Resolución Nº 0115-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 22 de Enero de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteIVAN XAVIER LEÓN RODRÍGUEZ
Fecha de sentencia22 Ene 2021
Número de expediente01901 -2010-0007
Número de resolución0115-2021
Dr. Iván León Rodríguez
JUEZ NACIONAL (e)
PONENTE
CORTE NACIONAL DE
JUSTICILA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR; PENAL POLICIAL Y
TRÁNSITO
CASO No. 01901 -2010-0007
RECURSO DE CASACIÓN
Quito,
viernes 22 de enero del 2021, las 10h42,-
VIS TOS:
El ciudadano José Manuel Guamán Urgilés (procesado), interpone recurso
de casación en contra de la sentencia dictada, por la Sala Penal de la Corte Provincial
de Justicia del Azuay, de fecha 22 de abril de 2019, las 10h21; la cual, aceptando en el
recurso de apelación interpuesto por Fiscalía General del Estado y en consecuencia se
revoca la sentencia absolutoria, subida en grado; y, y se declara la culpabilidad de José
Manuel Guamán Urgilés, como autor y responsable del delito de violación tipificado en
el artículo 512, numeral 3 del Código Penal, puesto que este delito se perpetró usando
violencia, amenaza e intimidación; y sancionado en el Art. 513 ibídem, segunda parte,
( ... ), se le impone la pena de doce años de reclusión mayor extraordinaria; y, como
reparación integral e indemnización se fija en la cantidad de cinco mil dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica'.
Al haberse agotado el trámite legal pertinente y al ser el estado de la causa el de dictar
la sentencia por escrito, para hacerlo se considera:
1.- ANTECEDENTES
1.1.
-
Hechos
Los hechos que dieron inicio a esta causa, según lo que consta fijado en la sentencia de
segundo nivel (Tribunal de Apelación) ahora impugnada, son los siguientes:
1
ver sentencia de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, que obra de fs. 7 a 16
del proceso de instancia.
Juicio Nro.
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(..)
CUARTO:
Que la familia de NN; su padre Jorge Lalvay y su madre María Laivay, en
el mes de julio de 2009, se enteraron que NN se encontraba embaraza. Lo cual se debía
a que en diciembre de 2008, el señor José Manuel Guarnan Urgilés, había violado a NN,
en el cuarto de juegos, en la hacienda "El Hato ' ubicado en el cantón Nabón, pro vinaa
del Azuay; donde le alzó la pollera y le introdujo el pene en la vagina, y que luego le
amenazó que si avisaba a alguien, mataría a su familia. Que producto de estos hechos,
NN tiene un niño que hoy tiene 9 años de edad. Que luego que se puso la denuncia el
hoy procesado huyó
2
.1.2.
-
Actuaciones procesales relevantes
A la presente sentencia, que pone fin al recurso de casación presentado por el encartado
José Manuel Guamán Urgilés, le anteceden los siguientes actos procesales, que denotan
su validez:
Sentencia de primer nivel dictada por el Tribunal de Garantías Penales con sede
en el Cantón Cuenca, de fecha 20 de febrero de 2019, las 08h44 mediante la cual se
confirma el estado de inocencia de José Manuel Guamán Urgilés, por lo que se dispone
el cesen las medidas cautelares dictadas en su contra, y disponiendo su inmediata
libertad
3
.
iL
Sentencia de segundo nivel, dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay, de fecha 22 de abril de 2019, las 10h21; la cual, aceptando en el
recurso de apelación interpuesto por Fiscalía General del Estado y en consecuencia se
revoca la sentencia absolutoria, subida en grado; y, y se declara la culpabilidad de José
Manuel Guamán Urgilés, como autor y responsable del delito de violación tipificado en
el artículo 512, numeral 3 del Código Penal, puesto que este delito se perpetró usando
violencia, amenaza e intimidación; y sancionado en el Art. 513 ibídem, segunda parte,
( ... ), se le impone la pena de doce años de reclusión mayor extraordinaria; y, como
reparación integral e indemnización se fija en la cantidad de cinco mil dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica.
2
Ver sentencia del Tribunal de Apelación que obra de fs. 7 a 16. (cita a fs. 7 vta.)
Ver sentencia de Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Cuenca y que obra de fs. 95
a 102 del proceso de instancia.
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iii.
Auto de 6 de mayo de 2019, las 11h10, mediante el cual se dispone remitir a la
Corte Nacional de Justicia, el recurso de casación interpuesto por el procesado José
Manuel Guamán Urgilés.
iv.
Mediante sorteo de 22 de mayo de 2019, las 16h33, ante la Presidencia de la
Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia; se conformó el Tribunal de Casación para conocer la presente
causa; tribunal que de manera primigenia quedó integrado por los doctores: Miguel
Jurado Fabara, como Juez Nacional Ponente; Daniella Camacho Herold y Luis Enríquez,
Jueces Nacionales.
V.
Mediante resoluciones No 188-2019
y
197-2019, dictadas por el Pleno del
Consejo de la Judicatura y oficios Nos No 2279-SG CNJ-ROG, de 19 de noviembre de
2019, suscritos por la señora doctora Paulina Aguirre Suarez, Presidenta de la Corte
Nacional de Justicia, se encarga a los doctores Iván León Rodríguez (Ponente) y Wilman
Terán Carrillo, el despachos del ex Juez Nacionales Miguel Jurado Fabara y Luis Enríquez
Villacres.
vi.
Mediante auto de 25 de noviembre de 2020, el Tribunal Casacional convoca a los
sujetos procesales a la audiencia oral reservada y de contradictorio de fundamentación
del recurso de casación.
vii.
Audiencia oral, reservada y de contradictorio de fundamentación del recurso,
evacuada el 2 de diciembre de 2020, las 14h45, en la que intervinieron: el Abogado
Carlos Federico Palacios Urgiles, como defensa técnica del procesado recurrente José
Manuel Guamán Urgilés; la abogada María Belén Páez, como defensa técnica de la
víctima y denunciante señor Jorge Vicente Lalvay Lalvay; y, la doctora Zulema
Pachacama Nieto, delegada de la señora Fiscal General del Estado.
1.3.
-
Audiencia de fundamentación del recurso de casadón
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1.3.1.- Fundamentación del recurso interpuesto por el procesado José
Manuel Guamán Urgilés.
Durante la audiencia oral, reservada y de contradictorio de fundamentación del recurso,
el abogado Carlos Federico Palacios Urgiles, en representación del indicado procesado,
arguyó —en lo medular-:
Primero haré un análisis, el señor Jorge Lalvay presenta una denuncia enjullo del año 2009
indicando que se enteró de que su li/ja N.N. se encontraba embarazada y que presuntamente
el señor Segundo José Guamán la ha violado.
Es por este hecho que la Fiscalía viene acusando y el Tribunal de Garantías Penales de/Azuay
sentenció confirmando la inocencia de Segundo Guamán Urgilés, Fiscalía apeló dicha
sentenda y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, el 22 de abril de 2019,
dicta sentencia condenatoria en contra de mi defendido.
Dentro de la sentencia, la Sala, hacen una indebida aplicación de lo que es el tipo pena/por
el que se acusa que es el Art. 512 numeral 3, esta indebida aplicación contemplada dentro
de la procedencia del recurso de casación para el efecto de la presente causa sería el Art.
349 del Código de Procedimiento Penal.
Hemos presentado el recurso de casación en virtud de que dicha norma, es decir elArt. 512
del Código Penal vigente para la presente causa, estipulaba y tipificaba el delito de violación,
en tres circunstancias: 1) cuando la víctima fuera menor de 14 años que no es el caso, pues
es mayor de 14 años, 2) cuando la persona se hallare privada de la razón o el sentido que
tampoco es el caso;
y,
3) cuando se usare la violencia, amenaza o intimidación.
Utilizando las circunstancias contenidas en el numeral 3 del Art. 512, la Sala de lo Penal de
la Corte Provincial de Justicia de Azuay, hace una indebida aplicación al afirmar que
definitivamente se dio el hecho de la violación con violencia, pero manifiesta que
definitivamente la violenda se dio posterior al hecho, cuando hubo amenazas cometidas por
el procesado, situación que no se dio, no se probó dentro de/juicio.
Estoy analizando el tipo penal delArt. 512 numeral 3, que claramente indica, cuando se usare
la violencia, amenaza o intimidación, cuándo debe realizarse esto, debe ser tanto violenda
física, tanto la intimidación psicológica, todos estos hechos tienen que darse definitivamente
antes para cometer el delito, en el tipo penal establecido en el artículo mencionado, no puede
existir una amenaza posterior, que sería ya las consecuencias.
Además es menester que la Sala analice el hecho de que ha transcurrido más de 10 años de
que se inició el presente enjuiciamiento penal, estar/amos enmarcados dentro de lo que
dispone e/Art. 101 del Código Penal vigente, es decir la prescripción de la acción.
La Sala de lo Penal de la Corte Provincial, en la sentenda dictada el 22 de abril de 2019, hizo
una indebida aplicación del Art. 512.3 más aún cuando en su resolución considerando cuarto,
en la parte del análisis manifestaba la fundamentación que hace la Fiscal/a, analiza hechos
que no se dieron y claramente indica que ni siquiera se conocía el día en que fue cometida
la supuesta violación, únicamente que no se dieron hechos de violencia.
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La indebida aplicación de la norma mencionada, lo hace llevar a una falsa aplicación de la
misma, debo indicar que en este proceso se le dictó sentencia, primero un sobreseimiento,
por apelación se llamó ajuicio.
La Sala a petición de Fiscalía también hace una indebida aplicación, pero que es e/Art. 30,
al hablar de las agravantes cuando sabemos que definitivamente en las resoluciones de la
Sala de la Corte Nacional de Justicia, cuando se habla de/conocimiento al supuesto victimario,
no se debe considerar como agravante, por ejemplo cuando sabía que era conocida la
supuesta víctima en virtud de que vivía en el mimo lugar con el procesado, pues trabajaban
en una misma hacienda y la sentencia señala que el Art. 30 del CP que agrava más aún la
pena.
Pretensión:
Solicita:
"...Creemos que la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de justicia de Azuay hizo
una indebida aplicación al interpretar en su considerando tercero, que la violencia puede ser
en cualquier momento, creo que la violencia debe ser previa al acto, en razón de ello y
también en razón de que /a presente causa se encuentra prescrita, solicito se analice la causa
y se case la sentenda '
L32. - Contradicción por parte de Fiscalía General del Estado
La doctora Zulema Pachacama Nieto, delegada de la señora Fiscal General del Estado,
manifestó -en lo principal-:
Respecto de/recurso de casación interpuesto por Segundo José Guamán Urgilés, en contra
de la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de Azuay dictada con fecha 22 de
abril de 2019 a las 10h21 empiezo indicando que como es de su conocimiento el recurso de
casación tiene por objeto que el Tribunal extraordinario de Casación revise la correcta
aplicación de las normas tanto constitucionales como legales al momento de emitir la
sentencia por parte del Tribunal de apelaciones, en esta circunstancia, el casacionista por
medio de su defensa técnica ha indicado que existe una indebida aplicación de/Art. 512.3
del Código Penal, en virtud de que a su criterio señala, que ésta ha violentado la ley.
Ha dicho que existe una falsa aplicación de la norma, también ha indicado que existe una
mala aplicación, circunstancia que al fundamentar este recurso casacional no tiene el mínimo
argumento jurídico, porque acusa que se ha indicado en la sentencia que las amenazas que
contiene el numeral 3 de/Art. 512, se le ha hecho posterior al supuesto delito.
No es asi de la lectura de la sentencia que se está recurriendo, verificamos que este ilícito
se cometió por cuanto el procesado, inclusive arrastró a la víctima de un lugar a otro para
proceder a cometer el delito y además le dfo que si hablaba iba a lastimar a su familia, esta
es la amenaza e intimidación, violencia a la que se refiere el numeral 3 de/Art. 512 del Código
Penal, por lo tanto, no es que se haya hecho una intimidación a la víctima posterior al delito.
Por otra parte ha manifestado que el error de derecho se encuentra tanto en el considerando
tercero como cuarto, el considerando tercero de la sentencia se refiere a la validez procesal
y el cuarto se refiere a la fundamentación del recurso de casación por medio de la fiscalía
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General del Estado, por lo tanto al no haberse siquiera argumentado correctamente, ni
haberse se/Jalado en qué parte de la sentencia se encuentra el supuesto yerro jurídico no
cabe más análisis, sin embargo, la sentencia que se está recurriendo a partir de/considerando
octavo realiza un análisis jurídico completo a los elementos fácticos y probatorios para de esa
forma llegar a determinar con claridad y fuera de toda duda la materialidad de la infracción
como la responsabilidad de/procesado en el delito que ha sido acusado, esto es e/Art. 5123
del Código Penal sancionado en e/Art. 513 del mismo cuerpo legal-
En tal virtud como el casacionista no ha fundamentado correctamente el recurso casadonal
como lo dispone la resolución No. 10-2015 dictada por el pleno de la Corte Nacional de
Justicia,, en el cual se se/Jalan los parámetros para que un recurso casadonal prospere, esto
es, haber indicado la sentencia que recurre, lo que no ha hecho, la norma jurídica que a su
criterio considera violada, que sin embargo de haber dicho que es el Art. 512.3 del Código
Penal, para acusar indebida aplicación es pertinente que el casadonista haya indicado la
proposición jurib'ica completa, debía haber indicado qué norma es la que debía haber aplicado
el Tribunal de apelaciones cosa que tampoco ha hecho, así como tampoco ha señalado
correctamente la parte de la sentencia en que a su criterio se encuentra el errorjurídico, más
aún ha demostrado el principio de trascendencia que es elemental en los recursos de
casación, a fin de señalar en qué forma los Jueces del Tribunal de apelaciones han incurrido
en error de derecho y cómo este error ha afectado a la parte procesal, en este caso al
recurrente, nada de esto se ha argumentado ni fundamentado ante el Tribunal de Casación.
Pretensión:
Solicita, que
Por lo tanto, al no haberse cumplido con los debidos principios de
fundamentación más aún demostración del error jurídico que ha ocasionado la sentencia
recurrida, Fiscalía solicita que se declare improcedente el recurso de casación interpuesto por
e/procesado, toda vez que no cumple con los mínimos requisitos para que prospere el recurso
de casación '
1.3.3.
-
Se concede la palabra a la doctora María Belén Páez, Defensora
Pública, que interviene en representación de la acusación particular, quien
expresa:
Comparezco en defensa del señor Jorge Vicente Lalvay. He escuchado la defensa técnica del
recurso de casación, en el cual me permito indicar que no cumple el principio de taxatividad.
Adiciona/mente ha indicado que existe una indebida aplicación del Art. 5123 del Código
Penal, pero no ha indicado en qué parte de la sentencia consta el error de derecho y cómo
este error pudo incidir en la decisión de los señores Jueces del Tribunal Ad quem.
Pretensión:
Toda vez que no ha logrado demostrar en debida forma y legal el presente recurso de
casación solicito que se lo deseche.
1.3.4.- Réplica por parte de/a defensa técnica de/recurrente.
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E/Art. 512 del Código Penal vigente para la presente causa, al tipificar el delito de vio/ación
claramente señala las circunstancias, y entre ello la de/numeral 3, en la sentencia si se hace
referencia a las amenazas que tienen que ser antes de los hechos, como erróneamente se
interpreta, al analizar la prueba, es ah/donde existe la indebida aplicación de dicha norma,
manifiesto además que la presente causa se encuentra prescrita.
2.- ANÁLISIS JURÍDICO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN
2,1.- Competencia
L
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, mediante Resolución 01-
2018, de 26 de enero de 2018, conformó sus seis Salas Especializadas según le faculta
Ley Orgánica Reformatoria al COFJ, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No
38, de 17 de julio de 2013; así también emitió el respectivo instructivo para la
distribución de causas en caso de renovación parcial de los miembros de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 02-2018, de 01 de febrero de 2018.
ji.
La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Nacional de Justicia, es competente para conocer y resolver el recurso de
casación, conforme lo establece el artículo 184.1 de la Constitución de la República del
Ecuador (CRE), artículo 10 inciso 2, 184
y
186.1 del COFJ; y, artículo 349 del Código de
Procedimiento Penal (CPP) -aplicable al caso-.
iii.
Conforme ya quedara referido en el subpunto 1.2.v, el Tribunal al cual le ha
correspondido conocer y resolver el presente medio de impugnación ha quedado
integrado por los doctores: Iván León Rodríguez (Juez Nacional Ponente), Daniella
Camacho y Wilman Terán Carrillo, Jueces Nacionales.
2.2.- Trámite
iv.
Previo a despejar la alegación planteada por el recurrente; este Tribunal
considera necesario reparar, así como se lo ha hecho en innúmeras resoluciones de este
órgano jurisdiccional, que el recurso de casación, como un recurso extraordinario, a
diferencia de los recursos ordinarios que se ejercen en las instancias, tiene finalidades
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específicas determinadas en la ley (violación de la ley, ya por: i) contravención expresa
de su texto;
u)
indebida aplicación; y/o, iii) errónea interpretación); circunscritas a la
reparación de los yerros en el fallo impugnado4.
V.
En cuanto a los parámetros para analizar el recurso extraordinario de casación,
aquello ha sido descrito de la siguiente forma:
() La interposición del recurso de casación por parte de uno de los sujetos procesales,
impone en ellos tres obligaciones para su debida fundamentadón: a) La determinación de un
artículo específico, vigente dentro del ordenamiento jurídico, que se considere vulnerado
mediante la sentencia expedida por e/juzgador de última instancia; b) La adecuación de esa
vulneración a una de las causa/es que taxativamente prevé el artículo 349 del Código de
Procedimiento Penal, para la procedencia de/recurso de casación, con la finalidad de indicar
si la violación del ordenamiento jurídico responde a su falta de aplicación, indebida aplicación
o errónea interpretación; y, c) Los argumentos jurk/icos que sustentan el haber interpuesto
este recurso extraordinario, en los cuales debe hacerse mención a la parte de la sentencia
del Tribunal ad quem que contiene la vulneración; la comparación entre la interpretación o
aplicación del ordenamiento jurídico que, a criterio del recurrente, debía efectuarse y aquella
que realizó el órgano jurisdiccional de instancia; y, por último, la trascendencia del error de
derecho que se ha presentado en el fallo impugnado, esto es, como ha influenciado en su
parte dispositiva()5
23- Reflexiones acerca de/recurso de casación
' En cuanto a las causales casacionales éste órgano jurisdiccional ha señalado: '(..)
a)
Error de omisión, que esa! que se
refiere el mentado artículo al indicar !a contravención expresa del texto de la ley, y que se configura cuando, dada una
circunstancia táctica por probada e/juzgador no aplica la norma jurídica correspondiente b) Error de pertinencia, referido
por el artículo 349 ejusdem, como indebida aplicación de la ley, que se presenta cuando establecida una circunstancia táctica
probada, e/juzgador aplica para su resolución una norma jurídica que no tiene como supuesto de hecho a ésta; y, c,J Error de
interpretación, en el que el juez selecciona correctamente la norma y la adecúa al caso, pero al interpretar el precepto le
atribuye un sentido que no tiene o le asigna efectos distintos o contrarios a su contenido, en definitiva, confunde el sentido y
alcance de la norma aplicada.
"(CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial y Tránsito. Ponencia de la Dra. Gladys Terán Sierra. Resolución Nro. 942-2013, mediante la cual se
resuelve el recurso de casación signado con el Nro. 508-20131
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, Sal Especializada de lo Penal, Penal Militar y Tránsito, Recurso de
Casación No. 1389-2012. Merino Oñate y Chicaiza Maridueña vs Tercera Sala de lo Penal, Colusorio y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
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La naturaleza del recurso de casación está íntimamente ligada con el derecho que
tenemos todos los ciudadanos a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 CRE
6
;
es por ello, que en efecto, las personas tienen el derecho a reclamar el debido respeto
y aplicación de la normativa vigente, al momento en que se presenta, en la realidad,
cierta situación jurídicamente relevante que puede afectar a sus intereses y derechos.
Dentro del proceso judicial, cualquier vulneración al ordenamiento jurídico, que tenga
como catalizador la actuación del juzgador al emitir su resolución, encuentra solución
mediante el recurso de casación, el cual tiene como finalidad fundamental la corrección
de errores de derecho.
De lo advertido deviene, que la casación es un medio de impugnación extraordinario,
contra la sentencia de última instancia, el cual se caracteriza por su aspecto
eminentemente técnico-jurídico, o de formalidad, igualmente jurídica; y, que es limitado
a determinadas resoluciones por las causales que la ley ha fijado; es por ello, que a la
casación se la considera una sede extraordinaria de control de legalidad, y por ende, de
corrección de errores trascendentales cometidos por los estadios ordinarios del
proceso
.7
2.4.- Examen de Casación
Ubicados que han quedado, por un lado, el escenario causal de los argumentos del
recurrente; así como, por otro, los parámetros de este medio de impugnación, se
procederá a despejar y/o dar respuesta a los cargos esbozados, desde el marco de las
causales establecidas en la ley.
2.4.1.- El suscrito Tribunal Casacional, desde su rol como órgano de control de la
legalidad de los fallos emitidos por los jueces de instancia, y de subsanador de yerros
6
La Corte Constitucional del Ecuador, en torno a la seguridad jurídica ha señalado
"...
[que] se entiende como certeza práctica
del derecho y se traduce en la segur/dad de que se conoce lo previsto como lo prohibido, lo permitido, y/o mandado por el
poder público respecto de las re/aciones entre particulares y de éstos con el Estado, de lo que se colige que la seguridad
jurídica es una garantía que el Estado reconoce a la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean
violentados y que en caso de que esto se produzca, se establezcan los mecanismos adecuados para su tutela... "[Sentencia
Nro. 006-09-SEP-CC. de 19 de mayo de 20091.
Samuel Ramírez Poveda en su obra "Los Errores de Hecho en Sede de Casación Pena/"(Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo
Ibañez Ltda., 2002, p. 19) señala: "La actual casación penal ha de concebirse como un recurso extraordinario, mediante el
cual se pone en marcha un juicio técnico limitado de derecho, sobre los procesos de los cuales han surgido sentencias que no
han adqu,rído el carácter de firmeza, con e/propósito de hacer efectivo el derecho sustantivo y las garantías debidas a quienes
intervienen en el proceso penal, unificar la jurisprudencia nacional como criterio auxiliar del derecho (..) y reparar agravios
inferidos por las determinaciones del fallo impugnado a los intervinientes. Se trata entonces coetáneamente, de un juicio
enmarcado en la dilogía de legalidad y necesidad. [-sic-] En sentido lato, se trata de un medio de impugnación de fallos
vio/ator/os de la normatividad sustantiva."
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jurídicos en la sentencia -en el caso de haberlos-; previo a despejar los argumentos del
casacionista -lo cual se hará más adelante-, habida cuenta que el proceso que ahora
nos ocupa, traído hasta esta sede casacional deviene del delito de "violación", considera
pertinente realizar el abordaje de este tipo penal, a fin de comprender el
subjúdice; y,
sobre todo para determinar con claridad meridiana si en la sentencia impugnada existe
o no algún error de derecho que amerite ser casado.
Para Ricardo Núñez, la violación es uno de los modos de ofender la honestidad, mirada
ésta como el derecho a "la reserva sexual" que para éste autor es el derecho del
individuo a la incolumidad del consiente y voluntario trato de tipo sexual. Resaltando la
importancia y transcendencia de éste tipo de bienes jurídicos en la sociedad, añade que
"la ley, al sancionar la violación, el estupro, el abuso deshonesto y el rapto, castiga
ciertos modos coercitivos, abusivos o atentatorios de la reserva sexual, entendida como
un elemento fundamental de la libertad civil, pues ésta se vería gravemente coartada si
la legislación no defendiera a las personas de los ataques de éste tipo".
Bajo la misma óptica, el autor Argentino, Manzini y todos los autores que siguen su
corriente consideran que es la libertad sexual el bien jurídico protegido por la ley,
sosteniendo que ésta defiende el derecho a disponer de la vida sexual. Al respecto,
Carrara menciona que es inherente a la persona humana el derecho a que se respete
su pudor asimilando a éste la honestidad, debiendo el derecho penal castigar esa
conducta y proteger el derecho individual, afirmando que cuando la relación sexual se
realiza con una persona mediante violencia
real o presunta,
no es condición esencial la
"libertad" de la mujer, pues puede suceder también en el caso de que la mujer sea
casada.
De igual forma, Rodríguez Muñoz manifiesta que honestidad equivale a pudor, recato,
compostura, decencia y moderación, todo lo que es protegido por la ley, aunque no lo
único, pues también se protege la libertad, el honor sexual, el orden de la familia, sin
poder determinarse cuál es el atentado más grave, si el que se comete contra el pudor
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o el que se infiere contra esos derechos o la institución de la familia e incluso la ofensa
a toda la sociedad.
Así, autores como Carlos Fontan Balestra señala que el bien jurídico protegido es la
moral social y la libertad sexual o voluntad sexual", considera, además, que "la violación
atenta contra la libertad sexual al obligar a un individuo a la relación carnal involuntaria".
Como vemos, en todos los delitos sexuales el bien protegido es del más alto valor, sin
duda superior a otros que, por ejemplo, en lugar de afectar a la persona humana
perjudican únicamente su patrimonio, por lo tanto, la tutela penal debe defender en el
sentido más amplio, el honor, el pudor, la expresión y la libertad sexual.
Adicionalmente el Art. 75 de la Constitución, establece el derecho que tiene toda persona
para acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y
expedita de sus derechos e intereses,
sin que en caso alguno quede en indefensión.
El
cumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
El delito de violación, según la doctrina penal, es el atentado más grave que puede
concebirse contra la libertad sexual individual, pues constituye el delito más típico entre
aquellos de este orden. La libertad sexual debe ser entendida como la capacidad de
actuación que le asiste al individuo con el solo imperio de su voluntad de disponer ante
sí y frente a los demás integrantes de la comunidad con libertad de elegir, aceptar o
rechazar las pretensiones que se produzcan en la esfera de su sexualidad.
Lo más importante que debemos indicar respecto a este tipo penal es que, según la
doctrina, en la mayoría de casos es un "delito de pega", pues se ha llegado a tener la
convicción de que la mayor parte de procesados por violación son simples víctimas de
"sus víctimas", pues cuando la resistencia de la víctima es realmente sincera y eficaz la
violación se torna imposible, a no ser de que concurran ciertas circunstancias que no
permitan que la víctima pueda oponer resistencia frente a aquel que comete el hecho
injusto.
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Dentro de este tipo penal debemos entender por violencia sexual no solo al empleo de
la fuerza física, sino también a la coacción o fuerza moral para vencer la resistencia de
la víctima. La violencia física se caracteriza por la forma en que los medios empleados
por el sujeto activo obren directamente en el cuerpo de la víctima y que son suficientes
para neutralizar su resistencia, por lo tanto la agresión dejará huellas visibles en la ropa
y en especial en las partes eróticas (contusiones, arañazos o desgarro de la vulva y del
himen, detección de líquido seminal en la vagina). La violación moral radica en la
intimidación del sujeto pasivo.
Para la Psicología este tipo de violencia (moral) es un simple medio de naturaleza
eminentemente objetiva, que provoca un estado de construcción del ánimo del sujeto
pasivo (intimidación). La conducta social del hombre se encuentra restringida por la ley
penal Cuando una persona distorsiona el sentido de la normalidad de la función sexual
acompañada de la aceptación, y actúa con violencia o engaño en el acto sexual para
satisfacer su deseo erótico, se convierte de inmediato en agente activo del delito de
violación.
Nuestro Código Penal tipifica y sanciona el delito de violación, señalando los casos en
los que se presenta, encontrándose en los mismos un denominador común que es la
falta de consentimiento, pues en el caso del menor de edad la falta de consentimiento
y su voluntad intelectiva están únicamente en vías de desarrollo, es decir, que no puede
dar consentimiento, ni desde el punto de vista jurídico, ni psicológico, ni funcional
En el segundo caso hay la falta total de su razón o sentido (privación de razón o sentido
de la víctima o por enfermedad u otra causa que no pudiere resistir), tal falta puede ser
provisional o definitiva, permanente o transitiva, por enfermedad natural o su
intimidación. En el último caso el empleo de la fuerza o intimidación que son
circunstancias que anulan la voluntad.
El delito de violación consiste en el acceso carnal con persona de uno u otro sexo, se
entiende que se lo ejecuta mediante violencia real o presunta. El bien jurídico protegido
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en el artículo 512 del Código Penal Ecuatoriano es el referente a la libertad sexual, por
lo tanto el delito de violación es autónomo pues no tiene nada que ver con el estupro,
aunque nuestro ordenamiento jurídico penal lo involucre en el mismo Capítulo.
Violación:
(Arts. 512 al 515)
Vio/ación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, por vía oral,
anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos
distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:
1- Cuando la víctima fuere menor de catorce años,
2.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o de/sentido, o cuando por
enfermedad o por cualquier otra causa no pudiere resistirse, y,
3- Cuando se usare de violencia, amenaza o de ,ntimidaaon"
El delito de violación, según la doctrina penal, como se dijo
utsupra
es el atentado más
grave que puede concebirse contra la libertad sexual individual, pues constituye el delito
más típico entre aquellos de este orden. El bien jurídico protegido en el artículo 512 del
Código Penal Ecuatoriano es el referente a la libertad sexual. La conducta social del
hombre se encuentra restringida por la ley penal. Cuando una persona distorsiona el
sentido de la normalidad de la función sexual acompañada de la aceptación, y actúa con
violencia o engaño en el acto sexual para satisfacer su deseo erótico, se convierte de
inmediato en sujeto activo del delito de violación.
El delito de violación consiste en el acceso carnal con persona de uno u otro sexo, se
entiende que se lo ejecuta mediante violencia real o presunta.
Por otra parte, en pleno siglo XXI, prevalecen ciertos paradigmas en los actores de
justicia, que dan una excesiva importancia al "himen", en virtud de lo cual la virginidad
y el tipo de desgarro o de desfloración "reciente" o "antigua", son indispensables para
determinar o no la violación.
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Todos coinciden en la misma premisa proteger la seguridad y la libertad sexual, el
derecho a la intimidad y a un correcto y adecuado desarrollo sexual que garantice una
vida digna y plena y ponen mucho énfasis en la tipificación de figuras delictivas en la
normativa sustantiva, pero como se puede palpar, existe un procedimiento para el
juzgamiento de estas causas que no responde a esta realidad delincuencia¡ y establece
la posibilidad de actuar prueba que en un momento dado puede ser considerada no
válida, subjetiva o meramente referencia¡ por el juzgador.
Además, pese a que todos se alarman y condenan con especial severidad éstas
conductas, varios autores de la doctrina, legisladores, sociedad civil etc. el momento
que se denuncia un hecho de esta naturaleza la carga probatoria se vuelve un verdadero
calvario, sobre todo para la víctima, pues en más de un caso los actos de violencia
sexual se cometen en lugares recónditos, escondidos, desolados, dónde no hay testigos
presenciales y son únicamente la víctima y el agresor, lo que presupone que igualmente
en el proceso sera la versión de la víctima frente a la versión del agresor las que
finalmente estarán en juego dentro del juicio.
Los delitos sexuales son conductas que atacan derechos sexuales de todos los miembros
de la sociedad, si bien es cierto afecta a grupos sociales especialmente vulnerables como
niños, niñas y mujeres.
Han variado los conceptos de violación ya que no solamente puede existir un acceso
carnal, penetración, cópula, coito, yacimiento, introducción, etc., términos estos que
son sinónimos de una relación de carácter sexual, sino que ahora se debe tomar en
cuenta la utilización de otros objetos distintos a los órganos sexuales
8
. Esta nueva
8
Art. 512: "Es violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo, en los casos siguientes: Cuando la víctima fuere
menor de doce años;
Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier
otra causa no pudiere resistir; y,
Cuando se usare fuerza o intimidación.
"Ecuador, Código Penal, en Registro Oficial No. 365 (21 de Julio de 1998).
art. 512. En adelante se cita este Código como CP. "Art. 8.-Cámbiese el texto del artículo 512 por el siguiente: "Violación es
el acceso carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, con personas de uno u otro
sexo, en los siguientes casos:1.-Cuando la víctima fuere menor de catorce años;2.-Cuando la persona ofendida se hallare
privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiere resistirse; y,3.-Cuando se
usare de violencia, amenaza o de intimidación. "Art. 9.-A continuación del artículo 512 reformado, agréguese un artículo
innumerado que diga: "Art... Se aplicaran las mismas penas del artículo anterior, en caso de agresión sexual, consistente en
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concepción del tipo penal, aparece desde 1998, cuando se realiza un agregado al Art.
512 del Código Penal, y se determina que a más de las circunstancias propias de la
violación, se debe tomar en consideración que la agresión sexual puede producirse con
la introducción de objetos distintos al órgano sexual. Esta afirmación provoca una
confusión en cuanto se refiere a los elementos constitutivos del tipo, puesto que por un
lado se habla de acceso carnal, lo cual implica necesariamente la utilización del miembro
viril y por otro lado se habla de una agresión sexual con otros elementos distintos. El
legislador quiso proteger a las víctimas de una agresión sexual que no necesariamente
se refiera a la introducción de un miembro viril, sino que pudieron haber sido atentadas
en su integridad sexual con botellas, palos u otros objetos; sin embargo, no fue una
reforma técnicamente elaborada, pues no se establecía si el sujeto activo del delito
utilizaba sus dedos que delito cometía, convirtiendo así a esta conducta en atípica. Esta
reforma no establecía como uno de los elementos constitutivos de la infracción la
utilización de los dedos, por lo que de acuerdo al principio de legalidad, no podía
sancionarse una conducta de esta naturaleza, lo cual determinaba que muchos casos
queden en la impunidad.
Los conceptos descritos se encuentran recogidos de manera casi textual en la reforma
producida al art. 8 de la Ley 106, Registro Oficial N
0
365, del 21 de julio de 1998 y que
fuera sustituido por el art. 14 de la Ley 105 publicada en el Registro Oficial N
0
45 del 23
de junio de 2005, así como en el actual Código Orgánico Integral Penal, puesto que
nuevamente refiere dos definiciones del delito de violación. En la primera mantiene los
términos acceso carnal e introducción total o parcial del miembro viril, por las tres vía,
esto es oral , anal o vaginal; en la segunda definición, también se refiere a la
introducción por vía vaginal o anal de objetos distintos del miembro viril, pero añadiendo
como elementos constitutivos del tipo penal la palabra dedos u órganos, ratificando el
la introducción de objetos distintos al miembro viril por vía vaginal o anal, realizado en las mismas circunstancias del artículo
517Reformado por el Art. 8 de la Ley 106, R.O., 365, 21-VII-98 y sustituido el primer inciso por el Art. 14 de la Ley 2005-2,
R.Q. 45, 23-VI-2005." Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o
vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona
de cualquier sexo en los siguientes casos:1.-Cuando la víctima fuere menor de catorce años;2.-Cuando la persona ofendida
se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiere resistirse; y,3.-
Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. "Régimen Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales EDLE S.A., Quito,
2006,
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concepto de que el delito de violación en el Ecuador se ha dividido con dos circunstancias
específicas, por lo que en la primera descritas el único sujeto activo de la infracción es
el hombre, y en la segunda el sujeto activo de la infracción indistintamente puede ser
un hombre o una mujer.
Al hablar de los delitos que atentan contra la libertad sexual, no solo que se protege a
su integridad sexual es decir el respeto a la decisión de una persona para utilizar
libremente su cuerpo como a bien tuviera.
Esta decisión implica un desarrollo físico y psicológico que abarca el concepto de
integridad, como un ejercicio de la sexualidad que se asienta sobre la libertad de un
individuo
9
.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fernández Ortega y Otros Vs.
México, en la sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafo 118 al hablar de la violencia contra
la mujer se/la/a que ésta no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que
es "una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las re/aciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres' que "trasciende todos los sectores de
la sociedad independientemente de su dase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura,
nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases
1
°
Pero también se tiene por otro lado que existe la "indemnidad sexual", esto es una
protección de la víctima, especialmente de los niños que va más allá de aquella
capacidad que pueda tener una persona para escoger con libertad con quien y en qué
momento puede mantener relaciones de carácter sexual, y esto se debe a que los
menores llámense niños o adolescentes son protegidos tanto por la Constitución como
por los tratados internacionales, en virtud de una falta de madurez física y mental que
determina como consecuencia una necesidad de protección y cuidado especiales en
contra de toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o sexual. Se reconoce el
principio del interés superior del niño lo cual implica que el desarrollo del niño y el
Francisco Gonzales de la Vega, "De los delitos sexuales en general", En Quiceno El delito Sexual, el aborto estudios de
derecho penal especial.
10
Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 4, Caso Fernández Ortega y Otros
Vs. México,30 de agosto de 2010.
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ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la
elaboración de las normas y aplicación de éstas en todas las órdenes relativas a la vida
M niño
11
.
Esta protección a la indemnidad sexual se establece porque los menores de edad no se
encuentran en condiciones de asumir sin consecuencias para el desarrollo de su
personalidad en acto sexual debido al estado de madurez que presentan sus esferas
intelectiva, voluctiva y afectiva.
12
Al hablar del consentimiento en materia de delitos sexuales, se refiere a la ausencia de
voluntad que tiene la víctima, para mantener una relación de carácter sexual. Este
consentimiento puede ser vulnerado por varios factores, uno de ellos puede ser la edad,
otro puede ser la inmadurez o incapacidad mental de la persona ofendida.
Un problema a tratar es aquel que se refiere al consentimiento que puede proporcionar
la víctima en los ilícitos que atentan contra la libertad y el honor sexual, especialmente
en los cuales la victima de manera libre y voluntaria permite que se le acceda
carnalmente, puesto que puede ser que no existan actos de violencia para consumar el
hecho delictivo.
En el ámbito puramente de los delitos sexuales, se denomina al consentimiento como
la ausencia de voluntad, y señala que es la resistencia, o sea los medios de defensa que
la víctima debe operar para no sufrir en el acto sexual en contra de su voluntad, es un
requisito que ofrece problemas en su valoración'
3
.
"Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-1 7/2002, párrafos 42
y
56.
12
Ecuador. Primer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, [Sentencia condenatoria en contra de N.N en juicio penal por
violación], 28, 23 de agosto de 2013.
13
Gayne Villagómez Weir, "La violencia sexual contra la Niñez y adolescencia desde una perspectiva degénero". En Ramiro
Ávila Santamaría y María Belén Corredores Ledesma, Derechos y Garantías de la niñez y adolescencia: hacia la consolidación
de la doctrina de protección integral. (Quito, 2010, 410).
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La violación no solamente se produce en contra de menores de edad, tal como lo hemos
analizado en líneas anteriores, y en donde se protege no solo a la libertad sexual sino
que el bien jurídico protegido va más allá y se habla de una protección a la indemnidad
sexual, pues este concepto abarca mucho más allá de la libre decisión que pueda tener
un menor sobre su cuerpo, toda vez que un niño no mantiene una madurez física y
psicológica apropiada, lo cual impide que este pueda ser libre en sus decisiones sobre
todo en el desarrollo sexual.
El ámbito en el que se producen este tipo de actos, generalmente es el familiar, en el
cual habitualmente existe una relación de poder entre el sujeto activo y la víctima, por
lo que se requiere que dentro del desarrollo sexual del menor se evite conversaciones
inapropiadas sobre sexualidad, hacer chistes sobre sexo, interrogar a los adolescentes
acerca de sus experiencias sexuales, no emplear calificativos despectivos de connotación
sexual, ya que si bien puede ser saludable y necesaria la educación sexual, informándole
sobre lo que es su cuerpo, no es menos cierto que traspasar esta línea subjetiva de
trato puede convertirse en un abuso sexual.
2.4.2.- Una vez que ha sido abordado el tipo penal de "violación"; cabe ahora remitirse
y/o despejar los argumentos —entiéndase alegaciones o reproches planteados por el
casacionista-, desde la óptica estricta de las causales casacionales o errores
¡n jure
que
prevé la norma, esto es: "error de pertinencia o indebida aplicación de la ley";
reprochado por el encartado José Manuel Guamán Urgilés; es así que:
2.4.2.1.- Cabe dejar precisado, una vez más, que el medio de impugnación que ahora
nos ocupa se trata, primero, de un recurso extraordinario y, segundo, de uno de orden
eminentemente técnico, que obliga al casacionista a desarrollar un esfuerzo técnico-
jurídico en la manera de cómo presentar los cargos
14
casacionales.
111
Entendiendo tal concepto como la manifestación de la inconformidad del recurrente, en contra de un razonamiento especifico
del juzgador que ha emitido la sentencia impugnada.
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La Corte Nacional y la ex Corte Suprema de Justicia a hecho esfuerzos en cuanto a
explicar cuál es la técnica adecuada para la debida presentación y sustentación del
recurso, conceptualizando cada una de las causales y explicando la manera correcta de
cada una de ellas.
2.4.2.2.-
"Reproche de que el fallo dictado ha violado la ley por indebida
aplicación del artículo 512.3 del Código Pena!'
Acorde con la defensa técnica del casacionista José Manuel Guamán Urgilés, utilizando
las circunstancias contenidas en el numeral 3 del Art. 512,
-, "3. cuando se usare la vio/encía,
amenaza o intimidación" -,
la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay,
hace una indebida aplicación al afirmar que definitivamente se dio el hecho de la
violación con violencia, pero manifiesta que definitivamente la violencia se dio posterior
al hecho cuando hubo amenazas cometidas por el procesado, situación que a su decir
no se probó dentro del juicio, ya que dice que se debió haber utilizado tanto violencia
física, la intimidación psicológica, hechos que debieron haberse dado antes, para
cometer el delito; en el tipo penal establecido en el artículo mencionado, no puede
existir una amenaza posterior, que sería ya las consecuencias..
De lo expuesto, cabe recordar que en las causas penales iniciadas por delitos sexuales, la
valoración probatoria se centra en el testimonio de la víctima, y consiste en determinar si el
resto de medios de prueba ayudan a consolidar su veracidad o a desvirtuarla. Lo afirmado,
ya lo ha expresado este órgano jurisdiccional en anteriores fallo, al decir que
en aquellos casos en los que las actuaciones investiiativas del órgano acusador y de la defensa del
procesado, han permitido contar con elementos de prueba que apoyen o desvirtúen las aseveraciones de
la presunta víctima, el principio de unidad de la prueba le obligará al juzgador a determinar qué tan creíble
resulta la declaración de dicha persona, una vez que ha sido contrastado con el resto del acervo probatorio
15
.
Para ahondar un poco más, es preciso referirnos acerca del principio de congruencia,
cabe señalar que esta institución ayuda a proteger los derechos de defensa de la
persona procesada, cuando resultan alterados los hechos o el derecho utilizados para
15
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Sala Especializada de lø Penal, Penal Militar y Tránsito. Sentencia que
pone fin al recurso de casación signado con el Nro. 276-2013.
Chiwian Vs. Naanch
(Violación).
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su juzgamiento; para ello bien podemos remitirnos a lo que al respecto este mismo
órgano jurisdiccional ha señalado que:
(..) los requisitos básicos que se debe observar para real/zar un cambio de tioificación, al
momento de juzgar al procesado, son los siguientes
: 1) Inalterabilidad de los hechos por los
cuales se ha investigado, llamado ajuicio yjuzgado al procesado, pues, como hemos visto, no
existe discusión respecto a la aplicación de/princ49io de congruencia fáctico, el cual determina
que los órganosjurisdiccionales no pueden alterar
los
hechos fijados en el auto de llamamiento
ajuiao, para emitir sus sentencias, cuestión que resultaría altamente atentatoria en contra del
derecho a la defensa de/procesado, a/juzgarlo con base a hechos que no han
sido
puestos en
su
conocimiento; 2) Inalterabilidad de/bien jurídico protegido, de aquel que fue utilizado por
el fiscal para acusar desde la etapa intermedia del proceso al encartado, al que consigna
efectivamente e/juzgador en su providencia. Este requisito deviene de los límites impuestos al
órgano jurisdiccional, cuando efectivamente aplique el principio iura novit curia,
-
y, 3) El más
importante de ellos, es el mantenerla viabilidad de la defensa realizada por el procesado; esto
es, que los argumentos vertidos por éste para desvirtuar su participación, a cualquier título,
dentro de los hechos que se le imputan, sirvan tanto para defenderlo del tipo penal acusado
por el fiscal, como de aquel al que e/juzgador intenta aplicar en su resolución.
()
16
16
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar y Tránsito. Recurso de Casación que resuelve
el caso No. 1047-2012 González en contra de la sentencia emitida por la Sala Unica de la Corte Provincial de Justicia de
Sucumbíos; recurso de casación.
Al respecto del principio de congruencia esta sentencia señala:
'Este principio ha generado intensos debates en los actuales tiempos, debido a que en un inicio, su contenido se asimilaba
solo a la prohibición de/juzgador de incorporar nuevos hechos a los que ya fueron fijados en el auto de llamamiento ajuicio,
sin que existiese ninguna limitación para el órgano jurisdiccional, al momento de cambiar el tipa ~por el que resultaba
condenado el procesado, si se consideraba que aquel invocado por el fiscal de la causa no se encuadraba en la conducta
concreta sometida a juzgamiento; sin embargo, el desarrollo de los derechos humanos, y principalmente del derecho de
defensa del procesado, fruto de/cambio de paradigma'
6
respecto a ¡aposición ale/juez en el proceso, que ahora se propugna
entre los órganos jurisdiccionales estatales, ha llevado a adoptar el criterio de que el cambio de tipa penal realizado por el
juzgador mediante su sentencia, inminentemente con posterioridad a la defensa del procesado, implicaría una vulneración a
sus derechos, de equiparable magnitud a la reformulación de los hechos por los que se le juzga.
En este contexto, el contenido de/principio de congruencia ha sido divido en dos, tomando como criterio diferenciador, si son
los hechos o el derecho los que resultan alterados por el juzgador; en el primero de los casos, se hablara por tanto de
congruencia fact'ca en tanto que en el segundo, se adoptara el nombre de congruenaajundica El principio de congruencia
fáctica es caro, en virtud de él, '.. la persona no puede ser declarada culpable por hechos que no consten en la acusación... ';
esta parte de/principio, encuentra su desarrollo normativo en el art/culo 232 del Código Procedimiento Penal, que indica como
uno de los requisitos del auto de llamamiento ajuicio 'La determinación del acto o actos punibles por los que se juzgará al
procesado...
'
,' lo cual empata con lo previsto en el artículo 315 ejusdem, el cual dispone que "El Tribunal de Garantías Penales
no podrá pronunciar sentencia sobre hechos que no tengan relación o conexión con los determinados en el auto de llamamiento
ajuicio; ni dejar de pronunciarse sobre todos y cada uno de ellos`
Como podemos observar, es/a parte jurídica de/principio de congruencia, la que ha generado complicaciones al momento de
determinar, tanto su contenido, como el basamento normativo que se debe aplicar para invocar/o; razón por la cual, se vuelve
imperioso que este órgano jurisdiccional de casación, fije los parámetros con base a los cuales se puede medir una violación
a esta institución jurídica, actividad para la cual, tomaremos en cuenta lo siguiente: 1) Quién es el encargado de realizar la
acusación; 2) En qué momento debe realizarla; 3) Los límites de/principio iura novit cuna; y, 4) El derecho a la defensa del
procesado. [...]
Los pr/napa/es componentes del derecho de defensa que se ven atacados al momento de analizar e/principio de congruencia
son los siguientes
: 1) Como lo hemos establecido, el primero de ellos es la presunción de inocencia (artículo 76.2 de la
Constitución de la República [CRJ), en virtud de la cual, el acusado será tratado como una persona inocente hasta el momento
en el que se expida en su contra, una sentencia condenatoria ejecutoriada; se lo toma en cuenta, pues por efecto de este
prínapio, el impulso de/proceso y la carga de la prueba le corresponden al fiscal de la causa, dándole una posición pasiva al
procesado dentro de/juicio penal, a la espera de/as acusaciones yargumentadones del fiscal, en virtud de las cuales, adecuará
su defensa ysus alegaciones. Por lo expuesto, un cambio drástico de tipo penal Podría dejar totalmente inefectiva la defensa
del procesado, al generar que sus argumentos, esgrimidos para enervar aquellos que fueron vertidos por el fiscal de la causa,
no sean adecuados para contrarrestarla inexistencia de los elementos de un nuevo tipo pena/por el que se lo acusa o condena,
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De allí que en el caso
sub ¡údice,
conforme queda evidencia
utsupra,
no se ha vulnerado
el principio de congruencia, ya que los hechos por los cuales se ha juzgado y sentenciado
al procesado Segundo José Guamán Urgiles, se han mantenido inalterados, al ser estos
los mismos que han sido determinados como ciertos y probados en la sentencia de los
juzgadores de instancia.
Más allá de haber quedado ubicada la argumentación y/o el escenario casacional
planteado por la defensa técnica del recurrente procesado Segundo José Guamán
Urgiles; y, de que se han planteado en concreto violación de las normas al fundamentar
su recurso, si bien es cierto se determina la sentencia sobre la que ejerce su derecho
a impugnarlo; pero su fundamentación no la realiza conforme lo establece la ley; por lo
que, este Órgano Jurisdiccional cree importante referirse a los precedentes
jurisprudenciales que la misma Corte Nacional ha expresado, que la fundamentación de
recurso de casación conforme lo exige el Art. 352 del Código de Procedimiento Penal
aplicable en este caso, debe partir primero del principio de taxatividad, esto es identificación
del fallo y en qué caso habido la indebida aplicación de la ley conforme ha sido el motivo
del recurso casacional, evidentemente el fallo ha sido identificado y es el de 22 de abril del
2019, dictado por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.
2.4.23- Determinado que ha quedado el tema medular de la alegación del procesado
recurrente Segundo José Guamán Urgiles, respecto a que la sentencia emitida por el
Tribunal de Apelación, lo condena a una pena de 12 años de reclusión mayor
lo que genera en él una carga procesal que no le corresponde; esto es, la previsibilidad de todos los escenarios jurídicos
posibles que se podrían desprender de la conducta por la que se lo juzga, para en virtud de ellos, preparar su defensa; 2)
Contar con el tiempo y/os medios adecuados para la preparación de su defensa (artículo 76.7.b) CR), pues e/procesado utiliza
ese tiempo y orienta los recursos que tiene, para desvirtuar las alegaciones del fiscal de la causa, quien es el titular de la
acción penal pública; razón por la cual, un cambio radical de tipo penal, volvería infructuoso al tiempo y medios utilizados para
preparar su defensa, dejándolo por otro lado, sin posibilidad de conseguir un nuevo período para elaborar argumentos
contrarios al nuevo tipo penal que se le imputa; y, 3) Ser escuchado en igualdad de condiciones, poder presentar de forma
verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistido, presentar pruebas, así como contradecir las razones y
pruebas que se presenten en su contra (artículo 76. Zc.h) CR); obviamente, todos estos derechos serán ejercidos en replica
de las acusaciones, argumentos y pruebas presentados por el fiscal de la causa, pues como se ha manifestado, la posición del
procesado en e/juicio penal es de defensa, en contra de las aseveraciones de/acusador, por lo cual, sus pruebas ysus alegatos
estarán orientados a desvirtuar/as, siendo ilógico que se defienda de aquello por lo que no ha sido acusado, peor aún de un
delito distinto, que eljuzgador podría llegar a considerar como existente, dados los hechos delictivos por los que se le juzgan.
En virtud de lo antedicho, el cambio de tipo penal, que eventualmente se proponga realizar el órgano jurisdiccional en su
sentencia, solo puede ser hecho si con él no se vulnera alguno de los derechos enunciados supra."
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extraordinaria por el artículo 512.3 lo que habría producido —se dice- que su análisis de
los hechos fuera diferente y con ello su resultado sería la inocencia; este Tribunal de
Casación, desde el rol de órgano de control de la legalidad de los fallos emitidos por los
jueces de instancia, y de subsanador de yerros jurídicos en la sentencia -en el caso de
haberlos-; revisada la sentencia objeto del recurso de casación, donde ya la Sala o el
tribunal de instancia (apelación) hacen un análisis y una consideración con respecto a
la prueba y hechos que se han suscitado y que son motivo de su decisión; es allí, donde
este órgano jurisdiccional encuentra que, con relación a la fundamentación realizada
por el abogado defensor del recurrente en este recurso de casación, que si bien es
cierto empezó identificando la sentencia objeto de su impugnación; sin embargo, al
momento de fundamentar no determinó en qué parte existe el error de derecho ni
tampoco argumentó cómo es que los juzgadores han cometido los yerros y de qué
manera ha influido en la decisión de la causa; pues, únicamente se trató de alegar que
no estaban cumplidos los elementos del tipo penal del artículo 512.3 del Código Penal;
porque a su decir no existió las amenaza o intimidaciones.
De lo anotado, se observa que el recurrente no cumple con los elementos básicos
fundamentales para un recurso de casación, que es el establecer cómo se produce el
yerro; tampoco se ha desarrollado el principio de pertinencia al no determinar en qué
parte de la sentencia se torna injusta con el ejercicio intelectual del juzgador al momento
de resolver; lo que, nos lleva a observar que no existe ningún argumento sobre el cual
pueda debatirse el tema casacional.
En el caso
in examine,
el recurrente no menciona el razonamiento del juzgador de
apelación que considera errado, y, si bien menciona la prueba sobre la que se
fundamenta su alegación, nada dice respecto a las reglas lógicas, científicas, jurídicas o
de la experiencia que supuestamente fueron vulneradas al valorarla; en tal sentido, la
fundamentacion brindada por el casacionista, no contiene un criterio jurídico objetivo
cuyo cumplimiento o incumplimiento pueda ser revisado al confrontarlo con el fallo
impugnado, sino que se reduce a una visión subjetiva para calificar la forma en la que
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el juzgador de apelación ha valorado la prueba, que no pasa de constituir un
descontento generalizado con la decisión adoptada en tal instancia.
En virtud de lo expuesto, la falta de fundamentación del recurso por parte del recurrente
y que espera sea analizado por el Tribunal de Casación, no se puede basar en un
desacuerdo entre las conclusiones probatorias o la aplicación e interpretación normativa
que ha realizado el juzgador de segunda instancia, con las suyas propias; al contrario,
deberá erigirse sobre la falta de exteriorización de estos elementos en el texto del fallo
impugnado; es decir, su ausencia total.
Por lo expresado en líneas precedentes, este Tribunal estima que conforme ha sido
sustentado el recurso de casación, el hecho no tiene asidero en su construcción por
parte del recurrente; y, de acuerdo al razonamiento que hace el Tribunal Ad quem en
el considerando 8.8 de su sentencia, en la que en sus conclusiones esboza y argumenta,
cuáles son los criterios jurídicos, hechos que se dieron por probados, precisando con
claridad y de forma adecuada, el por qué llega a una resolución de condena y revocatoria
de la sentencia del A quo, se encuentra que este fallo está debidamente motivado,
coincidiendo de esta manera con lo manifestado por Fiscalía General del Estado como
por la Defensoría Pública, por lo que se estima que está indebidamente fundamentado
este cargo casacional.
Respecto a la prescripción alegada, hay que recordar lo que disponía el Art. 101 del
Código Penal que ha referido el casacionista, que los delitos reprimidos con reclusión
mayor extraordinaria, las causas prescribían en el plazo de 15 años; en este caso, el
mismo casacionista ha mencionado que han transcurrido 10 años de este proceso; y,
más aún, si aplicamos por favorabilidad las normas vigentes en el COIP, no prosperaría
la prescripción alegada. No olvidemos que las últimas reformas mediante plebiscito
determinaron que delitos sexuales que afecten a niños, niñas y adolescentes son de
carácter imprescriptible, además las reformas del 2005, que establecían que en los
delitos de carácter sexual una prescripción que alcanzaba hasta 34 años, por lo que no
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se ajusta tal pedimento a las normativas jurídicas vigentes a la fecha que se inició el
presente proceso, por lo que tal pretensión se la desestima.
De igual manera este Tribunal no encuentra motivo para de oficio casar la sentencia;
así como tampoco encuentra argumento alguno, que amerite algún vicio o yerro para e
cambiar el resultado del Ad-quem.
3.- RESOLUCIÓN
Sobre la base de lo queda expuesto, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal,
Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia,
"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA",
por unanimidad:
3.1.- Negar el recurso de casación interpuesto por
José Manuel Guamá,, Urgilés, y
confirmar la sentencia del
Ad quem,
por considerarla que se encuentra debidamente
motivada, de acuerdo a los elementos que han sido motivo de discusión en esta cede
de casación.
3.2.- Una vez ejecutoriado el fallo de casación, devuélvase el expediente al órgano
jurisdiccional de origen.
Notifíquese y Cúmplase.
Dra. D?i1elIa Cámahq Herold
Dr. Wilman'Terán Carrillo
JUEZA NACIONAL
JUEZ NACIONAL ( e)
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FUNCIÓN iV:DICAL
Certifico,
SECRETARIA RELATORA
En Quito, lunes veinte y cinco de enero del dos mil veinte y uno, a partir de las once
horas y cuarenta y dos minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA
que antecede a: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1207
y
correo
electrónico serranop©fiscalia.gob.ec
; LALVAY LALVAY JORGE VICENTE en la
casilla No. 6049
y
correo electrónico pguerrero@defensoria.gob.ec
,
boletaspichincha@defensoria.gob.ec
. GUAMAN URGILEZ SEGUNDO JOSE
MANUEL en el correo electrónico carEosfpalacios@hotmail.com
, en el casillero
electrónico No. 0102349081 del Dr./Ab. CARLOS FEDERICO PALACIOS URGILES.
DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY en el correo electrónico
bol
etasazuay@defensoria.gob.ec
.
Certifico:
BURBANO PIEDRA JESSICA GABRIELA
SECRETARIA RELATORA
Firmado por
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JESSICA
GABRIELA
BURBANO PIEDRA
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