Resolución Nº 115-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 15 de Marzo de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteDURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO
Fecha de sentencia15 Mar 2021
Número de expediente00138-2018
Número de resolución115-2021
Juicio No. 17510-2018-00138
JUEZ PONENTE: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA, JUEZ NACIONAL (E)
(PONENTE)
AUTOR/A: GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, lunes 15 de marzo del 2021,
las 13h29.
VISTOS: La Abg. Paulina Silva Barrera, en calidad de procuradora fiscal de la Directora Zonal 9 del
Servicio de Rentas Internas y el Ing. Maximiliano Alejandro Hidalgo Naranjo, representante legal de
la ASOCIACIÓN TIESIJU MANABÍ, interponen recursos de casación en contra de la sentencia
dictada el 3 de septiembre de 2018, a las 13h57, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario
con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, dentro del juicio de
impugnación No. 17510-2018-00138, propuesto por Ing. Maximiliano Alejandro Hidalgo Naranjo, en
calidad de procurador común y representante legal de la ASOCIACIÓN TIESIJU MANABÍ en contra
de la Resolución No. 117012018RDEV029470 de 20 de febrero de 2018, emitida por la Dirección
Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, en que se resuelve negar la solicitud de devolución de
retenciones de Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero a diciembre de 2011, efectuada por
la referida asociación.
PRIMERO: COMPETENCIA.- La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el presente recurso de casación de
conformidad con el artículo 184 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 184 y 185
segunda parte numeral 1 y 201.1 del Código Orgánico de la Función Judicial y, 266 del Código
Orgánico General de Procesos.
SEGUNDO: INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL JUZGADOR.- Mediante Resolución Nro. 003-
2021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso dar cumplimiento al
mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la causa No.
17811-2014-0463, ratificando la continuación en el ejercicio de funciones de los doctores José Suing
Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales, respectivamente; además, con
Resolución Nro. 008-2021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura design ó a la
doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia,
mediante Resolución Nro. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo Contencioso Tributario con
144747175-DFE
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
GILDA ROSANA
MORALES
ORDOÑEZ
C=EC
L=QUITO
CI
1710658640
los doctores Gilda Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; y, con Oficio Nro. 92-P-CNJ-2021,
de 12 de febrero de 2021, el doctor Iván Saquicela Rodas, Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en remplazo de la doctora Ana Mar ía Crespo
Santos, abalado por la Acción de Personal N° 166-UATH-2021-NB de 19 de febrero de 2021.
Cabe manifestar que en virtud del sorteo de la causa, realizado el 3 de marzo de 2020, a las 16h15, se
radicó la competencia en la Sala integrada por los doctores: Mónica Alexandra Heredia Proaño,
ponente, Fernando Antonio Cohn Zurita, y Gilda Rosana Morales Ordoñez, jueces temporales a
quienes se dio por terminada la designación temporal efectuada por Resolución 197-2019 de 28 de
noviembre de 2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por tanto, este tribunal de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actualmente integrado por
los doctores Gustavo Durango Vela (Juez encargado ponente), Gilda Rosana Morales Ordóñez y José
Suing Nagua es competente para conocer y resolver esta causa.
TERCERO: ERROR ALEGADO Y ADMITIDO.- Mediante auto de 21 de noviembre de 2018, a
las 11h47, dictado por el doctor Juan G. Montero Chávez, Conjuez Nacional de la Corte Nacional de
Justicia, en lo que respecta al recurso de casaci ón interpuesto por la ASOCIACIÓN TIESIJU
MANABÍ, declaró su inadmisibilidad. Respecto del recurso de casación interpuesto por el Servicio de
Rentas Internas, se declara la admisión parcial en relación al caso 5 del art. 268 del COGEP, por el
vicio de errónea interpretación de los arts. 75 y 76 del Código Tributario.
CUARTO: VALIDEZ PROCESAL.- De la revisión del proceso no se observa ninguna
circunstancia que pueda afectar su validez procesal y tampoco existe nulidad alguna que declarar, por
lo que se declara la plena validez del mismo.
Cabe recalcar que a la presente sentencia de casación, le han antecedido los siguientes actos
procesales, señalados en el art. 272 del COGEP que denotan su validez:
Providencia de 5 de marzo de 2021, a las 16h35, dictada por el Juez Nacional Ponente de esta Sala
Especializada en la que se convoca a las partes a audiencia única en vía telemática para el día jueves
11 de marzo de 2021, las 11h00, misma que efectivamente se realizó, y en la cual fueron escuchadas
las partes procesales a través de sus procuradores judiciales: por el recurrente el Servicio de Rentas
Internas, la abogada Shariam Olmedo Armijos y, por la parte demandante ASOCIACIÓN TIESIJU
MANABÍ, el abogado Raúl Chávez Chimbo, quienes intervinieron con sus alegatos debidamente
autorizados e hicieron uso de su derecho a la réplica y contrarréplica, como se podrá verificar del acta
de audiencia que obra del proceso, así como del CD que contiene la grabación de la misma.
Tomada que fue la decisión en forma unánime por parte de la Sala, se la expuso oralmente por parte
del juez ponente.
QUINTO: ARGUMENTOS DEL RECURRENTE POR EL VICIO SEÑALADO:
El Servicio de Rentas Internas, en el escrito de casación y en su defensa técnica manifestó que: el art.
1, numeral 9, literal b) de la Resolución No. DZORDFI17-0000002, establece la delegaci ón que
permite a los funcionarios resolver peticiones de devolución de retenciones de IVA, siempre que no
sean superiores a USD 100.000,oo devueltos; que la Administración Tributaria resolvió negar la
solicitud de devolución de retenciones de IVA a la parte actora, es decir un valor devuelto de cero, lo
cual evidencia que la firma del Ing. Marcelo Rosero en la resolución impugnada, se sujetó al
contenido de la norma que le facultó su suscripción; que el Tribunal de instancia en el numeral 5.1.2,
interpreta que el verbo rector “atender” involucra a la totalidad de la pretensión inicial de TIESIJU
que, no era otra que se le conceda la devolución de retenciones del IVA por un valor de USD $
614,155.35, con lo cual perdió competencia el “delgado” que sólo podía atender hasta USD
100.000,oo; que los arts. 75 y 76 del Código Tributario disponen que, la competencia de la autoridad
tributaria es otorgada por ley para conocer asuntos tributarios (art. 75) y que la misma es
irrenunciable, salvo cuando exista delegación (art. 76); dicha delegación consta en el art. 1, numeral 9,
literal b) de la Resolución No. DZORDFI17-0000002, por tanto, el Ing. Marcelo Rosero Bravo, quien
suscribe la resolución impugnada posee el cargo de experto supervisor del Departamento de
Devoluciones del Servicio de Rentas Internas y suscribió por delegación una resolución cuyo valor
total devuelto es cero, por lo que la delegación a él otorgada ha sido mal interpretada por el Tribunal a
quo en los numerales 5.1.2 y 5.1.3, al afirmar que no poseía delegación y por tanto competencia para
actuar en la devolución de IVA propuesta por TIESIJU, lo cual constituye un grave vicio de la
sentencia recurrida; que en la sentencia recurrida se expresa que el valor devuelto es cero, lo cual no
es parte de la litis y fue aceptado por las partes, no obstante el Tribunal a quo atenta de forma grave al
interpretar erróneamente los arts. 75 y 76 referidos, desconociendo la competencia que reviste al Ing.
Marcelo Rosero Bravo de expedir y suscribir la resolución impugnada.
SEXTO: ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN
INTERPUESTO.- La parte actora en la etapa del juicio, no contestó el traslado hecho por el conjuez,
sin embargo en la audiencia convocada para conocer la causa, procede a dar contestación al recurso de
casación interpuesto por el Servicio de Rentas Internas, del cual dice que es improcedente y que se lo
rechace.
SÉPTIMO: CONSIDERACIONES DE LA SALA DE CASACIÓN PARA SU DECISIÓN.-
7.1. PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.- El recurso de casación se fundamenta en el caso 5
del art. 268 del COGEP que establece:
Art. 268.- Casos. El recurso de casación procederá en los siguientes casos: (…) 5. Cuando
se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de
normas de derecho sustantivo, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, que
hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto”.
Este caso es conocido en la doctrina como la violación directa de la Ley y que de configurarse el yerro
jurídico de la sentencia ésta debe ser corregida. Este es el caso que tiene como limitante la
revaloración de las pruebas y debe ser planteado a partir de los hechos probados en la sentencia. Para
que se configure el mismo se requiere la presencia de dos elementos: el primero, que debe haber
violación directa de las normas sustantivas en la sentencia impugnada; y, el segundo, que la
transgresión haya sido determinante en la parte resolutiva del fallo recurrido.
7.2. ALCANCE DOCTRINARIO DEL ERROR.- El recurso de casación interpuesto, se
fundamenta en el vicio de errónea interpretación de normas de derecho; y, en este sentido, el autor
Luis Armando Tolosa Villabona, en referencia a la errónea interpretación dice que:
Se trata de la exégesis equivocada de la norma en su contenido mismo, independientemente
de las cuestiones de hecho debatidas en la sentencia y del caso que trata de regular. La
norma jurídica es la que gobierna el asunto, pero en sentido diverso, por lo tanto, yerra en el
enfoque verdadero de ella, en su espíritu y alcances. Hay entonces insuficiencia del juicio o
exceso al formularlo. El sentenciador acierta en la norma pero falla en su verdadero
significado, alejándose de su espíritu y finalidad1
7.3. NORMAS LEGALES APLICABLES AL CASO.- A fin de establecer si se configura o no el
cargo alegado, este Tribunal Especializado de Casación Tributaria, inicia su análisis transcribiendo las
normas de derecho que el recurrente estima infringidas y que han sido calificadas como procedentes
por el Conjuez de la Sala:
Código Tributario:
Art. 75.- Competencia.- La competencia administrativa tributaria es la potestad que otorga
la ley a determinada autoridad o institución, para conocer y resolver asuntos de car ácter
tributario”.
Art. 76.- Irrenunciabilidad de la competencia.- La competencia administrativa en el ámbito
tributario, es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que la tengan
1Tolosa Villabona, Luis Armando, 2008, Teoría y Técnica de la Casación, Bogotá – Colombia,
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., pág. 361.
atribuida como propia, salvo los casos de delegación o sustitución, previstos por las leyes”.
7.4. CASO SUB JUDICE A RESOLVER.- En relación al recurso de casación propuesto por el
Servicio de Rentas Internas se considera:
7.4.1 El Tribunal de instancia en el considerando CUARTO (fs. 149 del proceso), al establecer el
objeto de la litis, señala que este consiste en: “4.3… Dilucidar respecto de la validez de la resolución
No. 117012018RDEV029470 de 20 de febrero del 2018, mediante la cual el Delegado de la Dirección
Zonal 9 del SRI, negó la solicitud de devolución del IVA retenido en la fuente presentada por la
Asociación Tiesijú Manabí, por los meses de enero a diciembre del 2011. En el caso de prosperar
dicha pretensión corresponderá resolver sobre la procedencia o no de la aceptación tácita, por parte
de la Administración Tributaria de dicha solicitud, planteada por la parte actora”; por tener relación
a la causal esgrimida para la casación, nos interesa la primera parte señalada, esto es la validez de la
resolución impugnada como consecuencia de la delegación otorgada por el Director General a la
Dirección Zonal 9 del SRI, en donde dicho funcionario resolvió negar la devolución del IVA (0); al
respecto en el considerando QUINTO, (fs.150), en lo pertinente se señala: “5.1.2. Para la aplicación
de la disposición dictada este órgano de justicia considera que el verbo rector atender corresponde
en este caso a los términos conocer y resolver, tan es así que en muchos actos resolutivos de la
Administración Pública se estila la formula “atender positivamente” o “atender negativamente” las
peticiones presentadas. En este contexto se debe tener en cuenta que los arts. 75 y 76 del CT, que
regulan la competencia de la Administración Tributaria, disponen lo siguiente: “art. 75.-
Competencia.- (…) art. 76.- (…) 5.1.3. De lo expuesto se desprende que carece de validez el
argumento esgrimido por el SRI con relación a que por el hecho de que se negó la petición formulada
por la ASOCIACIÓN TIESIJU MANABÍ y consecuente no se devolvió valor alguno a la peticionaria,
el Ing. Marcelo Xavier Rosero Bravo en su calidad de delegado de Directora Zonal 9 del SRI, estaba
legitimado para conocer y resolver las solicitudes en la que se pedía la devolución del valor total de
USD 614.155,35, cuyo monto es superior a los USD 100.000 previstos en la citada resolución de
delegación. Así las cosas, resulta evidente que dicho funcionario actuó fuera del marco de su
delegación”.
7.4.2 El Servicio de Rentas Internas sostiene que la Sala de instancia al resolver de esa manera, yerra
en la interpretación de los arts. 75 y 76 del Código Tributario, ya que en observancia a lo dispuesto en
el art. 1, numeral 9, literal b) de la Resolución No. DZORDFI17-0000002, se permite a los
funcionarios delegados suscribir resoluciones, resolver peticiones de devoluci ón de retenciones de
IVA que no sean superiores a USD 100.000,00 “devueltos”. En el caso concreto de TIESIJU MANABÍ
se resolvió negando la solicitud, se ha devuelto un valor de cero, con lo cual la resolución impugnada
se sujeta a la norma que le facultó su suscripción. En tanto que el Tribunal a quo interpreta que el
verbo rector “atender”, involucra a toda la petición de devolución hecha por USD 614.155,35,
configurándose la incompetencia del delegado. Planteado así el problema jurídico a resolver, esta Sala
Especializada hace las siguientes consideraciones: i) La casación gira en torno a la interpretación de
los Arts. 75 y 76 del Código Tributario, en esencia verificar el cumplimiento de las facultades
delegadas al servidor tributario que suscribió el acto impugnado; ii) Consta como un hecho probado
en la sentencia recurrida que la petición de devolución de las retenciones de IVA realizado por la parte
actora, es de “(...) USD 614.155,35, cuyo monto es superior a los USD 100.000…”; iii) Tampoco es
discutible el contenido del literal b) del No. 9 del art. 1 de la Resolución No. DZ9-DZORDFI17-
00000002, por la cual se establece la delegación de la facultad para ciertos funcionarios del Servicio
de Rentas Internas de la Dirección Zonal 9, para conocer, expedir y suscribir los siguientes actos: “…
9) Al Jefe Zonal del Departamento de Devoluciones de Impuestos, a los Expertos Supervisores
Zonales del indicado Departamento y al servidor William Patricio Báez Gómez: b) Resoluciones u
oficios que atiendan, solicitudes o peticiones realizadas por contribuyentes, responsables o terceros,
relativas a la devolución de retenciones en la fuente de IVA, que no supere los USD 1000.000,00
(cien mil dólares de los Estados Unidos de América), en calidad de valor total devuelto, sumados por
todos los períodos solicitados, sin incluir interés ni multas”; iv) Como se transcribió ut supra, el fallo
recurrido, establece que: “5.1.2. Para la aplicación de la disposición dictada este órgano de justicia
considera que el verbo rector atender corresponde en este caso a los términos conocer y resolver …,
(El subrayado fuera de texto); de lo que se infiere que la Sala a quo, para resolver el objeto de la
controversia aplicó la tantas veces mencionada Resolución de Delegación No. DZ9-DZORDFI17-
00000002; v) Se deja en evidencia que la disposición llamada a resolver la controversia, es la
contenida en la referida Resolución, pues se determina la condicionante del monto para atender la
solicitud de petición de devolución de retenciones del IVA, norma sobre la cual la Administración
Tributaria no ha presentado ningún tipo de reparo en la aplicación realizada por el Juzgador de
instancia, pues incluso cuando se remite a los arts. 75 y 76 del Código Tributario, lo hace en el
contexto de la aplicación en la Resolución de Delegación, refiriéndose a la competencia administrativa
tributaria y la posibilidad legal de delegación prevista por la ley; vi) Criterio que permite aseverar que
el Tribunal de instancia, no incurre en una errónea interpretación de los arts. 75 y 76 del Código
Tributario, ni les da un alcance diverso al de su significado, ni se aleja de su espíritu y finalidad, pues
como se señaló, estas normas únicamente delimitan el ámbito de competencia por delegación al
funcionario que suscribió la resolución de negativa de devolución de las retenciones de IVA,
razonamiento en derecho que permite al tribunal juzgador establecer que la actuaci ón del Delegado no
se somete a las condiciones establecidas en la Resolución No. DZ9-DZORDFI17-00000002; vii)
Consecuencia de lo cual, el acto administrativo que deviene de una autoridad incompetente, resulta
nulo, en los términos y casos previstos en el art. 139 del Código Tributario, tal como lo asevera el
Tribunal de instancia en el numeral 5.1.5 de la sentencia en análisis; viii) No obstante lo decidido por
la Sala y que impide pronunciarse sobre el fondo del asunto, es menester dejar aclarado que el recurso
de casación sólo puede ser interpuesto por quien ha recibido “agravio” en la sentencia o auto del cual
se recurre (Art. 277 del COGEP), en el presente caso, al declarar nulo el acto administrativo
impugnado y retrotraer la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de dicha nulidad, no
le causó agravio alguno a la administración tributaria, menos cuando la decisión del Tribunal de
instancia es negar que se haya producido el silencio administrativo y en consecuencia, que la empresa
TIESIJU MANABI tenga derecho a que por silencio administrativo se le devuelva lo que reclamaba
como pago indebido del IVA; ix) Adicionalmente, en un proceso administrativo, sea de reclamo,
recurso o petición, propuesto por quien tenga interés en obtener una decisión administrativa, es
necesario que el funcionario (delegado de ser el caso), asegure su competencia desde el primer
instante y, no determinarla ya cuando emite su decisión, pues siendo la competencia la potestad
pública para conocer y resolver asuntos de carácter tributario, no cabe que tan trascendente decisión lo
deje para la suscripción del acto administrativo que pone término al proceso, como ha ocurrido en el
presente caso.
OCTAVO.- SENTENCIA
8.1 Por los fundamentos expuestos, al tenor del art. 273 del C ódigo Orgánico General de Procesos, la
Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, Administrando justicia,
en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la
República, resuelve NO CASAR la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2018, a las 13h57, por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, dentro del juicio de impugnación No. 17510-2018-00138.
8.2 Sin costas.
8.3 Comuníquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
8.4 Actúe como Secretaria Relatora dentro de este proceso, la doctora Ligia Marisol Mediavilla en
virtud de la Acción de Personal No. 275-UATH-2021-DCH de 15 de marzo de 2021.
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E) (PONENTE)
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL