Resolución Nº 0086-2017 de Corte Nacional de Justicia, 27 de Junio de 2017

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
Fecha de publicación27 Jun 2017
Número de resolución0086-2017
Número de sentencia0237-2015
PonenteAndino Reinoso Wilson Efraín
REPÚBLICA DEL ECUADOR
www.cortenacional.gob.ec
Juicio No: 17711-2015-0237
JURISPRUDENCIA
Quito, martes 27 de junio del 2017
A: TUQUERREZ QUIMBIA ALEJANDRO
Dr./Ab.:
En el Juicio Ordinario No. 17711-2015-0237 que sigue QUIROZ MOREJON
MERCEDES LEOPOLDINA en contra de HEREDEROS PRESUNTOS Y
DESCONOCIDOS DE TUQUERREZ ULCUANGO RAFAEL, TUQUERREZ QUIMBIA
ALEJANDRO, TUQUERREZ QUIMBIA JOSE MANUEL, TUQUERREZ QUIMBIA
MARIANA, hay lo siguiente:
JUEZ PONENTE: DR. WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ (PONENTE)CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y
MERCANTÍL.- Quito, martes 27 de junio del 2017, las 11h55.- VISTOS: Agréguese al
proceso el anexo y escritos que anteceden. En lo principal, Mariana Túquerres Quimbia en
el juicio ordinario que por prescripción extraordinaria adquisitiva de domino que sigue en
su contra Mercedes Leopoldina Quiroz Morejón, interpone recurso de casación de la
sentencia dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de
Imbabura, el 6 de noviembre de 2014, las 12h38, la que acepta el recurso de apelación
interpuesto por la actora, revoca la sentencia venida en grado y declara que Mercedes
Leopoldina Quiroz Morejón, por prescripción extraordinaria adquisitiva ha adquirido el
derecho de dominio sobre el bien inmueble materia de la litis. Para resolver se considera:
PRIMERO
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
1.1. La recurrente señala como normas infringidas el literal l del numeral 7 del artículo
76 de la Constitución de la República del Ecuador, y los artículos 274 y 276 del
Código de Procedimiento Civil. Fundamenta su recurso en la causal quinta del
artículo tres de la Ley de Casación. La Conjueza de la Sala Civil y Mercantil de la
Corte Nacional de Justicia, doctora Beatriz Suárez Armijos, conforme obra de autos
admite a trámite el recurso por la causal quinta del artículo tres de la Ley de la
materia.
SEGUNDO
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Jurisdicción y competencia
Este Tribunal tiene jurisdicción en virtud de que los jueces que lo integramos fuimos
constitucionalmente designados mediante Resolución Nº. 004-2012 de 25 de enero del
2012, así como por Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia Nº. 01-2015 de
28 de enero de 2015. Y la competencia, en mérito a lo dispuesto por los artículos 184.1 de
la Constitución de la República del Ecuador; 190.1 del Código Orgánico de la Función
Judicial; 1 de la Ley de Casación; y Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico
General de Procesos.
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Naturaleza y objeto del recurso de casación
El recurso de casación, es un recurso extraordinario, formal, limitado y axiomático que
procede únicamente contra sentencias o autos que pongan fin a los procesos de
conocimiento, además contra providencias expedidas en su ejecución. La Constitución de la
República del Ecuador establece en el artículo 184 que una de las funciones de la Corte
Nacional de Justicia es conocer los recursos de casación. Su propósito es restaurar el
imperio de la ley transgredida en la sentencia o auto en garantía del debido proceso
En la Constitución (de acuerdo a los artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 81, 82, 167) se ha
diseñado y desarrollado un estado constitucional de derechos y justicia, que garantiza los
derechos fundamentales de los justiciables, la Corte Nacional al ser el máximo Tribunal de
Justicia Ordinaria realiza un control de legalidad, su rol es el de desarrollar los precedentes
jurisprudenciales con fundamento en los fallos de triple reiteración, garantizando la efectiva
vigencia de todos los derechos, acorde a lo que manda la Constitución. “La defensa del
Derecho, perseguida a través de la correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales, es la
finalidad primera; y la igualdad ante la ley” (Enrique Vescovi, La Casación Civil, Pág. 25).
Calamandrei define a la casación:
“(…) como un instituto judicial consistente en un órgano único en el Estado ( Corte
de Casación) que, a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación
jurisprudencial dada por los tribunales al derecho objetivo, examina solo en cuanto a la
decisión de las cuestiones de derecho, las sentencias de los jueces inferiores como las
mismas son impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial ( recurso de
casación ) utilizable solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho en
la resolución de mérito”. (Calamandrei Piero, La Casación Civil, ed. Castellana de Ed.
Bibliografía Argentina, Trad. de S. Sentís Melendo, 1945, Buenos Aires Argentina, Pág.
376)
Finalmente y como señala Enrique Vescovi:
“(…) La defensa del Derecho, perseguida a través de la correcta aplicación de la ley en
los fallos judiciales, es la finalidad primera; y la igualdad ante la ley”, para quien, “La
sentencia que acoge el recurso tiene, a nuestro juicio, naturaleza constitutiva. En efecto,
esta sentencia anula la del Tribunal, la cual queda, a partir de este momento, sin efecto (se
cumple la condición suspensiva, si es que se admitido aquella tesis: Supra No 3). Esto es
independiente de que, en la sentencia compleja que existe cuando se acoge la nulidad por
razón de fondo, la Corte se pronunciará, además, sustituyendo la sentencia dictada y
emitiendo la que a su juicio corresponda. Y esta parte será declarativa, constitutiva o de
condena, según corresponda a la sentencia (del Tribunal) sustituída”, pero que, “Cuando se
acoge la casación en la forma, se pronuncia la anulación de la sentencia, porque contra ella
es que se entabla el recurso, pero, además, se pronuncia si es el caso- la anulación de todos
los actos posteriores desde que se cometió la falta que fue causa de la nulidad, puesto que
desde allí que debe reanudarse el proceso por el Tribunal o Juez que deba subrogar a los
que se hubiesen pronunciado (…)”. Enrique Vescovi, La Casación Civil, Primera Edición,
Montevideo Ediciones IDEA, 1979. Págs. 25, 118 y 119.
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Problema jurídico formulado
El problema jurídico planteado por la casacionista es determinar si ¿existe motivación en la
sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de Imbabura?
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Análisis motivado
4.1. La recurrente sustenta su recurso en la causal quinta del artículo tres de la Ley de
Casación, la que procede: “Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos
exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adoptaren decisiones contradictorias o
incompatibles”. Uno de los requisitos exigidos es, sin duda, la motivación contemplada en
los artículos 274 del Código de Procedimiento Civil, y 76.7 letra l) de la actual
Constitución. En referencia al numeral 7 literal l) del artículo 76 de la Constitución de la
República que determina:
“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se
funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”.
De la Rúa en su libro, Teoría General del Proceso sostiene que la motivación debe ser
lógica, es decir que deberá responder a las leyes que presiden el entendimiento humano, por
lo tanto debe ser coherente, lo que significa que los razonamientos expresados en la
sentencia estarán constituidos por un conjunto de razonamiento armónicos, sin
contradicciones lo que a su vez deriva en que la motivación sea congruente, tanto en sus
afirmaciones, deducciones y conclusiones, sin dejar lugar a dudas sobre el alcance y
significado. (De la Rúa, Fernando: Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires
Argentina, 1991, Pág. 146).
Eugenio Florián, citado por Fernando de la Rúa, indica que la sentencia “no ha de ser un
acto de fe, sino un acto de convicción razonada” (De la Rúa Fernando, Teoría general del
proceso, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1991, Pág. 146). Para Chioventa la sentencia:
“Es el pronunciamiento sobre la demanda de fondo y más exactamente, la resolución del
juez que afirma existente o inexistente la voluntad concreta de ley deducida en el pleito.
(Chiovenda José, Derecho Procesal Civil, México, Cárdenas Editor, 1990, Pág. 299).
La motivación es un presupuesto de control casacional, además de ser una garantía del
debido proceso consagrada en la Constitución. La motivación debe justificar y rendir
cuenta de los razonamientos a la solución que se ha tomado, es por eso que la referencia a
fallos anteriores no es suficiente para justificar una decisión, la cuestión de la motivación y
la sentencia en el derecho se presenta como una garantía constitucional. Por lo tanto, la
falta de motivación en una sentencia causará la nulidad del fallo.
4.2. La casacionista señalan en su recurso que se han infringido los artículos 274, 276 del
Código de Procedimiento Civil, y el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la
República del Ecuador. Los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil, en su
orden disponen: “En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que
fueren materia de la resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a falta de
ley, en precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal.”;
En las sentencias y en los autos que decidan algún incidente o resuelvan sobre la acción
principal, se expresará el asunto que va a decidirse y los fundamentos o motivos de la
decisión. No se entenderá cumplido este precepto en los fallos de segunda instancia y de
casación, por la mera referencia a un fallo anterior.”
4.3. En el caso en estudio, este Tribunal de Casación, considera que el fallo no se encuentra
debidamente motivado por las siguientes razones:
i. En primer término haremos referencia a que la doctrina señala que la motivación
tiene dos funciones, una endropocesal y otra extraprocesal.
La primera permite el control técnico de una decisión, permitiendo el control
interno de los fallos:
“(…) tanto en derecho, por violación de la ley o defectos de interpretación o
subsunción, como de hecho, por fallar más allá de los hechos invocados, por
insuficiencia de pruebas o por valoración arbitraria de la prueba. Esta
función de la motivación se conoce también como la función coram propio
índice y coram partibus (…)” (José Luis Castillo Álva, Funciones
Constitucionales del deber de motivar las decisiones judiciales, Pág. 6).
La función extraprocesal se exterioriza:
“(…) más allá del proceso y toma en cuenta la repercusión que las decisiones
judiciales (motivadas) cumplen en el seno de la sociedad, desempeñando un
papel integrador, de cohesión y de legitimación de la jurisdicción democrática.
Se denomina también función coram populo (…)” (José Luis Castillo Álva,
Funciones Constitucionales del deber de motivar las decisiones judiciales, Pág.
19).
i. La ex Corte Suprema de Justicia ha señalado que:
“(…) Toda sentencia debe ser motivada, esto es, contener las razones o
fundamentos para llegar a la conclusión o parte resolutiva. La falta de
motivación está ubicada en la causal 5ª del artículo 3 de la Ley de Casación y
tiene como efecto la anulación del fallo. Cabe asimismo ese vicio, cuando los
considerandos son inconciliables o contienen contradicciones por los cuales se
destruyen los unos a los otros, por ejemplo, cuando el sentenciador afirma y
niega, al mismo tiempo una misma circunstancia, creando así un razonamiento
incompatible con los principios de la lógica formal (…)” (Sentencia publicada
en el Registro Oficial 418 de 24 de septiembre de 2001, juicio No. 90-01).
i. En la sentencia dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Justicia de Imbabura, existe contradicción entre el considerando décimo y la
parte resolutiva del fallo. En el considerando décimo se señala:
“(…) DÉCIMO (…) a tal efecto quien alega la prescripción adquisitiva de dominio debe
singularizar adecuadamente, sin que dé lugar a duda o confusión el bien raíz del que se trata
y conforme se ha analizado en el considerando precedente, los distintos informes periciales
mantienen inconformidad con lo expuesto en la demanda, inclusive el informe del perito
Arq. Manuel Vaca Realpe difiere totalmente con las otras experticias y más bien es
coincidente con la información consignada en la posesión efectiva y esto es más creíble por
cuanto tiene relación con la información del Certificado del Registro de la Propiedad que da
cuenta de varias desmembraciones que ha tenido el predio del difunto Rafael Túquerrez
Ulcuango que inicialmente tenía superficie de 45.000 m2. (…)”.
De acuerdo a lo expuesto para el Tribunal de instancia, el informe más creíble de todos los
constantes en el proceso era el del Arq. Manuel Vaca Realpe, donde se establecía que la
superficie del bien materia de la litis es de 6.588, 33 m2 (foja 125), mas sin embargo, en la
parte resolutiva del fallo recurrido se determina que la señora María Leopoldina Quiroz
Morejón (demandante) ha adquirido por prescripción extraordinaria adquisitiva el derecho
de dominio del inmueble de la superficie de 13.619, 22 m2, evidenciándose así una clara
contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia, volviendo de este
modo procedente la causal quinta del artículo tres de la Ley de Casación. Por las razones
expuestas, este Tribunal de Casación, procede a casar la sentencia, de acuerdo a la causal
quinta, y de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Casación se procede a dicta la siguiente
sentencia de mérito:
TERCERO
SENTENCIA DE MÉRITO
De la validez del proceso
El trámite ordinario dado a la causa es el previsto por la ley, observándose las garantías del
debido proceso, por lo que se declara la validez procesal.
Demanda y contestación a la demanda
Mercedes Leopoldina Quiroz Morejón, comparece a fojas nueve del proceso y señala que el
día 23 de junio de 1986 mediante contrato verbal de compra y venta adquirió un bien
inmueble con un superficie de 13. 619,22 m2, al señor Rafael Turquerres Ulcuango, terreno
ubicado en la parroquia San Francisco y El Sagrario, cantón Ibarra, provincia de Imbabura,
dentro de los linderos y superficie que se señala en la demanda. Sin embargo jamás se
firmaron las escrituras definitivas, pero hasta la fecha se encuentra en posesión a vista y
paciencia de todos los moradores del sector con ánimo de señora y dueña por más de 20
años. Con los antecedentes expuestos demanda, de conformidad con lo que determinan los
artículos 715, 2410, 2411 del Código Civil la prescripción extraordinaria adquisitiva de
dominio. Solicita que se citen a los herederos del señor Rafael Túrquerres Ulcuango. En
auto de 12 de enero de 2010, las 10h55 se admite la demanda a trámite, pero por las razones
que se mencionan en auto de 23 de septiembre del 2011, las 09h07, se ha declarado la
nulidad del proceso a partir de fojas 12. Admitida la demanda a trámite en auto de 7 de
noviembre del 2011, las 15h12, se ordena citar a los demandados y a los presuntos
herederos y desconocidos de Rafael Túquerrez Ulcuando por la prensa, lo que se ha
cumplido a fojas 81 a José Manuel Túquerres Quimbia, mientras que José Manuel
Túquerres, Mariana y Alejandro Túqueres Quimbia comparecen a juicio a fojas 67, a
quienes se les da por citados legalmente. A los herederos presuntos y desconocidos de
Rafael Túquerrez Ulcuando por la prensa (fojas 83). Se ha ordenado citar al señor Director
Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, pero por petición de la actora se
cita al Subsecretario de Tierras y Reforma Agraria a fojas 78 sin que el mismo comparezca
a juicio. Los demandados Mariana y Alejandro Túqueres Quimbia no han propuesto
excepciones dentro del término legal. El accionado José Manuel Túquerres a fojas 82
propone las siguientes excepciones: 1) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho
y de derecho; 2) improcedencia de la demanda; 3) niega que la actora se encuentre en
posesión del bien desde 1986; 4) falta de derecho de la actora; 5) la actora ya presentó una
demanda similar, pero se declaró la nulidad del proceso; 6) la accionante carece de derecho
para solicitar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Sin embargo, el
accionado José Manuel Túquerres Quimbia a fojas 87, desiste de las excepciones opuestas
al proceso, y se realizó el reconocimiento del desistimiento a fojas 89. El demandado
Alejandro Túquerrez Quimbia a fojas 118 de autos, desiste de la presente acción. Se
convocó a las partes a la Junta de Conciliación, sin que se llegue acuerdo alguno. Abierta la
causa a prueba, en ella obran las que han practicado las partes.
Pruebas realizadas por las partes.
Tanto la parte actora como la parte demandada en primera y segunda instancia han
presentado testigos y exhibido documentos. Se resalta el desistimiento de la contestación
dada a la demanda y las excepciones por parte de los accionados José Manuel y Alejandro
Tuquerres Quimbia. Consta en el proceso los informes periciales tanto del ingeniero
Manuel Vaca Realpe como del arquitecto Germán Játiva Dávila, este último fue nombrado
por el juez de primera instancia a fin de que se puedan aclarar las dimensiones del bien
materia de la litis. Se ha impugnado por la parte actora los testimonios de Vicente Caiza
Túquerres, quien se afirma es yerno de la parte demandada, y de Luis Eduardo Cuascota
Túquerres por ser hijo de la demandada. De igual forma consta en el proceso el acta de la
realización de la inspección judicial en segunda instancia el día 10 de julio de 2014 y que
corre a fojas 52-66 el correspondiente informe pericial presentado por el arquitecto Juan L.
Mera.
Análisis motivado
Sobre la prescripción demandada
La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es un modo de adquirir el domino,
el Código Sustantivo Civil, la doctrina y la jurisprudencia lo reconocen como una forma
de adquirir o extinguir derechos. Para que proceda la prescripción adquisitiva
extraordinaria de dominio debe cumplir los siguientes elementos: a.- Prescriptibilidad; b.-
La posesión; c.- El tiempo; d.- Que la acción esté dirigida en contra de quien conste en el
Registro de la Propiedad como titular del dominio, ya que se va contradecir su relación
jurídica sustancial. O sea que, según el primero, conforme nuestra legislación, la
prescriptibilidad constituye la regla general, pues la ley favorece el carácter prescriptible
de los bienes corporales y de los derechos reales no exceptuados. La imprescriptibilidad
la excepción.
La ex Corte Suprema de Justicia y la hoy Corte Nacional de Justicia, han señalado, de
acuerdo a la ley y a la doctrina que, los requisitos para la procedencia de una acción de
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio son:
“(…) 1) Que el bien sobre el que se pide la prescripción adquisitiva de dominio, sea
prescriptible; pues no todas las cosas son prescriptibles. Así, no pueden ganarse por
prescripción: las cosas propias, las cosas indeterminadas, los derechos personales o
créditos, los derechos reales expresamente exceptuados, las cosas comunes a todos los
hombres, las tierras comunitarias, las cosas que están fuera del comercio. 2) La posesión de
la cosa, entendida como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño
(Art. 715 Código Civil).- La posesión es el hecho jurídico base que hace que, una vez
cumplidos los demás requisitos de Ley, el posesionario adquiera por prescripción el
derecho de dominio del bien. La posesión requerida para que proceda legalmente la
prescripción adquisitiva de dominio debe ser: pública, tranquila, no interrumpida,
mantenerse hasta el momento en que se alega; y, ser exclusiva. 3) Que la posesión haya
durado el tiempo determinado por la Ley. El tiempo necesario para adquirir por
prescripción extraordinaria es de 15 años, sin distinción de muebles e inmuebles, ya se trate
de presentes o ausentes. 4) Que el bien que se pretende adquirir por prescripción sea
determinado, esté debidamente singularizado e identificado.- 5) Que la acción se dirija
contra el actual titular del derecho de dominio, lo que se acredita con el correspondiente
certificado del Registrador de la Propiedad del cantón donde se ubique el bien (…)”. (Juicio
Nro. Juicio No. 58-2012, Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia).
De acuerdo a estas exigencias, es necesario analizar el presente caso, a fin de determinar la
procedencia de la acción deducida por la señora Mercedes Leopoldina Quiroz Morejón:
i. El bien materia de la litis, es de aquellos que se encuentran en el comercio humano.
El artículo 2398 del Código Civil establece que se gana por prescripción el dominio
de los bienes corporales raíces o muebles que se encuentran en el comercio humano.
La regla general es que todo es prescriptible, excepto lo que la ley declara como
imprescriptible.
i. La posesión de la cosa, entendida como la tenencia de una cosa determinada con
ánimo de señor y dueño. El artículo 715 del Código Civil establece que la posesión
es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. Juan Larrea
Holguín, en su Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana señala, que existe una evidente
relación entre el uso de un derecho y la tutela legal de éste. Si es que una persona no
usa su derecho, en este caso el de propiedad, es porque probablemente no le sirve o
no quiere servirse de ésta y cuando transcurre mucho tiempo, no es razonable que el
sistema jurídico siga protegiendo a quien se desinteresa totalmente de ella. (Larrea
Holguín Juan, Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, págs. 507 508).
En el caso que nos ocupa, la demandante a través de las declaraciones testimoniales
presentadas tanto en primera como en segunda instancia, ha demostrado que está en
posesión del terreno. Los testigos Sergio Luis Farinango Farinango, Carlos Manuel
Carlozama Luna, Juan Eugenio Tuquerres Urcuango, Andrés Farinango Farinango,
José Manuel Cuascota Caiza, María Amelia Farinango Quimbia, en forma unánime
indican que la señora Mercedes Leopoldina Quiroz Morejón viene poseyendo el
terreno materia de la litis desde 1986.
i. Otro de los requisitos necesarios para la procedencia de la prescripción adquisitiva
extraordinaria de dominio es la singularización del bien. Para determinar la
superficie, si el inmueble es un bien indivisible, el Certificado de la Propiedad
normalmente proporcionará esta información, si no es posible como en el caso en
estudio por la existencia de desmembraciones, los informes periciales serán
indispensables para determinar el área, los linderos, etc., de un bien inmueble del
que se pretende la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Es por esta
razón que la actora ha acudido a inspecciones judiciales e informes periciales a fin
de que se determine el área del bien que se pretende que se declare la prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio.
Como quedó anotado ut supra, entre los informes periciales que constan en el
proceso se evidenció que no existe concordancia entre el primer y segundo informe
practicados en primera instancia, es así que en el informe del ingeniero Manuel
Vaca Realpe constante a fojas 123 a 126 se señala que el bien materia de la litis
tiene una superficie de 6.588, 33 m2. Por lo que por no existir claridad en la
superficie, el juez de primera instancia ordenó que se practique otro informe,
correspondiéndole al perito Arq. German Játiva Dávila, quien (informe de fojas
136-142) determina que la superficie del bien materia de la litis es de 13.460,35 m2.
En segunda instancia, en la etapa probatoria se realizó un nuevo informe pericial
que consta a fojas 61- 66, en el mismo se establece que el área del terreno es de
13.619,22 m2, con este último informe pericial elaborado por el perito Arq. Juan L.
Mera y ampliación de foja 73, en forma exhaustiva precisa las mesuras y
dimensiones del bien inmueble materia de la litis, y que son las mismas que se
señalan en la demanda. Linderos que también se hace constar en el acta de la
inspección ocular de fojas 50 y 51 por parte de los Jueces de la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, evidenciándose
con ello la singularización del bien. Los testigos presentados por la parte actora
también dan fe de que el bien materia de la litis tiene una extensión de
aproximadamente 13. 619.22 metros.
De lo expuesto claramente se puede determinar que el bien inmueble ha sido
debidamente singularizado con el segundo informe pericial efectuado en primera
instancia por el perito Arq. German Játiva Dávila con el informe de fojas 136-142, y
con el de segunda instancia del perito Arq. Juan L. Mera de fojas 61- 66, a través de
los cuales se ha podido establecer en forma inequívoca los linderos y superficie del
bien materia de la Litis, así como de las declaraciones de los testigos y de la
inspección judicial realizada en segunda instancia.
La ex Segunda Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional al respecto ha
señalado que:
“(...) para la identificación del bien inmueble existen varios elementos como son la
ubicación, Juicio No. 70-2012 12 cabida, linderos y colindante, de modo que el juzgador
deberá sopesar todos estos aspectos para determinar si existe clara identificación del bien
objeto de la demanda con aquel que está en posesión del demandado, según la verificación
que se realice en la inspección judicial y con la ayuda de peritos, sin que pequeñas
diferencias en los linderos, como son de unos metros, aun tratándose de predios rurales de
grandes extensiones, sea suficiente para declarar, como en el presente caso, que el bien no
está debidamente singularizado; pues es necesario considerar que el bien inmueble descrito
en la demanda y que es objeto de la acción reivindicatoria tiene la misma ubicación, el
sitio…, parroquia… del cantón…, en sus linderos corresponde a los mismos colindantes,
posesión de la demandada, existiendo mínimas diferencias en cuanto a las dimensiones….”
(R. O. S. No. 406 de 6 de marzo del 2013. Resolución No. 525-2011).
En esta virtud y por cuanto la parte demandada no ha podido desvirtuar los hechos
expuestos por la parte actora, ni justificar las excepciones opuestas, acorde lo dispuesto por
los artículos 715, 2392, 2410 y 2411 del Código Civil se ha cumplido con los requisitos
necesarios para la procedencia de la presente acción.
CUARTO
DECISIÓN
Este Tribunal de Casación de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de
Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA”, casa la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha el 6 de noviembre de 2014, las 12h38, y declara con lugar la demanda. Por
consiguiente, se declara que por prescripción adquisitiva extraordinaria ha operado el
dominio del bien inmueble materia de la litis a favor de Mercedes Leopoldina Quiroz
Morejon, ubicado en la parroquia San Francisco y El Sagrario, cantón Ibarra, provincia de
Imbabura, dentro de los siguientes linderos y superficie: Norte, en 240,35 mts, con
propiedad de Rafael Tuquerrez. Al medio camino de herradura que antiguamente conducía
a Mariano Acosta; Sur, en 169, 68 mts. con propiedad de la demandante Mercedes L.
Quiroz M; Este, en 84,40 mts, con varios propietarios, antes terrenos de la Hacienda
Yuracruz; y por el Oeste, en 59,00 mts, con propiedad de la actora Mercedes L. Quiroz M.
Siendo al área del terreno: 13.619,22 mts2. Para lo que, ejecutoriado este fallo, con copia
certificada de esta sentencia y del informe pericial de fojas 61 a 66, protocolícese en una de
las notarías e inscríbase en el Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra. Cancélese la
inscripción de la demanda, previa notificación al funcionario referido. Sin costas.
Notifíquese y devuélvase, para los fines de ley. f).- DR. WILSON ANDINO REINOSO,
JUEZ (PONENTE); DR.OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ; DRA.
MARIA ROSA MERCHAN LARREA, JUEZA (VOTO SALVADO).- Certifico:
VOTO SALVADO DE LA DRA. MARIA ROSA MERCHAN LARREA, JUEZA DE
LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTÍL.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y
MERCANTÍL. Quito, martes 27 de junio del 2017, las 11h55.
VISTOS:
ANTECEDENTES
En el juicio ordinario que por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de un
inmueble propuesto por Mercedes Leopoldina Quiroz Morejón en contra de Mariana
Túquerres Quimbia y los herederos presuntos y desconocidos de Rafael Túquerres
Ulcuango; los demandados interponen recurso de casación impugnando la sentencia dictada
el 6 de noviembre de 2014, las 12h38, por el tribunal de jueces de la Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura; la que, revoca la sentencia de
primer nivel, y declara que ha operado a favor de los actores, la prescripción extraordinaria
adquisitiva de dominio del inmueble objeto del litigio.
Concedido el recurso de casación por el tribunal de instancia, y remitido el expediente al
órgano jurisdiccional competente de esta Corte Nacional de Justicia, la Conjueza de esta
Sala, en quien por sorteo se radicó la competencia para admisibilidad, lo acepta a trámite, al
considerar que, cumple con los requisitos de forma previstos en la Ley de Casación.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Invocando causal 5 del artículo 3 de la Ley de Casación, la recurrente acusa como
infringidas en la sentencia que impugna, las normas contenidas en los artículos 274 y 276
del Código de Procedimiento Civil; y, 76.7.l) de la Constitución de la República. Con
respecto a las primeras, alega que la sentencia impugnada no contiene los requisitos
establecidos en las normas, en cuanto disponen que en la sentencia se decidirá con claridad
los puntos que fueren materia de la resolución fundándose en la ley y en los méritos del
proceso; al amparo de lo que la doctrina denomina principio de sencillez, en razón del cual
el juzgador debe emitir sus resoluciones en forma clara, directa, práctica y precisa, sin
artificio alguno; redactándolas de forma lógica, ordenada y refiriéndose exclusivamente a
los hechos más trascendentales del proceso y que puedan tener alguna influencia en la
decisión.
Luego de analizar cada uno de los considerandos de la decisión que impugna sostiene que
la parte expositiva de la sentencia es abundante, resume todas las actuaciones del proceso
tanto en primera como en segunda instancia, con las exposiciones de las partes en todas la
diligencias; redundando de forma exagerada en el análisis de la procedencia del recurso de
apelación, en tanto que la considerativa es inexistente, y que lo poco que se plasma en ella,
la vuelve oscura, ambigua, incluso contradictoria; que ella debe contener la motivación de
la sentencia y expresar los fundamentos de hecho y derecho argumentados por las partes y
los que utiliza el tribunal para resolver el objeto del proceso, en ella el juez realiza el
proceso de subsunción, haciendo un razonamiento lógico para explicar la pertinencia de la
aplicación de las normas de derecho a los hechos a él expuestos.
Que lo único que ha hecho la sentencia es enunciar las pruebas presentadas por las partes
procesales, sin valorarlas en ningún momento, explicando cual o cuales son determinantes
en la decisión como exige el artículo 76.7.i) de la Constitución de la República.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
1.1. Corresponde el conocimiento de esta causa al Tribunal que suscribe, constituido por
Jueces Nacionales, nombrados y posesionados por el Consejo de la Judicatura, en forma
constitucional, mediante resolución número 004-2012 de 25 de enero de 2012; ratificados
por el Pleno para actuar en esta Sala de lo Civil y Mercantil, por resolución de 28 de enero
de 2015; su competencia para conocer el recurso de casación interpuesto se fundamenta en
lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador, 190.1
del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación.
2. PROBLEMA JURÍDICO QUE DEBE RESOLVER EL TRIBUNAL
Al Tribunal, en virtud de los puntos a los cuales la recurrente contrae el recurso, le
corresponde resolver:
2.1. Si la sentencia impugnada carece de motivación, e incumple en consecuencia con el
requisito de fundamentación, previsto en los artículos 274 y 276 del Código de
Procedimiento Civil.
3. CRITERIOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN EL ANÁLISIS DE LOS
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
3.1. En Casación, la causal que se invoca en sustento de una acusación en contra de la
sentencia, constituye la razón legal de la impugnación y el límite impuesto por la recurrente
para el ejercicio del control de legalidad que debe realizar el Tribunal.
3.2. La Constitución de República, en su artículo 76.7.l) dispone que Las resoluciones de
los poderes públicos, deben ser motivadas. (…)” en concordancia, el Código Orgánico de la
Función Judicial, en su artículo 130 prescribe “Es facultad esencial de juezas y jueces
ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos
internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: 4. Motivar
debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados serán nulos”.
3.3. Motivar una decisión judicial implica explicar razonadamente el porqué de la
aplicación o no de una norma de derecho, a la pretensión, los hechos del proceso y la
prueba, a través de un argumento justificativo que responda a las reglas de la lógica y la
experiencia. Para que una sentencia cumpla con los parámetros constitucionales y legales
de la debida motivación se requiere que aquella sea autosuficiente y comprensible,
congruente con la pretensión y las excepciones, enuncie las normas de derecho o principios
jurídicos en que se funda y explique el porqué de su aplicación al caso concreto.
3.4. La acción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, para su procedencia
requiere: Que el bien objeto de la acción, cosa determinada sea prescriptible; su posesión
material con el ánimo de señor y dueño, sin violencia, clandestinidad ni interrupción en los
últimos quince años y que quien se pretende dueño, no pueda probar que en este periodo se
haya reconocido expresa o tácitamente su dominio, por quien la alega.
3.5. Constituye cosa determinada, con respecto a un bien inmueble, su singularización; ello
implica identificarlo y detallarlo con sus peculiaridades de tal manera que se distinga de
otros. La doctrina y la jurisprudencia, entienden a la singularización, como “…la
determinación del bien reclamado con precisión y claridad tales que no pueda ser
confundido con otro u otros de su género o especie, determinación que tratándose de bien
inmueble debe concretarse no solo a su ubicación geográfica sino también a su cabida y
linderos” (R.O. No. 40 de 14 de marzo de 2003. Juicio No. 218-2002).
4. ANÁLISIS MOTIVADO DE LA RESOLUCIÓN
4.1. Las acusaciones de la demandada recurrente limitan el recurso a la falta de requisitos
en la sentencia, emplazándola por carencia de motivación al ser oscura y contradictoria, sin
justificar de una manera razonada la conclusión a la que arriba.
4.2. La causal 5 del artículo 3 de la Ley de Casación regula dos eventos diferentes sobre los
cuales puede proceder la casación: 1) Cuando la sentencia o auto impugnados, no
contuvieren los requisitos exigidos por la ley; y, 2) Cuando en su parte dispositiva se
adopten decisiones contradictorias o incompatibles.
Es preciso señalar que, los requisitos de la sentencia son de orden externo e interno. Los
presupuestos externos están relacionados con la legalidad de los tribunales, la intervención
de las partes y la exigida existencia de pretensiones; todo dentro de un debido proceso. Los
requisitos internos en cambio se refieren a la forma, oportunidad y contenido. Los
requisitos de forma corresponden a la estructura del fallo que necesariamente ha de
contener una parte expositiva, con identificación de las partes procesales, la enunciación de
lo que se pretende, las excepciones opuestas y la decisión; lugar, fecha, hora y firmas de
quienes expiden el fallo; y los referidos a su publicidad, y notificación. El requisito de
oportunidad se relaciona con el tiempo dentro del cual han de dictarse las sentencias; los
requisitos de contenido se refieren a la resolución específica, explícita y clara de los puntos
de la litis; en congruencia con la pretensión y las excepciones; la fundamentación o
motivación, entendida como el razonamiento lógico, que sustenta la aplicación de las
normas de derecho a los hechos probados (a través del análisis lógico y completo de todas
las pruebas producidas en legal y debida forma) en el proceso; la decisión; conclusión a la
que se arriba, en la que debe determinarse los derechos y las obligaciones de las partes.
(sección octava del Código de Procedimiento Civil.)
4.3. Establecidos los requisitos de la sentencia, corresponde analizarlos con respecto a la
resolución impugnada, para establecer si aquella ha sido dictada dentro de los parámetros
señalados por la Ley.
4.3.1. En el fallo, se evidencia contradicción entre la premisa, sentada en el considerando
DÉCIMO y la conclusión a la que arriba la sentencia; en el considerando se deja sentado
que, quien alega la prescripción adquisitiva de dominio debe “…singularizar
adecuadamente, sin que dé lugar a duda o confusión el bien raíz del que se trata y
conforme se ha analizado en el considerando precedente, los distintos informes periciales
mantienen inconformidad con lo expuesto en la demanda, inclusive el informe del perito
Arq. Manuel Vaca Realpe difiere totalmente con las otras experticias y más bien es
coincidente con la información consignada en la posesión efectiva y esto es más creíble
por cuanto tiene relación con la información del Certificado del Registro de la Propiedad
que da cuenta de varias desmembraciones que ha tenido el predio del difunto Rafaél
Túquerres Ulcuango que inicialmente tenía superficie de 45.000 m2…”; informe que,
calificado como el más creíble, por cuanto tiene relación con la información del certificado
del Registro de la Propiedad, y las desmembraciones, da cuenta, en el considerando
NOVENO que la superficie del predio materia de la litis tiene una cabida de 6.588,33 m2;
razonamiento que apareciendo como hilo conductor para entrelazar los hechos y las normas
con la conclusión, de pronto se rompe, y resulta que, luego la sentencia se basa en un
informe pericial de segunda instancia coincidente con la demanda, y sin ninguna
explicación de su valoración más que la coincidencia, otorga la prescripción adquisitiva del
dominio de un inmueble de 13.619,22 metros cuadrados, el doble de lo que se consideró era
lo más apegado a la cabida real del inmueble.
Si la norma establece que se puede adquirir por prescripción las cosas que se han poseído
con las condiciones legales, (artículo 2398 del Código Civil) ésta constituye la premisa
inamovible; a la cual, el tribunal debió subsumir los hechos para arribar a la decisión; si en
su razonamiento el tribunal, señala que lo más creíble es que el predio materia de la litis (en
posesión de la demandante) tiene 6.588,33 metros cuadrados y señala las razones para tal
consideración; la conclusión lógica que fluye naturalmente es que no se justificó el
requisito de identidad entre lo poseído y lo pretendido prescribir (inmueble de 13.619,22
metros cuadrados), siendo en consecuencia improcedente la acción. No resulta lógico,
valorar un informe pericial como el más creíble, dar las razones que sustentan su
credibilidad y luego fundar la decisión, en otro que como único referente para su utilización
como instrumento de conocimiento del tribunal, es el de coincidir en la singularización del
predio con el que hace la actora en la demanda; supuesto imposible en virtud de que la
actora en el libelo de demanda; señala que el predio lindera en tres de sus puntos con
extensiones de terreno en metros cuadrados.
Una sentencia motivada debe contener los argumentos que justifican la comprobación de
los hechos de la causa y la aplicación del derecho; a través de razonamientos que guarden
sindéresis, coherencia y lógica entre sí y expliquen fehacientemente cómo se encadenan los
hechos con las normas, para que de ello fluya una conclusión que garantice la racionalidad
de la decisión. Michele Taruffo, señala que un aspecto extremadamente relevante de la
motivación tiene que ver con la justificación del juicio relativo a la verdad o falsedad de los
hechos de la causa y que es obvio, que si la decisión se funda en un hecho relevante, este
debe ser justificado. “(…) ello implica que “la motivación de hecho” debe existir como
discurso justificativo completo y articulado y, por lo tanto, no puede ser reducida a la
simple y apodíctica enunciación de aquello que el juez ha considerado como verdadero o
falso.”
En razón del análisis que antecede, y justificada la acusación de infracción del artículo 76.7.l) de la
Constitución de la República, en el deber de motivación de la sentencia; al CASARLA, este
Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en
aplicación a lo dispuesto en el artículo 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, en
relación con el artículo 76.7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, declara la
nulidad de la sentencia recurrida a costa del tribunal de jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, que la pronunció;
y en su lugar en atención a la disposición contenida en el artículo 16 de la Ley de Casación, dicta
sentencia de mérito; y, al considerar la valoración de la prueba efectuada en instancia, concluye que
no hay identidad entre el inmueble efectivamente poseído por la demandante y aquel que pretende
prescribir; por lo que, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES
DE LA REPÚBLICA”, deja vigente la sentencia de primera instancia en cuanto declara sin lugar la
demanda propuesta por Mercedes Leopoldina Quiroz Morejón en contra de Mariana Túquerres
Quimbia, y los herederos presuntos y desconocidos de Rafael Túquerres Ulcuango. Sin costas.
Notifíquese y devuélvase los expedientes de instancia. f). DR. WILSON ANDINO REINOSO,
JUEZ (PONENTE); DR.OSCAR EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ; DRA.
MARIA ROSA MERCHAN LARREA, JUEZA (VOTO SALVADO).- Certifico:
Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 27 de junio de 2017.
DRA. LUCÍA DE LOS REMEDIOS TOLEDO PUEBLA
SECRETARIA