Resolución Nº 0095-2017 de Corte Nacional de Justicia, 17 de Julio de 2017

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteAndino Reinoso Wilson Efraín
Fecha de publicación17 Jul 2017
Número de resolución0095-2017
Número de sentencia0008-2015
REPÚBLICA DEL ECUADOR
www.cortenacional.gob.ec
Juicio No: 17711-2015-0008 JURISPRUDENCIA
Quito, lunes 17 de julio del 2017
A: OCAMPO VIRGINIA DEL SOCORRO
Dr./Ab.:
En el Juicio Ordinario No. 17711-2015-0008 que sigue LOPEZ RAMON
MERCEDES LUCILA en contra de BORRERO ESPINOSA CAMILO, NOTARIO
CUARTO DEL CANTON LOJA, OCAMPO JIMENEZ LUIS DAVID Y OTROS,
OCAMPO VIRGINIA DEL SOCORRO, hay lo siguiente:
JUEZ PONENTE: DR. WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ
(PONENTE)CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA
DE LO CIVIL Y MERCANTÍL.- Quito, lunes 17 de julio del 2017, las 10h18.-
VISTOS:
Virginia del Socorro Ocampo, en el juicio ordinario por nulidad de contrato que en
su contra sigue Mercedes Lucila López Ramón, interpone recurso de casación
mediante el cual impugna la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Civil,
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de
Loja, el 25 de septiembre del 2014, las 08h59, que declara la nulidad relativa del
contrato de compra venta de derechos y acciones realizada el 15 de junio de 2005.
Para resolver, se considera:
PRIMERO
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
1.2.4.1.1.1.1.1.1 La recurrente señala que se han infringido los artículos 1740
del Código Civil; 25 de la Ley de Registro, 389 y 390 del Código de
Procedimiento Civil. Funda su recurso en las causales segunda y primera
del artículo 3 de la Ley de Casación, siendo admitido en su totalidad el
recurso mediante auto de 13 de enero de 2016, las 11h41, dictado por el
doctor Oscar Enríquez Villarreal, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia.
1.2.4.1.1.1.1.1.1 La casacionista basada en la causal segunda del artículo 3 de
la Ley de Casación, manifiesta que existe falta de aplicación de los artículos
389 y 390 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que la instancia
de apelación entró en abandono ya que desde que se concluyó el término de
prueba las partes procesales no solicitaron diligencia alguna o petitorio. Con
fecha 31 de enero del 2014 se solicitó el abandono de la instancia, petición
que fue omitida por la Sala y en respuesta dictó sentencia, careciendo de
competencia para resolver sobre lo principal, provocando una nulidad
insanable debido a que lo que correspondía era declarar el archivo y el
abandono del proceso.
En base a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, la
recurrente alega que el artículo 1740 del Código Civil dispone que la venta
se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el
precio, salvo la venta de bienes raíces, servidumbres y de una sucesión
hereditaria, contratos que para ser perfeccionados deben ser otorgados
mediante escritura pública, por lo que el título adquisitivo del comprador de
una herencia es la venta y no la sucesión por causa de muerte, y que por lo
tanto para adquirir el dominio en los bienes de una herencia comprada es
necesario la tradición, y que al tratarse de bienes raíces que forman parte de
la herencia, la tradición no es efecto del contrato sino de la inscripción.
De igual manera señala que existe errónea interpretación del artículo 25 de la
Ley de Registro, por cuanto en el considerando cuarto de la sentencia
recurrida la Sala concluye que no existe disposición expresa que obligue a
inscribir la compraventa de derechos y acciones en el Registro de la
Propiedad, olvidando que el literal a) del artículo infringido ordena inscribir
todo acto o contrato entre vivos que cause la traslación de propiedad de
bienes raíces.
SEGUNDO
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Jurisdicción y competencia
Este Tribunal tiene jurisdicción en virtud de que los jueces que lo integramos fuimos
constitucionalmente designados mediante Resolución Nº. 004-2012 de 25 de enero
del 2012, así como por Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia Nº.
01-2015 de 28 de enero de 2015. Y la competencia, en mérito a lo dispuesto por los
artículos 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador; 190.1 del Código
Orgánico de la Función Judicial; 1 de la Ley de Casación; y, por la Disposición
Transitoria Primera del Código General de Procesos.
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Naturaleza y objeto del recurso de casación
El recurso de casación, es un recurso extraordinario, formal, limitado y axiomático
que procede únicamente contra sentencias o autos que pongan fin a los procesos de
conocimiento, además contra providencias expedidas en su ejecución. La
Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 184 que una de las
funciones de la Corte Nacional de Justicia es conocer los recursos de casación. Su
propósito es restaurar el imperio de la ley transgredida en la sentencia o auto en
garantía del debido proceso (artículo 76, Constitución de la República del Ecuador).
La Constitución de acuerdo a los artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 81, 82, 167 diseña y
desarrolla un estado constitucional de derechos y justicia que garantiza los derechos
fundamentales de los justiciables, la Corte Nacional al ser el máximo Tribunal de
Justicia Ordinaria realiza un control de legalidad, su rol es el de desarrollar los
precedentes jurisprudenciales con fundamento en los fallos de triple reiteración,
garantizando la efectiva vigencia de todos los derechos, acorde a lo que manda la
Constitución.
Calamandrei define a la casación “como un instituto judicial consistente en un
órgano único en el Estado ( Corte de Casación) que, a fin de mantener la exactitud y
la uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los tribunales al derecho
objetivo, examina solo en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho, las
sentencias de los jueces inferiores como las mismas son impugnadas por los
interesados mediante un remedio judicial ( recurso de casación ) utilizable
solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho en la resolución
de mérito”. (Calamandrei Piero, La Casación Civil, ed. Castellana de Ed.
Bibliografía Argentina, Trad. de S. Sentís Melendo, 1945, Buenos Aires
Argentina, Pág. 376).
Finalmente y como señala Enrique Vescovi: “La defensa del Derecho, perseguida a
través de la correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales, es la finalidad
primera; y la igualdad ante la ley”, para quien, “La sentencia que acoge el recurso
tiene, a nuestro juicio, naturaleza constitutiva. En efecto, esta sentencia anula la del
Tribunal, la cual queda, a partir de este momento, sin efecto (se cumple la condición
suspensiva, si es que se admitido aquella tesis: Supra No 3). Esto es independiente
de que, en la sentencia compleja que existe cuando se acoge la nulidad por razón de
fondo, la Corte se pronunciará, además, sustituyendo la sentencia dictada y
emitiendo la que a su juicio corresponda. Y esta parte será declarativa, constitutiva o
de condena, según corresponda a la sentencia (del Tribunal) sustituída”, pero que,
“Cuando se acoge la casación en la forma, se pronuncia la anulación de la
sentencia, porque contra ella es que se entabla el recurso, pero, además, se
pronuncia si es el caso- la anulación de todos los actos posteriores desde que se
cometió la falta que fue causa de la nulidad, puesto que desde allí que debe
reanudarse el proceso por el Tribunal o Juez que deba subrogar a los que se
hubiesen pronunciado…”.(Enrique Vescovi, La Casación Civil, Primera Edición,
Montevideo Ediciones IDEA, 1979. Págs. 25, 118 y 119).
En la actualidad “En el Ecuador y en algunos países de América Latina se ha
afincado el Neoconstitucionalismo y ha provocado un cambio cualitativo en el
pensar y en el actuar jurídico: se ha construido otro marco jurídico-político dentro
del cual tenemos que actuar, razonar y elaborar los juicios lógicos y axiológicos
para desarrollar la actividad jurídica, con la calidez humana que debe primar en las
relaciones de este tipo. Este nuevo marco está constituido por el denominado
Neoconstitucionalismo y, específicamente para América Latina, por el
Neoconstitucionalismo latinoamericano. Hoy existe otra óptica y otra lógica para
comprender y aplicar el Derecho: la del Neoconstitucionalismo y, por tanto la
organización del poder político como la del poder judicial y otros poderes e
instituciones estatales, deben responder a esta nueva realidad” (Cueva Carrión, Luis,
La Casación en Materia Civil, 2da edición, Ediciones Cueva Carrión, Ecuador,
2011. Pág.32). Se ha de tener en cuenta que en materia de casación la parte relativa
con la fundamentación, se asimila a un ejercicio de comparación y contraste entre
las normas que fueron empleadas como presupuestos de derecho en el fallo
cuestionado que pronunció el Tribunal, y las de quien recurre señala debieron
haberse empleado y, demostrar con claridad que, efectivamente, la normativa
expresada por el casacionista es la idónea o apropiada para el juzgamiento del caso
en cuestión.
Las causales de casación se encuentran determinadas en la ley y el examen del
recurso de casación se lo realizará conforme al orden lógico de las causales. La
Corte Nacional de Justicia sobre el tema ha señalado que: “Cuando en casación se
invoca varias causales, existe un orden lógico para el estudio de las mismas. Se
comienza por la causal segunda, pues si esta acusación prospera, le está vedado al
juzgador de casación el seguir adelante con sus análisis y entrar a resolver sobre el
fondo de la controversia, sino que, declarando la nulidad procesal a partir del
instante en que el vicio se produjo, ha de reenviar el proceso en cumplimiento de lo
que dispone el Art. 15 de la Ley de Casación; luego se estudia la causal quinta, que
describe vicios relativos a la estructura de la sentencia (su congruencia y
motivación) que subsana dictando una nueva sentencia; la cuarta, relativa a los
vicios de ultra, citra, o extra petita; luego la tercera, que trata de aplicación indebida,
falta de aplicación o errónea interpretación de normas relativas a la valoración de la
prueba que hayan llevado a la violación de una norma sustantiva; finalmente, se
estudiará la causal primera, que se refiere la infracción de normas sustantivas de
derecho. (GJS. XVII. No. 10 Pág. 3063). Necesario e importante es advertir que este
Tribunal se debe limitar al estudio de los términos que se han fijado en el recurso
acorde al principio dispositivo.
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Problemas jurídicos planteados
Los principales problemas jurídicos planteados por la recurrente son:
¿La no declaratoria de abandono de segunda instancia provoca nulidad en el
proceso?
¿Los bienes inmuebles inscritos posterior a la terminación de la sociedad
conyugal pertenecen a ambos cónyuges?
3.1. De acuerdo al orden señalado, corresponde analizar la causal segunda del
artículo tres de la Ley de Casación, la que procede por: “Aplicación indebida, falta
de aplicación o errónea interpretación de normas procesales cuando hayan viciado el
proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren
influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado
convalidada legalmente”.
La causal segunda tiene lugar cuando la sentencia ha sido dictada sobre un proceso
viciado de nulidad insanable o que ha provocado indefensión, conocida en doctrina
como de error “in procedendo” y que es la única que permite analizar y apreciar si
se ha producido alguna violación procesal que pudiere haber influido en la decisión
de la causa.
El artículo 346 del Código Procesal Civil, vigente a la época de juzgamiento de este
proceso, determina que son solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e
instancias la: 1) Jurisdicción de quien conoce el juicio, 2) Competencia del juez o
tribunal, en el juicio que se ventila, 3) Legitimidad de personería, 4) Citación de la
demanda al demandado o quien legalmente le represente, 5) Concesión del término
probatorio, cuando se hubieren alegado hechos que deben justificarse y la ley
prescribiere dicho término, 6) Notificación a las partes del auto de prueba y la
sentencia, y, 7) Formarse el tribunal del número de jueces que la ley prescribe. es así
que: “Las nulidades procesales son taxativas y de interpretación estricta y
restrictiva, y fuera de las solemnidades sustanciales, comunes a todos los juicios e
instancias, determinadas expresamente en el Art. 355 (346) del Código de
Procedimiento Civil, cuya omisión de cualquiera de ellas, cuando influye o pueda
influir en la decisión de la causa, ocasiona la nulidad del proceso, no existen otras
que lo invaliden, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Corte
Suprema Justicia a partir de la sentencia publicada en la Gaceta Judicial Serie X No.
15, pág. 4139”.
Al respecto se debe señalar que la principal finalidad de la causal segunda es
garantizar el derecho a la defensa y la tutela efectiva. El artículo 169 de la
Constitución de la República nos refiere a los principios básicos o normas
principales que han de tutelar nuestro sistema procesal, como un medio para la
realización de la justicia, a saber: salvaguardar la consecución de los principios de
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal
para hacer efectivas las garantías del debido proceso en la administración de justicia,
y que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de solemnidades.
La declaratoria de nulidad en un proceso, como se expresó, a mas de ser una sanción
extrema, es última, y se produce cuando no existe manera de convalidar un vicio
que se ha producido en la causa, el cual se rige por varios principios a su vez, como
son el de especificidad y de transcendencia. El primero se refiere a que aquella
nulidad que se alega debe estar expresamente contemplada en la ley como una causa
de nulidad, y el segundo se manifiesta cuando en el proceso se ha producido una
nulidad que no puede ser convalidada de ningún manera, afectando el derecho a la
defensa causando un perjuicio irremediable, y que por lo tanto el único remedio
procesal será declarar la nulidad en el proceso.
Eduardo J. Couture, señala al respecto que:
“No hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las
garantías esenciales de defensa en juicio. La antigua máxima Pas de nullité sans
grief recuerda que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales,
sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los
métodos de debate, cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías
a que tienen derecho los litigantes. Sería incurrir en una excesiva solemnidad y en
un formalismo vacío, sancionar con nulidad todos los apartamientos del texto legal,
aún aquellos que no provocan perjuicio alguno. El proceso sería, como se dijo en
sus primeros tiempos, una misa jurídica ajena a sus actuales necesidades”
(Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1951,
Págs. 285 y 286).
La recurrente en base a esta causal, señala que la instancia de apelación entró en
abandono, desde el momento en que concluyó el termino de prueba, en virtud de
que las partes procesales no han solicitado ninguna diligencia, debiendo los
juzgadores declarar el abandono y archivar la causa tal como fue solicitado, sin
tener que pronunciarse sobre el fondo del asunto porque al dictar sentencia
carecieron de competencia, provocando de esta manera nulidad insanable en el
proceso.
El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil vigente a la época de la petición
de la declaratoria de abandono, establece que: "La separación tácita de un recurso o
instancia se verifica por el abandono de hecho, durante el tiempo señalado en esta
Sección”, es decir; es la paralización del proceso por un determinado tiempo.
El tiempo para que opere el abandono de una instancia o recurso, corre desde la
fecha de la última diligencia practicada en el juicio, o desde la última petición o
reclamación que hubiese hecho el recurrente (artículo 383 Código de Procedimiento
Civil).
El artículo 384 del mismo cuerpo legal, prescribe que: “Por el hecho de presentarse
por parte legítima, la solicitud sobre el abandono de un recurso o demanda, la jueza
o juez declarará el abandono, si consta haberse vencido el plazo legal”.
La segunda instancia por el transcurso del plazo de dieciocho meses, lo cual se
aplica también cuando interpuesto un recurso, ha transcurrido el plazo de dieciocho
meses sin remitirse el proceso (artículo 386 Código de Procedimiento Civil), la
recurrente señala que la última diligencia procesal antes del petitorio para declarar
en abandono al proceso, fue realizada el 23 de julio del 2012, de la revisión del
proceso se desprende que existe una diligencia procesal de fecha 23 de enero del
2014, las 14h58 (fojas 95 vta.) sin que a ese momento procesal se haya vencido el
plazo legal determinado en las normas antes anunciadas, aclarando nuevamente que
estas normas hacen relación a la época en la que las normas relativas al abandono se
El solo pedido de cualquiera de las partes a efecto de que sea declarado el abandono
de recurso o instancia, no es suficiente, debido a que la ley de manera expresa señala
que procede el abandono una vez se constate haberse vencido dicho plazo legal, es
decir, corresponde al juzgador verificar de acuerdo a lo actuado en el proceso si
procede o no la declaratoria de abandono de un recurso o instancia.
La casacionista alegó que los jueces del Tribunal de instancia carecían de
competencia para dictar la sentencia. La competencia es la medida dentro de la cual
la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y
juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados. La
competencia se suspende o se pierde. Se suspende por: 1. Casos de excusa y
recusación; 2. Por el recurso de apelación, de casación, de revisión o de hecho desde
por la concesión del recurso se envíe el proceso al superior hasta que se lo devuelva
y, 3. Cuando se promueve el conflicto de competencia desde que la jueza o el juez
recibe el pedido inhibitorio hasta que se dirima el conflicto. (Artículo 164 Código
Orgánico de la Función Judicial).
De acuerdo al artículo 165 del Código Orgánico de la Función Judicial, la
competencia se pierde por: 1. En la causa por la cual ha sido declarado incompetente
por sentencia ejecutoriada; 2. En la causa en que se ha admitido la excusa o la
recusación; y, 3. En la causa fenecida cuando está ejecutada la sentencia, en todas
sus partes.
Como queda anotado en caso de violación de trámite que provoque la nulidad, la
declaratoria de esta, según la doctrina y jurisprudencia, está siempre condicionada a
los principios de especificidad, trascendencia y de convalidación, que limiten o
restrinjan derechos como el de defensa, pero que esta limitación ha de ser
concluyente en lo decidido y ha de demostrar que este quebranto causó un perjuicio
indudable e irremediable, porque la violación de trámite no es una simple
formalidad sino algo propio o sustantivo a cada caso, asunto que no es atribuido a la
voluntad de las partes ni del juez sino a regulaciones legales que, atañen al orden
público, porque las normas procesales son las que sirven de medio para la aplicación
de las normas objetivas materiales, y además son instrumentos porque sirven o valen
para la realización del derecho objetivo en casos determinados, singulares y
concretos. Acorde el principio de especificidad existe nulidad procesal únicamente
por las causales señaladas en la ley, en el caso en estudio no se ha producido nulidad
en el proceso por la alegación del abandono de la segunda instancia, como se señaló,
las normas atinentes al abandono invocadas no son aplicables, puesto que, si bien se
evidencia en el segundo nivel jurisdiccional no se proveyó respecto del petitorio de
la accionada, existe en cambio una diligencia procesal practicada el 23 de enero del
2014, las 14h58 ( fojas 95 vta.), por lo que el Tribunal ad quem cumplió con su
obligación de dictar sentencia. De igual manera la recurrente ha podido ejercer su
derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento, tal como ahora lo hace
en casación, razones por las cuales no se halla justificado el cargo acusado, en
consecuencia se desecha la causal alegada.
3.2. Continuando con el orden lógico, concierne el análisis de la causal primera del
artículo 3 de la Ley de Casación, alegada por la recurrente, la que procede por:
“Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de
derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o
auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva”. El vicio que la causal
primera imputa al fallo es el de violación directa de la norma sustantiva, incluyendo
los precedentes jurisprudenciales obligatorios, porque no se ha dado la correcta
subsunción del hecho en la norma; no se ha originado la conexión lógica de la
situación particular que se juzga con la previsión hipotética y genérica efectuada de
antemano por el legislador; yerro que se puede provocar por los tres diferentes tipos
de infracción ya señalados, y que la recurrente debe fundamentar adecuadamente.
La aplicación indebida ocurre cuando la norma ha sido entendida rectamente en su
alcance y significado; más se la ha utilizado para un caso que no es el que ella
contempla. La falta de aplicación se manifiesta si el juzgador yerra ignorando la
norma en el fallo, lo que efectivamente no es aplicable al caso en resolución; y la
errónea interpretación tiene lugar cuando, siendo la norma cuya transgresión se
señala la pertinente para el caso, el juzgador le ha dado un sentido y alcance que no
tiene, que es contrario al espíritu de la Ley.
La casacionista en su recurso hace relación a dos errores o vicios que configuran la
causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.
i. El primero de ellos, señala que la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en la sentencia
recurrida incurre en falta de aplicación del artículo 1740 del Código Civil por cuanto
el señor Luis Ocampo (demandado) compró una sucesión hereditaria, que se
perfeccionó cuando inscribió dicho contrato y solo ahí se produjo la tradición, esto
es el 14 de junio del 2005, fecha en la cual éste no mantenía ninguna unión de
hecho.
El artículo 1740 del Código Civil textualmente señala que: “La venta se reputa
perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las
excepciones siguientes: La venta de bienes raíces, servidumbres y la de una sucesión
hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura
pública, o conste, en los casos de subasta, del auto de adjudicación debidamente
protocolizado e inscrito. Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se
vende, los materiales de un edificio, y los que naturalmente adhieren al suelo, como
piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a la excepción del
inciso segundo.”
Al tratarse de un bien inmueble la ley establece que para que se perfeccione la venta
se lo hará por medio de escritura pública, lo que no implica que el contrato
celebrado deje de ser válido, pues la manifestación de la voluntad de las partes se
encuentra plasmada en el acto jurídico previamente celebrado, siendo la inscripción
un requisito adicional exigido en relación a cierta clase de bienes, como los bienes
inmuebles.
Lo que corresponde en el presente caso es establecer si el bien materia de la litis
corresponde a la sociedad conyugal formada por los litigantes.
El artículo 168 del Código Civil establece: “Se reputan adquiridos durante la
sociedad los bienes que durante ella debieron adquirirse por uno de los cónyuges, y
que de hecho no se adquirieron sino después de disuelta la sociedad, por no haberse
tenido noticia de ellos, o por haberse embarazado injustamente su adquisición o
goce.”.
La norma, es totalmente clara, al respecto, el bien que reclama la demandante es de
aquellos que pertenecen a la sociedad conyugal, el accionado yerra al señalar que
por haber comprado bienes hereditarios estos pertenecían solamente a Luis Ocampo,
debido a que los bienes fueron adquiridos cuando la sociedad conyugal existía, pues
se entiende que fueron adquiridos con dineros que pertenecían al esfuerzo de ambos
cónyuges, ingresando sin duda a la sociedad de bienes.
Como sostiene la doctrina: “(…) Si lo que determina que un bien o derecho sea de la
sociedad o del cónyuge es el momento en que se causó y no el momento en que se
hizo la tradición o se percibió, tiene sentido que pertenezcan a la sociedad conyugal
aquellos bienes o derechos que luego de disuelta la sociedad conyugal pasa a ser de
propiedad de cualquiera de los cónyuges, pero cuya fuente jurídica se estableció en
la vigencia de la sociedad (…)” (Medina Pabón Juan, “Derecho Civil, Derecho de
Familia, Segunda Edición, 2010, Pág. 178).
Siendo necesario aclarar que la venta efectuada vale con respecto a los derechos del
vendedor pero no con respecto a los de la demandante, al no haber comparecido a la
venta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1707 del Código Civil, en
concordancia con el artículo 698 ibídem, que en su orden establecen: “Cuando dos o
más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de
ellas no aprovechará a las otras “, “Si el tradente no es verdadero dueño de la cosa
que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros
derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada.
Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse éste
transferido desde el momento de la tradición.”. Por esto, no se adquieren por medio
de la tradición otras cosas que las transmisibles del mismo tradente sobre la cosa
entregada. Tal es así, que cuando se vende derechos y acciones singulares que
versan sobre inmuebles, aunque éstas pertenezcan a una sucesión deben
inscribirse, retrotrayéndose los efectos de la inscripción, en virtud a lo dispuesto en
De manera acertada el Tribunal de instancia realiza su análisis acorde a las normas
anteriormente detalladas, al concluir: “Confunden los demandados, como lo hizo el
señor Juez A quo, el hecho real y legal de que los derechos y acciones ingresaron al
haber de la sociedad de bienes de la unión de hecho, ipso iure, al momento de la
celebración de las correspondientes escrituras, no con la inscripción de las
compraventas en la Registraduría. La inscripción de la compraventa de derechos y
acciones en el Registro de la Propiedad tiene efectos diferentes a los pretendidos por
los demandados: para que se produzca la tradición y pueda hacerse valer ante
terceros, para la publicidad del contrato, DE NINGUNA MANERA con la
inscripción en la Registraduría de la Propiedad ingresan esos bienes a la sociedad de
hecho. Ingresaron en el momento de la celebración de los contratos (…)”
El vicio que la causal primera imputa al fallo es el de violación directa de la norma
sustantiva incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios porque no se ha
dado la correcta subsunción del hecho en la norma; es decir no se ha producido el
enlace lógico de la sentencia particular que se juzga con la previsión abstracta y
jurídica analizada de antemano por el Legislador, yerro que se produce por la
aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de las normas de
derecho, siempre que esos vicios sean determinantes en la parte dispositiva de la
sentencia o auto, lo que el recurrente debe fundamentar debidamente”. (Suplemento
del Registro Oficial No. 235 de 10 de julio de 2010).
De lo que se concluye que no se ha configurado violación directa de norma
sustantiva alguna, existiendo por parte de los jueces de instancia la correcta
subsunción del hecho a la norma, sin que haya existido falta de aplicación de la
norma alegada, motivos por los que se rechaza la acusación.
i. La casacionista señala como segunda infracción de acuerdo a la causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación, la errónea interpretación del artículo
25 de la Ley de Registro, debido a que a su criterio la Sala yerra al concluir que en
dicha norma no existe disposición expresa que obligue a inscribir la compra venta
de derechos y acciones, olvidándose del literal a) de la norma citada, que manda a
inscribir todo acto o contrato entre vivos que cause traslación de propiedad de
bienes raíces.
Dicha norma textualmente señala: “Están sujetos al registro los títulos, actos y
documentos siguientes: a) Todo contrato o acto entre vivos que cause traslación de
la propiedad de bienes raíces”, el espíritu de dicha norma es brindar seguridad
jurídica y certeza respecto a los bienes inmuebles (…).
Efectivamente la norma no determina que la compra de derechos y acciones
singulares hereditarios, deben registrarse en el Registro de la Propiedad, en esta
norma se dispone el registro de todo acto o contrato entre vivos que cause traslación
de la propiedad de bienes raíces, como del bien inmueble materia de la litis, tal
como concluye el Tribunal de Alzada al establecer: “NI NOS ATENEMOS A ESAS
PRESCRIPCIONES LEGALES, LA COMPRA Y VENTA DE DERECHOS Y
ACCIONES NO ES OBLIGATORIO INSCRIBIRSE PARA QUE TENGA
EFECTOS LEGALES, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD”.
Si bien surte efecto legal la compra venta de derechos y acciones hereditarias por sí
sola, al establecerse mediante dicho contrato obligaciones recíprocas entre las
partes, la norma antes señalada, hace relación a la inscripción de todos los actos,
títulos y documentos que causen traslación de la propiedad de bienes raíces,
situación que si bien no ataca a la validez del contrato, su inscripción debe darse tal
como en efecto manda la ley, esta situación guarda concordancia con la disposición
contenida en el artículo 702 del Código Civil, que establece: “Se efectuará la
tradición de dominio de bienes raíces por la inscripción del título en el libro
correspondiente del Registro de la Propiedad”. En definitiva, la inscripción a la que
nos estamos refiriendo, debe darse en todo acto o contrato entre vivos que origine
traslación de propiedad de bienes raíces, análisis que debió ser incluido por parte de
los juzgadores a efecto de que no se genere duda alguna sobre la inscripción de
bienes inmuebles sea cual sea su procedencia. El efecto de la inscripción en el
Registro de la Propiedad es otorgar la publicidad a los actos y contratos.
Para que se produzca errónea interpretación de normas sustantivas, las que pueden
ser alegadas a través de la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, el
juez debe escoger de manera errónea una interpretación de la ley, dando a la norma
de derecho un sentido diverso al señalado por el legislador. “La interpretación
errónea ocurre cuando el precepto legal aplicado en la sentencia es el pertinente,
pero se le da un sentido o alcance diferente, sin profundizar en el pensamiento
latente en la norma, en el espíritu de la ley y en la intrínseca intención del
Legislador. Tal situación es entonces una violación directa de la ley” (Registro
Oficial No. 238 de 5 de enero de 2001). Situación que no se ha producido por parte
de los jueces del Tribunal de instancia, al determinarse que de acuerdo al artículo
25 de la Ley de Registro, la compra y venta de derechos y acciones singulares sobre
un bien inmueble, que pertenecen a la sucesión hereditaria, no son obligatorios
inscribirse, por lo que se concluye que no existe errónea interpretación de la norma
alega. Por tales consideraciones se desecha el cargo.
TERCERO
DECISIÓN
Por estas motivaciones, este Tribunal de Casación de la Sala de lo Civil y Mercantil
de la Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA”, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo
Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia
de Loja, el 25 de septiembre del 2014, las 08h59. Sin costas.- Notifíquese para los
fines de ley.
f).- DR. WILSON ANDINO REINOSO, JUEZ (PONENTE); DR.OSCAR
EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL, JUEZ; DRA. MARIA ROSA MERCHAN
LARREA, JUEZA; .
Certifico: , .
Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 17 de julio de
2017.
DRA. LUCÍA DE LOS REMEDIOS TOLEDO PUEBLA
SECRETARIA