una obligación; ella es la
causa que conlleva la fuerza civilmente obligatoria del contrato. Desde antiguo
“…Los romanos no admitieron, fuera del caso de una liberalidad, que un hombre
sensato se despojase 'sin causa' de una cosa de su pertenencia, ni que, faltando
ella, quedase sin reparación el perjuicio ocasionado por su ausencia… Viene de
aquí que desde época muy remota hayan los romanos sentado la regla según la
cual aquél que 'sin causa' retiene una cosa perteneciente a otro, es deudor de su
restitución y está obligado” (Luis De Gásperi, Tratado De Las Obligaciones,
Volumen II, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1946, p. 353). Este autor cita la
construcción doctrinal de Aubry y Rau respecto del enriquecimiento indebido o sin
causa por ser los primeros en exponerla de modo sistemático, la presentan
“…Como una de las facultades inherentes al derecho de propiedad, de reclamar…
por medio de una acción personal, que puede calificarse de in rem verso, la
restitución de los objetos o valores que hacen parte del patrimonio. La acción de in
rem verso… debe ser admitida de una manera general, como sanción de la regla
de equidad, según la cual no es permitido enriquecerse a expensas de otro, en
todos los casos en que, a título oneroso y sin causa legítima, se ha enriquecido el
patrimonio de una persona en detrimento del de otra, y se probase, además, una
indivisibilidad de origen, independientemente de las relaciones contractuales, de
cualquiera de las partes, sea con la otra, sea con un tercero, entre el
enriquecimiento del primero y el empobrecimiento equitativamente medido del
segundo, y que para obtener éste lo que le pertenece o lo que le es debido, no
goza, sea contra el beneficiario del enriquecimiento, sea contra un tercero, de
ninguna acción nacida de un contrato, de un cuasicontrato, de un delito o de un
cuasidelito” (Luis De Gásperi. op. cit., p. 360). La finalidad de la acción in rem
verso se endereza a la restitución del objeto del que uno de los patrimonios ha sido
despojado en provecho del otro; “…se encamina a restablecer el equilibrio roto
entre dos patrimonios, y por ello el enriquecido será condenado a devolver al
empobrecido la ventaja o provecho obtenidos” (Arturo Valencia Zea+ y Álvaro Ortiz
Monsalve, Derecho Civil, Tomo III De Las Obligaciones, Editorial Temis S.A.,
Bogotá-Colombia, 2010, p. 454). La naturaleza de la acción por enriquecimiento
injustificado es la de una acción personal y subsidiaria; en efecto, es acción
personal y no real por lo que sólo cabe su ejercicio contra el enriquecido o sus
herederos y no contra terceros poseedores de la ventaja o provecho que forma el
contenido del enriquecimiento. Tiene carácter subsidiario, De Gásperi, comentando
la sentencia de 12 de mayo de 1914 proferida por la Corte de Casación Francesa,
señala “…sentó la doctrina según la cual la acción de in rem verso debe ser
admitida en todos los casos en que la persona a cuyas expensas se enriqueció
injustamente otra, no gozase, para obtener lo que le es debido, de ninguna acción
derivada de un contrato, de un cuasicontrato, de un delito o un cuasidelito” (ibídem,
p. 364). La acción por enriquecimiento sólo es posible ejercerla cuando el
empobrecido carezca de otra acción especial para obtener la reparación; su
carácter subsidiario “…encuentra su justificación en que se ha instituido para
completar el orden jurídico, no para reemplazar las acciones especiales
expresamente establecidas por la ley o con la finalidad de suplir la negligencia de
quienes han dejado prescribir sus acciones” (Arturo Valencia Zea+ y Álvaro Ortiz
Monsalve, op. cit. p. 457). En el caso de Ecuador, la de in rem verso es acción
independiente aunque subsidiaria, pues no puede activársela cuando la ley pone a
disposición del actor otra vía legal para obtener satisfacción. En este sentido se ha
pronunciado la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia No. 108-2002 de 30 de
mayo de 2002, R.O. No. 627 de 26 de julio de 2002: “El actor ha tratado, por tanto,
de ejercer la acción de in rem verso, o de enriquecimiento sin causa, como
sustitutiva de aquellas que no podía ejercer o no ejerció a tiempo, por descuido o
negligencia. Y esta no es, como queda dicho, la razón de ser de esta acción”. Igual
pronunciamiento lo ha hecho este Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la
Corte Nacional de Justicia en el Juicio No. 415-2013, Sentencia No. 181-2014 de
21 de octubre de 2014, las 16h00: “…la acción de enriquecimiento sin causa
deberá ser rechazada cuando el actor tenga a disposición una acción contractual,
legal, o proveniente de una infracción delictual o cuasidelictual que le permita
obtener satisfacción a sus derechos”. Al ejercicio de la acción de restitución de
valores por efecto de un enriquecimiento injustificado la doctrina la conoce como
acción in rem verso; entre las diversas teorías que explican su fundamento jurídico,
entre otras, De Gásperi comenta las siguientes: “… la de Aubry y Rau, según la
cual la acción in rem verso es de carácter patrimonial, fundada en la idea de una
'transmisión injustificada de valores' de un patrimonio a otro. De aquí su definición
como 'facultad de reclamar por medio de una acción personal la restitución de
objetos o valores que hacen parte del patrimonio', y la relación de causalidad entre
el empobrecimiento y el enriquecimiento… Otra es aquella según la cual la acción
de in rem verso mira a restablecer el equilibrio destruido entre dos patrimonios.
Otros juristas, entre los que se cuentan Louis-Lucas, Rouast y el propio Maury han
buscado fundamento a la acción en la idea de 'causa', concebida como la
consideración de una contraprestación, de una ventaja personal o de un motivo
moral que, sirviendo de contrapartida al empobrecimiento, impide la ruptura del
equilibrio entre ambos patrimonios… Josserand juzga que la acción de in rem
verso es un producto de las costumbres y de la jurisprudencia. Esto explicaría su
carácter de necesidad. Rouast, proclamó la equidad por fundamento de la acción
concebida, no como sentimiento del juez, sino como regla claramente determinada
según la cual toda prestación debe ser equilibrada por la contraprestación
correspondiente. El desequilibrio resultante de un enriquecimiento en detrimento
de otro no debe quedar sin compensación. Regla antigua es ésta que viene del
derecho romano e impuesta al juez como principio de derecho natural. Este es un
derecho estable y obligatorio en defecto de un texto expreso de la ley” (Luis De
Gásperi, op. cit., pp. 366, 367 y 369). Cabe precisar que, en este contexto, el
enriquecimiento sin causa es o constituye fuente de obligaciones; el Art. 18 del
Código Civil que prevé las reglas de interpretación de la ley, establece: “Los
jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por
obscuridad o falta de ley. En tales casos juzgarán atendiendo a las reglas
siguientes: …7. A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y
no habiéndolas, se ocurrirá a los principios del derecho universal”. El Código Civil
debe interpretarse conforme a sus principios esenciales en tanto que la doctrina se
pronuncia porque el enriquecimiento sin causa es fuente general de obligaciones;
los principios generales del derecho sustentan el derecho vigente “…y han
penetrado en él a modo de pilotes de su estructura. De tal manera que el
intérprete debe extraer del Código Civil, mediante sucesivas abstracciones del
conjunto de las normas particulares, la solución legal que busca” (Juan Carlos
Hitters, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación. Librería editora
Platense, Segunda Edición, 1998, 2º reimpresión, 2007, p. 362). Si bien aquellos
no están expresamente delimitados en ese cuerpo legal, cabe afirmar que se
encuentran implícitos en el ámbito de la legislación como presupuestos lógicos de
sus normas. El legislador para superar lagunas o anomias y para mantener el
esquema hermenéutico ha remitido a esos principios en caso de silencio de la ley;
bajo esta consideración la investigación de los principios generales del Derecho y
su empleo o aplicación en defecto de ley, es facultad y deber de todos los
tribunales, cabe recordar que el Art. 28 del Código Orgánico de la Función Judicial,
al respecto prevé: “Principio de la obligatoriedad de administrar justicia.- Las
juezas y jueces, en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que
se ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los instrumentos
internacionales de derechos humanos y la leyes de la República… Los principios
generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán para
interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así
como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que
regulan una materia”. Esos principios son vivir honestamente, no dañar al
prójimo, dar a cada uno lo suyo. En el Digesto 1.1.10 se lee “Es justicia la
voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho”; como se observa,
uno de esos principios es el que prohíbe a una persona enriquecerse
indebidamente a expensas de otra. Las legislaciones modernas enuncian de
forma expresa este principio; por ejemplo el Código Alemán de 1900, que es el
primero en hacerlo, su Art. 812 prevé: “Quien obtiene algo sin causa jurídica por la
prestación de otro o de cualquiera otra forma a costa del mismo, está obligado
para con él a la restitución. Esta obligación existe igualmente si la causa jurídica
desaparece después o si no se produce el resultado perseguido con una
prestación, según el contenido del negocio jurídico”; el Código Civil del Perú de
1984 establece: “Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está
obligado a la restitución”. “En el enriquecimiento sin título legítimo de adquisición
se otorga, en el derecho moderno, al empobrecido una acción de restablecimiento
(actio de in rem verso) dirigida a obtener que el bien desplazado antijurídicamente
retorne al patrimonio empobrecido” (Arturo Valencia Zea+ y Álvaro Ortiz Monsalve,
op. cit. p. 448). Para la procedencia de esta acción deben cumplirse estos
requisitos: Enriquecimiento del demandado, empobrecimiento del actor, ausencia
de justa causa, y falta de cualquier otra acción derivada de contrato, cuasicontrato,
delito o cuasidelito. En cuanto al primer requisito, este consiste en el provecho o
ventaja que ha obtenido el enriquecido (demandado) que ha mejorado su
patrimonio; el empobrecimiento del actor es apreciado en función del anterior, este
empobrecimiento debe ser correlativo al enriquecimiento del demandado, “…la
ventaja o provecho del enriquecido tiene que derivar de la desventaja o sacrificio
del empobrecido… La ventaja del enriquecido puede obtenerse con el patrimonio
del empobrecido, caso en el cual tendrá que aparecer una disminución en el
patrimonio de este” (Arturo Valencia Zea+ y Álvaro Ortiz Monsalve, ibid. p. 451). En
cuanto a la justa causa, su ausencia es elemento de la esencia de la in rem verso
y debe entendérsela en su acepción de título o fuente que le da a la acción su
identidad fijando sus límites, puesto que en principio puede alguien enriquecerse a
expensas de otro pero a condición de que sea en mérito de una justa causa. Se
entiende por falta de causa “…la no justificación en derecho de desplazamiento de
valor, es decir del enriquecimiento” (Bonnecase, citado por Luis de Gásperi, op. cit.
p. 375). Si la transferencia de un valor hecha por el enriquecedor no corresponde a
las estipulaciones de un contrato o a la ejecución de una obligación legal, tal
transferencia carece de causa. Cuando un patrimonio recibe aumento y éste no
puede explicarse como cumplimiento de una obligación existente, carece de
causa. Por ello que el enriquecimiento sin causa se ocasiona “…cuando existe el
desplazamiento de valor de un patrimonio a otro, producido externamente de
conformidad al derecho objetivo, es decir, sin infringir ni adecuarse a norma
jurídica positiva y sin causa legítima que se pudiese invocar” (Alfonso Oramas
Gross, El Enriquecimiento Sin Causa Como Fuente de Obligaciones, Edino,
Guayaquil, 1988, p. 71). Tiene importancia señalar que, contrario sensu, el
enriquecimiento legítimo requiere de la validez de la fuente que originó la
obligación que pretende extinguirse, que sea válida la obligación de restituir o el
ánimo de donar, por lo que el enriquecimiento legítimo “…obedece al cumplimiento
de una obligación válida lícita, o que es fuente de una obligación igualmente válida
y lícita, o que se fundamenta en una declaración válida de donar. De donde se
deduce que enriquecimientos ilegítimos son los que no pueden apoyarse en
alguna de esas causas” (Arturo Valencia Zea+ y Álvaro Ortiz Monsalve, op. cit. p.
453). No concurre el cargo imputado de errónea interpretación del Art. 1453 del
Código Civil en la sentencia recurrida desde que el mismo no fue aplicado por no
corresponder al caso litigado. Cuando se trata de violación de norma sustancial
por defecto en su interpretación “…no se trata ya de una cuestión de existencia,
subsistencia o de terminación del alcance de la norma, sino, lo que es muy distinto,
de un error acerca de su contenido. Tiene el organismo judicial que decidir cuál
es el pensamiento latente en la norma, como medio único de aplicarla con rectitud,
y ha de inquirir su sentido sin desviaciones ni errores, pues cuando en ellos se
incurre, la casación pretende corregirlos poniéndolos de relieve y subrayando la
insuficiencia en el juicio o el exceso cometido al formularlo. Y la censura de la
sentencia, por este concepto específico, no podrá hacerse de otro modo que
poniendo de manifiesto el desconocimiento de las normas o principios
interpretativos que al juez se ofrecieron… la interpretación errónea de la norma
legal ocurre, en suma, cuando siendo la que corresponde al caso litigado, se
entendió sin embargo equivocadamente y así se la aplicó… Interpretar
erróneamente un precepto legal es, pues, aplicarlo al caso litigado por ser el
pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde”
(Humberto Murcia Ballén, op. cit., p. 335). Cabe adicionar que la recurrente
refiriéndose a la sentencia impugnada, expresa que de ella consta “En el presente
caso si bien no existe contrato o convención… en cambio hay un hecho voluntario
en que el actor entregó dinero a la demandada para que luego lo restituya”, por lo
que aduce “Dicha interpretación es errada ya que la norma establece al hecho
voluntario como fuente de las obligaciones, quien realiza el hecho voluntario es
quien se obliga. En el presente caso se toma en cuenta como fuente de la
obligación el hecho 'voluntario' del propio acreedor y ese hecho, según los señores
jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, genera
obligación en mi contra”. Se reitera, no existe el cargo de errónea interpretación
del precepto de derecho sustantivo, Art. 1453 del Código Civil, por su no aplicación
al no corresponder al caso litigado conforme la explicación in extenso realizada y,
además, porque la pretendida errónea interpretación no fue determinante de su
parte dispositiva, conforme expresa exigencia del Art. 3.1 de la Ley de Casación.
Asimismo, en armonía con lo explicado no concurren los otros cargos de falta de
aplicación de los Arts. 2020, 2027, 2099, 2100 y 2012 del Código Civil.- 5.2.5.
Por último, también con sustento en la causal primera del Art. 3 de la Ley de
Casación, la recurrente aduce este cargo: “Falta de aplicación de las
disposiciones sustanciales de los Arts. 66 y 67 numeral 4 del Código de
Procedimiento Civil respecto de la necesidad de la posibilidad jurídica de la acción
en la pretensión formulada en la demanda”. Se puntualiza que por la causal
primera del Art. 3 de la Ley de Casación sólo cabe aducir vulneración de normas
sustanciales o materiales y no procedimentales o instrumentales que, teniendo
como criterio diferenciador el ámbito en el que incide la consecuencia jurídica
prevista en la norma, si esa consecuencia delimita la conducta de los sujetos
jurídicos fuera del proceso (reconociéndoles derechos e imponiéndoles
obligaciones) la norma es material; por el contrario, si la consecuencia jurídica
atiende a la conducta de las personas en cuanto sujetos del proceso -del juez
como de las partes o terceros- y se refiere a los actos procesales, tanto a la forma,
como a sus presupuestos, requisitos y efectos, la norma es procesal. Por
supuesto que el lugar que ocupa la norma en los cuerpos legales no sirve, por
solo, como criterio diferenciador; en efecto, un buen número de ellas sobre
prueba, de indiscutible naturaleza procesal, constan del Código Civil, Arts. 1715 a
1731. Es el contenido de la norma el que determina su naturaleza y no el código o
ley en el que se encuentre. Ergo, para que pueda alegarse la causal primera como
motivo de casación es indispensable que las normas que se dicen infringidas
tengan la naturaleza de sustanciales, las invocadas por la recurrente, Arts. 66 y
67.4 del Código de Procedimiento Civil, que definen la demanda y establecen
sus requisitos y contenido, en su orden, no tienen ese carácter; por lo que la
necesaria consecuencia es que no puede darse el motivo primero de casación.-
6. DECISIÓN: En consecuencia, este Tribunal de Casación de la Sala de lo Civil
y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia
impugnada proferida por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia de Cotopaxi el 14 de julio de 2016, a las 09h10. Sin costas ni multas.
Entréguese la caución a la parte perjudicada por la demora. Notifíquese y
devuélvase.- f).- DR. CARLOS TEODORO DELGADO ALONZO, CONJUEZ; DR.
WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ; DR.OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ
CORONEL, JUEZ (PONENTE) . Certifico:.
RAZON:
Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 12 de
mayo de 2017.
DRA. LUCÍA DE LOS REMEDIOS TOLEDO PUEBLA
SECRETARIA