Resolución Nº 112-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 15 de Marzo de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteSUING NAGUA JOSÉ DIONICIO
Fecha de sentencia15 Mar 2021
Número de expediente00508-2018
Número de resolución112-2021
Juicio No. 17510-2018-00508
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, lunes 15 de marzo del 2021,
las 12h56. VISTOS: El doctor Enrico Galderisi en calidad de gerente general y como tal representante
legal de la compañía ENI ECUADOR S.A., interpone recurso de casación en contra del fallo dictado
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, el 11 de septiembre del 2019, las 12h14, dentro del juicio de No. 17510-2018-
00508.
PRIMERO: COMPETENCIA.- La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 185 segunda parte
numeral 1 y, numeral 1 del artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 266 del
Código Orgánico General de Procesos.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.- El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el 11 de septiembre del 2019, las
12h14, dentro del juicio de impugnación No. 17510-2018-00508, resolvió rechazar la demanda
presentada por el doctor Enrico Galderisi, en calidad de gerente general y como tal, representante
legal de la compañía ENI ECUADOR S.A.
TERCERO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO.- Con fecha 27 de noviembre del 2019, las
10h29, el doctor Enrico Galderisi en calidad de gerente general y representante legal de la compa ñía
ENI ECUADOR S.A., interpone recurso de casación, mismo que es calificado, en auto de 29 de
noviembre del 2019, las 11h44, en los términos de los artículos 266, 269 y 271 del Código Orgánico
General de Procesos, para ante los Jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la
Corte Nacional de Justicia, competentes para conocer y resolver este recurso.
CUARTO: ADMISIÓN.- Mediante auto de admisión de 15 de junio del 2020, las 08h42, el doctor
Marco Aurelio Tobar Solano, en su calidad de Conjuez de esta Sala, declar ó la admisibilidad parcial
del recurso de casación propuesto, admitiendo el caso primero del artículo 268 del Código Orgánico
General de Procesos respecto del vicio de la falta de aplicación del artículo 311 del COGEP y del caso
144742504-DFE
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
GILDA ROSANA
MORALES
ORDOÑEZ
C=EC
L=QUITO
CI
1710658640
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
segundo del artículo ibídem por el vicio de falta de motivación de la sentencia recurrida.
QUINTO: CONTESTACIÓN AL RECURSO.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Esmeraldas, no ha dado contestación al recurso de casación interpuesto por el doctor
Enrico Galderisi, en calidad de gerente general y representante legal de la compañía ENI ECUADOR
S.A.
SEXTO: INTEGRACIÓN TRIBUNAL JUZGADOR.- Mediante sorteo de la causa No. 17510-
2018-00508(1), realizado el 19 de noviembre de 2020, las 19h07, se radicó la competencia en la Sala
integrada por los doctores Gustavo Durango Vela, Juez Nacional (E), Fernando Antonio Cohn Zurita,
Juez Nacional (E); y, José Suing Nagua, Juez Nacional, en calidad de Ponente. Mediante Resolución
No. 003-2021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar cumplimiento
al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la causa
No. 17811-2014-0463, ratificado la continuación en el ejercicio de funciones de los doctores José
Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales, respectivamente; con
Resolución No. 008-2021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura designó a la
doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte Nacional de Justicia,
mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo Contencioso Tributario con
los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante Oficio No.92-P-CNJ-2021, de
12 de febrero de 2021, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, llama a integrar la Sala al doctor
Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María Crespo.
SÉPTIMO: VALIDEZ PROCESAL.- No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal por lo que se lo declara válido.
OCTAVO: AUDIENCIA.- Mediante providencia de 2 de marzo de 2021, las 15h01, se convocó a las
partes procesales para la audiencia de sustentación del recurso de casación para el día lunes 8 de
marzo de 2021, a las once horas, en el que participaron el doctor Edison Guillermo Hurtado Viteri, en
calidad de procurador judicial del señor Fabio Cadelli, Gerente de la compañía ENI Ecuador, S.A.; y,
el abogado Albert Urbino Navarrete Vélez, en calidad de procurador judicial de la Ing. Lucía de
Lourdes Sosa Robinzon, Alcaldesa y del Procurador síndico municipal del GAD Municipal del
cantón Esmeraldas, quienes intervinieron argumentando en defensa de los intereses de sus
representados, en los términos que obran de la grabación de la audiencia que se agrega en formato
digital al proceso, en la que se da a conocer en forma oral la decisión adoptada sobre el recurso.
NOVENO: ERRORES ALEGADOS.- El recurrente considera que el fallo emitido por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, el 11 de septiembre del 2019, las 12h14, incurre en:
A. Caso primero del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, por el vicio de
falta de aplicación del artículo 311 del COGEP.
B. Caso segundo del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, por el vicio de
falta de motivación.
DÉCIMO: NORMAS SEÑALADAS COMO INFRINGIDAS.- Las normas que el recurrente
considera infringidas son: a) Constitución de la República del Ecuador: Art. 76, numeral 7, literal
l).- “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de los
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación sin en la resolución no se enuncian las
normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán
sancionado.” b) Código Orgánico General de Procesos: Art. 311.- Validez y eficacia de las
actuaciones de la administración pública.- “Son válidos y eficaces los actos del sector público
expedidos por autoridad pública competente, salvo que se declare lo contrario. Con respecto a los
actos tributarios impugnados, corresponderá a la administración la prueba de los hechos o actos del
contribuyente, de lo que concluya la existencia de la obligación tributaria y su cuantía.”
DÉCIMO PRIMERO: CONTENIDO DEL CASO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ART. 268
DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.-
A. El caso primero del artículo 268 del Código General de Procesos se configura: “Cuando
se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de
normas procesales, que hayan viciado al proceso de nulidad insubsanable o causado
indefensión y hayan influido por la gravedad de la transgresión en la decisión de la
causa, y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal.”1
B. El caso segundo del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos se configura:
“Cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la ley o en su parte
1 Ecuador. Registro Oficial Suplemento 506 de 22 mayo de 2015 - Última modificación 26 de junio de 2019,
Código Orgánico General de Procesos: artículo 268 numeral 1.
dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles así como, cuando no
cumplan el requisito de motivación.”2
DÉCIMO SEGUNDO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR LOS VICIOS
ACUSADOS.-
A. El casacionista alega la falta de aplicación del artículo 311 del Código Orgánico General
de Procesos, que el GAD Municipal del cantón Esmeraldas tuvo la negligencia de no
haber contestado ni si quiera la demanda, y que la Administración debió probar los
hechos. Que la Sala debió valorar esta carga probatoria, norma procesal y por lo tanto la
única consecuencia posible consistió en la aceptación de la demanda. Que la falta de
aplicación de esta disposición normativa pone en una situación de ventaja a la
Administración Municipal y como consecuencia se establece que la carga probatoria que
no existe por parte de la Administración. Que por lo tanto, se provocó una vulneración al
derecho de solicitar, reclamar y defenderse mediante el empleo de pruebas legítimas y
documentadas.
B. El recurrente considera que los juzgadores de instancia no cumplen con el requisito de
motivación previsto en la norma constitucional, artículo 76.7, l) en su dimensión lógica,
en el siguiente razonamiento del Tribunal: “(…) o, impugnar dicha actuación en vía
jurisdiccional, en el plazo de 60 días, conforme los artículos 306 y 320 numeral 3 del
Código Tributario.- (ii) Frente a una sanción por contravención o falta reglamentaria
(en el ejercicio de la facultad sancionadora), los sujetos pasivos pueden igualmente
presentar, dentro del plazo de 20 días, un reclamo administrativo, conforme los artículos
115 y 364 del Código Tributario; o , impugnar dichas actuación en vía jurisdiccional, en
el plazo de 60 días, conforme los artículos 306 y 320 numeral 6 del Código Tributario.”
Agrega que las premisas normativas que ha señalado la Sala no corresponden a la materia
adecuada al caso; que el artículo 306 del Código Tributario se refiere a reclamos
administrativos y no a los plazos para accionar, el artículo 320 se encuentra derogado y el
artículo 364 se refiere a la jurisdicción penal tributaria que también está derogado. Que
por lo tanto, es evidente que las premisas normativas no guardan ninguna coherencia
lógica con el caso, por lo que, se consolida el caso segundo del artículo 268 del Código
2 Ecuador. Registro Oficial Suplemento 506 de 22 mayo de 2015 - Última modificación 26 de junio de 2019,
Código Orgánico General de Procesos: artículo 268 numeral 2.
Orgánico General de Procesos por no reunir los requisitos de motivación.
DÉCIMO TERCERO: ANÁLISIS DE LOS VICIOS ALEGADOS. - Esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, para resolver los problemas jurídicos
planteados derivados del cuestionamiento al fallo de instancia, con fundamento en los casos primero y
quinto del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, únicos admitidos por el señor
Conjuez de la Sala, considera:
13.1 i. La falta de aplicación de una norma“ocurre cuando el sentenciador niega en el fallo
la existencia de un precepto, lo ignora frente al caso debatido. Es error contra ius, es
rebeldía y desconocimiento de la norma. Es error de existencia de la norma por haberse
excluido ésta en la sentencia”.3: ii. En el presente caso el actor aduce que el Tribunal de
instancia no aplicó el contenido del artículo 311 del Código Orgánico General de
Procesos, (esta Sala Especializada precisa que corresponde al inciso segundo de la
referida norma), porque considera que no tomó en cuenta que la entidad demandada no
actuó prueba y que debió hacerlo en función de haber impugnado un acto de la
administración tributaria; iii. Analizado el caso, el recurrente olvida dos elementos,
primero que el analisis que realiza el Tribunal juzgador está relacionado con la
pertinencia de la acción, sin que haya referido a prueba alguna, ni siquiera del accionante,
concentrándose en un análisis de puro derecho; y, segundo, que la indicada norma
procesal revierte la carga de la prueba a la administración tributaria cuando se trata de
actos de determinación, pues únicamente, cuando la administración tributaria ejerce su
facultad determinadora es cuando concluye con la verificación de la existencia de la
obligación y su cuantía, cual es el presupuesto de la norma en análisis; iv. Como lo
determina el Tribunal juzgador en la sentencia cuestionada, el actor equivoca su acción,
pues de lo que se trataba es de un procedimiento de ejecución coactiva, mismo que se
activa cuando la obligación es exigible, es decir luego de haberse determinado la misma,
no se trata de un proceso de determinación practicado por la administración para que
proceda la reversion de la carga de la prueba y le corresponda a la administración probar,
como sostiene el recurrente; vi. Al haber equivocado el actor el mecanismo de
cuestionamiento, en sede administrativa, reclamando el pago indebido o el pago en
exceso, que no existe, pues se trató de una medida cautelar, válida dentro de un proceso
3 Tolosa Villabona, L.A.; Teoría y Técnica de Casación, ibídem, pp. 359.
de ejecución coactiva, mal podía pretender la aplicación de una norma que al caso resulta
evidentemente inaplicable; por las consideraciones expuestas el cuestionamiento por falta
de aplicación no procede.
13.2 i. Respecto a la falta de motivación esta consiste en una “(…) operación mental del
juez dirigida a determinar si todos los extremos de una decisión son susceptibles ser
incluidos en la redacción de la resolución, por gozar de una adecuada justificación
jurídica.[4] En este mismo sentido Fernando de la Rúa define a la motivación de la
sentencia como “(…) el elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico,
que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y derecho en los cuales el juez
apoya su decisión.”[5]; La Corte Constitucional del Ecuador por su parte la ha
conceptualizado de la siguiente forma: “La motivación corresponde entonces a la
obligación de las autoridades públicas de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones. No obstante, este requisito constitucional no establece
modelos ni exige altos estándares de argumentación jurídica; al contrario, contiene
únicamente parámetros mínimos que deben ser cumplidos. En ese sentido, una violación
del artículo 76 numeral 7 literal l) de la CRE ocurre ante dos posibles escenarios, con
iguales efectos: 1. La insuficiencia de motivación, cuando se incumplen alguno de los
criterios que nacen de la propia Constitución como son la enunciación de las normas y
la explicación de la pertinencia de su aplicación al caso concreto; y 2. La inexistencia
de motivación, siendo esta una ausencia completa de argumentación de la decisión. En
tal sentido, la inexistencia constituye una insuficiencia radical que impide tener un
argumento mínimo necesario para considerar motivada una sentencia.” (Ecuador. Corte
Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1320-13-EP/20, de 20 de mayo del 2020); las
referencias doctrinarias y jurisprudencial dan cuenta de la trascendencia e importancia de
la motivación, que sanciona su falta con la nulidad, conforme lo prevé el artículo 76.7 l)
de la Constitución de la República; ii. El argumento del recurrente es que la sentencia
incumple el criterio de la lógica establecido como parámetro de verificación cuando una
decisión cumple con la obligación de motivar. Para ello, cita parcialmente el contenido
de la sentencia que cuestiona, cuyo considerando, 8.1 para mejor comprensión se
transcribe a continuación en su totalidad: “8.1) FACULTADES DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- 8.1.1) Conforme el artículo 9 del Código
Tributario, la gestión tributaria de la autoridad tributaria comprende las funciones de
determinación y recaudación de tributos, así como, la resolución de las reclamaciones y
absolución de consultas. En este contexto, dichas funciones no son discrecionales para
la administración fiscal, sino que, conforme el artículo 10 ibíd., los actos de gestión en
materia tributaria, constituyen actividad reglada y son impugnables por las vías
administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley.- De lo expuesto, cabe puntualizar
que la actividad reglada corresponde al sujeto activo en sus actuaciones
administrativas, pero a su vez, la normativa singulariza y establece con claridad los
mecanismos y condiciones de impugnación disponibles.- 8.1.2) Así las cosas, para el
ejercicio de sus funciones regladas-, la administración tributaria goza de facultades,
donde y entre otras: (i) Mediante la facultad recaudadora, la autoridad fiscal, en la
forma o por los sistemas establecidos en el ordenamiento jurídico efectúa la recaudación
de tributos (artículo 71 del Código Tributario); y, (ii) Mediante la facultad resolutiva, la
autoridad administrativa respectiva, está obligada a expedir resolución motivada, en el
tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en
ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos afectados por un acto de
administración tributaria (artículo 69 del Código Tributario).- 8.1.3) Siendo así, frente a
las actuaciones regladas de la autoridad fiscal, el ordenamiento jurídico, y en principal
el Código Tributario, ha previsto prerrogativas que gozan los administrados o sujetos
pasivos, para que, frente a una actuación administrativa, éstos puedan ejercer su
derecho a la defensa garantizado por la Constitución. En este contexto, las instituciones
previstas para oponerse a una actuación administrativa, a su vez, dependen de la
facultad que está ejerciendo la administración tributaria.- Así tenemos a manera de
ejemplo que: (i) Frente a un acto de determinación (en ejercicio de la facultad
determinadora), los sujetos pasivos pueden presentar, dentro del plazo de 20 días, un
reclamo administrativo, conforme el artículo 115 del Código Tributario; o, impugnar
dicha actuación en vía jurisdiccional, en el plazo de 60 días, conforme los artículos 306
y 320 numeral 3 del Código Tributario.- (ii) Frente a una sanción por contravención o
falta reglamentaria (en ejercicio de la facultad sancionadora), los sujetos pasivos
pueden igualmente presentar, dentro del plazo de 20 días, un reclamo administrativo,
conforme los artículos 115 y 364 del Código Tributario; o, impugnar dicha actuación en
vía jurisdiccional, en el plazo de 60 días, conforme los artículos 306 y 320 numeral 6 del
Código Tributario.- O, (iii) En oposición de un mandamiento de ejecución contenido en
un auto de pago dentro de un procedimiento coactivo (en ejercicio de la facultad
recaudadora), los sujetos pasivos pueden presentar, dentro del plazo de 20 días,
excepciones al procedimiento coactivo, conforme artículo 212 y siguientes del Código
Tributario, en concordancia con el artículo 316 del COGEP.- 8.1.3) Siguiendo con lo
detallado, se advierte que los mecanismos de defensa indicados tienen su fundamento, en
particular, en el tipo de obligación, así como estado jurídico de la misma.- En este
contexto, frente a un acto de determinación del cual se haya presentado reclamo en vía
administrativa o impugnación en vía judicial, debido a la oposición del mismo, y si bien
el acto goza de presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, conforme el artículo 82 del
Código Tributario, la obligación será ejecutiva cuando encuentre firme o se haya
ejecutoriado; dicho de otra manera, cuando se impugna el acto administrativo, se evita
que la obligación adquiera firmeza o ejecutoriedad, según corresponda, conforme el
mandato de los artículos 83 y 84 ibídem, y por lo tanto la misma, al no ser ejecutiva, no
puede ser susceptible de cobro.- Por otra parte, frente a un auto de pago dentro de un
procedimiento coactivo, este corresponde a un mecanismo de cobro que tiene la
administración, mismo que, mediante la acción coactiva se conmina al cobro de
obligaciones firmes o ejecutoriadas; es decir, a diferencia de reclamo no se puede
discutir la obligación, pues el cobro se fundamenta en que la obligación ya es ejecutiva,
conforme el artículo 157 del Código Tributario. En este contexto y en este caso, frente a
un mandamiento de ejecución contenido en un auto de pago, el Código Tributario
manda de forma expresa que, al procedimiento de ejecución de créditos tributarios,
“sólo pueden oponerse“ las excepciones del artículo 212 ibídem.- Finalmente, y también
frente a un procedimiento coactivo seguido en contra de un deudor tributario, donde,
como se indicó la obligación ya es ejecutiva, pero cuando se advierta la omisión de
solemnidades sustanciales u otros motivos que produzcan nulidad, cabe presentar en vía
judicial una acción especial de nulidad del procedimiento coactivo, conforme el artículo
322 numeral 9 del COGEP.- 8.1.4) Lo analizado tiene como propósito enfatizar que,
frente a la actividad reglada e impugnable de la administración tributaria, frente a un
auto de pago dictado en un procedimiento coactivo, los mecanismos de defensa
disponibles con que cuenta el deudor tributario son las “excepciones a la coactiva” del
artículo 212 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 316 del COGEP; y,
bajo condiciones expresas previstas en la normativa, la “nulidad del procedimiento
coactivo por créditos tributarios” del artículo 322 numeral 9 del COGEP.”; en el
considerando 8.2. desarrolla el tema del pago indebido solicitado por el actor, señalando
con claridad los argumentos de por qué no procede; iii. Como se puede advertir de la
sentencia cuestionada, se encuentra que el Tribunal juzgador cumple con la obligación de
confrontar los hechos, (el procedimiento de ejecución como antecedente, incluida la
medida cautelar, el reclamo y su negativa, que son cuestionados judicialmente), con la
normativa aplicable, evidenciando los errores en los que incurre la empresa actora, que
no pueden ser subsanados por el juzgador de instancia y que tampoco pueden ser
enmendados por esta Sala, menos a título de falta de motivación que no se advierte que
exista. Todo esto, pese a la incuria en la que incurre la autoridad demandada, por lo que
la decisión no valida ni cohonesta decisiones administrativas de las autoridades del GAD
municipal demandado. Por lo que tampoco procede el vicio alegado.
DÉCIMO CUARTO.- DECISIÓN.- Por las consideraciones antes referidas, esta Sala Especializada
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve NO CASAR el fallo dictado por
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, el 11 de septiembre del 2019, las 12h14.- Sin costas.- Notifíquese, Publíquese
y Devuélvase.-
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL