Resolución Nº 0078-2017 de Corte Nacional de Justicia, 15 de Junio de 2017

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación15 Jun 2017
Número de resolución0078-2017
Número de sentencia0363-2016
PonenteBermúdez Coronel Oscar Eduardo
REPÚBLICA DEL ECUADOR
www.cortenacional.gob.ec
Juicio No: 21331-2016-00363
JURISPRUDENCIA
Quito, jueves 15 de junio del 2017
A: ARCHIVO
Dr./Ab.:
En el Juicio Ordinario No. 21331-2016-00363 que sigue MEDINA PALADINES NELTO
VICTORIANO en contra de FIGUEROA PALACIOS GINA PATRICIA, SALAZAR ALVARADO
ANGELA DOMINGA, hay lo siguiente:
JUEZ PONENTE: DR.OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ
(PONENTE)CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y
MERCANTÍL.- Quito, jueves 15 de junio del 2017, las 10h19.- VISTOS (No. 21331 2016
00363): 1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En virtud de que los Jueces y Jueza Nacionales
que suscribimos hemos sido debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de Transición
mediante Resolución No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 y, el Pleno de la Corte Nacional de
Justicia, mediante Resolución No. 01 2015 de 28 de enero de 2015, nos ratificó en la integración
esta Sala Especializada, y conforme el acta de sorteo que obra del cuaderno de casación somos
competentes para conocer de esta causa, conforme el Art. 184.1 de la Constitución de la República,
Art. 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y Art. 269 del Código Orgánico de la Función
Judicial (COGEP). 2. ANTECEDENTES: Sube el proceso a esta Sala en mérito del recurso de
casación activado por Nelto Victoriano Medina Paladines, contra la sentencia proferida por la Sala
Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, que confirma el fallo de primera instancia y
desecha la demanda de nulidad de contrato por simulación propuesta por el ahora recurrente en contra
de Gina Patricia Figueroa Palacios y Ángela Dominga Salazar Alvarado, dictado por el Juez de la
Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, que desechó la
demanda en los términos propuestos. El doctor Guillermo Narváez Pazos, Conjuez de esta Sala
Especializada admitió a trámite el recurso mediante auto de 21 de abril de 2017, a las 12h29. En
consecuencia, se encuentran determinados los límites de actuación de este Tribunal. 3.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El casacionista aduce que en el fallo que impugna se han
infringido los Arts. 76.7.l) de la Constitución de la República; 19, inciso primero, 130.4 del Código
Orgánico de la Función Judicial, 89, 90.5, y, 95.7, 101 inciso segundo, 164, incisos segundo y
tercero, 208 y 211 inciso primero, del COGEP; 11 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de
Datos Públicos; y, 1538 inciso primero, 1698, inciso primero, 2184 y 2367 del Código Civil.
Fundamenta el recurso en las causales segunda, tercera y cuarta del Art. 268 del COGEP. Concluido
el trámite de sustanciación que prevé su Capítulo Quinto, para resolver, y conforme el Art. 95
ibidem, se puntualiza: 4. CONSIDERACIONES RESPECTO DEL RECURSO DE CASACIÓN:
La casación es un medio de impugnación extraordinario y público; es recurso limitado desde que la
Ley lo contempla para impugnar, por su intermedio, sólo determinadas sentencias. La casación es
“recurso formalista, es decir, impone al recurrente, al estructurar la demanda con la que lo sustenta, el
inexorable deber de observar todas las exigencias que exige la técnica de casación, a tal punto que el
olvido o desprecio de ellas conduce a la frustración del recurso y aún al rechazo in limine del
correspondiente libelo” (Humberto Murcia Ballén, Recurso de Casación Civil, Sexta edición,
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá-Colombia, 2005, p. 91). El objetivo fundamental de la
casación es atacar la sentencia (o auto definitivo) que se impugna para invalidarla o anularla por los
vicios de fondo o forma de los que puede adolecer, hecho que se verifica a través del cotejamiento
riguroso y técnico de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, lo que permite encontrar la
procedencia o no de las causales invocadas. Este control de legalidad está confiado al más alto
Tribunal de Justicia Ordinaria, que en el ejercicio de ese control así como el de constitucionalidad, lo
que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en procura de la seguridad jurídica, pilar
fundamental en el que se sustenta el Estado constitucional de derechos y justicia, la igualdad de los
ciudadanos ante la ley, reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia
recurrida (la función dikelógica de la casación así lo exige, en cuanto acceso a la tutela jurisdiccional
y su respuesta motivada y justa, Art. 75 de la Constitución de la República), y, la unificación de la
jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de
triple reiteración. La casación es recurso riguroso, restrictivo y formalista por lo que su interposición
debe sujetarse necesaria e invariablemente a los requisitos previstos en la ley.- 5. ANÁLISIS DEL
CASO CONCRETO EN RELACIÓN CON LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.- 5.1.
PRIMER CARGO, CAUSAL SEGUNDA: 5.1.1. Aduce el recurrente que la sentencia impugnada
no cumple el requisito de motivación y para ello transcribe el texto del Art. 76.7.l) de la Constitución
de la República, el numeral 4 del Art. 130 del Código Orgánico de la Función Judicial y Art. 89 del
COGEP. Expresa: “En el subnumeral 4.2.3 del Considerando Cuarto de la sentencia, los señores
Jueces señalan 'La simulación, si bien no consta como figura específica en nuestro Derecho Civil, la
jurisprudencia y la doctrina le dan otro efecto que no el de nulidad para estos casos de modo que la
forma de proponer su demanda es errónea e improcedente. Así también, en el subnumeral 4.2.5 del
Considerando Cuarto de la sentencia, los señores Jueces reiteran en forma genérica lo siguiente:
'Adicionalmente, se advierte, en efecto, que no han sido demandados todos quienes fueron parte del
contrato de compraventa, conforme así lo ha determinado en vasta jurisprudencia la Corte Nacional y
la ex Corte Suprema de Justicia'. La violación a las normas de derecho invocadas se produce debido a
que la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos, omite enunciar en forma concreta cuál es la
'jurisprudencia' o producto genuino de la Función Judicial a la que hace referencia en ambos
subnumerales, sino que de manera genérica e imprecisa, faltando a su deber de motivar
(entendiéndose para este caso el de fundamentar enunciando el precepto jurisprudencial), atribuye a la
jurisprudencia o la 'basta jurisprudencia' una conclusión no verificable … la omisión de enunciar el
contenido de la 'jurisprudencia' por parte de los señores Jueces de la Sala Única de la Corte Provincial
de Justicia de Sucumbíos, conlleva a que la sentencia no esté motivada en derecho”. 5.1.2. La
Constitución de la República, entre las garantías de los derechos de protección, prevé: Art. 76.7.l).-
“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos”. La motivación es una
necesidad y una obligación que ha sido puesta en relación con la tutela judicial efectiva y los recursos.
Es derecho de carácter público y naturaleza subjetiva desde que son titulares todos quienes acceden a
los tribunales y órganos de la administración pública en procura de la tutela judicial de sus intereses, y
además es deber porque es vinculante para los administradores de justicia y autoridades de la
administración, en cuanto la motivación se concreciona como criterio diferenciador entre racionalidad
y arbitrariedad a través del proceso intelectual, del iter lógico, que lleva a resolver en determinado
sentido. La articulación de un razonamiento justificativo de la sentencia representa el fundamento de
la motivación, en cuanto explicación de lo hecho o resuelto con motivo o suficiente razón que explica
el por qué de las decisiones y es el signo más importante y típico de la racionalización jurisdiccional.
Las decisiones deben estar precedidas del examen de los hechos junto con el análisis de pruebas que
los afirman y el derecho en que se apoyan; las decisiones no deben ser el resultado de la arbitrariedad,
sí de la razón. “La motivación de las decisiones es sin duda una garantía de justicia, cuando mediante
ella se consigue reproducir exactamente, como en un croquis topográfico, el itinerario lógico que el
juez ha recorrido para llegar a su conclusión: en tal caso, si ésta es equivocada, se puede fácilmente
determinar, a través de la motivación, en qué etapa de su camino perdió el operador jurídico la
orientación” (Piero Calamandrei, Proceso y Democracia, Ediciones Jurídicas Europa-América,
Buenos Aires, 1960, p. 38). El Art. 89 del COGEP, a la letra, establece: “Motivación.- Toda
sentencia y auto serán motivados, bajo pena de nulidad. No habrá tal motivación si en la resolución
no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de hecho. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos
fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como a la interpretación
y aplicación del derecho. La nulidad por falta de motivación única y exclusivamente podrá ser
alegada como fundamento del recurso de apelación o causal del recurso de casación”. La regla
procesal orienta el modo cómo el juzgador debe resolver el caso, el iter de su razonar fáctico y
jurídico frente a la prueba y su posición como intérprete y aplicador del derecho. Desde un punto de
vista doctrinal una adecuada motivación de la sentencia debe ser expresa, clara, completa, legítima y
lógica (Fernando de la Rúa, El Recurso de Casación, Ed. Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1968, p.
150). Expresa, en cuanto el juez no puede omitir la motivación remitiéndose a otras resoluciones o a
constancias del proceso, el juzgador está en la obligación de señalar las razones por las que decide.
Clara, en cuanto el razonamiento del juzgador no esté expresado en forma ambigua. Ese
razonamiento debe ser comprensible a fin de que se lo pueda examinar e impugnar. Completa, porque
debe abarcar los hechos y el derecho, los hechos constituyen el eje central sobre el cual girarán las
pruebas, los argumentos y el derecho, sometiéndolos a la valoración crítica. El juzgador debe
establecer las conclusiones de hecho, lo que a su vez atañe la fundamentación en derecho pues que así
vendrá a consistir la base de aplicación normativa. Cabe tener presente que las reglas jurídicas por lo
general son hipotéticas, esto es, establecen un presupuesto de hecho, determinan una relación de
causa-efecto, y, fijan la obligación o sanción consecuentes. Los hechos son el sustento de la
aplicación normativa por el proceso de subsunción, por ello que para motivar la sentencia en aquéllos
el juzgador debe demostrarlos, para sustentarla en derecho, debe describirlos y justificar en el texto
legal la conclusión jurídica. Legítima, porque la motivación debe sustentarse en pruebas válidamente
actuadas; si la sentencia se apoya en prueba viciada y que no se haya subsanado el vicio invalidante,
estará defectuosamente motivada. Lógica, en cuanto el juzgador debe seguir un proceso secuencial en
el iter de su razonamiento observando las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la
experiencia (reglas de la sana crítica) que, “ … descriptivamente, son las reglas no jurídicas derivadas
de la lógica, la experiencia y la ciencia que sirven para fundar una valoración razonada de la prueba y
permite su control posterior por otro órgano de enjuiciamiento superior” (Xavier Abel Lluch, La
Reglas de la Sana Crítica, Ed. La Ley, Madrid, 2015, p. 48). La motivación es operación lógica que
se sustenta en la certeza por lo que el juez debe observar los principios o reglas fundamentales del
pensamiento que son de la coherencia y la derivación así como los principios de identidad,
contradicción y tercero excluido. La coherencia de los pensamientos conlleva la concordancia entre
sus elementos, en tanto que, por la derivación, cada pensamiento proviene de otro con el cual está
relacionado, con la excepción de que se trate de un principio, es decir de un juicio que no es derivado
sino el punto de partida para otros. De la regla fundamental de la coherencia se establecen los
principios formales del pensamiento: i.- De identidad: Cuando en un juicio el sujeto es igual, total o
parcialmente, al predicado, el juicio es verdadero; ii.- De contradicción, también llamado de no
contradicción, se refiere a los juicios que se desmienten entre sí “ … indica que ningún juicio puede
ser verdadero y falso al mismo tiempo. Si hay dos juicios contradictorios no pueden ser ambos
verdaderos, por ejemplo 'el demandado es responsable', frente a 'el demandado no es responsable' hay
una contradicción, por lo cual uno de los dos es falso. La inclusión en un texto de una afirmación y su
negación, al poner de manifiesto una contradicción, hace que el texto sea incoherente, pues lo que
afirmamos lo negamos” (Carlos Arturo Cano Jaramillo, Oralidad, Redacción, Argumentación y Texto
Jurídico, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá-Colombia, 2014, p. 111). iii.- Del tercero
excluido, por el que se explica que cualquier enunciado es verdadero o falso; entre dos juicios
contradictorios uno es verdadero y el otro es falso, no existe una tercera posibilidad. La motivación
para ser lógica debe tener las características de coherencia (las afirmaciones, deducciones y
conclusiones deben guardar relación y concordancia entre sí), de no contradicción (no cabe emplear en
el razonamiento juicios contrastantes entre sí, que al oponerse, se anulan) y, además, debe ser
inequívoca (los elementos del raciocinio no deben dar lugar a dudas respecto de su alcance,
significado y conclusiones). La Corte Constitucional refiriéndose a la motivación de las resoluciones
de los órganos judiciales, expresa: “ … Constituye una garantía esencial para evitar la arbitrariedad y
lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas … la exposición por parte de la autoridad
judicial con respecto a la decisión adoptada debe hacérsela de forma: i.- Razonable, es decir que sea
fundada en los principios constitucionales; ii.- Lógica, lo cual implica una coherencia entre las
premisas y la conclusión, y, iii.- Comprensible, es decir que el fallo goce de claridad en el lenguaje.
Por lo expuesto, no hay duda que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas
deriva tanto del derecho al debido proceso, como de la esencia de la actividad jurisdiccional en donde
prevalecen principios como la independencia e imparcialidad de los jueces. El incluir la garantía de la
motivación de las resoluciones dentro del derecho al debido proceso constitucional, procura garantizar
que toda actuación judicial sea justificada dentro de los derechos fundamentales de nuestra
Constitución, pues solo así la decisión judicial alcanzará un sentido de justicia” (Sentencia No. 092-
13-SEP-CC, de 30 de octubre de 2013, R.O. S No. 130 de 25 de noviembre de 2013). La motivación
como garantía del debido proceso tiene estas finalidades: i. Garantizar el control democrático difuso
sobre los fundamentos y legalidad de la decisión, ii. Responder a una determinada interpretación y
aplicación del Derecho, iii. Que los sujetos procesales tengan la información necesaria para impugnar
la decisión, iv. Que el Tribunal de Casación cuente con la información necesaria para vigilar la
correcta interpretación y aplicación del Derecho, y, v. En cuanto evidencia que su razón de ser es la
aplicación razonada de las normas que se consideran pertinentes al caso y que den suficiente sustento
a la decisión adoptada. Fines que, en resumen, determinan la necesidad de razonar y justificar la
decisión, permiten ejercer el control sobre el fallador, facilitan la realización de la contradicción, y,
persuaden a los sujetos procesales sobre la justicia y validez de la decisión. El recurrente en su
impugnación realiza citas parciales del fallo materia de casación, descontextualizándolo; en efecto, el
subnumeral 4.2.3. tiene este texto: “El actor, en base a los argumentos expresados en su demanda y
mencionados anteriormente, expresa que el contrato de compraventa es simulado y pide su nulidad
absoluta; sin embargo y conforme hemos visto, la nulidad absoluta se produce en los casos
expresamente enunciados en las normas antes referidas; la simulación, si bien no consta como figura
específica en nuestro Derecho Civil, la jurisprudencia y la doctrina le dan otro efecto que no el de
nulidad para estos casos de modo que la forma de proponer su demanda es errónea e improcedente.
Según la doctrina se dice que con la simulación, entre otros objetivos, se trata de crear una situación
aparente en perjuicio de derechos ajenos, como ocurre cuando el deudor, a sabiendas de su precario
estado económico, se confabula con otra persona para sustraer transitoriamente bienes suyos de la
persecución de sus acreedores o para beneficiar gratuitamente a dicha persona con detrimento de los
legítimos intereses de éstos … La jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia, hoy Corte
Nacional, ha expresado que 'Toda simulación es, por su propia naturaleza, intencional y concertada …
y ni la intencionalidad ni el concierto se presumen, aunque constara la falsedad de la declaración, sino
que deben ser probadas por quien alega la simulación …”. El subnumeral 4.2.5. del mismo
Considerando Cuarto de la sentencia, luego de la cita descontextualizada que realiza el recurrente,
continúa: “ … para que se constituya válidamente la litis consorcio, habida cuenta que al demandarse
la nulidad absoluta del contrato y pedir que se cancele la inscripción en el Registro de la Propiedad,
necesariamente debía contarse con el Notario que dio fe de la comparecencia de las partes
contratantes, de su libertad de consentimiento y de que se cumplieron los requisitos inherentes al
contrato de compraventa …”. No es cierto que la sentencia “no esté motivada en derecho” como
afirma el casacionista; por el contrario, cumple el test de control de motivación de las resoluciones
judiciales que viene aplicando la Corte Constitucional para determinar si la sentencias se encuentran
motivadas, pues se trata de una que es razonable, lógica y comprensible. Se desecha el motivo de
impugnación.- 5.2. SEGUNDO CARGO: CAUSAL TERCERA: 5.2.1. Expresa el recurrente que
en la sentencia se ha resuelto lo que no fue materia del litigio: “Al realizar la confrontación entre mi
demanda y la sentencia, aparece que en mi demanda he solicitado se 'declare la nulidad absoluta del
contrato de compraventa contenido en la escritura pública celebrada con fecha 16 de octubre de 2014
entre las demandadas Gina Patricia Figueroa Palacios y Ángela Dominga Salazar Alvarado, por ser un
acto simulado, y ordene se cancele la inscripción del referido contrato de compraventa en el Registro
de la Propiedad'”. Dice el recurrente que la sentencia impugnada al respecto señala que se trata de un
juicio 'ordinario de nulidad de instrumento público', pues “en el subnumeral 4.2.2. del Considerando
Cuarto han indicado que: ' … de la revisión de la escritura de compraventa base de la demanda, se
desprende que la misma reúne todos los requisitos que la ley prescribe'; y, en el subnumeral 4.2.5. del
mismo considerando, manifiestan: ' … que no han sido demandados todos quienes fueron parte del
contrato de compraventa … para que se constituya válidamente la litis consorcio … necesariamente
debía contarse con el Notario que dio fe de la comparecencia de las partes contratantes así como del
Registrador de la Propiedad que, al inscribir el contrato, perfeccionó la tradición del mismo conforme
a derecho'. Finalmente, en la parte dispositiva de la sentencia, los señores jueces, … en base a tales
consideraciones, rechazan mi recurso de apelación y confirman la sentencia subida en grado.
Evidentemente, los señores Jueces han terminado confundiendo las figuras jurídicas de nulidad de
contrato y nulidad de instrumento público, que constituyen dos cosas totalmente distintas”. El Art.
268.3 del COGEP establece: “Casos.- El recurso de casación procederá en los siguientes casos: … 3.
Cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que se no sea materia del litigio o se haya concedido
más allá de lo demandado, o se omita resolver algún punto de la controversia”. Concurre la causal
que sustenta la impugnación cuando el tribunal de instancia vulnera las disposiciones de los Arts. 91 y
92 del COGEP, que imperativamente disponen, en su orden, “La o el juzgador debe corregir las
omisiones o errores de derecho en que hayan incurrido las personas que intervienen en el proceso. Sin
embargo, no podrá otorgar o declarar mayores o diferentes derechos a los pretendidos en la demanda
ni fundar su decisión en hechos distintos a los alegados por las partes”, y, “Congruencia de las
sentencias.- Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con los puntos materia del
proceso. Resolverán sobre las peticiones realizadas por las partes y decidirán sobre los puntos
litigiosos del proceso”. Estos preceptos procesales guardan armonía con el inciso primero del Art. 19
del Código Orgánico de la Función Judicial que dispone asimismo que el juez resolverá sobre aquello
que fue determinado por las partes en el litigio.- 5.2.2. El caso tercero del Art. 268 del COGEP
contempla los vicios de citra o mínima, ultra y extra petita que implican inconsonancia o
incongruencia resultante del cotejo o confrontación de la parte resolutiva del fallo con la pretensión de
la demanda y excepciones opuestas. Los jueces y tribunales al resolver sobre lo principal deben
atenerse a los puntos objeto de la traba de la litis, es decir “sobre los puntos litigiosos del proceso” que
son los que determinan el sentido y alcance de pretensión y excepción oportunamente aducidas, es
decir la identidad jurídica entre lo que se pide y se resuelve. El defecto de incongruencia resulta de la
comparación entre el objeto de la demanda, del petitum, la excepción y la parte dispositiva de la
sentencia. “En virtud del principio de congruencia que habrá de respetar la sentencia, debe ajustarse a
las acciones deducidas en juicio. Al juzgador le está vedado pronunciarse sobre pretensiones no
deducidas, cosas no pedidas o peticiones no formuladas. Se viola el principio de congruencia cuando
la sentencia decide: a) Ultrapetitum, otorgando al actor más de lo que pidió; b) Citrapetitum, dejando
sin resolver cuestiones que habían sido introducidas en la contienda; c) Extrapetitum, si se alteran o
modifican, en aspectos esenciales las pretensiones formuladas por las partes” (Álvarez Juliá, Germán
R. J. Neuss y Horacio Wagner, Manual de Derecho Procesal, 2da. Edición, Editorial Astrea, Buenos
Aires, 1990, p. 297). Entre las acepciones que de congruencia trae el Diccionario de la Lengua de la
Real Academia Española, constan “1. Conveniencia, coherencia, relación lógica. 2. Conformidad de
extensión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio”
(Vigésima Primera Edición, Madrid, 1992, p. 382). Aldo Bacre dice que congruencia es la “…
conformidad que debe existir entre la sentencia y la o las pretensiones que constituyen el objeto del
proceso, más la oposición o defensa enarboladas que delimitan ese objeto” (Teoría General del
Proceso. Tomo III., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, p. 427). Debe haber conformidad entre
sentencia y lo pedido por las partes (en demanda, reconvención y contestación de ambas, inclusive),
en cuanto a personas, objeto y causa, desde que no puede apartarse de los términos en que quedó
planteada la litis en la relación procesal. En esta línea, Devis Echandía comenta que congruencia “Es
el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de
acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y
contencioso-administrativo) … para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley
otorgue facultades especiales para separarse de ellas. Tiene extraordinaria importancia este principio,
pues se liga íntimamente con el derecho constitucional de defensa, ya que éste exige que el ajusticiado
en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones o las imputaciones que contra él o frente a él se
han formulado, por lo que la violación de la congruencia implica la de aquel derecho … actividad
probatoria, las excepciones o simples defensas y las alegaciones, se orientan lógicamente por las
pretensiones, imputaciones, excepciones y defensas formuladas en el proceso” (Teoría General del
Proceso, Editorial Universidad, tercera edición, Buenos Aires, 2002, p. 76). Se debe tener en cuenta
que, con la contestación a la demanda se integra la relación jurídico procesal, lo que conlleva dos
efectos fundamentales: a) quedan fijados los sujetos de la relación, actor y demandado, y, b) las
cuestiones sometidas al pronunciamiento del juez.- 5.2.2.1. Se resolvió extra petita conforme aduce
el motivo formulado por el censor? No existe la confusión que argumenta el censor en la sentencia
que impugna, no se confunde 'nulidad de contrato' y 'nulidad de instrumento público'. Los contratos
pueden disolverse o extinguirse de dos maneras: o por el mutuo consentimiento de las partes, o por
causas legales, entre ellas por nulidad, que viene a ser la sanción por el evento de la omisión de
requisitos que la ley exige para la validez de los actos jurídicos. “ … a fin de dar garantías de seriedad
a los actos jurídicos, la ley los ha sometido a ciertos requisitos y formalidades. Al mismo tiempo, para
asegurar el cumplimiento de estas exigencias, y obtener que los particulares se ajusten en sus
declaraciones de voluntad a los preceptos legales, necesitó buscar una sanción para el caso de
violación de tales preceptos. A tal fin obedece la institución de la rescisión y de la nulidad, que
constituyen una pena de orden civil establecida para los casos de infracción de las disposiciones que
señalan los requisitos que deben llenar los actos jurídicos” (Arturo Alessandri Rodríguez, Derecho
Civil. De Los Contratos, Ed. Zamorano y Caperán, Santiago, Chile, 1976, pp. 71 y 72). Ergo, si su
celebración de actos jurídicos-, no se sujetan a tales requisitos, el autor o autores condicionan su
accionar a la pena de nulidad que priva tales actos de todo efecto civil. Se puntualiza que la nulidad
viene a ser la excepción al derecho común por lo que no puede existir sino en virtud de un texto
expreso de la ley que así la establezca; por ello que todo acto jurídico lleva implícita la presunción de
su validez, por lo que mientras no se declare su nulidad por sentencia judicial, el acto se encuentra
bajo el amparo de esa presunción. La nulidad de instrumento público mira al incumplimiento de
requisitos que prevé la Ley Notarial, Arts. 44, 45, 46, 47 y 48 y aquellos señalados en el Art. 206 en
armónica relación con el Art. 215 ambos del COGEP. No existe la pretendida confusión puesto que
la sentencia impugnada resuelve en el mérito o fondo, confirma la de primer nivel que inadmitió la
demanda por improcedente; pues de otro modo, hubiese tenido el carácter de inhibitoria, sin resolver
en el fondo por la no conformación del litis consorcio necesario. 5.3. TERCER CARGO:
CAUSAL CUARTA: 5.3.1. Con sustento en este caso, el recurrente expresa que los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba han sido vulnerados, señala entre ellos los Arts. 101,
inciso segundo, 164, incisos segundo y tercero, 208 y 211, inciso primero del COGEP; 19, inciso
primero del Código Orgánico de la Función Judicial; 11 de la Ley de Sistema Nacional de Registro de
Datos Públicos; y, Art. 698, inciso primero, 1538 inciso primero, 2184 y 2367 del Código Civil.
Conforme la demanda presentada por el ahora recurrente, con el objeto de proteger un crédito a su
favor, la pretensión es que “en sentencia se declare la nulidad absoluta del contrato de compraventa
contenido en la escritura pública celebrada con fecha 16 de octubre de 2014, entre las demandadas
Gina Patricia Figueroa Palacios y Ángela Dominga Salazar Alvarado, por ser un acto simulado”,
puesto que este contrato de compraventa “ha sido celebrado tan sólo con la intención positiva de
perjudicarme, e impedir que haga efectivo el cobro de mi crédito mediante apremio real en contra de
los bienes de la señora Gina Patricia Figueroa Palacios, por lo que el mismo adolece de causa ilícita y
por tanto está viciado de nulidad absoluta”. 5.3.2. En principio, lo simulado es lo opuesto a lo
verdadero y real. “Hay simulación cuando se celebra una convención aparente, cuyos efectos son
modificados o suprimidos por otra contemporánea de la primera, y destinada a permanecer en secreto”
(Marcel Planiol y Georges Ripert, Derecho Civil, Primera Serie, Volumen 8, Oxford University Press,
México, Litográfica Ingramex, 2001, p. 871). Un acto jurídico simulado, es el que tiene apariencia
contraria a la realidad, o porque no existe en lo absoluto, o porque es distinto de como aparece. “Está
destinado a producir una ilusión en el público, o porque induce a creer en su existencia, cuando en
verdad no se realizó o porque produce una imagen distinta de su verdadera naturaleza” (César
Coronel Jones, La Simulación de los Actos Jurídicos, Editorial Nomos Ltda., Bogotá, 1989, p. 22).
Valencia Zea y Ortiz Monsalve dicen de la simulación que es “El acuerdo de las partes de emitir
concordantes declaraciones de voluntad contrarias a lo que realmente quieren, a fin de engañar a
terceros” (Arturo Valencia Zea+ y Álvaro Ortiz Monsalve, Derecho Civil, Tomo III, De las
Obligaciones, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, Décima edición, 2010, p. 71). Son elementos
esenciales de la simulación: i. Disconformidad consciente entre lo declarado y lo querido realmente;
ii. Acuerdo de las partes en producir esta disconformidad en relación a la voluntad interna y la
declarada; y, iii. Con el fin de engañar a terceros, engaño que se realiza creando un contrato aparente
que no existe o existe de distinta manera. En el Derecho Comparado se considera que hay simulación
en los casos cuyo fin es engañar, sin que sea necesaria la concurrencia del fraude; al respecto, Ferrara,
citado por Valencia Zea, comenta: “No debe confundirse la intención de engañar con la intención de
causar daño; en todo negocio simulado existe intención de engañar, no siempre la de causar daño”
(Arturo Valencia Zea+ y Álvaro Ortiz Monsalve, op. cit., p. 72). La simulación se expresa de forma
absoluta y de forma relativa; caracteriza a la primera porque los contratantes aparentan celebrar un
negocio que no han querido en ninguna de sus partes. “Son simulaciones absolutas las compraventas
aparentes en que no existe intención de transmitir el dominio por parte del vendedor ni de adquirirlo
por parte del comprador; igualmente las deudas que contrae una persona sin intención de obligarse”
(Valencia Zea+ y Ortiz Monsalve, ibídem, p. 75). Caracteriza a la simulación relativa el hecho de que
los contratantes ciertamente han querido un determinado negocio pero ocultan su naturaleza, alteran
su contenido o condiciones. Esta forma de simulación se hace práctica respecto de la naturaleza del
negocio, de interposición ficticia de personas y del contenido o condiciones del negocio jurídico, en
este último evento “ … cuando las partes encubren, no ya la naturaleza del negocio o las personas
entre quienes se celebra, sino el contenido o condiciones del negocio, como cuando se estipula un
precio más alto o más bajo del que realmente se conviene” (ibídem, p. 77). El Art. 1724 del Código
Civil reconoce valor contractual respecto de las partes a los contratos simulados, en cuanto establece
que las escrituras privadas (contraescrituras) hechas por los contratantes, para alterar lo pactado en
escritura pública, no surtirán efecto contra terceros. En la simulación las partes dan su
consentimiento, ninguna de ellas es engañada, por esto que la simulación no es vicio del
consentimiento, si es manera de manifestarlo, mal puede ser un vicio de éste, así se explica que la
simulación no es causa de nulidad “… aunque la simulación sea fraudulenta, no es la causa de la
nulidad. Si el acto resulta nulo, no se debe a que sea simulado, sino a que existe una razón particular
para anularlo” (Planiol y Ripert, op. cit., p. 872). Asimismo, el Art. 1576 del Código Civil, de modo
expreso reconoce la validez, entre los contratantes, del negocio realmente querido, en cuanto consagra
que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de
las palabras, es decir que entre aquellos prevalece el negocio realmente querido. Se reitera, la
simulación no es vicio del consentimiento, si es una manera de manifestarlo mal puede ser un vicio de
éste; “ … la simulación es una manera más de expresar consentimiento, aceptada por el principio de
la autonomía de la voluntad que inspira a toda nuestra legislación civil … en efecto el Art. 1494
(1467) enumera taxativamente cuáles son los vicios del consentimiento, y dice que son: el error, la
fuerza y el dolo; esta disposición, que por ser excepcional debe interpretarse en forma restrictiva, no
contempla la simulación como vicio del consentimiento” (César Coronel Jones, op. cit., p. 31).
Nuestro Código Civil, igual al chileno y al colombiano en esta parte da pleno valor contractual,
respecto de las partes a las convenciones y contratos simulados, e inclusive, respecto de terceros, si
estos así lo desean y plantean la acción de simulación conforme la disposición del Art. 1724.
Excepcionalmente el precitado Código prohíbe la simulación de convenciones en los Arts. 1008, 1335
y 2048. En todos estos casos, la prohibición de simular tiene por finalidad evitar el fraude y no se
establece por sancionar la simulación en sí misma. Es importante puntualizar que el Art. 20.4 de la
Ley Notarial prevé: “Se prohíbe a los notarios … 4.- Otorgar, a sabiendas, escrituras simuladas; y la
misma Ley en el Art. 44 establece como sanción a la inobservancia del precepto antes mencionado:
la “nulidad de la escritura”. La prohibición del expresado Art. 20 de la Ley Notarial es que el
notario “a sabiendas” autorice escrituras públicas simuladas, puesto que él no puede otorgarlas,
cuando en realidad las partes no las han otorgado sino que simulan otorgarlas. Cabe recordar que el
Art. 1724 del Código Civil reconoce la validez de la simulación aun cuando conste reflejada en
escritura pública, por lo que el alcance del Art. 44 de la Ley Notarial es prohibir que los notarios,
incursionando en el campo delictual, autoricen escrituras cuando en realidad no han sido otorgadas
realmente por los contratantes sino de una manera ficticia y a sancionar con la nulidad de dichas
escrituras, pero no necesariamente el acto jurídico en ellas contenido, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales. “Consideramos que la licitud o ilicitud de la simulación está
condicionada a que los fines que se persiguen con ella, sean o no lícitos. Cuando la simulación
envuelve fraude, es éste el que invalida el acto, no es el hecho de la simulación en sí, sino la mala fe,
el fraude, el que nos lleva a repeler el acto” (César Coronel Jones, ibid, p. 35). Consta de la sentencia
impugnada: “El actor Nelto Victoriano Medina Paladines basa su demanda en tres presupuestos
principales: a) En la sentencia, mandamiento de ejecución y razón de no pago dictados a su favor
dentro del juicio ordinario de menor cuantía …. Seguido en contra de Gina Patricia Figueroa Palacios,
sentencia en la que se resuelve a su favor la repetición del pago del crédito que como garante de la
expresada señora hizo en la Cooperativa de Desarrollo de los Pueblos, pago efectuado el 17 de
diciembre de 2013, por un monto de US $ 2105, 62, cantidad que no le ha sido devuelta, pese a
haberse ordenado que la ejecutada pague o dimita bienes equivalentes, sentencia que tiene fecha 15 de
marzo de 2016; b) Que entre la expresada deudora Gina Patricia Figueroa Palacios, en su calidad de
vendedora y la señora Ángela Dominga Salazar Alvarado, en su calidad de compradora, con fecha 16
de octubre de 2014, han celebrado la escritura de compraventa relativa al 'único lote de terreno urbano
que constaba registrado a su nombre' … c) que dicho contrato de compraventa es 'un acto simulado',
carece de existencia real , porque: 1. Se ha hecho constar un precio inferior al real; 2. Jamás se ha
efectuado el pago de dicho precio; 3. Se ha realizado con la persona de entera confianza de la
supuesta vendedora; 4. El inmueble jamás se ha entregado a la supuesta compradora; 5. El uso y
goce lo mantiene a perpetuidad la supuesta vendedora; y, 6. La supuesta vendedora sigue ejerciendo
actos de dominio del inmueble.” Cabe precisar que esa compraventa es de la nuda propiedad desde
que la vendedora se reservó el derecho de usufructo. Si este contrato se otorgó el 16 de octubre de
2014 no puede contener simulación fraudulenta y por tanto invalidante por mala fe de los contratantes,
pues el derecho del ahora recurrente se origina con la sentencia de 15 de marzo de 2016. Cabe
adicionar que conforme el Art. 7.6 del Código Civil, las meras expectativas no constituyen derecho.
Ergo, no se han vulnerado las normas sustanciales ni procedimentales que aduce infringidas el
recurrente desde que, en los términos expuestos, no existe el fraude invalidante que lleve a determinar
existencia de causa ilícita en el contrato de compraventa varias veces citado, Art. 1698 ejusdem. Lo
resuelto por el Tribunal de Apelación deniega la pretensión por estimar que no existe simulación en
tal contrato. 6. DECISIÓN: En consecuencia, por ser improcedente el recurso, este Tribunal de
Casación de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia impugnada y
proferida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, el 07 de marzo de 2017,
las 12h34. Sin costas. Notifíquese y devuélvase. f).- DR. WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ;
DR.OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ (PONENTE); DRA. MARIA ROSA
MERCHAN LARREA, JUEZA. Certifico. y Dra. Lucía Toledo Puebla, SECRETARIA
RELATORA, que certifica. RAZON: Siento por tal que la copia que antecede es igual a su
original.- Quito, 15 de junio del 2017. Certifico.-
Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 15 de junio de 2017.
DRA. LUCÍA DE LOS REMEDIOS TOLEDO PUEBLA
SECRETARIA