Resolución Nº 118-2021 de Corte Nacional de Justicia de Corte Nacional de Justicia, 11 de Marzo de 2021

EmisorCorte Nacional de Justicia (Ecuador)
PonenteSUING NAGUA JOSÉ DIONICIO
Fecha de sentencia11 Mar 2021
Número de expediente00001-2021
Número de resolución118-2021
Juicio No. 12102-2021-00001
JUEZ PONENTE: JOSE DIONICIO SUING NAGUA, JUEZ NACIONAL (PONENTE)
AUTOR/A: JOSE DIONICIO SUING NAGUA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO
TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 11 de marzo del 2021,
las 15h55. VISTOS: Se procede con la resolución en sede de apelación de la acción constitucional de
hábeas corpus interpuesta por los accionantes Jhon Alexander Cardona Cortez, Elmer de Jesús
Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo Moreira Sacón, Santos
Monserrate Romero Quintero (en adelante legitimados activos o accionantes), en contra de la
sentencia de 27 de enero del 2021, las 10h03 dictada por los jueces de la Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo (en adelante Jueces
constitucionales de instancia), dentro de la acción jurisdiccional No. 12102-2021-00001.
PRIMERO: Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia
actuando como Jueces Constitucionales (en cuanto los administradores de justicia al conocer de
garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la
denominación de jueces y juezas constitucionales Sala o Tribunal Constitucional- de conformidad con
las Sentencias No. 001-10-PJO-CC; No. 031-09-SEP-CC, emitidas por la Corte Constitucional de
Ecuador), en mérito a lo dispuesto por los artículos 184 numeral 1 de la Constitución de la República
del Ecuador; artículo 185 segunda parte numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y,
artículos 169 numeral 2 y 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, es competente para conocer la presente acción constitucional de hábeas corpus, en
razón de la Resolución No. 003-2021 de 26 de enero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura
dispuso dar cumplimiento al mandamiento de ejecución expedido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en la causa No. 17811-2014-0463, ratificando la continuación en el ejercicio de
funciones de los doctores José Suing Nagua y Gustavo Durango Vela, de Juez y Conjuez Nacionales,
respectivamente; con Resolución No. 008-2021, de 28 de enero de 2021 el Pleno del Consejo de la
Judicatura designó a la doctora Gilda Rosana Morales Ordóñez, Jueza Nacional; el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 2 de 5 de febrero de 2021, integró la Sala de lo
Contencioso Tributario con los doctores Rosana Morales Ordóñez y José Suing Nagua; mediante
Oficio No. 92-P-CNJ-2021 de 12 de febrero de 2021 el Presidente de la Corte Nacional de Justicia,
llama a integrar la Sala al doctor Gustavo Durango Vela, en reemplazo de la doctora Ana María
Crespo, avalado con la acción de personal No. 166-UATH-2021-HB de 19 de febrero del 2021
suscrito por la Dra. Martha Villarroel, Jefe de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte
144556193-DFE
Firmado por
JOSE DIONICIO
SUING NAGUA
C=EC
L=QUITO
CI
1706860440
Firmado por
GUSTAVO
ADOLFO
DURANGO VELA
C=EC
L=QUITO
CI
1703594588
Firmado por
GILDA ROSANA
MORALES
ORDOÑEZ
C=EC
L=QUITO
CI
1710658640
Nacional de Justicia.
De conformidad con el acta de sorteo de 04 de marzo del 2021, las 11h49, constante a foja uno del
cuadernillo de apelación, realizado en la Secretaria General, Documentación y Archivo, Unidad de
Gestión Documental, Sorteos y Archivo de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde conocer el
presente recurso de apelación de la acción de hábeas corpus a esta Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia actuando como Jueces Constitucionales,
integrada por los doctores Gustavo Adolfo Durango Vela, Gilda Rosana Morales Ordóñez y José
Dionicio Suing Nagua en calidad de Ponente.
SEGUNDO: DECISIÓN DE INSTANCIA.- En sentencia de 27 de enero del 2021, las 10h03
emitida por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con
sede en el cantón Quevedo, resolvieron INADMITIR la acción constitucional de hábeas corpus
propuesta por JHON ALEXANDER CARDONA CORTEZ, ELMER DE JESÚS MENDOZA
CEBALLOS, DARWIN FERNANDO MOREIRA SACÓN, KLÉBER ARTURO MOREIRA
SACÓN, SANTOS MONSERRATE ROMERO QUINTERO.
TERCERO: DEL RECURSO DE APELACIÓN.- Los abogados Freddy Simba Ochoa y Julio
Fajardo Barco en calidad de defensores de los accionantes mediante escrito de 03 de febrero del 2021,
las 14h55 fundamentaron el recurso de apelación en los siguientes términos: “(…) a. Los señores
jueces jamás han resuelto las fundamentaciones y alegaciones realizadas por nuestros defensores,
tanto en la demanda de Habeas Corpus presentada de forma escrita, como en la fundamentaci ón
realizadas de forma oral en la respectiva audiencia oral. b. Así tampoco han resuelto y motivado los
puntos contenidos en los párrafos 11,18,19,22,27,29,44,51; de la sentencia de la Corte Constitucional
que constituye precedente jurisprudencial obligatorio No. 002-18-PJO-CC del 20 de junio del 2018
emitida dentro del caso No. 0260-15-JH, referente a la acción de hábeas corpus No. 09133-2015-
00064. C. No resolvieron lo alegado por mi defensa en lo referente en los párrafos:
31,32,34,35,40,44,45,46,47,48,83 contenidos en la sentencia de la Corte Constitucional No. 207-11-
JH/20 de fecha de 22 de julio del 2020. d. No han tomado en cuenta ni resuelto la garantía del plazo
razonable, sin considerar que estamos privados de la libertad desde el mes de enero del 2016, dentro
de la causa penal No. 12283-2016-00128. e. No han motivado ni resuelto lo que garantiza la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra el derecho a la libertad personal en el
artículo 7 (…) Por lo todo lo expuesto, solicitamos señores Jueces de la Corte Nacional de Justicia
solicitamos que se sirva revocar la sentencia que recurrimos y se acoja de forma íntegra nuestra
acción constitucional de hábeas corpus y se ordene nuestra inmediata libertad. (…)” De la
transcripción que precede se establece que el recurso de apelación se encamina a cuestionar la omisión
en la resolución de los fundamentos y alegaciones realizadas en la demanda de hábeas corpus en favor
de los accionantes.
CUARTO: VALIDEZ PROCESAL.- No se observa del proceso ninguna circunstancia que puede
afectar la validez procesal por lo que se lo declara válido.
QUINTO: NORMAS QUE RIGEN EL RECURSO DE APELACIÓN.- El recurso de apelación de
la sentencia del 27 de enero del 2021, las 10h03, emitida por los jueces de la Sala Multicompetente de
la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo, fue calificado al amparo
del artículo 44.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que prevé
que la apelación puede ser formulada por las partes procesales, razón por la que procede resolver el
presente recurso de apelación.
SEXTO: NORMATIVA EN QUE SE FUNDAMENTA EL RECURSO DE
APELACIÓN.- a) Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 7 “Derecho a
la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes
dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios. (…) 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados
Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.” b) Corte Constitucional del
Ecuador: Fallo No. 002-18-PJO-CC: 11. En este contexto, es importante determinar que
todas las decisiones emitidas por la Corte Constitucional contienen precedentes
jurisprudenciales, los cuales tienen el carácter de vinculantes; tanto así, que no sólo las
decisiones que devienen del proceso de selección y revisión tienen dicho trato. En este
sentido, es importante señalar que un precedente constitucional es fundamental para
reafirmar el rol de los jueces y juezas constitucionales y dar vida al texto Constitucional a
través de las decisiones, con el fin de materializar una democracia constitucional. Además,
este Organismo en la sentencia N.0 001-16-PJO-CC del caso N.0 0530-10-JP, determinó lo
siguiente: De lo cual se colige entonces que todas los criterios de decisiones
jurisdiccionales, esto es sentencias de acciones extraordinarias de protección, de
incumplimiento, por incumplimiento, consultas de norma, control de constitucionalidad, de
interpretación constitucional, dirimencia de competencias, y dictámenes constitucionales
emanados por este órgano de administración de justicia son de obligatorio cumplimiento,
en virtud de que la Corte Constitucional al interpretar la Constitución al decidir cada caso
crea normas jurisprudenciales que se ubican al mismo nivel que la Constitución. Caso N".
0260-15-JH Página 8 de 29. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios
de su dignidad humana; 10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente
inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención. En
estas condiciones, queda claro que el hábeas corpus, que etimológicamente significa
"cuerpo presente" o "persona presente", en palabras de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, representa un control judicial de las detenciones; constituyéndose en
la garantía idónea para precautelar la libertad, la vida y la integridad de una persona. A
través de esta acción, la persona privada de la libertad, precisamente, cuestiona la
legalidad o constitucionalidad de tal privación, materializada a través de sus distintas
formas, a saber: detención, arresto, prisión, desaparición forzada, u otras equivalentes. 18.
Así mismo, esta Corte Constitucional ha determinado parámetros en torno a la garantía de
hábeas corpus en algunas sentencias, de este modo, tenemos que mediante la sentencia N.0
171-15-SEP-CC emitida dentro del caso N.0 0560-12-EP, ha señalado que: ... se convierte
en una garantía y un derecho de las personas que se han visto detenidas o privadas de la
libertad, a través de la cual, las autoridades competentes deben resolver la situación
jurídica de ellas a efectos de determinar si la detención se realizó sobre la base de los
preceptos legales y constitucionales pertinentes ... 19. En este sentido, la acción de hábeas
corpus es un control judicial de la privación de la libertad, constituyéndose en la garantía
idónea para precautelar la libertad, la vida y la integridad de una persona. A través de esta
acción, la persona privada de la libertad precisamente, cuestiona la constitucionalidad,
legalidad de tal privación, materializada a través de sus distintas formas, a saber:
detención, arresto, prisión, desaparición forzada, etc., así como, el tratamiento recibido
durante la privación de la libertad. 22. Ahora bien, la acción de hábeas corpus puede ser
interpuesta en varios momentos y escenarios como es desde la detención de una persona,
durante el proceso penal o una vez que se encuentra cumpliendo su condena. Así mismo, se
puede solicitar cuando se desconoce el paradero de una persona. 27. En dicho sentido, con
la finalidad de esclarecer cualquier posible confusión respecto a la competencia en el
conocimiento de la garantía jurisdiccional del hábeas corpus, considerando que su ámbito
protege principalmente tres derechos constitucionales, libertad , vida e integridad física, la
Corte Constitucional del Ecuador conforme con los artículos 429 y 436 numeral 1 de la
Constitución de la República, al ser el máximo Órgano de control, interpretación
constitucional y de administración de justicia en esta materia, dispuso en la sentencia N .0
017 -18-SEP-CC, la siguiente interpretación conforme y condicionada de la normativa
contenida en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional: La garantía jurisdiccional de hábeas corpus protege tres derechos que
pueden ser alegados de forma individual o conjunta por la o los accionantes, -libertad, vida
e integridad física-; en dicho sentido, cuando se alegue la vulneración de cualquiera de
estos tres derechos, cuando no existe orden de privación de la libertad emitida dentro de un
proceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese concluido sin resolución de un recurso
pendiente; es decir, se encuentre en ejecución la sentencia que ordene el cumplimiento de
una pena privativa de la libertad, se entenderá que es competente para el conocimiento del
referido hábeas corpus, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional: "cualquier jueza o juez del lugar donde se
presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación
de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante".
29. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual,
correspondiente al año de 1998, estableció que: El recurso de habeas corpus es la garantía
tradicional que, en calidad de acción, tutela la libertad física o corporal o de locomoción a
través de un procedimiento judicial sumario, que se tramita en forma de juicio.
Generalmente, el habeas corpus extiende su tutela a favor de personas que ya están
privadas de libertad en condiciones ilegales o arbitrarias, justamente para hacer cesar las
restricciones que han agravado su privados de libertad. La efectividad de la tutela que se
busca ejercer con este recurso depende, en gran medida, de que su trámite sea sumario, a
efecto de que, por su celeridad, se transforme en una vía idónea y apta para llegar a una
decisión efectiva del asunto en el menor tiempo posible. 44. De esta manera, los principios
constitucionales en los procesos penales deben interpretarse de forma sistémica, ante lo
cual, la Corte Constitucional ha señalado que: ... sobre los mecanismos de impugnación
procesal en materia penal, toda la normativa penal debe ser interpretada sistemáticamente
en observancia de máximas jurídicas penales como el principio de favorabilidad, indubio
pro reo y prohibición de interpretación extensiva o analógica ( ... ) En otras palabras, y sin
pretender realizar una interpretación de normativa infraconstitucional, las normas que
rigen el derecho penal deben obedecer principios constitucionales rectores como el de
favorabilidad, indubio pro reo, y prohibición de interpretación extensiva. 51. Respecto a la
privación de libertad, esta Corte Constitucional ha señalado que es un concepto amplio que
no se agota en la orden de aprehensión de una persona, de este modo, ha señalado en su
jurisprudencia: ( ... ) la privación de la libertad comprende todos los hechos y condiciones
en las que esta se encuentra desde que existe una orden encaminada a impedir que transite
libremente -y por tanto, pase a estar bajo la responsabilidad de quien ejecute esta orden-,
hasta el momento en que efectivamente se levanta dicho impedimento. Como consecuencia
de esta definición amplia del concepto, se puede afirmar que una medida de privación de la
libertad que inició siendo constitucionalmente aceptable, puede devenir en ilegal,
arbitraria o ilegítima, o ser ejercida en condiciones que amenacen o violen los derechos a
la vida o integridad de la persona, por hechos supervinientes.” c) Corte Constitucional
del Ecuador: Fallo No. 207-11-JH/20: El recurrente hace referencia a los párrafos 31, 32,
34, 35, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 83. Esta sentencia constituye una línea jurisprudencial del
hábeas corpus respecto del internamiento preventivo de adolescentes, cuyo efecto es inter
partes, más no constituye un precedente jurisprudencial obligatorio razón por la que, mal se
podría realizar analogías respecto de los lineamientos que esta sentencia constitucional
hacen referencia, puesto que los hechos que la presente garantía jurisdiccional aborda tiene
como legitimados activos adultos en conflicto con la ley más no adolescentes.
SÉPTIMO: CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA.- 7.1.
El presente recurso de apelación se originó en una acción de hábeas corpus presentada por Jhon
Alexander Cardona Cortez, Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón,
Kléber Arturo Moreira Sacón, Santos Monserrate Romero Quintero, al considerar que se les ha
vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso en las garantías de la seguridad jurídica, a
la tutela judicial efectiva, al derecho a la defensa y al plazo razonable al considerar que no existe
pronunciamiento que resuelva el recurso horizontal de aclaración y ampliación de la sentencia
condenatoria emitida el 09 de abril del 2018, las 08h27 por la Sala Multicompetente de la Corte
Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo que los sentenció en calidad de
coautores del delito tipificado y sancionado en el artículo 220 numeral 1 literal d) del Código
Orgánico Integral Penal imponiéndoles una pena privativa de la libertad de 13 años en el juicio penal
No. 12283-2016-00128 por tráfico ilícito de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización.
7.2. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, que respeta los derechos
constitucionales de toda persona, así pues la institucionalidad del Estado está concebida para el
respeto, protección y garantía de los derechos humanos como la libertad, los mismos que deben ser el
objetivo primigenio, donde la misma aplicación e interpretación de la ley únicamente sea posible en la
medida que la normativa se ajuste y no contradiga la Constitución y la Convención Americana de los
Derechos Humanos; en este contexto, el Estado está llamado a cumplir dos objetivos primordiales: i)
Salvaguardar y defender el principio de la supremacía constitucional; y, ii) Proteger los derechos,
garantías y libertades públicas; protección por medio de las garantías jurisdiccionales constitucionales
que llegan a ser un conjunto coherente de mecanismos de defensa de los derechos constitucionales. En
el Estado Constitucional los derechos, específicamente el de la libertad personal, se identifican por
presentar una específica fuerza o resistencia jurídica frente a la acción de los poderes públicos.
7.2.1.- Como ha quedado esbozado en líneas precedentes, en el contexto constitucional ecuatoriano, el
hábeas corpus se encuentra contemplado dentro de las garantías jurisdiccionales del artículo 89 de la
Constitución de la República, Título III, Capítulo III, Sección Tercera; y desarrollado en normativa
infraconstitucional en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Título
II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo Cuarto, artículos 43 al 46.
Esta garantía se erige como aquel proceso jurisdiccional constitucional que tiene por objeto tutelar la
libertad física, corporal o de locomoción, que le permite a las personas acudir ante cualquier
administrador de justicia a demandar su recuperación, cuando estas se encuentren privadas de ella de
manera ilegítima, arbitraria o ilegal; es además, una garantía para proteger la vida y la integridad física
y más derechos conexos de las personas privadas de su libertad.
7.2.2.- Debe entenderse, que la libertad es uno de los derechos más preciados de las personas, como
soporte esencial y razón de ser de toda actividad, por medio de la cual se produce su evolución y
afianzamiento personal, conforme lo exige su dignidad, cuya incidencia redunda en el fortalecimiento
de todo sistema democrático y de justicia social. Este derecho se encuentra regulado en la
Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales, conforme citamos a continuación:
Constitución de la República del Ecuador: Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado
de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la
libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o
acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin
dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan
los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio
por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad
con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”.
7.2.3.- De su parte, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 1 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos amparan, entre otros, el derecho a la libertad.
Resulta trascendente de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su
artículo 9 dice: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. Asimismo, la
Convención Interamericana de Derechos Humanos que en el artículo 7 numerales 1, 2 y 3 dispone:
“Derecho a la Libertad Personal, 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales, 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas, 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.
7.2.4.- Se colige de estas normas, que el derecho constitucional a la libertad es un derecho ciudadano,
universal y personal, que debe ser ejercido de manera exclusiva por quien se encuentre privado del
mismo mediante la acción de hábeas corpus, como bien lo establece el artículo 89 de la Constitución
de la República; y, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. Al respecto, la doctrina nos enseña: “(…) es una garantía constitucional, que se
traduce procesalmente en una acción tutelar de la libertad personal, física corporal o de locomoción
(…) el hábeas corpus es un tipo de amparo pero solo de la libertad ambulatoria o física de la
persona”.
7.2.5.- Es preciso resaltar, que la fundamentación del recurso de apelación in examine consiste en
cuestionar la no aplicación de los párrafos 11, 18, 19, 22, 27, 29, 44; y, 51 de la sentencia
constitucional No. 002-18-PJO-CC de 20 de junio del 2018 que en efecto constituye un precedente
jurisprudencial obligatorio y de inmediato cumplimiento; respecto de los indicados párrafos que según
el recurrente no han sido considerados en la motivación, ni han sido resueltos por los jueces A quo en
la presente garantía constitucional de hábeas corpus, se realizan las siguientes consideraciones: i) Con
relación al párrafo 11 del precedente jurisprudencial cabe señalar que los accionantes han
comparecido a la audiencia de la presente garantía jurisdiccional, expresando la fundamentación de su
acción a través de la intervención de su abogado Julio Fajardo Barco según se desprende el extracto de
la audiencia constante a fojas 24 del expediente de instancia. El fallo cuestionado enunci ó la
normativa aplicable a esta garantía jurisdiccional con el objeto de delimitar los derechos que se
encuentran en discusión, por lo que en el considerando 6.8 del fallo in examine se analizan los
antecedentes del proceso penal para verificar de tal forma si la medida cautelar de prisión preventiva
fue emitida en forma legal, legítima y de forma justa. Por lo que cabe destacar que a los accionantes se
les ha formulado cargos y han sido detenidos desde el 16 de febrero del 2016 mediante medida
cautelar de prisión preventiva por el delito de tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización; en la
audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se les ha llamado a juicio y el Tribunal de Garantías
Penales de la ciudad de Quevedo emitió sentencia condenatoria el 30 de enero del 2017, las 17h43 en
su contra, fallo que ha sido recurrido en apelación ante la Sala Multicompetente de la Corte Provincial
de Justicia de Los Ríos con sede en el cantón Quevedo habiendo ratificado la condena de 13 años de
privación de la libertad en sentencia dictada el 09 de abril del 2018, las 08h27; para en lo posterior
rechazar los recursos de aclaración y ampliación, habiéndose interpuesto recurso de casación para ante
la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia que emitió auto de nulidad por lo
que reenvió el expediente a la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos ante la cual los jueces de la
Sala se excusan de conocer y resolver la aclaración y ampliación por lo que se asignó una nueva Sala,
juzgadores que han procedido a resolver los mencionados recursos horizontales que han sido
atendidos en auto de 05 de enero del 2021, las 15h27, según se desprende del sistema SATJE; cabe
dejar sentado que los recursos horizontales no pueden modificar el contenido esencial del fallo
cuestionado. Y como garantía del respeto al debido proceso se ha podido constatar que las partes han
interpuesto recursos de casación por encontrarse dentro del término legal y garantizando de esta forma
el derecho a la defensa en la garantía de recurrir que poseen las partes. ii) El párrafo 18 del precedente
reconoce la exigencia en la observancia y cumplimiento del precedente jurisprudencial obligatorio
situación que no se encuentra en controversia, por lo que no se profundiza en su an álisis. iii) En
cuanto a los párrafos 19, 22, 29, 44 y 51 del fallo constitucional se ha procedido a identificar el origen
de la medida cautelar, así como la situación superviniente a la nulidad del auto que negaba los
recursos horizontales del fallo de apelación de la sentencia condenatoria en contra de los procesados,
aduciendo que si bien la medida cautelar de prisión preventiva de los accionantes en un inicio fue
impuesta dentro de la audiencia de formulación de cargos, esto es, el 16 de febrero del 2016, dicha
medida cautelar se interrumpió por mandato del artículo 541.31 del Código Orgánico Integral Penal el
30 de enero del 2017, las 17h43, fecha en la que se emitió la sentencia por el Tribunal Segundo de
Garantías Penales de Los Ríos, fallo que fue ratificado en mayoría por la Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos en sentencia del 09 de abril del 2018, las 08h27, existiendo
1 Código Orgánico Integral Penal: Art. Art. 541.- Caducidad.- La caducidad de la prisión preventiva se regirá
por las siguientes reglas: (…) 3. El plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se
hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos.”
doble conforme en la sentencia condenatoria contra los procesados: Jhon Alexander Cardona Cortez,
Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo Moreira Sacón,
Santos Monserrate Romero Quintero al considerarlos coautores del delito tipificado en el art. 220
numeral 1 literal d) del Código Orgánico Integral Penal imponiéndoles la condena de 13 años de pena
privativa de la libertad. De tal forma que no se han configurado las alegaciones esgrimidas por la
defensa de los recurrentes en cuanto a la prescripción de la medida cautelar de prisión preventiva
impuesta a los accionantes. De tal forma que, la privación de la libertad de los recurrentes ha sido
dictada por el Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Quevedo el 16 de febrero del
2016 dentro del proceso penal No. 12283-2016-00128, siendo competente para hacerlo puesto que es
su facultad disponer medias cautelares dentro de este tipo de procesos, por lo que la decisión fue
legítima al haber sido ordenada por quien tiene competencia para ello, es legal toda vez que la medida
cautelar fue dispuesta con base en el ordenamiento jurídico así como su interrupción responde a
normas claras, previas y públicas contenidas en el Código Orgánico Integral Penal y finalmente no es
una decisión arbitraria puesto que el accionar de los juzgadores responden a la subsunción de las
normas que facultan la imposición de medidas cautelares de prisión preventiva para procesados en
delitos de tráfico ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. iv) Como en efecto aducen los
accionantes, su inconformidad está relacionada con la garantía del plazo razonable al encontrarse en
supuesta indefensión ante la excusa de los juzgadores de Sala de Apelación y la emisión del auto que
negó los recursos horizontales, situación que corresponde ser analizada ante la justicia ordinaria y no
ante estos juzgadores de garantías constitucionales. Ahora bien la interrupción del plazo para que
opere la caducidad de la prisión preventiva se debe contabilizar desde el 30 de enero del 2017 fecha en
la que se dictó la sentencia condenatoria por los jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en
Quevedo, habiendo transcurrido 11 meses desde que se dict ó la medida cautelar de prisión preventiva,
ocurrida el 16 de febrero de 2016; la prisión preventiva que tiene como máximo un año de duración
según lo dispone el artículo 77 numeral 9 de la Constitución de la República, en el presente caso, al
existir sentencia condenatoria emitida por los jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en
Quevedo, no ha operado la caducidad de la prisión preventiva; actualmente los sentenciados se
encuentran en cumplimiento de su condena, por lo que la garantía de plazo razonable fue observada al
haberse dictado la sentencia previo a que caducara la medida cautelar de prisi ón preventiva, razón por
la que, no resulta procedente esta alegación.
7.2.6.- Ahora bien, en cuanto al fallo No. 207-11-JH-20 de la Corte Constitucional que esboza una
línea jurisprudencial más no constituye un precedente constitucional obligatorio, se procede a destacar
las condiciones en las que se encuentran los hoy accionados los que han accedido de forma efectiva a
la administración de justicia, que no se ha podido determinar que se encuentre en peligro los derechos
a la vida o integridad de las personas por hechos supervinientes a su detención, toda vez que, estas
alegaciones si bien han sido enunciadas en las normas que acusan los recurrentes como infringidas no
se encuentran debidamente argumentadas, ni demostradas.
7.2.7. Finalmente, en el caso concreto, se evidencia el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República, pues las medidas cautelares judiciales se
limitan a asuntos de orden procesal penal, lo que no es pertinente a la presente acci ón jurisdiccional
constitucional que está encaminada a recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella en
forma ilegal, arbitraria o ilegítima; y que además los legitimados activos no han podido establecer
dichos presupuestos jurídicos. Por lo que, esta Sala Constitucional al haber examinado las piezas
procesales que se han adjuntado en el expediente de la acción de hábeas corpus, se establece que las
órdenes de privación de la libertad no son ilegales, ni arbitrarias, ni ilegítimas, por el contrario, se trata
de la imposición de una medida cautelar pertinente porque se encuentran interrumpió el plazo para
que opere la caducidad de la prisión preventiva dictada en contra de los procesados Jhon Alexander
Cardona Cortez, Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo
Moreira Sacón, Santos Monserrate Romero Quintero de conformidad a lo dispuesto en el art. 541.1
del Código Orgánico Integral Penal, dentro de un juicio penal por tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización tipificado en el artículo 202 numeral 1 literal d) del Código
Orgánico Integral Penal en el que existe sentencias condenatorias que les imponen una pena privativa
de la libertad de 13 años.
OCTAVO: DECISIÓN.- Por las consideraciones antes referidas, este Tribunal de la Sala
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve negar el
recurso de apelación propuesto por el abogado Freddy Simba Ochoa en calidad de patrocinador de los
accionantes señores : Jhon Alexander Cardona Cortez, Elmer de Jesús Mendoza Ceballos, Darwin
Fernando Moreira Sacón, Kléber Arturo Moreira Sacón, Santos Monserrate Romero Quintero. 8.1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.5 de la Constitución de la República, una vez
ejecutoriada esta resolución, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional para el
desarrollo de su jurisprudencia.- 8.2.- Actúe la doctora Ligia Marisol Mediavilla, en calidad de
secretaria relatora encargada de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional de Justicia.- Notifíquese, publíquese y cúmplase.-
JOSE DIONICIO SUING NAGUA
JUEZ NACIONAL (PONENTE)
GUSTAVO ADOLFO DURANGO VELA
JUEZ NACIONAL (E)
MORALES ORDÓÑEZ GILDA ROSANA
JUEZA NACIONAL